El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

Los trabajadores del periódico Abc están llamados a la huelga los próximos 26 y 27 de este mes, los días en que se celebrará el debate y la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en demanda de una subida salarial del 4% para este año que la empresa se niega a conceder. La plantilla del periódico del grupo Vocento se suma así a las protestas que este año han llevado a cabo los periodistas de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, entre los de mayor tirada, para poner fin a más de una década de congelación e incluso recortes salariales.

El pasado mes de julio el comité de empresa del Abc reclamó al grupo Vocento una subida del 4% para toda la plantilla con carácter retroactivo –aplicable desde el 1 de enero–, y del 3% tanto en 2024 como en 2025. También pedía un día de teletrabajo a la semana para toda la redacción y sin vetos, según explican fuentes sindicales. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue, tras 14 años de congelación salarial –excepto una subida lineal en 2018 sólo para los sueldos más bajos–, que la negociación de cualquier mejora quedaba postergada a 2024. “Una mera declaración de intenciones”, lo califican las citadas fuentes. Y sin hacer ninguna contraoferta sobre el teletrabajo.

Ante la perspectiva de quedarse sin periodistas para cubrir la investidura, la empresa ya ha convocado al comité antes de esa fecha.

La inflación ha sido la gota que ha rebosado el vaso de la congelación salarial en las redacciones de los principales periódicos españoles. En El Mundo llevaban 15 años sin subir los sueldos, en La Vanguardia y Cinco Días 10 años y en el Diario Sur –también de Vocento–, 12 años. Fue la resaca de los múltiples ERE con que los grupos de comunicación intentaron solventar sus malos resultados durante la crisis financiera.

En abril los periodistas de El Mundo comenzaron a protestar un día a la semana en unas convocatorias que llamaron los Miércoles Negros, copiando los Viernes Negros con los que llevan más de cinco años denunciando la manipulación informativa los trabajadores de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG). Y de la que responsabilizan a Alberto Núñez Feijóo. No llegaron a convocar una huelga, pero sí consiguieron que Unidad Editorial, su grupo editor, les concediese el pasado mes de julio una gratificación de 550 euros este año para los salarios brutos inferiores a 40.000 euros anuales y de 500 para los que superen esa cifra. En 2024 los que cobran menos de 40.000 euros consolidarán 400 euros de esa subida y los que exceden ese sueldo anual consolidarán esa misma cantidad cuando la empresa entre en beneficios. También han conseguido un día de teletrabajo semanal, “siempre que sea posible”. El convenio colectivo, que llevaba años caducado y con la negociación para renovarlo bloqueada, se ha prorrogado hasta 2025.

Un acuerdo parecido han conseguido sus compañeros de Expansión, pero en su caso la gratificación es de 700 euros. También en el deportivo Marca se han pactado subidas lineales del mismo tipo.

Las plantillas de El País y Cinco Días llegaron a convocar dos días de huelga el 7 y 10 de julio, pero la empresa se apresuró a negociar para evitarla. La subida salarial conseguida es de un 4% este año para quienes gana entre 24.000 y 41.000 euros, y del 2% en 2024 y 2025 para todos los niveles salariales. Lo que no significa que la vida en los medios del grupo Prisa sea pacífica. Este mismo mes, Cinco Días ha despedido a dos de sus 44 trabajadores. Según ha denunciado el comité de empresa en su cuenta de X –antes Twitter– la dirección de recursos humanos de Prisa ha dicho que la plantilla está “muy mal acostumbrada” y que deben “acostumbrarse a la cultura del despido”. El comité lo interpreta como una advertencia de que puede haber nuevos despidos en el futuro.

Los periodistas de La Vanguardia también convocaron una huelga, en su caso coincidiendo con las pasadas elecciones generales del 23 de julio, después de nueve meses de negociaciones infructuosas con la empresa. El acuerdo llegó dos días antes de las votaciones: subidas de hasta el 15% para las categorías inferiores y aumentos de 1.700 euros para los sueldos por debajo de 40.000 euros anuales o 1.300 para quienes cobren hasta 50.000. El teletrabajo será voluntario los fines de semana.

Por el contrario, siguen con los Miércoles Negros los trabajadores del Diario Sur de Málaga, que calculan en casi un 25% el poder adquisitivo perdido en 12 años de congelación salarial mientras la plantilla se ha recortado en 50 personas. La batalla también continúa para los redactores de El Periódico de Catalunya, que añaden a las reivindicaciones salariales otras profesionales: que se corrija la falta de periodistas en algunas áreas básicas de la redacción y que se garantice “un plan de futuro digno para la edición digital en catalán”.

Tampoco tiene buenas perspectivas la negociación del convenio colectivo de prensa diaria, el que se aplica a los medios más pequeños y precarios. El próximo día 28 está prevista una nueva reunión entre la patronal del sector, AMI, y los sindicatos. El convenio lleva caducado dos años. Las empresas ofrecen una subida salarial de sólo el 1% que los sindicatos rechazan de plano. El Acuerdo de Negociación Colectiva firmado este año por la CEOE, CCOO y UGT establece un alza para este año del 4%. Y la inflación hasta agosto –2,6%– más que dobla la cifra ofrecida por la patronal. El salario anual de un redactor está fijado en ese convenio en 21.683 euros.

Este ha sido un año salpicado de protestas en los medios de comunicación no sólo españoles. En realidad, comenzó la plantilla de The New York Times en diciembre de 2022, que convocaron la primera huelga en 40 años, para reclamar subidas salariales con que afrontar la inflación. En junio fueron los periodistas de Gannet, el mayor grupo de prensa de EEUU, que publica entre otros USA Today y posee más de 200 cabeceras en todo el país. Los trabajadores denunciaban bajadas salariales del 20% sólo en el último año, el último de los cuatro en que se han sucedido recortes de plantilla que, según explican, han “vaciado las redacciones”.

En Francia, en cambio, los motivos de los periodistas del Journal du dimanche, están lejos de la economía. El dominical no se publicó durante cinco semanas este verano por la huelga de sus redactores, que protestaban así por el nombramiento como director de Geoffroy Lejeune, hasta entonces a la cabeza de una publicación de la derecha radical, Valuers Actuelles, que fue condenada por injurias racistas. Es partidario del político ultra Eric Zemmour.

Pero, en este caso, la batalla se perdió. Los periodistas votaron en agosto por poner fin a la huelga y abandonar el dominical. La mayor parte de su centenar de redactores lo ha hecho ya. La fecha límite para comunicar si se quedan o continúan trabajado para Lejeune es el próximo 15 de octubre.

Los trabajadores del grupo Vocento han sido convocados a protestar a partir del 1 de junio por los 4,2 millones de euros que 59 directivos se van a repartir este año, mientras a la plantilla aún no se les han restituido los salarios que se les recortaron para salvar las cuentas de la empresa. En 2021, los gastos de personal se redujeron en 7,5 millones de euros, y la mayor parte de ese ahorro procedió de las bajadas de sueldos que han sufrido los trabajadores.

Según las secciones sindicales de UGT y CCOO, la rebaja en los sueldos fue del 7% de media el año pasado y continuará en el actual. Además, la plantilla de Vocento permaneció en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses, la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos.

Vocento cerró 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, por lo que superó, incluso duplicó, sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones.

El reparto de los bonus, unos 35.593 euros en efectivo más otro tanto en acciones para cada directivo, de acuerdo con los cálculos de CCOO y UGT, se suma al aumento del 29,4% de las retribuciones del consejo de administración. Y a la subida de la remuneración del consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, un 65,3%. Ambas mejoras salariales provocaron ya el pasado marzo una protesta de los trabajadores del grupo, que exigieron entonces la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante los dos últimos años.

Ahora CCOO y UGT han organizado concentraciones de protesta en la puerta de cada centro de trabajo el próximo miércoles, 1 de junio. Además, los representantes de ambos sindicatos asistirán a la presentación del nuevo plan estratégico del grupo, que se celebrará en Córdoba del 1 al 3 de junio. “Si Vocento tiene dinero para dotar un plan de incentivos con 4,2 millones de euros para 59 directivos, además de aumentar la retribución variable del consejero delegado y del resto de los consejeros, también lo tiene para devolver parte de los salarios que recortaron de nuestras nóminas”, reclaman CCOO y UGT en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores tachan de “desprecio” a su “esfuerzo salarial y laboral” el reparto de los incentivos y critican el gasto que Vocento va a hacer en la reunión de Córdoba, que podrían haber celebrado de forma telemática y en un solo día, aseguran. “Se están repartiendo parte de lo que las plantillas hemos puesto para asegurar la viabilidad de las empresas del grupo”, critican.

En un comunicado remitido a la plantilla el pasado martes y al que ha tenido acceso infoLibre, la Dirección de Recursos Humanos de Vocento califica de “normal” en empresas de su tamaño el reparto de incentivos a largo plazo “para ciertos niveles de la compañía”, de forma que éstos se “alineen” con la estrategia y los accionistas del grupo. También asegura que los ejecutivos de Vocento no han cobrado los planes de incentivos definidos anualmente desde 2009, porque en 11 años no se alcanzaron los objetivos previstos. Y que ahora se ha aprobado un plan con el que, de alcanzarse, los directivos serían premiados en 2025, no este año.

“También es normal incentivar y motivar a la plantilla”, replican CCOO y UGT, “y no al contrario, como ocurre en Vocento, con recortes salariales”. Sobre los 11 años en que los ejecutivos no han recibido bonus, ambos sindicatos replican que el motivo puede ser que “los objetivos estaban fuera de la realidad” o bien que no se han alcanzado por una gestión “deficiente”. Además, recuerdan, a los trabajadores no se les ha subido el salario en los últimos 11 años, sólo se les han recortado las nóminas.

Según indica Vocento en su comunicado, la “convención” de Córdoba también es una práctica “absolutamente extendida entre empresas de cierto tamaño”. Servirá, añade la empresa, para que el equipo directivo “comente” los objetivos del plan estratégico y para que sus miembros, que “no suelen tener la oportunidad de verse en persona”, puedan “compartir tiempo”. Cifra en 90.000 euros el coste de la reunión.

Vocento publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, desde El Norte de Castilla (Valladolid) y El Diario Montañés (Santander) hasta La Verdad de Murcia y Las Provincias de Alicante o el diario Sur de Málaga. En 2021, sus ventas de ejemplares cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, todos los diarios del grupo cuentan ya con 89.000. El País suma 164.000 y El Mundo 91.000.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.

El Mundo cambia de director después de cinco años. Joaquín Manso se convierte en el sexto director del periódico que publica Unidad Editorial, sustituyendo a Francisco Rosell en el cargo, quien se encontraba a las puertas de la jubilación. Director adjunto del diario desde 2017, Manso se formó como periodista en el Máster de El Mundo tras estudiar derecho y asesoría de empresas en la escuela de negocios Esade.

A sus 45 años, el nuevo director deberá consolidar la etapa de relativa calma que ha supuesto el mandato de Rosell, tras los años convulsos que vivió el periódico con el despido de quien fue su fundador, Pedro J. Ramírez, en noviembre de 2014. Desde entonces, El Mundo ha cambiado de director cada año, mientras se sucedían los despidos colectivos y los recortes de gastos, su consejero delegado y presidente durante 30 años era destituido e incluso se hacía con la propiedad del grupo un nuevo empresario italiano, Urbano Cairo.

La decisión, prevista para fines de este mes, se ha precipitado, según explican las fuentes del periódico consultadas por infoLibre. Además, la destitución no ha sido recibida por Rosell de forma muy amigable. “Un director no dimite, y menos antes de unas elecciones”, ha dicho a sus más directos subordinados. De hecho, el comunicado que preparó Unidad Editorial para anunciar la designación de Manso ha tenido que ser revisado por el abogado del ya exdirector antes de que fuera publicado en su propio periódico, lo que no ha ocurrido hasta la tarde del viernes, cuando ya el resto de los medios de comunicación llevaban horas con la noticia en sus webs. El comunicado de la empresa avanza que Rosell seguirá desempeñando “funciones directivas” en Unidad Editorial, sin precisar cuáles. El grupo, añade la nota, le “agradece su profesionalidad y delicada labor” al frente del periódico.

También se ha retrasado hasta el próximo lunes a las cinco de la tarde la comunicación oficial del nombramiento de Joaquín Manso a la plantilla, aseguran las mismas fuentes.

En los últimos 13 años El Mundo ha sufrido con especial virulencia los golpes de la crisis existencial que ha dejado herida de muerte a la prensa de papel. La caída de las ventas en el quiosco, junto con el hundimiento de los ingresos publicitarios hicieron tambalearse un negocio que no terminaba de decidir qué modelo digital quería adoptar para suplir al moribundo diario de papel. Unidad Editorial entró en pérdidas en 2007, antes de que estallara la crisis financiera por culpa de la fusión con el grupo Recoletos, y en 2009 ya ejecutó su primer despido colectivo. El grupo no abandonó los números rojos hasta 2016, cuando el empresario de televisión Urbano Cairo acababa de hacerse con RCS, la matriz italiana de Unidad Editorial, también propietaria de Il Corriere della Sera y la Gazeta dello Sport.

En el camino, el grupo ha reducido su plantilla –más de 2.000 trabajadores– a la mitad, en una sucesión de cuatro grandes ERE y planes de bajas voluntarias que aún sigue goteando: en 2021 despidió a casi 120 trabajadores de Logintegral –distribución--, las delegaciones regionales y el área corporativa. Al mismo tiempo, el regreso a los números negros sólo ha sido posible gracias a una draconiana política de contención de gastos aplicada con mano de hierro por Urbano Cairo. También a la venta de algunos activos, como la empresa de apuestas RCS Gaming y los terrenos de Meco (Madrid) donde estaba la rotativa del grupo.

El grupo ha salvado ya el año del covid, en el que toda la prensa vivió el hundimiento del negocio, pero aún sigue 78 millones de euros por debajo de la cifra de ingresos de 2019. La salida de Antonio Fernández-Galiano, el gestor de Unidad Editorial desde hace 30 años como presidente y consejero delegado, en abril de 2021, no ha cambiado los planes de ajuste del gasto. Ni la línea editorial de El Mundo. Con Francisco Rosell, el periódico ha sido el más claro soporte mediático de Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tampoco ha tenido escrúpulos a la hora de blanquear a la ultraderecha y sus líderes, en un intento declarado de convertirla en aliado viable del PP.

En ese tiempo, Manso ha capitaneado El Mundo desde su puesto de adjunto a la dirección, por lo que es más que probable que ahora, con todo el mando, continúe en la misma línea. El flamante director fue antes jefe de las secciones de Opinión y Nacional, desde donde ascendió, en un salto inédito hasta entonces en el periódico, a director adjunto cuando Rosell recibió de Fernández-Galiano el encargo de poner orden en una redacción donde antes habían fracasado Casimiro García-Abadillo, David Jiménez y Pedro García Cuartango.

Que Manso iba a sustituir a Rosell lo daba por descontado la redacción desde hacía tiempo. El camino de Joaquín Manso hacia la dirección quedó definitivamente despejado hace sólo unos días después de que el otro director adjunto de Rosell, Martí Saballs, fuera nombrado director de proyectos editoriales en Cataluña en abril y hace apenas unos días se anunciara su fichaje como director de información del grupo Prensa Ibérica, que publica El Periódico de Catalunya.

Según la nota de prensa en la que Unidad Editorial anunció este viernes el nombramiento de Joaquín Manso, el nuevo director de El Mundo tiene por delante el reto de la transformación digital del periódico. Tras años de titubeos, el diario ha apostado de lleno por las suscripciones digitales, de las que dice tener 91.000 –El País cuenta con 164.000–, mientras las ventas en quiosco languidecen irremediablemente: no supera los 60.000 ejemplares diarios en toda España.

Pero, además, deberá convertir en realidad el objetivo que se marca en ese comunicado: garantizar que “el rigor y la calidad informativa” son las señas de identidad de El Mundo.

Vocento, el grupo que publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, terminó 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, con lo que no sólo ha dejado atrás las pérdidas de 2020 –21,7 millones–, sino que además ha más que duplicado sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones. Tan buenos resultados se han traducido en un aumento considerable de las retribuciones de los 11 miembros de su consejo de administración, un 29,4% respecto a 2020. Sobre todo, las de su consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, cuya remuneración creció el año pasado un 65,3% respecto al anterior. Y un 4,4% en comparación con 2019. Un alza que los trabajadores del grupo tachan de “desorbitado” y han acogido con “indignación”.

En un comunicado que han suscrito las secciones sindicales de CCOO y UGT en todos los periódicos de Vocento, así como las rotativas de Madrid y Bilbao, la plantilla del grupo explica que esos beneficios, por encima de los objetivos marcados para el ejercicio, se deben “en buena parte” a los recortes salariales que ha tenido que sufrir en los dos últimos años. Un “sacrificio”, aseguran, que se cifra en rebajas de sueldo del 7% de media el año pasado y que continuará en el actual. Los trabajadores de Vocento también permanecieron en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos. Según destacan, todos esos recortes han provocado una “importante fuga de talento” en los medios del grupo.

“Creemos que todos los que formamos parte del grupo hemos contribuido a los resultados positivos de la compañía y es de justicia ser tenidos en cuenta ahora que los números empiezan a cuadrar”, argumentan los trabajadores. Por tanto, reclaman la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante estos dos últimos años.

En 2021 el consejo de administración de Vocento cobró 1,8 millones de euros, según el informe anual de remuneraciones enviado a la CNMV. De esa cantidad, 759.000 correspondieron a Luis Enríquez: 454.000 euros como sueldo fijo y 288.000 como variable. Un portavoz del grupo explica a infoLibre que la diferencia de remuneración entre 2020 y 2021 se debe a que en el primer año los consejeros no cobraron retribución variable. Y que la remuneración ligada a objetivos se la había recortado un 50% el consejero delegado a partir de 2015. Además, desde 2011 se le aplicó otra rebaja del 17% al sueldo fijo. “Esa parte variable no es un bonus, sino la misma que reciben todos los empleados que cobran ese tipo de remuneración en el grupo”, añade. El portavoz asegura que los salarios recortados en 2021 y 2022 se recuperarán a partir de 2023.

En cualquier caso, la nómina total del consejo también supera en casi un 16% la retribución total percibida en 2019, antes de la pandemia, cuando sus 11 miembros sí cobraron la parte variable.

Por lo que respecta a la cúpula directiva del grupo, se embolsó 2,07 millones de euros el año pasado, un 7,8% menos que en 2020 y un 4,9% menos que en 2019.

En comparación, el salario medio de la plantilla de Vocento ascendió a 39.391 euros anuales el año pasado, por lo que subió un 1,08% respecto a 2020 pero aún es un 4,26% inferior a la remuneración media anterior a la pandemia.

En 2021 el grupo recortó sus gastos de personal en un 5% en relación con el ejercicio precedente y cifra en cuatro millones el coste de los dos ERTE de 2020.

El año pasado, las ventas de ejemplares de Vocento cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, cuentan ya con 89.000. El objetivo es alcanzar los 250.000 en 2026.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.

Una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de Telemadrid entre 2008 y 2015 detectó "gastos sin procedimiento contractual" por 3.343.149 euros a lo largo de los tres años en que José Antonio Sánchez, ahora recién nombrado "administrador provisional" de la cadena, ostentaba el cargo de director general: de julio de 2011 a octubre de 2014. Aprobado en enero de 2019 por el organismo fiscalizador madrileño, donde los consejeros elegidos a propuesta del PP suman mayoría, el informe cifra en 8,88 millones los gastos que en los ocho años fiscalizados (2008-2015) se encuadraron en esa categoría. Esto es, aquellos gastos que se abordaban sin una tramitación previa ajustada a la norma sobre contratos públicos. "No constaban –dice el informe– en la relación de contratos entregada [a los auditores] porque no se habían tramitado a través del procedimiento contractual correspondiente. Sólo consta de los mismos o su aprobación por el órgano correspondiente, o bien su alta en contabilidad a través de un número de pedido llevando anexas las facturas dentro de SAP [el sistema informático]".

En conversación telefónica con infoLibre, Tomás Morales, director financiero de Telemadrid —en la actualidad y cuando tuvieron lugar los hechos—, explicó que bajo ese epígrafe se pagaron “determinados supuestos de gasto” que necesitaban “inmediatez”. Nada “fuera de lo normal”, ni “comidas ni viajes”, remarcó. Se trataba, según Morales, de compras de grabadoras, grúas o mezcladores de audio digital, en ocasiones para sustituir urgentemente equipos que habían dejado de funcionar y era necesario sustituir de manera rápida. Estas explicaciones, subrayó Morales, fueron remitidas en su día a la Cámara de Cuentas en forma de alegaciones. Pero el informe sí habla de viajes al abordar estos gastos poco comunes. Y en lo que concierne al mandato de José Antonio Sánchez los cuantifica, solo en 2012, en 185.211 euros. En total, la cifra por ese concepto asciende a 1,89 millones a lo largo de los ocho ejercicios fiscalizados.

La "defensa jurídica" de Sánchez, en la lista 

Pero los datos que ofrece el informe destapan que además de grabadoras, grúas y mezcladores de audio digital los gastos al margen de procedimientos reglados se extendieron a otras categorías. Por ejemplo, durante el trienio de Sánchez como director general, se abonaron así 116.000 euros en noviembre de 2011 por "seguimiento de caravana electoral". O 60.000 el 20 de diciembre de ese año para "suministro de prensa ejercicio 2012". O 211.522 euros por "asesoramiento laboral" entre diciembre de 2012 y enero de 2013, meses de arranque del ERE que culminó con el despido de 829 trabajadores –tres de cada cuatro trabajadores– y que el Tribunal Supremo declaró en 2014 improcedente.

Los ejemplos no acaban ahí. Hubo un tercer pago de 50.000 euros en mayo de 2014 para asesoramiento laboral. Otro de asesoramiento jurídico prestado desde julio de 2013 a febrero de 2014 por 54.284 euros. E incluso la "defensa jurídica" de José Antonio Sánchez se cubrió con un pago total de 40.000 euros que en las actas donde lo localizó la Cámara de Cuentas aparece fechado el 13 de marzo de 2015, cuando el defendido ya presidía RTVE por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Este periódico preguntó a Morales por qué ese pago se consideró de urgencia. El director financiero de la cadena respondió así: "Corresponde a los gastos por la querella puesta en esa fecha, por un sindicato contra el director general en relación con el ERE. La querella es un procedimiento jurídico diferente del ERE y por lo tanto se resuelve en instancia diferente". 

Las alegaciones a que alude Morales fueron formuladas en noviembre de 2018. Y según algunas fuentes, iban firmadas no por el entonces director general de Telemadrid, José Pablo Lozano, sino por el mismo José Antonio Sánchez que acaba de regresar al poder de Telemadrid para un mandato oficialmente "provisional" que se anticipa largo. Tales alegaciones no han podido ser analizadas por infoLibre. Este periódico se las solicitó a Morales pero aún no se las ha facilitado. No obstante, queda fuera de duda que, sea cual sea su contenido, carecieron de efecto al menos, en lo que respecta a los "gastos sin procedimiento contractual": porque, de lo contrario, el informe no diría lo que dice. 

Gastos por agencia de viajes sin "soporte contractual"

Entre las 132 páginas de la fiscalización de la Cámara de Cuentas figuran dos tablas que, con fecha exacta, concepto del servicio o suministro e importe de la adjudicación enumeran los pagos de esa clase realizados entre 2008 y 2015. La primera tabla concentra los detectados "en las actas del comité de compras", un órgano interno, ajeno a las mesas de contratación e integrado por directivos.

La segunda tabla se limita a los gastos que los técnicos encontraron "en el informe de compras (SAP)" y todos ellos eran relativos a viajes: 1.897.294 euros en los cinco primeros años del periodo examinado. Solo en 2008, la cuantía total se colocó en 839.572,32 euros. El desglose de datos acometido por este periódico indica que en 2012, primer ejercicio completo de Sánchez como director general, ese gasto concreto se situó en 185.211,28 euros. Y a partir de ahí, desaparecieron del mapa. 

El apartado sobre los gastos sin procedimiento contractual dedica de hecho un párrafo a los viajes. Y lo hace para lanzar un aviso inequívoco: "Además del análisis de los Informes de compras obtenidos a través de SAP, se han detectado gastos asociados a agencia de viajes que carecen de soporte contractual". Cuál era esa agencia no se especifica.

El párrafo acaba con otra afirmación que pone el dedo en la llaga de cómo se manejaban ciertas adjudicaciones entre 2008 y 2015: "El detalle de las empresas que han superado el límite del contrato menor en cada ejercicio ascendió al menos a un importe de 1.897.296 euros". ¿Indica la coincidencia de cifras con la de los viajes que la extralimitación en cuanto al límite de los contratos menores se produjo siempre en esa área? No se sabe. El informe no aporta más datos.

A diferencia de lo que sucede en otros capítulos del informe de fiscalización, ambas tablas permiten acotar qué ocurrió bajo el mandato de José Antonio Sánchez. Y verificar bajo qué concepto se hacía cada pago. "La ejecución de todos estos gastos –expone Tomás Morales– fueron verificados por el equipo fiscalizador de la Cámara de Cuentas, sin que detectara ninguna incidencia económica o de falta de documentación en los expedientes". Y por ese motivo, argumenta, el organismo fiscalizador no incluyó "ninguna recomendación al respecto en el apartado de Conclusiones y Recomendaciones de su informe". Pero lo cierto es que las conclusiones de la auditoría incorporan lo siguiente: "Se han detectado una serie de gastos que no se habían tramitado a través del procedimiento contractual correspondiente". E incluyen estas dos recomendaciones: "Dentro de su sistema contable, debería existir un nexo de unión entre la tramitación y adjudicación del expediente y la ejecución del contrato, que permita conocer toda la vida del expediente y seguir su evolución hasta su extinción"; y "deberían establecerse mecanismos de control de la contratación directa por razón de la cuantía".

En apoyo de que nada irregular hubo en esos 8,88 millones de euros en "gastos sin procedimiento contractual", Morales recalca que el apartado de Conclusiones del informe de la Cámara de Cuenta señala que “la opinión de los informes de auditoría externa de la sociedad, relativos a cada uno de los ejercicios, fueron favorables en todos los casos". El directivo de Telemadrid agrega que el auditor externo "verifica anualmente tanto los estados financieros de la sociedad como el sistema de control interno de la sociedad, no habiendo detectado ninguna debilidad del mismo en todos los ejercicios auditados y fiscalizados".

El País ha despedido a Antonio Caño, quien fue su director entre 2014 y 2018, según han confirmado fuentes de Prisa a infoLibre. La empresa ha comunicado este mismo miércoles su decisión a Caño, que desde que fue destituido figuraba como asesor para la transformación digital en el organigrama del periódico y escribía un artículo de opinión mensual.

Caño fue destituido como director del periódico insignia de Prisa tras un periodo abrupto en el que dio un vuelco a la línea editorial de El País y sufrió una grave pérdida de lectores y suscriptores.

Ahora se ha convertido en el primer exdirector de El País que deja de tener relación con el periódico. 

Hasta hora Prisa seguía acogiendo a los exdirectores de su principal diario en sus páginas, donde siguen escribiendo Joaquín Estefanía, Soledad Gallego-Díaz y Jesús Ceberio, además de Juan Luis Cebrián, que ocupó también la presidencia del grupo hasta mayo de 2018.

Según explican fuentes de la empresa, ésta ha decidido amortizar su puesto de trabajo al considerar que, con la reorganización que está acometiendo el grupo, no tiene sentido contar con un asesor de transformación digital en Estados Unidos, donde reside Caño, que fue corresponsal del periódico en Washington durante una década.

Desde que fue destituido, su relación con El País no ha sido pacífica. Hace ya un par de meses que su artículo mensual dejó de publicarse en el periódico de papel.

Antonio Caño ha colgado un comunicado en su cuenta de Twitter donde asegura que su despido responde a “razones ideológicas” y anuncia que se reserva el derecho a emprender acciones legales porque el cese no sólo le causa un “enorme perjuicio personal y profesional”, sino también porque constituye “un atropello a la libertad de expresión”. El periodista lamenta que el despido se haya producido “de forma fulminante y sin posibilidad siquiera de un intercambio de puntos de vista con los responsables del periódico”. También achaca la decisión a los “incidentes” que se han sucedido en relación con sus tribunas. “La última de ellas, titulada Algunas lecciones para la izquierda, no fue publicada en la edición de papel por decisión del director del periódico”, asegura Caño, quien añade que la anterior directora, Soledad Gallego-Díaz, impidió la publicación de otro de sus artículos “crítico con el actual Gobierno español”.

El exdirector revela que ha tenido “problemas” con el periódico en los últimos tres años, iniciados según dice con el despido de todos sus colaboradores tras ser destituido. Los atribuye a “la actual situación política española” y a la opinión que “libremente” expone en sus artículos. Su despido, subraya, es “ilegal” y carece de precedentes en la historia de Prisa.

El 'informe Caño'

Antonio Caño fue nombrado director de El País en mayo de 2014 no mucho después de que elaborara, a petición de Juan Luis Cebrián, un polémico informe en el que criticaba la “pérdida de credibilidad” del diario, pedía la renovación “profunda, casi total” de sus cuadros e incluso alertaba sobre la actitud “revanchista” y “obstruccionista” que temía encontrar en la redacción al ponerse a su frente.

Su etapa se caracterizó por un giro hacia la derecha del periódico. Ya antes de dirigirlo, Caño apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak. Su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentaron con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE que supuso el despido de 129 trabajadores de El País y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Las relaciones con la redacción de Caño y de las personas que nombró en los principales puestos de dirección tampoco fueron buenas. El cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas, como Rafael Méndez y Manuel Altozano. Además, cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

Efervescencia, problemas con la redacción, despidos

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo consideraba “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo a una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulo”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

El Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión al cabo de apenas un minuto con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz. También fueron reemplazados sus cargos de confianza: David Alandete, Maite Rico, Javier Ayuso, Álvaro Nieto, Luis Prados, José Manuel Calvo y José Ignacio Torreblanca. Todos ellos fueron despedidos, en un movimiento inédito en el periódico de Prisa, y cinco demandaron a la empresa en los tribunales, alegando haber sido víctimas de una purga ideológica. La empresa terminó reconociendo la improcedencia del despido de Torreblanca, director de Opinión, mientras que el resto llegó a acuerdos con Prisa.

Vocento, grupo editor del diario Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla y La Verdad de Murcia, entre otros periódicos regionales, debatió en un consejo de administración celebrado el pasado 29 de diciembre la compra de los medios de comunicación de Prisa. Según ha informado el propio grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), llegó a establecer una “comunicación informal” con Prisa pero, “constatada la falta de disponibilidad para iniciar conversación alguna al respecto”, se ha abandonado la iniciativa “sin que se haya llegado a trasladar ninguna oferta ni mucho menos se haya aprobado, ni siquiera propuesto a sus accionistas ni a su consejo, ampliación de capital alguna”. Vocento desmiente así parte de la información publicada en El Confidencial donde se aseguraba que el consejo de administración del grupo había aprobado un aumento de capital para comprar El País y la Cadena Ser por unos 188 millones de euros. Según este medio, parte del consejo se había opuesto a la operación.

También Prisa, en otra comunicación a la CNMV, niega que haya solicitado ninguna oferta por su periódico de referencia y su principal emisora de radio. Además, desmiente que haya iniciado conversaciones al respecto, asegurando que no forma parte de su “hoja de ruta” la venta de sus medios de comunicación “hoja de ruta” .

Hace sólo unos días, el presidente en funciones de Prisa, Joseph Oughourlian, tachó de “gran error” una posible venta de los medios de comunicación del grupo. En una entrevista publicada por El País, Oughourlian, que también es el principal accionista de Prisa a través del fondo Amber Capital, aseguró que semejante operación sería “un sinsentido” en este momento teniendo en cuenta que “el mercado está totalmente hundido”. “Tenemos aún que reestructurar parte de nuestros medios y acelerar la digitalización”, explicó. El presidente de Prisa aprovechó también para criticar a su antecesor en el cargo, Javier Monzón –destituido el 18 de diciembre por la junta de accionistas a propuesta de Oughourlian– por haber “propiciado ciertas ofertas […] que francamente eran indecentes, a precio de derribo”. A su juicio, los medios de comunicación del grupo “valen mucho más de 200 millones”.

El dueño del fondo Amber se refería así a la oferta que el empresario asturiano Blas Herrero, propietario de Kiss FM, había hecho a Prisa por esa cantidad. El consejo de administración del grupo la rechazó por unanimidad el pasado diciembre.

Rotativa y publicidad en internet

No obstante, fuentes del sector admiten a infoLibre que Vocento y Prisa han estudiado en diferentes ocasiones posibilidades de alianza basadas en los acuerdos comerciales que ambos grupos tienen firmados. Desde 2018 El País, As y Cinco Días se imprimen en la rotativa de Abc en MadridAbc. En octubre de ese mismo año, además, Prisa y Vocento pusieron en marcha una plataforma conjunta para gestionar la publicidad programática –la compra automatizada de espacios publicitarios en internet–. En junio de 2019 anunciaron, junto con el grupo Godó, editor de La Vanguardia, la creación de WEMASS Media Audience Safe Solution.

En su nota a la CNMV, Vocento reconoce que “como grupo de comunicación escrita, con una posición financiera saneada”, viene analizando “desde hace un tiempo” las distintas “alternativas de consolidación que pudieran plantearse en el sector de medios”.

El consejo de administración de Prisa ha incorporado a dos nuevos miembros en sustitución de Javier Monzón, su presidente hasta el pasado viernes, y de Sonia Dulá, que dimitió por motivos personales ese mismo día. Se trata de Rosauro Varo y Javier Santiso, que han sido nombrados a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones pero, según explican fuentes de Prisa a infoLibre, en realidad por iniciativa del presidente no ejecutivo en funciones, Joseph Oughourlian, el dueño de Amber Capital, que es el principal accionista del grupo, y con el apoyo de Telefónica. Oughourlian fue quien planteó en la junta general de accionistas del pasado viernes la destitución de Javier Monzón y el operador telefónico el que respaldó la iniciativa.

La nueva etapa en Prisa arranca enseguida con la entrada de dos nuevos perfiles que, según resalta el propio grupo en un comunicado, aportan las “aptitudes profesionales y personales” requeridas para los próximos tiempos: “transformación digital, emprendimiento, renovación generacional y participación activa en el ámbito de la cultura”. Varo, empresario y profesor de un máster universitario, tiene 49 años, y Santiso, que trabajó en Telefónica y en la OCDE, además de escribir libros y firmar columnas en El País, tiene 51.

Ambos nombramientos deberán ahora ser ratificados en la primera junta general de accionistas que se celebre. De momento, el consejo está embarcado en el plan de sucesión del presidente no ejecutivo. Oughourlian se mantiene como presidente mientras se le busca un sustituto permanente, al tiempo que presidirá también la comisión delegada. A ella se han incorporado tanto Javier Santiso como Béatrice de Clermont-Tonnerre, quien ha sido designada consejera coordinadora. Además, Santiso formará parte de la comisión de nombramientos y Varo de la de auditoría.

De la FNAC a Pepephone

Javier Santiso también se sienta en el consejo de administración de FNAC Darty y es consejero delegado del fondo de capital riesgo Mundi Ventures. Tiene las nacionalidades francesa y española, y tras comenzar en el BBVA ejerció como director general de la OCDE, cuya sede central está en París. Además de en Telefónica, trabajó en Khazanah, el fondo soberano de Malasia, y en Axiata Digital, una empresa asiática de telecomunicaciones. Este año ha publicado una novela (Un sol de pulpa oscura) y el próximo publicará otra (Vivir con el corazón). También edita y traduce obras de poesía y colabora en diferentes proyectos con pintores, desde Rafael Canogar hasta Charles Villeneuve.

Rosauro Varo lleva 20 años siendo empresario. Fue vicepresidente de PepePhone, operadora de móvil de bajo coste en manos de MásMóvil desde 2016, y hoy preside GAT Inversiones. Además, es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur). Antes de llegar a Prisa, Varo formaba parte del consejo de administración de El León de El Español Publicaciones, la editora de El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Da clases en el Máster de Finanzas y Banca de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y se sienta en el patronato de la Fundación Alalá, que desarrolla proyectos de integración social en el sur de España.

Joseph Oughourlian, el dueño del fondo de inversión Amber Capital, es de momento el nuevo presidente de Prisa, después de que la junta general extraordinaria de accionistas celebrada este viernes votara con un 52% de los asistentes la destitución de Javier Monzón. Amber, que posee el 29,84% del capital, ha contado con el apoyo de Telefónica, que tiene un 9,4%, para descabalgar finalmente al también presidente de Openbank, un objetivo que ya estuvo a punto de conseguir en la penúltima junta del grupo, el pasado mes de junio.

El próximo martes se celebrará un consejo de administración, que ya estaba convocado antes de que se produjera la destitución, según ha podido saber infoLibre, pero de momento se queda en funciones al frente del grupo quien hasta ahora figuraba como vicepresidente, Joseph Oughourlian, explican fuentes de Prisa. No se prevé que el nombramiento de un sustituto sea inmediato. El cese de Monzón lo incluyó en el orden del día el propio dueño de Amber Capital. En principio, la junta tenía previsto aprobar cinco asuntos, de los cuales los dos más importantes eran la venta del negocio de Santillana en España al grupo finlandés Sanoma y la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para este año y el próximo.

Amber ha justificado la inclusión en el orden del día del cese del presidente por las discrepancias que mantiene con Monzón sobre la estrategia del negocio. “Contamos con activos únicos, grandes marcas y un equipo de altísimo nivel. Amber impulsó la separación de los negocios de medios y de educación de Prisa al considerar que ello permitirá desarrollar estrategias industriales en ambos negocios, así como la consolidación de su liderazgo en España y América Latina atrayendo inversores de primer nivel y creando un proyecto ilusionante. Esta decisión estratégica no debe significar en modo alguno desmembrar el grupo y mucho menos a cualquier comprador y a cualquier precio, sino todo lo contrario. Se trata de apostar por nuestros negocios. Javier Monzón no comparte claramente esta visión estratégica por lo que Amber considera que ha llegado el momento de que no siga al frente del grupo. No podemos seguir confiando en quien pretende ejecutar una estrategia que consideramos contraria a los intereses sociales y de los accionistas”, ha explicado a la junta el fondo, según la intervención leída por el secretario del consejo de administración y que ha reproducido íntegramente el diario El País.

El fondo de inversión también ha indicado que habría preferido que “Monzón se apartara voluntariamente de su cargo y así se lo ha hecho saber, pero ante su reiterada negativa, Amber se ha visto obligada a tomar una decisión tan excepcional como proponer su cese en junta de accionistas”. Fuentes cercanas a Oughourlian han asegurado a infoLibre que su prioridad en las próximas semanas es demostrar que "no hay ningún tipo de intencionalidad política en esta decisión" y que "se buscarán fórmulas de máximo consenso" para la elección de un nuevo presidente del grupo, en referencia a un posible acuerdo con accionistas principales como Santander o HSBC, además de Telefónica.

En una intervención interrumpida por problemas técnicos, Monzón puso su cargo a disposición del consejo. Y respondió negando que se hubiera opuesto a la estrategia de dividir el grupo en las dos áreas de educación y medios. “No es veraz ni responde a los hechos que yo no comparta esa visión estratégica, que he impulsado y que creo haber conseguido que haya sido aceptada por el consejo por unanimidad y por una amplísima mayoría que me consta de nuestros accionistas. Siempre he actuado con el ánimo de buscar el entendimiento de los accionistas y así lo seguiré haciendo en todo momento porque eso es lo que beneficia a la compañía. He evitado siempre la división o fractura entre los accionistas y consejeros, y en un día como hoy he querido seguir actuando igual”.

Los porqués de Telefónica

Según han explicado a Europa Press fuentes del mercado, Telefónica apoyó la propuesta de destitución de Monzón para defender el interés de sus accionistas tras la oferta de compra del empresario asturiano Blas Herrero. Aunque la operadora considera su inversión en Prisa como un activo no estratégico y su participación está puesta a la venta a la espera de que mejore la situación de los mercados y pueda obtener un precio adecuado por ella, Telefónica cree necesario que haya “seriedad y profesionalidad” en la gestión de los activos en los que está presente.

Así, la compañía de telecomunicaciones piensa que la oferta de Herrero puso de relieve una situación que no maximiza el valor de la compañía y en la que parece que “cualquiera puede hacer una oferta, de cualquier manera y a cualquier precio” por Prisa, lo que es un “síntoma muy claro de que hace falta otra gestión y otro liderazgo”. Las mismas fuentes destacan que la intención de Telefónica es seguir con su política actual de no entrar en el consejo de administración de Prisa y no interferir en su gestión, pero precisan que, tras la operación fallida de Blas Herrero, era evidente que hacía falta un cambio de rumbo en el grupo de comunicación.

Espadas en alto desde junio

Javier Monzón entró como independiente en el consejo de administración de Prisa en noviembre de 2017. Antes había sido presidente de Indra desde su creación en 1993 hasta 2015. En febrero de 2018 fue nombrado vicepresidente de Prisa y desde el 1 de enero de 2019 era presidente del consejo de administración. Fue reelegido en ese cargo el pasado mes de junio con el 62% de los votos de la junta general, pero también con la abstención del principal accionista, Amber Capital. Entonces se firmó una tregua entre el fondo de inversión y el Banco Santander que acaba de romperse a favor del primero. El banco de Ana Patricia Botín sólo posee el 4,1% de las acciones del grupo.

Pero el alto el fuego no significa paz. Hace justo un mes Blas Herrero, el dueño de KissFM, presentaba una oferta de compra no solicitada por los medios de comunicación de Prisa, entre 150 y 200 millones de euros. La operación se iba a ejecutar con una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañaban “un grupo de inversores”. Entonces se llegó a hablar de que el Santander apoyaba la venta a Herrero, quien había planteado mantener en sus puestos a Javier Monzón y al consejero delegado Manuel Mirat. Sin embargo, el consejo de administración rechazó por unanimidad la oferta del empresario asturiano. Desde entonces la acción de Prisa ha incluso superado el euro en algunos días de diciembre, aunque este viernes cerraba en 90 céntimos.

Quién sustituirá a Monzón en la presidencia es una incógnita que no se despejará de modo inmediato. Los nombres con los que se ha especulado desde varios medios, como el de Javier de Paz, consejero de Telefónica y miembro de la ejecutiva del PSOE en los años 90, o el de José Miguel Contreras, fundador en su día de La Sexta yaccionista de infoLibre, no figuran entre los que se barajan para pilotar Prisa. Fuentes de Telefónica han negado tajantemente a este periódico que De Paz esté “en absoluto” en esa operación mientras Contreras ha desmentido ya en distintas ocasiones (la última este mismo viernes) esas especulaciones.

Los periódicos no han esperado a que acabe el año para despedir a parte de sus plantillas. El grupo Vocento ha despedido ya a 39 trabajadores en lo que va de mes de diciembre. Unidad Editorial ha firmado ya el despido de 18 periodistas en sus delegaciones autonómicas. En Prensa Ibérica la cifra ha llegado a los 60. Los ERTE aplicados en estos grupos no han servido para salvar a los empleados de estos periódicos.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO en Vocento han denunciado, además, que varios delegados se encuentran entre los despedidos, todos ellos en las cabeceras regionales del grupo, en lo que consideran “una clara intención de amedrantar a las plantillas”. Además, ambos sindicatos creen que esa elección de nombres no es casual cuando el próximo año los comités de estas empresas deben negociar la renovación de sus convenios colectivos. De hecho, aunque de momento los despidos no han afectado a la principal cabecera del grupo, Abc, los trabajadores de este periódico avanzan que en 2021 la empresa prevé recortes. “Dicen que intentarán evitar los despidos, pero ya sabemos que eso significa que quieren bajarnos de nuevo los salarios”, explican a infoLibre.

Vocento, protestan CCOO y UGT, ha justificado los despidos por la pandemia, un argumento que tachan de oportunista, puesto que aprovecha una “circunstancia puntual que, gracias a la vacunación, irá remitiendo”, destacan.

Tanto en Vocento como en Unidad Editorial y en Prensa Ibérica las plantillas han estado sometidas a ERTE durante los últimos meses. Una merma de salarios, subrayan las secciones sindicales del editor de Abc, que se ha traducido en un ahorro para el grupo, pero en un aumento del volumen de trabajo y de la jornada laboral de los periodistas, “aún más con el teletrabajo”.

'El Mundo' se queda sin delegaciones

En El Mundo, la empresa había anunciado 24 despidos en sus delegaciones territoriales, de una plantilla total que ya sólo integraban 31 personas tras recortes sucesivos en estas redacciones durante los últimos años. Finalmente, se han quedado en 18. Las indemnizaciones en el periódico que dirige Francisco Rosell no superan los 28 días por año, por debajo de los 35 y 38 días que se pactaron en los cuatro ERE que ha ejecutado Unidad Editorial desde 2009. En los planes de bajas voluntarias aplicados en estos años, las indemnizaciones alcanzaron los 45 días.

En otro grupo de periódicos regionales, Prensa Ibérica, los despidos ya suman 60. En Levante los afectados han sido 22, la misma cifra que en Información de Alicante. En Diario de Ibiza ocho personas se han quedado sin trabajo. En El Periódico de Catalunya fueron despedidos cuatro trabajadores el pasado mes de octubre. En El Periódico de Aragón, el grupo ha negociado un ERE, que se ha cerrado con la marcha de ocho personas, indemnizados con 26 días por año. Este verano ya cerró las revistas Cuore y Stilo.

El consejo de administración de Prisa ha rechazado esta tarde por unanimidad la oferta de compra que el empresario asturiano Blas Herrero había lanzado sobre los periódicos y radios del grupo, según han confirmado fuentes del propietario de El País y la Cadena Ser

“La sociedad continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio, en el desarrollo y puesta en valor de sus proyectos de educación y medios de comunicación”, ha comunicado Prisa a la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Será en este marco en el que evaluará, de resultar procedente en el futuro, cualquier expresión de interés que pueda recibir, como ha sido el caso de las transacciones comunicadas en las últimas semanas”, concluye el comunicado del grupo.

El empresario asturiano había ofrecido 150 millones de euros por los periódicos y radios de Prisa, un precio que el grupo consideraba insuficiente. 

Finalmente, la oferta de Herrero no ha recibido el apoyo ni siquiera de quien se presentaba como su inicial valedor, el Banco Santander. Ninguno de los principales accionistas ha considerado la propuesta. El dueño de KissFM y Dkiss había enviado una carta al consejo de Prisa para comunicarles su intención de adquirir los medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales del grupo a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañaban “un grupo de inversores independientes”, liderado por él. Su objetivo era hacerse con una participación significativa, no necesariamente de control, un 33%, de la empresa.

La noticia disparó la maltrecha cotización bursátil de Prisa, que superó los 90 céntimos al terminar la mañana del jueves y acabó la jornada con una ganancia del 21%. Aun así, el escaso valor de la acción lleva ya mucho tiempo reflejando la mala salud de las cuentas del grupo, lastrado con una elevada deuda e impactado por la pandemia. El precio “escaso” que ofreció Herrero, si se tiene en cuenta que el beneficio operativo neto sólo de la radio de Prisa fue de 63,3 millones en 2019 –tal y como destacaban fuentes del grupo este jueves–, viene de la mano de una deuda que ahora está en 1.061 millones de euros sólo tras un largo proceso de recorte desde los más de 5.000 millones que alcanzó en 2009.

La venta del negocio español de Santillana, la división educativa de Prisa responsable del 73% de su resultado, es parte de los denodados esfuerzos del grupo por recortar su pesada deuda. Ahora queda en el aire la venta también del negocio de Santillana en América Latina, la auténtica joya de la corona, para poner a cero el marcador del pasivo.

Entre quienes habían manifestado, aunque extraoficialmente, su oposición a la entrada de Blas Herrero en Prisa se encuentra el Gobierno, que no contemplaba con agrado la llegada al principal grupo de medios español de un empresario cuyas posiciones ideológicas coloca ahora muy lejos de las que en los años 90 le incluían entre los próximos a Alfonso Guerra. Fuentes de Moncloa no descartaban que el objetivo principal de la operación fuera buscar un alza del precio de la acción de Prisa.

208 millones de Onda Cero

Blas Herrero fundó la cadena Radio Blanca en 1989, en un salto a los medios de comunicación desde la industria láctea. El empresario asturiano presume de haber pasado su infancia y adolescencia, hasta los 22 años, repartiendo leche, primero en carro, después a caballo y finalmente en una furgoneta. En los años 80 ya era el dueño de la lechera RAM y luego de un grupo con una treintena de sociedades, incluidas inmobiliarias y concesionarios de coches. Por entonces, sus contactos con el PSOE asturiano le permitieron obtener nueve concesiones de FM. Onda Cero, recién creada por la ONCE, emitía a través de las emisoras de Radio Blanca. Herrero se convirtió en su vicepresidente.

En 1999, Telefónica, a la que ahora tendría que seducir Herrero en el consejo de administración de Prisa, compró Onda Cero y ésta firmó con el empresario asturiano un acuerdo: crearía una cadena temática cuya gestión publicitaria correría a cargo de la radio de Telefónica durante 10 años, a razón de 18 euros por oyente y calculando una audiencia de medio millón de personas. Así nació Kiss FM en 2002. Un año después tenía 1,3 millones de oyentes. Las disputas por unas cifras que habían superado las firmadas en el contrato terminaron en los tribunales. El caso se dilató años hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón a Blas Herrero. En 2007 Telefónica –entonces presidida por César Alierta– y Antena 3, los dueños de Onda Cero, tuvieron que pagarle 208 millones de euros. Él había pedido 600 millones.

Con ese remanente, Herrero creó una sociedad de capital riesgo, fundó varias sicav y emprendió también la aventura audiovisual. Si en un primer momento se apoyó en sus contactos con el PSOE, los que ahora se le atribuyen en el PP le consiguieron una licencia de TDT en octubre de 2015, la que utiliza Dkiss. Ahora, al tiempo que pugnaba por hacerse con El País y la Ser, intenta entrar en Duro Felguera, empresa de infraestructuras que acaba de pedir un rescate de 100 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La junta extraordinaria de accionistas de Prisa convocada para el próximo 18 de diciembre puede terminar votando un punto del día inesperado: la oferta de compra “no solicitada” que ha presentado el empresario Blas de Herrero por El País, Cinco Días, As, la Cadena Ser, 40 Principales y Cadena Dial. Dependerá de la decisión que tome este mismo viernes su consejo de administración, convocado de urgencia para debatir la propuesta, abrir una negociación o directamente rechazarla. El dueño de KissFM y Dkiss ha comunicado a este órgano en una carta su intención de adquirir los medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales del grupo a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañarán “un grupo de inversores”, liderado por él. Su objetivo es hacerse con una participación significativa, no necesariamente de control. Mientras Prisa se ha limitado a contestar que el consejo estudiará la propuesta, la CNMV suspendió la cotización bursátil del grupo durante unas horas. Al cierre del parqué, la maltrecha acción del grupo, que ha llegado a valer menos de 50 céntimos y consiguió remontar hasta los 92 al final de la mañana, ganaba un 21%.

La cuantía de la oferta está situada entre los 150 millones y los 200 millones de euros. En cualquier caso, una cifra que fuentes de Prisa consideran “muy escasa” si se tiene en cuenta, explican, que la radio tuvo un beneficio operativo neto (Ebitda) de 63,3 millones en 2019 y la prensa, de 12,1 millones más. No obstante, el 73% del resultado de Prisa procede de la editorial Santillana: 175 de los 242 millones de su beneficio operativo correspondieron el año pasado a su negocio educativo. Además, los resultados de este ejercicio han sufrido el impacto del covid-19. Hasta septiembre, Prisa reconocía un perjuicio de la pandemia que cifraba en 119,4 millones de euros, tras provocar una caída del 50% del Ebitda frente a los nueve primeros meses del año anterior.

Es más, en el primer trimestre de 2020 Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros. El PaísDe forma que el grupo ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye un ERTE y recortes de salarios para la plantilla.

Blas Herrero, en una imagen de archivo.

Pero además de unas cuentas poco lustrosas, Prisa lleva años doliéndose de una voluminosa deuda. Llegó a situarse por encima de los 5.000 millones de euros y ahora alcanza los 1.061 millones, el triple de su valor en Bolsa. Tras el cierre de la venta del negocio español de Santillana –al grupo finlandés Sanoma, por 465 millones– el pasado octubre, el grupo está reestructurando 400 millones de esa deuda. Que constituye el principal hueso para la operación del empresario asturiano. Porque, además de pagar por los activos, el quid está en cómo se reparten esos pasivos entre las dos unidades de negocio que se pretenden segregar, cuántos millones corresponden a los medios de comunicación que quiere comprar Herrero y cuántos al negocio de educación que Prisa intenta vender.

Apoyos y oposición

Según han explicado a infoLibre fuentes del entorno de Blas Herrero y han confirmado fuentes de Prisa,  para la compra el empresario asturiano cuenta con el apoyo del Banco Santander. También con el de los mexicanos Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González e incluso con el de la familia Polanco y los próximos al expresidente Felipe González. Aunque menos por entusiasmo que por el hecho de que no ven “otra alternativa” teniendo en cuenta el balde de la deuda. El banco presidido por Ana Patricia Botín es el acreedor de un 20% de esas obligaciones. Además, el dueño de Kiss FM ha dado “garantías de continuidad” al actual equipo directivo de Prisa; en concreto, a su presidente, Javier Monzón, y al consejero delegado, Manuel Mirat. Lo que puede interpretarse como un gesto vinculado al Santander, valedor de un Monzón cuestionado por otros accionistas desde el primer momento, entre otros motivos por su pasada gestión en Indra.

Fuentes del sector apuntan hacia el también presidente de Openbank como posible “muñidor” de la operación de Herrero. Y a éste, como una suerte de “testaferro” del Santander, en un intento del banco por evitar la imagen nefasta de un medio de comunicación en manos de una entidad financiera. Es decir, hay que acabar con la inestabilidad de Prisa, vendiendo también el negocio de Santillana en América Latina para eliminar toda la deuda que aún tiene, y hay que salvar a los medios de Prisa, porque son fundamentales para la buena salud del sistema democrático. Y Blas Herrero sería “la única opción al alcance”, advierten las mismas fuentes, que destacan como clave final la línea conservadora de los principales protagonistas.

Por el contrario, Herrero se enfrenta a la oposición del mayor accionista del grupo, Amber Capital, y de su fundador, Joseph Oughourlian, los principales adversarios de Javier Monzón. Lo mismo ocurre con HSBC. De hecho, desde junio, cuando se celebró la junta ordinaria de accionistas de Prisa, en la que el fondo Amber se abstuvo al votar el nombramiento de Monzón, se mantiene una tregua que pendía en buena parte de la venta de Santillana. Oughourlian, con el 29,8% de las acciones, puede forzar la dimisión del presidente recabando apoyos en el consejo de administración para convocar una junta de accionistas extraordinaria. El Santander sólo tiene directamente el 4,1% de las acciones. Y Telefónica , con el 9%, es el árbitro en la pugna. También podría serlo en la decisión sobre la venta a Blas Herrero. Según las fuentes consultadas, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete mantiene su intención de no participar en “ninguna batalla mediática” y sólo terminaría aceptando la operación si viera que la mayoría la apoya. 

En el frente del no, aseguran otras fuentes relacionadas con la operación, se sitúa igualmente el Gobierno, que no contempla con agrado la llegada al principal grupo de medios español de un empresario cuyas posiciones ideológicas coloca ahora muy lejos de las que en los años 90 le incluían entre los próximos a Alfonso Guerra. Fuentes de Moncloa no descartan, además, que el objetivo principal de la operación sea buscar un alza del precio de la acción de Prisa, mientras niegan haber mantenido contacto alguno con Blas Herrero. El empresario asturiano se presenta acompañado de un grupo de empresarios que su entorno califica de “independientes” y con los que pretende aglutinar entorno a un 33% del capital. Se desconoce si el dinero necesario para cubrir esa oferta saldrá de sus promotores o vendrá avalado por la misma entidad bancaria acreedora.

Una láctea, un litigio con Onda Cero y una TDT

Blas Herrero fundó la cadena Radio Blanca en 1989, en un salto a los medios de comunicación desde la industria láctea. El empresario asturiano presume de haber pasado su infancia y adolescencia, hasta los 22 años, repartiendo leche, primero en carro, después a caballo y finalmente en una furgoneta. En los años 80 ya era el dueño de la lechera RAM y luego de un grupo con una treintena de sociedades, incluidas inmobiliarias y concesionarios de coches. Por entonces, sus contactos con el PSOE asturiano le permitieron obtener nueve concesiones de FM. Onda Cero, recién creada por la ONCE, emitía a través de las emisoras de Radio Blanca. Herrero se convirtió en su vicepresidente.

En 1999, Telefónica, a la que ahora tendría que seducir Herrero en el consejo de administración de Prisa, compró Onda Cero y ésta firmó con el empresario asturiano un acuerdo: crearía una cadena temática cuya gestión publicitaria correría a cargo de la radio de Telefónica durante 10 años, a razón de 18 euros por oyente y calculando una audiencia de medio millón de personas. Así nació Kiss FM en 2002. Un año después tenía 1,3 millones de oyentes. Las disputas por unas cifras que habían superado las firmadas en el contrato terminaron en los tribunales. El caso se dilató años hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón a Blas Herrero. En 2007 Telefónica –entonces presidida por César Alierta– y Antena 3, los dueños de Onda Cero, tuvieron que pagarle 208 millones de euros. Él había pedido 600 millones.

Con ese remanente, Herrero creó una sociedad de capital riesgo, fundó varias sicav y emprendió también la aventura audiovisual. Si en un primer momento se apoyó en sus contactos con el PSOE, los que ahora se le atribuyen en el PP le consiguieron una licencia de TDT en octubre de 2015, la que utiliza Dkiss. Ahora, al tiempo que pugna por hacerse con El País y la Ser, intenta entrar en Duro Felguera, empresa de infraestructuras que acaba de pedir un rescate de 100 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras ganar su duro litigio a Onda Cero, en noviembre de 2007, El Mundo le publicó un largo perfil. Una vez revisada su trayectoria empresarial, Blas Herrero enumeraba sus proyectos para el futuro: la sociedad de capital riesgo, un grupo mediático, musicales en la Gran Vía basados en las canciones de los 80 radiadas en Kiss FM... “Y adquirir o participar en un importante grupo de comunicación de ámbito nacional o internacional”. Trece años después, ha dado el paso para intentar conseguirlo, con el apoyo inicial del Santander. 

La junta general de accionistas de Prisa reeligió este lunes como presidente de su consejo de administración a Javier Monzón. Obtuvo el 62% de los votos, pero también la abstención del principal accionista del grupo, el fondo Amber Capital. Además, un 1,2% de los votos rechazó la continuidad de quien también es presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online del Banco Santander. Su permanencia al frente del principal grupo de comunicación español no significa, sin embargo, que la batalla que lleva meses librándose en el seno del consejo de administración de Prisa se haya cerrado. Más bien, que los dos principales actores en la pugna, Amber Capital y Banco Santander, han alcanzado una tregua sobre la gestión de la compañía, en plena crisis del coronavirus, que mantiene en el aire el futuro de Javier Monzón e incluye la venta de la joya educativa de Prisa, Santillana, para rebajar la abultada deuda del grupopara rebajar la abultada deuda del grupo.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el final de la contienda sólo se ha aplazado. Haber hecho caer a Monzón este lunes tampoco hubiera tenido mucho sentido, aclaran, puesto que, sin un candidato para sustituirle, el puesto habría recaído en el vicepresidente no ejecutivo, Joseph OughourlianJoseph Oughourlian, fundador y presidente de Amber Capital, además de principal antagonista de Monzón en el consejo. Un reemplazo que habría suscitado el obvio rechazo del Banco Santander, apoyo fundamental sobre el que se sienta el también expresidente de Indra.

En la lidia, revelan las mismas fuentes, es Telefónica quien está actuando de árbitro. Con un 9% del capital, si la compañía de José María Álvarez-Pallete se acerca al lado de Oughourlian, que cuenta con el 29,8% de las acciones, Monzón tendría que irse. Banco de Santander sólo posee el 4,1%. De forma que no es descartable que en no demasiado tiempo regresen los movimientos de sillas al consejo: bastaría con convocar una junta extraordinaria de accionistas o incluso con forzar la dimisión de Javier Monzón. De momento, Amber ha decidido abstenerse, en lugar de votar en contra de reelegir al presidente del consejo, como clara señal de sus dudas acerca de la gestión desarrollada en Prisa pero sin derramar aún toda la sangre.

Oughourlian sólo consiguió, pues, el apoyo del resto de los fondos con acciones en Prisa: Melqart Asset Management (3,6%), Vanguard (1,6%) y Polygon (1%). Enfrente y apoyando a Monzón se mantienen, además del Santander, la familia Polanco, los empresarios mexicano Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González, el banco británico HSBC y el jeque catarí Jalid Thani Abdulá Al Thani. El presidente de Amber quiere un cambio en la gestión del grupo que, entre otros asuntos, incluye la venta de Santillana, que en 2019 fue la responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de su resultado bruto de explotación. Su venta debería servir para aliviar parte de la cuantiosa deuda de Prisa, como dejó claro este lunes el propio consejero delegado, Manuel Mirat, en su discurso a los accionistas, tras mencionar también la reciente venta del 30% de Media Capital, su empresa de comunicación en Portugal.

El valor nominal de la acción, 10 céntimos

La situación económica del grupo no da para muchas alegrías. De hecho, el más importante punto económico del orden del día era este lunes la reducción de las reservas y del capital social para compensar pérdidas. Unos números rojos acumulados de ejercicios anteriores que sumaban hasta este lunes 705,09 millones de euros. Para eliminarlas ha sido necesario dejar la acción de Prisa en sólo 10 céntimos, justo cuando se cumplen 20 años de su salida a Bolsa, el 27 de junio de 2000. Entonces, el precio de salida de la acción fue de 20,80 euros, lo que suponía valorar el grupo en 4.551 millones de euros. Hoy su capital social es de sólo 70,8 millones. Este lunes, tras subir su cotización casi un 5,5% tras la junta y alcanzar un valor de 49 céntimos, la capitalización de Prisa apenas supera los 350 millones de euros. Nunca las acciones de Prisa estuvieron tan bajo.

Por el contrario, su deuda, que llegó a superar los 5.000 millones de euros en 2008 y 2009, se eleva a 1.061 millones, por lo que triplica su valor en Bolsa.

La reducción de capital, obligada por ley, ha sido una operación en cuatro fases. Primero se han compensado 469,97 millones de euros de pérdidas utilizando la prima de emisión de 254,18 millones, así como todas sus reservas voluntarias, 197,72 millones, y su reserva legal, otros 18,07 millones más. A continuación, Prisa ha rebajado su capital social recortando el valor nominal de sus acciones de 0,94 a 0,48 euros, lo que se equivale a una reducción de 320,76 millones. Así ha conseguido dejar en cero las pérdidas acumuladas.

Pero para recuperar la reserva legal, la junta ha aprobado una segunda reducción del capital social, recortando un poco más la acción, hasta los 0,47 euros, lo que se traduce en una rebaja de 7,08 millones. Finalmente, se ha ejecutado una tercera reducción, por importe de 267,41 millones adicionales, dejando la acción en sólo 0,10 euros. 

En total, el recorte del capital social de Prisa asciende a 595,26 millones. La ley obligaba al grupo a efectuar esta operación, ya que debía restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Cuando el pasado mayo Prisa presentó los resultados del primer trimestre, el grupo reconoció que su patrimonio neto era inferior a las dos terceras partes del capital social, por lo que se encontraba “en una situación de desequilibrio patrimonial a los efectos de la obligación de reducir el capital social en el plazo de un año, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Pérdidas de 182,3 millones en 2019

En el primer trimestre, Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros.El País

Con un impacto negativo de la crisis del covid-19 en los ingresos que el grupo ha calculado en 25,5 millones de euros, Prisa ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye recortes de salarios para la plantilla. La empresa emplea a 8.951 trabajadores en todo el mundo, de los que 3.097 se encuentran en España.

Esas bajadas de sueldo también afectan a sus consejeros y máximos ejecutivos. Los primeros se han reducido las retribuciones en un 20%, y los segundos, en un 10%. Así, el presidente no ejecutivo, Javier Monzón, cobrará este año como remuneración fija 340.000 euros, mientras que Manuel Mirat percibirá 462.500 euros este año.

“No representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés”o representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés

Además, la junta general, que se ha celebrado de forma telemática, ha aprobado las cuentas del grupo y el nombramiento de un nuevo auditor para los próximos tres ejercicios: Ernst & Young sustituirá a Deloitte.

El resto de los consejeros cuya reelección se sometió al escrutinio de los accionistas fueron también ratificados: los independientes Javier de Jaime y Sonia Dulá, el dominical Joseph Oughourlian, (Amber Capital), Manuel Polanco y el jeque catarí Jalid Thani Abdulá Al Thani. El exministro de Comercio Javier Gómez-Navarro ha dejado a petición propia su puesto, que será amortizado. De esta forma el consejo de administración reduce a 12 el número de sus miembros.

Cuestión aparte son las implicaciones políticas de los cambios de sillón en el consejo, aireadas tras la salida de Soledad Gallego-Díaz de la dirección de El País hace sólo unos días y el regreso de Javier Moreno. Mirat quiso desmentirlas en la junta general: “Nosotros no representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés. Ejercemos el periodismo en su más noble, clásica y comprometida acepción, aunque muchas veces no seamos comprendidos, e incluso seamos atacados. En la historia de esta casa ha habido muchos intentos de ese estilo y siempre han prevalecido la consistencia y la fuerza de nuestros fundamentos. Y así continuamos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destituido a Fernando Garea como presidente de la Agencia Efe, según ha hecho público el propio periodista en un comunicado enviado este lunes a toda la plantilla. En el mensaje, Garea explica que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, le había trasladado la decisión de Pedro Sánchez el pasado sábado.

Fernando Garea fue nombrado presidente de la agencia estatal el 27 de julio de 2018, por lo que su mandato ha durado sólo 19 meses. Procedía de El Confidencial, aunque buena parte de su carrera la hizo en El Mundo, para pasar después a Público y El País, siempre como corresponsal político. Su sustituta en el cargo será la periodista de El País Gabriela Cañas, según publica el propio periódico.

“Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”, recalca dos veces en su comunicado a la plantilla: “En esta despedida me reafirmo que en que, como dice el Estatuto de la Redacción: ‘Efe es propiedad de la sociedad en su conjunto”. Garea hace un repaso de las iniciativas que ha puesto en marcha en la agencia durante el tiempo que ha permanecido en el cargo y recuerda la gala con que se celebraron los 80 años de la agencia, el pasado día 5.

En ese acto“se materializó el cumplimiento de la exigencia de neutralidad y pluralidad que debe defender EFE con la nutrida presencia de representantes de todos los partidos políticos”, explica Fernando Garea. La gala fue además un homenaje, asegura, “a los trabajadores y trabajadoras que han sacrificado sus vidas personales y familiares para contar lo ocurrido en España y en todo el mundo en este tiempo”. Esos trabajadores que “tienen interiorizado el llamado estilo Efe que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad”, añade, y que “son los que tienen muy claro” ese mensaje de que una agencia pública no es una agencia del Gobierno.

Garea detalla las medidas que ha tomado a lo largo del año y medio de su gestión al frente de la agencia, tras constatar que la agencia necesitaba una renovación que él incluso califica de “cambio radical”, basado en su “diversificación”. “Cambios en los contenidos, nuevas narrativas multimedia, una unidad de verificación, acuerdos con agencias internacionales, un plan de periodismo automatizado y una mejora y actualización de la marca” son algunas de las iniciativas puestas en marcha, así como una nueva área de gestión y la creación de un departamento de auditoría y el reforzamiento del área jurídica. Finalmente, también se ha elaborado un plan estratégico, a petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que pertenece la agencia, “para abordar el futuro y el rejuvenecimiento de la plantilla”, según indica.

Con una plantilla de más de 3.000 periodistas, la Agencia Efe cuenta con delegaciones en 120 países y con cuatro mesas de edición en Madrid, Bogotá, El Cairo –en árabe– y Río de Janeiro –en portugués–. Su principal mercado es el latinoamericano.

Gabriela Cañas fue jefa de Local y Sociedad en El País. Especializada en asuntos sociales, entre 2000 y 2005 ejerció como corresponsal en Bruselas. Entre 2006 y 2008 ocupó el cargo de directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este jueves que es "bastante sucio" remover los temas de su familia y su posible implicación en irregularidades de Avalmadrid y acusó a Más Madrid de querer "embarrar el campo" al asegurar que llevará este caso ante la Fiscalía.

Un día antes, al terminar el Pleno de investidura de la nueva presidenta madrileña, el diputado autonómico y senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño, aseguró que su formación llevará ante la Fiscalía las informaciones acerca de la relación que ha tenido la ya presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la empresa Avalmadrid por su "posible implicación en un alzamiento de bienes".

En declaraciones a los medios de comunicación tras concluir el Pleno de investidura que ha proclamado como presidenta regional a Díaz Ayuso, Rubiño señaló que todas las informaciones publicadas sobre la relación de la presidenta con Avalmadrid, adelantadas por infoLibre, "tienen que ver con su persona y responsabilidad".

Este diario ha informado de que Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres en Madrid aceptó la donación con la que evitó el embargo de los acreedores. La deuda, contraída por los padres de la presidenta y seis socios más, era con Avalmadrid, una empresa semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital. Su objetivo es facilitar y ayudar a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. Avalmadrid lleva siete años incumpliendo el acuerdo de su Comité de Morosidad de embargar bienes a los padres de Ayuso. La deuda supera a día de hoy los 260.000 euros.

En declaraciones a los medios de comunicación al asistir a la Festividad de la Virgen de la Paloma, Díaz Ayuso aseguró que Más Madrid "puede hacer lo que le venga en gana" pero su familia es "honrada", informa Europa Press.

"Deleznable" hablar del patrimonio de un político

La presidenta electa señaló que es "deleznable" hablar del patrimonio de un político y de su familia y que esto solo demuestra que la izquierda tiene "mal perder". "Meter a la familia y a alguien que no está como es mi padre es algo a mi juicio reprochable y que yo jamás haría con ningún adversario político", dijo.

Asimismo, reiteró que su familia es "austera y trabajadora" y que ha creado puestos de trabajo, pero que con la crisis ha tenido problemas económicos, y explicó que hay familias de políticos que "dan pelotazos y les va mucho mejor la vida", pero que ese no es su caso.

Por último, se mostró "tranquila" con este tema y mantuvo que no quiere seguir hablando más de ello porque tiene una familia "que no tiene la culpa" del cargo que ella ostenta.

Escrito a la presidenta de Más Madrid

De forma paralela, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha enviado un escrito certificado a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, instándole a que actúe para recuperar el dinero que debe a la entidad semipública la empresa MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los padres de la dirigente del PP.

"El objetivo de las acciones legales que le insto a iniciar es el de garantizar la integridad patrimonial de la entidad Avalmadrid, que usted preside, mediante la recuperación de las cantidades que quedan pendientes de abonar por parte de MC Infortécnica SL y sus avalistas solidarios", advierte Gutiérrez en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. El diputado facilita el nombre de las ocho personas que avalaron de forma solidaria el préstamo, otorgado en 2011 por un importe de 400.000 euros. Eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% de la compañía. Una de esas parejas era la formada por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la ahora candidata de PP a presidir la Comunidad de Madrid.

Según Ayuso, que no desmintió ni uno sólo de los datos publicados en las diversas informaciones, publicar esos hechos es un intento de "atacarla políticamente". "Esto se circunscribe a mi familia y pido respeto", concluyó.

Pese a las declaraciones de Díaz Ayuso, lo cierto es que las informaciones de infoLibre tienen que ver directamente con la actuación de la dirigente del PP. En concreto, las preguntas que este lunes le trasladó este periódico respecto a la donación del local de oficinas fue la siguiente:

Y prácticamente las mismas preguntas le fueron planteadas hace seis semanas, cuando infoLibre publicó los datos sobre la primera donación recibida, la del piso en el centro de Madrid.

La respuesta literal de la dirigente del PP este lunes, a través de su portavoz, fue la siguiente: "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada y ella no era persona relevante en la política". 

Pero este periódico no le había preguntado por el estado de salud de su padre –fallecido en 2014– ni por la situación laboral de su madre, sino por su participación en una operación de transmisión de bienes realizada presuntamente de forma ilegal. En una donación hay dos partes: el donante –en este caso, ambos progenitores en el piso y únicamente su padre en el local de oficinas– y el donatario, la persona que recibe los bienes –en este caso, Isabel Díaz Ayuso–. Todas las preguntas están relacionadas con la actuación de la política del PP, no con la de sus padres.

El artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.

La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público. Uno de los acreedores de los padres de Ayuso era Avalmadrid, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.

Juristas consultados por este periódico explicaron que, en relación a un presunto alzamiento de bienes, también hay que tener en cuenta el artículo 1297 del Código Civil, que presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos celebrados en fraude de acreedores son rescindibles. El artículo siguiente (1298) estipula que quien "hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas".

Desmarcarse de Aguirre y Cifuentes

En una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Madrid en el marco de los preparativos para la convocatoria de su investidura, tras lograr el apoyo combinado de Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, Ayuso trató también de desmarcarse de las últimas presidentas de la Comunidad, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, que cite a las dos como investigada –figura conocida anteriormente como imputada– por la presunta financiación irregular del PP regional.

Ayuso pidió respetar la presunción de inocencia de ambas y, aunque aseguró que “no reniega de nadie”, su obligación es mirar ”para adelante”. La candidata del PP a la investidura intentó minimizar su vínculo con Cifuentes y con Aguirre diciendo que su “nexo” con ellas cuando estaban en la Presidencia fue como el de “cualquier militante y afiliado en el PP durante las épocas que fueron presidentas”, informa Europa Press.

“Lo que toca en estos momentos es respetar la presunción de inocencia, yo tengo la obligación de ver y mirar para adelante y renovar este proyecto y de encauzar una nueva etapa. Cuando la Justicia hable haremos nosotros lo propio. Mis responsabilidades, en el caso de Aguirre, se centraban más en un perfil técnico o de periodista en un partido político pero ahora soy otra persona, con otro perfil y otra etapa. No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo esa obligación”, aseguró a modo de explicación.

En cuanto a que Cifuentes haya señalado en su cuenta de Twitter que todo lo que le ha ocurrido es por “levantar alfombras”, Ayuso se limitó a decir que ella no es su “portavoz” sino que de lo que se tiene que responsabilizar es del proyecto de la Comunidad de Madrid en los próximos años y de hacer un proyecto transparente para luchar “con todos los medios” contra la corrupción.

Ninguno de los 10 principales periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. Lo certifica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) con los datos de 2018. La continuada e imparable caída de la prensa escrita en la última década permite a El Paísmantenerse como diario más vendido en la calle con un promedio de sólo 85.594 ejemplares el año pasado. Es el único, además, que supera los 60.000 ejemplares. Porque los tres siguientes vendieron de media en quiosco sólo 56.091 periódicos –El Mundo–, 54.950 –La Vanguardia– y 52.161 –Abc–. El resto no llega ni a 50.000 ejemplares diarios.

Aunque todos bajaron el año pasado en su difusión total con respecto a 2017, con una pérdida conjunta de 91.161 ejemplares, el 11,2%, el que más ha acusado la caída ha sido El País, que casi duplica esa media con un desplome del 21,4%. Le sigue en el retroceso El Periódico, con un recorte en su difusión total del 16,3%El Periódico. La bajada de los ocho restantes no llega a los dos dígitos, pero aun así es considerable: un 8,9% La Vanguardia y un 7,8% El Mundo, como más destacados. La difusión total incluye la venta en quiosco, las suscripciones, las ventas especiales (por ejemplo, suscripciones colectivas) y las entregas gratuitas.

Si se pone el punto de mira sólo en la venta en quiosco, la pérdida de los 10 principales periódicos es de 48.755 ejemplares en conjunto, un 10,1%. En este caso la cabecera que más cae es La Vanguardia, La Vanguardiacon unas ventas medias en 2018 un 16,1% por debajo del año anterior. El Periódico retrocede en quiosco un 12,5% y El País, un 12,4%. El Mundo pierde un 10,8%. Los diez principales periódicos bajaron las ventas en el quiosco: el que sufrió la menor pérdida fue El Diario Vasco, con una bajada dle 6,5%.

Esas caídas de venta en la calle, traducidas en ejemplares, suponen que El País dejó de colocar una media de 12.180 periódicos diarios el año pasadoEl País, el que más, seguido de El Mundo, con 6.860El Mundo. El Abc perdió 4.748 ventas en promedio y El Periódico, 4.726.

Por lo que a las suscripciones se refiere, es El Periódico el más perjudicadoEl Periódico, con un importante descenso del 38,1%. El País le sigue de cerca con una caída del 36,6%. El resto de los diarios pierden también suscriptores, pero en porcentajes muy alejados: La Razón retrocede un 6,37% y La Vanguardia un 5,92%. El único que crece en suscripciones es El Diario Vasco, pero sólo un 0,52%.

  EL PAÍS

La espectacular caída del diario del grupo Prisa se explica por la supresión de su edición impresa en Latinoamérica a partir del mes de junio del año pasado. En suscripciones El País ha perdido 23.190 copias de media en 2018.

A la vista de los datos de OJD, el cambio de dirección en el periódico, también ocurrido en junio del año pasado, no ha revitalizado las ventas en el quiosco, aunque se mantienen sin grandes oscilaciones mes a mes. En cualquier caso, El País terminó diciembre con una media de ventas en la calle de 84.420 ejemplares, tras alcanzar un mínimo del año de sólo 80.705 en noviembre. Había terminado diciembre de 2017 con 93.585 periódicos vendidos en quiosco.

El País es el único periódico que en difusión total –la suma de la venta en quiosco, las suscripciones individuales y colectivas, los ejemplares gratuitos y otros canales especiales– superó en 2018 la barrera de los 100.000 ejemplares, al situarse en 137.552.

  LA VANGUARDIA

La cabecera catalana es la que más suscriptores individuales tiene, más incluso que El País, una media de 54.950. La cifra, además, duplica el número de ejemplares que vende en quiosco –sólo 22.070–. Sólo La Vanguardia y La Voz de Galicia colocan más periódicos mediante suscripciones que en la calle, pero las del diario gallego apenas superan en 3.300 a sus ventas en quiosco. Ambos son periódicos con difusión autonómica y, pese a que la población de Cataluña casi triplica la gallega, La Voz de Galicia vende en quiosco más que La Vanguardia. De hecho, es el diario catalán el que vende menos en la calle de las 10 primeras cabeceras.

En 2018, su difusión total se situó en 96.345 ejemplares.

  EL MUNDO

El periódico de Unidad Editorial apenas pierde suscripciones en 2018, sólo 277, un 1,56%, pero es el segundo que más retrocede en ventas en quiosco, con una media de 6.860 ejemplares. De ahí que, con 56.091 diarios colocados en la calle, y sólo 17.417 suscriptores individuales, su difusión total no llegue a los 90.000 ejemplares en promedio –89.580–.

  ABC

En quiosco la cabecera de Vocento vende 52.161 ejemplares, tras perder un 8,34% el año pasado. Las suscripciones han bajado un 5,3%, por lo que se quedan en 12.227. En total, su difusión media el año pasado fue de 74.271 diarios.

  LA RAZÓN

El periódico que diige Francisco Marhuenda es la cabecera nacional con menos suscriptores individuales, sólo 2.895. Tan sólo cuentan con menos entre los 10 primeros de la clasificación de OJD dos diarios regionales, El Diario Vasco y La Nueva España. También es el que más oscilaciones experimenta en su venta en quiosco según el mes. El motivo son las promociones. Así, pasa de colocar un máximo de 60.938 ejemplares de media en septiembre de 2018 a un mínimo de 25.531 el mes anterior. Pese a ese esfuerzo comercial, La Razón ha perdido un 7,6% de sus ventas en la calle.

Este periódico logra, además, un 30% de su difusión por la vía de lo que OJD califica como de "pago especial", aquella en la que el diario se vende conjuntamente con otra publicación por menos del 50% del precio de portada.

Su difusión total se situó el año pasado en 65.135 copias.

  LA VOZ DE GALICIA

De las cabeceras de difusión autonómica, el diario de A Coruña es el segundo del ránking, con 61.868 ejemplares. Pero sólo vende en el quiosco 25.049, menos que por suscripción –28.443–. Y la caída en las ventas en la calle ha sido considerable, un 10,8% en 2018.

  EL PERIÓDICO

El diario del grupo Zeta atraviesa horas bajas, con un desplome de las suscripciones del 38,0% que le ha dejado con sólo 6.570 abonados individuales. En la calle se ha dejado otro 12,6% y consigue colocar 32.818 ejemplares.

Al igual que ocurre con La Razón, el 30% de la difusión del periódico catalán es de "pago especial".

Con una difusión total de 60.870 diarios, es la segunda cabecera con mayor pérdida de ejemplares en términos absolutos, 11.917 ejemplares.

  EL CORREO

El periódico vasco de Vocento también tiene un número pequeño de suscriptores, 6.556. En quiosco coloca 48.153 ejemplares, más que La Razón, pese a haber perdido un 7,2% de esas ventas en el último año. Su difusión total es de 57.547 diarios.

  EL DIARIO VASCO

Es la cabecera con menor número de suscriptores, 1.732 de media en 2018, pero también la única que los ha aumentado en el último año, aunque con una cifra mínima: nueve, un 0,52% de mejora. En quiosco vende 40.814 ejemplares, tras haberse dejado un 6,5%. Su difusión total ascendió a 43.652 copias diarias.

  LA NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano del grupo Prensa Ibérica tiene una difusión total de 34.877 ejemplares, de los que 31.793 los vende en quioscos. La cifra es un 8,6% inferior a la de 2017. Suscriptores individuales posee 1.828 en promedio, más que El Diario Vasco.

El periódico El País tuvo una difusión media en 2017 de 175.000 ejemplares, de los cuales correspondían a ventas en España el 68,34%, unos 119.600 diarios. El resto los vende el grupo Prisa en el extranjero, principalmente en América Latina. De hecho, según datos internos oficiales de El País a los que ha tenido acceso infoLibre, la República Dominicana resulta ser allí su principal mercado, con una difusión del 9,28% del total. Es decir, en la isla caribeña colocó en 2017 unos 16.200 ejemplares, más que en Cataluña –donde vendió el 7,24%, unos 12.700 diarios– o Andalucía –el 6,12%, 10.700 periódicos–. Sólo en la Comunidad de Madrid tiene el periódico insignia de Prisa más difusión que en la República Dominicana: el 27,39%, casi 48.000 ejemplares. 

Esa es la difícil herencia numérica que ha dejado Antonio Caño, cesado el pasado mes de mayo como director del principal periódico de papel de España. El mes de la destitución de Caño las cifras habían empeorado respecto a la media de 2017: la difusión total fue de 160.000 ejemplares, de los que sólo se colocaron en España un 66%, en torno a 105.000.

Preguntado por este periódico, un portavoz de El País declinó hacer comentarios sobre la distribución del periódico en los diferentes mercados y se remitió a los datos que publica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Esta organización no ofrece públicamente cifras por países, simplemente se limita a dar el dato global de venta en España y en el extranjero, aunque sí que las recibe y audita de los medios cuya difusión controla.

Aunque la difusión en República Dominicana es la más llamativa por su volumen, en otros países de aquel continente también tiene cifra significativas. El 6,5% de la difusión total de El País se coloca en México, conviertiendo a este país en el cuarto mercado más importante del diario de Prisa, por detrás de Madrid, la isla caribeña y Cataluña, y justo por delante de Andalucía. También son importantes los datos de Estados Unidos (6% de la difusión total) y Argentina (5%). En todos estos países Prisa firmó acuerdos para distribuir el periódico de forma conjunta con cabeceras nacionales. Pero el pasado mes de mayo Prisa dejó de imprimir el diario en cinco de los siete países latinoamericanos donde hasta ahora lo distribuía. Sólo mantiene las ediciones de México y Argentina.

Pierde 23.600 ejemplares en el último año y medio

La cifra de difusión de un periódico de papel incluye cinco categorías diferentes: venta en quiosco, suscripciones individuales y colectivas, venta en bloque y gratuita. Así, El País vende en el quiosco unos 97.750 ejemplares, según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre. Otros 58.500 los coloca a través de suscripciones individuales. Las suscripciones colectivas y de patrocinios ascienden a sólo 1.400 ejemplares, mientras que la denominada “venta en bloque” alcanza los 11.200 diarios de media. El resto corresponde a la difusión gratuita, que OJD permite contabilizar como parte de la difusión total siempre que no supere el 5%. En el caso de El País equivale a casi el 3,5%, unos 6.000 periódicos.

De acuerdo con las cifras de OJD, en el último año y medio las ventas del primer periódico español no han dejado de caer. Desde enero de 2017, cuando vendía 183.700 ejemplares, hasta el pasado mes de mayo, El País ha reducido su difusión casi un 13%, tras perder 23.600 diarios vendidos. Ahora, además, la proporción de sus ventas en el extranjero es incluso superior a la media de 2017. Fuera de España coloca ya el 34% de sus ejemplares, casi tres puntos porcentuales más.

El comité de empresa de Unidad Editorial denuncia la “situación de emergencia” en que la política de de ahorro de costes y de personal de la empresa ha sumido a algunas secciones de El Mundo. Desde que el empresario italiano Urbano Cairo compró el grupo RCS, propietario de Unidad Editorial, no se cubren las bajas, ni las producidas por los periodistas que abandonan el periódico, ni las temporales por permisos de maternidad o por enfermedad. También se han congelado los ascensos. Sólo desde mediados del año pasado más de una decena de redactores han dejado el diario, o porque han recibido ofertas de otros medios o por falta de promoción interna, explican los representantes de los trabajadores. Al mismo tiempo, El Mundo ha aumentado de forma notable, dice el comité en una nota dirigida a la plantilla, el número de columnistas.

“La redacción de El Mundo celebra que el periódico apueste por la excelencia con la incorporación de firmas importantes de la prensa española”, destaca el comité, pero también critica que la empresa destine el dinero a contratar opinadores mientras sobrecarga de trabajo a los redactores de unas secciones cada vez más escasas de personal. Desde 2009 Unidad Editorial ha acometido cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que han supuesto el despido de un millar de trabajadores.

En cambio, acaba de recontratar como columnistas a David Gistau y John Müller, que ya habían trabajado antes en El Mundo. El primero lo abandonó en 2013, tras siete años en las páginas de Opinión del periódico que entonces dirigía Pedro J. Ramírez. El segundo, director adjunto del diario, se acogió de forma voluntaria en el último ERE y en 2016 fue contratado en El Español, el periódico digital fundado por Pedro J. Ramírez. Allí permaneció sólo año y medio, hasta que el pasado verano se trasladó a trabajar a Chile.

Bajar los sueldos a unos para fichar a otros

El comité de empresa denuncia, además, el “agravio comparativo” que la empresa inflige al resto de los columnistas de El Mundo, a quienes ha bajado el salario para contratar a los dos mencionados. En el caso de John Müller, los representantes de los trabajadores critican que la empresa le contrate después de haberle indemnizado en el ERE. “El argumento de la falta de dinero para personal no se aplica por igual a todos los trabajadores”, resume el comunicado.

“A este paso vamos a tener más columnistas, opinadores y analistas que redactores”, reprocha el comité a la empresa, a la que recuerda que son éstos, “no los columnistas ni los opinadores, quienes “diariamente, en dilatadas jornadas laborales, sacan adelante el periódico gracias a su trabajo”.