Tras ser llamado al orden en tres ocasiones durante el debate de una iniciativa del PSOE para reconocer a los libreros y bibliotecarios que salvaron obras que fueron requisadas en el franquismo, el diputado de Vox por Alicante, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso de los Diputados.

La decisión se tomó después de que se encarara con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, que en ese momento presidía la sesión. 

Según su biografía que recoge el Congreso y la web oficial de Vox, Sánchez García (Madrid, de 63 años), es juez en excedencia desde 2019 y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. También ha trabajado como abogado y ha sido socio del despacho noteamericano Baker&McKenzie, y del británico Olswang. Así mismo ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sánchez García ocupa el cargo de diputado por Alicante de Vox en el Congreso de los Diputados desde 2019. En su ficha parlamentaria figura, además, con estos cargos principales en la XV Legislatura: portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea, secretario de la Comisión del Estatuto, vocal de las comisiones de Justicia y Defensa y vocal suplente de la Diputación Permanente. 

La de este martes no es la primera expulsión protagonizada por el diputado ultra. En 2021, durante un debate sobre la penalización del acoso a las mujeres que abortan, llamó “bruja” a la diputada socialista Laura Berja, que en ese momento defendía esa reforma del Código Penal impulsada por el PSOE. 

El año anterior, en diciembre de 2020, Sánchez García llamó a la diputada del PP por Ourense, Ana Vázquez, “la diputada gallega chillona”. Además, en otra de sus sonadas intervenciones en el Pleno, denunció “la patología fóbica antimonárquica” que, según él, padecen los representantes de ERC. A los diputados del PSOE y Podemos también ha dedicado palabras poco amables: “Ustedes representan la ideología más mortífera de la Historia”, les espetó en otro debate.

Tras lo sucedido ayer, este miércoles, el partido de Abascal admite que las formas de su diputado son "cuestionables", pero desde Vox no se llevará a cabo ninguna acción contra él ni se planteará queja alguna ante la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, por su expulsión. Dando, parece, por zanjada la cuestión.

Vox atribuye a la reacción de Sánchez al "cansancio" de los parlamentarios de extrema derecha por los insultos que, según denuncian, reciben continuamente desde otros escaños. Desde el partido de Abascal aseguran que Jordi Salvador (ERC) llamó a su diputado "asesino, subnormal y nazi".

Desde el Gobierno, los ministros Ángel Víctor Torres y Mónica García creen que la actitud de Sánchez con Rodríguez de Celis recuerdan al 23F.

"Es una absoluta anomalía que no tiene precedente más que en el año 1981 y el golpe de Estado en el que se subió al estrado un sublevado para derrocar la democracia", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En su opinión, es "más grave aún" que el PP no condene estos hechos, y considera que el principal partido de la oposición "no puede quedarse al margen de esto" y "tiene que manifestarse con contundencia".

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que no haya una condena por parte del PP, aunque cree que es "lo normal" porque "los ultras ejercen de ultras y los que apoyan a los ultras pues siguen apoyando a los ultras", y ha señalado también que las imágenes le recuerdan al 23F.

"Estamos nuevamente ante la violencia institucional de los ultras de nuestro país, apoyada por cierto, por el Partido Popular. Unas imágenes que rememoran bastante bien a ese 23F, agradecemos que en este caso no subiera con una pistola", ha señalado.

Alberto Núñez Feijóo llevó este martes al Congreso su rechazo frontal al real decreto para la regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros y lo convirtió en un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular aseguró que está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes ilegales". El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a más de 800.000 y Feijóo añadió que la Policía eleva todavía más esas previsiones hasta el millón. 

El conservador señaló que su rechazo no solo corresponde "al grupo mayoritario de las cámaras", sino que está respaldado por las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Unión Europea y "la mayoría de los españoles". En un encuentro organizado en la Cámara Baja con los parlamentarios de su formación en el Congreso y el Senado, defendió un modelo migratorio basado en una política "legal, controlada y compatible con la UE" y remarcó que "somos los españoles los que tenemos derecho a controlar quién entra en nuestro país y en qué condiciones se vive". Así, tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida del Ejecutivo.

Según el líder de la oposición, la medida "alienta a las mafias" y lanza "el mensaje de que España es un chollo" para ellas. También dijo que perjudica "a quien cumple" y a los inmigrantes que llegaron "de forma legal", contraponiendo a quienes respetan las reglas con quienes no lo hacen, según el relato del principal partido de la oposición. "España no puede convertirse en el país en el que romper las normas sea más rentable que cumplirlas", señaló.

El conservador rechazó que la regularización pueda derivarse simplemente del paso del tiempo y afirmó que sólo debería contemplarse a partir de "una integración real", medida por el trabajo, el conocimiento del idioma y la ausencia acreditada de antecedentes penales y policiales. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, apostando por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no.

Asimismo, criticó que la iniciativa se plantee, a su juicio, sin "controles ni exigencias", sin saber con exactitud a cuántas personas afectará y "sin ningún tipo de memoria económica". Por último, advirtió de que los servicios públicos sufrirán "una fuerte demanda adicional".

El líder del PP dijo que el debate "debería sustanciarse" en la Cámara Baja y no "en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China y tratando de que se deje de hablar del colapso del país y la agenda judicial de su familia”. La iniciativa llega tras un acuerdo del Gobierno con Podemos pero no tiene que pasar por el Congreso.

De hecho, si hiciera falta ese trámite, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendría garantizados los votos, ya que tanto el Partido Popular como Vox han dejado claro que no la apoyarán, pese a que en abril de 2024 la formación de Feijóo aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja.

Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. Ahora, sin embargo, el Partido Popular no solo está en contra, sino que tratará de paralizarla "por todos los medios" a su alcance, según trasladaron fuentes de Génova el pasado enero. El principal partido de la oposición no descarta iniciar acciones judiciales o acudir a Bruselas, según admitió Feijóo a la salida del acto. “Vamos a estudiar el texto con detalle”, zanjó.

La oficina de conflicto de intereses de Cortes Generales ha recordado a diputados y senadores que están obligados a publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de grupos de interés.

En su último informe, que acaba de pasar por las Mesas del Congreso y del Senado y al que ha tenido acceso EFE, la oficina insiste en que esta es una obligación recogida en el artículo 6 del Código de conducta de las Cortes y pide la difusión de la misma para su cumplimiento.

Lo hace después de constatar que siguen siendo minoría en ambas cámaras, a pesar de las reiteradas recomendaciones en anteriores informes y de las advertencias del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea 2025, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios publican otro tipo de actividades o encuentros mantenidos.

Anotaciones, prosigue el informe del 2025, que se realizan en muchos casos de forma ocasional y no regular y se refieren a asistencia a actos pero rara vez a reuniones con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.

Según los datos del informe, en la agenda parlamentaria que se publicó el 31 de diciembre de 2025 se ha experimentado un aumento de miembros del Congreso que, además de la reuniones de los órganos de la Cámara, publican otro tipo de actividades y encuentros. Así, 75 diputados han anotado estas reuniones, frente a los 46 del año anterior. En la Cámara Alta fueron 55 los senadores que cumplimentaron esta obligación, frente a los 64 de 2024.

"Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras", remarca la Oficina de conflicto de intereses.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha expresado su preocupación ante la falta de avances en la regulación del 'lobby' en España.

Recuerda que por quinto año consecutivo la Oficina de conflicto de intereses alerta del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.

La asociación considera que este nuevo aviso confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada y señala que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario.

Por ello reclama que se avance hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales y considera especialmente preocupante que sigan paralizados, por falta de acuerdo político, los dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación.

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que movilizará más de 5.000 millones de euros para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con medidas como la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes, informa EFE.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley, ha sido convalidado con 175 votos a favor -PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG, CC, UPN y la diputada de Compromís Águeda Micó-, 33 votos en contra -Vox- y 141 abstenciones -PP y Podemos-.

Este decreto incluye una batería de medidas fiscales como la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes; la bajada del impuesto de hidrocarburos para la gasolina y el diésel; la bajada del impuesto especial de la electricidad o la suspensión del impuesto de generación eléctrica.

También incluye una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para profesionales, la extensión de la mejora del bono social eléctrico hasta final de año y medidas para reforzar el sistema eléctrico, entre otras cuestiones.

El decreto, ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, servirá para "proteger y preparar", es decir, para responder a las consecuencias inmediatas del conflicto -las gasolineras ya reflejan el 90% de la bajada fiscal, ha apuntado- y para redoblar "nuestra apuesta por nuestra soberanía energética".

El paquete ha obtenido un amplio apoyo de los socios del Gobierno, aunque con ciertas críticas y la reclamación de ampliarlo con nuevas medidas.

La diputada de ERC Inés Granollers ha manifestado su respaldo a las medidas del escudo social, de financiación y avales públicos a la empresas y, sobre todo, a las referidas a las transición energética, entre las que ha reivindicado como aportación de su grupo la que amplía la distancia de autoconsumo hasta los 5 kilómetros.

Junts, cuyo voto clave se logró a cambio de la aprobación de un punto de una proposición no de ley para instar al Gobierno a eximir de repercutir el IVA a los pequeños autónomos, ha defendido su apoyo porque la "columna vertebral" del decreto "son las propuestas de Junts para ayudar a la clase media y trabajadora".

Óskar Matute (Bildu) ha aplaudido algunas medidas, como las del escudo social, la recuperación del mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva y las dirigidas a aumentar la soberanía energética, pero ha subrayado que le parece un "error" y una "cesión incomprensible" la rebaja generalizada de impuestos sin tener el control real de los precios.

PNV ha apoyado el decreto porque es "útil y necesario" a pesar de que requiere de mayor ambición, coordinación y diálogo" para corregir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que deja a España en una situación vulnerable en caso de crisis como la actual, ha apuntado su diputada Idoia Sagastizábal.

La prórroga de los alquileres, que finalmente se incluyó en otro real decreto ley, se ha colado tanto en el discurso de Sumar como de Podemos, que se ha abstenido para no "bloquear" la iniciativa, aunque lo considera una respuesta "ineficaz" e "injusta".

Más sorprendente ha sido la abstención del PP, que su portavoz económico, Juan Bravo, ha justificado pese a que el decreto es "insuficiente" y "llega tarde", y ha puesto como ejemplo que el Estado ha recaudado "más 70 millones de euros en veinte días solo del IVA de la gasolina".

Bravo ha incidido en que al plan le falta la deflactación del IRPF para que las familias no pierdan poder adquisitivo" y ha criticado la "jeta" que, a su juicio, supone que la mitad de las rebajas impositivas que contiene el decreto las paguen las comunidades autónomas.

Vox ha sido la única formación que ha votado en contra, según ha explicado el diputado José María Figaredo, porque aumenta las subvenciones a las renovables cuando su impacto en la economía es "mínimo", al tiempo que ha pedido que acabe la "corrupción" en el sector de los hidrocarburos, en el que durante años "han dado licencias a empresas piratas que no pagan impuestos".

Ha tenido que pasar un mes para que Alberto Núñez Feijó pronuncie de manera clara un 'No a la guerra'. El líder del Partido Popular se suma ahora a ese lema, popularizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ofensiva iniciada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero tras semanas sin posicionarse. "No vamos a elegir entre la guerra y el Gobierno. Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted", señaló el conservador.

Tras la comparecencia de Sánchez, Feijóo no quiso discutir sobre geopolítica, alianzas o defensa, sino que centró su intervención en que eel presidente del Gobierno pretende utilizar la crisis exterior para apuntalar su supervivencia política y minusvaloró el trabajo internacional del presidente del Gobierno. "Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles", afirmó.

El líder de la oposición también dibujó a un Sánchez rodeado de agradecimientos incómodos, entre los que citó a "Hamás", "Hezbolá" y "los secuaces de Maduro", y añadió que ahora solo le falta "el aplauso del régimen norcoreano". También acusó a Sánchez de haber olvidado a "las víctimas asesinadas por los iraníes" y de no ser capaz siquiera de "ahuyentar el conflicto" en su propia casa. "Si alguien de mi Gobierno se niega a participar en el Consejo de Ministros, no entra jamás", llegó a afirmar.

Es más, Feijóo trató de situar al presidente del Gobierno al margen de otros mandatarios. "Ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene porque es excluido", afirmó, cuestionando la etiqueta de "pacifista" por dirigir el Gobierno "con el mayor gasto militar de la historia. "El traidor de Europa, así le llama algún homólogo suyo", le espetó.

El conservador presentó a Sánchez como un dirigente atrapado en un conflicto permanente con los grandes problemas del país, entre los que citó la vivienda, la inmigración, la financiación autonómica y responsable, además, de haber llevado la polarización al límite. "El cínico es usted, ahórrese sus sermones".

A su juicio, lo "bochornoso" no es solo el discurso de Sánchez sobre la guerra, sino que pretenda servirse del contexto internacional para deslizar decisiones presupuestarias sin afrontar el control de las Cortes. Fue ahí cuando se preguntó si se puede plantear que Sánchez "es un dictador" para mofarse de que el jefe del Gobierno se considere un "pacifista de pacotilla".

El líder de la oposición articuló cinco reflexiones finales con las que trató de retratar a Sánchez como un dirigente aislado en Europa, dependiente de Estados Unidos en materia militar y energética y sin autoridad real para liderar una posición autónoma. "Usted a hecho a España más dependiente de EEUU que nunca", fue su reflexión final.

El líder de Vox, Santiago Abascal, enarboló una intervención cargada de reproches contra el Ejecutivo de Sánchez. "Usted quiere la guerra, le da igual que sea en Irán o en Ucrania, porque con cualquier desastre aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones", le dijo, para añadir: "Por eso seguía comprando gas ruso y financiando las bombas de Putin".

 "¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matan a inocentes llevan una foto suya en agradecimiento? ¿Celebra usted cada lanzamiento de misil?", le preguntó, utilizando el mismo ejemplo que Feijóo. "Las bombas y los misiles que se lanzan lejos de aquí evita que rindan cuentas por las bombas que lanza aquí contra la mayoría social en forma de regularizaciones masivas y sanidad universal", sostuvo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el escenario de la guerra de Irán es "mucho peor" que la de Irak y ha lamentado que "Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han reemplazado a Aznar, y Donal Trump a George W. Bush". Por eso, el socialista ha acusado al PP y a Vox de contribuir al "desastre" del conflicto bélico.

Sánchez se ha pronunciado en estos términos durante su comparecencia en el Congreso para abordar el conflicto bélico en Irán, donde se ha centrado principalmente en un discurso muy duro en recordar lo que supuso la guerra de Irak para no cometer "el mismo error".

El dirigente socialista ha recordado el 15 de febrero de 2003 cuando millones de españoles, él entre ellos, salieron a la calle para mandar el mensaje rotundo de "No a la guerra". Y ha tenido duras palabras contra el expresidente José María Aznar, que arrastró a España a esa "locura".

El presidente ha indicado que ahora Estados Unidos e Israel con su ataque han violado el derecho internacional, han reavivado el conflicto en Oriente Medio y han desestabilizado los países del Golfo, que hasta ahora vivían con seguridad: "Esto es un desastre absoluto".

"El PP y Vox han contribuido con su apoyo y su silencio", ha apostillado. Para añadir: "Callar ante una guerra ilegal es un acto de cobardía y de complicidad". A la vez, remarcó: "Somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales".

Siempre con el recuerdo de Irak en sus palabras: "Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto", ha asegurado sobre el trío de las Azores. Ha rememorado que tanto Busch como Tony Blair (Reino Unido) han pedido perdón por aquel conflicto, algo que no ha hecho Aznar: "Qué catadura moral".

“Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal”, ha manifestado Sánchez, que ha reivindicado acto seguido: “España es hoy una referencia internacional en defensa de la paz y del derecho internacional. En un mundo incierto, carente de empatía, tengo que decirle que es un orgullo ser español”. Esta alocución ha provocado un profundo aplauso de la bancada progresista.

El jefe del Gobierno ha indicado: "Vamos a exigir que esta guerra pare. Porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. Ser aliados no significa obediencia ni seguidismo ciego. Significa lealtad a unos principios. Significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado".

"España no va a ser cómplice: ni de agresiones ilegales, ni de mentiras disfrazadas de libertad. No esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno", ha remachado Sánchez, lo que ha provocado otro gran aplauso de los diputados del PSOE.

 ¿Qué consecuencias ha tenido este primer mes de guerra?, se ha preguntado Sánchez. El presidente ha recordado que hay casi dos mil muertos confirmados, más de cuatro millones de personas desplazadas en Irán y en Líbano, y "un primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envalentonado, cuyo objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción que en Gaza".  

Junts ha anunciado este martes que dará su apoyo al decreto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio si el Ejecutivo apoya su exigencia de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, según informa EFE.

En una entrevista en TV3 recogida por EFE, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, siempre que el Ejecutivo apoye esta propuesta que la formación introdujo en una proposición no de ley que se vota el jueves antes que el decreto anticrisis.

Fuentes del partido de Carles Puigdemont dan por seguro que el Ejecutivo apoyará aplicar la directiva europea y también dará su apoyo a una moción de su formación que se debatirá el jueves en el pleno del Congreso con el mismo objetivo.

Sumar empuja con toda su fuerza. El objetivo es que el Congreso convalide el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado viernes tras un duro enfrentamiento con el ala socialista durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para alumbrar ayudas que reduzcan el impacto económico de la guerra de Irán. Ahora mismo no salen las cuentas en la Cámara Baja.

La vivienda se ha convertido en la principal bandera política para los partidos del espacio de Sumar, que van a llevar la presión también a la calle hasta la votación en la Cámara Baja (aún sin fecha concreta, pero el texto debe pasar por la Carrera de San Jerónimo en un plazo máximo de 30 días). Para esta ala del Gobierno, la crisis habitacional es el principal problema del país y por eso busca poder aplicar medidas más intervencionistas en un mercado desbocado.

Pero no es solo una cuestión de sus dirigentes. Las propias bases de esos partidos y sus simpatizantes también empujan para que se adopten soluciones más efectivas para controlar los precios del alquiler y de la venta, que baten récords cada mes. Y es que el electorado progresista muestra unos grados de preocupación más altos que los votantes del PP y de Vox por la vivienda.

¿Cuál es el problema que más te afecta personalmente? Ante esta pregunta del barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19,8% de los votantes que eligieron Sumar el 23J (donde se incluye Podemos) responde que la vivienda. En el caso de los socialistas, el porcentaje es del 15,1%, mientras que esa primera contestación la da el 9% de los que apoyaron al PP en las últimas elecciones y el 8,8% de los de Vox.

En el caso del Partido Popular, entre sus votantes hay más preocupación personal por la crisis económica (15,4%). Y en el ámbito de Vox, sus electores colocan por encima de la vivienda las cuestiones de la crisis económica (23,4%) y de la migración (9,3%). En cambio, la vivienda aparece en primer lugar tanto para los que apoyaron a Sumar como los que respaldaron a Pedro Sánchez.

Si se tienen en cuenta los tres problemas personales más citados, como recoge el CIS, los votantes de Sumar son los que están más preocupados (con un 40,8%), por delante de los del PSOE (28,9%), de los del PP (21,1%) y de los de Vox (19,4%).

Además, los votantes de la izquierda transformadora son también los que consideran en mayor medida que la vivienda es el principal problema del país (lo cita como primera opción el 46,3%). Después aparecen los electores de EH Bildu (40,9%), ERC (36,8%), BNG (35,6%) y PSOE (31,8%). En cambio, sólo cita la vivienda como primera gran preocupación del país el 17,2% del electorado del PP y el 5,8% de Vox.

Las miradas están puestas de igual manera en Junts, que ha cargado duramente contra el decreto de vivienda aprobado el viernes. ¿Qué opinan sus electores? Según la encuesta del CIS, la vivienda es el segundo problema que más afecta personalmente a los votantes de Puigdemont, ya que el 9% la cita en lo más alto. Solo lo superan las cuestiones de índole económica (15,8), y tiene muy cerca la inseguridad ciudadana (8,7%). Cuando se pregunta a nivel general cuál es el principal problema de país, los votantes posconvergentes sí sitúan a la vivienda en primer lugar (23,7%), por delante de la inmigración (13,8%).

A pesar de que ahora mismo el decreto parece abocado a no salir adelante en el Congreso, los ministros de Sumar están planteando una gran ofensiva para convencer a los partidos que están en el no. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló este lunes: "Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”.

El ministro calculó que la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que recoge el decreto afecta a un millón de revisiones y a dos millones de ciudadanos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a los inquilinos a reclamar ya esa aplicación al estar vigente el texto acordado por el Consejo de Ministros.

El ala de Sumar en el Gobierno quiso escenificar este lunes una foto de unidad en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso, a la que acudieron todos los ministros. Díaz lanzó este mensaje: "Yo quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político de Sumar, porque la batalla fue gruesa. Hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas”. Acto seguido, remarcó: "Lo que os pido es que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Que sigamos ganando derechos, que tengamos mucha fortaleza, mucha entereza”.

En esta reunión, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó: “No sabéis la cantidad de gente que me ha escrito durante el fin de semana, a izquierdas y derechas, para darme la enhorabuena por habernos plantado y haber puesto esto en el foco”. “Necesitamos hacer un torniquete al principal motivo de sangría de los salarios y de la vida tranquila de nuestro país. Nos han llegado a decir que era un paripé. Pues bienvenidos todos los paripés que les ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias”.

En el espacio de Sumar hay una queja constante a los frenos que ponen los socialistas a la hora de tomar medidas efectivas y hay un enfrentamiento constante con el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez. Asimismo, hay un convencimiento de que se debe ir mucho más allá en esta materia si se quiere conservar el Palacio de la Moncloa en las elecciones del próximo año.

El ala socialista era reacia a incluir estas medidas ante el escenario de que no salga el decreto en el Congreso. Finalmente aceptó otro texto específico. En cambio, los ministros de Sumar asumen ese riesgo de perder la votación, pero creen que todos los partidos deben quedar retratados con su posición en la Cámara Baja.

Esta presión de Sumar llega también en un momento de convulsión en la izquierdas tras los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Los partidos del espacio de Sumar están organizando nuevos actos en Cataluña y en Andalucía, aunque también se ha acelerado el debate sobre los nombres. La semana pasada el ministro Bustinduy descartó ser el número uno, una plaza ahora vacía tras la decisión de Díaz de no volver a presentarse. Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, continuará con su agenda de actos con uno en Barcelona junto a Irene Montero (Podemos) el próximo 9 de abril.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho "nada" tras los ataques de Israel y EEUU contra Irán, pese a erigirse como una de las voces más críticas con el conflicto. "Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias sí tienen prisa. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que se aprovecha de la guerra", le ha espetado el jefe de la oposición. Así, le ha dicho que "no se le ocurra" aprobar medidas contra el impacto de la guerra en un real decreto ley ómnibus.

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras los comicios en Castilla y León, el conservador le ha tachado de "perdedor", pese a que el PSOE subió dos escaños respecto a 2022, los mismos que el PP. "No es una mala racha, es un veredicto al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra. Le están fallando los superpoderes ni cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni sus mentiras ni su odio con H ni su discurso del miedo", señaló Feijóo.

Por su parte, Sánchez le recordó que este mismo viernes el Ejecutivo aprobará un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y ha defendido que "el Gobierno ha estado donde ha estado siempre, en defensa de la paz y del 'no a la guerra', en defensa del multilateralismo". El presidente del Gobierno ha dado por hecho que el PP no apoyará esas nuevas medidas y lanzó a Feijóo esta pregunta: "¿Qué van a hacer ustedes, sí a la guerra y no a las ayudas?", a lo que el líder de los populares se limitó a contestar que "la mayoría de los españoles no estamos a favor de la guerra".

Además, el presidente del Gobierno ha acusado a Feijóo de "poner la venda antes de la herida" antes de conocer el paquete de medidas. "Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio. Llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo, rectifique. Pero no porque sea de sabios, porque es su responsabilidad", le lanzado el socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado compadecer en el Congreso con motivo de la situación en Oriente Medio, según han confirmado fuentes del Gobierno a infoLibre. La solicitud ha sido registrada este viernes en el Congreso por el secretario de Estado de las Cortes.

Pide además comparecer para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo 19 de marzo, según han informado fuentes del Ejecutivo a EFE, con lo que previsiblemente la sesión tendrá lugar en la última semana del mes.

España se ha posicionado en contra de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán con un rotundo "No a la guerra". Ante la negativa del Gobierno de colaborar y permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para los ataques a Irán, el país norteamericano ha amenazado con cortar todas las relaciones comerciales con España y han mostrado su enfado con Sánchez.

El Gobierno ha defendido el derecho internacional, en relación a los ataques contra Irán, y pide que el conflicto se resuelva a través de vías diplomáticas.

Este jueves, Defensa informó del envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, después de que un dron lanzado desde el Líbano impactara en una base británica en la isla.

El Gobierno sostiene que una cosa es una misión de ataque y otra de defensa, pero el PP reclama que la participación en esa operación sea autorizada por el Congreso porque, subraya, se está enviando un buque de guerra a una zona de conflicto y los soldados españoles se exponen a ser atacados.

En ella se guarda bajo llave el legado de reconocidos artistas. Y desde este miércoles, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid ya atesora el de las pioneras Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún por el Día Internacional de las Mujeres. Resulta un hecho incontestable: la historia de España la han escrito hombres. Y en la de la lucha por la igualdad, en mayor o menor medida, también han intervenido. Campoamor y Kent fueron dos mujeres que abrieron paso, que representaron los ideales del feminismo y que constituyeron una parte esencial de la historia política de España y del mundo. Sin embargo, cuando sus nombres se ponen uno al lado del otro de lo que se habla es de su enfrentamiento de ideas. Una quería el voto, la otra lo impedía.

Es cierto, pero solo en parte. Campoamor consiguió el voto, pero Victoria Kent no era antisufragista, ni mucho menos. No pedía que las mujeres no votaran sino que fuera más tarde, cuando la recién nacida República gozara de mejor salud. Para ella, las mujeres de España se convertirían en republicanas y de izquierdas en cuanto pudieran vivir los derechos conquistados con la nueva política. Era cuestión de tiempo.

Otras que también abrieron paso, que vivieron esa República y su posterior caída, también han sido olvidadas o simplificadas por la historia. La escritora Elena Fortún cambió la literatura infantil y defendió el feminismo desde antes de convertirse en la madre y escritora de Celia, una colección de novelas sobre una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. 

Las encargadas de poner en palabras la historia de estas mujeres en el evento organizado por el Cervantes han sido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; la doctora en Historia, Maria Dolores Ramos Palomo; la editora de Editorial Renacimiento, Christina Linares; las sobrinas nietas de Kent, Ana María y Concepción O’Kean; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha clausurado el acto. 

El acto también ha homenajeado el Lyceum Club Femenino, una asociación que buscaba el desarrollo social y cultural de las mujeres entre 1926 y 1939. Ser socia significaba haber realizado trabajos literarios, artísticos o científicos, participado en causas sociales o tener títulos académicos. Victoria Kent llegó a ser vicepresidenta de la entidad y Campoamor y Fortún también formaron parte de ella. 

El evento ha arrancado con la intervención de Carmen Calvo, que ha reclamado la figura política de Clara Campoamor como una mujer más allá del voto o más allá de ser una pionera. “El machismo quiere que hablemos de ella como una política que hizo algo en un apartado, el de pelear por el sufragio, pero ella es el personaje político, hombres y mujeres incluidos, que más ha sabido comprender lo que es la democracia. No se la entendía por muchos flancos y de una manera cruel las Cortes decidieron enfrentar a las dos únicas mujeres que había en la Cámara”, ha relatado Calvo. “El machismo nos quiere como pioneras o como víctimas pero tenemos que reaccionar contra esto. Cuando somos pioneras somos frágiles porque estamos solas, pero nos podemos hacer fuertes formando parte de un grupo, formando parte del feminismo”, ha añadido. 

Tras su discurso, ha acompañado a Luis García Montero, director del Instituto y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hacia la Caja de Letras para guardar parte del inmenso legado que ha dejado la política. Entre los obsequios, el Congreso ha cedido un tomo del Diario de Sesiones que recoge varias de las intervenciones de Campoamor, entre ellas, ese famoso reclamo por el derecho de la mujer del 1 de octubre de 1931, para que el Instituto pueda ser su nueva casa durante unos meses. 

Tras el emocionante momento, Christina Linares se ha subido al escenario para rendir tributo a la escritora Elena Fortún –o Encarnación Aragoneses de Urquijo, su verdadero nombre–. Ella también tuvo un papel decisivo en la lucha de las mujeres. Como escritora, creó el personaje de Celia, una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. En su obra, aunque era para los más pequeños, siempre se podía apreciar su lucha por las mujeres y, en un tiempo marcado por el franquismo y el exilio, por la democracia. “A través de la mirada de una niña, era capaz de criticar el mundo de los mayores”, ha destacado Linares. 

Ya en su momento, reflejaban los ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Se acabaron editando los manuscritos de Celia en la revolución (1987), sobre Guerra Civil, y las novelas de temática lésbica Oculto sendero (que firmó como Rosa María Castaños y que no se publicó hasta 2016) y El pensionado de Santa Casilda (2022, con Matilde Ras).

Poco se sabía de ella como escritora. Por ello, Linares ha querido reclamar el papel de expertas e historiadoras que han conseguido desempolvar la historia que muchos querían que fuera olvidada. “Fortún transformó el panorama de la literatura infantil pero antes ya escribía artículos sobre feminismo. Fue vegetariana, sabía leer las cartas, se refugió en el espiritismo para superar la muerte de su hijo y era lesbiana. Todo esto lo sabemos gracias a las expertas”, ha recalcado. 

Como con Campoamor, se han dirigido a la Caja de las Letras para poder entregar varias primeras ediciones de la obra de Fortún. Junto con la hija de Carmen Laforet, Cristina Cerezales, han hecho entrega de los libros, que según la escritora ha conseguido gracias a la “amistad de su madre con Fortún”. 

Victoria Kent también ha recibido su propio homenaje. Faltaría más, en la fecha del evento, el 4 de marzo, nació la política en 1898. Ha pasado a la historia de muchos como la mujer que se opuso al voto femenino. No fue así. Abogó por los derechos de las mujeres durante toda su vida y abrió las puertas de todas las que vinieron después. 

Ella fue la primera mujer que formó parte del Colegio de Abogados de Madrid. Allí, también se convirtió en la primera mujer defensora en el mundo ante un tribunal militar en 1931. Además, Consiguió que se cerraran 114 centros penitenciarios, mandó construir la Cárcel de mujeres de Ventas en Madrid –sin celdas de castigo–, y creó el Instituto de Estudios Penales. 

La historiadora María Dolores Ramos Palomo ha relatado la forma en que tuvieron que volver a reconstruir, como si de un puzle se tratase, la vida de todas estas mujeres, de las que no había prácticamente nada ya descubierto. Solo fue cuando se abrieron las hemerotecas y las bibliotecas cuando las investigadoras descubrieron la aventura que fue la vida de todas ellas. 

El legado de Kent se ha representado con la lectura por parte de sus sobrinas nietas, Ana María y Concepción O'Kean, de varias cartas de la política en su tiempo en Nueva York. Los objetos también han incluido varios de sus escritos y una foto con Louise Crane, quien fue su pareja hasta que falleció en 1987. Precisamente la compañía de teatro Arte por el Arte Producciones ha realizado una lectura dramatizada de un extracto de la obra Victoria Kent o la verdadera identidad de Madame Duval sobre la relación entre ambas. 

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha puesto el broche final al acto: “Cuando vemos sus biografías podemos ver cuánto empeño se puso en silenciarlas. El orden mundial ahora se tambalea, en muchos lugares del mundo se ve la barbarie, que también se asienta en las grietas de una sociedad polarizada”, ha apuntado. 

“Comprometernos por la lucha es saber que las democracias que con tanto esfuerzo se han levantado, se pueden destruir de un mazazo. Nuestra responsabilidad con estas mujeres y las nuevas generaciones es proteger estos valores sobre los que hemos construido la sociedad que somos”, ha zanjado. 

Vox ha retirado al exsecretario general del partido y diputado nacional, Javier Ortega Smith, de la Diputación Permanente del Congreso y de las tres comisiones de las que formaba parte en la Cámara baja.

Así lo han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, que han indicado que la petición para apartar a Ortega Smith de dichos órganos se produjo hace dos semanas y se hizo efectiva el pasado 25 de febrero.

Además de dejar la Diputación Permanente- órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones-, también ha abandonado su puesto en las Comisiones de Justicia -donde ya había dejado de ser portavoz el pasado 9 de enero-; de Interior -donde era portavoz adjunto- y la de investigación de la Operación Cataluña.

Vox está a la espera de que el Comité de Garantías del partido resuelva el expediente de expulsión impulsado por el Comité Ejecutivo Nacional contra Ortega Smith por negarse a obedecer su orden de que dejara de ser su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Después de darle de baja en la Diputación Permanente, donde le sustituye ahora Carlos Hernández Quero, y en las tres citadas comisiones, el partido que lidera Santiago Abascal le dio de alta, como vocal, en la Comisión de Presupuestos.

Preguntada este martes en rueda de prensa en el Congreso por si se va a adoptar alguna medida disciplinaria contra Ortega Smith dentro del grupo parlamentario, la portavoz de Vox en la Cámara, Pepa Millán, ha dicho que se procederá regladamente tal y como establecen los estatutos.

La pasada semana, en los pasillos del Congreso, Ortega Smith aseguró que no abandonará su escaño por las discrepancias que mantiene con la dirección nacional del partido.

El que fuera secretario general de Vox está suspendido cautelarmente de militancia por negarse a dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en su expulsión definitiva de la formación.

Fuentes de Vox explicaron la pasada semana que decidirán sobre si Ortega Smith continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

La desclasificación de los documentos del 23-F ha generado gran revuelo mediático desde que fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 23 de febrero, a los 45 años de los acontecimientos. Todos investigan la culpabilidad o inocencia del rey Juan Carlos ya que su papel estuvo en cuestión, a pesar de que su actuación le valió el respaldo social que no había tenido como heredero de Franco y a falta de un plebiscito previo que lo legitimase. De hecho, el mismísimo Adolfo Suárez se lo reconoció a Victoria Prego, afirmando que incluyeron la monarquía en la Ley de Reforma Política porque hacían encuestas internas y la República ganaba como forma de gobierno. Recordemos que en el imaginario colectivo de entonces era apodado como Juan Carlos I el breve. Otros medios buscan su exoneración y ascenso a los altares con portadas similares a las que salieron a los pocos días del fracaso del golpe de Estado en aquel frío febrero de 1981. Pero no esperen encontrar grandes titulares reales porque algunos hechos que se presentan como novedades ya han sido publicados anteriormente en libros por los historiadores expertos en el tema. En este sentido, como decía don Manuel Azaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es incluirlo en un libro. Por otro lado, hay que mirar detenidamente toda la documentación, y aunque no haya exclusivas importantes los historiadores saben interpretar en los márgenes y en las zonas grises, contextualizando y contrastando con otras fuentes, pero se necesita tiempo y trabajo de investigación. También falta por conocer la documentación que el Tribunal Supremo custodia en una caja fuerte, y que suponemos bajo llave de Manuel Marchena. Tampoco podemos obviar que a lo largo de todos estos años se ha expurgado y destruido documentación sensible o relevante. Incluso la referencia a las familias que financiaron el golpe en su trama civil aparece con un gran tachón en un documento de los que han visto la luz. 

Lo que parece fuera de toda duda es que resulta imposible que Juan Carlos de Borbón, que instauró Franco en el trono y que por pura supervivencia apostó por democratizar el régimen de la mano de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, no supiera nada del malestar en los cuarteles, y más teniendo en cuenta que era jefe de las Fuerzas Armadas. Ni es creíble conociendo su relación de amistad y confianza con su preceptor Alfonso Armada, uno de los principales implicados en la intentona golpista. Resulta extraño que no hubiera oído hablar del famoso gobierno de concentración del que sería presidente el propio Armada y por lo que se desplazó al mismo Congreso de los Diputados con la autorización del mismo Juan Carlos de Borbón y de Sabino Fernández Campo, secretario general entonces de la Casa Real. Por estos motivos y otras cuestiones, a estas alturas podemos señalar que el rey incitó, animó, o jaleó el golpe con su imprudencia, irresponsabilidad y frivolidad. Estaba harto de Adolfo Suárez, quería echarlo a toda costa, esto es conocido por todos, no descubro nada nuevo. Él habló mal de Suárez delante de todos los militares que quisieron escucharle y demás personas poderosas y de confianza. Consideraba que Suárez estaba yendo demasiado lejos en la construcción de la democracia desde la legalización del PCE, el desarrollo del Estado de las autonomías, a lo que había que sumar el constante goteo de asesinatos de ETA a militares y guardias civiles en 1980.

Una vez que Suárez ganó las elecciones de 1977 y de 1979 se sintió respaldado democráticamente y desligado de las exigencias del jefe de Estado, que le había elegido a dedo en julio de 1976, siguiendo las enormes prerrogativas que el monarca tenía al haber heredado todos los poderes de Franco a su muerte. Obviamente el rey contribuyó a parar el golpe o las varias tramas del golpe de Estado al no sumarse y desautorizar a Jaime Milans de Bosch, que sacó los carros de combate a las calles de Valencia y era otro viejo conocido del monarca. Pero Juan Carlos I tardó siete horas en salir públicamente ante todos los españoles a través de los televisores con una intervención leída en la cadena pública. En realidad, quien paró el golpe de Estado veinticinco días antes fue Adolfo Suárez al dimitir para sorpresa de los golpistas y del propio jefe de Estado, el 29 de enero de 1981.

Juan Carlos I no podía sumarse al golpe por varios motivos: si salía mal su corona correría la misma suerte que la de su abuelo Alfonso XIII o la de su cuñado Constantino de Grecia, tras más de cuarenta años del exilio de su abuelo y saltarse a su padre en el escalafón dinástico; además, la motivación principal del golpe ya había desaparecido porque Suárez había dimitido; y la entrada de Antonio Tejero a tiros en el Congreso de los Diputados era demasiado. De hecho, los agujeros en el techo del hemiciclo y, sobre todo, en las paredes nos recuerdan que la tragedia estuvo a punto de consumarse, ya que las marcas están a unos pocos metros por encima de los asientos de los diputados que se situaban en los escaños más altos. Nunca se ha reconocido suficientemente el papel de Adolfo Suárez, ahora empañado por la denuncia de agresión sexual, porque fue él quien más contribuyó a parar el golpe o al menos lo neutralizó. Ni el ducado de Suárez ni el Toisón de Oro fueron suficientes reconocimientos y más después del trato que recibió por parte del monarca. Ha sido el único presidente de gobierno en ejercicio de esta etapa democrática que ha dimitido y sin explicar bien sus motivos. Estaba completamente solo, ya que la plataforma electoral que se había constituido para que se presentase a las elecciones en 1977 y 1979 –la UCD– ya había saltado por los aires. Estaba apoyado únicamente por el veterano vicepresidente y ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, antiguo jefe del espionaje franquista en Madrid durante la Guerra Civil, que además tuvo una actuación muy digna ante los guardias civiles golpistas por lo que fue zarandeado y sacado del Congreso a la fuerza. Pero el Alzheimer y la falta de unas memorias del propio Suárez hicieron que se desconociese su versión de los hechos y que su figura se diluyera hasta su muerte física en 2014. 

Con lo que sabemos hasta ahora, la sombra del rey sigue siendo alargada en el 23-F y se vio obligado a no secundarlo por las circunstancias señaladas. Adolfo Suárez tuvo un papel crucial en el fracaso del golpe de Estado, intentó incluso evitarlo con su dimisión. Recordemos la famosa frase que pronunció en su discurso de despedida de diez minutos a la nación retransmitido por televisión: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Sin olvidar la actuación de Antonio Tejero, que cuando se enteró de las intenciones de Armada y su gobierno de concentración con socialistas en carteras ministeriales quedó espantado y no le dejó pasar al hemiciclo.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

PP, Vox y Junts han impedido en el Congreso una iniciativa para regular el precio de los alquileres de temporada y de las habitaciones con el fin de favorecer la vivienda a los estudiantes que residen fuera de sus domicilios familiares, al tiempo que también se han unido para rechazar fortalecer la supervisión de la calidad de las universidades privadas y sus nuevas titulaciones, informa EFE.

Sin embargo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades sí ha aprobado, con la abstención del PP y de Junts, una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a la incorporación de medidas para luchar contra la violencia machista dentro del ámbito universitario.

La proposición no de ley insta a mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión de maestro o maestra como en el de docente de Educación Secundaria; también a ayudar a las víctimas en la concesión de becas y ayudas al estudio y a fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas, entre otras medidas.

Asimismo aboga por agilizar la homologación y equivalencia de títulos para víctimas de violencia de género.

El diputado de Vox Jacobo González-Robbato ha sido muy crítico tras afirmar que "mucho papel y mucho plan y contenidos de género en las carreras, pero esto no protege a las mujeres que quieren volverse solas y borrachas a casa".

Por otra parte, la comisión ha debatido una proposición no de ley de ERC que insta a tomar medidas urgentes para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios y para que deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a la Universidad.

Sin embargo, tras un empate en los votos, se ha aplicado el voto ponderado, que supone la representación en el pleno de los Diputados, y la iniciativa ha sido rechazada por 177 votos (PP, Vox y Junts) en contra frente a 165 a favor.

"Muchos estudiantes tienen que renunciar a estudiar por la falta de oferta de vivienda", ha señalado la diputada de ERC Etna Estrems tras criticar que el alquiler de habitaciones en Cataluña ha subido un 62%.

La diputada de Sumar Teslem Andala ha apoyado "intervenir y topar los precios de la vivienda" ya que muchos universitarios "deben compaginar estudios con un trabajo precario para poder pagarse una habitación" y el diputado del PSOE Víctor Camino ha señalado que es "indecente" no regular el alquiler de temporada.

La otra iniciativa que también ha sido rechazada por PP, Vox y Junts ha sido una proposición no de ley de Sumar con enmienda del PSOE sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.

El texto instaba al Gobierno a garantizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria establecidos en último real decreto sobre creación de universidades, revisar el régimen de silencio administrativo de los distintos trámites para poner en marcha una nueva titulación oficial para que haya una correcta supervisión y favorecer que las agencias de calidad universitaria avancen en fijar criterios comunes para la evaluación y seguimiento de la calidad de las titulaciones.

El pleno del Congreso aprobará previsiblemente este jueves el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de lesiones más graves.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá esta norma en el Congreso, ya que no podrá asistir a la sesión por un "tema personal", según fuentes del ministerio.

El decreto establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

Las solicitudes se podrán tramitar en oficinas de atención de las delegaciones del Gobierno hasta el 4 de mayo y para atenderlas el Gobierno ha consignado 20 millones de euros: 10 millones en ayudas directas y otros 10 millones en anticipos, todas ellas compatibles con otras subvenciones y ayudas concedidas para la misma finalidad.

En el techo y las paredes del Congreso perviven 35 impactos de los disparos de los golpistas durante el 23F. Y este miércoles aquel intento de quebrar la joven democracia española volvió a llenar el Hemiciclo en la sesión de control, pero con el ejercicio inédito de transparencia de la desclasificación de los papeles que publica hoy el Gobierno.

Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó primero contra el presidente del Gobierno, criticando este ejercicio de transparencia y pidiendo que "desclasifique" los presupuestos, las 184.000 viviendas "que nadie sabe dónde están", "los documentos policiales que advierten de que va a dar papeles a un millón de irregulares", "los contratos por mordidas", el apagón, lo viajes en el Falcon y las visitas de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas. 

"¿No le parece que también es su responsabilidad?", remachó Feijóo. Ante esa primera intervención, Pedro Sánchez le contestó: "¡Qué desafortunado. ¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema?"

"Mire, no sé por qué me hace la misma pregunta que hace dos semanas. ¿No puede innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este Gobierno... Pues es hacer avanzar este país. O que en el año 2025 se haya creado el triple de empleo en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del Gobierno, hay un 25% más de jóvenes trabajando. Crecemos al doble de la zona euro", añadió Sánchez.

Acto seguido, lanzó este mensaje al líder del Partido Popular: "También se redistribuye ese crecimiento como, por ejemplo, subiendo el salario mínimo o revalorizando las pensiones. Ya que tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que aumente los salarios a los trabajadores". Esta frase provocó un gran aplauso en la bancada socialista y también del ala de Sumar.

"Esa es la verdad, España va como nunca y ustedes mienten como siempre", añadió Sánchez. 

En su segundo turno, Feijóo volvió al ataque: "En resumen, usted va a seguir presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción. Siento citar al señor Torres, aunque no está. Presume de feminismo y siento citar al señor Marlaska, que no está. Y presume de gestión de Óscar Puente, que tampoco está".

"Transparencia para todos, menos para usted", añadió el líder de los populares. que apostilló: "El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente". "Cada vez le votan menos", ahondó Feijóo, que subrayó: "Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que usted paró el 23F".

Tras estas palabras, Sánchez ironizó: "Lo más interesantes es que lo llevaba escrito. Me lo imagino delante del espejo leyendo y diciendo esa sarta de mentiras, bulos e infamias. Para una cosa que tiene que hacer usted a la semana".

"Ya que se pone a dar lecciones. ¿Qué va a hacer en Móstoles? ¿Qué va a hacer en Madrid con los 'pocholos' que se dedican a gestionar la educación? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer con Mazón?". Con este dardo final: "Por favor, para lo que ha quedado. En vez de política para adultos, política para ultras".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981", según informa EFE.

En el texto del acuerdo, adoptado el martes en el Consejo de Ministros, se recuerda que se han cumplido 45 años del intento de golpe de Estado con el que se pretendió desestabilizar el régimen inaugurado con la Constitución Española de 1978. "El 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional", señala. 

Añade que la intentona golpista "evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad".

El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático". Subraya que los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar en 1983, permiten que la información se desclasifique sin generar "ningún riesgo real y presente".

Para el Ejecutivo, la desclasificación de la documentación relativa al 23-F no solo supone un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura, sino que permitirá abordar el estudio de la historia de España con mayor rigor, profundidad y precisión.

Además, destaca, responde a una demanda reiterada en el ámbito parlamentario, donde diversos grupos han presentado en diferentes legislaturas proposiciones no de ley reclamando avances en esta materia apelando, entre otras cuestiones, a la necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad o al derecho de investigadores y especialistas a un acceso adecuado a las fuentes.

En su virtud de estos argumentos, el Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación del material relacionado con el 23-F, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior. Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts volverá a echar abajo en el pleno del Congreso, el próximo jueves, salvo sorpresa de última hora, el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, informa EFE.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que el decreto caerá, pero aseguran que lo volverán a llevar al Consejo de Ministros y confían en que "a la tercera vaya la vencida".

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

El decreto-ley "ómnibus" derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto.

Este también se votará el jueves y previsiblemente se convalidará por unanimidad, ya que el PP, Vox y Junts se comprometieron a apoyar la subida de las pensiones si iba en una norma distinta a la moratoria de los desahucios.

La revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7 % (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital.

Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

El decreto-ley de subida de las pensiones incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno ha acordado una nueva subida con los sindicatos.

El decreto-ley que amplía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familia vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026 introduce como novedad, respecto a las prórrogas acordadas con anterioridad, que la suspensión no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas.

También refuerza el sistema de compensaciones a los pequeños propietarios afectados por la moratoria.

El Ministerio de Vivienda hizo estas concesiones al PNV y a Junts a cambio de su apoyo, pero el grupo catalán volvió a anunciar su voto en contra tras leer la "letra pequeña".

Este decreto, que afecta a unas 60.000 familias desahuciadas, incluye otras medidas del llamado "escudo social", como la prórroga también hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos y de los descuentos del bono social eléctrico.

También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Asimismo prorroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.