El Congreso tumba de nuevo la senda de déficit, pero aprueba la subida del salario de los funcionarios
El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar este jueves la senda de déficit propuesta por el Gobierno, pero ha aprobado subida salarial para los empleados públicos, esta última, con el apoyo del PP. El rechazo a la senda pone fin a los trámites previos a los presupuestos y deja vía libre al Gobierno para presentar las cuentas del próximo año.
Los objetivos de estabilidad han sido rechazados por 177 votos en contra -los de PP, Vox, Junts y UPN-, 166 a favor y 5 abstenciones (Podemos y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó), en línea con la votación de la primera senda a finales de noviembre.
A pesar de este resultado, con esta segunda votación quedan cumplidos los trámites previos a los presupuestos y el Gobierno ya podría presentar las cuentas del próximo año en cualquier momento, ajustadas a los objetivos de estabilidad incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año en lugar de a los rechazados este jueves.
Estos objetivos son los mismos a nivel global -que el déficit público baje al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028-, pero con un reparto distinto entre subsectores, más estricto para las comunidades autónomas.
Con este rechazo, las comunidades autónomas tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario en lugar de con un déficit del 0,1% del PIB como planteaba la senda, lo que equivale a perder un margen de gasto que Hacienda cifra en 5.485 millones en el periodo 2026-2028 y que podría ser aprovechado por el Estado.
La votación no afecta al techo de gasto del Estado para 2026, que no necesita el aval de las Cortes, y que continúa fijado en 216.177 millones (incluidos 4.151 millones de fondos europeos), un 8,5% más.
Montero critica "el no por el no"
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que haya partidos "instalados en el no por el no" y, más concretamente, que el PP perjudique a las propias regiones que gobierna al votar en contra.
El diputado del PP Juan Bravo ha criticado que el Gobierno quiera aumentar el gasto a costa de "más impuestos y más deuda", a lo que el diputado de Vox Pablo Sáez ha añadido que la reducción del déficit solo es posible con "un importante aumento de la presión fiscal" y el diputado de Junts, Josep María Cruset, que se trata de la misma senda que ya fue rechazada.
Los socios del Gobierno han mostrado su apoyo para avanzar hacia los presupuestos, aunque ERC ha pedido un reparto más justo de los objetivos de déficit y Bildu ha criticado las "carencias" de la senda por las restricciones de Bruselas, un punto en el que ha coincidido con PNV, que ha cargado contra la regla de gasto.
Podemos ha mantenido su abstención en protesta por el gasto en defensa y la diputada Micó porque no hay un trato "justo" para los valencianos.
El Gobierno prevé presentar el proyecto de presupuestos en torno a febrero del próximo año, lo que obligará a prorrogar por tercera vez las cuentas de 2023, que son las actualmente vigentes.
"El Gobierno está trabajando justamente con la aprobación del techo de gasto para presentar, a la mayor brevedad posible, el proyecto de presupuestos", ha insistido Montero, unas cuentas que seguirán compatibilizando la responsabilidad fiscal con "políticas progresistas que amplían derechos y corrigen desigualdades".
Aprobada la subida del salario para los empleados públicos
En cuanto a la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026 para los 3,5 millones de empleados públicos, ha salido con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, y pese a los votos en contra de Vox.
Con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el real decreto ha sido convalidado y se tramitará como proyecto de ley, permitiendo que en el sector público estatal la subida de 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se haga efectiva en una nómina adicional este mismo mes, lo que afectará a 540.000 empleados públicos.
El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025.
En cuanto a 2026, a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC ese año es igual o superior al 1,5%.
En su intervención, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los empleados públicos merecen "buenas condiciones" y ha recordado que las subidas forman parte de un acuerdo marco sellado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que contempla un incremento del 11 % para el periodo 2025-2028.
A los incrementos de 2025 y 2026 se añadirá un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. "Más servidores públicos, mejor remunerados, más Estado del Bienestar", ha subrayado López.
Los socios habituales del Gobierno han apoyado la medidas aunque con algunas críticas, mientras que Junts, que no ha intervenido, se ha abstenido en la votación.
BNG y EH Bildu han cuestionado que en la negociación del acuerdo marco se dejará fuera a sindicatos territoriales como ELA, LAB y Ciga y han apuntado a la necesidad de fijar subidas y salarios "acordes al territorio".
Pese a su voto a favor, el diputado del PP Ángel Ibañez ha cargado con dureza contra la forma de negociar y aprobar esta subida "tarde, mal y sin diálogo con las administraciones territoriales".
También ha afeado que el acuerdo, que se extiende hasta 2028, condicione "las políticas retributivas de futuros gobiernos" y ha cuestionado el interés de un Ejecutivo que "ha usado la función pública para colocar amiguitas".
Vox ha cargado contra la forma de articular esta subida y ha reprochado "la incertidumbre e improvisación" con la que trabaja el Gobierno.
Aprobada la ley de atención a la clientela
Igualmente, se ha aprobado este jueves la ley de servicios de atención a la clientela, que incluye la atención en catalán, euskera y gallego a la ciudadanía de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, así como el bloqueo de las llamadas spam y garantizar la atención humana. La Cámara Baja ha dado luz verde a una ley que inició su andadura en 2011 y ha necesitado más de una década para culminar su camino.
El Congreso de los Diputados ha tumbado la mayoría de enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que pretendían limitar la atención en lenguas cooficiales así como ampliar los tiempos de espera máximos para atender llamadas.
Sin embargo, el respaldo de PP, Vox y Junts ha hecho que las restricciones a la publicidad del juego hayan decaído del texto legal, entre ellas, prohibir la presencia de personajes populares en estos anuncios y limitar esta publicidad en redes sociales.
Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y garantizar que el 95% de las llamadas que reciban sean atendidas en una media de tiempo inferior a tres minutos y no se podrán atender sólo por contestadores automáticos o inteligencia artificial, siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano.
Asimismo, las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días. Y las empresas de más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros tendrán que ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego sean lengua cooficial.
Inicia la reforma de la dependencia tras rechazar el veto de Junts
Sobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad solo han votado a favor del veto los diputados de Junts, mientras que PP y Vox se han abstenido. El resto -hasta 171 votos con PSOE, Sumar, ERC, PNV, Coalición Canaria y EH Bildu- han votado en contra. Se ha votado tras rechazar la enmienda a la totalidad de devolución presentada por Junts, ya que el PNV ha retirado finalmente la suya para incluir cambios durante su tramitación que eliminen invasión de competencias.
Bustinduy, se ha comprometido a que la reforma cuente con "la financiación necesaria para ser viable y salir adelante" y ha agradecido la colaboración y el apoyo unánime de las entidades sociales, muchas de ellas presentes este jueves en el hemiciclo.
"Este país lo necesita y lo vamos a necesitar cada uno de nosotros", ha aseverado Bustinduy, quien ha recalcado que la reforma "no es del ministerio, ni del gobierno de coalición, sino del país" y con el empuje de las asociaciones.
Para Junts "es una contundente invasión competencial" y con "una visión centralista y sin ningún tipo de garantía sobre los recursos económicos necesarios", ha señalado Josep Maria Cruset Domènech.
El diputado catalán ha lamentado la presión a Junts para apoyar una ley "pésima" para Cataluña. "No nos hará movernos de la defensa de los catalanes", ha aseverado Cruset, quien ha añadido que no regalan sus votos "a cambio de nada" o "de una ley nefasta".
El PNV ha retirado su enmienda a la totalidad pese a que sigue manteniendo que la norma "no respeta el ámbito competencial", ha argumentado Maribel Vaquero, aunque pedirá una decena de cambios competenciales a través de enmiendas parciales "que además introduzcan mejoras".
El diputado del PP Enrique Belda ha trasladado en el debate el "firme compromiso" de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aunque ha advertido que "sin los presupuestos se cae todo el edificio de los derechos que se están articulando".
El PSOE ha dicho no entender por qué Junts ha pedido la retirada de la reforma que persigue afianzar derechos y que cuando cuenta con el respaldo de las entidades sociales catalanas: "Las personas con dependencia nos están esperando, estemos a la altura".
Desde Sumar, Lander Martínez ha argumentado que el texto puede mejorarse en la tramitación: "Es una ley de país construida con los movimientos sociales, como ley de país hagamos de un consenso social un consenso político".
"Invade competencias, pero se puede solucionar", ha señalado Jordi Salvador, de Grupo Republicano, quien ha advertido que "sin financiación quedará en papel mojado".
También EH-Bildu ha defendido mejorar "lo necesario" con enmiendas: "Espero que esta vez sí se cumplan los compromisos y respeten las competencias de los territorios históricos", ha dicho Isabel Pozueta.
Noemí Santana, de Coalición Canaria, ha apoyado la tramitación. "Esperamos que más allá de las palabras bonitas, sea una ley para garantizar derechos". Para Vox "no es esta la reforma de la dependencia que necesita España", ha aseverado Rocío de Meer.
