“La atención temprana es clave, hasta el punto de que un niño o una niña que nace con algún tipo de dificultad tenga autonomía o no la tenga, que su desarrollo sea más o menos saludable, que vaya a necesitar más o menos apoyos”, explica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este tipo de atención recoge un conjunto de intervenciones, ya sean físicas o psicológicas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años que presentan trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de desarrollarlo.

Hasta ahora, solo estaba contemplada en la Ley Orgánica 8/2021 como una petición a las administraciones públicas para que se garantizara de forma “universal y con carácter integral”, pero no como una obligación, y era cada comunidad autónoma la que decidía sobre su aplicación. Con la nueva reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad, que va a ser votada este martes en el Congreso de los Diputados, esto podría cambiar por primera vez en la historia. El texto impulsado por el ministerio del ramo incluye el reconocimiento de la atención temprana en menores como derecho subjetivo, según confirman fuentes de esta cartera a infoLibre.

Esto significa que, si un niño o niña recibe un diagnóstico y los servicios competentes valoran que necesita atención temprana, la familia puede exigir que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas. 

En el caso de que la Administración no garantice estas ayudas, la familia puede reclamar por la vía administrativa e incluso judicial para que se reconozca y se haga efectivo ese derecho, por lo que la atención temprana pasaría de ser considerada una ayuda opcional a un derecho individual de los menores que cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente.

“El cambio sustancial es que ahora damos a las familias un arma jurídica para poder exigir la atención temprana en cualquier territorio del Estado. Seguirá habiendo diferencias organizativas entre comunidades autónomas porque la competencia es suya, pero damos poder a la ciudadanía para que, viva en Extremadura, Murcia o el País Vasco, si una niña o un niño que cumple los requisitos no recibe la atención temprana que le corresponde, pueda acudir a la Justicia para reclamar ese derecho”, defiende Blanco en conversación con este periódico. Hasta este momento, solo cuatro comunidades tenían una ley concreta que declaraba la atención temprana como derecho: Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Sobre la importancia de este tipo de atención, explica que “cuando un niño nace, su cerebro es más plástico, por lo que cualquier intervención temprana tiene un efecto muy transformador en su desarrollo. Por ejemplo, si empieza una fisioterapia de manera precoz tendrá más posibilidades de ganar autonomía y movilidad. Lo mismo ocurre con los aspectos cognitivos, sensoriales o auditivos”.

“Por tanto, cuanto antes empecemos, mayores serán los éxitos que vaya a tener ese niño cuando sea adulto y menos apoyos y menos dependencia necesitará. Por eso hemos trabajado tanto, durante la pasada legislatura y esta, para que la atención temprana sea un asunto de Estado”, añade. Blanco, que nació con una discapacidad congénita, describe la medida como “clave” y recuerda que estos servicios no estaban implantados durante su infancia. “Ojalá mi país hubiera tenido atención temprana porque seguramente mi vida, mi salud y mi respiración habrían sido mejores”.

Paralelamente, el ministerio señala que el pasado jueves se aprobó un Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 41,87 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus, que Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos.

El objetivo, según explican, es destinar este dinero a que los territorios refuercen sus servicios, reduzcan tiempos de espera, mejoren la detección precoz, elaboren planes individualizados, formen a profesionales y creen sistemas comunes de información y seguimiento. Sin embargo, en la reunión solo Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra accedieron a recibir esta financiación, que funciona más como una cofinanciación, en la que cada comunidad debe poner una parte y, una vez han certificado el gasto, se les devuelve el dinero. Esta es la razón de la negativa de la mayoría de territorios

“En cualquier caso, ese dinero no se va a perder. Buscaremos la manera de canalizar los fondos que no hayan sido utilizados mediante otras convocatorias para seguir impulsando la atención temprana”, matiza Blanco sobre esta situación.

La reforma de la ley, que, tras su paso por el Congreso, tendrá que ser también votada en el Senado, incluye otras medidas destinadas a mejorar la vida de las personas dependientes y de su entorno. Entre ellas figura la ampliación del concepto de cuidadores no familiares al reconocer a nivel normativo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que existen. 

Esto permitirá que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de otra en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin mantener una relación familiar, indican desde el ministerio.

En materia de discapacidad, la reforma prohibirá la discriminación en los contratos de seguros para personas con discapacidad, ya que actualmente algunas pólizas de vida y de salud encarecen sus precios cuando la persona solicitante tiene una discapacidad, una práctica que ahora quedará prohibido por ley.

El texto también pretende eliminar incompatibilidades entre prestaciones para que las personas dependientes puedan combinar diferentes ayudas y servicios en función de sus necesidades. Asimismo, reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo, garantizando su acceso cuando esté prescrita, y simplificará los procedimientos administrativos para reducir la burocracia y agilizar el acceso a las prestaciones.

La reforma incluye, además, un importante refuerzo de la financiación pública. El Gobierno se compromete por primera vez a que la Administración General del Estado asuma, como mínimo, el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un porcentaje que nunca se ha alcanzado desde la aprobación de la ley en 2006 y que quedará blindado por ley para que no se reduzca en el futuro. Para avanzar hacia ese reparto paritario de la financiación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha anunciado ya una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, destinada a reforzar los servicios y reducir las listas de espera.

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres al frente de Movimiento Sumar desde este sábado. Y varias señales claras para un momento esencial para ese partido que se juega la supervivencia: apuesta por los asuntos sociales y por perfiles bregados en la Administración con una clara vocación por lo público. Se presentan como la cara en España del “laborismo ecosocialista”.

Movimiento Sumar unge este sábado a la nueva dirección del partido en la asamblea que se celebra tras una durísima crisis interna, que se saldó con la salida de Lara Hernández a pesar de que se había archivado el expediente contra ella por supuesto acoso laboral. La formación da el visto bueno a una lista única encabezada por Barbero y Martínez, en la que también están en puestos clave Ernest Urtasun, Lander Martínez y Amanda Andrades.

El tándem Barbero-Martínez, como indican en el corazón de su candidatura, vertebra una dirección con cuatro ejes principales: “Personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven”.

Las dos arrancan su mandato con el espíritu que reza su lema, “Sumar para gobernar”. Porque su idea pasa por un proyecto político “fuerte”, como indican fuentes de su entorno, que dé impulso al Gobierno de coalición. Dado que en contraposición a otros ámbitos de la izquierda, Barbero y Martínez apuestan con fuerza por la labor institucional. De hecho, la primera es portavoz del espacio en el Congreso y la segunda es la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Con ambas cobra mucha fuerza esa idea de la España plurinacional. Barbero es una galleguista convencida y siempre ha mostrado una gran sensibilidad por lo territorial, a la vez que Martínez ha sido diputada dos legislaturas por Vizcaya. De esa manera, se dibuja un equipo con aires periféricos dentro de una izquierda transformadora en la que cada vez tienen más importancia los movimientos con arraigo autonómico.

Barbero asciende a lo más alto del partido después de muchos años en segundo plano. Pero, detrás de los focos, atesora un trabajo que ha influido en la vida de centenares de miles de españoles sin que sepan su nombre. Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo durante la época de la pandemia, fue una de las principales artífices del plan de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

Díaz la llamó, cuando llegó al Ministerio, para ocupar la Dirección General de Trabajo. En su portátil se escribió la normativa de los ERTE. Nacida en Gijón en 1980 y licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Barbero es gallega de adopción y fue inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de Pontevedra. Fue entonces cuando entabló una relación de confianza con la vicepresidenta segunda, que ha sido su confidente y figura clave para el ascenso político. Además, fue una de las personas esenciales para la negociación de la reforma laboral.

Y en los últimos años ha tenido la difícil tarea de recoser el grupo parlamentario de Sumar. Su ascenso a la portavocía en el Congreso se produjo por la crisis abierta a raíz de la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias de acoso machista. El espacio confió en ella para tratar de volver a la normalidad y para unir a unos diputados deslavazados. Pero especialmente su papel se ha mirado con lupa por sus discursos en relación al PSOE en un vertiginoso final de la legislatura marcado por los escándalos relacionados con los socialistas. 

Ella ha utilizado un tono muy duro contra los socialistas, pero siempre se ha mostrado a favor de seguir gobernando. Como señala un parlamentario que la conoce mucho: “La situación no ha sido nada fácil. Nos repugnan muchas cosas que hemos conocido y el PP está presionando para que rompamos. Pero ella también tiene en la cabeza que hay que transformar con el BOE en la mano”.

Fuentes cercanas a Barbero recalcan que tiene el objetivo claro de que Movimiento Sumar sea esa “fuerza clave” para garantizar que avance el Gobierno en derechos y para que sea útil para las mayorías sociales. Además, es una persona que apuesta por la unidad en el proceso abierto entre las diferentes formaciones de la izquierda para buscar una fórmula común de cara a las elecciones generales.

En su equipo, además, destacan su interés por el arraigo en los territorios y las “miradas propias” en cada autonomía. Los derechos laborales son parte esencial de su discurso, mientras que sobre Martínez recae más la parte verde (ha militado durante años en Equo). Y las dos quieren llevar también un mensaje, como señalan los suyos, de políticas de izquierdas frente al “momento trumpista” que se vive a nivel internacional. Todo bajo una perspectiva feminista.

“Tiene experiencia de gobierno y es una persona con fuerza y con mucho carácter para todo lo que viene”, dice una persona que trabaja con Barbero todos los días, además de poner sobre la mesa su gran experiencia en la Administración.

La palabra “gestión” se repite también cuando se pregunta a varios interlocutores sobre Rosa Martínez (León, 1975), que actualmente es la mano derecha de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Estos días ha sido una figura esencial, aunque no haya copado titulares, para el acuerdo del Consejo de Ministros que incluye el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y en 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Sobre Martínez, varias fuentes consultadas señalan su “gran compromiso con lo social” y su “capacidad para el diálogo y el acuerdo”. Pero también indican su experiencia política después de haber sido diputada durante dos legislaturas. Y comparte también un perfil ecologista. Antes de que la fichara Bustinduy, trabajaba en la European Climate Foundation, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. 

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres para salvar Movimiento Sumar.

Esto lo ha dicho Jaime de los Santos, el diputado del Partido Popular, durante un debate en el Congreso de los Diputados. En ese debate, se planteaba castigar las “Terapias de Reconversión” contra el colectivo LGTBIQ+, puestas en marcha por algunos de los colectivos más reaccionarios de este país.

Que una persona se reconozca maricón y pueda militar en el partido que quiera, eso no se lo puede discutir nadie. Ambas cosas son libertades individuales y cada una va por su lado. Pero lo extraño es el contexto que rodea esta afirmación.

Puedes estar orgulloso de militar en el PP, pero si eres maricón tienes que votar a favor de penalizar las “Terapias de Reconversión”. Como casi siempre, las actitudes del PP en lo que se refiere a la conquista de los derechos colectivos que se plantean desde la izquierda, extrañamente también ahora van en contra. Al “perro Sánchez ni agua”. Mis ojos en sus cuencas y mi cabeza no dejan de girar desaforadamente. Creo que necesito un exorcismo.

Supongo que ni el PP ni Jaime consideran al colectivo LGTBIQ+ como enfermos que necesitan tratamiento.

Cuando llegó la aprobación del Matrimonio Igualitario durante el Gobierno de Zapatero, en el verano de 2005, el PP votó en contra e incluso llegaron a recurrir al Constitucional. Defendían que aquello no era matrimonio, sino otra cosa. Anunciaban poco menos que el fin de la civilización occidental, el final de la “familia tradicional”, advertencias dramáticas y recursos contra una ley que simplemente reconocía a dos personas adultas el derecho a casarse. El mensaje era claro: aquello no debía existir. Pero miles de parejas simplemente querían poder decir: “Nos queremos y queremos que la ley lo reconozca”.

Años después, en 2015, llegó la boda de Javier Maroto. Una boda perfectamente legal gracias precisamente a aquella ley que muchos de sus compañeros de partido habían rechazado. Y entonces ocurrió una escena digna de archivo histórico: compañeros del PP, algunos de los que habían votado en contra, asistiendo a la celebración, sonriendo y bailando.

El caso de “MpuntoRajoy” bailando en la boda merece capítulo propio. Rajoy, con su estilo inconfundible, parecía no estar bailando sino negociando con la música. Un paso tímido hacia un lado, otro hacia el otro, como si hasta el ritmo necesitara mayoría absoluta. Aquella pista de baile se convirtió en una especie de Parlamento improvisado: todos dentro, todos contentos, y nadie preguntando demasiado por lo que había votado años atrás. La imagen tenía algo de surrealista: una fiesta celebrando un derecho que gran parte de los invitados no había querido aprobar.

Porque una cosa es llegar a una boda y bailar. Otra cosa es haber ayudado a que esa boda pudiera celebrarse. La hemeroteca tiene memoria y recuerda quién encendió las luces de la sala, quién intentó apagar la música y quién apareció cuando ya estaban repartiendo la tarta.

Al final, algunos descubrieron que el matrimonio igualitario no era el fin de la familia. Era simplemente una invitación a más gente a la misma fiesta. Quizá la política sea eso: una enorme pista de baile donde algunos primero protestan por la música, luego entran en la fiesta y finalmente acaban diciendo que siempre les gustó la canción. Con las “terapias de reconversión”, pasará lo mismo. Nos contarán que al PP nunca le parecieron bien.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

¿Cómo se presentan los tiempos? Zweig escribió en El mundo de ayer que existe una ley irrevocable: “Nadie tiene la oportunidad de conocer en sus inicios los movimientos que determinan su época”. Perdóneme, pero le llevaré la contraria. Observamos a algunos de nuestros políticos durante estos años y comprobamos cómo mutan personajes de la derecha, la ultraderecha y los peores, los tránsfugas ideológicos.

Algunas señorías, atornilladas en las bancadas del Congreso, viven del cuento legislatura tras legislatura; su papel es ser palmeros o, peor aún, ser broncos. Se han instalado en el insulto y la mentira, protegidos como están por la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. El ad hominem, lo peor del ser humano, ha llegado: la exhumación de los seres queridos. ¿No era suficiente?

Sí, llevo años oyendo y leyendo a los padres de la patria, y la antología es interminable. Curiosamente, entre las bancadas de la derecha hay más abundancia en el exceso. Se han licenciado cum laude y han superado el Inventario general de insultos de Celdrán y el Florilegio de frases envenenadas de Doval. Guerra abrió la veda con aquel "tahúr del Misisipi" a Suárez; después llegaría el "felón" de Casado a Sánchez y veinte descalificaciones más.

Considero las expresiones brutales y toscas que merecerían por su zafiedad figurar en la selecta obra de José María Izquierdo Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, recogidas en medios de comunicación y sus autores. El libro ha cumplido 15 años; hoy se ha quedado corto. Muchos de sus autores siguen en la brecha periodística y en la injuria, a lo que añadimos el gusto por la fruta como maledicencia permanente. No olvido al faro de la derecha, Aznar, por su sutileza al decir que gobierna una banda de delincuentes y de los bajos fondos.

Felipe González le mira arrobado, habla y exaspera a sus viejos seguidores. Al exsocialista, poco fino, le parece largo el acrónimo LGBTIQ+. Quizá le incomodaría menos volverlos al prontuario de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Tal vez olvidó el artículo 10 de nuestra Constitución; recordamos a González, quien recurría a don Manuel Azaña, lo que dijo sobre la Constitución del 31: “Se votó para cumplirla todos en su espíritu y su letra, no para someterla a una experimentación personal”.

Corrió a señalar que había más de 28.000 muertos en el terremoto de Venezuela. ¿Qué le pasa? ¿Necesita estar en el candelero? Ya había estimado el Servicio Geológico de EEUU la terrible cifra de entre 10.000 y 100.000. ¡Cállese, Sr. González!

A beneficio de inventario. ¿Son inapelables las sentencias de la Sala Segunda del Supremo? Hay críticas tanto a nivel nacional como internacional. Leer La democracia amenazada, de Baltasar Garzón, arroja luz, mucha luz.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

El papa León XIV, en su viaje a España, fue pródigo en pronunciamientos ante los distintos sectores de la sociedad. Por ser el Congreso de los Diputados donde participan todas las fuerzas políticas del Estado español, incluidas las independentistas, se impone analizar el contenido del largo discurso dirigido por el papa a la representación política popular.

Si en todos sus discursos el papa ha tenido en sus labios la palabra dignidad de la persona humana, ha sido sin duda alguna en el Congreso donde más veces la utilizó. Su discurso, finalizado, fue ovacionado durante siete minutos por unos y otros diputados, de derechas o de izquierdas. Por lo que parece esa ovación refrendaba el contenido del discurso papal. Lo mismo se aplaudía la condena del aborto y eutanasia, tesis de la derecha, que los derechos de los inmigrantes y refugiados, defendidos por la izquierda. Y tanto en un caso como en otro, la base de la argumentación papal ha sido el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos. Es a esa dignidad de la persona humana a la que queremos referirnos ahora a la hora de analizar algunas de las cuestiones abordadas por León XIV.

El aborto y la eutanasia son temas delicados que afectan a millones de personas en el mundo. En la sociedad avanza la idea de respetar y legalizar tanto el aborto como la eutanasia mientras que la Iglesia católica sigue manteniendo su condena. Sin pronunciar la palabra “condenar”, León XIV lo recordó ante el Congreso español: “toda vida debe ser concebida y custodiada, desde su concepción hasta su ocaso natural”. Tiene esa institución su ayuda en un frente mediático muy fuerte en el mundo, al servicio de las políticas de derechas que trabajan por frenar esos avances, aunque en privado sus representantes políticos, sociales y económicos las utilizan para sus familias, pese al coste económico y social que les pueda suponer. Es evidente la hipocresía, especialmente en los sectores del poder económico, político y social.

No hay más que echar un vistazo a la prensa. El Correo Español titulaba recientemente un artículo de opinión La eutanasia no es la solución. Y recordaba la actitud de algunos clásicos como Cervantes (1547-1617), en su Quijote. Finalizaba así su reflexión: “Tal vez convenga recordarlo en los momentos de mayor abatimiento: la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que merece defenderse”. Y cuanto todo parece fallar, aún queda la palabra, la inteligencia y la memoria de quienes, como Cervantes, supieron recordarnos que la mayor locura no es vivir, sino renunciar hacerlo “sin más ni más”.

El aborto está ya legalizado en el Estado español desde 1985. La Iglesia católica, como lo avala el discurso papal, a la hora de argumentar su rechazo y condena, alega el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos humanos. Vamos a ver. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana aquellas situaciones en que una mujer es violentada, por violación, y condenada a parir en contra de su voluntad? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar el aborto cuando se prevé un mal parto y el nacimiento de “personas” con graves deficiencias físicas o mentales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien aborte en medio de las guerras e inmigración mundiales actuales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana no respetar la voluntad de cada persona con embarazos no deseados?

La legalización de la eutanasia en el Estado español desde el año 2021 va avanzando, si bien hay aún mucho rechazo práctico, tanto en sectores médicos, que son quienes prioritariamente deben actuar, como sociales y políticos. Personalmente, he sido testigo en tres ocasiones de, pese a últimas voluntades a favor de la eutanasia, encontrarme con médicos que se opusieron a respetarlas y, en consecuencia, retrasar y dar vía al final de sus vidas.

La Iglesia católica, sin embargo, sigue condenando la eutanasia en nombre del respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien pide la eutanasia porque no quiere vivir en sufrimiento permanente, como tantos casos de enfermedades incurables, como por ejemplo no querer malvivir con la ELA? ¿O porque, con problemas de movilidad y comunicación o con discapacidades físicas o mentales, no quiere vivir dependiente de otras personas? ¿O porque no quiere cargar su situación a ningún familiar? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien reclama la eutanasia porque, sencillamente, ya no quiere vivir por las razones que fueren, que son las suyas, siempre que no choquen con los derechos de otras personas? ¿Cervantes, si hubiera sufrido la ELA u otra enfermedad incurable, o dependencia total, no hubiera apostado por la eutanasia? Sospecho que Sancho Panza, buen vividor según le presenta el satírico Cervantes, habría pensado de otra forma distinta a la que aparece en el Quijote. Seguro que se habría acogido a esta posibilidad, tan desconocida entonces.

Respetar la dignidad de la persona humana, tal como reclama el papa, debería conllevar el respeto a la voluntad de cada mujer para parir o abortar según sea su contexto natural, físico, social, político, económico. Respetar la dignidad de la persona humana debería conllevar respetar la voluntad de toda persona que quiera dar fin a su vida por sus problemas físicos, psicológicos, mentales, económicos, sociales. Condenar el aborto y la eutanasia, tal como mantiene la Iglesia católica y el papa actual, es, en mi humilde opinión, no respetar la dignidad de la persona humana y sus derechos. Por tanto, flagrante contradicción la del papa actual y su Iglesia católica.

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 Juan Mari Arregui es periodista.

«Negras tormentas agitan los aires», que dice la cancioncita. En una semana, dos tantos para la ultraderecha allende la mar océana. En Colombia, Espriella —esa calcomanía de Bukele— le ha ganado la segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato apoyado por Gustavo Petro. La receta, calcada: macrocárceles, megaliberalizaciones, una escasa melenilla embetunada y la barba perfilada con escuadra y cartabón. Y viendo que los parces le robaban el protagonismo en la prensa internacional, los peruanos han hecho la de «sujétame el pisco»: Keiko Fujimori, presidenta. Como papá, el de las matanzas, los secuestros y las esterilizaciones forzadas. Viéndolo por el costado optimista, peor no lo puede hacer.

Uno se pregunta qué lleva a los pueblos, una y otra vez, a escoger al líder más malvado. No a uno que te sale rana, sino al que hace campaña vestido de malo de James Bond. Ding, ding, ding: en una esquina del cuadrilátero, el etéreo temor a que vengan los rojos; en el otro, la orgullosa primogénita de un fulano encarcelado por crímenes de lesa humanidad. ¡Habla, pueblo, habla! Mecachis: nunca el susto, siempre la muerte.

En nuestro vecindario, los laboristas defenestran a su premier, a ver si los dioses les aceptan el sacrificio y contienen a los bárbaros desdentados que encabeza Farage. Vuelve la burra al trigo: una década de catástrofe a causa del Brexit —el PIB les ha menguado seis puntos— y los esforzados hijos de la Gran Bretaña deciden hacerle ojitos al prócer que orquestó aquella campaña tramposa y necia. Tampoco es que esperara mucho de la buena gente que reeligió dos veces a Thatcher, pero se ve que conservo la capacidad de asombro.

En el condominio de las Españas, ríete tú de la cochambre internacional. Extra, extra, han condenado a Ábalos, ¡y eso que siempre saludaba! También a Koldo (esbirro y compinche), pero no a Aldama, célebre mangante («corruptor», quiero decir), al que sus señorías han premiado el desembuche con cuatro añitos homeopáticos y servicios a la comunidad. No habrán querido truncarle la carrera de tertuliano, qué se yo.

Será el calor, pero esta olla de duelos y quebrantos me tiene empachado. Para los unos, que un ministro compre en el economato es peccata minuta. «¿Acaso no ves cómo la judicatura anda hostigando a la novia y al hermano del presidente?». Para los otros, como a Ábalos lo han cogido con el carrito del helado, todo lo que se le impute al PSOE se da por comprobado. El argumento, fíjense, lo compran hasta los fantasmones del partido. Dijo González —el de Filesa, el de Roldán— que Zapatero debería devolver las joyas y Sánchez convocar elecciones. Lo dice el tío que no tuvo reparos en salir de vacaciones a bordo del Azor, el barco de Paquito. Poco ha dicho, sin embargo, sobre las intolerables filtraciones de la investigación sobre Zapatero. Calama tendrá el pelo blanco, pero todavía no se ha enterado de lo que ocurre cuando le ofreces datos confidenciales a las acusaciones populares. «Ups, ¡perdoncito!».

Así las cosas, el parlamento ha aprobado una moción de confianza de mentirijilla. «Señor presidente, pregúntenos usted qué opinamos de usted». Por la banda del hemiciclo se ha visto calentar a un delantero miope. Con medio equipo tullido y el portero con lipotimia, ha enfilado el punto de penalti. Parando el balón, y tras girarse hacia su afición, ha vociferado: «Sigo sin ser presidente… ¡porque no quiero!».

Españoles y españolas, presidenta, personal del Congreso, invitados e invitadas, medios de comunicación y mayoría de señorías, buenos días.

Al resto de señorías, gracias por cumplir con la obligación de asistir a esta comparecencia. Sé que no van a escucharme, yo a ustedes sí. Es una de las virtudes que hacen a la izquierda superior a la derecha.

Ahora pataleen y golpeen sus escaños y después suban esas imágenes a las redes sociales o dénselas a National Geographic. No desentonarán con las del comportamiento de ciertos antepasados nuestros cuando alguien invade su territorio.

He venido a hablar y a escuchar, pero, diga lo que diga, ustedes se van a limitar a leer una réplica escrita con la ayuda de una IA llena de descalificaciones recicladas y mentiras repetidas. Lo único que tienen que hacer es no improvisar no vaya a ser que se escape un “anotop”, ¿verdad, señor Feijóo? O un “escribido”, ¿verdad, señor Abascal? O confundir “un control de la Guardia Civil con el secuestro de un soldado”, ¿verdad, señora Muñoz?

Ustedes no han venido hoy aquí para convencer a nadie, solo a tratar de que todo suene a delito y a catástrofe a pesar de que los datos de la economía española nunca han sido mejores.

Ustedes han venido hoy aquí a hacer lo que llevan haciendo desde junio de 2018, que es nada por la patria y todo por ustedes y sus amigos. Nada por los españoles y españolas y todo por apartarme del cargo que ostento porque así lo quiso la mayoría de los españoles y españolas: mentiras, pruebas falsas y la infame acción de magistrados y magistradas afines a su fascismo que hacen –o tratan de hacer– por la vía jurídica, lo que ustedes son incapaces de hacer por la vía política.

Porque que el talento no brilla en la derecha cuando está en la oposición, es innegable e irrebatible. El problema es que tampoco brilla cuando gobierna. Pero al menos los próximos tres años les podrán echar la culpa a los eclipses que habrá en nuestro país.

Comparezco hoy ante ustedes no para defenderme. Tampoco para justificar ciertos comportamientos que me dan asco. Todo lo contrario que a algunas de las señorías hoy aquí presentes que disfrutan chapoteando en el fango más que un mimo en el coche del silencio del AVE.

Y lo hago dos días después de que el Tribunal Supremo haya condenado a quien fue mi ministro y secretario de organización y a uno de sus asesores y premiado a un corruptor buscando sin duda –les sonará la expresión– un “efecto llamada”.

Confié en quien no merecía mi confianza. Y de esa confianza respondí yo como marcan los estatutos del partido. Ahora la Justicia ha hecho su trabajo condenando a esas personas.

Esa es la diferencia entre unos partidos y otros. Entre los que expulsan a quienes cometen irregularidades y los que premian a quienes tienen ese deleznable comportamiento. O tienen sus sedes en edificios pagados de forma ilegal. O cobran sobresueldos en sobres. O destruyen pruebas. O crean policías paralelas que secuestran. O buscan togas que en lugar de instrucciones de lavado lleven instrucciones partidistas.

El pasado lunes, el Supremo dictó una condena dura. Bienvenida sea. Porque la prueba de una democracia no es no tener corruptos —los tienen todas— sino tener tribunales que los condenen. Pero, sobre todo, gobiernos y partidos que no los protejan.

Algo que sucede en mis gobiernos y en mi partido y que ni ha estado, ni está ni se espera en gobiernos del Partido Popular. Y mucho menos en el partido. Y ahora sus diputados y diputadas pueden volver a golpear los escaños y a patalear porque las verdades duelen.

Mírense luego, señorías de la oposición. Son como los perros de Pavlov. Dentro de poco bastará con que suba aquí y diga buenos días para que actúen como primates.

Les anticipo que no va a ser un discurso largo pero sí honesto. Brutalmente honesto diría. Y en el que pediré perdón a los españoles y españolas. A todos y a todas. Nos votasen o no.

Un discurso en el que hablaré de dos cuestiones que algunos tienen interés en confundir y que yo tengo el deber de diferenciar. Una es la corrupción: hechos, pruebas y una sentencia. Ante eso, contundencia y cero excusas. La otra es el uso de los tribunales y la mentira para tumbar el veredicto de las urnas.

Pero antes de entrar a fondo en estos asuntos, quiero decir algo de manera clara. Despacio y con el debido respeto a esta cámara y a la Justicia y ninguno a la interpretación que ustedes hagan de mis palabras.

Vayan contra mí, no les tengo miedo y tengo al tiempo y a la Justicia que me darán la razón. Pero cuidado con atacar a mi familia con mentiras o violando su intimidad. Ahí igualmente se van a encontrar con los tribunales. Pero también conmigo.

Así habría empezado yo el discurso de la comparecencia de este miércoles si yo fuera presidente.

Pero no lo soy. Afortunadamente.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que haya corrupción generalizada en el Gobierno y en su partido y se ha desvinculado por completo de los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas".

Sánchez, durante su discurso inicial de más de media hora, ha mostrado también su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este momento de la investigación judicial y ha defendido de manera "clara y rotunda" que no hubo un trato de favor para conceder las ayudas para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En sus primeras palabras tras la condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que respeta y acata la sentencia el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera". "Estamos convencidos de que en este país no puede haber espacios de impunidad para las personas corruptas, sean quienes sean", ha indicado.

Pero, acto seguido, también ha ahondado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente".

Asimismo, el líder de los socialistas se ha detenido en el casos de su mujer y de su hermano. Ha recordado que Begoña Gómez ha trabajado en la Universidad Complutense desde 2012 y que ha cobrado "cero euros", mientras que la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz salió a concurso cuando él ya no era líder del PSOE.

Sánchez ha lanzado: "Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Y solo voy a pedir a la Justicia que sea justa".

"Señorías del PP y de Vox, no sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de treinta casos abiertos con 150 implicados", ha indicado el presidente, que ha despertado el aplauso en varias ocasiones de su bancada.

Con este mensaje para los que piden elecciones: "Para mí, la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites".

Sánchez también ha querido lanzar esta idea desde la tribuna de oradores: "Entiendo el enfado de la ciudadanía. Entiendo su frustración y su decepción. Me hago cargo. Entiendo que, después de pasar treinta minutos ante el televisor viendo este chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales. Pero no es cierto".

En este sentido, ha hecho una defensa de su partido y de su acción ante el contexto judicial actual: "No somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar el acceso a la vivienda. Para fortalecer la sanidad pública. Para subir salarios que aún son demasiado bajos y acabar con injusticias por resolver".

"Pero la solución a estos problemas no está a la derecha. Está en el centro y en la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben. Netanyahu y otros líderes y tecno-oligarcas extranjeros también lo saben. Los diputados del PP y Vox lo saben. Por eso no hablan de economía, ni de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango al debate público", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo en una de sus intervenciones más difíciles en la Cámara Baja.

Pero, a la vez, ha mandado un mensaje de resistencia: "No somos infalibles. Pero no vamos a cometer el error de callarnos. Ni de rendirnos. Ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma el Gobierno cada martes. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad donde esté siendo sepultada bajo mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes más lo necesitan".

El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

El Congreso votará la próxima semana una moción que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza después de que la Mesa del Congreso haya aceptado parcialmente una solicitud del PP.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han informado de que la Mesa ha vetado algunos puntos de la moción, entre ellos el que solicitaba instar a Sánchez a convocar elecciones, así como la dimisión inmediata del Gobierno.

El texto que ha sido aceptado dice que en el que caso de que Sánchez decida no convocar elecciones, la Cámara le insta a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Este punto ya estaba incluido en una moción de Junts que había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

El documento aceptado es una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la insostenible situación" del Gobierno de España y las responsabilidades en ella del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Aunque el PP ha celebrado que el Congreso vaya a votar esta moción y a pronunciarse sobre la cuestión de confianza en el último pleno antes del verano, ha señalado en un comunicado que su texto ha sido objeto de "un nuevo atropello" por parte de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ya que se han eliminado los puntos 1 y 2.

Esto es "un suma y sigue" en el "largo historial de cacicadas" de las que el PP viene siendo víctima desde el inicio de la presidencia de la Cámara Baja de la socialista Francina Armengol, señala el partido.

Según el PP, "no se concibe ni se puede aceptar" que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue reformulado para cumplir con el criterio solicitado por los letrados de la Cámara y el segundo transcribe "de manera exacta" una de las iniciativas (de Vox) que sí fue anteriormente admitida a trámite.

El punto 1 eliminado afirmaba que el Congreso "manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

Y el 2 exigía la inmediata dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.

El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción de los populares para pedir que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo. 

El Congreso ha aprobado este jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

La propuesta ha salido adelante por 177 síes, 164 noes y seis abstenciones, las del PNV y Coalición Canaria.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a una moción de los populares en las que pedían que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Finalmente, se ha aprobado el texto inicial de la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre la valoración que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno.

Cuatro puntos que señalan, por ejemplo, "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura".

El texto también insta al Gobierno a "depurar responsabilidades" en la presunta operación que implica a cargos del Ejecutivo para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al mismo, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.

En declaraciones a la prensa esta mañana, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que pese a que el texto que se quería introducir en la moción no ha sido incluido, en la votación la Cámara realmente iba a decidir sobre elecciones.

"Todos los españoles saben que cuando los grupos políticos estemos votando, vamos a estar votando que haya una convocatoria electoral", ha afirmado.

Fuentes del PNV han precisado a EFE, sin embargo, que sus votos se han referido exclusivamente a los puntos votados y que en ningún caso aceptan una extrapolación a algo más.

Tras el veto del Congreso, el PP presentó un escrito de reconsideración, que no ha sido atendido, y esta mañana el partido de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que va a denunciar este asunto en el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, los populares han calificado el veto a las enmiendas como "una nueva cacicada" de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y un "cambio de criterio oportunista", ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates.

Junts y PP han seguido insistiendo en que la moción no pedía que se disolvieran las Cortes, sino que instaba al presidente Sánchez a que en el uso de sus facultades lo hiciera.

En la presentación de la moción ayer, Muñoz dijo que lo sucedido "fulmina cualquier principio democrático" ya que se ha "hurtado" a la cámara la posibilidad de votar, algo que se ha hecho porque el Gobierno sabía que iba a perder la votación.

"El día que se amordaza un Parlamento, muere la democracia", afirmó, mientras que el diputado de Junts, Josep María Cruset, también se mostró muy molesto y exigió en la tribuna al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones.

"Este es un Gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Por lo tanto, disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones, no hay más", aseveró el diputado del partido de Carles Puigdemont.

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

En nuestro empeño por llegar bien preparados a la Cima 2030, tomamos nota de los deseos humanitarios, vengan de donde vengan. Resaltan la necesidad de aminorar las desigualdades humanas, alientan una llama que nos alumbrará un mundo mejor. A decir verdad, no garantizan el éxito, expuesto a muchas variables temporales, pero permiten plantearnos preguntas que ayudan a dibujar el deseo de un futuro compartido.

Contemplamos con satisfacción el eco religioso y social que ha tenido la visita del papa León XIV a España. Como pertenecemos al gran grupo de católicos solo bautizados, no nos extenderemos en el análisis de la fe expuesta. Cada cual se mira como puede en su interior; contempla sus idas y venidas hacia el ideario de su Iglesia. Recordamos la atención a la pobreza y el socorro debido que aprendimos en el catecismo: el amor al prójimo como a uno mismo. Valores que hoy serían un argumento para seguir juntos caminos más saludables e ilusionantes hacia las metas 2030. Estoy seguro de que el papa es consciente de las urgencias sociales; por eso ha enarbolado la bandera humanitaria.

En una celebración religiosa a la que asistieron millón y medio de personas, advirtió que "nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano". Puede que sea una interpretación maliciosa la que vamos a exponer aquí; vayan por delante disculpas para quienes se sientan ofendidos. Tengo la impresión, no verificada por investigaciones serias, de que buena parte de los asistentes pudieran ser seguidores de lo tradicional en la cultura religiosa. Estudiarían un catecismo parecido al que yo aprendí mal, y fui reprendido con estrépito por el sacerdote examinador. En ese caso, y por cálculo estadístico borroso, me atrevo a suponer que entre los asistentes habría un alto porcentaje de votantes o simpatizantes de Vox y del PP. El primer partido ha extendido la creencia de que todos los no nacidos en España —serían el prójimo— son casi delincuentes; no merecen vivir entre nosotros. El otro le ha comprado el mensaje y lo ha convertido en acción para gobernar con él en varias comunidades autónomas. ¿Quién sabe lo que harán tras las elecciones generales en España?

Esta distopía entre el pensamiento religioso basado en el amor que predica León XIV y el deseo de desprecio hacia los no nacidos en España, regularizados o no, puede impedirnos llegar en las mejores condiciones al año 2030, cualidades que nunca serán definitivas. Porque esa cita en positivo no solamente nos sirve a nosotros, creyentes o descreídos, católicos o no. Supone una cierta salvaguarda para las generaciones futuras, aunque no sea aseguradora del entendimiento colectivo. Máxime ahora que Europa tiene prisa por poner en marcha deportaciones masivas.

Sigamos con lo dicho por el papa en Madrid, en concentraciones multitudinarias. Me parece que, en una misa, recomendó que la religiosidad no sea "un museo del pasado que visitar". Demandó compromiso al insistir en que los cristianos están "llamados a estar presentes en las situaciones y las competencias de la sociedad". Por lo que nos atañe, esas las identificamos enseguida con el fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar generalizados; educación de calidad y gratuita para todos; reducción paulatina de las desigualdades; igualdad de género; respeto hacia la biodiversidad; justicia equitativa para ricos y pobres, gobernantes o gobernados, etc. Y muchas más metas que se podrían incluir, incluso sin nombrarlos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tan denostados por los partidos políticos. En suma, toda una Agenda 2030 social que no arranca todavía en el Congreso de los Diputados de España; todos los partidos allí representados, también los que se autotitulan progresistas, tienen sus responsabilidades.

Seguro que las entidades y grupos de acción relacionados con la Iglesia católica —Cáritas y muchas parroquias de toda España, en especial de los barrios pobres de las ciudades—, que se dedican a la ayuda al diferente, se habrán sentido gratificados. León XIV les ha traído un empuje ético, valora lo que estas entidades llevan haciendo desde hace mucho tiempo a favor del prójimo. Me permito aventurar que estos grupos creerán también en la necesidad de los ODS para poder compartir futuros, con independencia de la religión, el lugar de nacimiento, la lengua y el género.

Por el debido respeto, nada diré de los, a mi juicio, inmovilismos tradicionales de la fe católica citados por el papa como cualidades inherentes. Alejados, sin duda, de lo que predican instituciones como la ONU sobre la consideración de las mujeres, o UNICEF y su protección de la infancia. Sin duda, los conservatismos siempre están demasiado alejados del cambiante bien humanitario colectivo. Allá cada cual con su fundamento doctrinario. Solamente llamar la atención reflexiva de quienes predican el respeto a los demás.

Nos gustaría saber cómo les han sentado, en su fuero interno, a los diputados y senadores de los dos partidos firmantes del acuerdo de las exclusiones la apelación de León XIV al desarme del lenguaje despreciativo; a que toda decisión de las autoridades públicas toca a personas de carne y hueso; al "trágico drama" de quienes se ven obligados a dejarlo todo "para buscar paz, seguridad y futuro"; a desterrar el rechazo a los diferentes; al reclamo de una acogida respetuosa con posibilidades reales de integración. Suponemos que algunos asistentes al discurso del día 8 en el Congreso habrán considerado una injerencia de un jefe de Estado extranjero en la política nacional; otros le recriminarán su apoyo a algunas tesis del "nefasto" presidente Sánchez, aunque haya criticado políticas del Gobierno socialista con respecto al aborto, la eutanasia o la potencia de la enseñanza privada. Nos tememos que la mayoría de sus señorías se olvidarán pronto de lo dicho. Estaría bien que algunas de las ideas papales quedasen reflejadas en plenos de las cámaras dedicadas a temáticas de bienestar humanitario.

Con todo, hay que agradecer al papa que se haya atrevido a levantar la voz ante las problemáticas ecosociales que amenazan al mundo entero. Esperemos que en Roma y aquí los cristianos, y sus señorías de cualquier partido político, vean algo positivo en la agenda propuesta por los ODS. ¿Por qué han de seguir siendo una quimera, habida cuenta de la alta carga social que tienen?

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Viernes, 18 de febrero de 2005. José Luis Rodríguez Zapatero preside la reunión semanal del Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En su cartera lleva el Código de Buen Gobierno que afectará a partir de ese momento a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Un texto que ahora está de plena actualidad por las joyas encontradas en el despacho del expresidente.

En ese código, por primera vez, se regulaba el comportamiento respecto a los regalos que recibían los políticos. En el apartado dedicado a los principios de conducta se fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. Durante estos días, el exministro socialista Miguel Sebastián ha revelado, por ejemplo, que él recibió unas joyas por parte de la Casa Real saudí después de participar en un acto en ese país y que decidió colocarlas en una vitrina en la sede de su departamento. 

La Casa Real española reguló la recepción de regalos a través de una normativa aprobada en enero de 2015, dentro del paquete de reformas lanzado por Felipe VI tras llegar al trono en junio de 2014 en mitad de los escándalos protagonizados por su padre. Se basó en la Ley de Transparencia y fija que se actualizará si hay cambios en la legislación.

Se establecen unos principios generales por los que los miembros de la familia real “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Y señala el texto: “En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional”.

Asimismo, establece que los miembros de la familia real “no podrán aceptar regalos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. 

Por ejemplo, esta normativa fija que no se aceptarán “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. “En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”, marca el texto, que indica que si se concede un premio a un miembro de la familia real que comprenda una dotación económica, se tendrá que ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro “que persiga fines de interés general”.

Además, regula el escenario de herencias que puedan recibir miembros de la familia real por parte de personas con las que no haya una relación familiar. La norma señala que podrán ser aceptadas “cuando así se considere procedente”: “Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación”.

La Casa Real publica todos los años la relación de regalos institucionales recibidos por la familia real. Por ejemplo, en 2024 fueron 358. Especialmente fueron dirigidos a Felipe VI, que obtuvo 203 presentes. Entre ellos, una alfombra del embajador de Irán, un ajedrez de madera del presidente de Paraguay y una camiseta personalizada del Cádiz. Esta lista, no obstante, no incluye el valor económico de estos regalos.

Hay otras instituciones que ponen un tope monetario a los regalos. Es el caso de las Cortes Generales, en cuyo código de conducta, aprobado tanto por el Congreso como por el Senado, se fija como límite 150 euros. Se establece que los parlamentarios “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”.

Sí permiten las Cortes que los diputados y senadores reciban regalos “personales de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como parlamentarios”. “Serán también admisibles los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuyo ofrecimiento y entrega se encuentren desvinculados de su actividad política”, añade el texto.

También recoge el caso de los regalos recibidos por miembros de las Cortes en viajes oficiales de las Cámaras: “Deberán ser entregados a la Secretaría General siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Dichos regalos serán inventariados y publicados en la página web del Congreso de los Diputados o del Senado”.

Asimismo, en el desarrollo protocolario de esta guía se dispone qué hacer en casos de regalos inesperados, como, por ejemplo, el envío de un presente al despacho de un diputado: “El obsequio no debe usarse ni consumirse. Se informará a la Secretaría General o a la Oficina de Conflicto de Intereses para su devolución o, si ello no fuera viable, para su entrega a la institución o eventual donación autorizada, dejando constancia del trámite”.

También, por ejemplo, fija límites en función del valor económico el Ayuntamiento de Madrid. El régimen fue aprobado durante el mandato de Manuela Carmena y fija que sólo se podrán recibir obsequios dentro de la “cortesía habitual o la atención protocolaria” que se correspondan con los “usos y costumbres sociales”.

Establece que estará prohibido recibir regalos que sobrepasen los 50 euros y no se podrán acumular presentes procedentes de la misma persona física o jurídica cuando la suma de sus valores sea superior a 150 euros durante el periodo de un año. 

En ese sentido, marca también claramente los límites el código de conducta del Parlament catalán, que recoge que no se puede aceptar “ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo”: “Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros”.

Establece esta norma, aprobada en 2016, que si los diputados reciben regalos “en virtud de las reglas de cortesía”, deben entregarlos a la Cámara, que “debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia”. “Los obsequios y regalos se han de enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales”, añade el texto.

Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales. La Comisión de Igualdad del Congreso deberá decidir este miércoles si pone remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española. Sucederá tres años después de que la conocida como ley trans se quedara a medio camino, prohibiéndolas sin perseguirlas penalmente.

En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta aterrizar este miércoles en la Comisión de Igualdad. 

Con el avance de la proposición socialista, los grupos que firmaron la primera salvaron el grueso de su contenido vía enmiendas, explica en conversación con este diario el autor de aquella otra iniciativa, el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Las enmiendas llevan en negociación desde el verano pasado y a día de hoy se ha trabajado de forma conjunta en una transaccional, pensada para incorporar "lo más importante". 

Castro cree fundamental que la propuesta legislativa ponga negro sobre blanco una "definición en negativo" de las terapias. Es decir, "lo que no son y no pueden ser", como los "tratamientos afirmativos del género", aquellos que sean "exploratorios y no estigmatizantes", a los que acceden las personas trans durante su proceso. El letrado apuesta, además, por incluir una referencia expresa al consentimiento –es decir, perseguir las terapias incluso cuando cuenten con el visto bueno de la víctima– y eliminar la necesidad de que exista una "afectación a la integridad física o psicológica", pues se trata de consecuencias "inherentes al tipo", entiende el jurista.

La primera proposición incluía medidas sociales y económicas, como alternativas habitacionales y ayudas para las víctimas, pero al tratarse la actual de una reforma estrictamente penal, este tipo de cuestiones se han quedado fuera. "Entendemos que lo prioritario ahora es aprobar la ley", asiente el abogado.

El artículo 17 de la ley trans prohíbe la "práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas". La introducción de las mal llamadas terapias en la norma fue un hito para el colectivo, pero enseguida se reveló absolutamente insuficiente.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+, recuerda que la propia naturaleza administrativa de la ley trans limitó, en su momento, las ambiciones del colectivo. "Aunque estén prohibidas, la sanción es una multa", asiente. A su juicio, es preciso ahora dimensionar el problema y dar un paso más hacia su persecución penal. "La mayoría de los espacios donde se ejercen tienen la capacidad de hacer frente a esas multas", en parte porque tienen "apoyo financiero de fundaciones privadas" y están integradas en "estructuras que pertenecen a redes internacionales ultras". 

Castro pone el foco en las víctimas: "Si no está en el Código Penal, es porque no es un delito y por tanto los perjudicados no tienen la condición de víctimas", una traba absoluta a la hora de acceder a una protección real y garantista. "Tiene que haber un delito que legitime sus derechos como víctimas", completa.

Para el letrado, la tutela administrativa "no funciona porque es dispositiva", las consejerías de cada comunidad deciden "si quieren o no iniciar un expediente sancionador y las víctimas no tienen derecho a recurrir esa decisión, porque en realidad no son víctimas", añade. La potestad sancionadora es en realidad "una prerrogativa de los poderes públicos", pero no tanto un derecho de las personas afectadas. 

En ese contexto, no existe la obligación de comparecer, no hay una investigación a fondo y no siempre se recaban las pruebas necesarias, un extremo fundamental porque se trata de "violencia que tiene lugar casi siempre en espacios privados, revestida de una supuesta libertad ideológica o religiosa". Las sanciones, con la legislación actual, son "meramente pecuniarias, ni siquiera se acuerda el cierre del negocio, ni se impide la práctica posterior de las conductas sancionadas", por lo que no hay sobre la mesa prácticamente ningún "elemento disuasorio para que los perpetradores dejen de hacerlo", advierte el abogado.

En la Comunitat Valenciana, cinco exalumnos denunciaron al que fuera su profesor en el colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs. Aseguraban que el religioso había mantenido a lo largo de los años una estrategia milimétricamente pensada para corregir la orientación sexual de los adolescentes a los que se dirigía, también en su puesto en el centro diocesano de orientación familiar Mater Misericordia. La Fiscalía abrió diligencias en julio de hace ahora dos años y, meses después, denunció al profesor, al entender que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio.

En enero del año pasado, el Ministerio de Igualdad anunció su intención de abrir un expediente contra siete diócesis por promocionar cursos y talleres que prometían "recuperar" la heterosexualidad tras "encuentros" con Jesucristo. Así lo decidió después de una denuncia interpuesta por la asociación que preside Castro. Se trata de la primera denuncia al amparo de la ley trans estatal. Igualdad todavía no ha iniciado expediente sancionador, afirma el abogado, porque al tratarse de una norma de nueva implantación, los tiempos no son todo lo ágiles que sería deseable. 

En Navarra, el centro Vida Nueva ha sido denunciado después de que el diario Newtral destapara las prácticas ejercidas en el seno de lo que las víctimas han acertado a calificar como secta, marcada por un clima de control y anulación de la voluntad, la práctica de supuestas terapias para infligir tortura sobre las internas y la eventual realización de exorcismos para liberarlas de los "demonios" de la homosexualidad.

Y a principios del presente mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de Elena Lorenzo, conocida como coach de identidad, por toda una serie de artículos y vídeos en los que no solo patologiza la homosexualidad, sino que promociona acciones correctivas. "El auto es importante, porque indica que cualquier acompañamiento que proponga una corrección de la homosexualidad es inherentemente contrario a la dignidad de las personas y, por tanto, podría ser delito", afirma Castro.

A nivel internacional, el escenario no es precisamente alentador. A mediados de mayo, la Comisión Europea manifestó su intención de instar a todos los Estados miembros a "prohibir las prácticas de conversión" para que las personas del colectivo puedan vivir su vida "libres de violencia". No obstante, se trata de una mera recomendación que echará a andar el año que viene, pero no aterriza ninguna estrategia en materia de políticas públicas para garantizar que la recomendación sea realmente efectiva. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 24% de las personas LGBTIQ+ de la Unión Europea ha sido víctima de este tipo de prácticas.

Y en Estados Unidos, punta de lanza del avance reaccionario, el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de marzo la prohibición de las terapias de conversión en menores en el Estado de Colorado. El fallo daba la razón a una terapeuta cristiana que impugnó la ley que vetaba estas prácticas. Precisamente otra de las investigaciones abiertas en suelo español va dirigida contra la organización estadounidense Courage International. La entidad cuenta con delegaciones en España y ha sido señalada por practicar terapias para "restaurar la orientación sexual", replicando los doce pasos de Alcohólicos Anónimos y adaptándolos a la anulación de la homosexualidad. Castro presentó una denuncia contra la organización, actualmente pendiente de incoación.

Hace tres años estalló el escándalo de los políticos que se beneficiaban de ayudas ideadas para que familias vulnerables puedan pagar sus facturas de la luz y del gas tras una investigación de infoLibre. Pero lejos de rechazarlas, la lista de adjudicatarios sigue creciendo. Solo en el entorno del PP de Madrid hay al menos ocho altos cargos que siguen disfrutando de esta rebaja gracias a su condición de familia numerosa, un requisito que el Gobierno central prometió eliminar en 2023, pero que en 2026 sigue vigente.

El número dos del partido regional, Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cobrar la subvención anual para calefacción hace apenas dos meses. Una prestación que asciende a 210,71 euros y que corresponde a la ayuda completa de 2025. También lo ha hecho Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y anterior número dos de la presidenta Ayuso, que ha cobrado la misma cantidad. Ambos llevan disfrutando de este descuento al menos cuatro años.

Además, infoLibre ha identificado a otros políticos y altos cargos vinculados al PP de Madrid también suscritos a estos bonos. Cinco de ellos son diputados de la Asamblea de Madrid (incluyendo a Ossorio y Serrano), uno es concejal del Ayuntamiento de la capital, otro es alto cargo de la Comunidad y la última es miembro de la ejecutiva del partido regional y concejala de Boadilla.

No es posible contrastar oficialmente si todos ellos también disfrutan del bono social eléctrico porque al no tratarse de una subvención, la información no es pública. Pero se puede presuponer, ya que el bono eléctrico es imprescindible para poder cobrar el térmico. Esa otra ayuda es todavía mayor porque supone un descuento directo de la factura de luz mensual del 42,5% sobre el concepto de energía del recibo, hasta un consumo máximo de 4.761 kWh anuales.

Tanto el bono eléctrico como el térmico tienen el único objetivo de paliar la pobreza energética en España, que sufren unos 2,9 millones de hogares, según los cálculos del Gobierno central. Otro estudio de la Universidad Pontificia Comillas estima que 1,7 millones de hogares ni siquiera pueden pagar una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Este problema contrasta con la situación de los dos altos cargos del PP madrileño. Ossorio, como presidente del hemiciclo, ganó el año pasado 127.570,94 euros, y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Por su parte, Serrano cobraba 67.848 euros en 2023 de la Asamblea, pero hace dos años rompió su exclusividad para cobrar la mitad y compatibilizar así su sueldo con otros ingresos. Serrano es también secretario general del PP de Madrid.

Tras destaparse la polémica hace tres años, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió incluir requisitos de renta para familias numerosas, pero todavía no se han implementado. Si bien, la actual ministra Sara Aagesen se ha comprometido a corregir ese vacío legal en la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que debería entrar en funcionamiento en 2027, aunque debía haberse puesto en marcha en 2025.

En la lista de diputados autonómicos que se benefician del bono térmico destaca Miguel López-Valverde, que también es consejero de Digitalización, con un salario bruto de 124.851 euros brutos al año. En la Asamblea también lo han cobrado los diputados del PP Daniel Portero y Eva María Gallego y ambos ganan alrededor de 63.000 euros al año. En estos dos casos es cierto que ninguno ha ingresado el dinero este año, solo lo hicieron en 2025 (correspondiente a la ayuda de 2024), pero un portavoz del partido no aclara si están pendientes de cobrarlo o se han dado de baja de los dos bonos o de uno.

Otro de los beneficiarios destacados es Miguel Povedano, director de Tributos de la Comunidad de Madrid, precisamente la persona encargada de fijar los impuestos que pagan los madrileños. No tiene cargo político dentro del PP regional, pero sí fue designado a dedo por la presidenta Ayuso para el puesto que ocupa. En su caso cobra 113.995 euros al año.

En el Ayuntamiento de Madrid, infoLibre ha encontrado como beneficiaria a la concejala del PP de Turismo y del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo del Valle, madre de tres hijos y alto cargo del consistorio desde hace dos décadas. Declara un sueldo de 104.793 euros. Por último, este medio ha identificado también a María Jesús García-Alarilla, coordinadora del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y concejala de Innovación en Boadilla del Monte.

El PP de Madrid, a preguntas de este medio, ha rechazado confirmar o desmentir que la lista anterior de políticos efectivamente disfruta del bono social. infoLibre tiene además otros nombres de altos cargos del partido que podrían estar disfrutándolo, pero no ha podido corroborarlos de forma inequívoca. "Todos los diputados que cobran el bono social es porque cumplen todos los requisitos como cualquier otro ciudadano", se limitan a responder fuentes del partido.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera que defendió a los suyos cuando se conocieron los casos de sus dos escuderos hace tres años. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta preguntada en una rueda de prensa en 2023.

Del resto de partidos, en la Asamblea de Madrid, infoLibre solo ha localizado a dos políticos de Vox acogidos a las ayudas energéticas: José Ignacio Arias Moreno y María Belén González.

A nivel estatal, de todo el Congreso de los Diputados, este medio solo ha encontrado un beneficiario: Ricardo Chamorro, de Vox, electo por Ciudad Real. Mientras que del Senado solo cobró el año pasado Raquel González, del Partido Popular y electa por Burgos, que ya se ha dado de baja del bono térmico. Un diputado del Partido Socialista por Albacete, Emilio Sáez, también cobró el año pasado como familia numerosa, carné que tiene por su condición de discapacidad, pero también se ha dado de baja.

La justificación de que existan estos bonos sociales es exclusivamente "para proteger al consumidor vulnerable" de energía eléctrica y calor y reducir los elevados niveles de pobreza energética del país. Sin embargo, el agujero legal que permite a familias ricas optar a la rebaja, solo por ser familia numerosa, lleva 17 años vigente sin que ningún Gobierno lo haya reformado. Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concretó la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluía la figura de la familia numerosa, de nuevo sin limitación de renta. 

El bono social térmico se creó después, en 2018, y se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico, por lo que heredó ese vacío legal. Los dos bonos se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. En todo caso, para que las ayudas sean concedidas por primera vez, debe ser el beneficiario el que las solicite por cuenta propia, de manera que ninguno de los citados puede alegar que no era consciente de recibirlas. 

José Carlos Romero, de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, es muy crítico con la normativa actual y exige que ese agujero legal se corrija cuanto antes. "El bono social eléctrico y térmico deben ser una herramienta de protección frente a la vulnerabilidad energética, no una ayuda general por pertenecer a un determinado colectivo. Una familia numerosa puede tener más necesidades energéticas, desde luego, pero eso no justifica que el acceso sea automático y sin comprobar ingresos", afirma el experto.

Para el resto de beneficiarios –en total hay 1.729.109 receptores del bono eléctrico en España, y casi un tercio son familias numerosas– el acceso está restringido en función de los ingresos del hogar. El bono eléctrico para consumidores vulnerables supone una rebaja en el componente energético de la factura del 42,5%, y del 57,5% para vulnerables severos. Mientras que el bono térmico supone una subvención única anual de entre 210,71€ y 400,69€, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.

También hay una diferencia fundamental entre el térmico y el eléctrico: el primero lo costean todos los españoles a través de sus impuestos y el segundo todos los consumidores eléctricos (hogares, empresas y administraciones) a través de los cargos de la factura de la luz. La CNMC calcula que el conjunto de clientes pagarán este año 437,2 millones de euros para financiar el bono eléctrico. El térmico, cubierto con los Presupuestos Generales del Estado, costó 312 millones a los contribuyentes en 2025, además de las aportaciones autonómicas voluntarias.

Sergio Tirado, investigador de pobreza energética en la Universidad Autónoma de Madrid, añade que el colectivo de familias numerosas no solo disfruta de no tener techo de renta, sino que además tiene generalmente más estudios y recursos y por eso "es el colectivo que más lo pide y más disfruta de él". Cita un estudio de Esade de 2024, que dice que mientras que el bono social solo llega al 24,5% de sus potenciales beneficiarios, en el colectivo de familias numerosas lo disfrutan el 45,5% del total, una proporción de casi el doble.

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica, de abril, muestran que 467.952 familias numerosas reciben el bono eléctrico (y por tanto, el térmico) en el país, un 27% del total de beneficiarios. De lejos es Madrid la Comunidad con más ayudas para esta tipología, con 83.068 familias numerosas cobrando. No todas son familias con tres o más hijos, ya que también se entrega este carné a padres con dos hijos si uno tiene discapacidad superior al 33%, entre otros casos.

Esta base de datos evidencia que cada vez más familias numerosas conocen esta ayuda y la solicitan. Desde enero de 2023 sus abonados han crecido un 32%. Si bien, también han crecido en otras categorías porque en general el número de españoles con bono social eléctrico ha crecido en tres años un 27%, hasta 1,73 millones de familias.

El Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios los nombres que ocuparán los puestos vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de que expiren los mandatos actuales. La presidenta, Cani Fernández, y los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar terminan su mandato de seis años el 16 de junio. Un cuarto puesto, el de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto. Que llegue esa fecha no significa que ese día se produzcan los nombramientos, pero el reloj corre y las negociaciones están en marcha.

La CNMC es uno de los organismos reguladores más importantes del Estado. Su consejo tiene diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Supervisa los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte, audiovisual y competencia. Multa a empresas por prácticas anticompetitivas, fija las tarifas de acceso a las redes eléctricas y de gas, regula el mercado ferroviario y, cuando el Parlamento le otorgue la habilitación que lleva más de un año esperando, será también la autoridad que vigile a las grandes plataformas digitales en España y supervise asuntos tan delicados para los medios de comunicación como el reparto de la publicidad institucional.

El procedimiento de renovación está fijado en la Ley 3/2013, aprobada con mayoría absoluta del PP bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno nombra a los consejeros mediante real decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos de actuación del organismo. Antes de que el decreto se publique, el candidato debe comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, que tiene un mes para vetarlo.

Ese veto requiere mayoría absoluta de esa comisión, es decir, al menos 19 de sus 37 diputados. El PP tiene 14 y Vox, tres. Suman 17. No llegan solos. Para bloquear un nombramiento necesitan el apoyo de, al menos, dos diputados más de otros grupos. Sin ese apoyo adicional, los candidatos del Gobierno salen adelante.

El Ejecutivo (PSOE y Sumar, con 12 y tres diputados en la comisión, respectivamente) da por hecho que no puede pactar los nombres con el PP, así que necesita llegar a acuerdos con ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG (con un diputado cada uno). 

En su última comparecencia anual ante la Comisión de Economía, el 21 de abril, la presidenta saliente, Cani Fernández, dedicó el cierre de su intervención a hablar de la renovación y de lo que considera las dos deudas pendientes del Congreso con el regulador.

La primera es la habilitación para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, conocido como DSA por sus siglas en inglés. Ese reglamento, en vigor desde febrero de 2024, obliga a cada Estado miembro a designar una autoridad coordinadora con poderes reales para supervisar, investigar y sancionar a las plataformas.

El Gobierno designó a la CNMC en enero de 2024, pero no le dio los instrumentos legales para actuar. El organismo tiene el título, pero no las herramientas. Fernández lo resumió sin rodeos ante los diputados: sin esa habilitación —que el PP se ha negado a conceder las dos veces que se sometió a votación en el Congreso—, la CNMC no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España ni proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las plataformas digitales.

La segunda norma pendiente es la EMFA, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que también asigna funciones al regulador nacional. España acumula retraso en ambas.

“En sus manos está, señorías”, dijo Fernández antes de pedir que la renovación se produzca con garantías de independencia, rigor técnico y continuidad institucional.

La realidad es que el Partido Popular lleva meses utilizando la renovación de la CNMC como palanca. Cuando el Congreso rechazó en abril la proposición de ley del Grupo Socialista que habría dado a la CNMC los poderes necesarios para aplicar el DSA, el PP argumentó que ampliar las competencias del regulador antes de renovar su consejo era crear un instrumento de control político. Exigió primero la renovación, con consejeros de su agrado, y después las competencias.

El argumento tiene un problema de fondo. El DSA no es una opción que el Gobierno pueda decidir aplicar o no. Es un reglamento europeo directamente aplicable. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024 y, tras un dictamen motivado que Madrid no atendió, llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE en mayo de 2025. El caso tiene ya número de registro: C-841/25. Si el tribunal declara el incumplimiento y España no corrige la situación, pueden llegar sanciones económicas.

La posición del PP recuerda a la que sostuvo durante años con el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación bloqueó para asegurarse de que los nuevos vocales fuesen de su agrado. La diferencia con la CNMC es que aquí el mecanismo legal no permite al PP plantear un bloqueo indefinido: la ley establece plazos y el Gobierno puede nombrar sin el voto afirmativo de los de Alberto Núñez Feijóo, siempre que no exista un veto respaldado por una mayoría absoluta que la derecha no alcanza por sí sola.

La CNMC que se renueva ahora no es la misma institución que existía cuando fue creada en 2013. Sus competencias han crecido. Tiene ya atribuida la supervisión del audiovisual, la defensa de la competencia, la regulación energética y el sector ferroviario. Le faltan dos piezas que llevan tiempo en el Boletín Oficial europeo, pero no en el español: la coordinación del DSA y el desarrollo de la EMFA.

En su comparecencia de abril, Fernández recordó que la CNMC presidirá el organismo de reguladores europeos de telecomunicaciones, BEREC, en 2027, y que durante 2025 presidió el Media Board de la UE, que se ocupa de la EMFA. La institución tiene peso internacional. Pero, en casa, el regulador lleva más de un año sin poder ejercer las funciones que le corresponden por derecho europeo.

Los mandatos que vencen el 16 de junio se renuevan de forma parcial cada dos años precisamente para evitar que un solo gobierno controle el organismo de golpe. Quien ocupe la presidencia ahora tendrá un mandato que se extenderá hasta 2032. De ahí las maniobras del PP para intentar condicionar el nombramiento o, al menos, retrasarlo, pensando en poder hacerlo a su gusto el año que viene si, como dicen las encuestas, consigue controlar el Congreso con la ayuda de la ultraderecha de Vox.

La renovación afecta a varios ministerios. Economía, ahora en manos de Carlos Cuerpo, que siempre ha sido quien ha controlado el organismo, aspira a seguir haciéndolo. Pero otros departamentos, cuya labor se ve fuertemente afectada por las decisiones de la CNMC, como es el caso de Transportes (Óscar Puente), Transformación Digital (Óscar López) y Transición Ecológica (Sara Aagesen), también tienen algo que decir. Será el presidente Pedro Sánchez quien, en última instancia, decida.

En todo caso, no hay mucho margen de maniobra, porque solo hay cuatro asientos a repartir. Si se repite el reparto de 2020, el PSOE se reservará la presidencia y un consejero, Sumar nombrará a otro —hace seis años lo hizo Podemos— y ERC al cuarto.

El problema, una vez más, es Junts, que logró en 2024 un asiento, el de Pere Soler, todavía en el cargo, pero con el que no están satisfechos por no haberse opuesto a la opa del BBVA sobre el Sabadell, y quiere volver a designar un representante. Si se alinea con PP y Vox, tiene en su mano bloquear indefinidamente la renovación.