El brazo opaco de agitación mediática de los obispos que se financia (en parte) con tus impuestos
Ábside Media, el holding de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la asamblea de los obispos católicos españoles, controla la cadena COPE y el canal de televisión Trece. El grupo se financia en parte con dinero público procedente del IRPF y de la publicidad institucional del Estado. Pero no publica quiénes son sus dueños ni cuánto recibe por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, algo a lo que está obligado por ley.
COPE y Trece son las dos piezas centrales de la batalla cultural y política que la Iglesia libra a través de sus medios. Pero no son las únicas marcas del grupo. Ábside Media agrupa también tres cadenas de radio musical, Cadena 100, RockFM y MegaStarFM.
A ellas se suman dos marcas poco conocidas, VivaFe y Ábside Media Producciones, según su propia página oficial. VivaFe se presenta como “una comunidad digital de jóvenes que busca acercarse a Dios a través de la música, dando visibilidad a nuevos músicos católicos, produciendo temas y proyectos como el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España”. Ábside Media Producciones es la productora audiovisual de Trece, descrita como el “brazo de producción multimedia del grupo para desarrollar documentales, formatos especiales y otros contenidos”.
El capital de Ábside Media se reparte entre la Conferencia Episcopal —que tiene el porcentaje mayoritario—, casi todas las diócesis españolas, órdenes religiosas, entidades sociales como la ONCE, compañías audiovisuales privadas y un reducido grupo de personas físicas. El control, en todo caso, permanece en manos de los obispos.
Lo que no se conoce es el detalle. COPE no da información sobre sus dueños, lo que contraviene el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Lo que se conoce, y no porque la emisora sea transparente, es la arquitectura general: Ábside Media tendría el 75% de la sociedad titular de la cadena, Radio Popular SA. El resto se repartiría entre socios minoritarios.
Esa opacidad choca con el EMFA, en vigor desde agosto de 2025. Su artículo 6 obliga a los prestadores de servicios de medios a hacer accesible y actualizada la información sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos y sus beneficiarios efectivos.
Un medio no puede limitarse a decir que pertenece a tal grupo o que es independiente. El artículo 6 exige identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si existe propiedad pública directa o indirecta.
El excedente fiscal que rescata a Trece TV
La Iglesia sostiene que no recibe financiación directa del Estado para su funcionamiento ordinario. El argumento se apoya en que la asignación del 0,7% del IRPF depende de la voluntad de cada contribuyente, no de una partida presupuestaria fija.
Cada ejercicio, millones de personas marcan esa casilla en su declaración de la renta confiando en que ese dinero sostiene el culto, el clero o la labor asistencial. Pero ese mismo mecanismo genera excedentes año tras año, y nadie obliga a la Conferencia Episcopal a reintegrarlos al Tesoro Público cuando superan esas necesidades.
Lo cierto es que los obispos llevan años dedicando parte del excedente que obtienen de la declaración de la renta a subvencionar con inyecciones millonarias de capital el funcionamiento deficitario de su cadena de TDT Trece, una televisión que compite por los mismos anunciantes que otras cadenas privadas sin ese respaldo.
El Tribunal de Cuentas cuestionó ese trasvase. El organismo advirtió de una posible vulneración de la libre competencia y de la normativa europea sobre ayudas de Estado, que prohíbe subvencionar con fondos públicos a un competidor frente a otros operadores sin ese respaldo.
Beneficios récord en el grupo, pérdidas crónicas en la televisión
Ábside Media cerró su último ejercicio con las mejores cifras de su historia. Superó por primera vez los 150 millones de euros en ingresos consolidados y rozó los 10 millones de beneficio.
COPE es la piedra angular de ese crecimiento. Gracias a ella, los ingresos del grupo pasaron de superar los 120 millones en 2023 a 134 millones en 2024, y por encima de 150 millones en el último ejercicio cerrado. Ese avance les permitió cerrar 2024 con 9,8 millones de euros de beneficio antes de impuestos.
La radio vive además un momento dulce en audiencia, que comenzó cuando en 2010 fichó casi al completo al equipo de Deportes de la SER y se reforzó con la llegada de Carlos Herrera a las mañanas en 2015. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2026, COPE reúne 3,409 millones de oyentes diarios —su programación deportiva reúne habitualmente entre 1,7 y 2,1 millones—, solo por detrás de la SER (4,173 millones) y por delante de Onda Cero (2,086 millones). Es la segunda cadena generalista del país.
Trece TV es el reverso. Las últimas cifras conocidas, de 2024, muestran 3,2 millones de euros en pérdidas y una deuda acumulada de 115 millones desde su creación, hace 16 años. Su audiencia es residual, en torno al 1,6% en julio, con picos entre el 2% y el 3% cuando emite películas antiguas.
El dinero público que sí se conoce
Los datos oficiales del Gobierno sí permiten reconstruir, al menos, la parte de la financiación pública que no depende de las comunidades autónomas, la Administración local y la casilla de la declaración de la renta. Es la que recibe en concepto de publicidad institucional de la Administración General del Estado.
Según el informe anual del Ejecutivo, el grupo percibió 2.491.767,75 euros en 2025 por campañas publicitarias públicas. Esa cifra representa el 3,40% de toda la inversión publicitaria directa del Gobierno en medios, una cantidad que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la Conferencia Episcopal.
Los datos oficiales sitúan a la empresa controlada por los obispos en la novena posición del ranking nacional, la última de los diez grupos más beneficiados. Ábside Media queda inmediatamente detrás del Grupo Prensa Ibérica y por delante de un grupo histórico como Godó, propietario de La Vanguardia.
Pero esos datos cubren solo la Administración central. Ábside Media, COPE y Trece TV no publican cuánto reciben por el mismo concepto de comunidades autónomas y ayuntamientos —tampoco del Gobierno—, pese a estar obligados a ello, desde 2025, por el EMFA, cuyo artículo 6 exige revelar el dinero que un medio ingresa por publicidad institucional.
Tampoco se conoce qué peso tienen esos fondos, los conocidos y los que permanecen ocultos, en la cuenta de resultados del grupo, ni qué porcentaje representan sobre su cifra de negocio total.
Quién dirige el brazo mediático de los obispos
José Luis Restán preside Ábside Media de forma no ejecutiva y ejerce como director editorial. Su función consiste en velar por que la línea informativa no se desvíe del ideario eclesiástico. Javier Visiers ocupa el cargo de consejero delegado. Formado en la Universidad de Navarra y en el IESE, dirige la estrategia de transformación digital y la convergencia de recursos entre la radio y la televisión.
El consejo de administración de COPE integra también a socios estratégicos. Entre ellos el naviero Vicente Boluda, una de las mayores fortunas en España, que posee el 7% de las acciones.
De la pastoral a la trinchera política
Pero más allá del consejo de administración y sus órganos de gobierno, quien manda en Ábside es la Conferencia Episcopal Española, que preside Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid. Un jerarca eclesial cuya gestión al frente de la institución ha estado marcada por intervenciones públicas de enorme agresividad contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
El episodio más reciente de choque con el Ejecutivo se produjo el pasado 9 de julio de 2026, durante la Escuela de Verano organizada por los obispos, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Argüello afirmó textualmente: "Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones. A los hechos me remito".
No fue el primero. El 20 de junio de 2025, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, dijo en rueda de prensa que Argüello había sugerido que un adelanto electoral podría ser "una salida al bloqueo institucional". La frase contraponía a la Iglesia con la posición del propio Pedro Sánchez, que en ese momento defendía agotar la legislatura.
Ayuso riega con publicidad las radios de derechas y beneficia a los obispos, Losantos e Intereconomía
Ver más
Esas posiciones se trasladan a la línea editorial de COPE y Trece TV, que operan abiertamente en contra del Gobierno de coalición y a favor de la derecha y la ultraderecha. Una línea que defiende además los privilegios históricos de la Iglesia, entre ellos las inmatriculaciones de inmuebles y las exenciones fiscales.
Las inmatriculaciones son el procedimiento que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de templos y fincas sin escritura ni pago previo. La reforma de la ley hipotecaria de 2015 limitó ese privilegio, pero no lo eliminó de forma retroactiva. El patrimonio inmatriculado por la Iglesia en España supera las 35.000 fincas.
La Conferencia Episcopal aprobó para 2026 un presupuesto de 6.280.821 euros, un 4,5% más que el ejercicio anterior, según el balance presentado en noviembre de 2025. Esa cifra corresponde solo a la estructura central de la CEE, sedes, personal y comisiones episcopales, no al conjunto de la Iglesia católica en España. De ese presupuesto, 2.325.000 euros proceden del patrimonio y de actividades económicas propias, entre ellas alquileres, editoriales y derechos.
