El Congreso vuelve a rechazar la senda de déficit con el voto en contra de PP, Vox y Junts
El pleno del Congreso ha vuelto a rechazar la senda de estabilidad del Gobierno para 2027-2029, la misma que se votó la semana pasada y que ha obtenido idéntico resultado al votar en contra PP, Vox y Junts, lo que supone un revés político, pero no impide al Gobierno presentar los Presupuestos de 2027 después del verano.
La ley de estabilidad presupuestaria obligaba a esta segunda votación en la Cámara, aunque el Gobierno haya presentado la misma senda de la semana pasada, con unos objetivos de déficit del 1,8% del PIB para 2027, del 1,6% para 2028 y del 1,5% para 2029, que ya están incluidos en el plan fiscal de medio plazo acordado con la Comisión Europea.
No obstante, el rechazo de los objetivos de déficit supone que las comunidades autónomas se quedan sin los 5.849 millones de margen fiscal que suponía contar con una décima de déficit (0,1% del PIB) para cada uno de los próximos tres años.
Al ser rechazada por la Cámara Baja, se vuelve a la senda original del plan fiscal que no incluye ese margen y que prevé el equilibrio fiscal para las autonomías.
Durante el segundo debate de este jueves el ministro de Hacienda, Arcadi España, le ha dicho al PP que "es legítimo discrepar políticamente del Gobierno", pero que resulta "difícil de comprender" que esa discrepancia "termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan".
"Espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por obtener más recursos y más estabilidad para el conjunto de nuestras administraciones", le decía el ministro al PP antes de la votación.
Lejos de la petición de Arcadi España, el diputado del PP José Vicente Marí ha pedido al Gobierno que "no hagan perder el tiempo a los españoles y convoquen elecciones" y le ha afeado al ministro que ni siquiera haya tratado de llegar a un nuevo acuerdo con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El diputado de Junts Josep María Cruset le ha dicho al ministro que no debe tener mucho interés en sacar adelante unos nuevos presupuestos cuando les presenta a las comunidades autónomas el mismo margen fiscal que en ejercicios pasados y que ya ha sido rechazado, al tiempo que ha criticado que los últimos datos de ejecución de inversión sitúen a Cataluña a la cola cuando para pagar impuestos está en cabeza.
El diputado de Vox José María Figaredo ha considerado que el ministro de Hacienda va al Congreso a pedirles a los españoles que paguen más impuestos y ha echado la culpa del afán recaudatorio del Gobierno "a los cinco millones de inmigrantes que han metido en España en los últimos cinco años" que están menoscabando los servicios públicos.
El segundo rechazo del Congreso no tiene implicaciones prácticas, puesto que el Gobierno podrá presentar los Presupuestos de 2027 en octubre tomando como referencia ese objetivo de déficit público del 1,8% del PIB que ya está acordado con Bruselas.
Convalidada la prórroga de medidas para mitigar el impacto del conflicto en Irán
También el Congreso ha convalidado el decreto ley con la prórroga por tres meses de algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio con el apoyo mayoritario de la cámara, salvo por el rechazo de Vox y la abstención del PP. La norma ha salido adelante con 175 votos a favor, 33 en contra y 140 abstenciones.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado durante su intervención que España ha desplegado el "escudo" más ambicioso de toda la Unión Europea (UE) frente al conflicto, con un primer decreto con medidas de apoyo por 5.000 millones de euros, a los que se suman los 1.825 millones del segundo decreto que se convalida este jueves.
A ello hay que sumar los 2.700 millones que se dejarán de recaudar por la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, una medida demanda por el sector y algunos grupos políticos, ha explicado Cuerpo.
"Hemos aprendido de las crisis de los últimos años", ha dicho Cuerpo tras explicar que los objetivos del primer plan se han conseguido, porque se ha mantenido el pulso de la economía y el empleo, al tiempo que se ha protegido a hogares y empresas.
Las rebajas fiscales del primer decreto han contenido un punto en promedio la inflación hasta junio, "amortiguando la subida de los precios en más de un 60%", ha subrayado el ministro, que ha añadido que el segundo decreto que se aprueba hoy suprime las rebajas de IVA, pero mantiene la del impuesto especial de hidrocarburos.
Esta rebaja es de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y cinco céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre, si bien se establece una cláusula de reactivación si la situación empeora, dada la volatilidad de los precios de la energía causada por el incierto contexto geopolítico.
En virtud de esa cláusula el impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15% y, de la misma manera, se recuperarán las bonificaciones fiscales para la electricidad y el gas si se encarecen más de un 15%.
El decreto ley que convalidado hoy está en vigor desde el 1 de julio con una aplicación correcta de la rebaja prevista en hidrocarburos por parte de las gasolineras, según ha dicho el vicepresidente, que ha recordado que también las anteriores rebajas del IVA fueron trasladas a los consumidores "sin apropiación indebida" por parte de las estaciones de servicio.
El debate no ha estado exento de reproches de todos los grupos, que en general han considerado insuficientes las medidas adoptadas.
Entre las críticas más duras las del diputado del PP, Jaime de Olano, quien además de sacar a relucir "la corrupción del Gobierno", se ha quejado de que se "ha frito a impuestos a la clase media" mientras se "reconocía a la UE haber recaudado 2.300 millones de euros más cada año solo por no deflactar el IRPF, como le viene pidiendo el PP desde hace cinco años".
El PP, que no avanzó durante el debate el sentido de su voto, finalmente se ha abstenido como ya hizo con el primer decreto ley de respuesta al conflicto de Oriente Medio.
El Congreso tramitará la quita de deuda autonómica
Asimismo, el Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad de devolución del PP y Vox al proyecto de ley que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que ahora iniciará su tramitación en la Cámara.
Las dos enmiendas han sido rechazadas en una votación conjunta con los 178 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a los 170 del PP y Vox, a los que solo se han sumado UPN y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith, ahora en el grupo mixto.
El PP y Vox, a los que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido que no bloqueen que los gobiernos autonómicos que sí están de acuerdo con la quita de parte de su deuda aprovechen esta medida, han argumentando que la ley solo mutualiza la deuda, no la condona, y favorece así a las comunidades más despilfarradoras, sin exigir a cambio ningún tipo de disciplina fiscal.
En nombre del PP, Juan Bravo se ha remontado al origen del proyecto para denunciar que la ley fue el "precio" que exigió ERC para investir a Pedro Sánchez y reclamar una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica, no una que "solo se la compra Cataluña".
"Ni condonan, ni ayudan, ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles" ha señalado Bravo, añadiendo que a eso mucha gente lo llama "corrupción política".
En la misma línea, el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ha recordado que la deuda no desaparece, solo "cambia de bolsillo", y envía el mensaje "devastador" de que "no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto".
El socialista Alejandro Soler ha acusado al PP de buscar "excusas" y ha aventurado que sus gobiernos autonómicos en realidad "hacen palmas" pensando en la condonación de su deuda y que la formación de Alberto Núñez Feijóo lo que querría es que el Gobierno les obligue a aceptarla.
Por Sumar, Carlos Martín, ha anunciado que su grupo se propone "mejorar" el proyecto durante su tramitación parlamentaria introduciendo un límite de tiempo en el que las comunidades que se acojan a la quita no puedan establecer rebajas de impuestos.
Los partidos independentistas catalanes han rechazado también las enmiendas de PP y Vox. ERC, en palabras de Teresa Jordà, ha negado que la condonación sea un "privilegio" para los catalanes, ya que Cataluña "sale ganando", pero también "beneficia a todos los territorios".
A su vez, Junts, por boca de su diputado Josep Maria Cruset, ha indicado que facilitará la tramitación de este proyecto de ley, pero ha avisado de que su intención es conseguir la condonación de la totalidad de la deuda catalana.
Desde el Grupo Mixto, Podemos ha pedido que esta condonación sirva para reforzar los servicios públicos y no para rebajar los impuestos a los más ricos; el BNG ha dicho que la deuda es consecuencia de la "mala gestión" del PP; Coalición Canaria, que la fórmula escogida "no es justa"; y la diputada de Compromís Águeda Micó, que esta es una oportunidad de "hacer justicia con la Comunidad Valenciana".
Aprobada la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones
En este último pleno antes del parón veraniego se ha aprobado la convalidación del decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y que eleva el plus por residencia para los funcionarios del Estado que viven en Baleares, gracias a la abstención del PP y con el voto en contra de Vox y Podemos.
El decreto ha salido adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones, y hasta el momento de la votación había dudas sobre el sentido del voto PP que podía poner en peligro la convalidación de la norma, que además se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Durante el debate el diputado del PP Ángel Ibáñez ha sido muy crítico con una medida sobre jubilación parcial que trata de arreglar "sin estrategia ni planificación" una "avería" provocada por el propio Gobierno con la reforma del contrato de relevo, y ha defendido que "frente al desastre" será un nuevo Ejecutivo el que en breve se hará cargo de la Función Pública.
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha dejado más clara su posición al asegurar que con sus votos no se va a hacer ninguna reforma del empleo público si no se resuelve antes el problema de la interinidad, en tanto que el diputado de Vox, Emilio del Valle, ha afirmado que se opondrán "a todo lo que traiga este Gobierno salpicado de corrupción".
El decreto ley debatido este jueves permite la contratación temporal de relevistas para sustituir al personal laboral de las administraciones que se jubile parcialmente, después de que en un desarrollo de la reforma de pensiones se estableciese que los relevistas debían ser siempre indefinidos, una fijeza que en el ámbito público requiere haber pasado por una oposición o concurso oposición.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado durante su intervención que la Administración General del Estado ya ha incorporado 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo en la oferta de empleo público de 2026.
No obstante, ha defendido la aprobación del decreto ley para favorecer el acceso a la jubilación parcial del personal laboral, permitiendo la contratación temporal de relevistas desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta, como máximo, los dos años posteriores a la extinción de esa jubilación parcial.
El ministro ha confiado en que la norma salga adelante porque mejorará la vida de 11.000 empleados públicos en Baleares y la de otros miles de personal laboral que podrían acogerse a la jubilación parcial.
"Si se aprueba será mérito de todos, pero si no sale me encargaré de que se enteren de por qué y por quién no ha salido adelante", ha advertido López en referencia al PP, al que ha reprochado que en lugar de fijar posición haya dado un mitin, recordando que en siete año de gobierno los populares solo convocaron 64.000 plazas públicas frente a las cerca de 300.000 del Gobierno actual.
A Podemos le ha pedido que ayude a conseguir acuerdos con las autonomías para acabar con el problema del abuso de la temporalidad, porque son las que mayores tasas de interinidad tienen, y porque es lo que está impidiendo sacar adelante una ley de función pública que regule este aspecto.
Rebaja de los requisitos para formar grupo propio a petición de los nacionalistas
Por último, se ha aprobado definitivamente la rebaja de los requisitos para constituir grupo parlamentario propio a propuesta de los partidos nacionalistas y con el apoyo del PSOE, mientras que el PP, Vox y UPN han votado en contra.
La reforma impulsada por ERC, Junts, BNG y Compromís, además de Podemos, mantiene la regla general de exige 15 diputados para formar grupo y también cinco escaños, pero con un 10% de los votos en las circunscripciones y un 3% en el conjunto del país frente al 15% y 5% de la norma que ha regido hasta ahora.
De este modo, según han vuelto a defender los partidos nacionalistas este jueves durante el último pleno del curso político, se protege la pluralidad política, mientras que para el PP y Vox, cuyas enmiendas han sido rechazadas, la reforma solo responde a intereses partidistas.
Hoy se decidía, ha resaltado la diputada de ERC Inés Granollers, si el Congreso de las próximas legislatura estaba pensado para que quepan todas las voces o solo para que "algunos sigan pensando y decidiendo quién tiene derecho a ser escuchado".
Y es que, según Jon Iñarritu, de EH-Bildu, el PP ha utilizado históricamente el reglamento a su "libre albedrío" e intentado continuamente impedir a los partidos nacionalistas formar grupo propio.
La reforma ayuda a la Cámara a evitar que los populares sigan utilizando el reglamento de forma "torticera" para otorgar o negar la creación de grupo propio cuando "le venga en gana", ha dicho el diputado vasco.
Para el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que pertenece al grupo Sumar, las circunscripciones electorales y la ley electoral actuales están pensadas históricamente para favorecer el bipartidismo y la reforma aprobada este jueves "compensa" esa situación.
"Creemos en la democracia, en la España en la que todos cabemos", ha afirmado María Adrio, del PSOE, en defensa del apoyo de su grupo a la propuesta de los nacionalistas para corregir la "rigidez" reglamentaria.
Tanto para el PP como para Vox los socios del Gobierno de Pedro Sánchez están reconociendo que la legislatura está llegando a su fin y su previsible pérdida de apoyo electoral como consecuencia de su apoyo al PSOE.
El diputado popular Pedro Navarro ha incidido en que no se trata de una rebaja simbólica y que es "otro pago político con el mismo comprador y el mismo vendedor".
Asimismo ha recalcado que la reforma no va además de fomentar la pluralidad política, sino de medios materiales: despachos, presencia fija en los órganos de la Cámara, asesores y subvenciones.
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Para el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, la rebaja de los requisitos "hasta límites ridículos" es la prueba más evidente de que la legislatura ha terminado.
"Las rebajas suceden a final de temporada", ha dicho, tras lo que ha considerado que el apoyo de los socialistas demuestra además que el PSOE no puede vivir sin sus socios y que es rehén de sus caprichos y esclavo de sus urgencias.
En el mismo sentido se ha pronunciado Alberto Catalán, de UPN, quien ha acusado además a los socios de Sánchez de defender con esta modificación sus intereses de forma "sectaria".
