El vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se ha topado con el Tribunal Supremo en su intento de paralizar el proceso de selección del nuevo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sustituirá el próximo marzo a la conservadora María Elósegui, propuesta en su día junto a otros tres candidatos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras comprobar que no tenía opciones de ser seleccionado en la terna de candidatos, Preciado denunció el proceso por la supuesta influencia del Gobierno, o de cargos y juristas afines a él, en la Audiencia Nacional. Después de que el Consejo de Ministros aprobara la terna de candidatos, recurrió al Alto Tribunal reclamando otra vez que paralizara el proceso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo ha rechazado.

Preciado denunció el pasado abril que el Gobierno –formado por los partidos que lo eligieron como miembro del Consejo– pretendería controlar la elección del próximo juez español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales. Lo hizo tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado impugnó el proceso ante la Audiencia Nacional y solicitó, sin éxito, su paralización. Sin embargo, su recurso extendió una sombra de sospecha sobre todo el proceso que afectará, posiblemente, al debate que el Consejo de Europa mantenga sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

El vocal progresista –considerado díscolo entre sus compañeros de esa sensibilidad– aseguró, tras saber que no estaba entre los elegidos, que la comisión que debía seleccionar a los tres candidatos que el Consejo de Ministros tenía que mandar a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el nuevo miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia, a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso era la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso que acaba de terminar lo fue la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Pese al recurso de Preciado, el proceso de selección siguió adelante y, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la terna propuesta por esa comisión de selección. Los elegidos fueron el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Luis Jimena Quesada; la catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga Ana Salinas de Frías, y el profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Europeo de la Complutense Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Sus currículos pasarán ahora al panel consultivo de expertos del Consejo de Europa que evaluará sus méritos y capacidades antes de que la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional decida.

Tras conocerse la terna de candidatos, Preciado volvió a recurrir el proceso. Esta vez llevó al Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que la designó para que se anulara. Y solicitó otra vez que se paralizara el proceso, esta vez al Supremo. Los magistrados de lo Contencioso, sin embargo también lo han rechazado. En primer lugar, porque lo que exige el interés general es, precisamente, que no se suspenda la decisión del Consejo de Ministros "porque forma parte del procedimiento establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos" para la formación del TEDH. Ese interés general, sostiene la Sala, es "que el Convenio se cumpla y que el tribunal esté constituido por todos sus miembros, en pleno ejercicio de sus funciones". "La relevancia de su función y la posición institucional que de ella deriva requiere el máximo respeto a los procedimientos y a los plazos", añade la resolución.

Preciado justificaba su petición porque, de no paralizarse el proceso, como reclamaba, el Consejo de Europa podría elegir a uno de los candidatos de la terna, lo que provocaría que una eventual sentencia del Supremo que le diera la razón no pudiera ejecutarse, dejando sin contenido su recurso. El Supremo, sin embargo, recuerda que aún queda "un largo procedimiento" en el Consejo de Europa "hasta el nombramiento final". Y que durante ese proceso, el organismo europeo analizará "las condiciones de idoneidad de los candidatos" y "los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionados". La Sala recuerda que esa organización internacional ya ha rechazado a algunos candidatos –y cita su procedencia, Polonia y Albania– por no reunir esos estándares.

La resolución recuerda, además, que el mandato de la actual juez española del Tribunal de Estrasburgo no termina hasta el próximo 14 de marzo de 2027, por lo que el tribunal "dispone de un margen de tiempo suficiente para abordar el enjuiciamiento de fondo de este recurso antes de que se haga efectiva aquella renovación". Es decir, que los magistrados tienen todavía ocho meses para dictar sentencia sobre el caso. El auto, sin embargo, sí accede a otra petición de Preciado y ordena al Ministerio de Presidencia y Justicia "que ponga en conocimiento del Consejo de Europa la existencia del presente recurso contencioso-administrativo" y que envíe al organismo europeo el auto que rechaza parar el proceso indicando que está "pendiente de sentencia".

El auto cuenta con un voto particular de tres magistrados que consideran que el acuerdo del Ejecutivo que seleccionó la terna de candidatos sí debía suspenderse. Además de Preciado, también ha recurrido el proceso el actual secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, que también optaba al puesto pero tampoco superó la primera criba de la selección. Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en los procedimientos de selección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, al elevar esa sospecha hasta el proceso de elección del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.

La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.

El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.

Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.

El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.

La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.

Es la comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte con más ahínco sobre los excesos políticos de los jueces. Sus dictámenes no son vinculantes para los miembros de la carrera, pero a menudo retratan a los magistrados o magistradas que, con cada vez más frecuencia, exponen públicamente y sin empacho su ideología –en la mayoría de los casos de derechas– en medios de comunicación, conferencias, redes sociales... Algunos, incluso, transgreden con toda nitidez el difuso límite de la apariencia de imparcialidad participando en actos de organizaciones vinculadas a partidos, cuando no organizadas directamente por estos. Se trata de casos que difícilmente llegan a ser sancionados disciplinariamente, pero los informes de la comisión, que no se refieren a actuaciones concretas, constituyen, en ocasiones, una censura moral a estas desmesuras basada en principios éticos de carácter universal aprobados en organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

El pasado domingo y este lunes se ha producido la renovación parcial de esta comisión en la que toca elegir una plaza destinada a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y dos a la de magistrado. A una de estas últimas se ha presentado como candidata la jueza de instrucción 3 de la Audiencia Nacional y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid María Tardón. La magistrada, que formó parte del equipo de gobierno del exalcalde José María Álvarez del Manzano entre 1999 y 2003, opta al cargo a través su asociación de siempre, la moderada pero de derechas Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la que fue portavoz antes de su paso por la política de mano del partido que entonces dirigía José María Aznar. Su fichaje, según las crónicas de la época, se produjo para renovar la imagen del exregidor, por entonces muy tocada tras 10 años en el poder. Tras los comicios se convirtió en concejal de Seguridad del municipio.

A través del perfil en la red social X de su asociación, Tardón ha relatado en un vídeo las líneas generales de su programa de actuación. "Nuestro trabajo nos permite conocer de primera mano una realidad social que nos compromete, no solo a trabajar todo lo posible para tratar de lograr una mayor excelencia en nuestra función jurisdiccional, sino también para intentar mejorar la sociedad en la que vivimos", dice la jueza en ese vídeo. Después añade: "Por ello, aun con toda la prudencia necesaria para no afectar a nuestra independencia, no podemos renunciar al derecho a expresar libremente nuestras opiniones y nuestras propuestas en la defensa de los principios y valores constitucionales y en la mejora de la justicia". "Creo que el logro de ese equilibrio entre esa irrenunciable defensa y nuestra imagen de imparcialidad en la opinión pública debe ser uno de los objetivos que debe marcarse esta comisión judicial como principal tarea", concluye.

En su candidatura enviada al Consejo, la instructora de la Audiencia Nacional se declara partidaria de la "libertad de expresión responsable", que debe favorecer "la participación en el debate institucional mediante opiniones y propuestas fundamentadas, constructivas y respetuosas con los límites inherentes a la función judicial".

Ese derecho de los jueces a expresar sus opiniones y propuestas "en defensa de los principios y valores constitucionales y la mejora de la justicia" es lo que invocan gran parte de los magistrados de derechas que hacen públicos sus posicionamientos políticos. La interpretación de esa defensa ha amparado desde insultos a responsables de Gobierno y el Legislativo e incluso a familares de estos –por ejemplo del juez Manuel Ruiz de Lara llamando "psicópata" a Pedro Sánchez y "Barbigoña" a Begoña Gómez, su esposa; o el magistrado de la AN Eloy Velasco menospreciando a la exministra de Igualdad Irene Montero por haber trabajado en un supermercado–, posicionamientos más o menos explícitos contra el Gobierno de Pedro Sánchez –véase Luis Sanz @MagistraThor o Jesús Villegas–, manifestaciones y huelgas ilegales contra sus propuestas legislativas –como la amnistía, la reforma del acceso a la carrera o la que dará la instrucción al fiscal– o participación en actos del PP (María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria y conservadora APM) o fundaciones ultra (el expresidente del Tribunal Superior de Castilla y León, José Luis Concepción o el magistrado del TS Antonio García).

El discurso de la derecha judicial, muy presente en esos actos y difundido también en medios y redes sociales y que se ha hecho valer ante instituciones europeas como la Comisión –que cada año evalúa a España avalando su Estado de derecho– o la Eurocámara, se basa en dibujar al Ejecutivo y sus iniciativas como epítome de un recorte patente, deliberado y permanente de libertades y garantías democráticas básicas que conducen a España poco menos que a una dictadura. Un recorte que, sin embargo, las organizaciones internacionales encargadas de analizar nuestro sistema y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, no ven pese a los esfuerzos de esos colectivos judiciales. Las tres asociaciones más a la derecha (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que pese a negar que sea conservadora, así es vista en la carrera), han llegado a pedir a la UE que sancione a España como hizo con la Polonia del PiS o la Hungría de Viktor Orbán. Sin éxito.

A las dos plazas reservadas a la categoría de magistrado, además de Tardón, también optan el magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Jesús García Vélez y la de la Audiencia de Málaga María Teresa Sáez Martínez (ambos de la APM). Por Francisco de Vitoria (FdV), también compite Claudio García Vidales, del tribunal de Roquetas de Mar (Almería) y por el único colectivo progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la presidenta de la Audiencia de Lugo Sandra María Piñeiro y el magistrado no asociado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Asturias David Ordóñez Solís. Al puesto de magistrado del Tribunal Supremo aspiran el de la Sala de lo Civil Manuel Almenar (APM) y los de la Sala de lo Social Consuelo Uris (JJpD) y Juan Manuel San Cristóbal Villanueva (FdV).

La especial trascendencia de los dictámenes de la comisión de ética se debe a dos factores. El primero, que es el único órgano del Consejo no formado por vocales, sino por jueces y magistrados elegidos directamente por sus compañeros que, a su vez, eligen a un catedrático especialista en Filosofía del Derecho, Ética o Filosofía Moral. También porque su encargo es aplicar los Principios de Ética Judicial, un conjunto de valores y reglas de conducta que, entre otras finalidades, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento que los jueces se comprometen a cumplir. Esos principios, además, se basan en textos aprobados en organismos internacionales de los que España forma parte, como los Principios de Bangalore de Naciones Unidas o los del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, del Consejo de Europa, que incluyen su adopción entre sus recomendaciones.

El último juez en sufrir un veto de la derecha judicial para acceder a la élite de la judicatura española ha sido José Ricardo de Prada. Y no es la primera vez. El magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del tribunal internacional de la ONU para los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, uno de los mejores penalistas de España y para muchos el máximo experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, optaba a una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Pero los conservadores del CGPJ lo vetaron –con la aquiescencia de los progresistas– y, finalmente, un magistrado con menos currículo que él se quedó con el puesto. ¿La razón? Fue uno de los autores de la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo en 2018, resolución cuya resaca terminó generando la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.

Haber condenado al PP es algo que la derecha judicial no ha perdonado a De Prada. Pese a que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó íntegramente esa condena con ligeros ajustes. Esa resolución generó otro veto previamente, en 2024, cuando el PP, en la última renovación del Consejo, exigió que PSOE y Sumar lo retiraran de la lista de vocales progresistas. La primera sentencia de Gürtel contó con un voto particular discrepante que rechazaba la condena al PP, el firmado por el conservador Ángel Hurtado. Hurtado también se negó a que Mariano Rajoy declarara como testigo en el juicio que dio lugar a la condena. Dos años después, en 2020, ascendió al Supremo, donde ha protagonizado la que, probablemente, ha sido la más polémica y cuestionada instrucción de los últimos años, la del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, contra el que no consiguió una sola prueba en toda su investigación. Pese a ello, cinco de sus compañeros de sala, no dudaron en condenarlo. Dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, negaron la existencia de una sola evidencia en un voto particular discrepante.

Ana Ferrer fue propuesta en junio de 2024 por los 10 vocales progresistas del recién renovado órgano de gobierno de los jueces para presidirlo. Sin embargo, los otros 10 conservadores la vetaron, de la misma forma que hicieron con Pilar Testo, también propuesta por la izquierda judicial para el puesto. Los consejeros propuestos por el PP denostaron en los debates a Ferrer (también a Teso) por considerarla "la candidata del Gobierno". Ferrer, junto a una compañera de sala, la también progresista Susana Polo, había firmado un voto particular discrepante contra la sentencia en la que sus compañeros de la Sala Segunda confirmaron las condenas del caso ERE, entre ellas las de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su criterio fue el que luego siguió el Tribunal Constitucional, que terminó rebajando considerablemente las condenas de los cargos políticos condenados. Mientras los vocales debatían si aceptaban a Ferrer como presidenta (al final no fue así), la magistrada firmó otro voto particular discrepante contra la no aplicación de la amnistía a los líderes independentistas condenados y procesados del procés.

El veto de los conservadores a Ferrer volvió a producirse cuando presentó su candidatura a presidir la Sala de lo Penal. Lo tenía todo a su favor para conseguirlo. Al ser mujer, la ley de paridad la colocaba como idónea para el nombramiento y el programa de actuación con el que concurrió a la convocatoria (que pedía máxima transparencia en la sala que antes presidía Manuel Marchena), era mucho mejor que el de su contrincante, el magistrado que resultó finalmente elegido, Andrés Martínez Arrieta, que, a diferencia de Ferrer, está a punto de llegar a la edad de jubilación. Pese a que la presidencia tenía que ser para una magistrada, los conservadores no dejaron de oponerse a la aspirante hasta provocar que retirase su candidatura. Ferrer fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 2014. Previamente presidió la Audiencia Provincial de Madrid, así que sus méritos para administrar un tribunal son más que sobrados. Su prestigio entre sus compañeros es indudable, pero la derecha judicial le impide cualquier tipo de progreso.

Pero la carrera más meteórica hacia el Supremo ha sido, quizás, la de la conservadora Carmen Lamela. De llegar en 2014 a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional desde la Audiencia Provincial de Madrid, solo cuatro años después, en julio de 2018, desembarcó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo gracias a un Consejo –el presidido por Carlos Lesmes– escorado a la derecha. En medio de esas dos fechas Lamela fue la primera instructora de la causa del procés, que después asumió el Supremo, y encarceló a sus principales líderes (fue autora de la primera orden internacional de detención contra Carles Puigdemont tras su huída). También abrió una causa por sedición contra el jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que terminó archivada.

Pero fue cuando ya ejercía en el Alto Tribunal cuando se conoció un error que quizá nunca le habría permitido llegar a ese destino. La Audiencia Nacional absolvió al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en una causa que había investigado ella. Lamela mantuvo al exdirectivo blaugrana 21 meses en prisión incondicional en Soto del Real (entre mayo de 2017 y febrero de 2019). Rosell le pidió su excarcelación en 12 ocasiones, pero ella hizo caso omiso. La magistrada de los ascensos meteóricos había cometido el peor fallo que se puede achacar a un juez de instrucción: mantener injustificadamente en la cárcel a un inocente cuya acusación, según afirmaron sus compañeros de la Sala Penal del Supremo cuando les llegó el recurso de casación, era inconsistente. Lo primero que hicieron los tres magistrados de la Audiencia que lo juzgaron y absolvieron previamente fue ponerlo en libertad al inicio de la vista en la que quedó exonerado.

La expectación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era muy alta. Un recurso de amparo de una jueza sancionada por el órgano de gobierno de los jueces podía afectar al juego de mayorías y minorías en la institución, dejando en manos de los vocales progresistas –tradicionalmente menos corporativos que los conservadores– la última palabra sobre las sanciones a jueces y magistrados. Entre los argumentos alegados por la jueza sancionada ante el Constitucional se aseguraba que el Pleno del CGPJ no fue imparcial al rechazar su recurso contra el castigo que le impuso la comisión disciplinaria. Porque los siete miembros de esta comisión que tomaron la decisión inicial –y, por lo tanto, ya estarían contaminados al haberse pronunciado previamente– decidieron junto al resto de vocales el recurso contra su propio acuerdo, lo que afectaría a su imparcialidad.

Si el Constitucional hubiera atendido las razones del recurso y lo hubiera estimado –algo que no ha hecho–, los siete miembros de la comisión disciplinaria que hubieran sancionado o exonerado a un juez tendrían que abandonar el Pleno en el momento en que el máximo órgano del Consejo empezara a deliberar los recursos presentados contra las resoluciones de esa comisión al haberse pronunciado previamente y tener, por tanto, un prejuicio sobre el caso. El Pleno, integrado por 20 vocales y su presidenta, quedaría conformado, cada vez que se vieran recursos contra acuerdos de la disciplinaria, por 14 miembros. La asistencia mínima para la válida constitución del máximo órgano del Consejo es de 11 miembros, según la ley.

En caso de que el órgano de garantías constitucionales hubiera estimado, como reclamaba el recurso de amparo, que los miembros de la disciplinaria no puedan revisar sus propias decisiones y les hubiera obligado a abstenerse, el Pleno resultante tendría mayoría progresista con siete vocales a propuesta del PSOE y Sumar frente a seis designados por el PP. La presidenta, Isabel Perelló, tendría voto de calidad en caso de empate. Es decir, que la última decisión sobre si sanciona o no a un juez quedaría en el Consejo en un órgano dominado por los consejeros de izquierda. Esa sensibilidad ha sido tradicionalmente mucho menos corporativa y condescendiente con los excesos de los jueces que los miembros del sector conservador.

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Agustín Azparren, exjuez y exvocal del CGPJ de consenso entre PSOE y PP y, como tal, antiguo miembro de la comisión disciplinaria entre 2001 y 2008, sostiene que, aunque esas sanciones sean de naturaleza administrativa (no es una pena derivada de un delito) el proceso por el que se imponen debe seguir las mismas garantías constitucionales que las causas criminales. Y una de ellas es el derecho fundamental al juez imparcial, un derecho que queda vulnerado al formar parte del Pleno los siete vocales que tomaron la decisión recurrida. Según el recurso, los consejeros de la disciplinaria debieron haberse abstenido del asunto ya que su intervención previa en el mismo "podría afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal".

La sentencia, dictada por la Sala Primera del Constitucional, presidida por el conservador Ricardo Enríquez, la también magistrada a propuesta del PP Concepción Espejel (que ha actuado como ponente), y los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo (todos jueces de carrera), ha desestimado ese argumento concreto y consideran que la imparcialidad es un derecho reclamable respecto de las decisiones judiciales, pero no de las sanciones administrativas que impone el Consejo. La imparcialidad, según dice la sentencia del TC citando resoluciones anteriores, "no puede predicarse de la Administración sancionadora", en este caso el Consejo, "en el mismo sentido que respecto de los órganos judiciales", sostiene el tribunal, que recuerda que esas sanciones administrativas se pueden recurrir después ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Pese a desestimar ese argumento, el Constitucional sí da la razón a la jueza sancionada al considerar que el Consejo, al imponerle el castigo disciplinario, vulneró "su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad", por lo que lo anula. La jueza alegó en su defensa que la sanción de tres meses de suspensión que se le impuso se produjo tras una prolongada baja por un cuadro ansioso depresivo y después de que la enfermedad mental se le volviera a reproducir, aunque esta segunda vez no lo comunicó al CGPJ, que acabó imponiéndole la sanción por los enormes retrasos que acumulaba su órgano judicial. No puede ignorarse, sostienen los magistrados, "que los prejuicios y la discriminación sufrida secularmente por las personas con algún tipo de discapacidad mental (...) constituyen importantes barreras a la hora de informar sobre este tipo de discapacidad en el lugar de trabajo". Según la sentencia, lo que el Consejo debió hacer en lugar de sancionarla, es ajustar a la discapacidad mental que aprecia su carga de trabajo.

La nota de prensa llegó a las siete menos diez de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en la mañana del pasado miércoles, acordó, por mayoría, dar amparo a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, una las que participaron en el caso Juana Rivas, frente a unas declaraciones del abogado de esta. La resolución, apoyada por la presidenta, Isabel Perelló, y los 10 vocales conservadores, establecía, como “medida de restauración”, “la difusión institucional” del acuerdo. “La crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional”, añadía. La nota aseguraba que se habían excluido “las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego”, a las que se dirigió también la queja de la jueza, por considerar que mostraron “un tono respetuoso”. Sin embargo, la literalidad de la resolución, según las fuentes consultadas, censura sus palabras y ordena que se les notifique el acuerdo.

La nota se distribuyó después de que varios medios, entre ellos infoLibre, hubieran publicado informaciones en las que se aseguraba que el amparo a la jueza de violencia granadina –que se inhibió de decidir sobre si debía enviar o no al hijo menor de Rivas con su expareja, el italiano Francesco Arcuri, investigado por maltrato– no se otorgaba únicamente frente a unas declaraciones del abogado de esta que la señalaban directamente. También, según se deduce de su literalidad, frente a las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Juventud e Infancia, Sira Rego, además de otros exmiembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias (Podemos), la eurodiputada de esa misma formación y exministra Irene Montero y la magistrada y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. El comunicado obligó a este medio a rectificar su versión inicial en el sentido del texto de la nota, procedente de fuentes oficiales del Consejo y así se recogió en la propia información.

Sin embargo, el contenido de la nota en realidad no refleja lo que el Consejo aprobó el miércoles sobre la jueza del caso Juana Rivas –como también apreciaron los vocales que votaron en contra– por lo que infoLibre no debió haber rectificado. La resolución se refiere, aunque sin recoger sus nombres ni sus cargos, a las dos ministras y al resto de exmiembros del Ejecutivo contra los que la jueza granadina dirigió su queja, a los que acusaba de ejercer presión sobre la magistrada orientando a la opinión pública para forzarla a tomar una decisión sobre el menor en un sentido concreto. Todos los políticos a los que se refería la queja, según la fundamentación jurídica del acuerdo, afectaron a la independencia de la magistrada y la atacaron personalmente, sobrepasando la libertad de crítica a las resoluciones judiciales. Las ministras y el resto de figuras, según el acuerdo, habrían desacreditado la profesionalidad de la jueza extendiendo una sospecha sobre su actuación en el caso.

Pero, además de esas apreciaciones que parecen censurar a dos miembros del Gobierno actualmente en el cargo, la parte dispositiva del acuerdo ordena que se notifique, no solo al abogado de Juana Rivas, sino también a ambas ministras, al ex número dos del Gobierno, la eurodiputada de Podemos y la magistrada en ejercicio y ex delegada del Gobierno contra la violencia machista. Esa notificación debe comunicar a todos ellos que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la que dirime todas las impugnaciones contra las decisiones y actos del Consejo.

Fuentes oficiales del CGPJ aseguran que esta orden de enviar a las ministras –y no solo al abogado de Juana Rivas– la resolución se justifica porque sus declaraciones fueron objeto de la queja presentada por la magistrada ante el órgano de gobierno de los jueces. Respecto a los párrafos de censura a las manifestaciones de “personas que ostentan o han ostentado responsabilidades públicas” que recoge el documento, esas fuentes aseguran que deben entenderse referidas únicamente al resto de cargos –Pablo Iglesias, Irene Montero y Victoria Rosell– pero no a las dos ministras. Sobre por qué no hay en la resolución –pero sí en la nota– ninguna referencia a que las declaraciones de Redondo y Rego queden efectivamente exentas de la reprobación, desde la institución afirman que el texto “podría ser mejorable”.

Sin embargo, los nueve vocales del sector progresista que votaron en contra del amparo entendieron que la resolución censuraba a todos los representantes políticos –ministras incluidas– en contra de lo que se recogió horas después en el texto de la nota de prensa, y así lo hicieron saber a sus compañeros durante el Pleno del miércoles en el que anunciaron que formularían por escrito su opinión discrepante. El voto particular de todos ellos plasma una posición contraria al amparo. Pero además, asegura que el texto de la resolución que sacó adelante la mayoría "pone de manifiesto las imprecisiones e inconcreciones en cuanto a los hechos y el fundamento del amparo solicitado". "La trascendencia de ese conjunto de imprecisiones e inconcreciones es aún mayor si se tiene en cuenta su reflejo en el plano institucional y de la comunicación pública". En definitiva, que la resolución del amparo concedido, cuyo único efecto era ser publicado en una nota del Consejo para el conocimiento de todos los ciudadanos, no aclaraba si se refería a las ministras, como negó el comunicado oficial posterior, en contra de lo que entendieron los medios que se hicieron eco de la decisión del Consejo.

"Aunque durante la deliberación se acordó la supresión de un concreto párrafo del texto debatido", el que hacía referencia a las dos integrantes del Ejecutivo, "permanecen inalterados los antecedentes de hecho, buena parte de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva, incluida la decisión de difundir institucionalmente el acuerdo y notificarlo no solo al letrado [de Juana Rivas], sino también a la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García; a la ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Rego; a doña Irene Montero Gil; a don Pablo Iglesias Turrión [y] a doña Victoria Rosell Aguilar". "La permanencia de tales referencias", prosigue el texto discrepante, "impide apreciar una plena congruencia interna entre la fundamentación [de la resolución], la parte dispositiva finalmente aprobada y su posterior difusión y comunicación institucional", añade.

Las manifestaciones de Ana Redondo de las que la jueza se quejó se recogieron en una nota del Ministerio de Igualdad difundida el 10 de enero de 2025 en la que se advertía de que “varias normas internacionales” establecían que “se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión a fin de garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador". Como aseguró la propia ministra en sus alegaciones durante el procedimiento de amparo, el comunicado hacía una referencia expresa “al respeto a la independencia del Poder Judicial” y enmarcaba su contenido en una crítica “respetuosa y admisible”, sin referirse a ninguna actuación concreta de la jueza.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, escribió un tuit el 7 de enero de 2025 en el que decía literalmente: “He escuchado a [el nombre del menor], hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Ese mismo día, se publicó una noticia en la que se aseguraba que Juventud e Infancia había trasladado al fiscal “la urgencia de que se escuche al hijo menor de Juana Rivas para que se garanticen sus derechos”. En sus alegaciones, Rego recuerda que sus declaraciones se efectuaron mostrando absoluto respeto a la independencia e imparcialidad judicial.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, apareció en redes sociales calificando la decisión de la jueza de inhibirse de la decisión sobre el hijo de Rivas de "violencia institucional insoportable", manifestando que la magistrada estaba "fuera de la ley". "Lo que está haciendo esta jueza al inhibirse es negar que este caso sea un caso relacionado con violencia machista. Hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y de la infancia". Al dar su versión al Consejo, Montero alegó que sus críticas "se insertan en un debate público sobre los contornos y la naturaleza de la violencia vicaria (...) en un caso ya de por sí relevante mediáticamente".

El exvicepresidente Pablo Iglesias escribió un tuit con una foto de la jueza y el texto: "Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas. En 2016 Angulo archivó la denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri. En 2024 se supo que la fiscalía italiana investiga a Arcuri por maltrato a su hijo menor". Iglesias ha mantenido ante el CGPJ que se limitó "a retuitear una información publicada por el medio de comunicación que dirige, respecto al que no se ha interesado ninguna medida específica".

La magistrada canaria y ex delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, fue entrevistada en diario-red.com, medio en el que afirmó que "si un niño manifiesta miedo a uno de sus progenitores, hay que saber por qué" y señaló que se atendiera a la fiscalía, que pedía que la jueza escuchara al menor. También escribió un tuit en su perfil de X en el que recordaba que la Guardia Civil había apreciado "riesgo alto de especial relevancia" si el hijo de Rivas volvía con su padre. Según dijo la magistrada al órgano de gobierno, sus manifestaciones "no guardan relación con el juzgado de Granada, sino con la campaña de solidaridad con un niño español víctima de violencia de género sometido a la jurisdicción italiana". También sostuvo que no se dirigió a la jueza ni tuvo intención de darle ninguna recomendación, "ni mucho menos obviamente una presión de ninguna clase, lo cual, además, sería constitutivo de infracción disciplinaria".

Da igual que se aprueben las reformas estructurales que han exigido todas las asociaciones judiciales. Las de derechas, muy mayoritarias, y la única de izquierdas; sin excepción. Tampoco importa que se dé curso, por fin, a la demanda secular de crear más plazas judiciales para equiparar el sistema judicial español a la media europea con la aprobación de 500 nuevas para este año y la previsión de otras 500 para el que viene. Tampoco importa que la creación de los nuevos tribunales de instancia, que han sustituido a los tradicionales juzgados unipersonales creados hace casi 200 años, haya sido acompañada de una inversión de 1.121 millones de euros. Sus presidentes (los antiguos decanos), que se reunieron la pasada semana en Granada, insisten en el bulo de que la implantación se ha hecho sin medios.

La reunión se saldó con unas conclusiones que han sido enviadas para su conocimiento al Consejo General del Poder Judicial. En ellas acusan de mentir al Gobierno y al Consejo, que han constatado que, gracias a la reforma, el atasco judicial, creciente desde 2016 (con la excepción del período de la pandemia) ha comenzado a revertirse, aunque mínimamente, descenso que ha sido más acentuado en los órganos del orden civil. El órgano de gobierno de los jueces, además, ha constatado a través de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico, que la modificación, pese a que da la vuelta a la tradicional organización judicial española como a un calcetín, no ha provocado retrasos ni suspensiones significativas.

Los presidentes de los tribunales de instancia, sin embargo, pusieron en duda esos datos la pasada semana. Sostienen que la realidad de las primeras fases de la implantación de esos órganos ya los desmentía. "O bien se encuentran descontextualizados o bien responde a una selección parcial de la información disponible", sostienen los principales responsables de los nuevos órganos. Los antiguos decanos, al contrario que el Gobierno y el Consejo, describen una situación general de "desorganización" que se ha trasladado "a la generalidad de los tribunales de instancia, con evidente perjuicio para los derechos de los ciudadanos", un perjuicio que los ciudadanos, sin embargo, no advierten.

Los presidentes insisten en el mantra de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –cuya máxima dirigente María Jesús del Barco, preside el tribunal de instancia de mayor tamaño, el de Madrid– que la implantación de los nuevos tribunales se ha hecho "sin medios". El Ministerio de Presidencia y Justicia ha dedicado más de 1.000 millones esta legislatura para el despliegue de la ley. Tanto la UE (a través del Justice Scoreboard) como el Consejo de Europa confirman año tras año que España se encuentra por encima de la media europea en inversión en justicia por habitante, algo que para los presidentes de los tribunales de instancia resulta insuficiente.

Las acusaciones de los antiguos decanos son graves, aunque no se sustentan en datos. "Pese a las advertencias formuladas a las distintas administraciones y a haberse solicitado incluso la moratoria, ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", sostienen con el habitual tono alarmante que los ciudadanos, sin embargo, no parecen compartir. "A lo largo de todo el territorio nacional, los tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos". En definitiva, advierten de que el Gobierno es capaz de poner en peligro derechos fundamentales y garantías básicas de los ciudadanos solo por su propio interés de sacar adelante una ley que la misma judicatura ha reclamado y que ha estado en los planes de todos los gobiernos (del PP y del PSOE) desde 1997.

Con la organización anterior, distribuida en órganos unipersonales dirigidos en última instancia por el juez, los titulares se quejaban de que tenían que hacerse cargo de infinidad de labores administrativas que les impedían dedicarse a su función primordial –juzgar y poner sentencias– y ralentizaban su trabajo. Privar a los jueces de esas labores para acelerar los procesos fue uno de los objetivos de la ley de eficiencia, la que creó los nuevos tribunales de instancia. El esquema de la norma prevé que los jueces ejerzan únicamente sus funciones jurisdiccionales mientras que toda la tramitación queda en servicios comunes dirigidos por letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales).

Ahora que la reforma está aprobada temen, sin embargo, perder el control del antiguo aparato burocrático que les acompañaba y en el que eran los jueces los que mandaban. Así se desprende de algunas de las advertencias que se recogen en el comunicado. "En materia jurisdiccional –procesal y sustantiva– los letrado/as [de la administración de justicia] deberán seguir las instrucciones de los jueces y magistrados", dice por ejemplo.

Tampoco quieren que otros dispongan sobre su carga de trabajo o el número de juicios a celebrar. "Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones para el señalamiento de las vistas siguen correspondiendo a los titulares de las plazas judiciales, sin perjuicio de la adopción de criterios organizativos unificados", dice el documento. La ley establece que en los órganos judiciales colegiados (y los tribunales de instancia lo son), esos señalamientos corresponden a los presidentes de cada sección (civil, de instrucción, de familia, contencioso-administrativa, laboral...) y no a cada uno de sus miembros, como los antiguos decanos defienden.

Los presidentes también advierten de "la desconexión actual entre el juez y la oficina judicial" que, en su opinión, ha provocado la nueva organización judicial, y por ello reclaman como algo "imprescindible" desarrollar "la figura del funcionario de apoyo directo al juez", una suerte de secretario a su servicio que mantenga "la necesaria vinculación funcional con el servicio". En la nueva estructura de los tribunales de instancia, los funcionarios quedan bajo el mando de los letrados de la administración de justicia que son los que se coordinan con cada sección de cada tribunal. Fuentes del Consejo aseguran que, al haber perdido el mando de la oficina judicial, muchos miembros de la judicatura se han sentido "destronados".

Desde el Gobierno, con los datos hasta ahora disponibles, descartan esta visión catastrofista que difunden los jueces cada vez que tienen ocasión. Admiten que la ley de eficiencia supuso un cambio en la forma tradicional de trabajar de la judicatura española vigente desde 1834 y que la adaptación de jueces, fiscales, funcionarios y demás operadores será paulatina. "Cambiar el modo de trabajo es difícil y el sistema tiene que rodar", explican fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia que destacan, al contrario que los presidentes de los tribunales de instancia, que "no hay incidencias estructurales" ni "demoras y suspensiones". Solo incidencias puntuales que, con el tiempo, se ajustarán.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido esta miércoles otorgar el amparo solicitado a la jueza número dos de Violencia sobre la Mujer de Granada, Aurora Angulo, frente al abogado de Juana Rivas. La decisión ha salido adelante con los votos de los diez vocales conservadores, a los que se ha sumado el de la presidenta, Isabel Perelló. Los consejeros progresistas se han opuesto.

El acuerdo dispone asimismo, “como medida de restauración de la independencia judicial perturbada, la difusión institucional del presente acuerdo, con expresa constancia de que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente”.

La solicitud de amparo se originó el 10 de enero de 2025 tras unas manifestaciones públicas del abogado de la granadina, Carlos Aránguez, en la que acusaba a la jueza de no comprender lo que es "la violencia vicaria". El letrado reprochaba a la magistrada, además, que hubiera archivado en 2016 una denuncia de Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, acusado de maltrato. "Quédense con este nombre: Aurora Angulo", dijo a los medios.

Horas después, 107 jueces de violencia sobre la mujer de toda España emitieron un comunicado advirtiendo de que las palabras del abogado desprestigiaban "a todo el sistema judicial". La controversia se generó después de que la jueza rechazara pronunciarse sobre si el hijo menor de Rivas debía o no permanecer con ella en España, al considerar que no era competente.

Angulo presentó su solicitud de amparo ante el Consejo manifestando que las palabras de Aránguez afectaban a su independencia. Ese escrito también se dirigía a las ministras de Igualdad y Juventud e Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. Todos ellos se habían hecho también eco del caso.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, redactó un comunicado en el que pedía que se atendiera "el interés superior del menor" ante el riesgo de que el niño tuviera que convivir en Italia "con un maltratador". Días antes de que la jueza se inhibiera del caso, la ministra Sira Rego también manifestó su preocupación sobre el futuro del hijo pequeño de Rivas.

Del acuerdo se han excluido, según una nota difundida por el CGPJ, las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente, "por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política". 

*Esta información se ha actualizado después de que el CGPJ enviara una nota en la que indicaba que "se han excluido las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego".

No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.

Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.

Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.

Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.

España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

Que Carlos Hugo Preciado, vocal díscolo de la cuota progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por Sumar, se convierta en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es algo, por ahora, incierto. Pero su candidatura a la Corte de Estrasburgo –la más alta instancia en derechos humanos en el ordenamiento jurídico español, por encima incluso del Tribunal Constitucional– en caso de prosperar, pondría en peligro el precario equilibrio entre progresistas y conservadores para entregar el poder interno del órgano de gobierno de los jueces a los consejeros propuestos por el PP. Su hipotética salida la cubriría el magistrado almeriense David Villagrá Álvarez, delegado en esa provincia de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Para convertirse en magistrado, Preciado debe primero superar con éxito varios filtros. El primero, el de la comisión de selección española, integrada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal conservadora del CGPJ Gema Espinosa, y la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés. Ese órgano seleccionará la terna de candidatos que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se enviará al Consejo de Europa. El segundo filtro se produce en la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional que debe seleccionar al magistrado español para los próximos nueve años por mayoría absoluta.

En el incierto caso de que el vocal propuesto por Sumar superara todo ese proceso, la consecuencia para el CGPJ sería la alteración de su juego de mayorías, que pasaría de un empate a diez vocales entre conservadores y progresistas a una mayoría de derechas de once miembros frente a los nueve propuestos por la izquierda y la presidenta, Isabel Perelló, con etiqueta progresista pero casi siempre alineada con los conservadores. Así lo establece el acuerdo del Pleno del Senado del 24 de julio de 2024 que, además de elegir a Preciado como uno de los seis vocales judiciales correspondientes a esa Cámara, seleccionó como primer suplente a David Villagrá Álvarez, actual presidente del Tribunal de Instancia de Almería, de la conservadora APM. La lista la completan como segundo suplente el progresista Ignacio Martín Verona, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la también conservadora Isabel Serrano Frías (APM).

La última renovación del Consejo vino acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa, precisamente, a la elección de los suplentes. En lugar de establecer, como hasta entonces, una lista de tres nombres en el orden elegido por el Congreso o el Senado para cada uno de los seis vocales judiciales y cuatro seleccionados entre juristas de reconocido prestigio que tocan a cada Cámara, se estableció que cada uno de los consejeros titulares tuviera su propio sustituto para el caso de que dejara el cargo anticipadamente. Esta nueva regulación, sin embargo, no es de aplicación al actual CGPJ, cuya renovación se hizo con el sistema anterior.

La salida de Preciado es solo una hipótesis de futuro, pero en el sector progresista hay otro vocal judicial que sí tendrá que ser sustituido dentro de dos años. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena que, en agosto de 2028, alcanzará la edad de jubilación (72 años) y, al formar parte de la cuota de consejeros procedentes de la carrera, tendrá que dejar el Consejo. A diferencia de lo que ocurriría con Preciado, en este caso, la sustituta será, al igual que el vocal saliente, de sensibilidad progresista. Arozamena fue elegido por acuerdo del Pleno del Congreso el 23 de julio de 2024. En ese mismo acuerdo, como primera suplente aparece Adoración Jiménez Hidalgo, titular de la plaza 3 de lo Social del Tribunal de Instancia de Terrassa (Barcelona), miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y de JJpD.

Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.

La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.

Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.

Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.

Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.

Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.

Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

"Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial", dijo la presidenta de ese órgano, Isabel Perelló, el pasado 3 de febrero durante la entrega de despachos a la última promoción de nuevos integrantes de la carrera. "La media de jueces por habitante está muy por debajo de la europea", añadió. Después saltó a las consecuencias de esa carencia: "Este déficit provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales", dijo. "También retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos". El Gobierno ha asumido la queja y acaba de anunciar 500 nuevas plazas judiciales y planea crear otras 500 más en 2027, además de aprobar una macroconvocatoria de oposiciones y concursos de méritos para asumir a los nuevos jueces y magistrados que las cubran.

El discurso de Perelló, sostenido por gran parte de los jueces y magistrados españoles y que les permite –tanto al CGPJ como a muchos jueces y magistrados– eximirse de cualquier responsabilidad en el atasco secular de la justicia para centrarlo en el Gobierno –que debe contratar más jueces y funcionarios, y dotar a los órganos de varias autonomías– o en los ejecutivos autonómicos con las competencias de Justicia transferidas –que deben proporcionar los medios a los de sus territorios– no se compadece con los datos que arrojan las estadísticas del propio órgano de gobierno de los jueces. Solo tres de cada 10 juzgados (ahora integrados en tribunales de instancia) y secciones de tribunales sufren una sobrecarga "no razonable" de trabajo. O al contrario, siete de cada diez órganos judiciales reciben cada año un número de asuntos que se considera asumible.

El Consejo tiene establecido el número de asuntos que cada juzgado o sección debe asumir. Hay órganos judiciales que, por baja demanda, no lo cubren, y otros que lo superan al tener una mayor litigiosidad. El servicio de Inspección del Consejo, que se encarga de supervisar el funcionamiento de todos ellos, considera que, cuando se supera en un 50% esa cifra de entrada, el juzgado o sección correspondiente sufre una sobrecarga no razonable de trabajo. Los últimos datos correspondientes al anuario La justicia dato a dato, correspondiente a 2024, indica que el 32,44% de los órganos judiciales se encuentran en esa situación. De este último porcentaje, el 10,71% se encuentran en un estado especialmente grave, al duplicar el número de causas que les debería corresponder según las estimaciones del Consejo.

Según los datos estadísticos de 2024, los últimos disponibles, ese año había en España 3.910 juzgados unipersonales (ahora integrados en tribunales de instancia) y 313 secciones de tribunales colegiados (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). De todos esos órganos –4.223 en total– 1.369, es decir, aproximadamente un tercio, soportan más trabajo del que deberían, mientras que los que se encuentran en una situación especialmente penosa por la excesiva carga de asuntos serían 452, apenas uno de cada 10. Es decir que la "sobrecarga" y el "sobreesfuerzo" del que se queja Perelló en sus discursos no son generalizados, pese a que esa sensación la comparta gran parte de la carrera.

Sí es cierto que los 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes que tiene España, la colocan en la parte más baja de la tabla facilitada por la Comisión para la Eficiencia Judicial y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dos organismos pertenecientes al Consejo de Europa. El dato español se sitúa, sin embargo, por encima del de otros países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Noruega, Malta o Dinamarca, y a muy poca distancia del de Italia, Bélgica o Países Bajos. Muy por encima de la cifra española se encuentra la de Grecia (37,3 jueces por cada 100.000 habitantes) o Croacia (42,4 jueces).

Sin embargo, los datos indican que la ratio de jueces por habitante no es crucial para la calidad de este servicio público. Grecia o Croacia triplican en número de jueces a España en relación a su población, pero el atasco judicial en esos países es mucho peor. En ambos, el tiempo medio de resolución de los casos civiles y penales supera ampliamente al de España pese a contar con una plantilla proporcionalmente mucho mayor. Una demanda civil en España tarda unos 359 días en resolverse, mientras que en Grecia se sustancian en más del doble de tiempo. Los tiempos de resolución de España también son mejores que los de esos dos países en las causas criminales. Así que, el número de jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes de cada país no determina por sí mismo la eficacia del sistema judicial.

Si la comparación se hace con los otros seis países más ricos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica), todos ellos, salvo Francia, con más jueces por habitante que España, los tiempos medios de los procesos en nuestro país son similares a los de Italia y Francia.

Otra de las variables que a menudo se utilizan desde la judicatura para echar la culpa a otros del mal funcionamiento de los órganos judiciales es la falta de medios. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) percibe un caos y desorganización generalizados en la implantación de los nuevos tribunales de instancia que sustituyen en cada partido judicial a los tradicionales juzgados unipersonales. Ese caos, afirma esa asociación junto a otras, se debería, en gran parte, a que la ley que los ha implantado (la ley de eficiencia) no vino con los fondos necesarios para hacerlos funcionar.

Sin embargo, al contrario que en el índice de jueces por habitante, en el de inversión en Justicia por habitante, España se encuentra entre los primeros del Consejo de Europa, con 96,8€ por persona (en el puesto 16 de los 48 Estados miembros). En esta tabla concreta, sí se encuentra una relación directa entre la inversión por contribuyente y la duración media de los procesos, que se reducen cuanto más dinero se gaste cada país. En febrero de este año, en España había 5.809 jueces y magistrados en activo y otros 423 en excedencia o servicios especiales, según los datos del CGPJ.

La asociación progresista Juezas y Jueces para la democracia (JJPD) ha denunciado la falta de transparencia del Consejo General del Judicial al no hacer público el acuerdo por el que aprobó el pasado septiembre una subida salarial generalizada para los vocales y la presidenta, que en algunos casos supone hasta 800 euros al mes.

En un comunicado, esta asociación pide al órgano de gobierno de los jueces "mayor responsabilidad a la hora de afrontar las prioridades del gobierno del Poder Judicial", y subraya que el citado acuerdo aún no aparece en la página web del CGPJ.

Dicha subida salarial, según explicaron fuentes jurídicas, respondió a la adecuación del complemento de antigüedad previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que es la que actualmente está en vigor, para los altos cargos del Tribunal Constitucional, el CGPJ y el Tribunal de Cuentas.

La asociación recuerda asimismo que, cuatro meses después de que se haya generalizado la puesta en marcha de los tribunales de instancia en el país, sigue siendo necesario que el CGPJ reforme los reglamentos para su correcto funcionamiento y para afrontar la reorganización del trabajo judicial.

"Entendemos que la premura y consenso deben alcanzarse en estas cuestiones esenciales para el servicio público que constituye la administración de justicia, y no en una innecesaria elevación de la remuneración de las vocalías del CGPJ cuya insuficiencia no se ha demostrado", señala.

La asociación JJPD también considera "impropia, inadecuada y errónea la reciente decisión reconocer públicamente la labor de las personas que conformaron el anterior CGPJ promoviendo una condecoración", y recuerda el "ilegal e irresponsable bloqueo" de su renovación, que estuvo en funciones más de cinco años.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre en pleno una subida salarial generalizada para los vocales y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que en algunos casos supondrá hasta 800 euros al mes.

La subida corresponde a un complemento de antigüedad para los miembros que no son funcionarios de 10.000 euros anuales, es decir, un aumento de 835 euros mensuales que actualiza la de 1998; mientras que para los funcionarios se acordó una subida de 62,8 euros mensuales por cada trienio, según adelanta la cadena SER y confirma EFE en fuentes jurídicas.

Se trata, en concreto, de la adecuación del complemento de antigüedad previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que es la que actualmente está en vigor, para los altos cargos del Tribunal Constitucional, el CGPJ y el Tribunal de Cuentas. Los que mas antigüedad tienen son los que más van a notar esa subida salarial.

Fue en el Pleno del pasado 24 de septiembre, hace mas de seis meses, cuando a propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos se aprobó el acuerdo con 18 votos a favor y tres votos en blancos, de las vocales Inés Herreros y Esther Erice además de la presidenta.

Perelló justificó su voto en blanco señalando que no se iba a oponer porque era una decisión que contaba con el respaldo mayoritario pero que, en su opinión, no se trataba de un asunto prioritario.

Fuentes del Consejo explican que no se hizo nota de prensa, si bien el acuerdo fue publicado en el Portal de Transparencia, al tiempo que indican que no tiene carácter retroactivo y no supone incremento presupuestario alguno, pues se ejecutó aplicando una política de redistribución interna del gasto.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.