El PP se pone de perfil ante las terapias de conversión y se abstiene de incluirlas en el Código Penal

El castigo penal de las mal llamadas terapias de conversión sale adelante en el Congreso. Y lo hace a pesar de la oposición de la extrema derecha y la abstención de los conservadores. La iniciativa, una reivindicación histórica del colectivo LGTBIQ+, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos, salvo Vox que ha votado en contra y el PP que se ha abstenido. A la votación le ha seguido el estridente aplauso de las entidades presentes durante el pleno celebrado este jueves.

Los conservadores no han dudado en ponerse de perfil, a pesar de sus intentos por presentarse como garantes de los derechos del colectivo. La decisión tiene un gran peso simbólico y deja en vilo a todas las personas que habitan en los territorios donde se han sellado pactos de gobierno entre el PP y Vox. 

En Castilla y León, Extremadura y Aragón, los de Santiago Abascal han seguido expresando su oposición sin matices a las políticas LGTBIQ+, pero los conservadores han tratado de esbozar una imagen pública de contención que choca frontalmente con la panorámica resultante de la votación parlamentaria en la Cámara Baja.

"Llevar a prisión a los sacerdotes"

Aunque el diputado Jaime de los Santos (PP) ha reconocido que la ley es fundamental para el colectivo, ha centrado su intervención en desacreditarla. "Estamos ante una ley tan necesaria como corrompida por el sectarismo de algunos", ha lanzado desde el estrado. El parlamentario no ha cargado contra su contenido, ni contra su redacción, ni siquiera ha puesto en duda el objetivo que persigue, sino que sus dardos se han dirigo exclusivamente al Grupo Socialista: "Nos utilizan, retuercen nuestro dolor e instrumentalizan una ley que nos interpela a todos", ha sentenciado, para rematar con una defensa enfervorecida de su partido: "Soy del PP, soy maricón y me siento orgulloso de ambas cosas".

A sus palabras ha replicado la diputada Maribel Vaquero (PNV): "Se le ha olvidado hablar de las terapias de conversión para hacer un alegato defendiendo a su grupo".

Sus principales aliados, sin embargo, sí han escenificado una oposición manifiesta al espíritu de la proposición, una iniciativa que a juicio de María de la Cabeza Ruiz (Vox) busca "imponer una forma de pensar o de actuar a golpe de Código Penal". La diputada cree que se trata de una norma que "cercena la libertad" y que persigue "terapias de conversión que en realidad no lo son". 

Para la parlamentaria ultra, la propuesta legislativa "quiere que nadie cuestione la identidad sexual de otros y que nadie se la cuestione a sí mismo". "Quieren impedir que alguien acuda a un psicólogo, a un sacerdote o a un especialista por su propia voluntad", ha censurado durante su turno de palabra. "¿Quieren llevar a prisión a los sacerdotes a los que los homosexuales acuden voluntariamente para pedir ayuda?", ha insistido. La Iglesia ha demostrado ser uno de los agentes clave a la hora de poner en práctica, normalizar y perpetuar las terapias de conversión.

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Con la votación, la ultraderecha no ha hecho otra cosa que reafirmar una posición política de sobra conocida. Los conservadores, en cambio, han evidenciado las grietas de su discurso y la naturaleza de su ideología. Mientras en territorios como Extremadura los líderes del partido se han esforzado en asegurar que las políticas en diversidad están "blindadas", en el Congreso no dudan en obstaculizar la aprobación de una reivindicación clave para la comunidad LGTBIQ+.

Una forma de tortura

"Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad", ha celebrado el mismo jueves la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias. 

La ley trans aprobada hace ahora tres años prohibió este tipo de prácticas, pero únicamente contemplaba sanciones administrativas. Con la aprobación de la iniciativa parlamentaria –camino ahora del Senado–, las prácticas serán castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales y la inhabilitación profesional de los autores del delito.