Más de 50.000 personas se han manifestado este sábado en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La salud no se vende por una atención primaria "fuerte y sólida" y un sistema sanitario "público, eficiente y equitativo". La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, convocante de las protestas, busca trasladar al Gobierno andaluz "que no estamos dispuestas a contemplar resignadamente cómo desmantelan el sistema sanitario público, universal, accesible, gratuito, equitativo, solidario y de la máxima calidad", según recoge Europa Press.

Durante la protesta, se han escuchado consignas como "la sanidad no se vende, se defiende", "no a las privatizaciones, sí a la sanidad pública", o "la atención primaria es prioritaria".

Así, de acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional en las diferentes provincias andaluzas en Granada las Mareas Blancas han congregado a 20.000 manifestantes, mientras que en Málaga han participado 8.000 personas. En Sevilla, la estimación en la protesta sanitaria es de 8.000 manifestantes. 

En Jaén, los agentes estiman una participación de 3.000 personas y en Cádiz 4.000, cifra que llega a las 5.000 en Huelva, mientras que en Almería 2.000 manifestantes han marchado desde Puerta Purchena.  Ya en Córdoba, la manifestación, que ha comenzado en el Centro de Salud Avenida de América, han participado 3.600 personas según la Policía y 10.000 según los convocantes.

Líderes de diferentes formaciones políticas de izquierda se han desplaza hasta diferentes puntos de la geografía andaluza para apoyar las manifestaciones contra la "privatización" de la sanidad privada. Así, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha participado en la protesta de Jaén, mientras que la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el miembro de Podemos y portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, han asistido a la concentración de Cádiz.

La manifestación de la capital hispalense ha contado con la presencia de la presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez; la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García. El coordinador de IU Andalucía, por su parte, ha participado en la concentración de Málaga.

En rueda de prensa telemática hace unos días para presentar las marchas, el portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, Antonio Vergara, aseguraba que las reivindicaciones "están fundamentadas y no son eslóganes" y dejaba claro que no representan los interese de ningún partido político, sino "la exigencia de derechos para los andaluces". Por su parte, Sebastián Martín, miembro de la Marea Blanca de Sevilla, no descartaba, igualmente, la posibilidad de emprender acciones jurídicas contra la orden de tarifas que permite concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada.

La Marea Blanca ha vuelto este domingo a salir a la calle en el centro de la capital con su 98 edición para defender la sanidad pública madrileña, denunciar la "privatización" y los "recortes" y pedir más recursos y financiación para los servicios públicos, recoge Europa Press. En concreto, la concentración convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca ha arrancado a las 12 horas en la Plaza Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía.

Una protesta que se ha celebrado bajo el lema Destapando el velo de la ignorancia para poner el foco en ese "que usan algunos políticos para cubrirse y para actuar desde su propio interés, sectarismo y pensamiento supremacista". Para ello, han contado con el testimonio de protagonistas de todas las perspectivas para pintar el retrato más certero visto desde sus puestos en su día a día.

"Desde hace años la Comunidad de Madrid, gobernada por un partido tea party, del más recalcitrante neoliberalismo se puso en pie un modelo pro-privatizador que ha ido aumentado en un proceso paralelo de degradación de lo público por quienes eran y son responsables del mismo y tiene la desvergüenza de decir que los trabajadores públicos eran/son malos; lo público demasiado caro y lo privado menos costoso, más eficiente y eficaz", señalan los convocantes.

En esta 98 edición de la Marea Blanca se han defendido los servicios públicos frente al afán privatizador del Ejecutivo madrileño. "La gestión no puede realizarse al capricho de políticos sectarios, elitistas y mercantilistas que nutren con el dinero de nuestros impuestos las arcas de la especulación privada, incluidos los fondos buitre", han adevertido los convocantes.

Los organizadores han denunciado con esta nueva protesta el modelo público-privado de gestión sanitaria por el que ha apostado la Comunidad, "en otra nueva rosca de la gran tuerca neoliberal que justifica todo con el fin de mantener una economía para las élites".

El objetivo principal ha sido el de reclamar unos servicios públicos "reforzados" y "no entregados a obscenos mercados deshumanizados y polivalentes" y recordar que una sanidad pública 100% "es la única que garantiza la salud, "derecho humano fundamental".

"No podemos ser ignorantes políticos en una sociedad de corte democrático. De esa ignorancia nace la desigualdad, la precariedad, la corrupción, la esclavitud, el vasallaje y servidumbre bajo quiénes pretenden de forma espúrea desconociendo cuáles son sus obligaciones en puestos institucionales que están gobernando nuestros servicios, nuestros derechos y nuestras libertades y lo hacen en contra nuestra. No van a manejarnos como ignorantes por qué no lo somos y hemos venido demostrándolo", han señalado desde la organización.

Así, han acusado a la Administración de jugar "con su ignorancia mentirosa para fomentar la de toda la ciudadanía en un plan de despiste que les permita avanzar en su plan de destrucción del modelo que construimos". "El peor virus es el sistema, no le sigas el juego", han zanjado.

La última Marea Blanca, el pasado 15 de enero, reunió a unas 30.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, para denunciar las políticas sanitarias de Isabel Díaz Ayuso. Como en aquella ocasión, durante la protesta de esta nueva edición se trasladará también el apoyo a los médicos y pediatras de Atención Primaria en huelga indefinida desde el pasado 21 de noviembre.

Además, se produce una semana antes de la manifestación que el próximo 26 de marzo recorrerá el centro de Madrid en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad para denunciar un modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que lleva a que la salud madrileña "agonice". Arrancará a las 12 horas de Plaza de España para llegar hasta Atocha bajo el lema "Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad".

Una protesta convocada por decenas de entidades sociales, profesionales de la sanidad y del ámbito de la ciencia, organizaciones sindicales y vecinales, plataformas profesionales de la salud y asociaciones de usuarios, con el apoyo de los partidos de la oposición madrileña PSOE, Más Madrid, Podemos e IU.

La Marea Blanca ha reunido a unos 30.000 manifestantes, según fuentes policiales, que han vuelto a salir a la calle este domingo tras el parón de Navidad al grito de "Ayuso dimisión" en un momento "crítico" como el actual donde es fundamental defender una atención primaria de calidad y evitar el colapso de las urgencias. Lemas como "Si no hay solución, Ayuso dimisión" y "Sanidad pública", los manifestantes han recorrido desde las 12 horas el Paseo del Prado desde el punto de encuentro, el Ministerio de Sanidad, hasta la plaza del Museo Reina Sofía, según recoge Europa Press.

En esta convocatoria, la número 97 de esta década, han puesto el acento en las políticas de "deterioro intencionado y de privatizaciones" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a quien exigen responsabilidades por "cronificar" este daño al sistema público de salud. Con batas blancas, silbatos e incluso batukada, los manifestantes no solo han atacado y abucheado a la presidenta, sino también a los consejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty, respectivamente.

Esther Barra, médico de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, ha resaltado que necesitan "atender a los pacientes dándoles una calidad que sea la adecuada", algo que ha señalado no es posible porque no tienen "tiempo por paciente". La misma profesional ha indicado que esa es la principal reivindicación, "al menos diez minutos por paciente, y que se incremente el presupuesto para contratar más profesionales, fundamentalmente médicos".

También ha indicado que se necesita que los médicos que acaban la residencia de Atención Primaria se queden en la Comunidad con el fin de que las vacantes se cubran.

Así lo ha defendido también Consuelo Escudero, del grupo de salud de Chamberí, quien ha añadido que no solo se necesitan médicos y pediatras en la Atención Primaria sino también fisioterapeutas, personal de enfermería y administrativo o psicólogos.

Por otra parte, el miembro del grupo coordinador de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid ha declarado a Europa Press que desde el Gobierno regional "no dejan otra alternativa que protestar" y que, por tanto, "no queda más remedio que hacer huelgas" asegurando que solo "buscan el beneficio de las aseguradoras privadas".

Ha solicitado una sanidad pública universal que pueda facilitar el acceso sanitario a todo el mundo, tenga los ingresos que tenga e independientemente del origen. Referencia a ello han hecho los cánticos que pedían "Nada, nada nada, para la privada" o "La pública para delante y la privada para atrás"

Volver a recuperar lo que antes tenían es lo que ha reivindicado Jesús Barrios, vecino de Las Rozas, que ha denunciado públicamente el servicio de urgencias abierto los fines de semana de 9 horas a 21 horas con una única enfermera cuando antes de la pandemia se contaba también con la presencia de un médico y un celador. Ha agregado que la situación actual les obliga, en caso de tener algún problema de urgencia, a desplazarse a Collado Villalba, situado a 18 kilómetros de distancia.

No es el único que ha protestado por la Sanidad por casos concretos que le afectan de forma directa. Rosa María Pérez Mateo, perteneciente a la Plataforma de Sanidad Pública de Villa de Vallecas ha solicitado la construcción de un segundo centro de salud, recalcando que cuentan actualmente con únicamente un centro para 52.000 personas, y de un centro de especialidades, que todavía no existe en todo el distrito. Asimismo, ha pedido que se habilite la tercera planta del "totalmente colapsado" Hospital Infanta Leonor y que se dote de personal a los centros de salud con el fin de no tener que esperar un mes para ser atendido por el médico.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, presente en la concentración, ha propuesto a la presidenta Ayuso "dejar la soberbia y arrogancia y el desprecio que tiene a la sanidad pública" con el objetivo de ser capaz de sentarse a dialogar con los profesionales en huelga y empezar a poner soluciones a la "chapuza que ella misma ha creado".

Por su parte, la candidata de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha expresado que la Sanidad "debería ser un Ferrari cuando Ayuso ni siquiera está ofreciendo un Twingo". Además le ha acusado de "boicotear sistemáticamente el sistema sanitario de salud madrileño y, en particular, la Atención Primaria" con el fin de "desplegar un plan de negocio" que obligue a la gente a pagar. Jacinto ha señalado que ya "casi un 40% de los madrileños tienen un seguro privado de forma forzosa" y ha añadido que la dirigente regional debería preocuparse "más por las vidas de las personas que viven hoy en la comunidad y que deje de preocuparse tanto por las vidas de las personas que ni siquiera han nacido", haciendo referencia al anuncio de la puesta en marcha de un teléfono de atención a las mujeres embarazadas.

Cuando había pasado exactamente un mes y un día desde que comenzaron la huelga indefinida, los 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de la Comunidad de Madrid decidieron hacer una pausa en su protesta. "Una reformulación" de las posturas, como explicó el propio comité de huelga, tras la sexta reunión con la Consejería de Sanidad les convenció para suspender temporalmente el paro y abrir un periodo que permita analizar la nueva situación y ver, tras el próximo encuentro que tendrá lugar el 11 de enero, por dónde continuar. Será entonces cuando decidan entre dar por terminada la huelga o retomarla para conseguir sus objetivos. El principal: la reducción de las agendas para ampliar el tiempo de atención por cada paciente y, por tanto, mejorar la calidad de la atención.

Pero los madrileños no serán los únicos sanitarios que comiencen el año con reivindicaciones. "2023 será un año caliente porque en 2022 no se ha arreglado nada. Y la palabra 'huelga' siempre está encima de la mesa, claro", afirma Javier Martínez, secretario de Sanidad, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Servizos Públicos de Galicia. La situación de sus profesionales es similar a la de Madrid, aunque en esta autonomía la protesta "no está focalizada" en ninguna categoría concreta. "El problema que tenemos en Galicia", explica, tiene mucho que ver con los intentos privatizadores de los gobiernos conservadores —que compara con lo ocurrido en Madrid, de hecho—. "De aquellas aguas vienen estos lodos. Siempre ha habido personas gobernando con la intención de mejorar la sanidad privada a costa de la pública", continúa.

Por eso hay categorías "deficitarias". Una es, como ocurre en toda España, la atención primaria. Tanto es así, que el segundo fin de semana de diciembre las protestas por el caos en estos servicios se trasladaron a la calle con manifestaciones en los municipios pontevedreses de O Rosal, Moaña y Marín. La petición: más medios para los centros de salud y las urgencias extrahospitalarias. "Manifestaciones ha habido y seguirá habiendo. La gente está implicada", añade Martínez.

Lo mismo ha ocurrido y ocurrirá en la Comunitat Valenciana. Y además, por el mismo motivo. "Lo que estamos sufriendo ahora es consecuencia de diez años de recortes y de una gestión orientada a la privatización del sistema", expone Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la región. Por eso, al poco de terminar las primeras olas de la pandemia los sanitarios comenzaron sus movilizaciones. Y algo han conseguido, recuerda. "El Govern ha incrementado la plantilla en 6.000 personas, porque se mantuvieron todos los contratos covid, y se prevé que en 2023 haya 1.000 más en el sistema. Estos números alivian, pero no solucionan el problema estructural".

Pero eso negociarán con la Conselleria. Con lo que ocurra, decidirán qué hacer. "La situación del personal es insostenible, el colapso de las urgencias es diario, tenemos problemas para cubrir puestos, la atención primaria está en una mala situación... Hay un amplio margen de mejora y queremos ver soluciones, no vamos a aceptar que se sienten a proponer cosas que luego no se cumplen o a decirnos que no hay más dinero. Si la negociación no da resultados, veremos, y no descartamos nada", advierte Atiénzar.

En paralelo, el Sindicato Médico CESM-CV convocó el pasado mes de noviembre una huelga para los días 17 y 18 de enero. Según explicó su secretario general, Víctor Pedrera, la situación de "sobrecarga asistencial , especialmente en atención primaria, les obligó.

En Cataluña, al contrario de lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, hasta ahora no se han movilizado, pero se sumarán a sus compañeros en 2023. "Hasta ahora no hemos hecho nada. Hemos ido advirtiendo y lamentándonos y dando la voz de alarma de que el sistema se está degenerando, pero nada más", dice Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya. Como explica, el pasado mes de octubre decidieron establecer un calendario para elevar la voz con sus reivindicaciones, pero paralizaron el proceso por la entrada del nuevo conseller, Manel Balcells.

Por ahora, con él ha habido "algún contacto informal, pero nada de entidad". Por eso, como ocurre en Valencia, seguirán negociando y, dependiendo de lo que ocurra en esos encuentros, tomarán una decisión sobre cómo arrancar 2023. "Somos médicos, para nosotros la huelga es el último recurso, pero si es el único idioma que entienden en la Conselleria, la haremos", amenaza Lleonart. Está convocada, de momento, para el 25 y 26 de enero, aunque no serán los únicos días que se haga si se llega a dar el paso. "Todo el sistema sanitario, sin excepción, tiene motivos más que sobrados" para sumarse al paro, lamenta Lleonart, que reclama una mejora en las "condiciones laborales, retributivas y de asistencia".

Por su parte, Andalucía ya ha protagonizado manifestaciones durante todo 2022. Y no solo de categorías estrictamente sanitarias. Como explica Luis González, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucia, este año "se han movilizado los trabajadores de mantenimiento, los auxiliares administrativos y las técnico en cuidados auxiliares de enfermería". Lo seguirán haciendo en 2023, añade, cuando además prevé que haya "potentes movilizaciones en atención primaria". "La situación es tremenda", añade.

Se puede comparar con la del resto de comunidades. "Falta personal, se tarda hasta 20 días en dar una cita, se han cerrado algunos servicios de urgencia y de Pediatría...", enumera el sindicalista. "Se prevé un año bastante complicado. Los sanitarios tragaron mucho durante la pandemia y al día siguiente se olvidaron de ellos", critica. Por ahora, lo que tienen planeado es negociar con el departamento de Sanidad de la comunidad. En función de lo que ocurra, igual que en Cataluña y Valencia, decidirán. "Dependiendo de las conversaciones veremos si hay huelga, pero mucho me temo que vamos a tener que ir a ella", advierte.

Donde esa opción ni siquiera está encima de la mesa es en Castilla y León. "Aquí solemos ser menos proactivos en la defensa de lo nuestro. El 2022 ha sido un año de transición pospandemia, en el que los trabajadores han estado muy cansados. No ha habido movimiento de lucha, sino de desesperanza", explica el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos de la comunidad, Miguel Holguín, que detalla por otro lado que motivos para sumarse a las protestas que ya han recorrido y seguirán recorriendo España no les faltan. "Esperamos que en 2023 podamos unirnos a las plataformas sociales y retomemos la calle, como ya hicimos en 2018 y 2019. Todavía nos quedan por conseguir la jornada de 35 horas semanales, otras mejoras de condiciones de trabajo y subidas salariales", enumera. Pero por ahora, aun así, no hay visos de comenzar a lucharlo.

Por su parte, en el País Vasco se vive una ardua guerra en torno al Hospital Donostia, después de dos destituciones y tres dimisiones de jefes de servicio, que han convocado manifestaciones a las puertas del hospital cada lunes en espera de continuar negociando con Osakidetza. Además, el pasado 19 de diciembre los sindicatos sindicatos LAB, SATSE, ELA, SME, CCOO y UGT arrancaron una "dinámica de movilizaciones para exigir negociación y proteger" la sanidad pública. Según explicaron, las conversaciones en la Mesa Sectorial de Sanidad se han bloqueado en un momento en el que el "deterioro" del servicio es "innegable" y mientras "la precariedad laboral sigue siendo uno de los grandes problemas" de los profesionales. Por eso empezaron a manifestarse el pasado 22 de diciembre, pero se esperan más acciones.

En Extremadura, por último, el sindicato Simex ya ha convocado paros para los próximos 26 y 27 de enero, cuando pararán los profesionales de los hospitales y de los centros de atención primaria, y para todos los lunes a partir del 30 de enero. Lo único que puede evitarlo, explicó la organización, es la mejora de una situación que provoca que los médicos de familia y pediatras carguen con agendas de hasta 60 pacientes al día y que los facultativos de los hospitales carguen con demasiadas guardias.

Esta explosión de las protestas de batas blancas a lo largo y ancho de la geografía española recuerda en cierta medida a las conocidas como Mareas Blancas que tomaron las calles durante los años más duros de la crisis económica de hace ya una década. La pandemia, de hecho, ya hizo que algunas voces considerasen que todo desenvocaría en una nueva concatenación de movilizaciones de profesionales reclamando mejoras laborales. Y, sobre todo, de movilizaciones sociales orientadas a defender una sanidad pública que con el covid se demostraba imprescindible.

¿Son estas protestas esas Mareas Blancas? Para el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, para afirmarlo falta, precisamente, un mayor apoyo social. "Para que sea una Marea Blanca, la movilización debe aglutinar a los profesionales y a la población, y además debe estar a una en toda España, con las mismas reivindicaciones", expone.

La gran manifestación que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en Madrid no es suficiente precisamente por eso, porque solo tuvo lugar en esa ciudad. Sin embargo, para Tomás Alberich, doctor en Ciencias Políticas y Sociología cuya línea de investigación está centrada en el asociacionismo y la participación ciudadana, sí significó un punto de inflexión que podría tomarse como ese resurgir de la protesta sanitaria. Precisamente por la implicación de la sociedad civil, que es lo mismo que ocurrió durante los años de la gran crisis económica. "La Marea Blanca que nació en 2011 y 2012 fue un revulsivo social en general. Consiguió unir a los sindicatos y a las organizaciones sociales", explica.

Luego perdió fuerza. "Con el paso de todos estos años, esas Mareas Blancas se han quedado en un movimiento más que ya no representa a todo el mundo al que le preocupa la sanidad", dice. Pero esto, desde el 13N, se está rompiendo. "Ahora hay gente que está dispuesta a movilizarse por los servicios de atención primaria y porque ve amenazados los servicios de urgencias en los barrios y en los pueblos. En estos últimos meses sí que está habiendo una implicación social que recuerda a la de las Mareas Blancas", incide.

Por eso cree que la sanidad influirá en el ciclo electoral que arrancará en mayo de 2023 con los comicios autonómicos y municipales y culminará con las elecciones generales. "Determinante no sé si será, pero influir influirá seguro porque nos afecta a todos. Movilizará, sobre todo, el voto de izquierdas, pero todavía está por ver hasta qué punto", vaticina.

Por ahora, y según el barómetro sanitario que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado 5 de diciembre, la sanidad ha roto todos los récords hitóricos al situarse como uno de los principales problemas para los españoles. Según la encuesta, un 32,6% de los ciudadanos considera que es el segundo desafío del país, solo por detrás de los problemas de índole económica. Además, más del 88% de los encuestados consideran que el sistema sanitario necesita "algunos cambios", aunque dentro de esta categoría hay quienes creen que el sistema funciona bien (el 39,4%), los que afirman que "algunas cosas funcionan" (el 31,9%) y los que aseguran que el sistema de salud "funciona mal" y "necesita cambios profundos" (el 16,8%). Habrá que ver, por tanto, qué porcentaje es el más movilizado en las urnas.

La Marea Blanca ha salido este domingo a las calles de Madrid con el objetivo de reivindicar la defensa de la Sanidad pública y ha pedir la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP). Bajo el lema "¡SOS! Atraco a la Sanidad Pública", la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca se han concentrado a las 12 horas en el Museo Reina Sofía para realizar un recorrido reivindicativo pasando por Atocha y por la Puerta del Sol, para llegar a la zona de Sevilla, según informa Europa Press.

Los manifestantes han portado diversas pancartas con consignas como "No a los recortes y privatización", "Defiende tu salud" y "Juzgar ya a los corruptos", entre otras muchas. En concreto, con este acto se ha querido subrayar la necesidad de una Sanidad Pública que debe funcionar "las 24 horas, los 365 días del año" y, en este sentido, sostienen que los SUAP garantizan esta función. "La Atención Primaria es la base de un cuerpo a fortalecer, no a destruir: los SUAP mantienen esa función", han indicado los organizadores.

Por ello, los manifestantes han reclamado la reapertura "inmediata" de los SUAP, "con la incorporación de sus profesionales", y se rechazará además "el cierre de Atención Primaria por la tarde".

También, han trasladado su rechazo al Procedimiento de actuación ante ausencia de médico de Familia en un centro de salud, en el que se describe la actuación en caso de la falta de médico de familia en el centro de salud ante una eventual ausencia, que incluye la atención por personal de enfermería en los asuntos de su competencia, la citación posterior, si fuera necesaria, con el médico de familia, o si es preciso, la derivación a otro dispositivo cercano, así como el circuito para la atención urgente (los servicios de emergencia).

"Denunciamos que el Gobierno Ayuso ya no sólo nos están robando sino que se aplica a fondo a atracarnos. Quien roba, actúa con violencia para lograr objetos materiales; quien atraca además de sustraer bienes suele usar la intimidación sobre las personas", ha subrayado.

Los 37 SUAP que funcionaban en la región hasta la llegada del covid-19, bajo la atención de personal del Summa 112, prestaban servicio en horario en el que estaban cerrados los centros de salud, es decir, entre las 20.30 y las 8.30 horas de lunes a viernes y las 24 horas durante los fines de semana.

La Consejería de Sanidad anticipó que tiene previsto llevar a cabo una reorganización de la urgencia extrahospilaria que implicaría la desaparición de estos centros y la apertura de 17 nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC) en lugares donde ante se ubicaban estos servicios, de los cuales siete estarían centrados en Enfermería.

El "hachazo" del cierre de estos servicios, han advertido los organizadores, afecta "de manera directa" a la calidad asistencial tanto de la Atención Primaria como los hospitales, "que verán incrementada la presión, ya muy elevada, de sus servicios de Urgencias".

En esta línea, han destacado que hay 91.000 personas en lista de cirugía, 578.539 pendientes de consulta externa y 173.553 esperando pruebas diagnósticas, es decir, más de 843.000 sin soluciones claras. "Tenemos saturados todos los hospitales con situaciones crispantes para los sanitarios, e indignas e indignantes para los pacientes que se amontonan en las urgencias de hospitales con hasta seis días esperando una cama mientras sus familiares sufren desde fuera", han recordado.

"La Sanidad Pública se ha asfixiado de forma progresiva usando los votos como máster acreditativo para gobernar y sobre todo para hacerlo con actuaciones maliciosas que denostaban el servicio público, maquillando que eran ellos los que lo estaban matando por inanición y descapitalización", ha indicado la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que en primavera iniciará el proceso de escucha activa para impulsar un nuevo proyecto de país "amplio, novedoso, moderno, democrático y diferente", que aporte un "horizonte de esperanza".

Así lo ha detallado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, para recalcar que esta fase de escucha durará aproximadamente seis meses y luego, a raíz de sus conclusiones, valorará "lo que debe de hacer" dentro de ese espacio "diferente", que no se limita a la izquierda del PSOE sino que aspira a ser de "mayorías".

Por otro lado, ha indicado que aún no ha decidido si será candidata, cuestión que comunicará llegado el momento, y ha agregado que el impulso de este proyecto tendrá un carácter ciudadano, donde la sociedad será la "protagonista" y los partidos, y ella misma, tendrán un rol "secundario".

En este sentido, ha disertado que va a recorrer el país, desde la finalidad de "cotejar" si "lo que piensa" que puede ser esa plataforma se "puede materializar", y que en todo caso hay que escuchar a la gente porque, "a lo mejor", ella "puede ser un canal" dado que lleva haciendo mucho tiempo política "sin ser candidata".

También ha avanzado que realizará en breve una visita por primera vez desde que es vicepresidenta en Andalucía, invitada por los sindicatos CCOO y UGT, y que antes de abril desplegará una agenda "intensísima", con "muchos viajes internacionales", pero que no tiene que ver con el marco de su nueva plataforma.

La líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo ha explicado que tras una reflexión, sobre todo ante el actual momento político, ha decidido "levantar la bandera de la esperanza e ilusión" con esa ronda de encuentros con la sociedad civil.

Y es que Díaz ha remarcado, como viene repitiendo en diversas ocasiones, que este proyecto nacerá con vocación electoral, pero no es una "cosa partidaria" sino "ciudadana", pues quiere escuchar a los docentes, a los profesionales de la sanidad, a pensionistas o a las mujeres, entre otros colectivos, para recibir sus "ideas".

Finalmente, ha explicado que ya existe alguna idea sobre el futuro nombre de esta plataforma, pero no ha desvelado ninguna de las opciones porque es "muy disciplinada" consigo misma y se deja "aconsejar".

Hace pocos días el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el decreto 193/2021, de 6 de julio, por el que se dispone la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las agencias públicas empresariales sanitarias.

Es una rectificación política en toda regla, pero ¿será positivo para la Sanidad pública andaluza? Nos tememos que no será así y nos explicamos.

Lo que se denominaban "nuevas formas de gestión" siempre contó con nuestro rechazo absoluto. El motivo era que consistía, en la práctica, en la generación de recursos estructurales paralelos a los del Servicio Andaluz de Salud. Para posibilitar estas decisiones políticas se amparaban en la Ley 15/1997, que siempre contó con nuestra absoluta oposición porque estaba concebida para introducir criterios de mercado en la gestión sanitaria pública, es decir, para privatizarla. Esta ley estuvo vigente hasta que aparecieron normativas europeas de aplicación en nuestro país, que vienen a coincidir en esa línea de externalización o de participación de la iniciativa y de la gestión privada en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Concretamente, la ley 15/1997 quedó superada por la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014. En dicha ley no es que se habiliten para la gestión del Sistema Nacional de Salud todas las nuevas formas de gestión admisibles en derecho. Es que se establece para TODO EL SECTOR PÚBLICO la concesión como forma preferente de cesión de prestación de servicios. Literalmente en su Artículo 284: “Ámbito del contrato de concesión de servicios. 1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares”.

Es decir, la Administración Pública hace dejación de sus funciones y permite que la privada introduzca criterios de mercado en la atención sanitaria, en aquellas enfermedades y entidades que sean “comercialmente interesantes”. Indignante.

Sin esta legislación no hubiera sido posible la creación de recursos, como las mencionadas agencias, sin relación con el resto de los del Sistema Andaluz de Salud, hasta el punto de que no comparten ni siquiera las bases de datos de los pacientes que atienden. Estas agencias públicas no disponen del sistema Diraya, lo que significa que cuando un paciente acude a estos recursos, los profesionales que los atienden no conocen la historia clínica del mismo. Además emplean fórmulas de gestión de empresa privada y los contratos a los trabajadores se basan en la consecución de objetivos, por lo que dichos trabajadores están en manos de “esas empresas” si no cumplen con los logros que ellas mismas deciden de forma unilateral.

A pesar de nuestras continuas peticiones nunca la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha permitido que conociéramos los datos de ese tipo de formas de gestión. No han existido auditorías, ni externas ni siquiera internas,ni han publicado sus resultados laborales y asistenciales, lo que hubiera permitido evaluar si estas nuevas formas de gestión conseguían mejores rendimientos que los centros públicos del Servicio Andaluz de Salud. Por algo habrá sido, si fueran positivos seguro que los hubieran posibilitado.

Por estos motivos y otros muchos, la noticia de esta rectificación política debería ser positiva para las organizaciones que defendemos el sistema sanitario público andaluz. Pero no podemos ni debemos ser ingenuos porque lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma es un nuevo intento de desmantelar dicho sistema y privatizarlo a fondo. El Partido Popular está siguiendo la misma hoja de ruta que hacen en la comunidad madrileña. No nos dejemos engañar plácidamente.

Una vez conseguido el objetivo que perseguían con estas nuevas formas de gestión, que no es más que la introducción y normalización de utilizar criterios de mercado en la gestión de la sanidad pública, la existencia de dos estructuras organizativas carece de utilidad. Ahora pretenden entrar en otro momento del proceso de privatización de todos los recursos sanitarios públicos. Primero acaban con la exclusividad de los profesionales entre ambos sectores (públicos y privados), posteriormente posibilitan que los cargos intermedios puedan también compatibilizar su labor entre estos sectores y lo siguiente será que los gerentes serán líderes y seguirán las estrategias del mercado sanitario, es decir, introducir categorías en la atención de las personas, dependiendo de las cotizaciones de cada cual. De esta manera las desigualdades sociales en salud serán máximas y, a estas alturas, ya sabemos que este hecho da lugar no solo a una injusta situación, sino que condiciona una mayor mortalidad.

Por todo ello, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) sigue insistiendo en sus reivindicaciones. Deben existir incompatibilidades entre el ejercicio profesional de los profesionales sanitarios en los sectores públicos y privados porque de lo contrario, como mínimo, se corre un alto riesgo de perversiones que siempre conducen al deterioro de la sanidad pública y al beneficio de la empresa privada. Para impedir que se pretendan estrategias privatizadoras hay que derogar la caducada Ley 15/1997 y no aceptar o no aplicar todas las normativas de la Unión Europea que permiten la concesión como forma preferente de cesión de servicios y que explicitamos previamente. Esperemos que los partidos políticos que posibilitaron estas medidas y que ahora dicen defender la sanidad pública hagan autocrítica y rectifiquen.

En cuanto a la integración en el Servicio Andaluz de Salud de todos/as los/as trabajadores/as de las empresas y fundaciones públicas, aun considerando que es un tema de responsabilidad sindical, defendemos que el proceso de adscripción del personal se realice con criterios de transparencia, concurrencia pública y teniendo en cuenta los principios de publicidad, mérito y capacidad.

La CAMB exigirá información detallada de todo este proceso de integración del personal, tanto en el tipo de las contrataciones que se apliquen como en la finalidad y tareas que habrán de realizar en su nueva situación laboral. El Servicio Andaluz de Salud es una macroorganización estructurada en niveles de atención y ése debe ser el único criterio que se imponga en la gestión sanitaria.

Tratamos de informar a la ciudadanía para evitar que terminemos con un sistema sanitario público que no sea universal, es decir, que no atienda a todas las personas por igual ni sea gratuito en el momento del acceso, es decir, que cueste dinero acceder a una atención sanitaria de la máxima calidad. Por nuestra parte, seguiremos denunciando este proceso privatizador de la sanidad pública que pone en alto riesgo el derecho a la salud de cualquier ser humano.

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Antonio Vergara de Campos, Sebastián Martín Recio y José Antonio Brieva Romero son miembros de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) en defensa de una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, con una gestión digna y democrática.

La Marea Blanca volvió a inundar las calles de Madrid este domingo. La convocatoria número 81 de la organización, con el lema "Ni un paso atrás", volvió a reclamar un sistema sanitario "público, universal y de calidad". Comenzaron a hacerlo en 2012, el año del mayor tijeretazo a los servicios públicos y el momento en el que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió llevar a cabo el mayor proyecto de privatización de la sanidad madrileña. El dirigente conservador pretendía adjudicar la gestión de seis hospitales públicos —Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste— a empresas privadas, un proceso que, además del rechazo social, provocó el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que suspendió cautelarmente la adjudicación. Una decisión que, además, se llevó por delante al entonces consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty. Tras González llegó Cristina Cifuentes y, después de su dimisión, Ángel Garrido. Ahora, tras el 26M, todo apunta a que el PP mantendrá la Presidencia de manos de Isabel Díaz Ayuso, una perspectiva que, según las organizaciones defensoras de la sanidad pública, provocará un recrudecimiento de la privatización sanitaria. 

La Comunidad de Madrid es el paradigma de un proceso de deterioro de la sanidad pública que, sin embargo, ha afectado a toda España. Según datos de la OCDE reseñados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) en su informe La privatización sanitaria de las comunidades autónomas, los presupuestos públicos destinados a la sanidad pasaron de constituir el 6,78% del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2009 al 6,23% en 2017. En la última década, además, cayeron más de medio punto. Y Madrid, con diferencia, es la autonomía más privatizada, según el documento de la organización. 

Lo que temen las asociaciones es que esto persista porque, tal y como declaran en conversación con infoLibre, el proceso de privatización nunca se ha paralizado. Con los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 26M, la conservadora Díaz Ayuso alcanzará previsiblemente la Presidencia de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Según el programa con el que los conservadores concurrieron a los comicios, una de las medidas prioritarias es continuar con la "colaboración público-privada para lograr mayor eficiencia y reducción de las listas de espera". Una propuesta en la que coinciden con la extrema derecha, que aboga por "promover la colaboración con la sanidad privada y con las consejerías de Sanidad de las comunidades limítrofes para reducir las listas de espera", según explicó Vox. El partido naranja, en cambio, no hizo ninguna alusión a este asunto en su programa. 

"Ese riesgo existe, claramente. Es muy probable que la privatización se incremente de una manera muy notable", teme Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp. "Esto va a continuar y cada vez iremos a peor", añade Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y de la Coordinadora Estatal de las Mareas Blancas. Vicente Losada, miembro del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), vaticina lo mismo: "Existe ese temor. No creemos que se produzcan diferencias sustanciales y se modifique la política general ni la sanitaria". 

Continuidad del proceso privatizador

Todas las fuentes consultadas apuntan a la continuación de un proceso que, matizan, comenzó hace años. De hecho, según el informe que presentó la Fadsp el pasado mes de abril, el punto de partida de los procesos privatizadores es la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 y su continuación en el conocido como Informe Abril (1991). Desde entonces, según la federación, "la privatización se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud". Pero lo hizo con especial crudeza en la Comunidad de Madrid. "La privatización de la sanidad pública madrileña nunca dejó de existir", señala Sánchez Bayle. 

Y se ha hecho de todas las formas posibles que existen para privatizarla. Por ejemplo, desarrollando hospitales de modelo PPP (partenariado público-privado) o FPI (iniciativa de financiación privada). El primero es un sistema en el que la Administración, que oferta las concesiones, cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. El segundo consiste en que la empresa concesionaria construye la infraestructura sanitaria a cambio de la gestión del edificio sanitario y la provisión de servicios no sanitarios (alimentación, limpieza, alimentación, etc.). 

Pero la privatización también adquiere otros métodos, como la externalización de servicios. Se hace, por ejemplo, con los laboratorios, los servicios de citas, de lavandería o de cocina. O mediante la creación de fundaciones sanitarias públicas como la madrileña Fundación Jiménez Díaz. 

Según Sánchez Bayle, esta privatización ha seguido un "goteo" incesante. "Por ejemplo, se han reducido las camas de los hospitales públicos y aumentado las de los privados, se ha incrementado la derivación de enfermos de los hospitales públicos a los privados y aumentado los conciertos con otros centros", critica. Además, según añade Esbrí, "se ha deteriorado la atención primaria" con la aprobación de la medida que fija el cierre de los centros de salud a las seis de la tarde, algo a lo que se opusieron los sindicatos UGT y CCOO. "Se hizo con el argumento de que ayudaba a la conciliación de los trabajadores, pero es mentira. Existe un horario de mañana y otro de tarde", denuncia Esbrí. 

Pero sin duda el plan privatizador más agresivo de la sanidad madrileña tuvo lugar en 2012. La mayoría absoluta del PP de Madrid permitió a los conservadores aprobar una ley que permitía ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Una iniciativa que paralizó el Tribunal de Justicia de Madrid. Losada, no obstante, cree que ahora podía recuperarse. "Había errores de carácter administrativo. Esto significa que ahora podría darse el caso de que el nuevo Gobierno tratase de subsanar esas equivocaciones administrativas y volver a intentar privatizar esos hospitales en su totalidad", afirma. 

El precedente andaluz

Todo apunta a que el próximo Ejecutivo madrileño se conforme igual que lo hizo el andaluz. Tras las elecciones del pasado 2 de diciembre, el conservador Juan Manuel Moreno Bonilla alcanzó la Presidencia de la Junta gracias al apoyo de Ciudadanos —que entró en el Gobierno— y Vox. El pasado mes de marzo las tres formaciones ya anunciaron un plan privatizador para su sanidad. Concretamente, anunciaron un plan 'anti listas de espera' para enviar pacientes a centros privados. Una propuesta que tanto los conservadores como los de extrema derecha incluyeron en sus programas para las elecciones a la Comunidad de Madrid. 

El conservador Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, afirmó que la mejor opción es asumir con recursos propios del sistema sanitario andaluz todo el plan de choque destinado a reducir las listas. No obstante, añadió también que si hay que ampliar los actuales conciertos "no pasa absolutamente nada".

Por este motivo, las organizaciones defensoras de la sanidad pública anuncian movilizaciones, aunque se muestran prudentes y abogan por esperar para ver qué alcance tendrán las políticas privatizadoras que, insisten, se producirán. "Se va a deteriorar el servicio público y se va a favorecer la derivación de dinero y pacientes. Eso es indudable. Habrá que ver si, además, se lleva a cabo una operación importante como la que se intentó en el año 2012", advierte Sánchez Bayle. 

Un persistente malestar recorre la sanidad española. De norte a sur, de este a oeste, hay rumor de batas blancas. "Existe un descontento generalizado. Tras los años de crisis, en que hemos hecho un gran esfuerzo para mantener a flote el sistema, vemos que se perpetúan las medidas adoptadas a pesar de la recuperación. Está aumentando la demanda asistencial, cada vez tenemos menos tiempo con el paciente, la tasa de reposición está bloqueada, se van compañeros de vacaciones y no se cubren las plazas", relata José Polo, médico de atención primaria en Extremadura y vicepresidente de Semergen, la asociación de los profesionales de esta rama, la que más contundentemente expone ahora sus reivindicaciones en Cataluña, Galicia y Andalucía, entre otras comunidades. SOS Sanidade, una plataforma de defensa de la sanidad pública gallega, ha alertado de que es crucial la batalla por la atención primaria.

"Sin una atención primaria potente la sanidad pública será mucho más costosa, ya que se dispararán los gastos curativos", señala su portavoz, Manuel Marín. No obstante, la atención primaria no es el único ingrediente de unas protestas que meten en la misma coctelera el enfado por el deterioro de las condiciones de trabajo con el cuestionamiento del rumbo del modelo, en especial por lo referente al protagonismo del sector privado.

  Huelga y acuerdo en Cataluña

Las movilizaciones más sonadas han sido en Cataluña, donde todo adquiere mayor relieve por la enconada crisis política. Los médicos de familia desconvocaron a finales de noviembre la huelga tras cuatro jornadas al aceptar la oferta del Govern de inyectar 100 millones de euros a atención primaria. El acuerdo prevé la incorporación de 250 sanitarios para reducir las sobrecargas asistenciales. El planteamiento inicial de la huelga era forzar a la Generalitat a limitar por decreto a 28 las visitas diarias. No se ha llegado a tanto. Pero el Instituto Catalán de la Salud (ICS) afirma que garantizará un "tiempo de referencia" de 12 minutos por paciente.

El acuerdo entre la Generalitat y Metges de Catalunya para detener –al menos de momento– las movilizaciones ofrece una panorámica elocuente de los problemas existentes no sólo en la comunidad del noreste. El ICS garantiza un tiempo de 45 minutos (en entorno urbano) y de 60 minutos (en entorno rural) para llevar a cabo las visitas domiciliarias, otra de las reivindicaciones más extendidas de unas protestas que han alcanzado al ámbito rural. También evaluará la carga asistencial de los profesionales de pediatría, ginecología y enfermería para llevar a cabo un análisis de la situación de todos los miembros que conforman un equipo de atención primaria. Y recuperará las llamadas "pagas por objetivos", perdidas durante la crisis.

  Sobrecarga y derechos perdidos

La sobrecarga asistencial y los derechos abrasados por los años de recortes han sido el detonante de las protestas en Cataluña y otras comunidades. Las movilizaciones se producen justamente cuando las administraciones públicas recuperan cierto pulso inversor. Por primera vez se ha superado la cifra presupuestada en 2010. Pero hay hambre atrasada. La diferencia presupuestaria negativa acumulada en el periodo 2011-2018, de haberse mantenido constante cada año el presupuesto de 2010, es de 23.377 millones. En los sistemas sanitarios los años de falta de inversión provocan heridas en el sistema que no se saldan recuperando los niveles de gasto previos a la contracción. Lo mismo ocurre con el capítulo de personal de los presupuestos autonómicos. Aunque lleva ya cinco años creciendo, la diferencia presupuestaria negativa acumulada en el periodo 2011-2018 es de 7.597 millones. El envejecimiento de la población española apunta a crecientes necesidades sanitarias.

Las demandas laborales se mezclan con las movilizaciones en defensa de la calidad del sistema público. Profesionales y usuarios lanzan una alerta contra los mensajes apocalípticos sobre el sistema sanitario público español. Se trata de protegerlo y consolidarlo, no de hacerle una enmienda a la totalidad que acabe desprestigiándolo y facilitando su depredación por parte de la sanidad privada. Es el diagnóstico que hacen Marciano Sánchez Bayle y Sergio Fernández en Sanidad pública. Entre el éxito y el desastre (Tevescop, 2015), una síntesis de los puntos fuertes y débiles del sistema. El informe sitúa precisamente la atención primaria como "eje del sistema", pero advierte de que las políticas sanitarias no la toman como tal y le dedican sólo un 14,2% del presupuesto de media, cuando la eficiencia requiere un 25%. "Además los datos son engañosos. Las Administraciones imputan un presupuesto muy elevado de prescripción a atención primaria, cuando en realidad el 40% viene impuesto desde el hospital", señala el médico de familia José Polo.

  Frentes abiertos en Galicia

La aparente tranquilidad también se ha quebrado por atención primaria en Galicia. Había runrún desde principios de año. En febrero miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela convocadas por SOS Sanidade contra el deterioro del sistema y los recortes. La protesta también se dirigía contra una reforma sanitaria impulsada por la Xunta, proyecto estrella del tercer mandato de Alberto Núñez Feijóo, que la mantuvo pese a las críticas recibidas. La muerte en agosto de un enfermo en unas urgencias sin médico en A Estrada volvió a levantar críticas de colectivos como la Confederación Intersindical Galega, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y el Colegio de Médicos de Pontevedra. El malestar ha cristalizado en una espiral de protestas tras el verano. Ahora los frentes abiertos son múltiples: huelga del personal de los puntos de atención continuada, que prestan atención urgente; protestas del sindicato médico O'Mega contra lo que consideran un desmantelamiento del sistema; paros en las urgencias hospitalarias de Santiago, cuyo impacto se ve matizado por los elevados servicios mínimos. Uno de los problemas es que la ampliación de las urgencias del Hospital Clínico Universitario no ha ido acompañada de una ampliación de la plantilla.

En medio de la escalada, 22 jefes de servicio de atención primaria de la comarca de Vigo dimitieron la pasada semana por la situación "insostenible" derivada de la "sobrecarga" de trabajo. El esquema se repite: la protesta laboral se entremezcla con la denuncia de deterioro del servicio. Y la denuncia encuentra múltiples apoyos en el seno de la comunidad sanitaria. Más de 200 profesionales de Ferrol han firmado una carta apoyando a los dimisionarios.

La oposición pide la cabeza del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, que ha anunciado una reunión con colectivos profesionales y sociales para intentar aplacar los ánimos. De momento, Vázquez Almuíña mantiene el apoyo de Feijóo, que lidia con el problema sin querer dar por buenas las críticas que recibe el sistema –hay "mentiras", dice– pero reconociendo que no todo está como debería: "Hacemos lo que podemos". En medio de la crisis, la Xunta ha anunciado que los profesionales del Servicio Regional de Salud (Sergas) recibirán, a partir de enero de 2019, los suplementos relacionados con el reconocimiento de la carrera profesional en su nómina, lo que supondrá un aumento retributivo medio del 6%. El acuerdo con los sindicatos se alcanzó en julio.

  Las lecciones de Andalucía

Feijóo, última mayoría absoluta tras el derrumbe del bipartidismo, podría extraer lecciones de Andalucía. La segunda legislatura en la presidencia de Susana Díaz (PSOE), que previsiblemente perderá el poder en las próximas semanas, ha estado marcada por las revueltas sanitarias. Díaz también ha vivido protestas –más multitudinarias–, dimisiones y peticiones continuas del cargo del que fue su consejero de Sanidad, Aquilino Alonso, al que acabó destituyendo. El detonante de las protestas fue un proyecto de reorganización hospitalaria impulsado como consejera por María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, cuya aplicación posterior desveló múltiples disfunciones. De esa percha acabó colgándose la expresión del malestar laboral y las críticas a las listas de espera, al economicismo de las unidades de gestión clínica y a la supuesta politización de los cargos de gestión.

El resultado fue una eclosión movilizadora en 2016 liderada por un médico sin filiación, Jesús Candel, alias Spiriman, que con el tiempo ha radicalizado su perfil hasta acostumbrarse al insulto a voz en grito. Hoy Spiriman muestra un moderado optimismo ante el inminente gobierno de derechas. Tras la adopción de medidas cautelares contra él por parte del juzgado 6 de Córdoba, que le solicita 30.000 euros de fianza y ordena a Facebook y Twitter retirar los vídeos en los que insulta a un juez, Candel ha anunciado que deja su cargo como presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad.

Sindicatos y partidos de la oposición han sido incapaces de articular las protestas a lo largo del ciclo movilizador. Al previsible Gobierno PP-Cs le toca ahora encarar el malestar. Aunque las movilizaciones nunca han llegado a apagarse del todo, las concesiones que hizo el Gobierno andaluz, especialmente en Granada, lograron atemperarlas. Pero no apagarlas. A lo largo del mes de diciembre ha habido diversas concentraciones por las listas de espera. Tras una jornada de huelga en noviembre de los médicos de atención primaria, hay prevista otra el 19 de diciembre. Es decir, este miércoles. Otra vez los médicos de familia lideran las protestas. Los próximos interlocutores ya no los tendrán en el PSOE, sino en el PP o Ciudadanos, partidos que se han convertido la mejora de la sanidad en una de sus grandes banderas en campaña. El 20 de enero la Asociación Justicia por la Sanidad tiene convocada una concentración contra la "corrupción sanitaria, política y judicial", siguiendo una línea diseñada contra un Gobierno que ya no existe.

  Problemas rurales

Carmen Esbrí, coordinadora estatal de Mareas Blancas, observa que tras el ciclo de movilización alta de los años 2013-2014, la protesta sanitaria vuelve a brotar. "Cada vez llega a sitios más pequeños. Se están denunciando ya los problemas de la sanidad rural y las carencias concretas. Porque el fracaso del modelo neoliberal que se quiere imponer se ve ya en cada vez más puntos", afirma. Y pone como ejemplo la controversia alrededor de la plaza de pediatría sin cubrir en Astorga (León), que ha provocado una recogida de firmas. Esbrí ve a los responsables políticos en una situación de"estabilidad inestable", resistiéndose a aceptar las demandas o acudir a la raíz de los problemas, que a su juicio están en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en el famoso Real Decreto 16/2012 de Cristóbal Montoro.

A la pregunta de por qué el brote movilizador ahora, justo cuando hay una cierta recuperación presupuestaria, responde: "La pregunta es en qué se aplica la recuperación presupuestaria". "Se quiere dar lugar a un desplome de lo público", afirma. Esbrí considera que los problemas en atención primaria y listas de espera forman parte de una agenda para incrementar el poder de la sanidad privada, que se reparte en conciertos más de 5.000 millones de euros sin contar con Cataluña, según datos oficiales de 2016. A esto se suma un incontenible gasto farmacéutico.

  Lo concreto y lo general

Los elementos más políticos, ideológicos o de modelo se mezclan a menudo con los laborales en las protestas. En Madrid las movilizaciones por el regreso a la jornada de 35 horas se han sumado a una huelga de los MIR del Hospital del 12 de Octubre, finalizada tras ocho jornadas gracias a un compromiso de cambios organizativos y una ampliación de recursos. La protesta había empezada por la "falta de supervisión" de su labor, con dos facultativos adjuntos para 22 médicos en formación. En Madrid se celebró este domingo la 75ª marea blanca, movilización dominical a la que Esbrí se refiere como "una llama que no hemos dejado que se apague". El lema de la convocatoria ha sido "Por los derechos humanos, los inmigrantes delante".

En Aragón han tenido lugar diversas protestas, que han culminado con el refuerzo por parte de Salud del servicio de atención primaria. En Castilla y León este domingo tuvo lugar en Burgos una manifestación con cerca de 3.000 personas contra el "acoso" a la atención primaria. En Canarias Marea Blanca denuncia el "perverso mecanismo" de las listas de espera y la creciente gestión privada. La retirada de un anuncio de una valla publicitaria en el que podía leerse "no al negocio con medicina nuclear", que Marea Blanca atribuye a presiones del Gobierno canario, ha precedido a la petición de dimisión por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública del consejero del ramo, José Manuel Baltar. En Valencia sindicatos, asociaciones profesionales y colectivos sociales advierten de una posible extensión del conflicto catalán vinculado a atención primaria. En comunidades como Cantabria, Asturias y La Rioja también se han producido expresiones de malestar con repercusión pública. En Extremadura la Junta intenta aplacar a los sanitarios con incentivos para cubrir plazas en zonas rurales, un incremento presupuestario y una oferta de empleo público.

  Calendario estatal

"Es muy importante –señala Esbrí– que la gente tome conciencia de sus derechos y la protesta llegue a todas partes". La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, en su diagnóstico de la situación, afirma: "Hay un modelo sanitario basado en la utilización intensiva de recursos tecnológicos, pruebas diagnósticas y medicamentos cada vez más caros y de dudosa eficacia para mejorar la salud. Se estima que faltan alrededor de 2.500 facultativos para garantizar una atención de calidad. España ocupa el cuarto lugar por la cola de la Unión Europea en la relación entre personal médico y pacientes (74,8 por 100.000 habitantes). La carga de trabajo burocrático consume más del 30% del tiempo. Se dan unas condiciones laborales inaceptables, con medias de pacientes superiores en muchos casos a 40 o 50 al día", entre otros aspectos". Y añade: "Sobran los motivos para una movilización social y profesional".

Circula de hecho la hipótesis de una movilización de ámbito estatal. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) señala que existe una grave infrafinanciación y escasez de plantillas que se traduce en una insoportable sobrecarga asistencial en atención primaria. "Los problemas han venidos siendo denunciados reiteradamente en las últimas décadas, sin recibir otra cosa de los responsables sanitarios que buenas palabras". Esta organización convoca una concentración el 7 de marzo ante el Ministerio de Sanidad y el Congreso de los Diputados. "Si los médicos no ven progresos en la resolución de los muchos problemas que vienen denunciando", ha afirmado el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Francisco Miralles, “habrá llegado el momento de plantearse una huelga general". El clima preelectoral –tan proclive a promesas a colectivos movilizados– no es ajeno a este ambiente de efervescencia. Pero los problemas están ahí. "Más del 40% de los médicos no tienen plaza en propiedad, y los contratos eventuales inferiores a 6 meses, e incluso por semanas, no son infrecuentes", señala la CESM.

En Sanidad Pública. Entre el éxito y el fracaso, Sánchez Bayle y Fernández destacan que las movilizaciones llevadas a cabo hasta 2015 lograron "crear un estado en la opinión pública y profesional en contra de la privatización del sistema y del cambio de modelo". La recuperación por porte de la Generalitat Valenciana del Hospital de Alzira, que había dado nombre a todo un modelo de gestión pública privatizadora, ha sido la emblemática concreción institucional de ese impulso, que tuvo un fuerte protagonismo social. Aún está por ver cuáles son los logros de esta agitación dominada por las batas blancas.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha registrado en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional una carta dirigida a su titular, Isabel Celaá, donde solicita una reunión "para valorar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por su partido con la educación", como la derogación de la LOMCE, también conocida como "ley Wert" y el aumento de la financiación en educación, informa Europa Press.

"Durante el curso escolar 2017-2018, Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, y la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo, se comprometieron públicamente a la derogación de la LOMCE y el aumento al 5% del PIB de la financiación en educación", recuerdan desde la plataforma de la "Marea Verde".

Con el registro de la carta en sede ministerial, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública "da trámite formal a la solicitud de una reunión que ya desde junio venía reclamando públicamente, ante el nuevo contexto y el necesario cambio en las directrices respecto a la política educativa del PP", explica en un comunicado.

La plataforma anuncia que el objetivo del encuentro sería "revisar los compromisos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adquirió con la comunidad educativa cuando firmó y suscribió el documento "La educación que queremos".

Este documento fue la propuesta de la plataforma para un pacto por la educación, con medidas como "la derogación de la LOMCE, el aumento de la financiación al 5% del PIB, la exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad, así como la garantía de la equidad, la inclusión y la laicidad".

El movimiento 15-M, que en mayo de 2011 sacó a miles de personas a las calles en protesta contra la crisis económica y la clase política, y que tuvo su epicentro en la Puerta del Sol de Madrid en forma de acampada, volverá este martes a esta emblemática plaza para celebrar su séptimo aniversario, con una asamblea a las 19.00 horas.

Algunos de los colectivos que surgieron entonces a raíz de esas protestas para canalizar las diferentes demandas del movimiento han vuelto a organizarse con motivo de su aniversario, y han acordado celebrar, como cada 15 de mayo, una asamblea en la Puerta del Sol, que este año estará centrada en la defensa de "los derechos y las libertades", según el programa, recogido por Europa Press.

Aunque en un primero momento los organizadores habían programado intervenciones y actuaciones musicales durante todo el día en Sol, y una manifestación por la tarde, finalmente los actos se reducirán a la citada asamblea a partir de las 19 horas en la emblemática plaza, por problemas burocráticos a la hora de obtener los permisos necesarios de la Delegación del Gobierno, según explican a Europa Press fuentes del movimiento.

Cambios en el programa

Así, ha quedado cancelada tanto la marcha prevista a las 18.30 horas entre Cibeles y Sol, como la "asamblea-concierto por los derechos y las libertades" que daba comienzo a las 11.00 horas, y en la que tenían previsto actuar artistas que consideran "represaliados", como el rapero Valtonyc, condenado a tres años y medio de prisión por injurias al Rey y enaltecimiento del terrorismo, y que de hecho está a la espera de ingresar en prisión.

Finalmente, los actos para conmemorar este 7º aniversario comenzarán a las 19 horas en Sol, con la realización de varias performances, como la que llama a los asistentes a formar el símbolo 15-M en tamaño gigante, con cartulinas y pancartas.

A continuación, la plaza en la que la llamada 'Acampada Sol' permaneció casi un mes instalada —con unas elecciones municipales y autonómicas de por medio—, acogerá una asamblea en la que participarán los colectivos convocantes y todo aquel que quiera tomar la palabra, en la fase de 'micro abierto'.

"Toma la calle", como en 2011 

Entre los colectivos implicados en el aniversario está Democracia real YA! Madrid, surgido de la plataforma con el mismo nombre que en 2011 convocó las manifestaciones del 15 de mayo, bajo el lema 'No somos mercancía en manos de políticos y banqueros', que desembocaron en acampadas en numerosas plazas de España —algunas más duraderas que otras—. De hecho, este séptimo aniversario ha recuperado para algunas de sus pancartas el que fue otro de sus lemas principales: Toma la calle.

También participa la PAH, que aunque surgió antes del 15M acabó acogiendo a numerosos activistas para dar un empujón a su actividad, centrada principalmente en frenar desahucios, y la Coordinadora 25S, la organizadora de las protestas que en septiembre de 2012 llamaron a "rodear el Congreso".

Asimismo, en los actos conmemorativos de Madrid intervendrán otros colectivos creados a raíz de las acampadas de 2011 como las asambleas 15M de diferentes barrios y pueblos y el grupo de trabajo Espacio común 15M, la orquesta Solfónica, el Tribunal Ciudadano de Justicia o los Yayoflautas. También intervendrá la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, la Plataforma Nosomosdelito o la Plataforma Contra la Privatización de Isabel II.

El movimiento que protagonizaron los llamados indignados se definió en 2011 como apartidista, y sigue haciéndolo y, por ello, no figura entre los organizadores del aniversario ningún partido, ni siquiera Podemos, que se ha autoproclamado en varias ocasiones como "heredero" del 15M y su "mejor expresión política"."En mayo del 2011 brotó algo que inadvertidamente se estaba gestando en el interior de muchas. Como una brújula interior las manecillas de muchos corazones buscaban romper la soledad del individualismo de una sociedad que se asfixiaba. Guiados por algo, tan antiguo e inherente a una especie abierta al mundo, que huele a encuentro, a comunitario, a colectivo, a dignidad, a libertad y a la cultura de los cuidados", asegura el colectivo Mayo global en su llamamiento a confluir para conmemorar el 15M, recogido por Europa Press.Homenaje al mayo del 68 Asimismo, este grupo hace mención especial a las protestas que se sucedieron en mayo del 68 y que este año cumplen su 50º aniversario. "El mayo del 68 representó una vez más la rebelión ante la injusticia y la oposición social a la acumulación de poder", defienden."Hoy en esencia están en la calle las mismas luchas, las que pelean por la libertad, los derechos civiles y contra la represión, las que luchan contra la concentración de poder, contra la corrupción y por una democracia directa, las que luchan para garantizar una vida digna, una vivienda, sanidad, educación y pensiones dignas, las que luchan por una economía no violenta y el cuidado de la tierra, las que crean espacios cooperativos, las que luchan contra las guerras, las que luchan por una cultura libre y creadora que no se deja robar el espíritu, y las que luchan por detener la venganza contra la mujer", aseguran."Por eso estaremos de nuevo en Sol, por nosotras, por las que nos precedieron, unidas por un hilo invisible que nos anima desde el futuro, saltamos sobre nuestro propio presente, porque además de ser parte de este medio histórico y social, somos la reflexión y el aporte a la transformación o inercia de ese medio. ¿Qué vas a hacer tú?", concluye el escrito con el que llaman a salir a las calles este martes. se definió en 2011 como apartidistani siquiera Podemos"heredero" del 15M

encuentro, a comunitario, a colectivo, a dignidad, a libertad y a la cultura de los cuidados"Mayo global

la rebelión ante la injusticia oposición social a la acumulación de poder

contra la concentración de poderla corrupción por una democracia directa

la reflexión y el aporte

Este sábado, culminó en Madrid la Marcha básica Marcha básicacontra el paro y la precariedad que comenzó en León el pasado 10 de marzo. Empleo digno, pensiones decentes, sanidad y educación públicas y derecho a vivienda, además de una renta básica, son las reivindicaciones de esta marea que se manifiestó bajo el lema #EnMarchaXloBásico.

Cientos de personas de toda España se unieron a esta movilización durante los últimos 14 días para terminar en una gran manifestación que recorrió las calles des la capital desde Plaza España has la Plaza de las Cortes. La organización destacó las constantes muestras de solidaridad y apoyo en los lugares por los que pasaron y la alta participación de ciudadanos en las diferentes asambleas abiertas que celebraron para explicar sus reivindicaciones.

"Ante la necesidad imperiosa de la pobreza extrema exigimos la reivindicación urgente de que se cumpla de inmediato la Carta Social Europea, para atender la pobreza inminente de a quienes no llegan las prestaciones y para que no haya pobres por decreto, ya que como se establece en este tratado ninguna prestación ni pensión, contributiva o no, puede estar por debajo del umbral de la pobreza, establecido al día de hoy en 674 euros mensuales", señalan en su manifiesto. 

A la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad se adhirieron numerosas plataformas y colectivos como Coordinadora25S, las Marchas Dignidad 22M, Coordinadora Estatal por las Pensiones Públicas,

o Coordinadora Estatal de Marea Blanca por la Sanidad Pública.

Los pensionistas vuelven a tomar las calles este sábado en las principales ciudades de toda España, donde hay convocadas más de un centenar de manifestaciones para reclamar, una vez más, pensiones dignas. Las movilizaciones de febrero hicieron que el debate se trasladara de la calle a las instituciones y el pasado miércoles el Congreso celebró un Pleno monográfico sobre el tema. Rajoy tan sólo ofreció subir las pensiones mínimas y las de viudedad, pero sin concretar en qué cuantía.

En algunas ciudades, como en Madrid, Barcelona y Valencia, hay convocatorias diferentes y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP) irá por un lado, y CCOO y UGT por otro.

infoLibre te cuenta todo lo que está pasando en esta jornada de reivindicación.

20.00. Horas después de que los pensionistas marcharan por las calles de Madrid en una manifestación convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y a la que se sumaron CCOO y UGT, miles de personas volvían a concentrarse en la Puerta del Sol esta vez movilizados por la CEDSPP. "Hay muchos motivos para estar aquí", aseguró José Manuel Martín, portavoz de la Coordinadora. El mayor, y el que más ha movilizado a la gente, es el de la "subida miserable del 0,25%". [Ampliación]

19.39. Miles de personas, 20.000 según la organización y 12.000 según la Delegación del Gobierno, participaron en la protesta de Pamplona. Tras una pancarta que rezaba "En defensa del sistema público de pensiones. No al 0,25%", los manifestantes hicieron un alto frente a la sede del PP donde gritaron proclamas como "ahí está la cueva de Alí Babá".  Durante la lectura del manifiesto, alabaron que "hoy las calles y plazas de todo el país retumban de indignación de la gente mayor en el más hermoso ejemplo de dignidad al que le auguramos una larga vida".

19.30. En San Sebastián, miles de personas secundaron la marcha que partió de los jardines de Alderdi Eder tras una pancarta con el lema "Defensa de las pensiones públicas en Euskadi". En la movilización participaron numerosos representantes políticos y sindicales como los dirigentes del PSE-EE Eneko Andueza y Susana Corcuera, o los de Ezker Anitza-IU Arantxa González y Jon Hernández, entre otros, así como la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu.

19.28. Los trenes de Cercanías ya vuelve a parar en la estación de Sol

19.20. Una marea humana, con la participación de 115.000 personas, según fuentes municipales, recorrió esta tarde las calles de Bilbao para exigir unas pensiones públicas "dignas" y decir "no al 0,25%" de subida que aplica el Gobierno central. El inicio de la marcha se vio alterado por un encontronazo con un grupo de manifestantes que portaban ikurriñasy una pancarta firmada por la plataforma de pensionistas de Euskal Herria desatendiendo así la consigna de los convocantes –Movimiento de pensionistas de Bizkaia– de que no se portaran logos ni banderas.

Finalmente, la manifestación estuvo encabezada por una pancarta en la que se podía leer, en euskera y castellano, "Pensiones públicas dignas. No 0,25%" y se vieron otros carteles en los que se podía leer "La pensión es un derecho, no una limosna, no al 0,25%" o "Pentsionistak aurrera" (pensionistas adelante) y se corearon gritos en contra del Gobierno Rajoy y su decisión de no referenciar las pensiones al IPC.

18.52. Los trenes de Cercanías que circulan por la estación de Sol no harán parada en ella de forma temporal debido a la aglomeración de personas que se concentra en la Puerta del Sol en la protesta por las pensiones.

17.52. Comienza la manifestación en Madrid convocada por la CEDSPP, que parte desde la Puerta del Sol para recorrer las calles de la capital hasta la Plaza de Neptuno. En Sol, los manifestantes han coincidido con una protesta en contra de la ley mordaza en el tercer aniversario de su reforma. 

15.25. Según las estimaciones de UGT-A en Andalucía, se habrían manifestado más de 100.000 personas, que "han desbordado las previsiones", hecho en el que coincide CCOO-A, sindicato desde el que, en declaraciones a Europa Press, calificaron estas protestas como un "éxito de movilización, con un seguimiento altísimo más allá de las condiciones meteorológicas". En Castilla-La Mancha, los sindicatos cifraron en unos 26.000 los asistentes a las manifestaciones en las capitales de provincia. Cerca de 35.000 manifestantes tomaron las calles de Castilla y León.

15.20. Un barómetro difundido hoy en el Especial de laSexta Noticiassobre las pensiones refleja que un 74,8% de los encuestados considera que el futuro de las pensiones no está garantizado. La opinión también es mayoritariamente favorable (91,3%) cuando se pregunta si las pensiones deberían revalorizarse al ritmo del IPC. Un 70% cree que los pensionistas y jubilados tienen motivos para manifestarse y pedir la revalorización de las pensiones. 

Un 59,4% de los encuestados no se muestra dispuesto a pagar más impuestos para fortalecer y garantizar el sistema de pensiones. Por otra parte, un 59,5% sí cree que la revalorización sí es posible ahora mismo. El PSOE (22,4%) es percibido como el partido que ofrece más seguridad respecto al futuro de las pensiones, seguido por Cs(19,1%), PP (17,8) y Podemos (13,9%). Un 11,8% se decanta por otras opciones políticas y un 15,0% opta por no responder ante la pregunta.

15.17. En Zaragoza, fueron unas 3.500, según datos de la Delegación de Gobierno, las personas que se movilizaron en una protesta impulsada por UGT y CCOO bajo el lema Pensiones Dignas. El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, Tomás Yago, demandó a la sociedad que "se manifieste e insista en la reversión de las políticas del PP en materia de las pensiones". "No es aguantable, ni sostenible, ni justo, que se someta al conjunto de pensionistas de este país, presente y futuro, a una situación de pobreza permanente y a una situación abocada a tener, en el futuro, pensiones de miseria", criticó Yago. Su homólogo en CCOO, Manuel Martín Mombiela, pidió "la dimisión de Mariano Rajoy y del gobernador del Banco de España", Luis María Linde, por afirmar que si a los pensionistas no les "llega la pensión", vendan la casa.

14.45.Más de mil personas participaron en Ibiza en la concentración convocada por la plataforma Basta Ya. En el Parque de la Paz, los participantes corearon consignas como "más pensiones y menos ladrones" o "Rajoy mamón, no toques mi pensión". Durante la lectura del manifiesto, exigieron o una pensión mínima de 1.100 euros al mes y insistieron en  la defensa del sistema público de pensiones, exigiendo eliminar aquellas vitalicias de los políticos. El presidente de la plataforma, Francisco Alarcos, criticó a los diferentes gobiernos por "olvidar" a los ciudadanos y "salvar a los bancos" en vez de mirar por las personas.

14.42. En Gijón, también fueron miles las personas que salieron a la calle. El coordinador General de IU Asturias, Ramón Argüelles, manifestó que esta movilización "demuestra que la gente, la sociedad en general, desde los más jóvenes a los más mayores están hartos de los recortes y de esta nueva agresión que pretende perpetrarse con la entrada del criterio de sostenibilidad en el sistema de pensiones".

14.40. Cerca de 25.000 personas según Comisiones Obreras y UGT, recorrieron las calles de Santander en una manifestación "histórica", convocada por ambos sindicatos para exigir, además de pensiones dignas, un sistema sostenible "que perdure en el tiempo". Entre los asistentes estuvieron el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, la socialista Eva Díaz Tezanos, el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, etc.

14.33. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, aseguró este sábado que, mientras esté en el Ejecutivo central, el sistema de pensiones "se va a mantener, seguro, y las pensiones subirán", aunque dejó claro que "subirán lo que podamos". Eso sí, dijo que hará "un gran esfuerzo, pero no pueden subir lo que no podamos". Rajoy clausuró en Marbella  el acto de presentación de las candidaturas del PP-A. [Ampliación]

14.30. Convocados por el Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen) y los sindicatos UGT y CC.OO, los pensionistas gallegos llenaron las plazas de más de una decena de localidades. Las más multitudinarias fueron las concentraciones de A Coruña y Vigo, que reunieron a miles de personas.

14.17. Aproximadamente 15.000 personas, según la Policía Municipal, se manifestaron en Vitoria en una marcha organizada por las asociaciones Arabako Pentsionistak Lanean y Por Una Vida Digna bajo el lema Pensiones públicas. Los asistentes portaban también otras pancartas en las que se podía leer "Somos pensionistas no terroristas" o "Por nuestra pensión, por la tuya". La marcha concluyó con la lectura de un manifiesto en el que anunciaron su intención de continuar con las movilizaciones y reclamaron elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros.

14.00. El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que las movilizaciones responden a una reivindicación que está "perfectamente justificada" y que además de ser "justa" es "solidaria" porque "están luchando no solo por sus pensiones" sino también por las de las de las generaciones futuras. En este sentido, recordó que, en España, ha costado "mucho" asentar "un Estado del Bienestar" del que las pensiones es "uno de los pilares básicos". Por esta razón, comentó que le parece "indecente que el Gobierno de España no las actualice de acuerdo con la subida del coste de la vida como se acordó hace muchos años en el Pacto de Toledo".

13.58. El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, acusó a Rajoy de "encerrarse en el Palacio de Congresos de Marbella (Málaga) y no escuchar a los pensionistas malagueños". Ruiz Espejo, durante la manifestación, señaló que el presidente del Gobierno se encuentra en el municipio malagueño de Marbella en la presentación de los candidatos a las alcaldías de capitales andaluzas y de municipios mayores de 100.000 habitantes, "no sabemos si viene de turismo, porque aquí –en la concentración– no se le ve".

13.52. Miles de personas, 10.000 según la Subdelegación del Gobierno y 15.000 según los organizadores, advirtieron hoy en Valladolid al Gobierno de que "tome nota" y "dignifique" el sistema de las pensiones que han puesto en peligro con sus reformas. Con lemas como "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" o "Corruptos y banqueros devolved nuestro dinero" la movilización exigió "protección" de un sistema que pasa por "problemas". Así lo señaló Carmen Pérez, portavoz de la Coordinadora por unas Pensiones dignas de Valladolid, que, aunque asegura que el Gobierno es "sordo y ciego" ellos van a seguir con las movilizaciones hasta que "atiendan a todas nuestras reivindicaciones".

13.46. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, aseguró que las pensiones "cada vez son mayores", y advirtió de que quienes realizan "discursos fáciles" en torno a la cuantía de estas prestaciones hacen "mucho daño" al sistema. Así lo expresó durante la clausura en Vitoria del 14º Congreso de Nuevas Generaciones de Álava.

13.44. Unas 10.000 personas, según estimaciones de la Policía Local, recorrieron las calles de Murcia en defensa de las pensiones, para protestar contra su "precarización", exigir que los subsidios se revaloricen "acorde con la realidad del país". Los manifestantes portaron pancartas contra el pensionazo, corearon cánticos como "Hoy por mi, mañana por ti" o "Estos ladrones nos roban las pensiones".

13.22. La secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, y la de CCOO-A, Nuria López, aseguraron que el sistema público de pensiones es "viable" y "sostenible", añadiendo que su "déficit" es "culpa" de la reforma laboral que Rajoy "hizo unilateralmente en 2013". Según Europa Press, así se pronunciaron en la manifestación convocada por la CEDSPP en Málaga, donde defendieron una jornada "de lucha y reivindicación" para la que "sobran los motivos". Castilla y López, en relación a la reforma de 2013, consideraron que no sólo se ven afectados los pensionistas de hoy "con una no revalorización de la pensión con una miseria del 0,25 por ciento", sino que también "se está condicionando el futuro del sistema público de pensiones".

13.14. El secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, aseguró que no dejarán que el "PP siga siendo un peligro irresoluble para el sistema público de pensiones" porque, según él, el Gobierno central está condenando a la miseria a miles de pensionistas y jubilados. En declaraciones recogidas por Europa Press en la manifestación en Barcelona, Pacheco aseguró que estas movilizaciones son una respuesta a las provocaciones que hace el Gobierno "cuando intenta buscar excusas y alternativas para seguir manteniendo la línea de recortes a las clases populares y a los pensionistas".

13.13. La Coordinadora de La Rioja por la Defensa del Sistema Público de Pensiones salió a la calle para mostrar su indignación "ante el deterioro y agresiones económicas y sociales que están padeciendo los pensionistas" y abogar por la necesidad de "defender derechos históricos" como es que las pensiones "estén garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado, como avala la Constitución". Se trata de "un punto básico" que es necesario reivindicar porque ante esta situación "no solo está en juego nuestra pensión, sino también nuestra dignidad", tal y como defenderon dos de los portavoces de la plataforma, Carmen Rojo y Pedro Gómez.

13.08. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, pidió a los pensionistas que "tomen nota" de lo que está haciendo el Gobierno del PP con las pensiones para, cuando llegue el momento, "jubilar a Rajoy". Jiménez afirmó durante la manifestación en Jaén que "la gente tiene que salir a la calle a reivindicar unas pensiones justas, y tiene que tomar nota de lo que está haciendo el PP con las pensiones en este país" porque "ha arruinado el fondo de garantía de las pensiones" en el mismo momento en el que "se lo ha llevado por delante la incapaz de Fátima Báñez y el indolente de Mariano Rajoy".

13.04. Miles de pensionistas se manifestaron en todas las islas Canarias en las movilizaciones convocadas por la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas. Bajo el lema Que no te roben la pensión, ¡Lucha!, se escucharon voces en contra del Gobierno y gritos de "No somos terroristas, somos pensionistas" o "Menos ladrones y más pensiones". Desde la manifestación de Las Palmas de Gran Canaria, el portavoz de la Plataforma, Blas Padilla, explicó que los pensionistas no van a salir de las calles: "Ya lo hicimos en los años 60 y en los años 70. Tenemos una experiencia y le vamos a decir a las organizaciones sindicales y los partidos políticos que es en la calle donde se ganan los derechos".

13.00. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dio todo su "apoyo a las miles de personas" que este sábado "están saliendo a las calles para exigir pensiones dignas".

12.57. Unas mil personas, según la Subdelegación del Gobierno, participaron en la manifestación de Cáceres convocada por los sindicatos CCOO y UGT que ha estado encabezada por las máximas dirigentes de ambos sindicatos en la región. Con una pancarta en la que se podía leer Defender las pensiones. ¡Es cosa de todos!, la marcha partió de la avenida de España para concluir en el Quiosco de la Música, donde se leyó un manifiesto. A la concentración asistieron algunos dirigentes del PSOE como el portavoz en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, diputados y concejales y  se escucharon gritos de "Rajoy ladrón, páganos la pensión" o "El 0,25 para tu tío Jacinto".

12.55. El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, afirmó que la transferencia de la competencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi es una "condición imprescindible" para mejorar las pensiones en el País Vasco y, tras asegurar que existen razones para las manifestaciones de los pensionistas, defendió un sistema público con pensiones "mínimas suficientes". En una tertulia en Radio Euskadi, el dirigente jeltzale afirmó que entiende que "miles de pensionistas salgan hoy a la calle". A su juicio, la "torpeza política y provocativa" que se ha producido en este tema ha creado un "escenario de indignación".

12.39.  En la Plaza de España de Mérida se manifestaron cientos de personas en sólo una de las quince movilizaciones convocadas en la comunidad para esta jornada estatal de protestas contra la política del Gobierno en materia de pensiones. En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, Antonio Serrano, miembro de la Junta Rectora de la Plataforma de Pensionistas y Jubilados de Mérida y Comarca señaló que "el Gobierno y su socio apuestan por un sistema privado de pensiones, con pensiones públicas pequeñas e invitando a los trabajadores a que se hagan planes privados de pensiones", de ahí, a continuado, las bonificaciones que tienen proyectadas.

12.18. Miles de personas se han movilizado en las protestas de Barcelona donde se han escuchado voces en contra del Gobierno central del PP con gritos de "Rajoy te cambio la pensión", "Estos ladrones nos roban las pensiones", "Jubilados, obreros y estudiantes unidos hacia adelante" o "Lo que hacéis con las pensiones lo pagaréis en las elecciones".

12.07. Miles de personas participan en la manifestación convocada por sindicatos, partidos políticos y la Plataforma de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Mallorca en la Plaza de España de Palma. Asimismo, la protesta se inició con crispaciones entre los distintos convocantes debido a la presencia de políticos en el acto.

12.01. El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, aseguró que "el problema de las pensiones no es la demografía sino el PP", por lo que pidió una reforma inmediata de las pensiones y también una reforma laboral. En declaraciones a la prensa antes de la manifestación en Barcelona, Ros exigió que se recupere el poder adquisitivo y que se aumenten las pensiones un 2% como mínimo: "La pensión media en Cataluña es de unos 950 euros. Difícilmente se puede vivir con menos de 1.000 euros".

12.00. Comienzan en Sevilla, Málaga, A Coruña, Vigo, Zaragoza, Santander, Gijón, Toledo, Salamanca, Valladolid, Murcia y Mérida las manifestaciones convocadas por la CEDSPP y en Melilla y Alicante por los sindicatos.

11.51. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, criticó al Gobierno por "tratar de privatizar" las ganancias de la recuperación económica y le exigió que garantice "unas buenas pensiones", algo que entiende que debería ser "la principal tarea" del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. El líder de los socialistas participó en la manifestación de Madrid y trasladó "el apoyo del PSOE a la causa de los jubilados". También acusó al Gobierno "destruir" las pensiones de los jubilados que "construyeron" España.

11.46. La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, reclamó para la Comunidad foral la competencia para gestionar sus pensiones públicas. "Nos están diciendo desde el Estado que los pensionistas no tienen oportunidad de ver adecuada su pensión, tan solo si quiera al IPC, mientras se anuncia bajadas de impuestos en aquellas rentas que todavía tienen capacidad de aportar más; me parece una indignidad", criticó Barkos en su intervención en el Consejo General de Geroa Bai, que se ha celebrado este sábado en el Civivox Condestable de Pamplona.

11.34. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, criticó este sábado la gestión "nefasta" del Gobierno central del PP del sistema público de pensiones al vaciar el Fondo de Garantía de la Seguridad Social. "Creemos que hace falta un esfuerzo de actualización de las pensiones, como mínimo, al coste de la vida", expresó en declaraciones a la prensa en Barcelona, informa Europa Press. También instó a una "reflexión conjunta" de los partidos y a poner las medidas para que el sistema prevalezca y tenga futuro, y a recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas.

11.00. Comienza en Madrid la manifestación por las pensiones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT que recorrerá de Neptuno hasta el Museo Reina Sofía. [Ampliación] En la Ciudad Condal, la manifestación convocada por la CEDSPP también ha partido de la Plaza de Urquinaona. 

10.30. Comienza en Barcelona la marcha que recorrerá la ciudad desde la Plaza Urquinaona hasta la Plaza de Sant Jaume en una movilización convocada por CCOO y UGT. A esta hora también ha comenzado la manifestación en Zaragoza, desde la Plaza de San Miguel hasta la Delegación del Gobierno. 

Miles de personas se movilizaron este jueves en 90 ciudades de todo el país para protestar por la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los pensionistas desde 2013 y en defensa de un sistema "digno" de prestaciones por jubilación. Convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), un movimiento al margen de partidos y sindicatos, los manifestantes denunciaron el "saqueo" al que ha sido sometido el sistema tras las reformas llevadas a cabo por PSOE y PP.

Una de las principales manifestaciones tuvo lugar en Madrid, donde los convocados se movilizaron frente al Congreso y lograron cortar la Carrera de San Jerónimo. También fue muy numerosa la movilización en Bilbao, calificada de "histórica" por sus promotores, y que colapsó el tráfico del centro de la ciudad durante alrededor de una hora.

"Hemos desbordado, ha sido increíble y esto no ha hecho nada más que empezar", dice en conversación con infoLibre José Ángel Vivanco, miembro de la coordinadora en Barakaldo y asistente a la manifestación de la capital vizcaína. La coordinadora lleva casi dos años trabajando de forma descentralizada con grupos por todo el país, aunque el de este jueves fue su primer gran hito de afluencia. Vivanco explica que han llevado a cabo la tarea de difusión al margen de los medios de comunicación realizando charlas informativas y poniendo carteles en centros de mayores, bares, tiendas... 

Piedra angular de sus reivindicaciones es la derogación de la reforma del sistema que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2013 y que desligó del IPC el índice de revalorización, que hasta esa modificación se actualizaba según la inflación de cada mes de noviembre. Desde entonces las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social. Para los ejercicios con superávit la norma sí establece que subirán el IPC más el 0,50%. La mayoría de los países de la OCDE y buena parte de los miembros de la UE siguen "anclados" en el IPC para revalorizar las pensiones.

La consecuencia más clara de esta medida es que las pensiones han perdido nueve décimas de poder adquisitivo entre 2014 y 2017: mientras el IPC aumentó un 1,9% en ese periodo, las pensiones sólo lo hicieron un punto. La pensión media debería haber aumentado 16,43 euros en cuatro años para no devaluarse frente a los precios, pero sólo creció 8,64. "Es una subida miserable frente a una inflación incontrolada que conduce a pensiones asistenciales", señala Victoria Portas, portavoz de la coordinadora. 

Lo cierto es que la crisis trajo consigo una reformulación del sistema de pensiones públicas tal y como se conocía hasta la fecha. En 2011, todavía bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el retraso de la edad de retiro ordinario hasta los 67 años, medida que se está implantando de forma gradual hasta 2027; y la ampliación, también de forma progresiva, del periodo de cómputo para calcular la pensión de los últimos 15 años de la vida laboral a los últimos 25. Esa reforma contó con el aval de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. 

Dos años después, en 2013, el PP aprobó otra reforma que incluyó la citada desvinculación con el IPC y la creación de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones, llamado factor de sostenibilidad, que recorta estas prestaciones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. La reforma de 2011 ya preveía la creación de este factor de sostenibilidad, pero para 2027 y que actuara por primera vez en 2032. Por otro lado, el PP había aprobado meses antes, y por decreto, la reforma de la jubilación anticipada y parcial exigiendo más edad y más años cotizados.

Sostenibilidad del sistema 

Portas y Vivanco critican las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que, a propósito de la protesta, dijo que los pensionistas no han sido el sector más perjudicado por la crisis. Portas explica que los miembros de la coordinadora no están preocupados únicamente por sus prestaciones, sino también por las de las próximas generaciones. "Las reformas laborales aprobadas por PP y PSOE han precarizado a los jóvenes. Esos salarios de miseria provocan unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social e impiden unas pensiones dignas. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social", señala. 

Sobre el horizonte planean nuevas reformas del sistema de pensiones, pues los grupos parlamentarios están debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo fórmulas para afrontar la crisis del sistema y garantizar tanto su sostenibilidad como su suficiencia. Hay que tener en cuenta que el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, que llegó a contar con 66.815 millones en 2011, sólo contiene ya 8.095, pues el Gobierno no ha hecho más que sacar dinero cada año para pagar las extras de julio y diciembre. En realidad, el agujero en el sistema con Rajoy alcanza los 100.000 millones de euros: de la hucha sacó 74.437 millones –suma del dinero que había y de los intereses que generó desde 2012– y además pidió 25.192 millones en préstamos para afrontar el abono de las pagas extras en 2017 y 2018.

De ahí que los pensionistas mantengan que las movilizaciones no han hecho nada más que empezar. En sus próximas protestas, que vincularán a las movilizaciones previstas en torno a la huelga feminista del 8 de marzo, quieren llamar la atención sobre las desiguales pensiones que reciben hombres y mujeres. Según datos de un informe de UGT, la brecha de género tras la jubilación se eleva hasta el 37%, lo que se explica por su mayor temporalidad e inestabilidad en el empleo y su repercusión en las cotizaciones. También está sobre la mesa la posibilidad de convocar una gran movilización en Madrid. 

En las movilizaciones de este jueves participaron representantes del PSOE, Podemos y sus confluencias, Izquierda Unida... si bien los pensionistas advierten de que no se van a dejar "manipular electoralmente". De hecho, cuestionan algunas de las últimas medidas que han puesto encima de la mesa los dos principales partidos: la "vergonzosa" propuesta del PP de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria y la "falsa solución" del PSOE de poner en marcha "impuestos finalistas como remedio al déficit de la Seguridad Social". 

A nadie se le escapa que en España hay 8,7 millones de pensionistas y que es precisamente en este grupo de edad en el que tanto conservadores como socialistas encuentran su principal granero de votos. La coordinadora que ha sacado a miles de personas a la calle este jueves trabaja al margen de organizaciones políticas o sindicales, pero en las movilizaciones sí se han repetido las consignas en las que se instaba a los presentes a no respaldar con el voto a quien no defiende el sistema público. "Quien roba pensiones lo pagará en las elecciones", advertía una pancarta en Bilbao. 

El "clamor popular" de miles de personas –sobre 7.000 según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal y Nacional y 30.000 estimadas por los convocantes– llegadas de las nueve provincias de Castilla y León se reunieron este sábado en Valladolid en respuesta a la llamada de las plataformas en defensa de la sanidad pública de la comunidad para "denunciar", entre otros aspectos, la política sanitaria de la Junta y exigir el "fin de los recortes, la reducción de las listas de espera o una Sanidad cien por cien pública".

Una veintena de plataformas citaron a los ciudadanos de la comunidad bajo el lema Nos duele la Sanidad para defender "uno de los pilares del estado de bienestar" que ahora corre un "grave peligro", según recoge el manifiesto que las plataformas han leído frente a la Consejería de Sanidad.

A los más de 50 autobuses fletados por las plataformas organizadoras de la protesta se han sumado plataformas sindicales como UGT, CCOO, CNT y CSIF y partidos políticos como PSOE, Podemos e Izquierda Unida, cuyos representantes también asistirán a la movilización.

Los principales motivos que señalaron las plataformas para convocar esta manifestación son "acabar con los recortes" y "recuperar" el empleo "perdido" en sistema sanitario, además de la reclamación de que no se cierren plantas y camas hospitalarias y una apuesta por una sanidad cien por cien pública, en referencia al Hospital de Burgos.

Asimismo, pidieron que se implementen programas de prevención y promoción de la salud en Atención Primaria, mejorar la atención en los núcleos rurales, legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en el territorio, los nombramientos de gerentes en función de su perfil profesional y no político, un cumplimiento "riguroso" de la ley de incompatibilidades y, por último, más medidas de transparencia y participación ciudadana.

La marea blanca, partió desde la Plaza Mayor en dirección a la sede de la Consejería por la Calle de Santiago y el Paseo de Zorilla encabezada por una pancarta que rezaba "Toda CyL grita ¡Nos duele la Sanidad!" y seguida por las que contenían las peticiones concretas de las distintas plataformas, como un nuevo hospital para Aranda de Duero y aliñada por carteles que recordaban que "Los recortes en Sanidad matan".

Tampoco faltaron los gritos de "no a la privatización", "la sanidad no se vende, se defiende" o "recorte en sanidad, crimen legal", ni los cánticos dedicados al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a quien los manifestantes pidieron que "suelte las tijeras" porque "más que consejero, parece peluquero".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid, Luis Ocampo, señaló que la movilización constituyó un "éxito" tanto "cualitativo" como "cuantitativo" porque fue la expresión de un "clamor popular" en defensa del sistema sanitario público y de crítica "rigurosa, profunda y documentada" de su gestión.

Asimismo, recordó que "no piden milagros" sino evitar el deterioro de la sanidad pública y advirtió que esta manifestación no es un "cohete de cumpleaños" sino la expresión de un movimiento "fuerte" que "exige" que se atiendan sus demandas.

Cientos de personas acudieron a la llamada en la mítica plaza bonaerense como en las anteriores ocasiones, pero distintos medios conservadores destacaron el bajo poder de convocatoria y la única presencia de manifestantes pertenecientes a grupos ultraizquierda o anarquistas.

Puesto que la familia de Maldonado y las organizaciones de derechos humanos se desmarcaron de la convocatoria, la manifestación contó con una asistencia menos numerosa que en anteriores ocasiones.

"Hasta que no estemos cien por cien seguros de que es su cuerpo, no lo vamos a confirmar", ha aseverado a Europa Press Sergio Maldonado, el hermano del joven. 

Santiago Maldonado, de 28 años, desapareció el 1 de agosto en la localidad de Esquel, provincia de Chubut (la Patagonia). El artesano de profesión participaba hace alrededor de 80 días en una protesta de apoyo a un grupo de indios mapuches que ocupaban una porción de tierras de las que es propietaria la empresa italiana Benetton.

Esta concentración fue violentamente reprimida por la Gendarmería, y el cuerpo, todavía sin identificar, ha aparecido cerca de la misma zona con la documentación del joven en los bolsillos.

Los convocantes de la manifestación en Buenos Aires cargaron contra la "campaña de encubrimiento y negación" puesta en marcha por el Gobierno, al que responsabilizan de la desaparición. Concretamente, acusan a la Gendarmería, la fuerza argentina de fronteras.

La exdiputada y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll, ha criticado la demora de la investigación y ha sugerido que el Gobierno espera a que pasen las elecciones para certificar su muerte.

Campaña suspendida y dudas de la familia

La gravedad del caso es tal que los principales partidos políticos de Argentina suspendieron el miércoles la campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo, o al menos los eventos multitudinarios.

Por su parte, la familia del argentino desaparecido, ha asegurado este miércoles que no confirmará si el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece a Santiago "hasta estar 100 por cien seguros". 

"Ayer fue muy duro estar siete u ocho horas con el cuerpo, por más que estuviera flotando tuvimos que convivir con eso", ha aseverado el hermano de Maldonado.

Es tal la desconfianza en las autoridades, que el hermano del activista no se ha separado del cadáver desde que lo encontraron por miedo a que alguien manipule las pruebas.

"No vamos a confiar en nadie. Por eso hemos estado al lado del cuerpo, para que nadie lo tocara. Desde el primer día todo han sido mentiras y hostigamientos", ha indicado la cuñada de Santiago, Andrea Antico, según ha recogido el diario Clarín. "Vamos a esperar hasta que se coteje el ADN y se haga la autopsia", ha añadido en relación aun caso que ha conmocionado al país.

La autopsia será en Buenos Aires

El perito Alejandro Incháurregui, que ha participado en el operativo para recuperar el cuerpo, ha afirmado que "la presencia de efectos personales en la ropa de ese cuerpo, entre ellos el DNI, no implica una identificación positiva de ese cuerpo". "No hay una identificación alguna. El cuerpo será peritado en los próximos días en Buenos Aires", ha manifestado.

La tensión crece entre los que creen que fue la policía quien puso en ese lugar el cuerpo y quienes dicen que fueron los indígenas. Lo que tienen claro las dos partes es que es imposible que muriera en ese lugar porque la zona había sido inspeccionada varias veces en los últimos días.

El cuerpo será trasladado a Buenos Aires para la autopsia, en la que participará el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense.

La Marea Blanca de Sevilla ha convocado una concentración para las 11 horas de este jueves a las puertas del hospital Virgen de Valme, en respaldo a la familia de la joven de 25 años fallecida en dicho centro al sufrir un accidente en el ascensor en el que iba a ser trasladada al área de planta, después de haber dado a luz a su tercera hija. La concentración está destinada además a rechazar "los recortes y privatizaciones, origen principal de este deterioro de la sanidad pública andaluza que estamos sufriendo todos los días, a veces de forma dolorosa y dramática", informa Europa Press.

Después de dar a luz a su tercera hija mediante una cesárea en el citado hospital sevillano, Rocío Cortés, de 25 años y residente en Dos Hermanas, estaba siendo conducida al área de planta, para lo cual un celador introdujo la camilla en uno de los ascensores del hospital. No obstante, el ascensor habría comenzado a subir en un momento en el que el extremo de la camilla donde reposaba la cabeza de la joven estaba fuera de la cabina, lo que provocó que la cabeza quedase aprisionada entre el suelo y el dintel del ascensor, sufriendo la mujer un traumatismo craneal severo.

Para la Marea Blanca, "no se trata de una deficiencia puntual y casual en un ascensor del Hospital", pues el colectivo contaría con "testimonios directos de trabajadores sanitarios que refieren irregularidades en el funcionamiento y deficiencias en el mantenimiento (de los ascensores), que han sido objeto de denuncias verbales a directivos del hospital sin que estos hayan mostrado el interés suficiente para poner arreglo a este tema vital para el desarrollo de la actividad asistencial del hospital".

La organización, en ese sentido, encuadra el accidente en "los procesos de privatización y externalización que la Junta de Andalucía ha venido realizando procesos de privatizaciónen los últimos años en determinados servicios de los hospitales". Concretamente, avisa de "la privatización de los servicios de mantenimiento de los ascensores ha sido objeto, como norma general, de un proceso de abaratamiento con sucesivas pujas a la baja que han degenerado en un mantenimiento insuficiente".

Además, el colectivo señala "la disminución en las inversiones necesarias para reforma y mejoras, consecuencia de los reiterados recortes en la sanidad pública andaluza, lo que ha determinado igualmente un envejecimiento y deterioro de las instalaciones". Igualmente, la organización reclama una "comisión de investigación" del accidente, ya objeto de diligencias judiciales y de proceso interno por parte de la Administración sanitaria, así como "la dimisión de la anterior directora gerente del hospital de Valme y actual directora general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud", porque "en repetidas ocasiones hizo oídos sordos a las quejas por las deficiencias en el funcionamiento de los ascensores del hospital".

Miles de personas han salido desde este miércoles por la tarde a las calles de Hamburgo, en el norte del país germano, para manifestarse contra la próxima cumbre del G20 que se desarrollará en la ciudad alemana entre el viernes y el sábado.

Cerca de 7.000 personas según la Policía y unas 20.0000 según los organizadores los organizadoresse han dado cita para protestar por la primera cumbre a la que asistirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extensamente criticado entre la sociedad alemana.

La Policía ya tuvo que utilizar cañones de agua, tanto la noche del martes como la tarde del miércoles, contra los manifestantes que habían establecido un campamento provisional en un parque de la ciudad.

Para el viernes, día que arranca la cumbre, se espera que asistan unos 100.000 participantes.

Según ha recogido Der Spiegel, el Ejército alemán teme que los asistentes a la protesta utilicen drones desarmadosdrones, por lo que ha desplegado un radar para ubicar cualquier tipo de intrusiones aéreas.

Hamburgo desplegará 20.000 policías

La ciudad extrema sus medidas de vigilancia y desplegará más de 20.000 agentes de policía, helicópteros, cortará algunas zonas de la ciudad y realizará controles de documentación según el sindicato de policía para garantizar la seguridad durante la cumbre del G20.

"La vida pública estará sujeta a restricciones significativas", ha admitido el presidente regional del sindicato de la Policía alemana, Joachim Lenders.

La sede del encuentro tendrá lugar en el recinto ferial de Hamburgo y también tendrá una presencia relevante la Filarmónica del Elba, donde los asistentes escucharán un concierto. "El pabellón ferial será una fortaleza", ha apuntado Lenders. Ambos edificios son los núcleos centrales del anillo de seguridad diseñado por las autoridades alemanas.

Algunas empresas han ofrecido a sus trabajadores la posibilidad de trabajar esos días desde sus domicilios o descontarlos de horas extra. Muchos negocios y restaurantes cerca de la zona de seguridad permanecerán cerrados. "No tiene sentido abrir. No va a venir nadie", ha declarado la responsable de una heladería cercana a la Filarmónica.

Hasta el momento hay anunciadas cuatro manifestaciones y acciones contra la cumbre. Las fuerzas de seguridad calculan que, junto a las decenas de miles de manifestantes que protestarán de forma pacífica, habrá cerca de 8.000 personas, procedentes distintos puntos del país y también del extranjero, que cometan acciones violentas.

Además, se ha previsto la gestión de las detenciones. En un área de 11.000 metros cuadrados situada en Harburg, en el sur de Hamburgo, las autoridades han erigido un centro de detención que tiene capacidad para arrestar de forma provisional a unas 400 personas hasta que un juez pueda revisar los casos.

La labor judicial se reforzará con el envío a la ciudad de 140 fiscales que posibiliten la celebración de juicios rápidos. "En el marco de las protestas, nadie debería cruzar al otro lado de la ley", ha advertido el Fiscal General, Jörg Fröhlich.

Seguridad extrema

Alemania se encuentra en alerta por amenaza terrorista desde que en 2016 sufriera hasta tres atentados. Además, las fuertes medidas de seguridad tratan de evitar los episodios de violencia ocurridos en el encuentro del G8 en Génova en 2001, con cientos de personas heridas.

Hace semanas comenzaron los controles fronterizos y durante los próximos días se sumará el despliegue de 28 helicópteros, 185 perros policía y 70 caballos.

Albert Hirschman, en su libro Interés privado y acción pública (1982), desarrolló una teoría fascinante para explicar los ciclos de movilización popular. Llamó su atención el predominio del consumismo y el cultivo de la vida privada en los 1950s frente a la explosión de la protesta en los 1960s y la vuelta a la vida privada a finales de los 1970s. A su juicio, es frecuente observar ciclos en los que la gente pasa de centrar su interés en la esfera privada a la pública y viceversa.

El mecanismo que produce el ciclo de acción colectiva es la frustración. Si damos mucha importancia a la vida privada, al consumo y a la búsqueda de la satisfacción personal, llega un punto en que nos sentimos vacíos. Un aumento adicional del consumo ya apenas produce un incremento de bienestar. En ese momento, dirigimos nuestra mirada hacia la vida pública, interesándonos por la política y e involucrándonos en diversas causas. La actividad política, la participación en los asuntos públicos, tiende a producir grandes decepciones. Son muchas las ocasiones en las que el cambio real que se produce como consecuencia de la acción colectiva popular queda por muy debajo de lo que se ambicionaba. Todo va más lento de lo esperado, todo es más difícil de lo que se creía. Aparecen obstáculos, unos externos y otros que proceden del propio movimiento, que se burocratiza, o que se deja arrastrar por personalismos. La frustración resultante lleva a la gente a renunciar a la participación y a volverse de nuevo a la esfera privada.

Esta descripción tan esquemática de la teoría de Hirschman encaja bastante bien con lo que ha sucedido en España a raíz de la crisis económica. No parece muy arriesgado afirmar que durante los años de la burbuja la movilización popular no fue demasiado intensa, con excepciones muy notables como lo ocurrido tras el atentado del 11-M, un suceso exógeno que provocó una reacción masiva primero de dolor por la magnitud de la matanza y luego de rabia por las mentiras del gobierno de Aznar. Quitando ese momento, la gente parecía más interesada en adquirir una vivienda, comprar un coche nuevo, comer en restaurantes y viajar al extranjero que en involucrarse en los asuntos públicos.

La llegada de la crisis fue un mazazo enorme. Descubrimos que la prosperidad alcanzada era solo aparente, que el paro volvía a superar el 20% y que la recesión se cebaba con los más débiles. Se produjo un despertar de la conciencia política y llegó el 15-M, la ocupación de las plazas, “lo llaman democracia y no lo es”, “no nos representan”, etc. La gente se implicó en movimientos diversos, desde los desahucios hasta las mareas. El siguiente gráfico, basado en el registro de manifestaciones del Ministerio de Interior, muestra perfectamente el aumento impresionante de las movilizaciones populares.

Número de manifestaciones en España (2006-2016)

El máximo se alcanzó en 2013. A partir de 2014 se observa una caída. Este cambio de tendencia es hasta cierto punto lógico. Por un lado, 2014 es el año de la recuperación económica: vuelve el crecimiento tras una durísima recesión durante los años 2011-13. Por otro lado, la energía desatada por la protesta se canaliza a través de un nuevo partido político, Podemos, nacido a principios de 2014.

Las elecciones de 2015 (y más todavía las de 2016) supusieron un jarro de agua fría para  todos aquellos que estaban convencidos de que las ilusiones acumuladas desde el 15M se iban a traducir en un cambio político profundo. Y no me refiero tanto a los resultados electorales en sí mismos, sino a la incapacidad de las fuerzas progresistas, inmersas en una competición destructiva por el voto de la izquierda, para desalojar al PP del poder.

Es natural que mucha gente se sienta desengañada y se plantee para qué ha servido su esfuerzo. Podemos y PSOE luchan por ser el segundo partido español, no por llegar al poder. Es una batalla que interesa sobremanera a sus cuadros, pero quizá no tanto a los ciudadanos que de buena fe pensaron que se abría un nuevo tiempo que permitiría corregir los abusos de poder y la corrupción y que daría otra orientación a las políticas sociales y económicas.

Resulta lógico que, como indica el gráfico, nos estemos dirigiendo a una nueva fase de repliegue cívico. No quiero decir con ello que la gente se vaya a desentender enteramente de la política; de hecho, el interés por la política sigue en niveles altos, aunque se advierten signos de fatiga. Es probable que haya un goteo continuo de gente que encuentre más satisfacción en la vida privada. Salvo que suceda algún desarrollo imprevisto, cabe suponer que irá imponiéndose un cierto desencanto, una posibilidad a la que me referí aquí hace meses. Cundirá el desánimo resultante de la constatación de que ni la corrupción del PP ni la injusticia de sus políticas son suficientes para concitar el acuerdo de unos partidos en la oposición que anteponen sus intereses electorales a las preferencias ciudadanas, abrumadoramente a favor de un entendimiento entre dichos partidos para sacar de una vez a Rajoy y los suyos del gobierno.

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Medsap) convocó este domingo la 55 Marea Blanca bajo el lema Menos gastos militares, más presupuestos sociales, en el marco de las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado, informa Europa Press.

"A pesar de que parecen señalar un cierto incremento en la partida relativa a Sanidad, según anuncian de un 2,3% del PIB, no dicen que la opción política que los elabora va a aplicar a fondo su plantilla privatizadora sin remisión", sostiene la Medsap sobre los presupuestos.

Más de un centenar de personas formaron la Marea que salió del Colegio de Médicos, junto al Museo Reina Sofía, hacia el Ministerio de Sanidad en una marcha encabezada por la habitual pancarta de "No a los recortes y privatizaciones. Sí a la Sanidad y servicios públicos".

En un comunicado, critica "un modelo mixto que, cada vez más, liquida el bien común y la propiedad de titularidad cien por cien pública", en favor de lobbies que "son receptores de clientes que con sus seguros privados los repagan y creen ser merecedores de mejor trato, pero el mecanismo no se estira y la masificación cada vez se hace más evidente en sus servicios".

Asimismo, rechaza "desmesurados gastos en Programas Especiales de Armamento (PEAS), en grandes sistemas de armas como el avión de combate Eurofighter, o las fragata F 100, así como el carro de combate Leopardo y otro armamento que hasta la fecha se pagaba fuera de presupuestos", y exige "presupuestos sociales".

El sábado tuvo lugar la IV Asamblea Estatal de Mareas Blancas, que se celebró en la sede de Médicos del Mundo en Madrid, donde se diseñaron "nuevas acciones coordinadas para recuperar por todas las vías la sanidad a una titularidad cien por cien pública parasitada por especuladores que han sido favorecidos por facilitadores políticos entre los que no es ajena la corrupción".