El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado este jueves un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma.

Bolaños ha comenzado con estas palabras su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, reunida en el Congreso para analizar la gestión del Gobierno ante la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.

El ministro ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho "indiscutiblemente grave" y ha destacado los objetivos que se marcó el Gobierno desde el primer momento, comenzando por los refuerzos para garantizar los servicios y el orden público.

Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.

Como tercer objetivo ha apostado por garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes, "respetando la ley y el Estado de derecho" y atendiendo cada caso de forma individualizada.

Félix Bolaños también ha advertido al PP y a Vox que "no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar" en su crisis migratoria.

Bolaños se lo ha dicho a los diputados y senadores del PP y Vox durante su primera intervención, donde ha desarrollado que es el Estado el que tiene que atender la crisis surgida por la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, para recordar a continuación que las autonomías "también son Estado".

El ministro lo ha dicho en el Congreso el mismo día que en el Ministerio de Juventud e Infancia se celebra una conferencia sectorial en la que se vota la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, en la que las comunidades cuyas consejerías del ramo dirige Vox (Castilla y León, Extremadura y Aragón) han plantado a la ministra Sira Rego.

Bolaños ha dicho que todas las comunidades autónomas "seguro que querrían esa solidaridad si tuvieran una crisis migratoria en su territorio".

Además, el ministro ha dicho sobre la crisis de Ceuta que "quien diga que se soluciona en un santiamén, demuestra una ignorancia insuperable", en referencia a la situación fronteriza de Ceuta.

No obstante, ha considerado que España tiene las capacidades diplomáticas y los medios para poder afrontar la situación, como demuestra que en torno al 90 % de las personas que entraron irregularmente regresaron a Marruecos en horas.

Eso fue gracias también -ha recalcado- al trabajo de diplomacia con Marruecos, que Bolaños ha querido poner en valor. Un trabajo que "no es de estos días, sino que viene de lejos".

El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta, que ya en 2022 puso en marcha un plan integral de desarrollo socioeconómico en la ciudad autónoma que se ha ejecutado hasta ahora en un 80 por ciento, con más de 180 millones invertidos.

Según Bolaños, es el momento en el que el Estado está "más presente en Ceuta", hasta el punto de que el presidente del Gobierno ha visitado la ciudad cuatro veces, la última este mismo mes.

"Otros presidentes del Gobierno nunca, jamás, fueron como presidentes en visita institucional a Ceuta", ha recalcado.

El ministro también ha incidido en que sigue esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le solicite los refuerzos de jueces para Ceuta y ha señalado que en cuanto lo pida, "en horas" lo aprobará.

El titular de Justicia ha explicado que el mismo día 31 de julio su departamento se puso en contacto con el CGPJ para mostrar su disposición a aprobar y financiar "de forma inmediata" cualquier refuerzo que el órgano de gobierno de los jueces solicitara.

"Todavía no hemos recibido esta petición de refuerzo, que podría ser esta misma semana. Cuando la recibamos, en horas lo aprobaremos, además de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta", ha añadido.

Sobre la actuación de su ministerio en la crisis, ha señalado que desde el primer momento se reforzó el Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma, que aumentó su capacidad en un 300 por ciento para llevar a cabo las autopsias e identificación de los fallecidos.

En un tiempo "muy ágil" se llevaron a cabo 82 autopsias y 9 identificaciones, ha precisado Bolaños, quien ha indicado que la prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de los migrantes que han quedado a sus países de origen conforme a la normativa vigente y con las garantías que establece la ley.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la gestión del Gobierno ante la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio, según informan fuentes parlamentarias.

Sánchez ha solicitado este miércoles a primera hora su comparecencia y ha planteado que fuera el día 9, en el primer pleno del periodo ordinario de sesiones, pero finalmente la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que acuda a la cámara una semana antes. El día 9 era ya tarde para muchos grupos, también en el bloque de la investidura.

El PNV considera que Sánchez tenía que haber sido el primero en acudir al Congreso y, según han informado fuentes del grupo vasco, han comunicado esta mañana al Gobierno que la comparecencia debía producirse "de forma inmediata y en pleno extraordinario", sin esperar a las sesiones ordinarias de septiembre.

En Junts no entienden tampoco que Sánchez tarde más de un mes desde el inicio de la crisis en dar explicaciones y Podemos ha traslado al Gobierno que era "lamentable" que propusiera comparecer el día 9.

Su líder, Ione Belarra, ha considerado que Sánchez tendría que haber interrumpido sus vacaciones ante la crisis, opinión que ha compartido el diputado de Compromís en el grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha estimado que llega "muy tarde".

Sin embargo, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, no ha puesto pegas a la fecha; le parecía bien tanto el 9 de septiembre como el 3, ya que lo importante es que comparezca.

Por su parte, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha recordado que su partido lleva semanas reclamando esa comparecencia. "Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones", ha señalado en declaraciones a los periodistas.

Tanto Muñoz como la portavoz de Vox, Pepa Millán, han criticado que Sánchez no interrumpiera sus vacaciones y se han hecho eco de informaciones publicadas por varios medios que señalan que tras el Consejo de Ministros de este martes Sánchez viajó a Andorra.

Millán ha dejado claro que en su formación no esperan "nada" de la comparecencia de "un traidor que está abandonando a los ceutíes"; "Vamos a trabajar para que este Gobierno responda ante la justicia y ante la historia", ha afirmado.

El Gobierno ha registrado la petición de comparecencia de Sánchez pocas horas antes de que la Diputación Permanente del Congreso —el órgano encargado de ordenar el trabajo parlamentario fuera del periodo ordinario de sesiones— debatiera y votara las peticiones registradas por el PP durante el verano para que Sánchez y sus ministros acudieran de forma urgente.

El pasado 30 de julio, unas 70.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos y entraron en Ceuta. Han pasado tres semanas y, aunque el número de migrantes ha disminuido —las últimas estimaciones hablan de 5.000 personas migrantes aún en la ciudad— todavía se está “muy lejos” de restablecer la normalidad, según ha descrito este mismo lunes el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

¿Se podría haber evitado esta crisis? ¿Se está trabajando lo suficiente para que la ciudad pueda volver a la normalidad? ¿Cuántos migrantes quedan realmente y cuál va a ser su futuro? Son algunas de las dudas que todavía quedan y que, a partir de este martes y hasta el lunes que viene, se espera que puedan ser respondidas por los ocho ministros que van a comparecer en sus respectivas comisiones en el Congreso de los Diputados.

La primera gran pregunta que queda por resolver es si esta entrada masiva se podría haber evitado, por lo que es importante conocer la información que manejaba el Gobierno antes del 30 de julio y qué acciones se llevaron a cabo. La primera ministra que tendrá que responder a esta cuestión es Margarita Robles, titular de Defensa, que este martes abre el turno de palabra.

En una comparecencia pública ante los medios, la ministra ya eludió la pregunta de si el CNI, dependiente de Defensa, había alertado al Ministerio del Interior. Se limitó a destacar el “trabajo excepcional” de sus profesionales, por lo que los diputados aprovecharán para pedir más explicaciones.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podrá arrojar más luz sobre esta cuestión en su comparecencia del viernes, concretamente sobre qué coordinación policial existió con las autoridades marroquíes antes, durante y después de la crisis, qué información recibió España y qué compromisos se han alcanzado para evitar una nueva entrada masiva.

Otro de los puntos en los que se centrarán los interrogatorios de ambos ministros, es en el papel que tuvo Marruecos. Desde el Gobierno no han querido hacer alusiones directas al país vecino, indicando que detrás de la llegada masiva estarían las mafias de migrantes y un llamamiento masivo en redes. Robles ha sido la única que se ha salido un poco de este molde y el pasado 3 de agosto reclamó a las autoridades marroquíes que “investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes” y consideró imperativo que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

Otros ministros como Marlaska, Albares o Elma Saiz este mismo martes han defendido que Marruecos sigue siendo un “socio fiable y leal”, indicando que tuvo una “disposición de colaboración” desde el primer momento.

Sin embargo, quién más podrá responder sobre este tema, es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha mantenido una comunicación constante con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. El Gobierno sostiene que Marruecos no actuó de forma hostil ni está detrás de la entrada masiva, por lo que la aclaración de en qué información se basa esa conclusión será una de las cuestiones centrales.

Otro punto relevante es lo ocurrido entre el 30 de julio y el 15 de agosto, día en el que se esperaba una segunda entrada masiva que nunca se llevó a cabo, principalmente porque Marruecos desplegó a sus fuerzas de seguridad y controló los accesos. Las preguntas estarán enfocadas en qué cambió entre ambas fechas en la relación con las autoridades marroquíes.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tendrá que responder el jueves sobre las gestiones y contactos con su homólogo marroquí. Será preguntado sobre si ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los muertos, si existe una relación de desaparecidos y quién coordina jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.

El titular de Justicia deberá responder también a la petición del Consejo General del Poder Judicial para reforzar el servicio de guardia y la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer de Ceuta, cuestión que ha abordado este lunes en una carta en la que indica que “tiene todo preparado” para cuando se le dé traslado de la solicitud del Tribunal de Instancia de Ceuta.

Otra de las grandes preocupaciones en Ceuta tiene que ver con la respuesta sanitaria que se ha dado a la crisis. En la Comisión de Sanidad del jueves, la ministra de Sanidad tendrá la oportunidad de confrontar su versión con la de la oposición, en la que el PP ya ha pedido la dimisión de la ministra por lo que describen como un “colapso sanitario”.

El PP ha reprochado que García no ha reforzado las plantillas pese a las advertencias de los médicos que se encuentran en Ceuta y Elías Bendodo llegó a cifrar el único refuerzo por parte del Ejecutivo en “dos médicos y dos enfermeros”.

El Ministerio respondió negando esta situación y explicando que los hospitales, tanto urgencias como atención primaria, han funcionado dentro de los niveles de “normalidad”. García añadió que se ha agilizado la contratación de hasta 60 nuevos sanitarios y reforzado las plantillas de urgencias en torno a un 17% más. Sin embargo, los sindicatos de médicos alegan que el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra al 125% respecto a la capacidad estival habitual y que solo el 25% lo ocupan migrantes.

El foco se pondrá también sobre la aparición de enfermedades contagiosas. El debate se ha agravado este fin de semana con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reclamando al Gobierno que estudie confinar a las personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas por el riesgo de tuberculosis, sarna, varicela o gastroenteritis. 

La propia ministra le respondió que un confinamiento “es injustificado y totalmente desmesurado” y que, por el momento, solo se han confirmado tres casos de tuberculosis, dos de ellos no contagiosos, tres sospechosos de varicela, de los cuales dos no tienen que ver con la población migrante, y 450 casos de gastroenteritis, ya controlados y relacionados con el consumo de agua contaminada.

Sin embargo, la gran duda tiene que ver con la situación actual de los migrantes en Ceuta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado cuatro espacios temporales con una capacidad inicial de 1.500 plazas y posteriormente ha elevado a 1.800 las plazas disponibles, con organizaciones como Accem y Cruz Roja encargándose de gran parte de la atención.

Incluso con estos cambios, sigue habiendo personas que duermen en playas y espacios públicos y se han conocido casos de migrantes que pagan hasta 500 euros semanales por dormir en trasteros. La ministra de Migraciones, Elma Saiz tendrá que explicar si la capacidad de acogida es suficiente y qué medidas se están tomando para garantizar unas condiciones dignas de alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria.

Otra de las grandes incógnitas que podrá resolver en su comparecencia del viernes es cuántas personas quedan realmente en Ceuta y cuál será el futuro de cada una: cuántos serán acogidos, cuántos podrán pedir asilo, qué ocurrirá con los menores y cuántos serán devueltos a Marruecos, así como los plazos y las condiciones para hacerlo.

Los menores son otro de los puntos calientes, ya que según los últimos datos del Gobierno, hay actualmente 2.500 en la ciudad autónoma, que no pueden ser deportados de forma masiva debido al artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece que cada caso se tiene que estudiar de forma individualizada.

Ante el desbordamiento, el Ministerio de Infancia anunció que está estudiando trasladar a 500 niñas a centros de asociaciones de infancia de la Península para aliviar la presión en Ceuta. Sin embargo, el plan sigue en el aire. Fuentes de esta cartera indican que su participación es únicamente de apoyo, por lo que tiene que ser Ceuta la que firme los convenios con las entidades y, por el momento, no hay ningún avance.

La cifra de 500 responde a la información recibida de las asociaciones sobre las plazas libres y se decidió que fueran niñas por ser el grupo más vulnerable. Pero es la propia ciudad autónoma la que debe decidir qué menores concretos se beneficiarían de estos traslados urgentes. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, deberá explicar el lunes los avances de este plan y qué se puede hacer con todos los menores que se encuentran en Ceuta.

Ese mismo día, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, podrá añadir una nueva capa a la situación de las mujeres y niñas que llegaron a Ceuta. Desde Igualdad indican que desde el 30 de julio no han recibido “ninguna” llamada al 016 relacionada con la crisis de Ceuta, pero desde los juzgados hablan de hasta 13 denuncias formalizadas por agresión sexual, por lo que Redondo tendrá que responder sobre esta realidad.

De esta manera, en una semana y tras el paso de ocho ministros del Gobierno por el Congreso, se espera poder tener información más amplía y concreta sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta desde su origen y el futuro que espera a la ciudad autónoma y a las personas migrantes.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

El Congreso ha cerrado el curso político con el habitual pleno escoba, celebrado el pasado jueves 23 de julio. Se trata de la sesión maratoniana que se celebra en la Cámara Baja cada año, antes de cerrar hasta septiembre, para culminar las votaciones que no se han logrado sacar adelante durante meses. En la cita de este año, el Gobierno logró sacar adelante la convalidación del segundo decreto de medidas anticrisis por el conflicto en Oriente Medio, que incluye una rebaja de los carburantes, y la reforma de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. 

También culminó, tras el conflicto con el Senado, la tramitación de tres proposiciones de ley impulsadas por el PSOE: la actualización periódica del programa de cribado neonatal, la transferencia de la AP-9 a Galicia y la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta última permitirá a los profesionales mutualistas alternativos (como abogados, procuradores o arquitectos) trasladar de forma voluntaria sus fondos acumulados en mutualidades privadas al RETA de la Seguridad Social para mejorar las futuras pensiones de jubilación de estos profesionales. Además, con los votos de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, sacó adelante una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para constituir grupo parlamentario propio.

Pero ese mismo pleno certificó, una vez más, los límites de la mayoría parlamentaria, ya que PP, Vox y Junts volvieron a tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el primer paso para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Es la segunda votación consecutiva que pierde el Gobierno en esta materia en apenas un mes. El Congreso también rechazó la senda de déficit público, aunque no tiene implicaciones prácticas y el Gobierno podrá presentar sus presupuestos a la vuelta del verano.

Para septiembre quedan pendientes 81 proyectos de ley en tramitación, varios de ellos llevan más de un año y medio esperando su turno. La Ley de Familias y la reforma del Estatuto de los Trabajadores para trasponer la directiva europea sobre condiciones laborales llegaron a la Cámara en 2024 y siguen sin ver la luz.

El bloque más numeroso tiene que ver con derechos sociales y sanidad. Ahí está la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que busca recuperar el acceso sanitario para colectivos que quedaron fuera de la cobertura pública como las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal; la reforma de la financiación de la dependencia para las personas con ELA y con otras enfermedades de curso irreversible; o la Ley de Organizaciones de Pacientes, que busca integrar por primera vez a las asociaciones de pacientes en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el terreno laboral, sigue pendiente el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, que debía poner coto a la precariedad de los becarios y que los sindicatos llevan reclamando desde hace años.

Le sigue el bloque institucional, con la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés en España, la conocida como ley de los lobbies, el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la norma de secretos oficiales de la época franquista de 1968 para regular con criterios democráticos qué documentos puede reservar el Estado y durante cuánto tiempo, una reforma prometida por numerosos gobiernos y que aún sigue sin materializarse.

También siguen pendientes la Ley de gobernanza de la inteligencia artificial y la de protección de menores en entornos digitales, dos textos que llevan meses de retraso, pese a la urgencia con la que Bruselas empuja a los Estados miembros a regular esta materia. Además, también está en tramitación la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que lleva más de dos años en el Congreso pese a ser una demanda histórica del sector.

Sin embargo, una parte considerable de esos 81 proyectos no son iniciativas nuevas del Gobierno, sino la tramitación parlamentaria de reales decretos-ley que ya están en vigor, como las ayudas tras la dana, la revalorización de las pensiones o la respuesta a la amenaza arancelaria, que ya se aplican desde la convalidación de los decretos.

A diferencia de los proyectos de ley que siguen en el Congreso, hay tres proposiciones que ya aguardan en el Senado. Ya han superado su tramitación en el Congreso, lo que las convierte en las que más opciones reales tienen de convertirse en ley nada más arrancar el curso.

Esas son la prohibición de las terapias de conversión LGTBIQ+, el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad para los funcionarios de prisiones y el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, las tres en fase de enmiendas. También está pendiente la extensión de derechos de las personas con discapacidad, el único proyecto que ya se tramita como tal en el Senado, no como proposición.

Sumando reales decretos-ley, leyes ordinarias, las dos reformas de la Constitución y las cuatro modificaciones del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo llega al parón de agosto con 74 normas publicadas en el BOE desde que arrancó la legislatura, en noviembre de 2023. Una cifra todavía muy alejada de las 215 iniciativas aprobadas durante la legislatura anterior, reflejo de las dificultades parlamentarias con las que el Gobierno afronta el nuevo curso, marcado de nuevo por su dependencia de Junts.

El pleno del Congreso ha vuelto a rechazar la senda de estabilidad del Gobierno para 2027-2029, la misma que se votó la semana pasada y que ha obtenido idéntico resultado al votar en contra PP, Vox y Junts, lo que supone un revés político, pero no impide al Gobierno presentar los Presupuestos de 2027 después del verano.

La ley de estabilidad presupuestaria obligaba a esta segunda votación en la Cámara, aunque el Gobierno haya presentado la misma senda de la semana pasada, con unos objetivos de déficit del 1,8% del PIB para 2027, del 1,6% para 2028 y del 1,5% para 2029, que ya están incluidos en el plan fiscal de medio plazo acordado con la Comisión Europea.

No obstante, el rechazo de los objetivos de déficit supone que las comunidades autónomas se quedan sin los 5.849 millones de margen fiscal que suponía contar con una décima de déficit (0,1% del PIB) para cada uno de los próximos tres años.

Al ser rechazada por la Cámara Baja, se vuelve a la senda original del plan fiscal que no incluye ese margen y que prevé el equilibrio fiscal para las autonomías.

Durante el segundo debate de este jueves el ministro de Hacienda, Arcadi España, le ha dicho al PP que "es legítimo discrepar políticamente del Gobierno", pero que resulta "difícil de comprender" que esa discrepancia "termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan".

"Espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por obtener más recursos y más estabilidad para el conjunto de nuestras administraciones", le decía el ministro al PP antes de la votación.

Lejos de la petición de Arcadi España, el diputado del PP José Vicente Marí ha pedido al Gobierno que "no hagan perder el tiempo a los españoles y convoquen elecciones" y le ha afeado al ministro que ni siquiera haya tratado de llegar a un nuevo acuerdo con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El diputado de Junts Josep María Cruset le ha dicho al ministro que no debe tener mucho interés en sacar adelante unos nuevos presupuestos cuando les presenta a las comunidades autónomas el mismo margen fiscal que en ejercicios pasados y que ya ha sido rechazado, al tiempo que ha criticado que los últimos datos de ejecución de inversión sitúen a Cataluña a la cola cuando para pagar impuestos está en cabeza.

El diputado de Vox José María Figaredo ha considerado que el ministro de Hacienda va al Congreso a pedirles a los españoles que paguen más impuestos y ha echado la culpa del afán recaudatorio del Gobierno "a los cinco millones de inmigrantes que han metido en España en los últimos cinco años" que están menoscabando los servicios públicos.

El segundo rechazo del Congreso no tiene implicaciones prácticas, puesto que el Gobierno podrá presentar los Presupuestos de 2027 en octubre tomando como referencia ese objetivo de déficit público del 1,8% del PIB que ya está acordado con Bruselas.

También el Congreso ha convalidado el decreto ley con la prórroga por tres meses de algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio con el apoyo mayoritario de la cámara, salvo por el rechazo de Vox y la abstención del PP. La norma ha salido adelante con 175 votos a favor, 33 en contra y 140 abstenciones.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado durante su intervención que España ha desplegado el "escudo" más ambicioso de toda la Unión Europea (UE) frente al conflicto, con un primer decreto con medidas de apoyo por 5.000 millones de euros, a los que se suman los 1.825 millones del segundo decreto que se convalida este jueves.

A ello hay que sumar los 2.700 millones que se dejarán de recaudar por la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, una medida demanda por el sector y algunos grupos políticos, ha explicado Cuerpo.

"Hemos aprendido de las crisis de los últimos años", ha dicho Cuerpo tras explicar que los objetivos del primer plan se han conseguido, porque se ha mantenido el pulso de la economía y el empleo, al tiempo que se ha protegido a hogares y empresas.

Las rebajas fiscales del primer decreto han contenido un punto en promedio la inflación hasta junio, "amortiguando la subida de los precios en más de un 60%", ha subrayado el ministro, que ha añadido que el segundo decreto que se aprueba hoy suprime las rebajas de IVA, pero mantiene la del impuesto especial de hidrocarburos.

Esta rebaja es de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y cinco céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre, si bien se establece una cláusula de reactivación si la situación empeora, dada la volatilidad de los precios de la energía causada por el incierto contexto geopolítico.

En virtud de esa cláusula el impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15% y, de la misma manera, se recuperarán las bonificaciones fiscales para la electricidad y el gas si se encarecen más de un 15%.

El decreto ley que convalidado hoy está en vigor desde el 1 de julio con una aplicación correcta de la rebaja prevista en hidrocarburos por parte de las gasolineras, según ha dicho el vicepresidente, que ha recordado que también las anteriores rebajas del IVA fueron trasladas a los consumidores "sin apropiación indebida" por parte de las estaciones de servicio.

El debate no ha estado exento de reproches de todos los grupos, que en general han considerado insuficientes las medidas adoptadas.

Entre las críticas más duras las del diputado del PP, Jaime de Olano, quien además de sacar a relucir "la corrupción del Gobierno", se ha quejado de que se "ha frito a impuestos a la clase media" mientras se "reconocía a la UE haber recaudado 2.300 millones de euros más cada año solo por no deflactar el IRPF, como le viene pidiendo el PP desde hace cinco años".

El PP, que no avanzó durante el debate el sentido de su voto, finalmente se ha abstenido como ya hizo con el primer decreto ley de respuesta al conflicto de Oriente Medio.

Asimismo, el Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad de devolución del PP y Vox al proyecto de ley que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que ahora iniciará su tramitación en la Cámara.

Las dos enmiendas han sido rechazadas en una votación conjunta con los 178 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a los 170 del PP y Vox, a los que solo se han sumado UPN y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith, ahora en el grupo mixto.

El PP y Vox, a los que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido que no bloqueen que los gobiernos autonómicos que sí están de acuerdo con la quita de parte de su deuda aprovechen esta medida, han argumentando que la ley solo mutualiza la deuda, no la condona, y favorece así a las comunidades más despilfarradoras, sin exigir a cambio ningún tipo de disciplina fiscal.

En nombre del PP, Juan Bravo se ha remontado al origen del proyecto para denunciar que la ley fue el "precio" que exigió ERC para investir a Pedro Sánchez y reclamar una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica, no una que "solo se la compra Cataluña".

"Ni condonan, ni ayudan, ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles" ha señalado Bravo, añadiendo que a eso mucha gente lo llama "corrupción política".

En la misma línea, el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ha recordado que la deuda no desaparece, solo "cambia de bolsillo", y envía el mensaje "devastador" de que "no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto".

El socialista Alejandro Soler ha acusado al PP de buscar "excusas" y ha aventurado que sus gobiernos autonómicos en realidad "hacen palmas" pensando en la condonación de su deuda y que la formación de Alberto Núñez Feijóo lo que querría es que el Gobierno les obligue a aceptarla.

Por Sumar, Carlos Martín, ha anunciado que su grupo se propone "mejorar" el proyecto durante su tramitación parlamentaria introduciendo un límite de tiempo en el que las comunidades que se acojan a la quita no puedan establecer rebajas de impuestos.

Los partidos independentistas catalanes han rechazado también las enmiendas de PP y Vox. ERC, en palabras de Teresa Jordà, ha negado que la condonación sea un "privilegio" para los catalanes, ya que Cataluña "sale ganando", pero también "beneficia a todos los territorios".

A su vez, Junts, por boca de su diputado Josep Maria Cruset, ha indicado que facilitará la tramitación de este proyecto de ley, pero ha avisado de que su intención es conseguir la condonación de la totalidad de la deuda catalana.

Desde el Grupo Mixto, Podemos ha pedido que esta condonación sirva para reforzar los servicios públicos y no para rebajar los impuestos a los más ricos; el BNG ha dicho que la deuda es consecuencia de la "mala gestión" del PP; Coalición Canaria, que la fórmula escogida "no es justa"; y la diputada de Compromís Águeda Micó, que esta es una oportunidad de "hacer justicia con la Comunidad Valenciana".

En este último pleno antes del parón veraniego se ha aprobado la convalidación del decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y que eleva el plus por residencia para los funcionarios del Estado que viven en Baleares, gracias a la abstención del PP y con el voto en contra de Vox y Podemos.

El decreto ha salido adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones, y hasta el momento de la votación había dudas sobre el sentido del voto PP que podía poner en peligro la convalidación de la norma, que además se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Durante el debate el diputado del PP Ángel Ibáñez ha sido muy crítico con una medida sobre jubilación parcial que trata de arreglar "sin estrategia ni planificación" una "avería" provocada por el propio Gobierno con la reforma del contrato de relevo, y ha defendido que "frente al desastre" será un nuevo Ejecutivo el que en breve se hará cargo de la Función Pública.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha dejado más clara su posición al asegurar que con sus votos no se va a hacer ninguna reforma del empleo público si no se resuelve antes el problema de la interinidad, en tanto que el diputado de Vox, Emilio del Valle, ha afirmado que se opondrán "a todo lo que traiga este Gobierno salpicado de corrupción".

El decreto ley debatido este jueves permite la contratación temporal de relevistas para sustituir al personal laboral de las administraciones que se jubile parcialmente, después de que en un desarrollo de la reforma de pensiones se estableciese que los relevistas debían ser siempre indefinidos, una fijeza que en el ámbito público requiere haber pasado por una oposición o concurso oposición.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado durante su intervención que la Administración General del Estado ya ha incorporado 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo en la oferta de empleo público de 2026.

No obstante, ha defendido la aprobación del decreto ley para favorecer el acceso a la jubilación parcial del personal laboral, permitiendo la contratación temporal de relevistas desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta, como máximo, los dos años posteriores a la extinción de esa jubilación parcial.

El ministro ha confiado en que la norma salga adelante porque mejorará la vida de 11.000 empleados públicos en Baleares y la de otros miles de personal laboral que podrían acogerse a la jubilación parcial.

"Si se aprueba será mérito de todos, pero si no sale me encargaré de que se enteren de por qué y por quién no ha salido adelante", ha advertido López en referencia al PP, al que ha reprochado que en lugar de fijar posición haya dado un mitin, recordando que en siete año de gobierno los populares solo convocaron 64.000 plazas públicas frente a las cerca de 300.000 del Gobierno actual.

A Podemos le ha pedido que ayude a conseguir acuerdos con las autonomías para acabar con el problema del abuso de la temporalidad, porque son las que mayores tasas de interinidad tienen, y porque es lo que está impidiendo sacar adelante una ley de función pública que regule este aspecto.

Por último, se ha aprobado definitivamente la rebaja de los requisitos para constituir grupo parlamentario propio a propuesta de los partidos nacionalistas y con el apoyo del PSOE, mientras que el PP, Vox y UPN han votado en contra.

La reforma impulsada por ERC, Junts, BNG y Compromís, además de Podemos, mantiene la regla general de exige 15 diputados para formar grupo y también cinco escaños, pero con un 10% de los votos en las circunscripciones y un 3% en el conjunto del país frente al 15% y 5% de la norma que ha regido hasta ahora.

De este modo, según han vuelto a defender los partidos nacionalistas este jueves durante el último pleno del curso político, se protege la pluralidad política, mientras que para el PP y Vox, cuyas enmiendas han sido rechazadas, la reforma solo responde a intereses partidistas.

Hoy se decidía, ha resaltado la diputada de ERC Inés Granollers, si el Congreso de las próximas legislatura estaba pensado para que quepan todas las voces o solo para que "algunos sigan pensando y decidiendo quién tiene derecho a ser escuchado".

Y es que, según Jon Iñarritu, de EH-Bildu, el PP ha utilizado históricamente el reglamento a su "libre albedrío" e intentado continuamente impedir a los partidos nacionalistas formar grupo propio.

La reforma ayuda a la Cámara a evitar que los populares sigan utilizando el reglamento de forma "torticera" para otorgar o negar la creación de grupo propio cuando "le venga en gana", ha dicho el diputado vasco.

Para el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que pertenece al grupo Sumar, las circunscripciones electorales y la ley electoral actuales están pensadas históricamente para favorecer el bipartidismo y la reforma aprobada este jueves "compensa" esa situación.

"Creemos en la democracia, en la España en la que todos cabemos", ha afirmado María Adrio, del PSOE, en defensa del apoyo de su grupo a la propuesta de los nacionalistas para corregir la "rigidez" reglamentaria.

Tanto para el PP como para Vox los socios del Gobierno de Pedro Sánchez están reconociendo que la legislatura está llegando a su fin y su previsible pérdida de apoyo electoral como consecuencia de su apoyo al PSOE.

El diputado popular Pedro Navarro ha incidido en que no se trata de una rebaja simbólica y que es "otro pago político con el mismo comprador y el mismo vendedor".

Asimismo ha recalcado que la reforma no va además de fomentar la pluralidad política, sino de medios materiales: despachos, presencia fija en los órganos de la Cámara, asesores y subvenciones.

Para el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, la rebaja de los requisitos "hasta límites ridículos" es la prueba más evidente de que la legislatura ha terminado.

"Las rebajas suceden a final de temporada", ha dicho, tras lo que ha considerado que el apoyo de los socialistas demuestra además que el PSOE no puede vivir sin sus socios y que es rehén de sus caprichos y esclavo de sus urgencias.

En el mismo sentido se ha pronunciado Alberto Catalán, de UPN, quien ha acusado además a los socios de Sánchez de defender con esta modificación sus intereses de forma "sectaria".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por mayoría, con los votos en contra de los 33 diputados de Vox y la abstención de los 137 del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. El texto plantea una transformación integral del modelo de cuidados en España, con nuevos derechos, servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad, además de una reducción de la carga burocrática. La reforma deberá ser ahora ratificada por el Senado.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha defendido Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales en su intervención desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha asegurado que lo aprobado en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”. 

La reforma coincide con la ampliación de la financiación del sistema de la dependencia, incluida en el real decreto ley convalidado también este martes. Una nueva financiación que tiene carácter estructural, porque duplica por ley las cuantías del nivel mínimo que la Administración General del Estado (AGE) abona a las comunidades autónomas cada mes y porque permite avanzar hacia el compromiso de que la inversión estatal en dependencia alcance el 50% del coste total del sistema. 

El Gobierno prevé alcanzar ese objetivo entre 2026 y 2027, gracias a la ampliación del nivel mínimo y al incremento del nivel acordado. En conjunto, las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales. La aportación estatal alcanzará en 2027 la cifra récord de 7.239,4 millones de euros, el doble que en 2025. Según el Ejecutivo, estos recursos permitirán a los gobiernos autonómicos continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales, y ofrecer más y mejores servicios. 

La reforma de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia amplía el catálogo de servicios y de prestaciones, refuerza la capacidad de elección de las personas usuarias y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de las ayudas. Esta reforma incluye medidas como:

Fin del régimen de incompatibilidades

La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones de manera simultánea sin que sean incompatibles entre sí. Además, reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que mejor se ajuste a sus necesidades. Para ello, se flexibiliza el Programa Individual de Atención que elaboran los servicios sociales de las Comunidades Autónomas. Así, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá combinar, por ejemplo, la asistencia a un centro de día con los cuidados en el entorno familiar o con la teleasistencia. 

La asistencia personal se incorpora al catálogo de servicios 

La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el ámbito al que hasta ahora estaba limitada. De esta forma, la persona que presta esta asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla en actividades básicas de la vida diaria, como hacer la compra o ir al médico. 

Ampliación del concepto de cuidadores/as 

La norma reconoce la figura del cuidador o cuidadora principal y la complementa con la figura del cuidador/a no profesional. Al mismo tiempo, permite que personas del entorno afectivo o relacional puedan asumir los cuidados, adaptándose así a los diferentes modelos de convivencia. Podrán beneficiarse de este reconocimiento, por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación sin estar casadas o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí. 

Teleasistencia como derecho subjetivo

La teleasistencia será reconocida a toda persona que tenga acreditada una situación de dependencia, garantizando así que quede configurado como un derecho subjetivo. El servicio podrá llegar así a personas que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar el ingreso en residencias y permitirá el seguimiento de los usuarios a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables. 

Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras 

La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de la persona cuidadora.

Reducción de plazos para reconocer las prestaciones 

El plazo habilitado al gobierno de cada CCAA para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de seis meses a tres meses. 

La reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social despliega el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución y consolida la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.

Reconocimiento automático de la discapacidad 

Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera, la medida pretende reducir la burocracia, agilizar los procesos administrativos y reducir las listas de espera. 

Accesibilidad universal como derecho 

La reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar que los servicios o edificios públicos sean accesibles. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, la instalación de rampas para sillas de ruedas o la incorporación de audiodescripciones.

Obras de accesibilidad en viviendas 

Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones públicas a colaborar económicamente en las obras de accesibilidad de los edificios residenciales. Las comunidades de propietarios tendrán que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Además, se rebajan del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles. 

Atención temprana como derecho subjetivo 

La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas de entre cero a seis años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Las familias podrán exigir ante su administración autonómica el tratamiento correspondiente, con independencia de la disponibilidad presupuestaria o de la existencia de plazas.

Se prohíbe la discriminación en los seguros 

Se prohíbe por ley que las aseguradoras encarezcan los seguros de hogar o de salud por el hecho de que la persona que quiere contratarlos tenga una discapacidad. Se considera una práctica discriminatoria que será ilegal. 

Asistencia en procesos judiciales 

La reforma regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades de comprensión o comunicación. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.

“La atención temprana es clave, hasta el punto de que un niño o una niña que nace con algún tipo de dificultad tenga autonomía o no la tenga, que su desarrollo sea más o menos saludable, que vaya a necesitar más o menos apoyos”, explica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este tipo de atención recoge un conjunto de intervenciones, ya sean físicas o psicológicas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años que presentan trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de desarrollarlo.

Hasta ahora, solo estaba contemplada en la Ley Orgánica 8/2021 como una petición a las administraciones públicas para que se garantizara de forma “universal y con carácter integral”, pero no como una obligación, y era cada comunidad autónoma la que decidía sobre su aplicación. Con la nueva reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad, que va a ser votada este martes en el Congreso de los Diputados, esto podría cambiar por primera vez en la historia. El texto impulsado por el ministerio del ramo incluye el reconocimiento de la atención temprana en menores como derecho subjetivo, según confirman fuentes de esta cartera a infoLibre.

Esto significa que, si un niño o niña recibe un diagnóstico y los servicios competentes valoran que necesita atención temprana, la familia puede exigir que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas. 

En el caso de que la Administración no garantice estas ayudas, la familia puede reclamar por la vía administrativa e incluso judicial para que se reconozca y se haga efectivo ese derecho, por lo que la atención temprana pasaría de ser considerada una ayuda opcional a un derecho individual de los menores que cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente.

“El cambio sustancial es que ahora damos a las familias un arma jurídica para poder exigir la atención temprana en cualquier territorio del Estado. Seguirá habiendo diferencias organizativas entre comunidades autónomas porque la competencia es suya, pero damos poder a la ciudadanía para que, viva en Extremadura, Murcia o el País Vasco, si una niña o un niño que cumple los requisitos no recibe la atención temprana que le corresponde, pueda acudir a la Justicia para reclamar ese derecho”, defiende Blanco en conversación con este periódico. Hasta este momento, solo cuatro comunidades tenían una ley concreta que declaraba la atención temprana como derecho: Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Sobre la importancia de este tipo de atención, explica que “cuando un niño nace, su cerebro es más plástico, por lo que cualquier intervención temprana tiene un efecto muy transformador en su desarrollo. Por ejemplo, si empieza una fisioterapia de manera precoz tendrá más posibilidades de ganar autonomía y movilidad. Lo mismo ocurre con los aspectos cognitivos, sensoriales o auditivos”.

“Por tanto, cuanto antes empecemos, mayores serán los éxitos que vaya a tener ese niño cuando sea adulto y menos apoyos y menos dependencia necesitará. Por eso hemos trabajado tanto, durante la pasada legislatura y esta, para que la atención temprana sea un asunto de Estado”, añade. Blanco, que nació con una discapacidad congénita, describe la medida como “clave” y recuerda que estos servicios no estaban implantados durante su infancia. “Ojalá mi país hubiera tenido atención temprana porque seguramente mi vida, mi salud y mi respiración habrían sido mejores”.

Paralelamente, el ministerio señala que el pasado jueves se aprobó un Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 41,87 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus, que Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos.

El objetivo, según explican, es destinar este dinero a que los territorios refuercen sus servicios, reduzcan tiempos de espera, mejoren la detección precoz, elaboren planes individualizados, formen a profesionales y creen sistemas comunes de información y seguimiento. Sin embargo, en la reunión solo Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra accedieron a recibir esta financiación, que funciona más como una cofinanciación, en la que cada comunidad debe poner una parte y, una vez han certificado el gasto, se les devuelve el dinero. Esta es la razón de la negativa de la mayoría de territorios

“En cualquier caso, ese dinero no se va a perder. Buscaremos la manera de canalizar los fondos que no hayan sido utilizados mediante otras convocatorias para seguir impulsando la atención temprana”, matiza Blanco sobre esta situación.

La reforma de la ley, que, tras su paso por el Congreso, tendrá que ser también votada en el Senado, incluye otras medidas destinadas a mejorar la vida de las personas dependientes y de su entorno. Entre ellas figura la ampliación del concepto de cuidadores no familiares al reconocer a nivel normativo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que existen. 

Esto permitirá que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de otra en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin mantener una relación familiar, indican desde el ministerio.

En materia de discapacidad, la reforma prohibirá la discriminación en los contratos de seguros para personas con discapacidad, ya que actualmente algunas pólizas de vida y de salud encarecen sus precios cuando la persona solicitante tiene una discapacidad, una práctica que ahora quedará prohibido por ley.

El texto también pretende eliminar incompatibilidades entre prestaciones para que las personas dependientes puedan combinar diferentes ayudas y servicios en función de sus necesidades. Asimismo, reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo, garantizando su acceso cuando esté prescrita, y simplificará los procedimientos administrativos para reducir la burocracia y agilizar el acceso a las prestaciones.

La reforma incluye, además, un importante refuerzo de la financiación pública. El Gobierno se compromete por primera vez a que la Administración General del Estado asuma, como mínimo, el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un porcentaje que nunca se ha alcanzado desde la aprobación de la ley en 2006 y que quedará blindado por ley para que no se reduzca en el futuro. Para avanzar hacia ese reparto paritario de la financiación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha anunciado ya una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, destinada a reforzar los servicios y reducir las listas de espera.

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres al frente de Movimiento Sumar desde este sábado. Y varias señales claras para un momento esencial para ese partido que se juega la supervivencia: apuesta por los asuntos sociales y por perfiles bregados en la Administración con una clara vocación por lo público. Se presentan como la cara en España del “laborismo ecosocialista”.

Movimiento Sumar unge este sábado a la nueva dirección del partido en la asamblea que se celebra tras una durísima crisis interna, que se saldó con la salida de Lara Hernández a pesar de que se había archivado el expediente contra ella por supuesto acoso laboral. La formación da el visto bueno a una lista única encabezada por Barbero y Martínez, en la que también están en puestos clave Ernest Urtasun, Lander Martínez y Amanda Andrades.

El tándem Barbero-Martínez, como indican en el corazón de su candidatura, vertebra una dirección con cuatro ejes principales: “Personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven”.

Las dos arrancan su mandato con el espíritu que reza su lema, “Sumar para gobernar”. Porque su idea pasa por un proyecto político “fuerte”, como indican fuentes de su entorno, que dé impulso al Gobierno de coalición. Dado que en contraposición a otros ámbitos de la izquierda, Barbero y Martínez apuestan con fuerza por la labor institucional. De hecho, la primera es portavoz del espacio en el Congreso y la segunda es la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Con ambas cobra mucha fuerza esa idea de la España plurinacional. Barbero es una galleguista convencida y siempre ha mostrado una gran sensibilidad por lo territorial, a la vez que Martínez ha sido diputada dos legislaturas por Vizcaya. De esa manera, se dibuja un equipo con aires periféricos dentro de una izquierda transformadora en la que cada vez tienen más importancia los movimientos con arraigo autonómico.

Barbero asciende a lo más alto del partido después de muchos años en segundo plano. Pero, detrás de los focos, atesora un trabajo que ha influido en la vida de centenares de miles de españoles sin que sepan su nombre. Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo durante la época de la pandemia, fue una de las principales artífices del plan de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

Díaz la llamó, cuando llegó al Ministerio, para ocupar la Dirección General de Trabajo. En su portátil se escribió la normativa de los ERTE. Nacida en Gijón en 1980 y licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Barbero es gallega de adopción y fue inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de Pontevedra. Fue entonces cuando entabló una relación de confianza con la vicepresidenta segunda, que ha sido su confidente y figura clave para el ascenso político. Además, fue una de las personas esenciales para la negociación de la reforma laboral.

Y en los últimos años ha tenido la difícil tarea de recoser el grupo parlamentario de Sumar. Su ascenso a la portavocía en el Congreso se produjo por la crisis abierta a raíz de la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias de acoso machista. El espacio confió en ella para tratar de volver a la normalidad y para unir a unos diputados deslavazados. Pero especialmente su papel se ha mirado con lupa por sus discursos en relación al PSOE en un vertiginoso final de la legislatura marcado por los escándalos relacionados con los socialistas. 

Ella ha utilizado un tono muy duro contra los socialistas, pero siempre se ha mostrado a favor de seguir gobernando. Como señala un parlamentario que la conoce mucho: “La situación no ha sido nada fácil. Nos repugnan muchas cosas que hemos conocido y el PP está presionando para que rompamos. Pero ella también tiene en la cabeza que hay que transformar con el BOE en la mano”.

Fuentes cercanas a Barbero recalcan que tiene el objetivo claro de que Movimiento Sumar sea esa “fuerza clave” para garantizar que avance el Gobierno en derechos y para que sea útil para las mayorías sociales. Además, es una persona que apuesta por la unidad en el proceso abierto entre las diferentes formaciones de la izquierda para buscar una fórmula común de cara a las elecciones generales.

En su equipo, además, destacan su interés por el arraigo en los territorios y las “miradas propias” en cada autonomía. Los derechos laborales son parte esencial de su discurso, mientras que sobre Martínez recae más la parte verde (ha militado durante años en Equo). Y las dos quieren llevar también un mensaje, como señalan los suyos, de políticas de izquierdas frente al “momento trumpista” que se vive a nivel internacional. Todo bajo una perspectiva feminista.

“Tiene experiencia de gobierno y es una persona con fuerza y con mucho carácter para todo lo que viene”, dice una persona que trabaja con Barbero todos los días, además de poner sobre la mesa su gran experiencia en la Administración.

La palabra “gestión” se repite también cuando se pregunta a varios interlocutores sobre Rosa Martínez (León, 1975), que actualmente es la mano derecha de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Estos días ha sido una figura esencial, aunque no haya copado titulares, para el acuerdo del Consejo de Ministros que incluye el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y en 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Sobre Martínez, varias fuentes consultadas señalan su “gran compromiso con lo social” y su “capacidad para el diálogo y el acuerdo”. Pero también indican su experiencia política después de haber sido diputada durante dos legislaturas. Y comparte también un perfil ecologista. Antes de que la fichara Bustinduy, trabajaba en la European Climate Foundation, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. 

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres para salvar Movimiento Sumar.

Esto lo ha dicho Jaime de los Santos, el diputado del Partido Popular, durante un debate en el Congreso de los Diputados. En ese debate, se planteaba castigar las “Terapias de Reconversión” contra el colectivo LGTBIQ+, puestas en marcha por algunos de los colectivos más reaccionarios de este país.

Que una persona se reconozca maricón y pueda militar en el partido que quiera, eso no se lo puede discutir nadie. Ambas cosas son libertades individuales y cada una va por su lado. Pero lo extraño es el contexto que rodea esta afirmación.

Puedes estar orgulloso de militar en el PP, pero si eres maricón tienes que votar a favor de penalizar las “Terapias de Reconversión”. Como casi siempre, las actitudes del PP en lo que se refiere a la conquista de los derechos colectivos que se plantean desde la izquierda, extrañamente también ahora van en contra. Al “perro Sánchez ni agua”. Mis ojos en sus cuencas y mi cabeza no dejan de girar desaforadamente. Creo que necesito un exorcismo.

Supongo que ni el PP ni Jaime consideran al colectivo LGTBIQ+ como enfermos que necesitan tratamiento.

Cuando llegó la aprobación del Matrimonio Igualitario durante el Gobierno de Zapatero, en el verano de 2005, el PP votó en contra e incluso llegaron a recurrir al Constitucional. Defendían que aquello no era matrimonio, sino otra cosa. Anunciaban poco menos que el fin de la civilización occidental, el final de la “familia tradicional”, advertencias dramáticas y recursos contra una ley que simplemente reconocía a dos personas adultas el derecho a casarse. El mensaje era claro: aquello no debía existir. Pero miles de parejas simplemente querían poder decir: “Nos queremos y queremos que la ley lo reconozca”.

Años después, en 2015, llegó la boda de Javier Maroto. Una boda perfectamente legal gracias precisamente a aquella ley que muchos de sus compañeros de partido habían rechazado. Y entonces ocurrió una escena digna de archivo histórico: compañeros del PP, algunos de los que habían votado en contra, asistiendo a la celebración, sonriendo y bailando.

El caso de “MpuntoRajoy” bailando en la boda merece capítulo propio. Rajoy, con su estilo inconfundible, parecía no estar bailando sino negociando con la música. Un paso tímido hacia un lado, otro hacia el otro, como si hasta el ritmo necesitara mayoría absoluta. Aquella pista de baile se convirtió en una especie de Parlamento improvisado: todos dentro, todos contentos, y nadie preguntando demasiado por lo que había votado años atrás. La imagen tenía algo de surrealista: una fiesta celebrando un derecho que gran parte de los invitados no había querido aprobar.

Porque una cosa es llegar a una boda y bailar. Otra cosa es haber ayudado a que esa boda pudiera celebrarse. La hemeroteca tiene memoria y recuerda quién encendió las luces de la sala, quién intentó apagar la música y quién apareció cuando ya estaban repartiendo la tarta.

Al final, algunos descubrieron que el matrimonio igualitario no era el fin de la familia. Era simplemente una invitación a más gente a la misma fiesta. Quizá la política sea eso: una enorme pista de baile donde algunos primero protestan por la música, luego entran en la fiesta y finalmente acaban diciendo que siempre les gustó la canción. Con las “terapias de reconversión”, pasará lo mismo. Nos contarán que al PP nunca le parecieron bien.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

¿Cómo se presentan los tiempos? Zweig escribió en El mundo de ayer que existe una ley irrevocable: “Nadie tiene la oportunidad de conocer en sus inicios los movimientos que determinan su época”. Perdóneme, pero le llevaré la contraria. Observamos a algunos de nuestros políticos durante estos años y comprobamos cómo mutan personajes de la derecha, la ultraderecha y los peores, los tránsfugas ideológicos.

Algunas señorías, atornilladas en las bancadas del Congreso, viven del cuento legislatura tras legislatura; su papel es ser palmeros o, peor aún, ser broncos. Se han instalado en el insulto y la mentira, protegidos como están por la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. El ad hominem, lo peor del ser humano, ha llegado: la exhumación de los seres queridos. ¿No era suficiente?

Sí, llevo años oyendo y leyendo a los padres de la patria, y la antología es interminable. Curiosamente, entre las bancadas de la derecha hay más abundancia en el exceso. Se han licenciado cum laude y han superado el Inventario general de insultos de Celdrán y el Florilegio de frases envenenadas de Doval. Guerra abrió la veda con aquel "tahúr del Misisipi" a Suárez; después llegaría el "felón" de Casado a Sánchez y veinte descalificaciones más.

Considero las expresiones brutales y toscas que merecerían por su zafiedad figurar en la selecta obra de José María Izquierdo Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, recogidas en medios de comunicación y sus autores. El libro ha cumplido 15 años; hoy se ha quedado corto. Muchos de sus autores siguen en la brecha periodística y en la injuria, a lo que añadimos el gusto por la fruta como maledicencia permanente. No olvido al faro de la derecha, Aznar, por su sutileza al decir que gobierna una banda de delincuentes y de los bajos fondos.

Felipe González le mira arrobado, habla y exaspera a sus viejos seguidores. Al exsocialista, poco fino, le parece largo el acrónimo LGBTIQ+. Quizá le incomodaría menos volverlos al prontuario de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Tal vez olvidó el artículo 10 de nuestra Constitución; recordamos a González, quien recurría a don Manuel Azaña, lo que dijo sobre la Constitución del 31: “Se votó para cumplirla todos en su espíritu y su letra, no para someterla a una experimentación personal”.

Corrió a señalar que había más de 28.000 muertos en el terremoto de Venezuela. ¿Qué le pasa? ¿Necesita estar en el candelero? Ya había estimado el Servicio Geológico de EEUU la terrible cifra de entre 10.000 y 100.000. ¡Cállese, Sr. González!

A beneficio de inventario. ¿Son inapelables las sentencias de la Sala Segunda del Supremo? Hay críticas tanto a nivel nacional como internacional. Leer La democracia amenazada, de Baltasar Garzón, arroja luz, mucha luz.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

El papa León XIV, en su viaje a España, fue pródigo en pronunciamientos ante los distintos sectores de la sociedad. Por ser el Congreso de los Diputados donde participan todas las fuerzas políticas del Estado español, incluidas las independentistas, se impone analizar el contenido del largo discurso dirigido por el papa a la representación política popular.

Si en todos sus discursos el papa ha tenido en sus labios la palabra dignidad de la persona humana, ha sido sin duda alguna en el Congreso donde más veces la utilizó. Su discurso, finalizado, fue ovacionado durante siete minutos por unos y otros diputados, de derechas o de izquierdas. Por lo que parece esa ovación refrendaba el contenido del discurso papal. Lo mismo se aplaudía la condena del aborto y eutanasia, tesis de la derecha, que los derechos de los inmigrantes y refugiados, defendidos por la izquierda. Y tanto en un caso como en otro, la base de la argumentación papal ha sido el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos. Es a esa dignidad de la persona humana a la que queremos referirnos ahora a la hora de analizar algunas de las cuestiones abordadas por León XIV.

El aborto y la eutanasia son temas delicados que afectan a millones de personas en el mundo. En la sociedad avanza la idea de respetar y legalizar tanto el aborto como la eutanasia mientras que la Iglesia católica sigue manteniendo su condena. Sin pronunciar la palabra “condenar”, León XIV lo recordó ante el Congreso español: “toda vida debe ser concebida y custodiada, desde su concepción hasta su ocaso natural”. Tiene esa institución su ayuda en un frente mediático muy fuerte en el mundo, al servicio de las políticas de derechas que trabajan por frenar esos avances, aunque en privado sus representantes políticos, sociales y económicos las utilizan para sus familias, pese al coste económico y social que les pueda suponer. Es evidente la hipocresía, especialmente en los sectores del poder económico, político y social.

No hay más que echar un vistazo a la prensa. El Correo Español titulaba recientemente un artículo de opinión La eutanasia no es la solución. Y recordaba la actitud de algunos clásicos como Cervantes (1547-1617), en su Quijote. Finalizaba así su reflexión: “Tal vez convenga recordarlo en los momentos de mayor abatimiento: la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que merece defenderse”. Y cuanto todo parece fallar, aún queda la palabra, la inteligencia y la memoria de quienes, como Cervantes, supieron recordarnos que la mayor locura no es vivir, sino renunciar hacerlo “sin más ni más”.

El aborto está ya legalizado en el Estado español desde 1985. La Iglesia católica, como lo avala el discurso papal, a la hora de argumentar su rechazo y condena, alega el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos humanos. Vamos a ver. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana aquellas situaciones en que una mujer es violentada, por violación, y condenada a parir en contra de su voluntad? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar el aborto cuando se prevé un mal parto y el nacimiento de “personas” con graves deficiencias físicas o mentales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien aborte en medio de las guerras e inmigración mundiales actuales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana no respetar la voluntad de cada persona con embarazos no deseados?

La legalización de la eutanasia en el Estado español desde el año 2021 va avanzando, si bien hay aún mucho rechazo práctico, tanto en sectores médicos, que son quienes prioritariamente deben actuar, como sociales y políticos. Personalmente, he sido testigo en tres ocasiones de, pese a últimas voluntades a favor de la eutanasia, encontrarme con médicos que se opusieron a respetarlas y, en consecuencia, retrasar y dar vía al final de sus vidas.

La Iglesia católica, sin embargo, sigue condenando la eutanasia en nombre del respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien pide la eutanasia porque no quiere vivir en sufrimiento permanente, como tantos casos de enfermedades incurables, como por ejemplo no querer malvivir con la ELA? ¿O porque, con problemas de movilidad y comunicación o con discapacidades físicas o mentales, no quiere vivir dependiente de otras personas? ¿O porque no quiere cargar su situación a ningún familiar? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien reclama la eutanasia porque, sencillamente, ya no quiere vivir por las razones que fueren, que son las suyas, siempre que no choquen con los derechos de otras personas? ¿Cervantes, si hubiera sufrido la ELA u otra enfermedad incurable, o dependencia total, no hubiera apostado por la eutanasia? Sospecho que Sancho Panza, buen vividor según le presenta el satírico Cervantes, habría pensado de otra forma distinta a la que aparece en el Quijote. Seguro que se habría acogido a esta posibilidad, tan desconocida entonces.

Respetar la dignidad de la persona humana, tal como reclama el papa, debería conllevar el respeto a la voluntad de cada mujer para parir o abortar según sea su contexto natural, físico, social, político, económico. Respetar la dignidad de la persona humana debería conllevar respetar la voluntad de toda persona que quiera dar fin a su vida por sus problemas físicos, psicológicos, mentales, económicos, sociales. Condenar el aborto y la eutanasia, tal como mantiene la Iglesia católica y el papa actual, es, en mi humilde opinión, no respetar la dignidad de la persona humana y sus derechos. Por tanto, flagrante contradicción la del papa actual y su Iglesia católica.

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 Juan Mari Arregui es periodista.

«Negras tormentas agitan los aires», que dice la cancioncita. En una semana, dos tantos para la ultraderecha allende la mar océana. En Colombia, Espriella —esa calcomanía de Bukele— le ha ganado la segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato apoyado por Gustavo Petro. La receta, calcada: macrocárceles, megaliberalizaciones, una escasa melenilla embetunada y la barba perfilada con escuadra y cartabón. Y viendo que los parces le robaban el protagonismo en la prensa internacional, los peruanos han hecho la de «sujétame el pisco»: Keiko Fujimori, presidenta. Como papá, el de las matanzas, los secuestros y las esterilizaciones forzadas. Viéndolo por el costado optimista, peor no lo puede hacer.

Uno se pregunta qué lleva a los pueblos, una y otra vez, a escoger al líder más malvado. No a uno que te sale rana, sino al que hace campaña vestido de malo de James Bond. Ding, ding, ding: en una esquina del cuadrilátero, el etéreo temor a que vengan los rojos; en el otro, la orgullosa primogénita de un fulano encarcelado por crímenes de lesa humanidad. ¡Habla, pueblo, habla! Mecachis: nunca el susto, siempre la muerte.

En nuestro vecindario, los laboristas defenestran a su premier, a ver si los dioses les aceptan el sacrificio y contienen a los bárbaros desdentados que encabeza Farage. Vuelve la burra al trigo: una década de catástrofe a causa del Brexit —el PIB les ha menguado seis puntos— y los esforzados hijos de la Gran Bretaña deciden hacerle ojitos al prócer que orquestó aquella campaña tramposa y necia. Tampoco es que esperara mucho de la buena gente que reeligió dos veces a Thatcher, pero se ve que conservo la capacidad de asombro.

En el condominio de las Españas, ríete tú de la cochambre internacional. Extra, extra, han condenado a Ábalos, ¡y eso que siempre saludaba! También a Koldo (esbirro y compinche), pero no a Aldama, célebre mangante («corruptor», quiero decir), al que sus señorías han premiado el desembuche con cuatro añitos homeopáticos y servicios a la comunidad. No habrán querido truncarle la carrera de tertuliano, qué se yo.

Será el calor, pero esta olla de duelos y quebrantos me tiene empachado. Para los unos, que un ministro compre en el economato es peccata minuta. «¿Acaso no ves cómo la judicatura anda hostigando a la novia y al hermano del presidente?». Para los otros, como a Ábalos lo han cogido con el carrito del helado, todo lo que se le impute al PSOE se da por comprobado. El argumento, fíjense, lo compran hasta los fantasmones del partido. Dijo González —el de Filesa, el de Roldán— que Zapatero debería devolver las joyas y Sánchez convocar elecciones. Lo dice el tío que no tuvo reparos en salir de vacaciones a bordo del Azor, el barco de Paquito. Poco ha dicho, sin embargo, sobre las intolerables filtraciones de la investigación sobre Zapatero. Calama tendrá el pelo blanco, pero todavía no se ha enterado de lo que ocurre cuando le ofreces datos confidenciales a las acusaciones populares. «Ups, ¡perdoncito!».

Así las cosas, el parlamento ha aprobado una moción de confianza de mentirijilla. «Señor presidente, pregúntenos usted qué opinamos de usted». Por la banda del hemiciclo se ha visto calentar a un delantero miope. Con medio equipo tullido y el portero con lipotimia, ha enfilado el punto de penalti. Parando el balón, y tras girarse hacia su afición, ha vociferado: «Sigo sin ser presidente… ¡porque no quiero!».

Españoles y españolas, presidenta, personal del Congreso, invitados e invitadas, medios de comunicación y mayoría de señorías, buenos días.

Al resto de señorías, gracias por cumplir con la obligación de asistir a esta comparecencia. Sé que no van a escucharme, yo a ustedes sí. Es una de las virtudes que hacen a la izquierda superior a la derecha.

Ahora pataleen y golpeen sus escaños y después suban esas imágenes a las redes sociales o dénselas a National Geographic. No desentonarán con las del comportamiento de ciertos antepasados nuestros cuando alguien invade su territorio.

He venido a hablar y a escuchar, pero, diga lo que diga, ustedes se van a limitar a leer una réplica escrita con la ayuda de una IA llena de descalificaciones recicladas y mentiras repetidas. Lo único que tienen que hacer es no improvisar no vaya a ser que se escape un “anotop”, ¿verdad, señor Feijóo? O un “escribido”, ¿verdad, señor Abascal? O confundir “un control de la Guardia Civil con el secuestro de un soldado”, ¿verdad, señora Muñoz?

Ustedes no han venido hoy aquí para convencer a nadie, solo a tratar de que todo suene a delito y a catástrofe a pesar de que los datos de la economía española nunca han sido mejores.

Ustedes han venido hoy aquí a hacer lo que llevan haciendo desde junio de 2018, que es nada por la patria y todo por ustedes y sus amigos. Nada por los españoles y españolas y todo por apartarme del cargo que ostento porque así lo quiso la mayoría de los españoles y españolas: mentiras, pruebas falsas y la infame acción de magistrados y magistradas afines a su fascismo que hacen –o tratan de hacer– por la vía jurídica, lo que ustedes son incapaces de hacer por la vía política.

Porque que el talento no brilla en la derecha cuando está en la oposición, es innegable e irrebatible. El problema es que tampoco brilla cuando gobierna. Pero al menos los próximos tres años les podrán echar la culpa a los eclipses que habrá en nuestro país.

Comparezco hoy ante ustedes no para defenderme. Tampoco para justificar ciertos comportamientos que me dan asco. Todo lo contrario que a algunas de las señorías hoy aquí presentes que disfrutan chapoteando en el fango más que un mimo en el coche del silencio del AVE.

Y lo hago dos días después de que el Tribunal Supremo haya condenado a quien fue mi ministro y secretario de organización y a uno de sus asesores y premiado a un corruptor buscando sin duda –les sonará la expresión– un “efecto llamada”.

Confié en quien no merecía mi confianza. Y de esa confianza respondí yo como marcan los estatutos del partido. Ahora la Justicia ha hecho su trabajo condenando a esas personas.

Esa es la diferencia entre unos partidos y otros. Entre los que expulsan a quienes cometen irregularidades y los que premian a quienes tienen ese deleznable comportamiento. O tienen sus sedes en edificios pagados de forma ilegal. O cobran sobresueldos en sobres. O destruyen pruebas. O crean policías paralelas que secuestran. O buscan togas que en lugar de instrucciones de lavado lleven instrucciones partidistas.

El pasado lunes, el Supremo dictó una condena dura. Bienvenida sea. Porque la prueba de una democracia no es no tener corruptos —los tienen todas— sino tener tribunales que los condenen. Pero, sobre todo, gobiernos y partidos que no los protejan.

Algo que sucede en mis gobiernos y en mi partido y que ni ha estado, ni está ni se espera en gobiernos del Partido Popular. Y mucho menos en el partido. Y ahora sus diputados y diputadas pueden volver a golpear los escaños y a patalear porque las verdades duelen.

Mírense luego, señorías de la oposición. Son como los perros de Pavlov. Dentro de poco bastará con que suba aquí y diga buenos días para que actúen como primates.

Les anticipo que no va a ser un discurso largo pero sí honesto. Brutalmente honesto diría. Y en el que pediré perdón a los españoles y españolas. A todos y a todas. Nos votasen o no.

Un discurso en el que hablaré de dos cuestiones que algunos tienen interés en confundir y que yo tengo el deber de diferenciar. Una es la corrupción: hechos, pruebas y una sentencia. Ante eso, contundencia y cero excusas. La otra es el uso de los tribunales y la mentira para tumbar el veredicto de las urnas.

Pero antes de entrar a fondo en estos asuntos, quiero decir algo de manera clara. Despacio y con el debido respeto a esta cámara y a la Justicia y ninguno a la interpretación que ustedes hagan de mis palabras.

Vayan contra mí, no les tengo miedo y tengo al tiempo y a la Justicia que me darán la razón. Pero cuidado con atacar a mi familia con mentiras o violando su intimidad. Ahí igualmente se van a encontrar con los tribunales. Pero también conmigo.

Así habría empezado yo el discurso de la comparecencia de este miércoles si yo fuera presidente.

Pero no lo soy. Afortunadamente.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que haya corrupción generalizada en el Gobierno y en su partido y se ha desvinculado por completo de los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas".

Sánchez, durante su discurso inicial de más de media hora, ha mostrado también su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este momento de la investigación judicial y ha defendido de manera "clara y rotunda" que no hubo un trato de favor para conceder las ayudas para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En sus primeras palabras tras la condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que respeta y acata la sentencia el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera". "Estamos convencidos de que en este país no puede haber espacios de impunidad para las personas corruptas, sean quienes sean", ha indicado.

Pero, acto seguido, también ha ahondado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente".

Asimismo, el líder de los socialistas se ha detenido en el casos de su mujer y de su hermano. Ha recordado que Begoña Gómez ha trabajado en la Universidad Complutense desde 2012 y que ha cobrado "cero euros", mientras que la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz salió a concurso cuando él ya no era líder del PSOE.

Sánchez ha lanzado: "Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Y solo voy a pedir a la Justicia que sea justa".

"Señorías del PP y de Vox, no sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de treinta casos abiertos con 150 implicados", ha indicado el presidente, que ha despertado el aplauso en varias ocasiones de su bancada.

Con este mensaje para los que piden elecciones: "Para mí, la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites".

Sánchez también ha querido lanzar esta idea desde la tribuna de oradores: "Entiendo el enfado de la ciudadanía. Entiendo su frustración y su decepción. Me hago cargo. Entiendo que, después de pasar treinta minutos ante el televisor viendo este chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales. Pero no es cierto".

En este sentido, ha hecho una defensa de su partido y de su acción ante el contexto judicial actual: "No somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar el acceso a la vivienda. Para fortalecer la sanidad pública. Para subir salarios que aún son demasiado bajos y acabar con injusticias por resolver".

"Pero la solución a estos problemas no está a la derecha. Está en el centro y en la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben. Netanyahu y otros líderes y tecno-oligarcas extranjeros también lo saben. Los diputados del PP y Vox lo saben. Por eso no hablan de economía, ni de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango al debate público", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo en una de sus intervenciones más difíciles en la Cámara Baja.

Pero, a la vez, ha mandado un mensaje de resistencia: "No somos infalibles. Pero no vamos a cometer el error de callarnos. Ni de rendirnos. Ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma el Gobierno cada martes. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad donde esté siendo sepultada bajo mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes más lo necesitan".