La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detuvieron este martes a Juan Manuel Vidal Padín, alias El Burro, considerado uno de los mayores capos gallegos de la droga. Las fuerzas de seguridad llevaban tres décadas tras sus pasos, pero no habían conseguido pillarlo. Las cosas empezaron a cambiar en noviembre de 2019, cuando se incautaron en la playa de O Foxo (Pontevedra) del primer narcosubmarino transoceánico de Europa. Bautizado como Che, su rastro llevó hasta una organización colombiana que había transportado más de tres toneladas de cocaína hasta la ciudad de Leticia, en la entrada del río Solimões. De allí, en lanchas rápidas, se hizo llegar la mercancía a la zona de Santarém, más allá de Manaos, ya en Brasil, en plena Amazonia, donde se cargó en el narcosubmarino que cruzó el Atlántico rumbo a Galicia. Detrás de ese alijo, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia situaron entonces a Juan Manuel Vidal Padín. Así lo revelaron los Narco Files, la investigación internacional coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con el apoyo de CLIP (Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas), que publicaron en España infoLibre y Narcodiario en noviembre de 2023.

De hecho, la DEA solicitó en 2021 a Colombia que interceptara las comunicaciones de El Burro, sobre el que habían puesto el ojo los policías del país sudamericano. Un año antes, las autoridades de Bogotá ya habían empezado a investigar las empresas que Vidal Padín, con un pie en ese país desde hacía años, utilizaba para sus negocios ilícitos junto con un socio colombiano y familiares de ambos. Habían montado, aseguraban los investigadores colombianos, “una organización orientada al tráfico de estupefacientes, valiéndose de semisumergibles, partiendo de Colombia, cruzado el Atlántico, hasta llegar a España”.

En marzo de 2023, fue hallado otro semisumergible, el Poseidón, de 23 metros de eslora, medio hundido cerca de Vilaxoán, en la Ría de Arousa, y abandonado por sus tripulantes tras descargar casi cinco toneladas de cocaína. La policía española enseguida lo relacionó con Juan Manuel Vidal Padín. El martes, los agentes lo detuvieron junto a otras cuatro personas. También registraron sus empresas Invermar, una firma náutica, y Hermanos Vidal Padín, dedicada al comercio al por mayor de pesca y marisco, según informaron Faro de Vigo y La Voz de Galicia. En sus naves, la policía encontró una narcolancha con cuatro motores y otra a medio construir.

infoLibre trató de contactar con Vidal Padín a través de varias de sus empresas, sin éxito.

La operación se ha desarrollado sólo unos días después de otra en la que se registraron una docena de viviendas y locales de Noia y Bertamiráns (A Coruña), Vilanova de Arousa, A Estrada y Portonovo (Pontevedra). Se decomisaron dos planeadoras más, así como moldes para construirlas. Hubo cinco detenidos en un primer momento. El operativo se vincula con la aparición de dos narcolanchas abandonadas en las playas de Espiñeiredo y O Rial, en el municipio coruñés de Ribeira, en febrero de 2023, sólo unos días antes de que fuera hallado el Poseidón al otro lado de la ría. Del cerco policial escaparon, no obstante, dos lugartenientes de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico capo gallego: José Manuel F. y Francisco Javier P. R.

Sito Miñanco se encuentra en la cárcel a la espera de juicio en la Audiencia Nacional junto con el resto de su organización, que, en teoría, fue desmantelada en la Operación Mito en 2018. Entonces, el capo gallego fue detenido en Algeciras y acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. El fiscal pide para él 29 años de cárcel. Miñanco tiene ahora 69. De ellos, ha pasado entre rejas casi una tercera parte: fue condenado en 1993 a 20 años de prisión por un delito contra la salud pública, en 2004 por el mismo delito a 16 años y 10 meses y en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a tres años y nueve meses de cárcel.

Estas últimas detenciones revelan que el narco gallego sigue vivo, con capos ahora más discretos que los históricos Miñanco –su vida ficcionada fue un éxito de audiencia con la serie Fariña– o el explosivo Laureano Oubiña –que ha escrito sus memorias, pero sin mucho tirón editorial–. Como en el caso de El Burro, han cambiado de operativa y de ruta, y no dudan en cruzar el Atlántico para traer la cocaína siguiendo el curso del Amazonas.

Construyen submarinos –el Che se encuentra expuesto en la Escuela de la Policía Nacional en Ávila–, pero también sus propias narcolanchas, que no son sólo un preciado medio de transporte en Barbate (Cádiz). Hay que recordar que fueron los narcos gallegos los primeros que presumían de su pericia para navegar por las rías de noche y sin luces esquivando las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Queda por ver si la detención de algunos de sus hombres en Bilbao y Gijón estos como resultado de estas últimas operaciones no es un indicio de que los narcos gallegos han decidido extender su campo de acción más al norte, primero a las Rías Altas y luego al Cantábrico.

Aunque, en el caso de Vidal Padín, lo cierto es que no ha dejado de estar en el radar de la policía, los jueces, los medios de comunicación y hasta de Hacienda desde los años 90. Incluso ha estado a punto de ser llevado ante los tribunales en varias ocasiones. Y fue denunciado por la Agencia Tributaria por fraude fiscal en 2012. Porque tan importante como su actividad delictiva ha sido la empresarial. Es dueño de un buen número de sociedades, la mayoría dedicadas a la náutica. Pero no solo eso. De hecho, fueron unas conversaciones de El Burro grabadas por el SVA las que pusieron a la Policía sobre la pista de Jorge Dorribo, el empresario lucense que incriminó al exministro de Transportes José Blanco en la que luego se conoció como Operación Campeón.

La instrucción de la causa, un fraude de subvenciones y cohecho a cambio de comisiones, se prolongó durante seis años, pero se cerró con penas menores para la decena de procesados. El caso contra el ministro socialista había sido archivado por el Tribunal Supremo antes, en 2013. Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, aseguró que se había reunido con José Blanco en una gasolinera de Lugo y que había pagado 200.000 euros a un primo del ministro para acelerar gestiones en los ministerios de Hacienda y Sanidad.

En esa causa, sin embargo, no apareció Juan Manuel Vidal Padín, pese que Dorribo le había ofrecido ayuda para solicitar subvenciones al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Tanto un exdirector como un subdirector de ese organismo dependiente de la Xunta de Galicia fueron condenados a seis meses de multa y un año de suspensión de empleo público. Además, Dorribo había comprado dos yates a través de El Burro y los había puesto a nombre de su esposa, pero eran utilizados por el presunto narco para su ocio.

Vidal Padín consiguió desarrollar sus negocios a la vista de todos durante años, pese a la perenne sospecha que le rodeaba. Pero han sido los submarinos, precisamente su operativa más osada, los que finalmente ha hecho posible reunir pruebas suficientes a ambos lados del Atlántico para detenerlo.

El exministro de Consumo y exlíder de IU, Alberto Garzón, ha anunciado que renuncia a incorporarse a la consultora Acento, que dirige el exdirigente socialista José Blanco, ante la "incomprensión" que ha generado su inminente fichaje en su espacio político. Así lo ha trasladado en un mensaje en la red social X, para detallar que toma esa decisión con no dañar a las organizaciones políticas a las que "tanto tiempo y energía" ha dedicado, según ha recogido Europa Press.

"No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros de militancia, en su necesaria misión de lograr el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales. Siempre he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considero que debe seguir siendo así", incide en esa misiva.

De esta forma, Garzón declina asumir la Dirección de Prospectiva Geopolítica de la consultora, para lo cual estaba solo pendiente de un informe favorable de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este lunes la entrada de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla en el Consejo de Administración de Enagás, y ha defendido la necesidad de legislar contra lo que su formación denomina "puertas giratorias".

"No nos parece que sea una buena práctica en democracia", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el fichaje que se conoció hace unos días de Montilla y Blanco en el citado Consejo de Administración, que se produjo junto al de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos.

Echenique ha reafirmado que la posición de Podemos respecto a la práctica que supone que "altos cargos de Gobiernos anteriores pasen a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresa" es "bien conocida" --la formación morada hizo de la prohibición de las llamadas "puerta giratorias" uno de sus principales caballos de batalla" desde su nacimiento en 2014--.

Preguntado en concreto sobre el caso de los socialistas Blanco y Montilla --tendiendo en cuenta que ahora Podemos comparte Gobierno de coalición con el PSOE--, Echenique ha señalado que "no se trata de personalizar", pero ha abogado por prohibir las "puertas giratorias". "No se trata de personalizar. Nuestro planteamiento es general y he sido cristalino. Creo que personas que han tenido altas responsabilidades en Gobiernos del Estado, que han sido ministros o presidentes de Comunidades Autónomas no deberían entrar a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresas con grandes salarios", ha enfatizado.

Así, ha defendido que "eso habría que evitarlo y habría que legislar para que haya incompatibilidades claras en este sentido". "Sean estas personas del PP, del PSOE, del PNV o de Junts", ha apostillado. Precisamente el pasado jueves el grupo de Catalunya En Comú Podem en el Parlamento catalán registró una proposición de ley en esta cámara para prohibir las "puertas giratorias" para los expresidentes de la Generalitat, y que no puedan entrar a formar parte de consejos de administración de grandes empresas y de las del Ibex 35, tras conocerse el fichaje de Montilla.

Echenique ha defendido que esto no tiene nada que ver con que el Gobierno nombre cargos de confianza, como hacen "todos los gobiernos". "Es obvio que un ministro o un secretario de Estado tiene que formar sus equipos con persona, por un lado con solvencia técnica, y por otro, de confianza", ha afirmado. "Esto es lógico y sería impensable formar gabinete con gente en la que uno no confía. Esto cuando lo hace un gobierno de derechas no merece ni medio titular, y cuando lo hace un gobierno progresista hay portadas con enchufes gigantes. Hay una doble vara de medir", ha criticado.

El nombramiento como consejeros independientes de Enagás de los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, así como de Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía y afín a Unidas Podemos, ha recuperado la atención pública para las puertas giratorias, una práctica inveterada de políticos y grandes empresas. Enagás, propiedad en un 5% del Estado a través de la SEPI, no ha hecho más que reincidir en una vieja costumbre. Ya en 2014 metió en su consejo de administración de una tacada a dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, al ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, al ex director general de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy Luis Valero y al expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana, luego miembro de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro. Entonces gobernaba el Partido Popular. Hoy, con el PSOE al mando, Enagás ha optado por dar otro color a su consejo utilizando idéntico método que hace seis años, convertir a expolíticos en consejeros independientes. Y en ambos casos asegura que para seleccionarlos ha recurrido a los servicios de una empresa externa.

La lista de políticos y empresas enredadas en las puertas giratorias es larga y está repleta de nombres de primera línea. Desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Nicolás Redondo (FCC)...

Pese a los cambios normativos y a la cada vez mayor sensibilidad pública hacia los comportamientos corporativos tras la última crisis, las grandes empresas siguen sentando a ex altos cargos en sus máximos órganos de dirección, independientemente de su valía técnica, mientras los políticos parecen incapaces de resistirse a la llamada de los gigantes del ÍBEX 35. No importa el partido.

Cuando el pasado martes los periodistas le preguntaron al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, por los nombramientos en Enagás, se limitó a apelar a la “responsabilidad” del consejo de administración, la junta de accionistas y la comisión de nombramientos de las empresas, y dejó el juicio sobre su idoneidad en manos del mercado. “Nosotros respetamos lo que hacen esos órganos y el mercado tiene en cuenta el tipo de gobierno corporativo de las compañías a la hora de valorarlas”, resumió.

Como, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó los nombramientos por el hecho de que hubieran sido propuestos por uno de los principales accionistas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Albella se remitió también a la Guía Técnica sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, publicada por la CNMV el año pasado. “La guía tiene un apartado en la que se admite como algo aceptable o incluso natural que los consejeros dominicales [designados por los accionistas] o los accionistas significativos propongan nombres de consejeros”. Aunque esa guía también advierte de que en esos casos debe “extremarse la cautela”, matizó a continuación.

Un artículo sobre el que no tiene competencias

Lo cierto es que desde que la nueva Ley de Sociedades de Capital, tras su reforma en 2014, estableció los requisitos para ser consejero independiente, el campo que tienen las empresas para sentar en sus consejos a personas inadecuadas debería haberse restringido. Deben ser designados “en atención a sus condiciones personales y profesionales” y ser capaces de “desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La ley obliga a empleados o consejeros ejecutivos de la propia empresa a esperar tres y cinco años, respectivamente, para optar a esos puestos. Tampoco pueden acceder como independientes si perciben “cualquier cantidad o beneficio” de la empresa, “salvo que no sea significativa”. No precisa qué entiende como significativa. Además, excluye de esos pagos los dividendos y complementos de pensiones. Si han sido socios del auditor externo de la compañía o consejeros o altos directivos de una tercera empresa donde se sienten otros consejeros o altos directivos de la suya, no pueden ser nombrados consejeros independientes. Lo mismo si han sido proveedores, asesores o consultores de la sociedad durante el último año o han trabajado para una entidad que haya recibido donaciones de la empresa, aunque se lo permite a los patronos de las fundaciones. La ley excluye igualmente a cónyuges y parientes hasta el segundo grado de cualquier consejero ejecutivo o alto directivo. Y no pueden permanecer en el puesto durante más de 12 años.

Todas ellas, por tanto, condiciones lógicas y que no incumplen los políticos nombrados en Enagás, sin ir más lejos.

En cualquier caso, ese precepto no se encuentra entre los artículos que quedan bajo supervisión de la CNMV, tal y como establece la propia Ley de Sociedades de Capital en su disposición adicional séptima. El regulador bursátil sólo tiene competencias sobre el contenido del informe anual de gobierno corporativo, regulado en otro artículo de la misma ley. Es decir, únicamente puede actuar en caso de que haya “errores u omisiones” en ese documento que las empresas cotizadas están obligadas a enviar cada año a la CNMV. Entonces, no obstante, se limita a “solicitar información adicional” a las compañías. Aunque, si encuentra “omisiones o datos falsos o engañosos”, puede imponer a la sociedad un sanción por infracción grave, explica a infoLibre un portavoz del organismo.

“Debería ser más proactiva y hacer más controles”“Debería ser más proactiva y hacer más controles

La Guía Técnica de 2019 a la que se refirió Sebastián Albella describe los criterios de la CNMV sobre cómo deben actuar las comisiones de nombramientos. Por ejemplo, recomienda recurrir a una empresa externa para elegir a los candidatos a consejeros independientes, lo que hizo Enagás, como queda dicho más arriba. También invita a la comisión a recabar información “de manera periódica y al menos anualmente” sobre las actividades y “potenciales conflictos de interés” no sólo del candidato sino también del consejero una vez nombrado.

Es más, el regulador deja en manos de la comisión de nombramientos –aconseja que tenga una mayoría de consejeros independientes– la tarea de verificar “en general” si el candidato va a desempeñar sus funciones “sin verse condicionado por sus relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La pregunta en este punto es si los ex políticos del PP nombrados en 2014 en Enagás y los del PSOE y Unidas Podemos nombrados ahora hicieron y harán su trabajo con independencia de los gobiernos que marcan las directrices de la SEPI, el accionista que los propuso.

Precisamente, la guía insta a la comisión a “extremar la cautela” cuando el candidato a consejero independiente lo proponga un accionista significativo, un consejero dominical o uno ejecutivo, y reclame “cuanta información considere oportuna” para asegurarse de que el aspirante “no tiene vinculaciones que pudieran condicionar su independencia”. En general, la CNMV pide a los miembros de esta comisión que actúen “con una actitud crítica y de escepticismo, sin dar por buenas sin más las propuestas e informes de personas ajenas a la comisión, en particular los de ejecutivos y altos directivos de la entidad”. Una actitud que considera “especialmente necesaria” cuando tienen que evaluar a los candidatos a consejeros independientes propuestos por consejeros ejecutivos o dominicales.

¿Es suficiente, pues, la vigilancia que ejerce la CNMV sobre las puertas giratorias? Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y socio del despacho Écija Abogados, cree que no. “Debería ser más proactiva y hacer más controles”, apunta. A su juicio, esa mayor supevisión “no iría en detrimento sino en beneficio de las empresas, porque haría más transparente y seguro el mercado”. Hurtado Bueno reclama además que la CNMV no haga sólo controles exante exante–previos al nombramiento de un consejero– sino también expost;expost es decir, que vigile las operaciones aprobadas por la empresa “de forma permanente, pero sin paralizar el mercado”.

Sólo el 14% eran realmente independientes

Un estudio realizado por los profesores de la Universitat de les Illes Balears Rafel Crespí-Cladera y Bartomeu Pascual-Fuster sobre las empresas cotizadas españolas entre 2004 y 2009 reveló que el 56,3% de los consejeros clasificados como independientes en realidad no lo eran tanto: incumplían al menos uno de los ocho criterios que habían establecido ambos expertos para determinar su independencia. Mientras que las 135 sociedades que cotizaban en Bolsa en esos años declaraban contar con un 32,5% de independientes en sus consejos, el filtrado que hicieron Crespí-Cladera y Pascual-Fuster los reducía hasta el 14,2%.

Al aplicar los mismos criterios a las comisiones de auditoría, el estudio descubrió que, mientras que las empresas declaraban un 49,4% de independientes, sólo el 21,2% aprobaban el cribado más estricto. En el caso de las comisiones de nombramientos y remuneraciones, el 50,4% de independientes reconocidos por las compañías se recortaba hasta un 24,1% si se les aplicaban los nuevos criterios. Lo mismo ocurría cuando eran independientes quienes presidían los comités: según las empresas, la mitad de ellas contaba con uno al frente de ambos órganos, pero el filtrado los reducía a un tercio.

Según los autores del estudio, el porcentaje de consejeros erróneamente clasificados como independientes se redujo con el tiempo, sobre todo a partir de 2007, cuando entró en vigor el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo o Código Conthe, bautizado así por Manuel Conthe, el presidente de la CNMV entonces. Aun así, en 2009 el número de consejeros que aprobaban el cribado estricto de Crespí-Cladera y Pascual-Fuster no superaba el 50% ni el 33% en los comités de auditoría y nombramientos. Los consejeros que presidían ambos órganos tampoco eran realmente independientes en el 16% de las empresas analizadas.

Siete de los ocho criterios formulados por los profesores de la universidad balear coinciden con los incorporados cinco años después en la Ley de Sociedades de Capitales, pero también incluían uno nuevo: que no representen a una persona jurídica. Se trata, explican, de criterios estandarizados, equivalentes a los que rigen en Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido.

En un estudio posterior, Crespí-Cladera y Pascual-Fuster analizaron los informes anuales de gobierno corporativo que las empresas enviaron a la CNMV entre 2004 y 2012, y los cruzaron con las listas de altos cargos de los gobiernos y parlamentos autonómicos, estatales y europeos. El 4,5% de los consejeros resultaron ser expolíticos, una proporción que se elevaba al 6,6% en las empresas de mayor tamaño y descendía al 2,2% en las más pequeñas. De esos 551 políticos devenidos en consejeros, el 56,5% habían sido nombrados como independientes, pero también había un 27,8% de dominicales y un 11,9% de ejecutivos.

No obstante, los autores aseguran que sólo han encontrado “alguna evidencia de deterioro del gobierno corporativo” cuando los expolíticos actúan como consejeros dominicales o ejecutivos, no cuando funcionan como independientes. “No encontramos que la incorporación de expolíticos a los consejos de administración genere efectos negativos sobre los intereses de los accionistas de forma sistemática, sobre todo si actúan como independientes”, explica a infoLibre Bartomeu Pascual-Fuster, “un asunto distinto es su efecto sobre la economía en general, si se daña la competencia y una empresa obtiene favores respecto a otras pese a ofrecer peor calidad y a precios más altos”.

Consejos de administración poco profesionales

A juicio del profesor balear, los expolíticos aportan a la empresa su conocimiento de la esfera pública y, aunque no sepan de negocios sí pueden tener experiencia en gestión. “Eso no está reñido con que cumplan su obligación de controlar y supervisar el trabajo de los altos directivos de la empresa para proteger a los accionistas”, defiende. Pero considera escandaloso que un porcentaje tan alto de independientes no cumplan los requisitos. “Que no nos vendan como independiente un consejero que es dominical”, protesta.

“Aún en 2007 no era infrecuente que los consejeros, todos señores mayores, se pasaran el tiempo leyendo el periódico mientras tú presentabas un informe”, recuerda Gloria Hernández, socia de finReg 360. El cambio, subraya, ha sido “brutal”: “Ahora los consejeros te preguntan y te repreguntan, y se nota la diversidad: son más jóvenes, vienen de distintas procedencias y hay mujeres”. Deja claro que se ha avanzado mucho en una profesionalización de los consejos que era necesaria. El nivel de exigencia ha aumentado desde aquellos consejos de administración que se presentaban como “regalos al final de las carreras profesionales de muchos”. “Ahora la comisión de nombramientos debe analizar si los candidatos saben de leyes y entienden de números para supervisar la labor de los altos ejecutivos y darse cuenta de que el director financiero lo está haciendo bien o mal, por ejemplo”, detalla la abogada. Pero al tiempo reconoce que una persona con “contactos” también “aporta” a la empresa.

Alonso Hurtado advierte, no obstante, de que “aún queda mucho camino” que recorrer en la profesionalización de los consejos. “Hay que reconocer que venimos de la nada”, resalta. El vicepresidente de Ascom sostiene en cualquier caso que los consejeros independientes han ayudado mucho en ese cambio –“meten presión al resto”–, y critica los nombramientos de expolíticos en Enagás precisamente porque “van en detrimento” de esa profesionalización. También por las “formas”: “Demasiado evidente; no es lo mismo un político profesional que un técnico magnífico que se mete en política”, concluye.

Una Oficina de Conflictos de Intereses que no funciona

Gloria Hernández Aler considera que la CNMV “lo está haciendo bien, el camino de la regulación es acertado... pero largo”. Y que también hay que poner el foco en la otra parte del conflicto: las incompatibilidades de los políticoslas incompatibilidades de los políticos. La también vocal de Ascom echa en falta “algún tipo de restricción, mediante una ley o un código” que regule la salida de los altos cargos públicos. Alonso Hurtado acusa a la Oficina de Conflictos de Intereses de no ser independiente. “Está adscrita al Ministerio de Función Pública, cuando debería depender del Congreso”, reclama. “No conozco ningún caso en que la Oficina de Conflictos de Intereses haya paralizado un nombramiento”, denuncia.

En 2016 el Tribunal de Cuentas desveló que, al menos entre 2012 y 2014, la oficina no verificaba las declaraciones de bienes e intereses que los altos cargos están obligados a presentar antes y después de ejercer sus responsabilidades. Sólo solicitaba aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecieron en la prensa. Tampoco analizaba la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporaba a la función pública, a un organismo internacional o se empleaba en una empresa. De hecho, desde que se creó, en 2006, y hasta febrero de 2018, la oficina sólo vetó el 1,98% de las solicitudes de altos cargos, nueve de 453 presentadas. La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha tenido una responsable desde su fundación, Flor María López Laguna, toda una superviviente que ha sido refrendada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y continúa con el de Pedro Sánchez.

Gloria Hernández pone en valor que la CNMV pida información a las empresas cuando surgen dudas sobre la independencia de los consejeros y que les exija que corrijan el nombramiento si los han “clasificado inadecuadamente” o si alguno de ellos ha superado los 12 años en el puesto –en Reino Unido son menos: nueve años–. Pero Alonso Hurtado destaca que no se hagan públicos los casos en que la CNMV ha dado esos “toques de atención” a alguna compañía por haber incumplido los requisitos de independencia. Gloria Hernández califica de “razonables” los límites impuestos por la ley, pero también los considera “ficciones jurídicas”. Un consejero delegado, añade, “no se vuelve independiente al cabo de tres años”, el plazo fijado para que un ejecutivo pueda ser nombrado consejero independiente. Y lo mismo ocurre con los políticos, que deben dejar pasar dos años antes de emplearse en una empresa de un sector sobre el que hayan tenido competencias durante el ejercicio de un cargo público. “Nadie se libra de sus contactos en dos o tres años”, objeta la abogada.

A juicio del vicepresidente de Ascom, la selección de los consejeros independientes debería imitar los sistemas de compliance,compliance de cumplimiento normativo. Es decir, “que las empresas demuestren que han sido diligentes”. También la CNMV debería concretar sus recomendaciones. Y si las compañías cotizadas no cumplen, debería aplicarles un régimen sancionador, “apartando al consejero o incluso anulando las operaciones en las que estuvo implicado”. Esas recomendaciones más detalladas, reclama Alonso Hurtado, tendrían que ser como las de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que conjugan flexibilidad y contundencia. Aunque no son de obligado cumplimiento, recuerda, no hay banco que se atreva a ignorarlas.

Enagás nombrará consejeros a los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como a Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y de El Observatorio Crítico de la Energía, afín a Podemos, en su próxima junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio.

Así consta en el orden del día remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la compañía insta a los accionistas a hacer uso de los medios de representación y voto a distancia o de asistencia telemática dadas las circunstancias excepcionales actualmente existentes por el covid-19. En todo caso, confirmará, con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de celebración de la junta, mediante la publicación de un anuncio complementario, el régimen de celebración y la posibilidad o no de asistencia física.

Los nombramientos como nuevos consejeros independientes de Blanco, Montilla y Gallego fueron llevados por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, presidida por Ana Palacio, a la última reunión del órgano rector de la compañía, celebrada el pasado lunes, dando el visto bueno a su idoneidad. Las incorporaciones de estos nuevos consejeros deberán ser ratificadas por la junta general de accionistas de Enagás -empresa participada en un 5% por el Estado a través del holding público SEPI-.

El consejo de administración cuenta actualmente con trece miembros, el presidente ejecutivo, Antonio Llardén, el consejero delegado, Marcelino Oreja, ocho consejeros independientes, dos consejeros dominicales, ambos en representación de la SEPI, y un vocal con la condición de experto.

Cuenta con la presencia de cuatro mujeres, entre ellas las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino. También forma parte de él Antonio Hernández Mancha, quien fuera presidente de Alianza Popular entre 1987 y 1989.

Las consultas a las bases se cruzan el camino de la izquierda hacia posiciones de poder. Dos casos, Barcelona y Navarra, este último directamente conectado con la posible formación de una mayoría para investir presidente a Pedro Sánchez, ilustran cómo la obligación autoimpuesta de consultar a los militantes las decisiones postelectorales chocan con los intereses inmediatos de la dirigencia política. Ambos casos, que experimentaron este viernes giros y tensiones, están pendientes de resolución, pero tienen algo en común: la existencia de presiones y maniobras para reducir en lo posible el margen de decisión de la totalidad de los militantes. Son problemas que la derecha no tiene. PP, Cs y Vox concentran la decisión sobre los pactos en sus líderes –Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal– y el más estrecho círculo en torno a estos.

Con la gobernabilidad estatal, autonómica y municipal en juego, los partidos maniobran para lograr el doble objetivo de maximizar su poder contraviniendo lo mínimo posible sus compromisos previos, sin provocar crisis internas ni enojo en las bases. Los grupos de izquierdas, como PSOE, Unidas Podemos y Barcelona en Comú, lo hacen además con la obligación de consultar a las bases sobre cualquier pacto postelectoral. No obstante, allí donde surgen dudas sobre la posible respuesta de las bases, saltan chispas e incluso se pone en duda la obligatoriedad de las consultas o su carácter vinculante.

En la segunda mayor ciudad de España, Barcelona, Ada Colau podría presentarse a una votación de investidura de incierto resultado sin someterse a la consulta de la totalidad de los inscritos, como sí hizo en 2017 cuando les preguntó si romper con el PSOE de Miquel Iceta tras la aplicación del 155. El motivo es que esta vez no hay un pacto que someter a consulta, lo que hace que la consulta sea una posibilidad y no una obligación. Colau sí sometió este viernes su voluntad de acudir a la investidura ante el plenario de activistas, el equivalente al consejo o comité estatal de otros partidos, al cuya reunión acudieron cerca de 500 personas. Este órgano tiene entre sus funciones "validar las grandes decisiones políticas". Es decir, no se saltó los reglamentos de BeC, pero tampoco convocó a la totalidad de los inscritos para una consulta. Colau salió airosa de la votación: obtuvo 457 síes y 27 noes. Si llegara a algún pacto antes de la investidura, debería someterlo obligatoriamente a la votación de unos 10.000 inscritos. Si llega sin haber pactado nada, le vale con este aval del plenario.

En Navarra la candidata socialista, María Chivite, rechaza de plano hacer presidente al candidato conservador de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Cs, que ofrece a Pedro Sánchez en Madrid los dos diputados de UPN en el Congreso, opción que podría interesar en Ferraz. Los Estatutos y el reglamento del partido son claros: debe decidir de manera obligatoria, exclusiva y vinculante la militancia navarra. Pero ya se han alzado voces en el PSOE (Carmen Calvo) que han puesto en duda que la soberanía de la militancia navarra esté por encima de la decisión última de Ferraz.

PSOE: Mucho en juego en Navarra

En cuanto a consultas a las bases, sobre el papel no hay duda en el PSOE: los pactos los deciden las bases. La posición de los socialistas es ahora clave en la definición de los gobiernos autonómicos de Canarias y de Navarra, que a su vez pueden tener influencia en la propia investidura de Pedro Sánchez, especialmente en el caso de la comunidad foral. Pamplona es ahora mismo un punto caliente del tablero negociador. Y en las manos de los militantes del PSN puede recaer una decisión con repercusiones en toda España.

La normativa interna emanada del 39º congreso, el que aupó a Sánchez a la Secretaría General en junio de 2017, lleva la vitola de materializar aquella promesa del hoy presidente de "devolver el PSOE a las bases". Atendiendo a la letra de sus Estatutos y su reglamento, la militancia debe ser consultada sobre los acuerdos postelectorales en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas, siendo la expresión de su voluntad totalmente vinculante. Menos claro está qué y cómo y cuándo se pregunta. Y cómo será la aplicación en la plaza Navarra.

Los Estatutos establecen que la Comisión Ejecutiva Federal, es decir, la dirección del partido, y las ejecutivas autonómicas, insulares, provinciales o municipales deberán convocar consultas en el nivel territorial que corresponda sobre los acuerdos de gobierno o sobre el voto para la investidura de otro partido. El reglamento federal que desarrolla los Estatutos establece que las consultas a las bases en estos casos son obligatorias y vinculantes. Además, se realizarán "al nivel territorial que corresponda". Es decir, en cada municipio o comunidad se debe realizar una consulta con los militantes de ese municipio o comunidad. Traducción al caso: no votaría toda la militancia del PSOE lo que hacen en una sesión de investidura los diputados del PSN en Navarra, sino que lo decidiría la militancia navarra. Eso, al menos, dice la normativa.

Las negociaciones de gobierno a múltiples bandas conspiran para complicar la ecuación navarra. La coalición conservadora de UPN, PP y Cs, llamada Navarra Suma, ha obtenido 20 escaños, por 11 del PSN, 9 de Geroa Bai, 7 EH Bildu, 2 de Podemos y 1 de Izquierda-Ezkerra. Con esos números, el PSN tiene la llave. UPN ha ofrecido a los socialistas el voto favorable a Sánchez de sus dos diputados en el Congreso si el PSN deja gobernar a Navarra Suma en la comunidad foral. A esta opción se opone la candidata socialista, María Chivite, que se quiere presentar a la investidura, eso sí, con una línea roja: no pactar nada con EH Bildu, pese a que se apoyo es imprescindible para salir investida.

Ferraz no ha frenado los planes de Chivite, pero ha dado síntomas claros de mirar con agrado la hipótesis del intercambio con UPN, al que no se han opuesto ni PP ni Cs. Carmen Calvo llegó a decir este jueves que Ferraz, que tiene como "prioridad" la formación de gobierno a nivel estatal, se reserva la "última decisión de algunas cuestiones trascendentales". Pero el propio presidente, preguntado el jueves al respecto, dijo que la decisión es de la militancia navarra: "Está reglado y tasado en los estatutos del partido. Con lo cual, en fin, es que en eso no hay cuestión, no hay debate, es así”.

Así las cosas, y con los Estatutos y el reglamento en la mano, sería obligatorio y vinculante preguntar a la militancia navarra –sólo a la navarra– por una posible abstención que hiciese presidente al candidato de Navarra Suma, Javier Esparza. También sería obligatorio preguntar a la militancia navarra –sólo a la navarra– por un acuerdo de gobierno con Geroa Bai y otras fuerzas políticas, con una formulación que podría hacer referencia o no al hecho de que esta fórmula requeriría la abstención de EH Bildu. En la memoria del socialismo navarro aún persiste el agostazo, una maniobra política de Ferraz en 2007 por la que el secretario de Organización, José Blanco, impidió la formación de un gobierno entre Nafarroa Bai, PSN e IU, dando el gobierno a UPN en coalición con la Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN). Todo gracias a la abstención del PSN. "Tenemos en la mente presente el agostazo", advirtió este jueves el secretario de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz.

Hay más plazas donde el PSOE tiene frentes abiertos. En Canarias el PSOE de Ángel Víctor Torres es la fuerza más representada, con 25 escaños, pero la mayoría absoluta está lejos, en 36. Sería alcanzable con fuerzas progresistas: Nueva Canarias (5), Podemos (4) y Agrupación Socialista Gomera (3). Junto con los socialistas, podrían sumar 37. Ocurre que el segundo partido más votado es Coalición Canaria, que gobierna las islas desde 1993 y tiene 20 escaños. Y no sólo eso. También tiene dos diputados en el Congreso, cuyo apoyo podría necesitar Sánchez. Al día siguiente de las elecciones el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se mostró abierto a un pacto con Coalición Canarias en las islas –"tenemos que abordarlo–, pero lo cierto es que los socialistas canarios se mueven para conformar un acuerdo con los partidos progresistas sin que hasta la fecha haya intervenido Ferraz.

Con la normativa en la mano, la militancia canaria tendría que decidir si se gobierna con CC o con las fuerzas progresistas.

No habrá ni siquiera que mirar los reglamentos en Extremadura y Castilla La Mancha, donde el PSOE ha obtenido mayoría absoluta. La ecuación es también fácil a priori en Baleares, Asturias y la Rioja, donde hay números para un gobierno del PSOE apoyado en otras fuerzas de izquierdas. En Cantabria el PSOE podría completar, como hizo durante la pasada legislatura, la mayoría del PRC de Miguel Ángel Revilla.

Todas estas decisiones –los pactos liderados por el PSOE con ayuda de Podemos u otras fuerzas de izquierdas y el apoyo a Revilla– deberían, con el reglamento en la mano, ser consultadas de forma obligatoria, exclusiva y vinculante a las bases de las respectivas comunidades. Lo mismo ocurre con el pacto que ha alcanzado el PSOE de Javier Lambán con los conservadores del PAR, al que esperan atraer a Ciudadanos.

La toma de decisiones sobre pactos en el PSOE se volvería potencialmente más conflictiva en caso de pacto con Ciudadanos, siempre que haya alternativa. Aún se recuerda el cántico "¡con Rivera no!" con el que los militantes lanzaron su particular advertencia a Sánchez la misma noche del 28 de abril. Sánchez tomó nota. No obstante, este es un escenario lejano. Ciudadanos niega apoyo al PSOE casi por sistema, y siempre cuando el PSOE tiene la alternativa de Podemos. Rivera ha sido claro e insistente en que votará no a la investidura de Pedro Sánchez.

Barcelona en Comú: paso al frente de Colau

En 2017 Barcelona en Comú planteó una pregunta a sus más de 9.500 inscritos: "Dado el apoyo del PSC/PSOE a la aplicación del artículo 155, ¿Barcelona En Comú debe poner fin al pacto de gobierno con el PSC en la ciudad para gobernar en solitario?". De los alrededor de 3.800 participantes, un 54,18% votó por la ruptura. Y Ada Colau rompió con el PSC. Ahora Barcelona en Comú vuelve a estar en una encrucijada, pero más difícil.

Las municipales han propiciado un empate a diez concejales entre ERC y los comuns, aunque con los independentistas como fuerza más votada. Ello ha dado la iniciativa al candidato de ERC, Ernest Maragall, que no encuentra socios suficientes para su investidura. Colau dice que estaría dispuesta si también se suma el PSC de Jaume Collboni (8), pero este no quiere. Y Colau rechaza la fórmula de ir con ERC y la derecha de Junts. Así las cosas, Manuel Valls, que ha logrado 6 concejales, ha ofrecido el apoyo a BeC de sus ediles –aunque no es seguro que todos lo siguieran por ese camino– para evitar, si Collboni también se suma a la maniobra, un gobierno independentista.

La actual alcaldesa ha rechazado públicamente la propuesta, pero al mismo tiempo este viernes los comuns han anunciado que se presentará candidata a la investidura. Formalmente pretende el apoyo de ERC y PSC, aunque ambos socios potenciales se vetan entre sí y rechazan la fórmula. La decisión de Colau podría, como cualquier asunto "de especial relevancia", ser sometida a votación de las bases, de la misma forma en que se hizo en 2017. No obstante, desde BeC señalan que El Comú, como se llama al órgano conformado por el conjunto de las bases, sólo tiene que ser consultado si hay un acuerdo que someter a consulta. Es decir, "si hay pacto", como apuntan desde BeC. Se remiten a su reglamento, que establece que El Comú debe ser consultado para "aprobar o rechazar pactos con otras fuerzas políticas". En este caso, en efecto, no hay pacto, por lo que formalmente no hay obligación de preguntar. Pero sí existe esa posibilidad, como la hay para "cualquier asunto que se considere de especial relevancia", como dice el reglamento. La pregunta ahora es: ¿Considerará Colau "de especial relevancia" la decisión de presentarse a una investidura en la que podría salir investida alcaldesa con el apoyo del PSC y Valls, aunque no tenga un acuerdo con ellos?

infoLibre trasladó a BeC la pregunta de si no se consideraba esta una decisión de "especial relevancia" que justificara la consulta a todos los inscritos. La respuesta fue que se trata, en efecto, de un "asunto relevante", motivo por el cual se llevó al plenario, que también es un órgano representativo y de gran relevancia. Los comuns subrayan que, al no haber pacto, no hay obligación de convocar a los 10.000 inscritos del Comú, y recalcan la legitimidad del plenario. Dicho órgano es un espacio deliberativo para la "toma de decisiones estratégicas", según el reglamento. Entre sus funciones está la de "validar las grandes decisiones políticas".

Este viernes el plenario validó la decisión de Colau de presentarse a la investidura. La candidata de Barcelona en Comú salió victoriosa de la votación: obtuvo 369 y 17 noes. Ahora se da una situación curiosa. Si llegara a algún pacto antes de la investidura, el día 15, debería someterlo obligatoriamente a la votación de unos 10.000 inscritos en el Comú. Si ese día llega sin haber pactado nada, no lo necesitará. El PSC ya ha advertido de que quiere un acuerdo previo. 

Unidas Podemos: preguntar antes de gobernar

Los Estatutos de Podemos señalan que es competencia de la "Asamblea Ciudadana Estatal", es decir, de todas las personas filiadas, "aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas". El documento establece también que se "podrá" convocar la asamblea ciudadana para llevar a cabo "consultas de carácter vinculante sobre elementos de gran relevancia política por decisión del secretario general –actualmente Pablo Iglesias–, la mayoría simple del Consejo Ciudadano, un 10% de los afiliados y un 20% de los círculos activos. Por procesos similares se rigen las asambleas autonómicas y municipales, según establecen los Estatutos.

El documento organizativo de Podemos, aquel con el que el equipo de Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique ganó Vistalegre II, le da al conjunto de los inscritos la facultad de "aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral, así como de gobierno, en que participe Podemos". Es una formulación similar a la recogida en este documento para las asambleas autonómicas y municipales. Con esta letra, podría discutirse si hay que consultar a las bases para un acuerdo postelectoral en el que Podemos no sea gobierno, por ejemplo, para abstenerse y dejar gobernar a Sánchez sin entrar en el Ejecutivo. Ahora bien, es difícil entender que cualquier pacto postelectoral pueda quedar fuera de lo que la normativa del partido llama "asuntos de especial relevancia política u organizativa", sobre los que debe pronunciarse siempre la asamblea ciudadana del nivel que corresponda.

La secretaría de Organización de Podemos no ve margen para la incertidumbre y asegura que cualquier decisión de pacto postelecteral se adoptará en el ámbito que corresponda, estatal, autonómico y municipal, mediante consulta a las bases del territorio concernido. Además no habrá –subrayan– imposiciones desde Madrid. Desde Podemos señalan específicamente que tendrá que haber consultas allí donde sean necesarios pactos, como Baleares, Asturias o La Rioja, y recuerdan que Iglesias es un convencido de esta fórmula que ya ha manifestado públicamente que la posición de Podemos en relación con la investidura y la formación de gobierno será sometida a la voluntad de la militancia. La voluntad clara de la dirección de Podemos es entrar en el gobierno.

En cuanto IU, los Estatutos son claros para el caso de que haya que entrar en un Ejecutivo, sea el estatal o uno autonómico o local: "La posibilidad de un acuerdo de gobierno se considerará motivo inexcusable para la convocatoria de referéndum a cualquier nivel de dirección". No obstante, la dirección de IU ya se ha mostrado contraria a entrar en gobiernos con el PSOE.

Merece comentario el caso de Más Madrid. Íñigo Errejón, candidato en la Comunidad de Madrid, se ha mostrado abierto a un pacto PSOE-Cs-Más Madrid. El caso es meramente hipotético, porque todo apunta a un acuerdo PP-Cs-Vox. Pero, en caso de que la idea de Errejón pudiera llegar a materializarse, ¿tendría que pasar por las bases? Reglamentariamente no sería obligatorio. "No está regulado", señalan desde el partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, donde explica que hasta el momento las decisiones recaen en los grupos municipal y autonómico.

PP, Cs y Vox: decisiones en la cúpula

Los partidos conservadores se calientan bastante menos la cabeza que los de izquierda con las consultas. No hay por qué preguntar a las bases sobre pactos postelectorales según los estatutos de PP, Ciudadanos y Vox. El caso de la fuerza ultraderechista es curioso, porque renovó sus estatutos en febrero, tras su éxito electoral en Andalucía, para eliminar incluso las primarias. En el poco tiempo que lleva en primera línea Vox ya ha retrocedido en democracia interna. No se prevén en Vox mecanismos de participación de la militancia en lo referente a la decisión sobre los pactos postelectorales.

El PP, en cambio, ha hecho algún avance en democracia interna. Pablo Casado se convirtió el año pasado en el primer líder elegido en primarias. No obstante, no ha dado ningún paso para abrir a la decisión de los pastos postelectorales al conjunto de la militancia. El partido, cuestionado por infoLibre por el órgano responsable de la decisión final sobre los pactos, señala al comité constituido tras las elecciones del 26M, que coordina la posición a nivel estatal, autonómica y de ayuntamientos. El equipo está dirigido por el secretario general, Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y por el vicesecretario Javier Maroto, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y la coordinadora de campaña de las municipales y autonómicas, Cuca Gamarra. Es decir, un estrecho círculo de colaboradores del presidente del partido. El PP considera incluso en sus estatutos una "infracción muy grave" que se asuman acuerdos "de carácter político" con otros partidos sin consultar con los "órganos jerárquicamente superiores del partido o de los grupos institucionales".

La posición y la normativa ante la formación de gobiernos del PP, el segundo partido más votado, y Vox, el quinto, no tiene ahora excesiva relevancia a priori, ya que ambas formaciones son inequívocas en la línea a seguir: quieren pactos entre ellos y con Cs allí donde sea posible, si bien la formación de ultraderecha dice que condiciona su apoyo que la formación naranja negocie directamente en una mesa a tres, no como en Andalucía. De hecho, PP y Vox alcanzaron ya este viernes un "principio de acuerdo" para gobernar en las localidades donde suman mayoría. Sin ninguna consulta a las bases.

Más relevante es lo que haga Cs, que tiene la llave de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón y Murcia, así como de los ayuntamientos de once capitales: Madrid, Zaragoza, Huesca, Burgos, Palencia, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Granada y Jaén. El partido indica que la decisión corresponde al comité de negociación de gobiernos creado tras las elecciones. Lo lidera el secretario general, José Manuel Villegas, y forman también parte los responsables de Organización, Fran Hervías, Acción Institucional, José María Espejo, y Comunicación, Fernando de Páramo. El núcleo duro de Rivera. Todas las "propuestas de negociación", que se definirán en diálogo con los niveles autonómicos y municipales de los partidos, serán trasladadas al Comité Ejecutivo, la dirección del partido, según explicó Inés Arrimadas en la constitución del comité.

El PSOE ha fichado al politólogo y sociólogo francés Sami Naïr para su lista a las elecciones europeas del 26 de mayo. Naïr, que ha colaborado con Pedro Sánchez en ocasiones anteriores en calidad de asesor, sobre todo en materia de inmigración, irá de número tres en la lista que encabeza Josep Borrell y que tendrá como número dos a Iratxe García, actual jefa del grupo español de eurodiputados socialistas. Quedan fuera José Blanco y Elena Valenciano.

La Comisión Federal de Listas, órgano que junto al Comité Federal tiene la última palabra en la confección de las candidaturas, ha aprobado este domingo la lista del PSOE a las elecciones europeas, que queda de este modo:

1. Josep Borrell

2. Iratxe García

3. Sami Naïr

4 Lidia Gálvez

5. Javi López

6. Inmaculada Rodríguez Piñero

7. Ibán García del Blanco

8. Eider Gardiazábal

9. Nicolás González Casares

10. Cristina Maestre Martón de Almagro

11. César Luena López

12. Clara Eugenia Aguilera

13. José Ignacio Sánchez Amor

14. Mónica Silvana González

15. Juan Fernando López Aguilar

16. Adriana Maldonado López

17. Jonás Fernández Álvarez

18. Alicia Homns Ginel

19. Javier Moreno Sánchez

20. Isabel García Muñoz

21. Domènec Miguel Ruiz Devesa

22. Estrella Durá Ferrandis

23. Marcos Ros Sempere

24. Laura Ballarín

25. Raúl Pesquera Cabezas

26. María del Carmen Heras Yuste

27. Yerai Díaz Zbida

28. María Isabel Ayuso Torres

29. Alejandro Colldefors

30. Leonor Martínez Pereda

31. Alvaro Nava Aparicio

32. Alejandra Merchán

33. José Ignacio Asesnsio

34. Isabel Baez Lechuga

35. Alberto González Cabello

36. Guadalupe Rodríguez

37. Omar Villegas

38. Sabrin Yermak

39. Samuel de León

40. Laura de la Torre

41. Anselmo José Borobia

42. Marta López Expósito

43. Jordi Santandreu

44. Sarah Ben el Haj Soulami

45. Luis Planas Herrera

46. Judith Riera

47. José Angel Calle

48. Aroa Jilete

49. Isamel Gutierrez.

50. Ana Lenochka

51. José María Gómez Santamaría

52. Concepción Martín

53. Víctor Manuel Royo

54. Inés Gutierrez Salazar

55. Pedro Ródenas

56. Naioa Garces

57. Gabriel Raposo

58.Angelina Calbet

59 Luis Yáñez Barnuevo

El exministro de Fomento José Blanco ha señalado este lunes en el Congreso que en la construcción y puesta en servicio de la línea de Alta Velocidad de Madrid a Santiago en la que se produjo en 2013 el accidente del Alvia, "no se tuvo en cuenta el tiempo electoral" y recuerda que se cumplieron los plazos de ejecución marcados por los contratos.

Durante su intervención en la comisión que investiga el accidente que causó 80 muertos y dejó 144 heridos, ha apuntado además que los modificados que se plantearon "conllevaron retrasos" y no un recorte en el tiempo de ejecución para llegar a inaugurar antes de las elecciones de 2011.

En este sentido, ha reforzado su argumento señalando que durante esa época, él estaba sometido a un escrutinio político y personal que, de haberse adelantado plazos para inaugurar, "se hubiera armado la marimorena" y se le hubieran "echado encima". Además, ha puntualizado que las obras que se adelantaron fueron las de electrificación del tramo de Santiago a A Coruña, "pero eso no tiene nada que ver con montaje o seguridad de la vía".

Además, ha recalcado que tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, trasladó a la comisión entre Gobierno y PP, que se generó para el trapaso de poderes, la posibilidad de retrasar la puesta en servicio de la línea y dejarla en manos del nuevo Gobierno. Según ha apuntado, la respuesta que recibió fue que "no había problema alguno en la puesta en servicio".

Durante su intervención inicial, Blanco ha recalcado que "nunca" se le informó ni tuvo conocimiento del cambio del sistema ERTMS embarcado en el tren –un sistema de seguridad ante excesos de velocidad que cuando los detecta para el tren–, por el sistema ASFA –que es una señal de aviso– en el tramo anterior al accidente. Según determinados expertos que han pasado por la comisión, de estar en funcionamiento el ERTMS el accidente no se habría producido.

Blanco, a preguntas de los comisionados, ha matizado este extremo, y ha explicado que otros expertos y técnicos han defendido que a pesar de haber estado en funcionamiento el ERTMS, el accidente se podría haber producido de todas formas, y ha puntualizado que el accidente se produjo por el despiste del maquinista.

Así, ha señalado que "lo anormal" fue que el tren pasara a una velocidad por encima de lo recomendable por la curva de Angrois cunado se había formado al maquinista y a pesar de existir el sistema Asfa de aviso, y ha recalcado que "si el maquinista hubiera hecho" lo que debía, ahora no estarían en esta situación.

"El maquinista ha dicho que cuando tenía que empezar el tiempo de frenada, recibió una llamada telefónica y que eso le desubicó", ha recordado, para añadir que "priorizó la llamada sobre el tiempo de frenada". En este punto se ha mostrado sorprendido de las últimas declaraciones del maquinista, José Garzón, quien aseguró que no se sentía culpable, a lo que ha añadido: "Allá cada cual con su conciencia".

Blanco ha explicado además que tampoco autorizó personalmente la puesta en servicio de la línea ni de los trenes híbridos que circulaban por ella ya que esa no era su competencia sino de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. 

Asimismo, en reiteradas ocasiones, Blanco ha subrayado que a pesar de haber sido ministro, él no es "experto" por lo que no tiene "criterio" técnico para valorar los trabajos y el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

A esto, ha apostillado que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) emitió una opinión sobre la necesidad de haber realizado una evaluación independiente antes de la puesta en servicio de la vía, pero que se trataba de una mera "opinión" y no de un dictamen o resolución. "Hubo expediente de infracción, como tantos otros, se ha corregido, se le ha pedido a la CIAF que emitiera otro informe, y ellos han dicho que no lo hacían porque consideraban que se ajusta a lo que tenían que haber hecho", ha añadido.

En cuanto a las modificaciones en esa vía que surgieron a raíz de decisiones suyas, ha detallado que sólamente adelantó la electrificación del tramo de Santiago-A Coruña y montar la línea con traviesa polivalente de forma que pudiera explotar en toda su vía con ancho internacional y, provisionalmente, en ancho ibérico.

No hubo ninguna estrategia para ofrecer un relato

El exministro de Fomento José Blanco ha señalado en reiteradas ocasiones que nunca sugirió, alentó o participó de ninguna estrategia, "solo o con terceros", para promover un relato sobre el accidente ferroviario de Angrois.

Ante la acusación de que existiera una estrategia entre PSOE y PP para centrar las culpas en el maquinista y de que hubiera un pacto de silencio entre Blanco y Pastor (sucesora al frente del ministerio), el ahora eurodiputado Blanco ha añadido que tampoco tuvo conversación alguna durante su mandato con quien le sustituyó en el cargo al frente de Fomento, y ha matizado que tampoco lo tuvo con ninguna persona del Ministerio de Fomento ni del Partido Popular. "No hubo pacto de silencio, ha habido un silencio que me autoimpuse tras el accidente para no generar polémica", ha concluido.

Reitera sus disculpas

El exministro ha aprovechado su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga el accidente de Angrois para reiterar sus "disculpas" a las víctimas de aquella tragedia ocurrida en julio de 2013.

Al término de su intervención inicial, el ahora eurodiputado socialista ha querido dedicar unas palabras a las víctimas mientras sus representantes se manifestaban a las puertas del CongresoCongreso.

"Finalmente, y una vez más, mis más sinceras disculpas si por acción u omisión, de hecho, o de palabra, a lo largo de este tiempo no he podido o no he sabido contribuir a paliar el dolor causado por esta tragedia", ha señalado.

Blanco ha subrayado que "siempre" hizo lo posible y dedicó "los recursos necesarios" para garantizar la construcción de una línea de alta velocidad competitiva en su integridad a Galicia, en beneficio de los ciudadanos.

A través de una serie de mensajes desde su cuenta de Twitter, Elorza ha cargado contra la decisión de los citados partidos de celebrar una concentración en la madrileña Plaza de Colón para protestar por que el Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar un relator en su diálogo con Cataluña, una decisión que el PP considera una "alta traición a España".

"¿Alta traición de Pedro? ¿Qué ostias nos están contando?", se ha preguntado el socialista vasco en uno de tuits recogidos por Europa Press, en los que también aprovecha para pedir "tranquilidad" al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, por sus críticas al Gobierno en este sentido.

El socialista vasco defiende que "utilizar" la bandera de "todos" como "reclamo" partidista y convocar una manifestación "en nombre de España" es una actitud "miserable" por parte de una derecha "reaccionaria" y "franquista" que, en su opinión, "no tiene límites".

"Ya sabemos de quién habéis aprendido, así que ¿acabareis la manifestación en la Plaza de Oriente? ¿Volvéis a los origenes?, ha preguntado a los tres partidos convocantes, a los que ha comparado con el "Frente Nacional". En su opinión, al líder del PP, Pablo Casado, sólo le falta "apelar al Ejército". "El PP quiere desbordar a Vox (¿quién es la marca blanca de quién?) y Rivera corre desesperado para no perder la bandera del nacionalismo español", dice en otro de sus comentarios.

En la misma línea, el eurodiputado socialista y exministro José Blanco ha centrado sus críticas en el PP, al que ha subrayado que ha sido la "inacción" del expresidente Mariano Rajoy la que ha llevado al país a esta situación con Cataluña y al que ha acusado de practicar "un patriotismo de pacotilla".

"Y al final se acabó con ETA, sin concesiones y aún no han pedido disculpas. Su patriotismo consiste en dividir, confrontar, deteriorar la convivencia. En fin, patriotismo de pacotilla. La inacción de Mariano Rajoy es la que nos llevó a esta situación, es su herencia", ha comentado en su perfil de Twitter.

La comisión que investiga en el Congreso el accidente ferroviario ocurrido en el barrio compostelano de Angrois en julio de 2013 ha decidido citar el próximo 11 de febrero a la que fuera ministra de Fomento del PP cuando se produjo el siniestro, Ana Pastor, y su antecesor en el cargo, el socialista José Blanco, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Las comparecencias de la presidenta del Congreso y del eurodiputado socialista son las últimas que se celebrarán a puerta abierta en esta comisión de investigación, que abrió su ronda de comparecencias en abril de 2018.

Así lo resolvió la Mesa y Portavoces de la citada comisión en su última reunión, en la que según apuntaron a Europa Press fuentes de En Marea también se acordó volver a llamar el mismo día a representantes de las víctimas del accidente, en su caso a puerta cerrada.

También las víctimas, pero a puerta cerrada

La idea inicial de la comisión era que los afectados, que inauguraron las comparecencias de la comisión que preside el independentista Feliu Guillaumes (PDeCAT), pudieran cerrarlas el último día, si bien parece que no todos los grupos ven ahora con buenos ojos su regreso al Congreso. Finalmente, la Mesa y Portavoces de la comisión acordaron esa comparecencia sin unanimidad, pero, eso sí, a puerta cerrada, una decisión que En Marea considera "fuera de lugar".

La del día 11 será la última sesión de esta Comisión, que quedará así ya pendiente de las conclusiones a las que se pueda llegar y en las que se espera que no haya unanimidad debido a las posturas enfrentadas que han mantenido los grupos parlamentarios durante la vida de este órgano.

Por delante, los grupos que la conforman tienen la compleja tarea de establecer unas conclusiones que, tal y como se señala en cada sesión celebrada, ayuden desde el ámbito político a evitar que un accidente de estas dimensiones vuelva a ocurrir.

El Pleno del Congreso ha aprobado por asentimiento la solicitud de la comisión que investiga el accidente del tren Alvia ocurrido en el barrio compostelano de Angrois en julio de 2013 de prorrogar su mandato cuatro meses más, es decir, hasta febrero del próximo año, según informa Europa Press.

A la vuelta del receso estival, los grupos parlamentarios, a instancias del presidente de la comisión, el diputado del PDeCAT Feliu Joan Guillaumes, acordaron solicitar a la Mesa de la Cámara Baja que les autorizase a ampliar sus trabajos, que a priori concluían el presente mes de octubre. Una solicitud que este jueves el Pleno de la Cámara Baja ha avalado sin debate ni votos en contra, por lo que las próximas semanas los grupos podrán seguir llamando a más comparecientes, dejando previsiblemente el último mes para las conclusiones, eso sí, si no se acuerdan más prórrogas.

La comisión que investiga el citado siniestro, que se cobró 80 vidas y dejó a 144 personas heridas, echó a andar finalmente el pasado 10 de julio, casi cinco meses después del accidente y tras meses varada ante la incapacidad de los grupos de ponerse de acuerdo sobre quién debía presidirla.

Los responsables políticos José Blanco y Ana Pastor, los últimos en intervenir

Durante el mes de julio fueron diversos los comparecientes que desfilaron por la comisión, que se abrió con el testimonio del presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez. A él le siguieron otras tantas víctimas, así como el maquinista que conducía el convoy aquel día y el interventor, entre otros.

Las comparecientes han continuado en septiembre y octubre, con los testimonios más técnicos, por lo que en caso de que no se acuerden más prórrogas se espera que en el próximo cuatrimestre las intervenciones de los responsables políticos con implicaciones en el siniestro, entre ellos los dos exministros de Fomento del PSOE y del PP José Blanco y Ana Pastor (esta última, en estos momentos, presidenta del Congreso).

Es irónico que el grandilocuente emprendedor que quiere organizar viajes turísticos alrededor de la luna haya terminado desvelando la falta de comedimiento de nuestros responsables públicos. Resulta paradójico que el multimillonario que pretende colonizar Marte, el que pregona pomposamente la readaptación humana como "especie multiplanetaria" para evitar la extinción, haya terminando poniendo de relieve la desmesura de la política española de construcciones y la falta de realismo de su visión a medio y largo plazo. Es una historia insólita. Pero es tal cual: el Hyperloop, el tren ultrarrápido ideado por el físico, inversor, magnate, inventor y visionario sudafricano Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ha sacado los colores a España por los fiascos y derroches del AVE, que de repente ya no es futuro sino pasado.

El pasado 9 de mayo, en el transcurso de la firma de un protocolo en Málaga entre Fomento, Adif y la entidad The Railway Innovation Hub, una unión de empresas de vanguardia, el ministro Iñigo de la Serna anunció los contactos del Gobierno con la empresa Virgin Hyperloop One para "implantar en nuestro país" tecnologías e infraestructuras vinculadas al tren ultrarrápido. "Es muy ilusionante", afirmó De la Serna, que había asistido personalmente a una de las reuniones. No obstante, se mostraba prudente: "De temas de financiación no les puedo decir nada. Tengo que esperar que se cierre el acuerdo".

La idea está pendiente de cierre. Pero las posibilidades abarcan la realización de pruebas del Hyperloop e incluso el mantenimiento de unidades en España. Suena bien, ¿no? El tren bala es la materialización del penúltimo sueño futurista de Musk. El proyecto consiste en un sistema de transporte mediante la propulsión de pasajeros en cápsulas sostenidas en el aire y desplazadas a través de un conducto de baja presión. Las cápsulas de la primera línea prevista, entre Los Ángeles y San Francisco, deberían llegar a alcanzar los 1.200 kilómetros/hora y cubrir la ruta en poco más de media hora. Es lo que tardaría, por ejemplo, en mover pasajeros de Madrid a Barcelona.

El Hyperloop ya ha supero con éxito pruebas preliminares en Estados Unidos. Sí, el desafío técnico esencial es asequible: el tren vuela bajito en una cámara sin aire, sin rozamiento, cien por cien eficiente. Los propios directivos de la compañía insisten en que, una vez conseguida la propulsión en vacío, sólo queda ir aumentando la velocidad y centrarse en los aspectos de eficiencia energética y económica para hacer viable el proyecto. Todo sonaría a ciencia ficción si las invenciones de Musk no se hubieran demostrado ya no sólo posibles, sino contantes y sonantes. Los coches eléctricos Tesla, por ejemplo.

Hay que poner la lupa sobre la anunciada "negociación" del ministro De la Serna con Hyperloop para descubrir que, lejos de suponer un aval a la política ferroviaria española, constituye el reconocimiento explícito de algunos de sus desafueros. Porque las pruebas del tren ultrarrápido podrían tener lugar bien en las instalaciones construidas para el anillo ferroviario de Antequera (Málaga), que no llegó a desarrollarse pero dejó en vía muerta y sin utilidad un complejo de naves y talleres con una inversión superior a los 13 millones de euros, o en el trazado del AVE entre Marchena (Sevilla) y Antequera, de 77 kilómetros, que está completamente en desuso y supuso un despilfarro de 280 millones de euros. Eso es lo que tiene España que ofrecer a Musk: infraestructuras a medio hacer y abandonadas, para que pruebe allí sus trenes eficientes. España ofrece los restos del naufragio de dos de sus más ambiciosos planes ferroviarios para Andalucía.

El fiasco del anillo ferroviario

El anillo ferroviario de Antequera tenía la vocación de convertirse en el mayor circuito mundial de pruebas de trenes de alta de velocidad. Pero ni siquiera ha llegado a construirse. No obstante, queda sin utilidad un complejo de naves y talleres ya terminado con una inversión de 13 millones de euros. El anillo, que no logró ni el necesario impulso público ni tampoco el interés privado, recibió el pasado año la puntilla definitiva de la Comisión Europea, que determinó que el proyecto "no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que no responde a un auténtico objetivo de interés común". Jaque mate a un proyecto que no tiene sentido sin ayudas públicas.

Los que fueran ministros de Fomento, José Blanco, y Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, pusieron en marcha el proyecto en la última etapa de gobierno del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero. La infraestructura fue presentada en 2011 envuelta en los vapores del optimismo y la modernidad. No se puede decir que la crisis fuera un secreto por entonces. Ya eran evidentes los excesos en infraestructuras pesadas cometidos durante los años de bonanza. Fomento aseguró entonces que el anillo "contribuirá a situar a España a la vanguardia tecnológica mundial en materia ferroviaria". La promesa de empleo ascendía a más de 7.000 puestos de trabajo–4.800 directos y 2.404 indirectos, por ser precisos–, con el desarrollo además de actividades competitivas ligadas a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).

La inversión pública prevista por el Gobierno se aproximaba a los 350 millones, que debían acompañarse de 60 millones de inversores privados. No obstante, cuando España presentó el proyecto a la UE los costes totales ascendían a 358,6 millones, de los cuales 269,1 debían ser europeos. Las cifras han ido bailando en los papeles.

Los planes sonaban futuristas. El circuito, según adelantó Fomento, permitiría pruebas de trenes a 520 kilómetros por hora, cuando en el resto de infraestructuras de este tipo –República Checa, Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos– el tope alcanzado era de 270 km/h. El plan era terminar las obras den 2015. Terminarlas, no empezarlas. Pero ni llegaron a iniciarse.

El PP ganó las elecciones en 2011. Llegado Mariano Rajoy al poder, la ministra de Fomento, Ana Pastor, abrió la iniciativa al sector privado. La crisis castigaba las cuentas públicas y el PP vio la solución en la llamada "colaboración público privada". En abril de 2013, en una vista a Málaga, Pastor aseguró que la viabilidad del proyecto estaba garantizada mediante esta fórmula. "Los estudios de viabilidad y el interés mostrado por el sector privado en las consultas confirman la viabilidad del anillo ferroviario de Antequera", aseguró. No fue así.

La licitación quedó desierta. No se presentó ninguna empresa en el plazo de recepción de ofertas, que concluyó en agosto de 2013. El motivo eran los riesgos para los privados, ya que el proyecto estaba preclasificado para el marco de apoyo comunitario 2007-2013, con lo que la ejecución debía terminar el 31 de diciembre de 2015 o se perderían los ansiados fondos europeos, sin los que el proyecto era imposible. Atendiendo al criterio conservador, ninguna empresa se quiso meter en un jaleo de final incierto.

Los problemas crecieron. En marzo de 2015 Bruselas abrió una "investigación pormenorizada" sobre el proyecto al dudar de su "interés general genuino". El pasado año la Comisión Europea no sólo certificó que el proyecto no tendrá ayudas europeas, sino que ha obligado a Adif a devolver las ayudas entregadas por el Ministerio de Fomento, que el administrador de infraestructuras cifra en 130 millones de euros. España perdió además la opción de presentar una solicitud de fondos para otro proyecto que sí fuera adecuado y ajustado al interés general, en vez de un anillo ferroviario para trenes ultrarrápidos en una zona medioambientalmente sensible, donde ganaderos y ecologistas hicieron desde el principio frente común contra el circuito de pruebas.

El anillo iba a localizarse en el nudo ferroviario de Antequera-Bobadilla, concretamente en terrenos de la conocida como Vega de Antequera, en la provincia de Málaga, afectando a Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra y Benamejí, este último municipio ya en Córdoba. El anillo necesitaba ocupar fincas productivas, lo que hubiera supuesto la pérdida de puestos de trabajo. Fincas, solares y casas se habrían devaluado. El anillo requería la ocupación definitiva de más de 8,2 millones de metros cuadrados. El dinero y los esfuerzos públicos dilapidados por el camino son difíciles de cuantificar. Llegó a adjudicarse la redacción de cinco proyectos. El Gobierno realizó expropiaciones. Y queda al menos una infraestructura ya construida en desuso y sin terminar sus equipamientos. En junio de 2013, con la viabilidad del anillo ya más que cuestionaba, ADIF concluyó las obras del llamado Centro Integral de Servicios Ferroviarios de Málaga, adjudicadas en 2011 a Construcciones Vera. Este centro era algo así como el embrión de lo que debía ser el anillo.

La instalación, construida en terrenos de ADIF en el entorno de la estación de Bobadilla, consta de dos naves contiguas para ensayos y talleres de material ferroviario. Las naves costaron 6,6 millones; los equipamientos interiores, 3,5; los bancos de ensayos, 2,7. Las naves estaban destinadas a laboratorio de ensayo y taller para los trenes. La mayor tiene 220 metros de longitud y 19.140 metros cuadrados y debía albergar cuatro vías de tres hilos, con electrificación para pruebas.

Pero el fiasco del circuito de pruebas afecta a más elementos emblemáticos de la autoproclamada política de vanguardia ferroviaria impulsada en Andalucía por el PSOE, tanto desde la Junta como desde el Gobierno.El Centro de Tecnologías Ferroviarias, que se encuentra en un edificio cedido por la Junta al Gobierno en el Parque Tecnológico de Málaga, nació en 2010 vinculado al anillo y con la vocación de concentrar los trabajos de I+D+i ferroviaria de ADIF. El centro no ha quedado inutilizado, pero sí infrautilizado.

Un tren a ninguna parte

El Ministerio de Fomento ya ha manejado anteriormente otras opciones para darle utilidad al anillo. Ana Pastor rechazó en 2014, cuando el fracaso del proyecto era ya innegable, una propuesta de la Junta de Andalucía, gobernada entonces por PSOE e IU, para utilizar el trazado del AVE entre Marchena (Sevilla) y Antequera, de 77 kilómetros (por 75 que iba a tener el anillo), para ubicar allí el circuito de pruebas. Lo que le ofreció el Gobierno de Susana Díaz era que, ya que no había circuito de pruebas porque no había anillo, se utilizaran las vías abandonadas del tramo de AVE entre Marchena y Antequera. La oferta consistía en reformular la petición a Bruselas para no perder la ayuda europea solicitada y al mismo tiempo dar uso al tramo realizado del llamado "AVE andaluz", una conexión de alta velocidad que financiaba la Junta y en la que se acabaron dilapidando 280 millones de euros para una obra que se quedó a medias y es totalmente inútil. Fomento rechazó la propuesta de la Junta porque no cumplía los requisitos técnicos para "ser competitivo en el ámbito europeo y mundial". Es decir, en el tramo Marchena-Antequera los trenes no podrían alcanzar esos famosos 500 kilómetros/hora.

Ahora las negociaciones con Hyperloop devuelven al primer plano al "AVE andaluz". Únicamente porque no es tan fácil de fotografiar como el famoso "aeropuerto sin aviones" de Castellón, el tramo Marchena-Antequera se ha librado de un lugar de honor en las típicas listas de obras tan faraónicas como inútiles. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha confirmado que las negociaciones con Hyperloop incluyen la posibilidad de utilización de las vías abandonadas. La historia de este otro fiasco hay que inscribirla inscribirla en la fiebre del AVE. El pato había llegado a Sevilla en 1992, coincidiendo con la Expo y encarnando la promesa de modernización del sur de España. La barrera –física pero más aún psicológica– pareció deshacerse como mantequilla al fuego. Aquello no fue únicamente un espectacular avance de las conexiones ferroviarias, sino también un salto cualitativo del papel de la España meridional en la configuración de España, avance que el PSOE supo capitalizar en Andalucía.

Aunque el AVE era y es una competencia estatal, la Junta quiso subirse a aquel tren. El Gobierno autonómico, con Manuel Chaves a la cabeza y la bandera política de la "segunda modernización", se lanzó a la idea de construir AVE. El "AVE andaluz", se le llamó. O "la A-92 ferroviaria", traslación a las vías férreas de la conexión por carretera que vertebra Andalucía de oeste a este. En Madrid José Luis Rodríguez Zapatero se hizo con el Gobierno y dio las competencias de Fomento a Magdalena Álvarez (2004-2009), que había sido consejera de Economía y Hacienda de Chaves. Con la sintonía política plenamente garantizada, ambas administraciones acordaron el desarrollo conjunto del llamado "eje ferroviario transversal". La A-92 ferroviaria. Es decir, la conexión por alta velocidad, de oeste a este, de Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Un eje estructurante de más de medio millar de kilómetros, que a su vez conectaría con líneas de alta velocidad a Jaén, Cádiz y Córdoba.

La seductora idea de Chaves era que en 2013 el 90% de la población andaluza estuviera a menos de una hora de una estación de AVE. El Gobierno andaluz iba a invertir a pulmón 1.100 millones de euros. Promesas de otra era, cuando Lehmann Brothers aún seguía en pie, ni los desahucios ni las preferentes eran noticia y no se hablaba en las tertulias de rescatar economías ni de los vaivenes de la prima de riesgo. La idea de que una red de AVE que abarcaría las ocho capitales iba a permitir moverse a los andaluces a más 250 kilómetros por hora por toda la comunidad casi parece una broma pesada cuando vemos que hoy Granada reclama no ya la alta velocidad, sino líneas convencionales para no tener que ir en autobús a otra provincia antes de viajar a Madrid o a Sevilla. Pero hace una década los ambiciosos planes ferroviarios andaluces ocupaban titulares cargados de fe en el futuro. Velocidad, vertebración, tecnología punta, empleo. Y colaboración institucional. El Gobierno y la Junta se repartieron los tramos. Al Ejecutivo autonómico le tocaba el tramo Sevilla-Antequera (129 kilómetros). Al que presidía Zapatero, el que cubría Antequera-Granada. Luego sería el turno de Almería.

La Junta de Andalucía, con Concepción Gutiérrez como consejera de Obras Públicas, comenzó a acometer su parte de las obras en 2008 para unir Marchena (Sevilla) con Antequera. El resultado es el desastre conocido. La Junta gastó unos 280 millones de euros en 77 kilómetros de plataforma que no sirven para nada. En 2014 la Junta le pidió a Fomento que se quedara con las vías y las usara para las pruebas ferroviarias que no podrán tener lugar en el no-anillo ferroviario. Y la respuesta fue que no. Desde entonces el Gobierno andaluz insiste en que, al menos, retome las obras, consideradas prioritarias por la UE en el marco de la planificación ferroviaria comunitaria. Así se lo ha trasladado el consejero de Fomento, Felipe López, a Iñigo de la Serna. No ha habido acuerdo. Uno de los efectos perniciosos añadidos del empeño andaluz por hacer su AVE es que ha desdibujado los límites competenciales y ahora –con Rajoy en La Moncloa y rota la complicidad política entre instituciones– el Gobierno no quiere quiere hacerse cargo de la terminación de aquello que la Junta quiso empezar por su cuenta y riesgo.

La obra del tramo Marchena-Antequera se paró con la crisis y el drástico recorte del presupuestos autonómico de obra pública. Ahí sigue la plataforma. No hay vías como tales, ni catenarias. Una solitaria plataforma, que la Junta debe además vigilar con cargo al erario público, atraviesa el corazón de Andalucía en un monumento a la infeficiencia y la mala planificación. El paso del tiempo la va deteriorando. La Unión Europea, en el colmo del desastre, ha puesto además reparos a la obra por invadir una zona de protección de aves. En la legislatura del pacto PSOE-IU (2012-2015), la Junta asumió la imposibilidad de continuar la obra y devolvió un crédito multimillonario a Banco Europeo de Inversiones. Ahora la salvación del AVE a ninguna parte pasa por que un multimillonario sudafricano (con pasaporte estadounidense y canadiense) decida que esa plataforma, con el debido acondicionamiento, le podría servir para probar los trenes de levitación del futuro.

Las condiciones están por ver. A De la Serna le preguntaron en Málaga si el acuerdo con Hyperloop implicaría que fuera el Estado el que pusiera el dinero para el acondicionamiento. El ministro no respondió.

Diez meses después de las elecciones primarias en las que Pedro Sánchez reconquistó el liderazgo del PSOE, la división interna entre quienes respaldaron al secretario general y los que dieron su apoyo a Susana Díaz se ha cronificado. Voces autorizadas de ambas partes reconocen a infoLibre que las diferencias siguen tan irreconciliables como el primer día.

El desencuentro se hará visible por primera vez desde las primarias en la Escuela del Buen Gobierno que empieza este jueves en Madrid. La Ejecutiva había organizado cuatro días de coloquios, conferencias y debates con la participación de los dirigentes mas críticos con Sánchez —Susana Díaz, Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Ximo Puig, Javier Lambán, Emiliano García-Page— y el objetivo declarado de escenificar la paz interna. Pero de la foto unitaria diseñada por el sanchismo se han ido cayendo, con diferentes excusas, casi todos los que mantienen discrepancias con el secretario general. A la hora de redactar esta información Díaz seguía sin confirmar si acudirá a Madrid o seguirá el ejemplo de quienes la respaldaron en las primarias y ya se han borrado de la convocatoria —el resto de los citados—.

El plantón es tan significativo como demoledor: lo que iba a ser una celebración de la unidad se ha convertido en una demostración de que las heridas siguen abiertas.

Un dirigente que apoyó la candidatura de Díaz resume la posición de los sectores enfrentados: “Tú no puedes tratar de querer sumar y luego ir decapitando a la gente”, reprocha a la dirección sanchista. Pero tampoco “quien pierde puede atrincherarse” y dedicarse exclusivamente a esperar el momento de devolver el golpe pensando que “ya se estrellarán solos”.

En este momento “parece que los más resentidos son los que han ganado, cuando tendrían que ser los primeros interesados en pasar página. Difícilmente ganaremos [las elecciones] fuera si no somos capaces de sumar dentro”, lamenta.

Nada organizado

Lo que parece claro es que el plantón a Sánchez que ha devuelto la visibilidad a los críticos no es fruto de una decisión coordinada. “No hay nada organizado”, señala otra representante del sector crítico. “Todo el mundo habla con todo el mundo pero nadie hace nada”.

En el hartazgo, reconoce, ha jugado un papel importante el malestar que ha provocado entre los contrarios a Sánchez el trato dado a Elena Valenciano, que no obtuvo el apoyo que pedía para aspirar a la dirección del grupo socialista en el Parlamento Europeo. Pero no por ella, sino porque lo interpretan como una demostración de que el secretario general está dispuesto a cualquier cosa con tal del seguir perjudicando a quienes considera sus adversarios internos. “Es un mensaje destructivo”: ¿Cómo pueden esperar que Rubalcaba acuda a la Escuela de Buen Gobierno si le hacen eso a Valenciano, que no sólo fue una de sus colaboradoras más estrechas sino que sigue formando parte de su círculo más intimo de amistades?, se preguntan las mismas fuentes.

La posición de los críticos, con todo, tampoco es homogénea. Una parte de quienes apoyaron a Susana Díaz, aunque no estén de acuerdo con la estrategia interna y externa de Sánchez, creen que hay que apoyar “sí o sí” a la dirección que ganó las primarias. “Hay que contribuir a que esto salga adelante”, sostienen. Entre ellos se cuentan personalidades del PSOE como José Luis Rodríguez Zapatero o José Blanco, que sí han confirmado su asistencia a la Escuela de Buen Gobierno.

Otro sector, sin embargo, sigue instalado en la batalla interna porque aún se siente maltratado. Aquí los nombres más destacados son Díaz, González y Rubalcaba. El equipo más próximo a Sánchez, acusan, “mantiene desde el día de las primarias la política de ‘a estos ni agua’. Quieren empezar el partido desde cero” y no tienen el menor interés en tender puentes.

Culpan a Sánchez, sobre todo, pero también a determinados miembros de su equipo, como la vicesecretaria Adriana Lastra; el jefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano; el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán; el portavoz Óscar Puente o el secretario de Programas, Javier izquierdo. Solo salvan al secretario de Organización, José Luis Ábalos, porque aunque participa de la estrategia de la Ejecutiva ha demostrado tener, aseguran, un talante mucho menos agresivo que sus compañeros de dirección.

El “sectarismo” de la actual dirección, relatan, comenzó en agosto con la confección de la Ejecutiva. Sin atisbo de integración, humillando a Susana Díaz, y diseñando un Comité Federal “a medida”. Y ha culminado con “un reglamento que parece confeccionado por Maduro”, el presidente de Venezuela, porque blinda a Sánchez aunque después de las elecciones “se quede en 20 diputados”.

Una “política de bandazos”

A la cronificación de las diferencias internas ha contribuido la batalla orgánica, pero también las discrepancias políticas. No se puede anunciar un día que el objetivo es llegar a “diez acuerdos de país” y levantarse del primero que estás negociando, critican en referencia a la salida del PSOE de la subcomisión del Congreso que desde hace meses explora la posibilidad de diseñar un modelo educativo que sirva a todos los partidos. Si haces eso “pierdes credibilidad”.

"Tampoco puedes exigir a Rajoy que presente los Presupuestos y, sin esperar a que no lo haga, reclamar que se someta a una moción de confianza. Ni pedir un día la reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría por la represión policial del 1 de octubre e inmediatamente apoyar el 155", indican los críticos.

Sánchez, señalan esas fuentes, tiene “un problema de estrategia: no es capaz de taponar” la fuga de votos hacia Ciudadanos. “Como se consolide la idea de que el cambio político es Ciudadanos, lo pasaremos mal”, advierten.“Y se está consolidando”.

No hay cintura tampoco, sostienen, para adaptar la estrategia en temas cruciales, como la prisión permanente revisable. No basta “con tener razón”: hay que evitar entrar en un debate que “ha calado mucho” entre los ciudadanos. “Tienes que romper el tablero” y, si es necesario, “esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional”. La de Sánchez, concluyen sus críticos, es una “política de bandazos”.

Malestar en la dirección

El plantón en la Escuela de Buen Gobierno no ha sentado nada bien en la dirección del partido al desbaratar su escenificación de la unidad y convertirla en un escaparate del disenso. Lo han interpretado como “una encerrona” y no entienden que se anteponga la discrepancia a las prioridades del partido. Los presidentes autonómicos más críticos también “necesitan que el PSOE esté fuerte: hay un objetivo superior que está fuera de los personalismos y que es gobernar para hacer políticas”, para “cambiar la vida de la gente. Están tirando piedras contra su propio tejado”, reprochan desde Ferraz a los dirigentes que no ocuparán sus asientos en la Escuela.

No obstante, y a pesar del malestar, aseguran que “no queda otra más que tirar para delante”, porque los cuadros intermedios del PSOE, “los que no están en estas batallas, están hasta el gorro”.

La Escuela comenzará en la tarde del jueves y durante cuatro días —demasiado tiempo, a la vista de que los críticos han dinamitado el encuentro, según miembros de la dirección— servirá para debatir sobre encuestas, estrategias políticas, asistir a clases magistrales, talleres, conferencias y diálogos abiertos a la sociedad civil con la participación de organizaciones no gubernamentales y fundaciones del ámbito social. En ellas participarán además académicos y universitarios a los que el PSOE quería atraer en busca de talento con el que reforzar su capacidad de diseñar la oferta política con la que pretenden acudir a las elecciones de los dos próximos años.

Sánchez se ha equivocado anunciando a bombo y platillo que la Escuela que comienza este jueves iba a servir para escenificar la unidad, concluyen la mayoría de fuentes consultadas por infoLibre. No sólo porque “ha puesto el foco en algo que después no se va a dar” sino, sobre todo, porque tener la “necesidad de decirlo” es en sí misma una demostración “de debilidad”.

El eurodiputado y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha pronosticado este jueves que su partido ganará las próximas elecciones porque está en las mejores condiciones para transformar el deseo de cambio de la sociedad española en votos a su favor. A Podemos lo sitúa en cuarto lugar, mientras que PP y Ciudadanos se disputarán las posiciones intermedias.

Activo observador y analista de encuestas desde el año 2000, Blanco basa esta proyección en dos tendencias: la caída libre del PP y el "descenso acusado" de Podemos. Frente a Ciudadanos, al PSOE le favorecerá tener detrás una experiencia de gobierno, opina el eurodiputado, que ha dejado en manos de la dirección del partido la decisión de repetir en las listas al Parlamento Europeo en los comicios de 2019.

Blanco, que ha participado en un desayuno del Foro Nueva Economía, también ha afeado a las nuevas formaciones, Ciudadanos y Podemos, de no haber sido capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno en 2016, y sin embargo ahora sí se muestran dispuestas a hablar para reformar la ley electoral con el objetivo de que los escaños se asignen de manera más proporcional al número de votos recabados en todo el país.

También ha juzgado "sorprendente" que el Gobierno de Mariano Rajoy muestre su disposición a agotar la legislatura sea o no capaz de aprobar unos nuevos presupuestos. "Rajoy va a aguantar hasta el final para aguantar él y hacer su sucesión. Él sabe por qué y yo lo intuyo. Los tiempos políticos de Rajoy no son los que favorecen a su partido", ha advertido.

Blanco, que apoyó a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en las primarias, no ha emitido crítica alguna hacia la actual dirección de su partido. Respecto al nuevo reglamento que desarrolla los estatutos del partido y que refuerza el papel de la Ejecutiva Federal y de las bases frente a los barones regionales, ha señalado que le parece bien si la propuesta emana del secretario de Organización y "doblemente bien" si además lo ha acordado con los territorios.

El eurodiputado, que dedicó su conferencia a la necesidad de acelerar el cambio energético y la apuesta por las renovables para luchar contra el cambio climático y favorecer un crecimiento económico sostenible, hizo antes una referencia de homenaje al fallecido periodista y colaborador de infoLibre Gonzalo López Alba. "Yo lo respetaba mucho, por su honestidad profesional y personal", comentó. 

El párrafo anterior forma parte de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado el pasado mes de diciembre. Nada que objetar a tan buenas palabras salvo por el hecho de la falta de correspondencia entre lo que ahí se dice y los mandatos aprobados ese mismo mes por los Estados miembros en relación a las propuestas legislativas que deben habilitar los instrumentos para que la Unión Europea honre los compromisos alcanzados hace dos años en París.

Ese es el verdadero problema que arrastra la UE en esta materia. Tras la espantada de Donald Trump de los Acuerdos de París, Europa se comprometió a redoblar esfuerzos para lograr los objetivos allí alcanzados. Pero al pasar de los objetivos a los textos legales, la voluntad política de las capitales europeas flaquea siendo la resultante que discurso y praxis avanzan en direcciones opuestas. Y la lucha contra el cambio climático no está para más palabrería, sino para adoptar de una vez una acción decidida que le ponga freno.

Basta de hipocresía. La Unión Europea no puede definirse a sí misma como un baluarte mundial en la adopción de políticas contra el cambio climático con posturas como la aprobada por el Consejo en materia de energías renovables. Si verdaderamente queremos honrar nuestros compromisos, es hora de que el Consejo se comprometa a dar un paso al frente.

Eso es lo que ha pedido el Parlamento Europeo este miércoles: más ambición en renovables. No por capricho, sino por necesidad.

Si Europa quiere ser lo que dice ser, Consejo, Comisión y Parlamento deben sin más dilación ponerse de acuerdo en una nueva directiva de energías renovables en línea con el mandato aprobado por abrumadora mayoría por el Parlamento Europeo.

Un mandato que apuesta por elevar del 27% al 35% el objetivo global de renovables para 2030, en línea con las más ambiciosas propuestas de la Agencia Internacional de las Energías Renovables para Europa.

Un mandato que refuerza la seguridad jurídica, prohibiendo la adopción de medidas retroactivas como las adoptadas en España, reforzando por tanto los incentivos a la inversión.

Un mandato que blinda el autoconsumo de energía renovable como un derecho, eliminando trabas administrativas y prohibiendo medidas como el impuesto al sol.

Un mandato que duplica el objetivo de penetración de renovables en un sector clave como el de la calefacción y refrigeración.

Un mandato que apuesta por la descarbonización del transporte, con objetivos ambiciosos en materia de electrificación y biocombustibles avanzados, congelando la aportación de los biocombustibles de primera generación en los niveles alcanzados el año pasado.

Estas medidas en el ámbito de las renovables, junto con objetivos ambiciosos en materia de eficiencia energética, eficiencia de edificios o diseño de mercado, deben allanar el camino de Europa para cumplir los compromisos climáticos de París.

Pero para ello es necesario que los gobiernos europeos dejen de mirar para otro lado.

Como decía esta misma semana ante el pleno del Parlamento, la descarbonización no es un lastre para la economía. Al contrario, es el motor de competitividad, actividad económica y empleo. Frenar la descarbonización es frenar el desarrollo de Europa.

Este es el momento de sentar las bases del cambio de paradigma energético sobre el que sustentar el combate contra el cambio climático. Este es el momento de comprometerse con el futuro de Europa y con el futuro del planeta.

Espero que en las negociaciones interinstitucionales que ahora comienzan, los Estados miembros estén a la altura de la tarea. _________José Blanco López es eurodiputado socialista y ponente de la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

El eurodiputado socialista José Blanco, exministro de Fomento, dice respetar la decisión del PSdeG de apoyar una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois y destaca que "siempre" estuvo "a disposición de comparecer y dar explicaciones".

En una entrevista a la Radio Galega recogida por Europa Press, ha indicado que el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, le trasladó "que iban a apoyar la iniciativa", que presentó en la Cámara gallega En Marea para solicitar la constitución de una comisión en el Congreso.

"Yo siempre estuve a disposición de comparecer y dar explicaciones. Yo la única responsabilidad que tuve como ministro de Fomento fue tratar de garantizar inversiones para que las infraestructuras de Galicia se pudiesen desarrollar", ha destacado.

La proposición no de ley no saldrá adelante por el voto en contra del PP en el Pazo do Hórreo, que contrasta con la abstención de los populares en las Cortes de Castilla y León –donde el PSOE también votó a favor–.

"Victoria incuestionable" de Sánchez

En clave interna, Blanco, uno de los apoyos de la candidatura de Susana Díaz, ha resaltado que la victoria de Pedro Sánchez "es incuestionable" y que "lo que toca ahora es trabajar para unir el partido".

"Hay que sumar dentro para sumar fuera, todos tenemos que estar a los planteamientos del equipo que conforme Pedro Sánchez para abrir una etapa que recupere la fraternidad, el compañerismo, que supere la división para que no acabe con nosotros. Estoy seguro de que Pedro lo hará y todos tenemos que remar en la misma dirección", ha resuelto.

Por último, la moción de censura de Unidos Podemos le parece un "teatro" y sobre la posibilidad de que impulse otra el PSOE cree que "la iniciativa le corresponde al secretario general", pero "hay que abordar esto con rigor".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la existencia de delito de cohecho impropio en el eurodiputado del PSOE José Blanco y los senadores del PP José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras por el hecho de que fueran destinatarios de regalos navideños (botellas de vino) por parte del presidente del Grupo Monbus, Raúl López.

Según ha informado Europa Press, el Supremo archiva así la causa abierta a raíz de una exposición razonada que le había sido remitida por la jueza de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara. Considera que los hechos no son constitutivos de ilícito penal alguno.

La investigación deriva de un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que señalaba a una veintena de cargos de Galicia y de otras zonas de España entre los que se citaba, además de los aforados ya señalados, a otras personalidades como el actual el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En un auto dado a conocer este lunes, el alto tribunal señala que los regalos responden a actos de cortesía y no comprometieron la imparcialidad de los aforados en su ejercicio de las funciones públicas.

Además, estima que no existió total conexión entre la función desempeñada por dichas personas y la actividad a la que se dedicaba el empresario que hacía el regalo, ni está probado que la finalidad del regalo fuese para obtener la complacencia de la autoridad para favorecer los intereses del empresario, añade la resolución.

Para el Supremo la naturaleza de los regalos navideños, botellas de vino, y su valor no puede considerarse excesiva, y se encuentra dentro del marco de la adecuación social de los regalos, careciendo de entidad para influir en el ejercicio de la función pública, sin que existan indicios de la relación causal exigida por el tipo penal.

Además,los magistrados rechazan la pretensión de la juez que envió la exposición razonada de que por la Sala 2 del Supremo se fijase una cuantía para establecer la diferencia entre el ilícito penal y el reproche ético en estos casos. El tribunal indica que ello carece de sentido sin atender a las circunstancias concurrentes, ya que lo relevante es que los regalos puedan condicionar el desempeño del cargo.

El informe de Aduanas recogía varios pagos anuales de la Diputación de Pontevedra a Transportes la Unión S.A. (empresa del Grupo Monbus), que desde 2006 recibieron 112.004,32 euros.

El pasado mes de diciembre En Comú Podem realizó una pregunta en el Parlamento gallego en la que cuestionaba el motivo de los regalos que el empresario lucense investigado en el marco de la Operación Cóndor habría hecho al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pero también a otros cargos públicos y mandos de las Fuerzas Armadas.

Los miembros de la Plataforma de Víctimas del accidente del Alvia 04155, que en julio de 2013 acabó con la vida de 81 personas, solicitarán este miércoles reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así lo ha confirmado Jesús Domínguez, presidente de la asociación, en declaraciones a infoLibre. Lo hacen un día después de que las familias de víctimas del Yak-42 se hayan reunido con el jefe del Ejecutivo y con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en un encuentro que ha concluido con la promesa de una "satisfacción moral y jurídica para los familiares".

A lo largo de este miércoles, la plataforma remitirá al Gobierno una "carta abierta" [consultar el documento íntegro aquí] para solicitar la reunión con Mariano Rajoy. "Cada asunto tiene su momento, llevamos tres años y medio de lucha y esperamos no tener que esperar otros trece", señala Domínguez. El presidente de la asociación prevé, de esta forma, plantear la puesta en marcha de una comisión independiente y que el líder conservador anuncie cuándo la va a impulsar. Asimismo, recuerda que el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantuvo una reunión a finales del diciembre pasado con las víctimas, pero rechazó sus peticiones. Ahora, con el dictamen favorable del Parlamento Europeo para abrir una nueva investigación, los afectados entienden que "es el momento para hacerlo y depurar responsabilidades".

Hace casi cuatro años, un total de 81 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas en el accidente del tren de alta velocidad Alvia 04155, siniestrado en la curva de Angrois, entre Ourense y Santiago de Compostela. Una primera investigación finalizó con la decisión del juez instructor y el fiscal de señalar al maquinista como único culpable, pero en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juzgado continuar con el proceso, partiendo de la fase de diligencias previas. Obligaba, de este modo, a una "ratificación y aclaración" de dos informes periciales y de las pruebas necesarias para determinar si existió "evaluación integral" del peligro existente en el tramo perteneciente al barrio compostelano. Asimismo, pedía al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela que confirmara si "existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones".

En julio de 2016, la Agencia Ferroviaria Europea sentenciaba que la investigación no había sido independiente y había pasado por alto aspectos fundamentales a la hora de esclarecer los hechos que provocaron la tragedia. En enero del 2017, y con el proceso judicial aún abierto, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara dio la razón a las víctimas tras exigir a la Comisión Europea una investigación verdaderamente independiente, con el objetivo de suplir las carencias demostradas por el Estado español.

La constancia de las víctimas

Con la mirada puesta en la evolución del caso Yak-42, las víctimas del Alvia reconocen tener una postura crítica respecto a las concesiones del Gobierno. "Lo único de lo que tomamos nota es de la constancia de las víctimas", señala Javier Municio, su portavoz, en conversación con este diario. Es la mayor lección que se llevan del recorrido efectuado por las familias de los militares fallecidos, que han pasado más de trece años en lucha constante. Aunque el portavoz de la plataforma celebra sus resultados, "y que puedan encontrar algo de alivio a su dolor", reclama que las víctimas dejen de ser "maltratadas y humilladas por esa actitud negligente y culpable" de los responsables.

Jesús Domínguez critica que los movimientos del Gobierno con más de una década de retraso lo sitúan en "una posición muy hipócrita". En este sentido, se cuestiona "dónde están esos responsables" pasados trece años, y dónde estarán los responsables del accidente ferroviario si tienen que pasar otros trece años de lucha. "Hacen a las víctimas luchar, investigar y agotar sus propios recursos", lamenta Domínguez.

El presidente de la organización enfatiza, además, en su voluntad por conseguir depurar responsabilidades: "Queremos una comisión técnica independiente y otra parlamentaria". Lo demás, añade, "son brindis al sol". Así lo defendió Domínguez el pasado 24 de enero en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuando sentenció que las víctimas no querían caridad, sino acciones concretas.

Ausencia de voluntad política

La entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, se encuentra en la actualidad presidiendo el Congreso de los Diputados. El exministro de Fomento, que inauguró la línea de alta velocidad entre Santiago y Ourense donde se produjo el accidente, José Blanco, está ahora en el Parlamento Europeo. Rafael Catalá, que ocupaba en 2013 el cargo de Secretario de Estado de Infraestructuras es ahora el ministro de Justicia, y ha sido relevado en su antiguo puesto por el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar. Todas aquellas personas que las víctimas consideran responsables políticos del accidente no sólo no han asumido las consecuencias que reclama el colectivo, sino que se encuentran ocupando cargos de responsabilidad a día de hoy.

"José Blanco y Ana Pastor podrían haber actuado muy bien y apostar por una investigación realmente independiente", señala Municio. Sin embargo, lamenta, "Pastor mintió, ella dijo que se estaba produciendo una investigación independiente", pero tal y como constató la Agencia Ferroviaria Europea, no fue así. El organismo europeo destacó en julio del pasado año la opacidad del informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que además pasó por alto elementos esenciales para arrojar luz a los acontecimientos.

Pastor "podía haberlo reconocido y haber pedido la dimisión de los responsables o haberlos cesado", pero en lugar de ello "dio credibilidad a los criterios de Renfe y Adif", señala Municio. Precisamente las dos empresas públicas son otro elemento clave en el caso Alvia. Miembros de Adif y Renfe se implicaron en las pesquisas de CIAF, incumpliendo de esta forma las normas europeas sobre independencia, algo que denunció la propia Agencia Ferroviaria. Para el Gobierno, resulta "una prioridad mantener impoluta la imagen" de los dos órganos, que se encuentran, a juicio del portavoz de las víctimas, "detrás del caso y son poderosísimos".

El último paso en falso por parte del Ejecutivo sitúa en el punto de mira al actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Hace un mes los afectados pidieron a De la Serna la apertura de una comisión técnica y otra parlamentaria, algo que el mismo ministro había apoyado durante su mandato como alcalde de Santander. Su postura, no obstante, dio un giro de 180 grados desde el ministerio al rehusar las peticiones de las víctimas que previamente había respaldado.

El principal problema, consideran Domínguez y Municio, es que tanto el PSOE como el PP están en contra de la apertura de una investigación clara e independiente, rechazada hasta en cuatro ocasiones.

El testigo queda ahora en manos de Mariano Rajoy. Tras el dictamen claro del Parlamento Europeo y la voluntad de la Agencia Ferroviaria Europea por testificar en el juicio que permanece abierto, el presidente del Gobierno decidirá si recibir a las víctimas y caminar hacia el esclarecimiento de la tragedia que se llevó por delante la vida de 81 personas hace casi cuatro años.

Galicia no fue el territorio más favorecido por los regalos del dueño de Monbus, Raúl López, imputado por blanqueo, delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Pese a lo que pueda parecer por su lugar de nacimiento y la relevancia de los obsequiados gallegos –el presidente y vicepresidente de la Xunta, el exministro José Blanco–, López regó con especial generosidad la administración catalana. De hecho, 11 de los 24 imputados en su auto del pasado 21 de octubre son altos cargos o funcionarios catalanes. Cinco pertenecen a la Generalitat y otros cuatro a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM)Autoritat del Transport Metropolità, un consorcio público participado por la Generalitat en un 51%. Los dos restantes son el exalcalde de Igualada y una funcionaria del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Raúl López adquirió en 2008 La Hispano Igualadina por un importe de 61 millones de euros y apoyándose en un aval del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) de otros seis millones que garantizó parte de un préstamo bancario. La operación fue declarada de “especial interés económico para Galicia” por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Xunta. La Hispano Igualadina, una de las seis mayores empresas de autobuses de Cataluña, aportó entonces 109 vehículos y 200 empleados al grupo gallego. Monbus presumía entonces de haberse convertido en la principal compañía nacional de transporte de viajeros por carretera, con una flota de casi 600 autobuses y más de un millar de trabajadores.

Según los informes que elaboró el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria, sobre Monbus para la operación Cóndor, entre 2006 y 2012 el grupo recibió adjudicaciones de las diferentes administraciones públicas catalanas por valor de 4,66 millones de euros. Casi todas ellas, para La Hispano Igualadina. Raúl López se gastó en cajas de vino para altos funcionarios catalanes desde 2008 a 2013 un total de 19.479 euros.

Quienes encabezan la lista por el volumen de sus regalos son dos subdirectores generales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, los de Ordenación del Transporte, Josep María Fortuny Olivé, y de Coordinación y Gestión, Benjamín Cubillo Vidal. El primero lleva en el cargo desde 2007 y el segundo, desde 2008. Ambos recibieron cajas de Vega Sicilia por importe de 2.327,32 euros desde 2010 hasta 2013, la misma cantidad con que fue obsequiado, por ejemplo, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. La cifra total, en realidad, es superior, porque los funcionarios de Vigilancia Aduanera no pudieron hacer constar el valor de los regalos enviados al primero en 2008 y 2009, y al segundo en 2009 – la empresa de mensajería no guarda los registros anteriores a 2010–. Se da la circunstancia de que Fortuny Olivé recibió las cajas los tres primeros años en el domicilio de sus padres, al igual que otros dos funcionarios de la Generalitat, según el informe del SVA.

Otro alto cargo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que encabeza Josep Rull, del Pdecat (antigua Convergència), el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font Hereu, también fue obsequiado con dos lotes de Vega Sicilia que costaron 1.139 euros. Los regalos están fechados en 2012 y 2013 cuando Font Hereu era director general de Transporte y Movilidad.

De Ferrocarrils a la Autoritat del Transport Metropolità

Al presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó i Buxadós, Monbus le mandó cajas de vino durante cuatro años, por importe de 1.397 euros. Fueron de Vega Sicilia las de 2012 y 2013. Ticó y Buxadós fue nombrado en 2011 al frente del organismo que gestiona las líneas de ferrocarril del área metropolitana de Barcelona.

También recibió Vega Sicilia y otros vinos Esteve Tomás i Torrens, que fue diputado autonómico y senador por el PSC, y desde 2008 figuraba como el director del Programa de Movilidad y Grandes Infraestructuras del Departamento de Territorio y Movilidad. A Francisco Javier Hormigos Mesa, jefe del Servicio Territorial de Transportes en Tarragona, Monbus le mandó cajas de vino por valor de 1.216 euros durante cinco años, entre ellas una de Vega Sicilia en 2010 que costó 670 euros.

En la Autoritat del Transport Metropolità, Raúl López obsequió a la directora de Integración Tarifaria y Comunicación, María Teresa Capdet i Sorribes con 1.476 euros en vino, que incluyeron dos cajas de Vega Sicilia en 2010 y 2011. El director general de ATM entre 2004 y 2013, Ramón Seró Esteve, recibió cajas de Vega Sicilia en 2009, 2010 y 2011, y otra de vino de calidad inferior en 2013. Un total de 1.332 euros. Más generoso fue el dueño de Monbus con el gerente de la ATM en Tarragona, Joan Manrrubia Gibert, a quien regaló 1.476 euros en vinos durante cinco años.

Una administrativa y un alcalde

Además, está imputada María Teresa Serena Soler, funcionaria del Consell Comarcal del Baix Llobregat, por haber recibido 1.140 euros en vinos –incluida una caja de Vega Sicilia– en 2010. Serena Soler era la administrativa encargada de gestionar el transporte escolar en el Consell Comarcal. 

Finalmente, el exalcalde de Igualada (Barcelona), Jordi Aymami Roca, del PSC, fue obsequiado con dos cajas de vino en 2009 y 2010 –dejó el cargo en 2011–, una de ellas de Vega Sicilia.

La jueza De Lara ha decidido imputar por cohecho a estos altos funcionarios porque el importe de los regalos recibidos supera los 400 euros. Ésa es la diferencia, recuerda la magistrada en su auto, entre un delito patrimonial leve y menos leve. Y ahí establece el límite para dictaminar si el regalo a un alto cargo “va más allá de los usos sociales y de los valores habituales” y adquiere, por tanto, “capacidad para turbar la imparcialidad y la probidad de los funcionarios y autoridades”.

El montante total de los regalos enviados por Monbus se acerca al medio millón de euros, según los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera a los que ha tenido acceso infoLibre.

Siete aforados

Además de estos 24 imputados, otros siete políticos y altos cargos agasajados por Monbus están aforados. La jueza ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXJ) explicando los hechos que afectan a los políticos aforados ante esos tribunales, que deberán decidir ahora si observan indicios de delito y abren una investigación que puede terminar con la solicitud de suplicatorios o si, por el contrario, consideran que la aceptación de los regalos no tiene relevancia penal.

Ante el Tribunal Supremo se encuentran aforados el eurodiputado José Blanco (PSOE), los senadores José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras, y la diputada Pilar Rojo (todos ellos del PP). Ante el TSXG lo están el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FeijóoAlberto Núñez Feijóo, su vicepresidente, Alfonso Rueda, y el exalcalde de Santiago y ahora diputado autonómico Xosé Antonio Sánchez Bugallo (PSOE). Además, la jueza pregunta si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no debería adoptar la misma medida con el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González Jiménez (PP), que también es diputado en la Asamblea de Madrid.

De todas estas personas la juez sospecha que cometieron un delito de cohecho de facilitación; es decir, aceptaron ventajas en consideración a su cargo aunque no conste de momento que, a cambio, hayan favorecido de algún modo a quien les obsequió.

Las actuaciones no son más que una de las 12 piezas separadas a las que ha dado lugar la denominada operación Cóndor: la juez investiga si Raúl López, en connivencia con funcionarios públicos, “urdió un plan preconcebido” para conseguir adjudicaciones públicas utilizando mecanismos ilícitos, tales como acudir a los concursos con información privilegiada, buscar a las empresas invitadas a los concursos negociados sin publicidad para pactar ofertas o pagar a clientes cantidades en metálico opacas a Hacienda. Los informes de Vigilancia Aduanera cifran en 172,6 millones de euros la suma de las adjudicaciones públicas conseguidas por Monbus desde 2008 hasta 2014.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha decidido investigar a 24 políticos y altos funcionarios por un delito de cohecho. Todos ellos recibieron regalos por importe superior a 400 euros enviados por el dueño de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, detenido e imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública. Ése es el límite que la jueza establece para dictaminar si el regalo a un alto cargo “va más allá de los usos sociales y de los valores habituales” y adquiere, por tanto, “capacidad para turbar la imparcialidad y la probidad de los funcionarios y autoridades”.

Además de los 24 políticos y funcionarios a los que imputa Pilar de Lara, hay otros siete que no están bajo su jurisdicción y que también han recibido regalos del dueño de Monbus. Por ello, la jueza ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXJ) explicando los hechos que afectan a los políticos aforados ante esos tribunales, que deberán decidir ahora si observan indicios de delito y deciden abrir una investigación que puede terminar con la solicitud de suplicatorios o si por el contrario no consideran que la aceptación de los regalos tenga relevancia penal. Ante el Supremo se encuentran aforados el eurodiputado José Blanco (PSOE), los senadores José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras, y la diputada Pilar Rojo (todos ellos del PP), y ante el TSXG lo están el presidente de la Xunta,Alberto Núñez Feijóo, su vicepresidente, Alfonso Rueda, y el exalcalde de Santiago y ahora diputado autonómico Xosé Antonio Sánchez Bugallo (PSOE). Además, la jueza pregunta si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no debería adoptar la misma medida con el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González Jiménez (PP), que también es diputado en la Asamblea de Madrid.

Entre las 24 personas cuya imputación se solicita por parte de Pilar de Lara se encuentran el expresidente de Aena Juan Ignacio Lema Devesa, el de Renfe Teófilo Serrano, el de FEVE Amador Robles y el de Ferrocarriles de Catalunya Enric Ticó i Buxadós. En la lista también figura el ex secretario general de Transportes José Luis Cachafeiro, el ex presidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada, y tres de sus altos funcionarios, y el de Igualada (Barcelona) Jordi Aymami. Nueve altos funcionarios de la Generalitat de Catalunya y tres de la Xunta completan el auto. De todas estas personas la juez sospecha que cometieron un delito de cohecho de facilitación; es decir, aceptaron ventajas en consideración a su cargo aunque no conste de momento que, a cambio, hayan favorecido de algún modo a quien les obsequió.

Las actuaciones no son más que una de las 12 piezas separadas a las que ha dado lugar la denominada operación Cóndor: la juez investiga si Raúl López, en connivencia con funcionarios públicos, “urdió un plan preconcebido” para conseguir adjudicaciones públicas utilizando mecanismos ilícitos, tales como acudir a los concursos con información privilegiada, buscar a las empresas invitadas a los concursos negociados sin publicidad para pactar ofertas o pagar a clientes cantidades en metálico opacas a Hacienda.

Las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, han revelado que el propietario de Monbus, el segundo mayor grupo de transporte de pasajeros del país, se gastó casi medio millón de euros desde 2006 hasta 2014 en regalos a políticos y altos funcionarios de toda España. La mayor parte de esos obsequios eran botellas de vino, y en algunos casos de los más caros: cajas de Vega Sicilia de hasta 878 euros.

A la luz de esas averiguaciones, el fiscal de Lugo, Jesús Álvarez González, apreció en diciembre de 2015 indicios de un delito de cohecho en los regalos enviados a Núñez Feijóo, Alfonso Rueda, el exdiputado del PP Alejandro Gómez Alonso –portavoz de la comisión de Infraestructuras del Parlamento gallego– y el exministro José Blanco. Por ello, pidió que se elevara exposición razonada al Tribunal Supremo y al TSXG para que concedieran el suplicatorio y procesar a estos aforados. A juicio del fiscal, los “costosos obsequios” de Raúl López pretendían “propiciar una buena relación con su grupo empresarial y conseguir facilidades con las correspondientes Administraciones”.

El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, acudió meses más tarde, el pasado abril, a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Galicia en busca de un criterio común para las diferentes causas abiertas en relación con los regalos de Monbus: los no aforados, los aforados bajo competencia de Tribunales Superiores y los aforados sometidos al Supremo. Como consecuencia, en mayo decidió pedir el sobreseimiento de la causa contra los no aforados, además de dictaminar que no procedía pedir el suplicatorio para los aforados. Cuando la jueza insistió en seguir adelante con el procesamiento, el fiscal jefe de Lugo volvió a pedir que se dejara sin efecto.

“Usos sociales arraigados”, según el fiscal

En sus escritos, a los que ha tenido acceso infoLibre, Brezmes reconoce que, en el caso de autoridades y funcionarios, recibir lotes de botellas de vino en Navidad “no se ajusta actualmente a los códigos éticos, normativa ad hoc y buenas prácticas de una Administración moderna, transparente y eficiente”. Pero a continuación asegura que “en los años en que se realizaron [los regalos de Monbus] una parte mayoritaria de la sociedad los consideraba como usos sociales arraigados, ajenos al ámbito jurisdiccional penal”. Los obsequios se enviaron hasta 2014. A su juicio, además, el envío de las botellas “en modo alguno tienen la capacidad de influencia mínima y necesaria para interferir en el ejercicio de las funciones públicas de los investigados, independientemente de lo que pretendiese el remitente”.

El fiscal jefe de Lugo llega a estas conclusiones no sin antes recordar los distintos límites que múltiples organismos han establecido para decidir en qué momento una muestra de cortesía pasa a convertirse en problema ético. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lo fija en 150 euros. La misma cantidad figura en el Código de Comportamiento de la Administración italiana, en el de los funcionarios de la Comisión Europea y en el de los diputados del Parlamento Europeo. El código ético del PSOE lo rebaja a 100 euros, el de la Xunta a 90 euros y el de los funcionarios de Estados Unidos lo deja en sólo 50 euros, recuerda el fiscal.

Pues bien, el importe mínimo de la caja de vino recibida por los aforados es de 517,55 euros. El paquete más caro ascendía a 878 euros, por lo que “excede el Salario Mínimo Interprofesional [655,2 euros]”, apunta la jueza Pilar de Lara en un auto del pasado 10 de noviembre donde rebate los argumentos del ministerio público. En primer lugar, le recuerda que gran parte de los obsequiados son funcionarios y autoridades que trabajan en el ámbito del transporte en territorios donde Monbus tiene contratos y que pertenecen a administraciones públicas donde la empresa mantiene intereses económicos. Según los informes de Vigilancia Aduanera, el grupo de Raúl López ha sumado adjudicaciones públicas por importe de 172,6 millones de euros desde 2008 hasta 2014.

Alarma social y mediática

“La realización de tales prebendas”, añade De Lara, “está directamente vinculada al cargo que desempeñaban los citados funcionarios y autoridades, pues resulta obvio que, de no ostentar tales cargos, no habrían recibido los regalos en cuestión”. La cuantía del regalo dependía del cargo del destinatario, destaca, e incluso algunos de ellos vieron rebajado su valor en el momento en que dejaron sus puestos. A su juicio, al recibir y aceptar el obsequio “quedan tácitamente en una situación de correspondencia y compromiso”.

Además, la jueza resalta el hecho de que casi todos los regalos fueran entregados en los domicilios particulares de los funcionarios y políticos, en lugar de en sus despachos oficiales. Pero sobre todo le reprocha al fiscal su apreciación de que recibir tales obsequios sea “una conducta tolerada socialmente en la época de su realización”, hasta hace sólo dos años. “De hecho”, advierte De Lara, “su inadmisión social provocó, no sólo una situación de alarma social y mediática, sino también la aprobación de sucesivos códigos éticos y de conducta”.

Finalmente, la magistrada concluye que el problema para dilucidar si los regalos, aun siendo “moralmente sancionables”, merecen “reproche penal” es el “límite”. De Lara lo establece en 400 euros, el criterio que marca la diferencia entre delitos patrimoniales leves y menos leves.