Las magistradas del tribunal que ha juzgado y condenado al fiscal general del Estado discrepantes con la sentencia que ha provocado su inhabilitación lo citan como un precedente que demostraría, en contra del criterio de los cinco magistrados conservadores que promovieron el fallo condenatorio, que la nota de prensa cuya autoría confesó Álvaro García Ortiz incluso antes de que se iniciara el proceso contra él carece de relevancia penal.

Se trata de un auto de la Sala de lo Penal que archivó de plano una querella presentada por el exteniente Luis Gonzalo Segura en 2014 contra el entonces ministro de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Pedro Morenés. El teniente acusaba al ministro de revelación de secretos por difundir en una nota de prensa datos reservados del expediente disciplinario que se había abierto contra él y que había motivado su arresto. Sin embargo, en este caso, el tribunal rechazó abrir causa contra el titular de Defensa porque el contenido de la nota ya había sido publicado por los medios y en esa difusión había colaborado el propio Segura.

El auto, dictado el 14 de diciembre de 2014, fue redactado por Antonio del Moral, uno de los magistrados conservadores que han promovido ahora la condena de García Ortiz, y firmado por el también conservador promotor del fallo Manuel Marchena y los progresistas Cándido Conde-Pumpido (actual presidente del Tribunal Constitucional), Alberto Jorge Barreiro y Joaquín Giménez. "A diferencia de lo apuntado en la sentencia mayoritaria", escriben Susana Polo y Ana Ferrer en su voto particular discrepante con la condena del fiscal general, ese auto "sí incorpora criterios que resultan perfectamente aplicables a la presente causa" y que, de haberse utilizado, habrían demostrado que "los hechos carecen de relevancia penal".

Las magistradas discrepantes recuerdan que, "en aquella ocasión, el querellado era el ministro de Defensa, por una nota de prensa dada a conocer por el citado ministerio explicando a la ciudadanía que el querellante, un teniente del Ejército de Tierra, tenía abierto un expediente disciplinario, que se le había impuesto una sanción de dos meses de arresto a cumplir en establecimiento militar, resolución que había sido recurrida y que no era firme". La nota describía "con todo lujo de detalles" el expediente "en que se encontraba incurso el querellante y las demás causas que le afectaban". Ese expediente, recuerdan Polo y Ferrer, "era reservado en virtud de la ley de secretos oficiales".

Sin embargo, la querella contra Pedro Morenés fue archivada con el informe favorable del fiscal. En la resolución de Del Moral se sostenía que "los hechos carecían de relevancia penal" porque, en primer lugar, "es difícil hablar de secreto o de datos reservados en relación con episodios o incidencias (expediente disciplinario seguido) que han sido aireadas, difundidas y divulgadas por quien invoca esa 'confidencialidad". Pero también porque "la puntualización por un órgano de la Administración del Estado sin valoraciones subjetivas, de manera comedida y extremadamente aséptica, y consignando datos objetivos que circulaban ya libremente por los medios de comunicación a impulsos del querellante, no comporta la violación de ningún deber de reserva". "Las manifestaciones atribuidas en los expedientes al querellante y difundidas mediante la nota de prensa", recuerdan las magistradas citando ese caso anterior, "habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación, propagadas, entre otros, por el querellante. Ningún 'secreto' se desvela".

Las juezas que han quedado en minoría recuerdan que en el caso de García Ortiz también hubo "autodivulgación" previa por parte de González Amador de los hechos contenidos en el desmentido contra los bulos difundidos por él mismo, su abogado, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez. Esa ruptura de la confidencialidad se produjo, en primer lugar, por Carlos Neira, el abogado que redactó la confesión de dos delitos fiscales por su cliente y no solo la envió a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, "sino también a un Abogado del Estado no personado en la causa" y que era un "conocido" suyo. También por el propio novio de Ayuso, "contándoselo todo al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, D. Miguel Ángel Rodríguez quien dio difusión al correo del 12 de marzo a través de distintos grupos de WhatsApp de periodistas".

Lo hizo "de una forma tergiversada" y "hablando directamente con el periodista de El Mundo e informándole de los términos de la conformidad que estaba negociando" con el Ministerio Público, "extremo que fue publicado en el citado medio de comunicación". Ese periodista fue Esteban Urreiztieta, autor de la primera información que difundió las conversaciones del pacto para que González Amador confesara los dos delitos fiscales a cambio de no entrar en prisión. Su noticia, sin embargo, incluyó el bulo de que había sido la Fiscalía quien lo había propuesto, cuando en realidad fue, como en todas las conformidades, el denunciado. Esa información se elaboró con la colaboración del propio Miguel Ángel Rodríguez y del novio de Ayuso, tal y como declararon ambos durante el juicio.

Las magistradas aseguran en el voto particular que la pareja de la presidenta madrileña, en su entrevista con Urreiztieta, le ocultó que la iniciativa de la conformidad partió de su defensa, "lo que coloca al Sr. González Amador en el centro de la estrategia informativa que el Sr. Miguel Ángel Rodríguez desarrolló, orientada a desprestigiar la actuación de la Fiscalía General del Estado, según dijo, con el objetivo que guía su actuación: defender la reputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Los datos contenidos en la nota ya eran públicos, por filtraciones previas que no pueden ser imputadas, como hemos analizado, al fiscal general del Estado", concluyen Susana Polo y Ana Ferrer. "Lo que se hace con la nota es salir al paso de esas filtraciones, de contenido no ajustado a la verdad en algunos extremos, ofreciendo una información aséptica y objetiva y que no contiene ninguna revelación". Por ello, la sentencia mayoritaria, que considera el desmentido oficial un delito –cuya autoría asumió el fiscal general antes incluso de que se iniciara el proceso– "se aparta de una reiterada jurisprudencia de esta Sala".

Pedro Morenés y Eduardo Serra comparten buena parte de sus respectivos y larguísimos currículos profesionales. Desde que el primero fue secretario de Estado de Defensa del segundo, a su vez nombrado ministro del ramo por José María Aznar –tras haber sido el número dos del departamento con el socialista Narcís Serra–, han tenido trayectorias paralelas y, a veces, incluso rivales.

Para empezar, ambos personifican dos de los casos más paradigmáticos de puertas giratorias en España, por su salto del Ministerio de Defensa a dos de las principales empresas del sector. Serra fue ministro de 1996 a 2000. Morenés, de 2011 a 2016. El primero fue fichado por Everis en 2005 y accedió a su presidencia en 2018. El segundo ya había presidido una firma del ramo, Instalaza, fabricante de las polémicas bombas de racimo, antes de llegar a ministro. Entonces, en 2011, era presidente en España de MBDA, una empresa europea de misiles. Y, tras dejar el cargo en 2016 y pasar poco más de un año como embajador de España en Estados Unidos, fue nombrado presidente de otra compañía del sector, Amper, en 2020.

Morenés tiene ya 75 años. En noviembre de 2022 pasó a presidente no ejecutivo de Amper, pero sigue al frente de una consultora llamada Kuitver Energía. Serra, que el próximo diciembre cumplirá 77, va a abandonar la presidencia de DigitalES, la patronal tecnológica, donde lleva desde su creación, en 2017, según publicó Expansión el pasado agosto. Pero se mantiene al frente de Everis, rebautizada como NTT Data en 2021, tras haber sido adquirida por esa multinacional japonesa en 2014.

Tanto Everis/NTT Data como Amper compiten casi por los mismos contratos de la Administración pública, que constituyen una fuente sustancial de sus ingresos. No sólo por los relacionados con la defensa, sino también por los tecnológicos, donde las dos empresas son líderes nacionales. Por ejemplo, son adjudicatarios habituales de Aena, Renfe o Correos. Amper presume de haber instalado los equipos de comunicaciones de más del 85% de los aeropuertos españoles. Mientras, Everis/NTT Data ha conseguido una quincena de adjudicaciones de Aena desde 2020, según los datos extraídos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pero la rivalidad va más allá de los concursos públicos. Como se demostró en 2020 con los despidos de los 10 ejecutivos que dirigían Everis Aeroespacial y Defensa (AEDE). Según puede leerse en las sentencias que el Tribunal de Justicia Superior de Madrid y el Tribunal Supremo han dictado sobre ese litigio laboral, la matriz del grupo quería cerrar la división de defensa española tras la polémica surgida con la venta de morteros Alakran a Arabia Saudí, que terminaron usándose en la guerra de Yemen. Pero la cúpula directiva de Everis AEDE no aceptó pacíficamente la decisión. Y planeó evitarlo comprando la empresa, una prerrogativa incluida en sus contratos. Así que presentaron a la matriz una propuesta de adquisición siguiendo el procedimiento definido en sus acuerdos con la empresa.

El problema fue que, para adquirir Everis AEDE, los ejecutivos buscaron la financiación de su rival, Amper. La compañía que preside Eduardo Serra lo consideró una traición y despidió a toda la cúpula directiva en julio de 2020. La mitad de los ejecutivos demandó entonces a Everis/NTT Data en los juzgados de lo Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en todos los casos a favor de los despedidos. También el Supremo en al menos uno de ellos. Los demás siguen pendientes de que el alto tribunal resuelva los recursos interpuestos por la empresa.

El caso es que al menos cinco de estos antiguos directivos de Serra trabajan ahora para Morenés en Amper, Zelenza —su principal accionista— y Swarming, filial de la anterior. De hecho, quien fue consejero delegado de Everis AEDE, Enrique López Pérez, es el consejero delegado y primer ejecutivo de Amper desde noviembre de 2022, cuando Pedro Morenés dejó de tener funciones ejecutivas como presidente.

En los juicios, la matriz justificó los despidos por la comisión de toda una serie de irregularidades en la contratación que los ejecutivos de la división de defensa desmienten y que fueron detalladas ampliamente por El Periódico de España. infoLibre intentó, sin éxito, ponerse en contacto con los directivos despedidos cuando la empresa apareció en el curso de una investigación diferente en la que se mencionaban unos contratos con Emiratos Árabes Unidos. Este periódico también ha preguntado a Everis/NTT Data si finalmente ha cerrado la división de defensa, pero no ha obtenido una respuesta. En el Registro Mercantil sigue figurando como una sociedad activa.

Pese a que compiten por los contratos y por los directivos, Amper y Everis/NTT Data son dos empresas muy diferentes. Tienen en común su origen español, pero mientras Amper sigue siendo de propiedad nacional, Everis pertenece desde hace casi 10 años a una de las mayores multinacionales tecnológicas del mundo, con 150.000 empleados repartidos en todo el mundo y una facturación de 16.000 millones de euros. En España la plantilla suma 17.000 personas, según consta en su propia página web. Amper, en cambio, es más pequeña –tiene 3.400 empleados–, cotiza en la Bolsa española y ganó 1,3 millones de euros en 2022, tras ingresar 337,5 millones. Un beneficio que ha sufrido un fuerte recorte desde los 21,7 millones de 2019. Su plan estratégico para los próximos tres años prevé duplicar la cifra de negocio hasta los 1.008 millones de euros en 2026.

El volumen de contratación de Amper y Everis/NTT Data con las administraciones públicas es enorme. Según el barómetro de la consultora Adjudicaciones TIC, la empresa de Eduardo Serra es en este sector la cuarta adjudicataria de la Administración en 2022, con 254,14 millones de euros repartidos en 110 contratos tecnológicos. Por delante, aparecen únicamente Telefónica, Indra e Inetum. Tal y como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo relacionados con Defensa e Interior, Everis/NTT Data ha conseguido una veintena de contratos desde 2020, por un importe que supera los 13 millones de euros. Una buena parte de esa cartera son sistemas para el control de fronteras para el Ministerio del Interior, pero también suministra numerosos equipos a Isdefe, la consultora pública de defensa.

Además, la empresa de Serra consiguió en 2020 un contrato de 10,4 millones de euros para digitalizar la agencia de comunicaciones de la OTAN. De los de mayor importe fuera del sector de la defensa destaca el contrato de 10,99 millones que le adjudicó Red.es, el organismo público encargado de la Agenda Digital, para digitalizar las pymes.

Aunque ese protagonismo también tiene su lado turbio. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Everis, junto a otras 10 grandes tecnológicas –entre ellas IBM, Accenture, Indra, Atos y Next– por repartirse el mercado de las administraciones públicas durante nada menos que 15 años. Según el organismo regulador, las empresas pactaban precios y condiciones comerciales e intercambiaban entre ellas información sensible. La multa para Everis ascendió a 800.000 euros; en total, 29,9 millones para las 11 compañías. La Audiencia Nacional acaba de confirmar las sanciones hace sólo unos días, aunque todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, Amper supera los 85 millones de euros en adjudicaciones públicas desde 2020. De ellas, casi nueve millones son contratos relacionados con la defensa. Pero la parte del león, de los contratos y de su cartera de pedidos, son los acuerdos que ha firmado con Navantia. Cuatro de esos contratos, adjudicados en 2021 y 2022, son suministros de todo tipo para las fragatas de la serie F-110 que el astillero público construye para la Armada española. En total, 20 millones de euros. En todo caso, los dos más voluminosos suscritos con Navantia son los que permitirán a Amper construir parte de las estructuras eólicas marinas que se instalarán luego en dos parques franceses: Saint Brieuc, en Bretaña, y Le Tréport, en Normandía. El primer contrato, concedido en 2020, tiene un importe de 100,7 millones de euros. El segundo, del pasado mes de junio, ha sido anunciado por Amper como el mayor jamás conseguido por la empresa de Morenés, con un valor superior a los 100 millones, pero sin precisar la cifra exacta. En total, más de 220 millones de euros.

Pedro Morenés, que precisamente comenzó su carrera profesional en Astilleros Españoles, como se llamaba entonces el constructor naval público, y después fue director comercial de la División de Construcción Naval del INI –la antigua SEPI–, tuvo una polémica relación con Navantia mientras fue ministro de Defensa.

En 2018, la oposición en el Parlamento gallego le acusó de “corrupción institucional” por haber forzado un retraso de dos años en la construcción de las fragatas F-110 para adaptarlas a los misiles que fabrica MBDA, la empresa europea de la que fue presidente en España hasta su llegada al ministerio. Navantia consideraba que el sistema de misiles debía seguir siendo el que ya le había suministrado antes la estadounidense Raytheon, pero Defensa impuso como opción prioritaria el que vendía MBDA, según publicó eldiario.es. La insistencia de la Dirección General de Armamento, bajo control de Morenés, incluso provocó un enfrentamiento con la cúpula de la Armada que bloqueó durante dos años la elaboración del proyecto técnico necesario para comenzar a construir las fragatas en el astillero de Navantia en Ferrol.

Morenés tuvo otro pinchazo, que además compartió con Serra: Arabia Saudí. No en vano el régimen de Riad es el mayor comprador de armas de la industria española. NTGS, filial de la empresa de Eduardo Serra, vendió los morteros Alakran a Arabia Saudí en 2018, que fueron usados en la guerra de Yemen pese a la prohibición internacional de suministrar armamento a los países en conflicto. Morenés, en este caso en su calidad de ministro de Defensa, vendió en 2015 a Arabia Saudí 400 bombas del stock del Ejército del Aire, que éste tuvo que volver a comprar para completar su arsenal. “Son bombas que no sobraban”, explicó la ministra Margarita Robles cuando se hizo cargo de Defensa tres años después.

La industria de la defensa se ha convertido en uno de los sectores donde más se recurre a las puertas giratorias. De hecho, Pedro Morenés no es el único ex alto cargo que se sienta en el consejo de Amper. También la ex secretaria de Estado de Comercio y expresidenta del ICEX María Luis Poncela figura como consejera independiente desde mayo de 2021. Pilar Platero, expresidenta de la SEPI, la acompaña desde marzo de ese año.

En el consejo de Everis, además de Eduardo Serra, se sientan el exministro de Economía chileno Alejandro Ferreiro y el exconsejero de Economía del Gobierno vasco Pedro Luis Uriarte. Entre 2017 y 2019 también fue consejera la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia. Antes, de su consejo asesor fueron miembros los expresidentes de México Ernesto Cedillo y de Colombia Álvaro Uribe. Además, el ex segundo jefe de Estado Mayor de la Armada José Luis Urcelay trabajó de asesor de Everis Aeroespacial y Defensa. Finalmente, en la patronal tecnológica DigitalES que preside Eduardo Serra, ejerce como director general Víctor Calvo-Sotelo, quien fue secretario de Estado de Telecomunicaciones.

A la vista del abultado currículo profesional de Eduardo Serra, el paso por la Administración pública le ha resultado muy rentable. Tras su primer paso por la Secretaría de Estado de Defensa entre 1984 y 1987, fue nombrado presidente de Telettra Española (1988-1991, Cubiertas MZOV (1989-995), Peugeot-Talbot España (1992-1996) y Airtel (1994-1996). Entre 1996 y 2000 fue ministro de Defensa y, al dejar el Gobierno, presidió UBS España hasta 2006. Desde 2005, cuando se le puso al frente de la Fundación Everis, ha permanecido en esa tecnológica, pero al mismo tiempo, ha sido consejero de Deutsche Bank (2015-2017), consejero de PharMamar (desde 2021 hasta hoy) y de la gallega Ecoener –junto con la exministra de Exteriores Ana Palacio y la exconselleira de Facenda y ex secretaria de Estado de Presupuestos Marta Fernández Currás–, además de presidir la Fundación Ortega-Marañón, la Fundación Transforma España y la Fundación España Constitucional. Como se ha dicho más arriba, es presidente de la patronal DigitalES, pero también de la Asociación Española del Análisis de Valor (AEV) y lo fue del consejo del periódico digital El Independiente. Además, tiene su propia consultora, Eduardo Serra y Asociados. La lista de cargos es abrumadora, pero no exhaustiva.

El Ministerio de Defensa celebró 2.267 contratos en 2016, el 65,4% de los que convocaron y firmaron los seis departamentos que integran el área político-administrativa del Estado –junto con Asuntos Exteriores, Educación, Interior, Justicia y Presidencia–. También es el que mayor volumen de dinero movió contratando: 650,68 millones de euros, el 58,5% del importe gastado por el área al completo.

Pero también es el ministerio que más contratos oculta al Tribunal de Cuentas. Al menos es lo que ocurrió con los celebrados en 2016 que fueron fiscalizados por el órgano de control. Según el informe resultado de esa supervisión, los seis ministerios citados no remitieron al Tribunal de Cuentas 330 contratos correspondientes a ese año, pese a estar obligados a ello. De ellos, 311 deberían haber sido enviados por el Ministerio de Defensa. El 94,2% de los contratos ocultados al tribunal habían sido celebrados por el departamento que entonces encabezaba Pedro Morenés.

De hecho, incluso fueron más los contratos que quedaron en sus cajones que los que envió al órgano de control: 273. En total, los seis ministerios mandaron 500 contratos al Tribunal de Cuentas. Es decir, más de la mitad procedían de Defensa. Le sigue, a considerable distancia, el Ministerio de Interior, con 119 contratos. El 71% de esos 500 contratos son de servicios y el 42%, negociados sin publicidad.

El Tribunal de Cuentas no los ha verificado todos, sino que seleccionó una muestra de 130, por importe de 370,2 millones de euros: el 26% de los contratos y el 54% del importe de la contratación. Así, de los 273 enviados por Defensa, sólo ha fiscalizado 71, el 26%, aunque representan el 67% del dinero gastado por el ministerio –261,94 millones de euros–. De Interior comprobó 30, de Educación 11, de Justicia ocho, y de Exteriores y Presidencia, cinco.

Negociado sin publicidad

Además, el 95% de los 311 contratos no enviados al órgano de control se convocaron mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Únicamente 15 fueron adjudicados en concursos abiertos. La ley obliga a utilizar el procedimiento negociado sin publicidad sólo de forma excepcional y limitada. Por ejemplo, cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, no se presente ninguna oferta, sólo puedan ser encomendados a un determinado empresario –la compra de una obra de arte– o se dé una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles”. Entonces, el órgano de contratación designa a un mínimo de tres empresas, de las que selecciona a una tras consultar y negociar con ellas las condiciones. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, en noviembre de 2017 –que lo suprimió para obras y servicios complementarios en un intento por aumentar la transparencia– sólo podía utilizarse el procedimiento negociado sin anuncio público para adjudicar servicios y suministros con un importe inferior a 60.000 euros y obras de menos de 200.000 euros.

Entre los contratos que Defensa si remitió al Tribunal de Cuentas, sólo 23 fueron adjudicados en concursos abiertos. Uno fue adjudicado directamente –el servicio de limpieza de los centros sanitarios dependientes del ministerio–, por importe de 1,34 millones de euros; otro fue negociado con publicidad, y el resto, 57, sin publicidad: el 70,3%. Estos porcentajes superan con creces la media de toda el área a la que pertenece el departamento de Defensa. De los 500 contratos enviados al órgano de control, 209 fueron negociados sin publicidad, el 41,8%. En cualquier caso, son el segundo tipo de contrato más habitual en este área del Estado, tras los 240 concursos abiertos. La Administración pública, por tanto, tiene una especial inclinación por este procedimiento pese a que limita la concurrencia y la publicidadpublicidad. De los contratos finalmente fiscalizados –130–, 62 fueron negociados sin publicidad, por 61 abiertos.

Sin justificar el precio ni la necesidad del contrato 

Entre las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha encontrado en su examen, el informe destaca la ausencia en un número muy extenso de concursos del estudio económico que justifique el precio del contrato, pese a que está obligado por ley. Ese estudio debe garantizar que el presupuesto del contrato se ha calculado conforme a los precios habituales en el mercado. Sin embargo, en 79 contratos de los 130 analizados, casi el 61%, no se había hecho ese cálculo. De esos 79, 50 corresponden al Ministerio de Defensa.

Tampoco es muy dado este departamento a explicar de forma “razonada” y convincente la “necesidad” del contrato. La ley exige que el órgano contratante debe “determinar con precisión” tanto “la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato” como “la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”. Por el contrario, en 12 contratos Defensa no explica por qué hace falta gastar dinero público en ellos. Lo mismo ha encontrado el tribunal en un contrato del Ministerio de Presidencia. En otros 10 contratos de Defensa, la justificación que se hace de la necesidad del gasto es para el Tribunal de Cuentas “excesivamente genérica”, una deficiencia que el órgano de control sólo ha encontrado también en un contrato del Ministerio de Educación.

Igualmente fallan los ministerios a la hora de justificar la “imperiosa urgencia” que les obliga a recurrir al procedimiento negociado sin publicidad. El tribunal critica a Defensa, en concreto, por no haber aplicado “una mayor diligencia en la planificación” de las prestaciones objeto de los contratos para evitar el abuso de este tipo de procedimiento, sólo justificado cuando hay una “necesidad inaplazable” o deba acelerarse una adjudicación “por razones de interés público”. Aunque no es el único departamento reprendido por esta práctica. Educación, por ejemplo, utilizó la tramitación de urgencia para licitar los servicios de alojamiento y hostelería de los auxiliares de conversación extranjeros en España. “Una diligente tramitación del procedimiento con la suficiente antelación habría evitado dicha declaración”, advierte.

Además, el Tribunal de Cuentas menciona otros ocho contratos donde no constan las puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas que se presentaron a los respectivos concursos. Por tanto, el tribunal no ha podido verificar que el contrato fuera adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa. De esos ocho contratos, seis son del Ministerio de Defensa.

Bajas desproporcionadas y modificaciones prohibidas

El Tribunal de Cuentas también fiscalizó la ejecución de 33 contratos. Y encontró nuevas irregularidades. Por ejemplo, en el concurso convocado por el Ministerio de Interior para rehabilitar las fachadas del complejo policial de Lonzas, en A Coruña, el informe de la mesa de contratación señalaba que tres de las empresas candidatas incurrían en baja desproporcionada, por lo que fueron excluidas. Sin embargo, el órgano de control asegura que otras dos empresas también presentaron bajas ilegales del precio del contrato. Y una de éstas, Dragados, fue de hecho la que resultó ganadora del concurso. El contrato tenía un importe de 2,55 millones de euros y fue adjudicado por 1,52 millones.

En otro caso, la prestación de los servicios de asistencia técnica al mantenimiento de aeronaves del Ejército del Aire, el ministerio no sólo aprobó una modificación del contrato –de 1,52 millones de euros– pese a que el pliego no permitía hacerla, sino que, además ésta superaba casi el 25% del precio de adjudicación, cuando una alteración de este tipo sólo puede alcanzar el 10% de ese importe, según la ley.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Robles ha garantizado que el Ministerio no volverá a vender armas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas a un tercer país "en condiciones que no se conocen". Y, por tanto, ha sostenido que Morenés es quien debe explicar por qué en el año 2015 accedió al traspaso a Arabia Saudí de esas bombas "para utilizar en la guerra de Yemen".

La ministra ha evitado entrar en detalles al ser preguntada si detrás de ese contrato podían existir intereses personales o de terceros países, pero sí que ha confirmado que son bombas que "no sobraban". "Son bombas del stock del Ejército del Aire y que necesitamos", ha revelado.

"Me gustaría saber por qué ese contrato de firmó", ha insistido asegurando además que esa venta en ningún momento estaba vinculada formalmente con las fragatas que Navantia construirá para Arabia Saudí por 1.800 millones de euros. A su juicio, utilizar ese argumento "políticamente" fue "irresponsable" y quienes recurrieron a él --en alusión al PP "quizá no eran quienes tenían más razones para utilizarlo".

En este punto, ha remitido a las partidas presupuestarias aprobadas por el Consejo de Ministros durante los últimos meses para "desbloquear" dos importantes proyectos para Navantia como el submarino S-80 y las fragatas F-110. "De todo este debate, lo único que está claro es el compromiso de España con los puestos de trabajo pero también el compromiso con la defensa de los derechos humanos en el mundo entero", ha argumentado.

Para Robles, se trata de un asunto que "no es fácil" y ha recordado que algunos países como Alemania han prohibido la venta de armas a Arabia Saudí, además de las votaciones en contra del Parlamento Europeo. Por ello, cree que lo importante es que la comunidad internacional y Naciones Unidas "pongan todos los medios" para que termine cuanto antes la guerra de Yemen.

En este contexto, ha destacado la labor de las Fuerzas Armadas españolas en numerosas misiones internacionales a favor de la paz y la libertad y ha aplaudido la intervención de este miércoles del Rey Felipe VI ante la OTAN, donde fue recibido como "un día histórico para España".

Salón de la enseñanza, próximo a las elecciones

Por ello, ha emplazado a destacar esta función de las Fuerzas Armadas y dejar al margen polémicas como la de la participación del Ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. La ministra ha asegurado que los militares participarán en esa feria como han hecho tradicionalmente y ha tildado el asunto de "tema menor" en comparación con las operaciones internacionales, la seguridad europea o la OTAN.

Robles ha confirmado así que las Fuerzas Armadas ya han formalizado su petición de participar en el salón de la enseñanza de Barcelona, que además ha recordado que se va a celebrar en el mes de marzo, próximo a las elecciones autonómicas y municipales. Y ha revelado que no ha hablado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni tenido "el más mínimo trato" con ella.

La ministra ha dicho que acepta la "crítica", pero ha negado que se la pueda acusar de querer dejar al Ejército fuera de Cataluña. "Yo me siento catalana como el que más y eso no se corresponde con la realidad", ha reivindicado calificando de "injusto" y "absurdo" que se intente trasladar la idea de que se quiere alejar las Fuerzas Armadas de Cataluña.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este lunes que en un escenario de guerra, como el de Yemen, es "difícil" verificar si las armas españolas son usadas en el conflicto. Robles ha asegurado que no se venderá material de las Fuerzas Armadas a otros países, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la polémica generada por la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí.

"No vamos a vender material que sea de las Fuerzas Armadas. No es procedente", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Aunque la titular de Defensa ha admitido que otro asunto distinto son los contratos de la industria armamentística española, pero, en todo caso, ha recalcado que esos acuerdos de Defensa no pueden estar vinculados a la construcción de corbetas en astilleros españoles.

"Habría que explicar si hubo vinculación con las corbetas, algo que no tiene razón de ser porque son cosas distintas. Si hubo subordinación habría que explicarlo", ha subrayado, responsabilizando a los exministros de Defensa Pedro Morenés y Dolores de Cospedal, de la situación.

"Estaría bien que Morenés explicara el contrato y sus cláusulas", ha señalado, recalcando que la entrega de las bombas se hizo en virtud de un contrato firmado en 2015 por Ejecutivo del PP.

A su juicio, la entrega de las 400 bombas y los contratos de Navantia no pueden estar ligados y asegura que es una cuestión de "primero de Derecho". En todo caso, ha explicado que el Gobierno intentará que los acuerdos militares de la industria privada sean con "transparencia".

Reivindica el papel de la ONU

Preguntada por si se puede verificar que las armas españolas no sean empleadas en el conflicto de Yemen, Robles ha reconocido que es "difícil" y "complicado" que en dicho contexto se asegure que dicho material no sea utilizado en la guerra.

Con todo, la ministra ha reivindicado que se cumplan las resoluciones de la ONUONU y se exija el diálogo entre las partes de este conflicto, que enfrenta desde marzo de 2015 al Gobierno de Yemen, que recibe el apoyo de Riad, y el movimiento huthi.

Robles ha hecho hincapié en la crisis humanitaria que se vive en Yemen, por lo que ha calificado de "relevante" el papel de la ONU para buscar una solución a la guerra.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha enviado a todos los embajadores de España en el extranjero el discurso que pronunció el representante en Washington, Pedro Morenés, para rebatir las palabras del presidente catalán, Quim Torra, sobre la situación en Cataluña, "para decirles que en cualquier ocasión en la que se produzca una situación parecida reaccionen exactamente de la misma manera".

Así lo ha avanzado el titular de este Ministerio, Josep Borrell, en la Comisión de Exteriores del Congreso, en la que, ante las críticas de los portavoces del PdeCAT y ERC, ha vuelto a respaldar al embajador Morenés. "Hizo lo que tenía que hacer y dijo lo que tenía que decir porque además estaba especialmente instruido para ello", ha remarcado.

De hecho, ha subrayado que ningún embajador "puede permanecer impasible" cuando se acusa a su país de no ser una democracia y no respetar los derechos humanos, así que hizo lo que habría hecho cualquier otro: responder "educadamente" y con datos contrastados de fuentes independientes que demuestran que la democracia española está por encima de la de otros países que pretenden "dar lecciones" como Bélgica –en alusión al país donde están huidos varios exconsejeros catalanes–.

Así, ha dejado claro que si vuelve a darse una situación en la que se critica de esa forma la democracia española "volverá a pasar" lo mismo que en Washington. "La diplomacia española no está para resolver los problemas internos, pero sí para defender la imagen de España en el mundo", ha resumido Borrell.

Ante las preguntas de los portavoces, el ministro se ha referido a las delegaciones catalanas en el exterior para recordar al Gobierno catalán que tiene obligación legal de comunicar formalmente sus planes de aperturas para que el Ministerio de Hacienda emita un informe. Hasta el momento esa comunicación no ha llegado, pero el ministro ha añadido que aún hay tiempo para ello.

La Subsecretaría de Defensa destituyó en marzo de 2014 al teniente coronel Epifanio Ramírez Requeno a propuesta de su superior, el general de brigada de intendencia de la Armada Pedro Manuel Robles Gener, de su puesto como jefe de subunidad en la Unidad de Contratación del Ministerio de Defensa. El subdirector de Régimen Interno y el jefe de Seguridad del ministerio habían trasladado a Robles Gener un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde se revelaba que, en una comida, el teniente coronel Ramírez Requeno había pedido a unos empresarios un porcentaje por un contrato.

Pese a ello, el 11 de septiembre de ese mismo año, Epifanio Ramírez se incorporó a otro puesto similar, como secretario de la Junta de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército (DIAE). Apenas tres meses después, el fiscal abría diligencias de investigación por otra comida en la que el teniente coronel también había negociado una comisión a cambio de facilitar un contrato a una empresa adjudicataria de Defensa, Seguridad Integral Canaria. Sólo que esta vez le habían grabado. En abril de 2015 fue detenido, junto con otro teniente coronel, Cruz Picazo Ramírez. Ambos acaban de ser condenados por el Tribunal Militar Central a dos años de prisión por recibir de varias empresas regalos, cantidades en metálico e invitaciones a acontecimientos deportivos –además de conseguir contratos para sus hijos–, a cambio de información sobre los contratos del ministerio.

Es decir, pese a las sospechas fundadas en un informe del CNI, Defensa se limitó a trasladar al teniente coronel Epifanio Ramírez de una unidad de contratación a otra, donde continuó con la operativa que ya había practicado en su anterior destino. El ministro de Defensa en aquella época era Pedro Morenés, actual embajador de España en Estados Unidos.

infoLibre ha preguntado al ministerio por el motivo de que no se adoptara ningún otro tipo de medida contra el militar ahora condenado, pero al cierre de esta edición no ha contestado.

Según puede leerse en la sentencia del Tribunal Militar Central, a la que ha tenido acceso este periódico, el general Robles Gener explicó a la Policía Judicial que no esperó a que se “materializara” la orden de cese del teniente coronel y le pidió que “recogiera su despacho y se marchara”.

Cuando Ramírez Requeno declaró ante la Policía Judicial, aseguró que el cese se había debido a “un intento de prevaricación”, en palabras de su superior, quien sólo se lo había aclarado “después de mucho preguntarle”. No obstante, el militar ahora condenado atribuyó su destitución a que se había mostrado “disconforme con cómo se estaban realizando determinadas contrataciones”.

En su nuevo puesto, el teniente coronel Epifanio Ramírez estaba encargado de analizar y comprobar la idoneidad de la documentación sobre los contratos que iba a licitar la Junta de Contratación del Ejército de Tierra y participaba en la elaboración de los pliegos de condiciones. Ésa era la información que luego vendía a las empresas interesadas en participar en los concursos de Defensa. Conocer con antelación esos pliegos de condiciones supone una ventaja competitiva para las empresas. Pero no tenía capacidad de decisión, según declaró su entonces superior, el general de división de intendencia Antonio Budiño Carballo. 

Además, aunque no debía tras su traslado de empleo, el militar continuó teniendo acceso a una aplicación informática llamada POP NET, lo que le permitía seguir al tanto de los contratos que preparaba la Secretaría de Estado de Defensa. Él mismo reconoció ante la Policía que cuando veía alguna oferta, se la comunicaba a las empresas que conocía. Después, ante los jueces, se negó a contestar más preguntas que las de su abogado defensor y a ratificar sus declaraciones previas ante la Policía y ante el juez instructor: “Están mal transcritas”, alegó. Por el contrario, el Tribunal Militar asegura que ni el teniente coronel ni su abogado formularon en su momento “protesta alguna” por este motivo.

Asesor de empresas

En la vista oral del juicio, el militar ahora condenado indicó que se dedica “profesionalmente y de manera retribuida” a asesorar empresas, aunque “nunca sobre contratos del Ministerio de Defensa”. De hecho, algunos de los empresarios investigados por los cohechos pagados a ambos tenientes coroneles coincidieron en declarar que Epifanio Ramírez se presentaba como asesor de empresas en materia de contratación. A uno de ellos, incluso, le aseguró que se encontraba en la reserva, aunque no era cierto.

Los funcionarios públicos están obligados a solicitar la compatibilidad de su trabajo con cualquier actividad, pública o privada, por cuenta ajena o por cuenta propia, que pretendan simultanear. Porque, en principio, tienen prohibido ejercer “actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuvieran destinados”, tal y como establece la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. No así los militares en la reserva activa. De ahí el interés del teniente en coronel en destacar que no asesoraba a empresas interesadas en contratar con Defensa y de asegurar que estaba en la reserva, lo que ocurre cuando cumplen 61 años.

Un “sueldo extra” y sobres con 2.000 euros

En esas mismas declaraciones durante la instrucción de las que luego se desdijo, el teniente coronel Ramírez Requeno calificó de “amigo personal” al otro condenado “desde hace más de 25 años”. Ambos pertenecen a promociones consecutivas del mismo Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, coincidieron en la Academia General Militar y en la Academia de Intendencia, además de en algunos cursos de perfeccionamiento.

Epifanio Ramírez reconoció entonces que Cruz Picazo “actuaba de intermediario” y que iban “al 50% en las retribuciones pagadas por las empresas”. Aunque negó haber facilitado a éstas información privilegiada ni haberles anticipado pliegos u otra documentación no publicada, sí admitió haber recibido “retribuciones” cuya cuantía fijaba él mismo, así como invitaciones a los toros, el fútbol o el tenis y comidas en restaurantes o botellas de vino. También reveló que el dinero recibido no lo declaraba a Hacienda, sino que lo guardaba en una caja fuerte y lo había gastado en un Audi A5 Sportback y en “grandes reformas” en sus propiedades inmobiliarias en Albolote de Zurita (Granada) y en su residencia habitual de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Por el contrario, el teniente coronel Cruz Picazo negó durante la instrucción que existiera una “asociación entre ambos para asesorar a las empresas”. También rechazó que hubiera “asesorado, favorecido, pedido o cobrado nada” a los contratistas. Pero, según el informe redactado por la Policía Judicial sobre una comida en la que fueron grabados los dos militares y dos responsables de la empresa de seguridad Proman, Cruz Picado indicó a los directivos que “lo adecuado” era percibir “un sueldo extra”, ya que los tenientes coroneles “asumían la responsabilidad y evitaban los problemas en los cuarteles y los incumplimientos de contrato”. Al salir de la cafetería adonde se habían dirigido tras comer, el coche del director general de Proman fue detenido por la Policía Municipal y registrados sus cuatro ocupantes. Los agentes encontraron en poder del teniente coronel Epifanio Ramírez dos sobres, con 2.000 euros cada uno en su interior. 

El diario estadounidense The New York Times ha corregido este jueves la firma que figuraba en un artículo de Oriol Junqueras para precisar que es el "destituido vicepresidente" de la Generalitat, después de una carta de protesta del embajador español en Washington, Pedro Morenés.

La versión actual del artículo, según se puede ver en la página web del diario, señala que anteriormente se había incluido información biográfica "desactualizada", porque el autor, Oriol Junqueras, fue destituido "por España el mes pasado de su puesto de vicepresidente de Cataluña".

En su carta al director de opinión del diario, James Bennet, Morenés le pedía una rectificación "y que se asegure de que en el futuro no vuelva a suceder".

Además, el embajador le dejaba clara su "decepción" por el hecho de que, al publicar ese artículo, el diario haya "optado por dar voz a una persona que está desafiando abiertamente las leyes y la Constitución" españolas. "No es mi papel cuestionar sus decisiones editoriales, pero he de manifestar mi desacuerdo tanto personal como profesional", concluye Morenés.

El artículo de Junqueras, titulado "Cataluña no retrocederá", alega que "la proclamación de independencia por parte de la república catalana" fue un hito que demuestra que el Gobierno catalán "con el apoyo del público" tiene como prioridad "la libertad para un pueblo al que se le prohíbe decidir su futuro".

El texto pinta un escenario en el que el Gobierno español "presiona" a las empresas para que se vayan de Cataluña, el Tribunal Constitucional tumba todas sus iniciativas y el Gobierno responde "con violencia" y solo quiere "obediencia servil".

También asegura que Carles Puigdemont sigue siendo presidente de la Generalitat, y Carme Forcadell del Parlament, y que ahora necesitan una "estrategia compartida sobre el camino que queda para establecer gradualmente un nuevo marco de libertades", incluida la toma de decisiones que "no serán fáciles de entender". Junqueras se muestra convencido de que la meta es la "consolidación de la república catalana.

El exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército en 2015 por la publicación de un libro en el que denunciaba corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas, ha sido denunciado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por un presunto delito de injurias y calumnias contra su antecesor en el cargo, Pedro Morenés, y otras autoridades militares.

El que fuera teniente del Ejército de Tierra ha sido citado a comparecer el próximo día 7 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Madrid después de que el fiscal general del Estado haya aceptado tramitar la denuncia trasladada por Cospedal para "poner coto" al "caudal de afirmaciones lesivas al honor" que lleva realizando Segura desde su expulsión de la carrera militar.

En concreto, la denuncia se centra en artículos publicados por el exteniente en el diario digital Público. En uno de ellos, Segura se dirigía a Morenés, actual embajador en Washinghton, como "El Carnicero" por aprobar la venta de bombas "para despedazar niños y niñas".

En otra de sus publicaciones abordaba los accidentes de helicóptero Súper Puma en Canarias en 2014 y 2015, en los que fallecieron siete militares en total, y acusaba de "homicidio" a Morenés, entonces ministro, y la cúpula militar, señalando concretamente al actual Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general Javier Salto, y el general de brigada Julián Roldán.

"Eso es lo que son, mafiosos, sectarios. Desgraciados. Unos desgraciados y mediocres", arremetía Segura acusando al ministro y los militares de "no querer solucionar los problemas, anteponer sus carreras militares al honor y a la verdad, a sus obligaciones como ciudadanos y como militares".

Denostar la institución militar

La ministra de Defensa ha decidido interponer esta denuncia ante la "reiterada" aparición del exteniente en los medios de comunicación "para denostar a la institución militar en general y particularmente al que fue su principal responsable".

La Fiscalía ha dado el visto bueno a su tramitación, lo que no hizo con una denuncia similar en diciembre de 2015 en la que Segura se dirigía a Morenés con adjetivos como "cobarde", "infame" o "miserable". Entonces, estimó que estos calificativos no revestían de la condición de gravedad exigida en el tipo penal y se incluían dentro del ámbito de las libertades de información y de expresión.

Una orden interna de DefensaDefensa fija que "desde las 14:00 horas del Jueves Santo hasta las 00:01 horas del Domingo de Resurrección, la enseña nacional ondeará a media asta en todas las unidades, bases, centros y acuartelamientos".

La información ha sido adelantada por eldiario.es, periódico digital que recuerda que el Real Decreto 684/2010, de la etapa en la que Carme Chacón era ministra de Defensa, sostiene que las banderas solo pueden permanecer en esa posición "por el fallecimiento del titular de la Corona, del presidente de Gobierno y de militares muertos en acto de servicio".

No es la primera vez que esto ocurre con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, una cuestión que llegó al Congreso de los Diputados vía preguntas parlamentarias. "El Ministerio de Defensa respeta el ejercicio de la libertad religiosa y la existencia de determinadas tradiciones que no chocan con leyes u ordenanzas en todas sus dependencias", defendió el Ejecutivo en la etapa de Pedro Morenés en el departamento.

En declaraciones al citado diario, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) asegura que esta actuación es "contraria a la legalidad".

Aunque resulte lo de "se la bufa" tan fino y tan cursi cuando para entenderse el personal del común no se apea del "se la suda o se la pela".

Pero es suficiente como para que sus eminencias se den por escandalizadas, aunque coincida con la pura verdad del "burla, burlando" que nuestro actual presidente ande pasando de la opinión del Congreso y sus mayorías, con la capacidad contrastada de dejar que se ladre, aunque sea de mentirijillas, dejar estancar los asuntos que no le convienen y aguardar a que vuelva a salir el sol para sus intereses y los de sus amos y mentores.

Y, entre tanto y tanto, una pildorita va, una muestra de su estilo y su Gobierno que va asentándose. Que la Lomce es rebatida por la mayoría de los diputados, pues se deja empantanar, se olvidan de ella y que transcurra la legislatura; que la ley mordaza ídem de lo mismo, pues al dicho olvido y sobreseimiento, y no se vuelve a hablar del asunto y todos tan contentos.

Pero ¡ojito!, no se puede decir "se la bufa".

Que el presidente de Murcia no ha sabido cumplir con su palabra, pues se le inviste de nuevo y se le muestra todo el apoyo del partido.

Que un tal Morenés, exministro de Defensa que salió con más pena que gloria, con sus intereses muy particulares en el negocio del tráfico de armas, pues se le nombra embajador ante EE.UU., sin haber tenido que ver nada con el oficio y la carrera diplomática.

¡Si es que no hay nada mejor que un trágala diario!

Y se sigue escenificando el juego de la política que ejerce sus piruetas fuera del cabreo y la desesperación de tanta gente, sin utilizar un lenguaje "tan tabernario" al gusto de sus señorías...

Y ahora toca la entronización de su peronísima, Susana de las Marismassu peronísimaSusana de las Marismas, y habrá de verse el contento del aparato del PSOE oficial e institucional, en comandita con el PP que aplaude hasta con las orejas que sea ella su oposición, ¡qué risa! ¡Y qué bien se van a llevar!... disimulando que se llevan fatal.

Y es que, en realidad, hay pan para tanto chorizo, parafraseando eslóganes muy mal vistos por la clase politica estándar que sabe que "hay que cuidar las formas" porque, al cabo, ellos viven y muy bien de la... política.

Aunque "se la bufe", a los unos y a los otros, después de llevar toda la vida contándonos milongasmilongas. __________________

Antonio García Gómez es socio de infoLibre

Morenés se había quedado sin cartera en el Ejecutivo de Rajoy cuando De Cospedal pasó a ser la titular, tras las elecciones, del Ministerio de Defensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nombramiento del exministro de Defensa Pedro Morenés como embajador en EEUU, donde sustituirá al diplomático Ramón Gil Casares.

Con el nombramiento de Morenés, ascienden a dos el número de embajadores españoles que no pertenecen a la Carrera Diplomática. El otro caso es el del exministro de Educación José Ignacio Wert como representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.

El actual ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, es partidario de reservar los nombramientos de embajadores para los diplomáticos —cuerpo al que él pertenece—, aunque no se cierra en banda a que pueda haber alguna excepción cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Con la elección de Morenés, España busca tener acceso a la Administración Trump a través de los contactos que el exministro tiene en el estamento militar de EEUU. Es precisamente el ámbito de la seguridad y la Defensa el aspecto de la relación bilateral que más interesa a Washington.

Su vinculación con el sector armamentístico estuvo en el punto de mira de la oposición desde su aterrizaje en el Ejecutivo como ministro de Defensa a finales de 2011.

El Consejo de Ministros también ha aprobado los nombramientos de los nuevos embajadores de España en Israel y Mali, que han recaído en diplomáticos. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri, actual director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, irá destinado a Tel Aviv.

Miguel Gómez de Aranda, que ha sido cónsul de España en Melbourne y que actualmente estaba destinado en la Oficina de Información Diplomática, será embajador en Mali.

El Gobierno autorizó en los seis primeros meses de 2016 exportaciones de armas españolas por valor de 3.433 millones de euros, según el informe de exportaciones de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso remitido el viernes por la Secretaría de Estado de Comercio al Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso infoLibre. La cifra supone multiplicar prácticamente por 2,5 la autorizada en el mismo periodo del año anterior, cuando se dio luz verde a ventas por importe de 1.409 millones de euros. 

Esta tendencia no es nueva: en 2015, el Ejecutivo de Rajoy triplicó los permisos a la industria armamentística española para vender material de defensa a terceros países. El volumen total de las exportaciones autorizadas alcanzó el año pasado los 10.676 millones de euros frente a los 3.666 millones de euros autorizados en 2014. A modo de referencia, cabe señalar que entre 2005 –cuando se empezaron a publicar estadísticas– y 2011 nunca se superaron los 3.200 millones en autorizaciones en todo un año, cifra que ahora se ha rebasado en sólo seis meses.

En cuanto a las exportaciones de material antidisturbios y las tecnologías de doble uso civil y militar, cuyas estadísticas también se incluyen en este informe, los aumentos también fueron muy destacados, aunque los volúmenes son inferiores. Las autorizaciones para vender a otros países material antidisturbios pasaron de 274.575 euros entre enero y junio de 2015 a 5,9 millones en los seis primeros meses de 2016, 21,5 veces más. En cuanto a las tecnologías de doble uso, se autorizaron 621 millones frente a los 181 millones de 2015, 3,4 veces más.

Las exportaciones de armas a otros países están sujetas a una autorización previa por parte de la JIMDDU, una junta interministerial adscrita al Ministerio de Economía y en la que también están representados Exteriores, Defensa, Hacienda, Interior, Industria y Presidencia. Esta junta se encarga de analizar las solicitudes y dar el visto bueno a las licencias. Desde que las operaciones se autorizan hasta que la venta se hace efectiva pueden transcurrir varios años, de modo que la cifra de operaciones autorizadas es un indicador que permite anticipar la marcha del sector en los próximos años.

Subida de las exportaciones

En el capítulo de las operaciones de venta que ya habían sido autorizadas en años anteriores y que se efectuaron finalmente entre enero y junio de este año, la cifra también es superior a la del primer semestre de 2015. En concreto, las empresas españolas exportaron 1.837 millones de euros en material de defensa frente a los 1.727 millones de un año atrás, lo que supone un incremento del 6,4%. También hubo subidas en las exportaciones de material antidisturbios –2,9 millones frente a 1,1 millones, 2,5 veces más– y de tecnologías de doble uso –154 millones frente a 81, 1,9 veces más–.

Entre los principales compradores de material de defensa español en los seis primeros meses del año figuran Reino Unidos (517 millones de euros, el 28% del total), Omán (196 millones), Alemania (195 millones), Egipto (138 millones) y Malasia (135 millones). Egipto es uno de los países sobre el  que las ONG han advertido reiteradamente por el riesgo de que las armas españolas acaben empleándose para vulnerar derechos humanos. Otros destinos potencialmente conflictos a los que España volvió a vender material bélico son Arabia Saudí, Bangladesh, Colombia, Irak, Israel, Paraguay y Ucrania.

De enero a junio hubo 18 operaciones que superaron la barrera de los 10 millones de euros, y cinco que rebasaron los 100 millones: un avión de reabastecimiento en vuelo  y componentes para aviones y misiles exportado a Reino Unido (431 millones), un paquete de dos aviones y piezas para reparaciones vendido a Omán (195 millones), un envío de piezas para aviones a Alemania (149 millones), una operación de exportación de cinco aviones a Egipto (136 millones) y la venta de un avión de transporte y sus repuestos a Malasia (135 millones).

Del total de operaciones efectuadas, el 45,8% de las ventas de material de defensa recalaron en países que pertenecen a la OTAN y también a la UE, como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia o República Checa. Además, un 5,5% adicional se exportó a estados que pertenecen a la OTAN pero no a la UE (Turquía o Estados Unidos, entre otros), o que forman parte de la UE pero no de la OTAN (como Suecia). El restante 48,7% acabó en otros países.

Operaciones denegadas

En los seis primeros meses del año, la JIMDDU apenas denegó autorizaciones. Es decir: casi todas las peticiones para exportar armas recibieron luz verde del Gobierno. En el capítulo de material de defensa, la junta autorizó 818 peticiones y denegó una, consistente en exportar chalecos de protección a Libia. En cuanto al material antidisturbios y las armas de caza, se autorizaron 216 ventas y se rechazaron dos de gas lacrimógeno a Egipto y tres de cartuchos de caza a Guinea Bissau. Finalmente, la junta permitió 280 ventas de material de doble uso y se opuso a cinco: una máquina fresadora a India, un sistema de medición de coordenadas a Pakistán y tres ventas a Rusia.

Acoso, malversación, malas prácticas, abuso de autoridad... Luis Gonzalo Segura (Madrid, 1977) se muestra firme a la hora de denunciar los hábitos que empañan, en su opinión, a la cúpula militar en España. Tanto, que las consecuencias no han dejado de recaer sobre sus espaldas desde que en 2014 escribió su primera novela, Un paso al frente (Tropo Editores), donde Segura denuncia la corrupción existente en el seno de las Fuerzas Armadas. Su cese como teniente del Ejército de Tierra y los numerosos juicios en los que se ha enfrentado a hasta seis años de cárcel, lejos de frenarlo, han impulsado su afán por convertirse en el altavoz de las presuntas irregularidades del mundo militar. En 2015, Segura publicó su segundo libro, Código Rojo (Destino), donde de nuevo a través de un conjunto de hechos ficcionados, el autor relata las consecuencias de denunciar a un sector tan poderoso.

Este martes, Segura conocerá la sentencia del Tribunal Supremo que decidirá si estimar el recurso por el que solicita su readmisión en el Ejército. Durante el pasado mes de octubre, el exteniente –que forma parte de la Plataforma X la Honestidad– escribió una carta abierta al abogado del Estado que banalizó su aspiración por ser readmitido. "Si tamaña es su insatisfacción personal y tal su grado de animadversión para con la Institución Militar y para con los militares (esos mafiosos y matones de discoteca que eran o compañeros suyos o sus superiores) no alcanzamos a comprender por qué no aplaude enfervorizado una resolución que le libera de tan desagradable compromiso", afirmó el abogado del Estado.

PREGUNTA: Este martes se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué expectativas tiene?RESPUESTA

: Resulta complejo, no sabría qué decir. A veces pienso que me van a readmitir, el ser humano es así, la esperanza es lo último que se pierde. Pero luego lo piensas en frío y te das cuenta de que va a ser muy difícil. El Tribunal Supremo siempre ha protegido y ha permitido que haya malversadores en las Fuerzas Armadas, o acosadores y agresores sexuales, o incluso personas que han torturado. Todos ellos continúan en su puesto de trabajo porque el Tribunal Supremo siempre les ha protegido. Al final, cuando piensas en lo que he hecho yo, que ha sido escribir dos libros y explicar el modelo de Ejército que quiero, ahí uno se da cuenta de que no voy a tener muchas posibilidades.

P. Plataforma X la Honestidad ha denunciado que la elección de la fecha del 22 de noviembre impide maniobrar para solicitar a las Comisiones de Justicia y Defensa del Congreso que se trate el asunto con urgencia.R.Plataforma X la Honestidad

La fecha se ha fijado para que esto tenga el menor recorrido posible, e intentarán cerrarlo con la expulsión o con la readmisión, pero lo intentarán cerrar lo antes posible. Y el segundo motivo, que evidencia la poca independencia judicial, es que yo siempre dije que hasta que no hubiera Gobierno y un nuevo ministro, en este caso ministra, no se resolvería mi caso. A poco que uno cuadre las fechas se dará cuenta de que acabamos de tener ministra y se ha fijado la fecha. 

P. ¿Qué opina sobre la designación de María Dolores de Cospedal como nueva ministra de Defensa?R.

 Yo creo que, y lo puedo decir claramente, es un escupitajo en la cara de todos los españoles. Es una persona con unos antecedentes muy marcados en una serie de escándalos de corrupción, una persona que como secretaria general del Partido Popular tiene una sede embargada y un partido imputado. ¿No había otra persona dentro del PP que pudiese ser ministro o ministra? Seguro que sí, tiene que haber gente en el PP, imagino, que no esté manchada por corrupción y que esté preparada para ese cargo. Pero desde luego María Dolores de Cospedal no era esa persona, y de hecho el primer nombramiento que ha hecho, que es el del antiguo alcalde de Toledo, Agustín Conde, como secretario de Estado de Defensa, es un nuevo insulto y un nuevo indicio que nos revela hasta qué punto vivimos en una sociedad anclada en el franquismo y con un Ejército franquista, porque este señor, cuando estuvo en la Comisión de Defensa, lo que pretendió fue hacer una charla en el antiguo Alcázar de Toledo un 18 de julioun 18 de julio.

P. De no ser readmitido, ¿qué estrategia seguirá?R.

Tengo que ir al Tribunal Constitucional, aunque eso es un mero trámite, porque no tengo ninguna posibilidad, y después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es evidente que tengo que luchar hasta llegar al final y agotar todas las vías porque quiero seguir siendo militar, y además soy una persona progresista y tengo un modelo de Ejército muy diferente al que existe en la actualidad. El problema es que si las personas progresistas que tenemos otro modelo de Ejército u otra idea de cómo debería funcionar, nos vamos y abandonamos estos espacios, al final lo que estamos haciendo es ponérselo muy fácil al sistema.

P. ¿Cuál es el tipo de modelo que defiende?R.

Tenemos un Ejército de agresores sexuales, de un capitán que agrede a 28 reclutas, ¿cómo puede seguir siendo militar? Al final éstas son las cosas que no quieres que ocurran. Hace poco ha habido un caso en el Ejército del Aire exactamente igual que el de las tarjetas black, con muchos imputados, con diez millones de euros malversados, y han llegado a un acuerdo y estos señores van a seguir siendo militares y ni siquiera van a ir a la cárcel, porque o bien van a pagar una multa o bien los casos han prescrito. Estas situaciones son absolutamente vergonzosas, entonces yo quiero un Ejército sin todos estos personajes. Además tenemos que eliminar la justicia militar, creo que sencillamente se necesita una justicia ordinaria, lo cual no quiere decir que no tengamos justicia, pero sí independiente. Por otro lado necesitamos reformar nuestras Fuerzas Armadas en profundidad, tanto a nivel ideológico como profesional, porque siguen ancladas en el franquismo, en unas formas pseudofranquistas menos agresivas, más suaves, pero que siguen las mismas premisas.

P. Para llegar a este modelo del que habla, hace un año mencionaba lo fundamental de concienciar a la ciudadanía. Transparencia Internacional ha señalado que su denuncia ha contribuido a aumentar la preocupación de los españoles sobre la gestión militar. ¿Cuál ha de ser el siguiente paso para caminar hacia ese cambio de modelo?R.

Ese es el primer paso, que la gente sepa lo que está pasando. Efectivamente el reconocimiento de Transparencia Internacional para mí ha sido muy importante, y a partir de ahora lo que tenemos que hacer entre todos es llegar a presionar al poder político para conseguir un cambio. Lo que pasa es que, aunque se ha mejorado mucho el nivel de conciencia, sobre todo en los sectores más progresistas, todavía hay ámbitos de la sociedad que no tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Quien vea los telediarios de Antena 3 o Telecinco no tendrá ni la más remota idea de que esto está pasando. No se trata sólo de tener conocimiento, sino también de ser consciente de su importancia. Por poner algún ejemplo: tenemos un submarino que no flota, un avión que no vuela, un carro de combate que no dispara, carros despiezados porque no hay dinero para el combustible... Nos hemos gastado 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos. Esto tendría que ser la entrada de todos los telediarios, tema de conversación en todas las tertulias, portada de todos los diarios... Y la realidad es que es un tema que pasa absolutamente desapercibido. Al final 40.000 millones de euros es la mitad de un rescate bancario, es cuatro veces los recortes que nos piden desde Europa que hagamos, no estamos hablando de una cifra que no sea importante para la sociedad.

P. ¿Sigue recibiendo presiones?R.

Soy una persona que no va a poder encontrar un trabajo normal en prácticamente ningún sitio. Cualquier persona de recursos humanos de una empresa que me vaya a hacer una entrevista laboral va a tener claro que es mejor contratar a una persona que no le vaya a generar problemas antes que a una persona que ya está marcada. Además de eso, muchas veces hay llamadas para que no salga en los medios de comunicación, para que no se cuente mi historia. Eso evidentemente sucede. También recibo muchos insultos por parte de mis compañeros: "Tú lo que necesitas es que te peguen dos tiros" o "eres un traidor", es el día a día. Encontrarme con una persona y que te escupa, literalmente, o te zarandee, son situaciones complejas que yo sigo viviendo. Curiosamente eso es compatible con intermediarios que vienen a hablar conmigo y me dicen que si me callo, que si dejo mi blog o dejo de escribir para denunciar y que la gente de entere, me readmitirán. Es muy duro. Como denunciante te sientes muy solo y sin embargo el sistema te está ofreciendo recuperar tu trabajo y volver a cobrar si no dices nada. Estas son las formas de presión que tiene el sistema.

P. Desde Plataforma X la Honestidad se trabaja por una mayor protección de los denunciantes de corrupción, ¿cuáles son sus demandas y qué labor ha venido realizando?R.

Ana Garrido –denunciante de la trama Gürtel– y yo lo hemos pasado muy mal, y además compartimos vidas muy paralelas, no sólo nosotros sino también con otros denunciantes. Al final todos pasamos por lo mismo y te das cuenta de que es necesario que esto no lo vuelvan a vivir otras personas. Y esa es la idea, que otras personas no tengan que pasar por este calvario ni tengan que perder su vida en muchos sentidos por realizar lo que tendría que ser una obligación para todos. Lo que sucede es que nos estamos encontrando con muchos problemas, sobre todo por parte del PSOE y Ciudadanos, que dicen que te apoyan, que quieren cambiar las cosas, pero luego a la hora de la verdad muchas veces no están, y eso es muy triste. Es una labor muy compleja y aspiramos a que poco a poco la ciudadanía se dé cuenta de su importancia.

P. ¿La principal pretensión de la plataforma es crear una ley que ampare al denunciante de corrupción?R.

Se va a crear una subcomisión para estudiar el caso de los denunciantes, e implementar una ley de protección al denunciante, que sería un paso adelante muy positivo para nuestro país. Quizá la estoy sobredimensionando, pero creo que podría haber un antes y un después. Al final nosotros vivimos en un círculo vicioso, y creo que necesitamos un elemento que nos ayude a cambiar la tendencia. Es fundamental el hecho de que en este país comencemos a proteger a los denunciantes, y estos sientan que no van a perder su trabajo. Es verdad que van a perder muchas cosas, porque denunciar al final significa muchas veces el repudio de compañeros, de los corruptos, de los que callan ante la corrupción y tu conducta les deja en mal lugar... al final no es fácil, pero por lo menos sabes que no vas a perder el salario y que no te van a calumniar, como es mi caso. Hay un medio que hizo una publicación sobre mí, terrible, diciendo que era autoritario, que era machista, que había estado investigado por acoso sexual, y eso es completamente falso. Ahora que llevo dos años en el juzgado, por fin he conseguido que les investiguen y que declaren la apertura de juicio oral. Es otro elemento que tenemos en común los denunciantes, que nos difaman o que nos calumnian. Por ello, que estemos protegidos y tengamos salario asegurado, que no te veas endeudado como yo, que entre todo lo que he gastado en abogados debo más de 30.000 euros, que no te veas en esas situaciones puede ayudar a cambiar un poco este país, porque tenemos que cambiarlo de alguna forma.

La nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ha asumido este viernes la cartera con el compromiso de "trabajar por el bien general de los españoles y en beneficio y por la grandeza de España", con "la ayuda de Dios", ya que considera que la política de Defensa "representa como pocas el sentido de país".

"Hoy asumo esta responsabilidad con humildad y orgullo. Nuestras Fuerzas Armadas son digna bandera de lo mejor de España y de todos y cada uno de los españoles. Y a ese honor y ese estandarte, con la ayuda de Dios, me debo a partir de hoy", ha resaltado Cospedal al recibir la cartera de Defensa de manos de su antecesor en el cargo, Pedro Morenés.

La toma de posesión de Cospedal ha sido una de las más multitudinarias de las del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Han asistido, entre otros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y ocho ministros: Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal Montoro (Hacienda), Dolors Montserrat (Sanidad), Juan Ignacio Zoido (Interior), Íñigo de la Serna (Fomento), Isabel García Tejerina (Agricultura), Fátima Báñez (Empleo) y Álvaro Nadal (Energía).

Los actos han comenzado en el patio del Ministerio de Defensa, donde la nueva ministra ha pasado revista por primera vez a una compañía de honores, formada por secciones de los Ejércitos de Tierra, Aire y Armada y de la Guardia Civil. Tras los tradicionales honores a la bandera, Cospedal y Morenés han procedido al traspaso de carteras.

La nueva ministra de Defensa y actual secretaria general del PP aseguró después en un corrillo con periodistas que seguirá como número dos del partido tras el próximo congreso, que previsiblemente tendrá lugar el próximo año.

Al ser preguntada por si seguiría en Génova antes y después del Congreso, Cospedal respondió afirmativamente asegurando: antes y después. Y ha comentado en tono irónico a los periodistas: "No os vais a librar de mi".

En la noche del jueves, Cospedal defendió que es plenamente compatible desempeñar ese puesto en el Gobierno y ser secretaria general del partido, algo que, según dijo, ha pasado "en otras ocasiones" en el PP y "en otros partidos", como ocurrió por ejemplo con el socialista José Blanco, que fue ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE.

"No tiene ningún tipo de incompatibilidad y así lo hemos apreciado y lo va a seguir siendo", afirmó Cospedal en una entrevista en 13TV, recogida por Europa Press. En su día Francisco Álvarez Cascos fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y secretario general del PP, y lo mismo ocurrió con Javier Arenas, que compaginó durante un año el Ministerio de Administraciones Públicas con ese cargo en el partido. 

El próximo Congreso Nacional del PP se tenía que haber celebrado en la primavera de 2015 (los estatutos del PP fijan los cónclaves cada tres años) pero los procesos electorales –comicios autonómicos y municipales y después generales–lo han ido retrasando. Aunque no hay fecha convocada, se prevé que tendrá lugar en la primavera de 2017. 

Cospedal es secretaria general del PP desde junio de 2008, cuando Rajoy la designó como su número dos en el Congreso de Valencia celebrado en junio de ese año. En ese cónclave, Rajoy revalidó su liderazgo y salió finalmente airoso a pesar de que la derrota del PP en las generales de ese año frente a José Luis Rodríguez Zapatero le generó una fuerte contestación interna e incluso Esperanza Aguirre amagó con disputarle la presidencia del partido. A partir de ese momento compaginó la secretaría general del PP con la presidencia del PP manchego, un puesto que ocupaba desde 2006 después de que Rajoy la enviara a liderar el partido para desbancar a los socialistas, que gobernaban esa comunidad desde 1983 –primero José Bono y luego José María Barreda–.

En febrero de 2012, Rajoy la confirmó en su puesto de secretaria general del PP en el XVII Congreso Nacional que el partido celebró en Sevilla, un cónclave sosegado tras la holgada mayoría absoluta que el Partido Popular había logrado cuatro meses antes en las elecciones generales y que habían convertido a Mariano Rajoy en el sexto presidente del Gobierno de la democracia.

La primera etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno comprende desde el 21 de diciembre de 2011 hasta este viernes, cuando jure o prometa el cargo todo su nuevo equipo. En ese tiempo, los miembros de su Gobierno se han abstenido un total de 52 ocasiones en decisiones de los Consejos de Ministros para evitar conflictos de intereses. La cifra ha sido facilitada a infoLibre por el Ministerio de la Presidencia después de registrar una petición a través del Portal de de la Transparencia de la Administración General del Estado. Esta herramienta cumplirá dos años el próximo diciembre.

La solicitud tiene fecha de entrada del 7 de septiembre y la respuesta contiene todas las abstenciones de miembros del gabinete de Rajoy hasta el Consejo de Ministros del pasado 7 de octubre. Por años, ha sido 2016 en el que más inhibiciones se han registrado (15), seguido de 2015 (12), 2013 (10), 2014 (8) y 2012 (7). Se da la circunstancia de que el líder del Partido Popular y sus ministros llevan en funciones desde la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. 

Por miembros del Ejecutivo, el ranking lo lidera la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saenz de Santamaría, con 23 abstenciones en los Consejos de Ministros. Le siguen los titulares de Economía, Luis de Guindos (10);  Defensa, Pedro Morenés (ocho); Empleo, Fátima Báñez (dos); Exteriores, José Manuel García Margallo (dos) y los exministros José Manuel Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete (Agricultura), también con dos abstenciones cada uno de ellos.

Cierran el listado, con solo una inhibición, Jorge Fernández (Interior), Íñigo Méndez de Vigo (Educación) y la ahora presidenta del Congreso de los Diputados y extitular de Fomento Ana Pastor.

A este listado de 52 habría que sumar las cuatro ocasiones en las que Luis de Guindos ha evitado decidir en cuestiones del Ministerio de Industria. Tras la marcha de José Manuel Soria por verse salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá el titular de Economía asumió el despacho ordinario de este departamento.

Santamaría y Telefónica

Soraya Sáenz de Santamaría ha sido durante la primera legislatura de Rajoy la número dos de un Gobierno con más poder en la historia de la democracia. También ha sido la integrante del gabinete de Rajoy que más se ha apartado a la hora de tomar decisiones en el Consejo de Ministros: 23. El grueso de sus abstenciones tienen que ver con el trabajo de su marido, Iván Rosa. Abogado del Estado como Santamaría, Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012.

Ese mismo mes, la dirigente conservadora se abstuvo en el Consejo de Ministros del día 30 en las deliberaciones del real decreto-ley por el que se trasponían directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas.

Pese al elevado número de abstenciones de Santamaría, si se compara con el resto de compañeros del Consejo de Ministros, el trabajo de su marido para Telefónica no la obligaba por ley a inhibirse en estos asuntos. Así lo desveló el diario El País el 15 de julio de 2015 en una información en la que se señalaba que la Abogacía del Estado había rechazado en un informe ad hoc que tuviese que apartarse de esas cuestiones.

Según el citado informe, "no todo asesoramiento" del cónyuge exige la abstención del alto cargo, "sino solamente el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad".

Dado que el trabajo de Rosa, señalaba la Abogacía del Estado, era de "tercer nivel" dentro del organigrama de la empresa no era necesaria la abstención. Pero el informe iba todavía más allá y sostenía que los ministros están exentos de conflictos de intereses porque al final es el Parlamento el que aprueba las leyes. Esta observación, no obstante, es contradictoria con la realidad porque el grueso del Consejo de Ministros de Rajoy se abstuvo en alguna decisión.

Algunos de estos ministros señalan en conversación con infoLibre que conocen perfectamente la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, pero que, "ante la más mínima duda" siempre han optado por no participar en esas reuniones.

En el caso de Santamaría, el año en el que más abstenciones registró ha sido 2016, con diez.

Además de solicitar el listado de las inhibiciones por ministerio, este diario reclamó "la fecha, la materia exacta y el motivo esgrimido" por los afectados. Desde el Ministerio de la Presidencia aclaran que "los miembros del Gobierno vienen obligados" a comunicar al Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia las causas de las inhibiciones a partir del 20 de junio de 2015, cuando se aprobaron los modelos de declaraciones y comunicaciones a las que se refiere la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Con anterioridad a esa fecha, la comunicación de la abstención o inhibición debía realizarse directamente a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Son once las abstenciones a las que hizo frente Santamaría desde que entró en vigor el citado cambio. En todas ellas se precisa que vienen motivadas por el artículo 11.2b) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. El artículo recoge varias definiciones del conflicto de intereses. Concretamente, el 11.2b) sostiene que se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar "pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos". 

En el caso de Santamaría, se consideran "intereses personales" los familiares, "incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".

Las inhibiciones de Guindos

Para sus rivales en el Consejo de Ministros, el titular de Economía es la cuota lobby del Gobierno de Rajoy. El Ministerio de la Presidencia contabiliza 10 abstenciones. No obstante, este diario ya informó de cuatro abstenciones más a sumar desde que asumió el despacho ordinario de las tareas de Industria tras la marcha de Soria.

Respecto a las empresas que provocaron la inhibición de Luis De Guindos, es Endesa la que está detrás de la mayor parte de las ocasiones en las que se ha tenido que abstener para no entrar en conflicto de intereses, como ya adelantó infoLibre. De las 14 inhibiciones, en doce de ellas estaba como trasfondo su antigua relación con la eléctrica, donde fue vocal del consejo de administración y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

En las dos inhibiciones restantes el motivo tuvo que ver con su pasado en la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Las fuentes oficiales consultadas no atribuyeron ninguna de estas abstenciones a Lehman Brothers. El ministro fue, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, presidente ejecutivo para España y Portugal del gigante bancario que arrastró a la economía mundial con su quiebra.

En todas las abstenciones en las que De Guindos comunica el motivo de las mismas a Presidencia esgrime el artículo 11.2e) de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Es el que considera "intereses personales" los de personas jurídicas o entidades privadas "a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento".

Morenés y la industria armamentística

El siguiente en el listado tras Santamaría es Pedro Morenés. El ministro de Defensa es, junto a De Guindos, el único miembro del primer gabinete de Mariano Rajoy que no tenía carnet del Partido Popular.

Hace poco más de un año, el pasado 1 de octubre, el BOE publicaba un real decreto mediante el que Morenés era apartado de la propuesta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se autorizaba la celebración del contrato de orden de ejecución: "Fase de definición de la Fragata F-110". En sustitución de él, actuó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La decisión se tomaba, según el BOE, "por concurrir causa de abstención" de las previstas en la ley, sin precisar nada más. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron en su día a infoLibre que fue el ministro el que solicitó abstenerse "ante la prevención" de que una de las empresas con las que tuvo vínculos en el pasado pudiese concurrir. 

Se trataba de la firma MBDA, que diseña, fabrica y vende misiles. Cuando Rajoy anunció que Morenés iba a ser su ministro de Defensa, era director ejecutivo en España de esta empresa. Morenés se tuvo que abstener en otras siete ocasiones, el grueso de ellas relacionadas con la seguridad privada y la industria naval y armamentística. 

No sólo en MBDA hay rastro de Morenés. Antes de llegar al cargo también fue consejero de Instalaza SA, una empresa con sede en Zaragoza fabricante de bombas de racimo, y directivo en el Grupo Segur, especializado en seguridad.

Así se entiende que siendo titular de Defensa se abstuviera en el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada o en el anteproyecto y proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.

Pero también se abstuvo en el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de agosto de 2015 por el que se apoyaba "la candidatura de España para la celebración de la 'Ryder Cup' de Golf del año 2022". En este caso, Morenés recurre al artículo 11.2f) de la ley del alto cargo, por el que se consideran "intereses personales" los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares del político en cuestión "estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración".

Fátima Báñez y el sector alimentario

Son dos las ocasiones en las que la titular de Empleo se ha abstenido en decisiones del Consejo de Ministros desde que Rajoy apostó por ella para ese departamento. Ocurrió el 10 de enero de 2014, en la deliberación del real decreto por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón y la paleta y la caña de lomo ibérico. Y volvió a hacerlo en el Consejo de Ministros del 10 de junio de 2016. 

En la segunda de las ocasiones también tuvo que ver con el sector alimentario. De hecho, se trató de la modificación del real decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprobaba la norma de calidad para la carne, el jamón y la paleta y la caña de lomo.

Báñez precisó que esta abstención vino motivada por el artículo 11.2b) de la ley, el que alude a "los intereses familiares". Su familia es propietaria de la empresa Iberdehesa Huelva SL, firma productora de ibéricos. En su declaración de bienes y rentas depositada en el Congreso de los Diputados, Báñez asegura poseer 78.523 acciones de Grupo Báñez SL. Grupo Báñez SL es socio único de Iberdehesa Huelva SL.

Margallo y los servicios de prevención

Aludiendo al mismo artículo de la ley que Báñez, el titular de Exteriores se abstuvo en dos ocasiones en un mismo Consejo de Ministros,el del 9 de octubre de 2015. Ambas tienen que ver con los servicios de prevención.

La primera de las ocasiones en que se abstuvo José Manuel García-Margallo fue en el real decreto por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. La segunda, en el real decreto por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.

La segunda mujer de Margallo, María Isabel Barreiro, es directora de asuntos sanitarios en la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline. Con anterioridad Barreiro trabajó en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la etapa de Juan José Güemes como consejero.

Las dos inhibiciones de Soria 

Soria dejó el Ministerio de Industria el pasado abril tras el escándalo de los papeles de Panamá. Según Presidencia se abstuvo en dos ocasiones. En el Consejo de Ministros del 10 de enero de 2014, en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Un mes antes de dejar el Ejecutivo presionado por el PP y por el Gobierno, se abstuvo el 7 de marzo en el real decreto que modificaba el reglamento de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. La mujer de Soria, Carmen Benítez, es procuradora.

Cañete y las centrales nucleares

Cañete abandonó el Consejo de Ministros para encabezar la lista del PP al Parlamento Europeo. Antes de marcharse evitó pronunciarse sobre dos asuntos: en el informe sobre la situación jurídica y actuaciones futuras concernientes a la central nuclear de Garoña, y en el proyecto de real decreto por el que se declaraba una Zona Especial de Conservación de la Red Natura.

Por su parte, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor coincidieron en la única vez que ambos se abstuvieron: en un real decreto del Consejo de Ministros por el que se concedían grandes cruces de Orden del Mérito Civil. Ambos esgrimían como motivo "los intereses propios".

El titular de Educación desde que Ignacio Wert renunció, Íñigo Méndez de Vigo, sólo se ha abstenido en una ocasión. Fue en el Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015, en el acuerdo por el que se autorizaba la contribución voluntaria de España por importe de 40.000 euros al Colegio de Europa, institución a la que estuvo ligado.

Ministros sin inhibiciones

En el listado facilitado por el Ministerio de la Presidencia no figuran 4 ministros que han pasado por el gabinete de Rajoy. Es el caso de los exministros Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), José Ignacio Wert (Educación), Alfonso Alonso (Sanidad) y Ana Mato (Sanidad).

De los titulares de carteras en activo en el momento en el que se facilitaron los datos no se habían abstenido en ningún Consejo de Ministros los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro; Justicia, Rafael Catalá, y Agricultura, Isabel García Tejerina.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, registró una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso pidiéndole explicaciones por la venta de armas a Arabia Saudíventa de armas que, según recalca, "han sido utilizadas en el conflicto militar del Yemenconflicto militar del Yemen".

En su iniciativa, Rufián expuso que Arabia Saudí lidera una coalición internacional para combatir a los huzíes, un agente armado no estatal que tomó el control de gran parte del territorio y derrocó al presidente, en un conflicto que arrancó en marzo de 2015 y que está afectando principalmente a la población civil.

Según el diputado, la venta de armas a Arabia Saudí contravendría una resolución de la ONU de abril de 2015 que a raíz del conflicto decretó un embargo por parte de todos los estados miembros con el fin de evitar que, directa o indirectamente, pudiera llegar armamento a las partes enfrentadas.

Es más, recordó que el propio Congreso de los Diputados aprobó en abril pasado una proposición no de ley para revocar las transferencias de armas mientras hubiera riesgo de que fueran utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones de los derechos humanos, "situación que en el conflicto de Yemen han denunciado informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch".

Según añadió, citando datos oficiales, desde 2011 y hasta el primer semestre de 2015 el gobierno de España ha vendido armas a Arabia Saudí por valor de 1.100 millones de euros y, cuando Arabia Saudí ya había comenzado la intervención militar en Yemen, el gobierno español autorizó la venta de material de defensa, valorado en 27 millones de euros.

"En el global de los primeros seis meses de 2015, la exportación de armas fue por valor de más de 447 millones de euros, incluyendo dos aviones de reabastecimiento de combustible en vuelo", detalló Rufián en su escrito.

Dos armas fabricadas por la exempresa de Morenés

También denuncia que la consultora ARES (Armament Research Services) identificó sobre el terreno dos armas de fabricación española en este conflicto: el arma de infantería C-90 y las granadas de mano con espoleta de doble retardo electrónica, Alhambra. "Se da la circunstancia de que ambas se fabrican en la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza, de la que el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, fue consejero entre 2005 y 2009", agrega.

Por todo ello, Rufián quiere saber si el Gobierno considera que se está cumpliendo la ley sobre comercio exterior de material de defensa y si es consciente de que armas de fabricación española pueden estar llegando a manos de contendientes sobre quienes pesa una orden de embargo.

ERC también quiere que el Ejecutivo le explique cómo puede asegurar que las armas vendidas a Arabia Saudí no serán utilizadas contra la población civil o llegarán a manos de las fuerzas huzíes, y si se plantea detener la exportación de armas y material de doble uso a Arabia Saudí.

La coalición internacional contra el Estado Islámico, que se reunió este miércoles y jueves en Washington, quiere que España se implique más en la lucha contra los terroristas en Irak. Según detalló el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, la coalición que integran 26 estados ha pedido a nuestro país "un salto cualitativo" para que, además de "formar a las brigadas" iraquíes, las apoye "en las acciones que llevan a cabo". A España también se le ha pedido mayor asistencia en tareas de formación y "sanidad militar".

En la actualidad hay unos 300 militares españoles en Irak destinados al entrenamiento de los soldados iraquíes. Esos efectivos se desplegaron en enero de 2015 y desde entonces han instruido a unos 5.000 soldados iraquíes. Morenés admitió que aceptar la petición de la coalición internacional implicaría un cambio en "la naturaleza" de la misión, pero advirtió de que "España no puede regatear esfuerzos en algo que afecta directísimamente a su seguridad", por lo que reclamó "consenso" entre las fuerzas políticas para aprobar ese envío habida cuenta de "la amenaza a la que nos estamos enfrentando".

Aunque el Ministerio de Defensa asegura que por ahora no hay "ninguna información oficial al respecto de la posibilidad de que España aporte nuevos efectivos a Irak", según el plan que contempla el Estado Mayor de la Defensa la nueva aportación consistiría en sumar a seis miembros de la Brigada de Sanidad para formar a médicos militares y a unos 25 guardias civiles para entrenar a las fuerzas de seguridad del país árabe. Como también haría falta más personal para tareas de seguridad y apoyo, de manera que el número total de efectivos enviados estaría en torno al centenar.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores resaltó este viernes que, durante la reunión de la coalición internacional, el ministro Morenés "aseguró el mantenimiento del firme compromiso de las fuerzas armadas españoles contra Daesh [el nombre que las autoridades de occidente utilizan para citar al Estado Islámico]" y que, en esa misma línea, prometió que esas capacidades "se potenciarán tan pronto como esté constituido el nuevo Gobierno español". Apenas 48 horas antes, el titular de Defensa en funciones había demandado que se forme "un Gobierno sólido" cuanto antes.

Aprobación del Congreso

Claro que, para que puedan enviarse nuevas tropas al exterior, el Gobierno deberá contar con la autorización del Congreso de los Diputados, como admitió el propio Morenés. "Toda operación militar en el exterior" tiene que contar con ese visto bueno, reconoció el miércoles. Es lo mismo que señalan fuentes de Defensa, que establecen algunas excepciones: por ejemplo, para enviar personal de apoyo a una misión ya autorizada previamente por la Cámara baja no es siempre necesario aprobar una nueva autorización. Lo mismo sucede cuando se envían técnicos a efectuar reparaciones, agregan.

En concreto, la Ley de Defensa Nacional aprobada durante el primer mandato del presidente Zapatero, establece que al Congreso le corresponde "autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional", salvo que estén "drectamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". El Ejecutivo sólo puede saltarse este trámite si concurren "razones de máxima urgencia", y en todo caso debe someter a la "ratificación" de los diputados la decisión que haya adoptado "lo antes posible".

Así se procedió, por ejemplo, para autorizar el envío de los 300 militares españoles actualmente desplegados en Irak: el 10 de octubre de 2014, el Consejo de Ministros acordó solicitar esa autorización al Congreso de los Diputados, y la Cámara baja, apenas 12 día después, dio el visto bueno a esa operación con una amplísima mayoría: votaron a favor 314 diputados –PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD–, 11 se pronunciaron en contra –Izquierda Plural, BNG y Compromís– y hubo además cuatro abstenciones –ERC, Coalición Canaria y Geroa Bai–. Amaiur, la izquierda abertzale, se ausentó de la votación.

La oposición calla

En cualquier caso, para aquel envío habría bastado con el apoyo del PP, ya que los conservadores disfrutaban entonces de una amplia mayoría absoluta en el hemiciclo. No ocurre lo mismo tras las elecciones del pasado 26J, de modo que el voto de los grupos que previsiblemente estarán en la oposición –fundamentalmente PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos– resulta clave para saber si el partido de Mariano Rajoy podrá sacar adelante sus planes de enviar más militares españoles a Irak. Y, sin embargo, ninguno de estos tres grupos sabe precisar qué votará.

A preguntas de infoLibre, fuentes del grupo parlamentario socialista se limitaron a indicar que "cuando llegue la petición oficial se estudiará". "De momento es todo lo que podemos decir", agregó el PSOE.

Por parte de Unidos Podemos tampoco hubo una respuesta concreta a la pregunta de qué votarán sus 71 diputados. "Es una evidencia que la vía militar no está funcionando para combatir al terrorismo y exigiremos información exhaustiva antes de enviar un solo soldado español a ese avispero. Creemos que el Estado Islámico es hijo de las guerras ilegales a las que nos llevaron Aznar, Bush y Blair, y que su derrota requiere de otras acciones que seguir insistiendo en la misma lógica equivocada. Acabar con la guerra en Siria, por ejemplo, sería la mejor manera de aislar y asfixiar al EI", señalaron fuentes del grupo.

"Antes de enviar soldados, por tanto, el Gobierno debería considerar medidas para abordar la lucha internacional contra el tráfico ilegal de armas, capitales, recursos naturales y personas, pues de ellos obtienen principalmente sus recursos los terroristas. Tenemos que redoblar el empeño en desarrollar estrategias de desradicalización y prevención en las sociedades europeas para neutralizar el fanatismo y desarticular las redes de captación y adoctrinamiento de los terroristas", agregó un portavoz de Unidos Podemos que, repreguntado sobre qué votarán sus diputados al envío de tropas a Irak, se remitió a sus declaraciones anteriores.

Finalmente, Miguel Gutiérrez, portavoz de Exteriores de Ciudadanos, respondió: "No vamos a mostrarnos en contra de apoyar a los aliados en todo lo que esté dentro del nuestros acuerdos firmados. Seguramente es una decisión técnica de necesidades de perfiles para adiestramientos. Sabemos que no se adoptará esta decisión hasta que se forme Gobierno y que además debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados". Cuestionado sobre si la posición del partido naranja sería un voto a favor o una abstención, Gutiérrez no precisó la posición final de sus 32 parlamentarios.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy calculó que gastaría ese año 6,8 millones de euros en los Programas Especiales de Armamento (PEAS) del Ministerio de Defensa. Pero, en pleno agosto, llegó a la conclusión de que en realidad quería destinar muchos más recursos a comprar armas, y aprobó por decreto ley –sin debate previo en las Cortes Generales– un crédito extraordinario de 883 millones de euros. El presupuesto disponible para adquirir armamento se multiplicó de golpe por 130.

El Tribunal Constitucional acaba de declarar ilegal esa práctica. El tribunal de garantías, en una sentencia del pasado 7 de julio y conocida este viernes, anula la ampliación del presupuesto efectuada mediante ese decreto ley y apunta que el Ejecutivo del PP no se ajustó a las "previsiones constitucionales" al recurrir de forma "sistemática" al decreto ley "como forma jurídica" para aprobar créditos extraordinarios para los PEAS. El fallo, consecuencia del recurso interpuesto en 2014 por diputados del PSOE, IU y UPyD, señala sin embargo de que no se revisarán los pagos efectuados con ese crédito extraordinario para no perjudicar a terceros.

Lo cierto es que la práctica ahora vetada por el Constitucional no ocurrió sólo en 2014. En las cuentas del Estado de los últimos años –incluidas las de 2016– se han reservado siempre 6,8 millones de euros para el pago de los PEAS. E, invariablemente, cada verano el Ejecutivo ha aprobado por decreto ley créditos extraordinarios para elevar en cientos de millones esa partida: la ampliación fue de más de 1.700 millones de euros en 2012, de 877 millones en 2013, de 883 millones de euros en 2014 y de 856 millones de euros en 2015. El propio Ministerio de Defensa admitió que en 2016 harán 1.000 millones extra, aunque hasta la fecha no se ha ampliado el presupuesto.

Un mecanismo "singular"

A juicio del Constitucional, el Gobierno emplea para financiar estos grandes programas de compra de material bélico "una práctica legislatura que debe calificarse, al menos, como singular". La sentencia [ver en PDF] apunta que el Ejecutivo no argumentó ni en el texto del decreto ni en el expediente tramitado en el Ministerio de Defensa "nada" que justifique el recurso a esa herramienta legislativa, regulada en el artículo 86.1 de la Constitución, y que la Carta Magna reserva exclusivamente para casos "de extraordinaria y urgente necesidad".

De hecho, recuerda el Constitucional, el propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro admitió en la sesión del Congreso en la que se convalidó el decreto que ese crédito extraordinario "no trata de dar cobertura a necesidades imprevistas", sino que "su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores". En esa misma línea, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, afirmó en la comisión de Defensa del Congreso en octubre de 2014 que, en 2015, "el Gobierno volverá a atender sus compromisos de pago mediante el uso del decreto ley para autorizar un crédito extraordinario" para abonar los PEAS.

En resumen, el tribunal considera que "la imprevisibilidad" que "justificaría la urgencia y necesidad" de recurrir a un decreto ley "no existe", pues la obligación de abonar cada año los programas de armamento es "previsible y programable". El Constitucional admite, no obstante, que "puede" estar justificado el recurso a créditos extraordinarios en lugar de consignar las cantidades correspondientes a los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado, ya que "el calendario de pagos" está sujeto a "cierta flexibilidad" y la cuantía final de cada año se acuerda con la industria durante el ejercicio "según la evolución macroeconómica" del Estado.

Varapalo del Tribunal de Cuentas

El del Constitucional no es el único reproche que este viernes recibió el excepcional mecanismo elegido por el Gobierno de Rajoy para financiar la compra de armamento. El Tribunal de Cuentas, en un informe sobre el desarrollo de estos proyectos entre 2012 y 2014, señaló que la situación de los PEAS "no es en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario", porque "este tipo de programas se planifican y desarrollan a largo plazo e implican la asunción de compromisos contractuales concretos, planificados en el tiempo y autorizados por el Consejo de Ministros". 

Así las cosas, apunta el documento, "la financiación a través de créditos extraordinarios" de estos programas "se ha convertido en una situación presupuestaria estructural en defecto de una presupuestación realista ajustada a los compromisos conocidos por el Gobierno", porque las leyes presupuestarias que aprueba el Ministerio de Hacienda no proceden a dotarlos de financiación desde 2012.  "La justificación de la vía de financiación de estas modificaciones –concluye el Tribunal de Cuentas en referencia a esos créditos extraordinarios aprobados por decreto ley– no es clara ni consistente".

Sistema opaco y sin debate

Jordi Calvo, investigador y coordinador del Centre Delàs, considera que el recurso a los créditos extraordinarios aprobados por decreto ley "y generalmente en agosto" significa que el Gobierno tiene una intención de "eludir el debate parlamentario" sobre la ampliación del presupuesto de Defensa. Además, afirma que esas cantidades "deberían incluirse obligatoriamente en los Presupuestos Generales del Estado". "Lo que ocurre –agrega– es que las cifras de gasto de los PEAS son muy impactantes a nivel mediático, y el Gobierno prefiere que no se conozcan".

En esa misma línea, Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) de la Generalitat de Catalunya, califica de "lamentable" que haya tenido que ser el Tribunal Constitucional el que advierta al Gobierno de que esta práctica "no se ajusta a la ley". "Es inadmisible –subraya– que el Ejecutivo haya venido manteniendo hasta ahora esta mala práctica, inimaginable en cualquier otro Gobierno europeo". Font achaca la práctica a un interés por hacer que el "gasto militar y en armas parezca menor". "Los pagos de los PEAS deberían incluirse siempre en los Presupuestos Generales del Estado", añade.

Una factura inasumible

Más allá del mecanismo de financiación, los analistas recuerdan que los 19 Programas Especiales de Armamento implican un elevado desembolso de dinero público y que en torno a ellos hay una considerable opacidad. Jordi Armadans, director de FundiPau, señala que "el calendario de pagos acordado por el Ministerio con la industria armamentística no es público". "De hecho –añade– ni el Ministerio podría conocerlo con precisión, porque constantemente se renegocian pedidos y fechas de entrega, de modo que todo va sobre la marcha".

Armadans recuerda que los PEAS surgieron "en la última etapa de Felipe González y especialmente con Aznar (1996-2004), cuando existía una voluntad de hacer de España uno de los líderes de Europa en capacidad de defensa". Según expresó en 2011 el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, el 85% de los PEAS se firmaron entre 1997 y 2004. "A partir de ahí –relata Armadans– surgieron compromisos de comprar armas con cifras absolutamente desmesuradas, irresponsables e ilógicas. No es posible pagar los PEAS, que son una especie de delirio de grandeza que implicaría un gasto inasumible".

¿Pero, de cuánto dinero estamos hablando en total? Pere Ortega, también investigador del Centre Delàs, apunta que la factura inicial de los programas estaba "en torno a los 14.000 millones de euros". "En algún momento, con las constantes renegociaciones, la factura llegó a encarecerse por encima de los 37.000 millones", advierte. Según declaró el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y tras una última renegociación en 2013, el coste de los programas es ahora de 29.479 millones, que se terminarán de pagar en el año 2030. El año de mayor desembolso sería 2020, con un pago a la industria de unos 2.000 millones.

Un material propio del siglo XX

Finalmente, los expertos alertan de que mucho del material encargado a la industria bélica en los PEAS no se corresponde con las necesidades de defensa de España. "El tipo de armamento de los PEAS se corresponde con escenarios bélicos en los que España no ha estado, está ni estará: desde un punto de vista militar, se ajusta más al perfil de Estados Unidos, Rusia u otro país que participe o necesite protegerse en invasiones, mientras que España tiene más necesidades relacionadas con el CNI, capacidades policiales o de seguridad ciudadana", explica Calvo.

Los programas de armamento de mayor cuantía implican la compra, entre otros materiales, de 68 aviones de combate, 27 aviones de transporte, 235 carros de combate Leopard, cuatro submarinos y otras tantas fragatas o 24 helicópteros de ataque modelo Tigre, por citar algunos ejemplos. Armas, opina Tica Font, diseñadas "durante la Guerra Fría" y que "se corresponden con una forma de hacer la guerra que ya ha pasado y no volverá". "¿Para qué queremos más de 200 blindados? Ese tipo de vehículos sólo sirven para defenderse de una invasión terrestre, y es imposible que nos invadan", argumenta Ortega.

El investigador cita otro caso: "De los más de 80 aviones que hay encargados en los PEAS, nos han entregado unos 55 hasta la fecha. ¿Y cuántos se han utilizado? Tres. El resto están aparcados, sin uso, pero aun así hay que pagar su mantenimiento y almacenaje", explica. "El reto sería romper los contratos, o al menos estudiar qué cláusulas tienen y planteárselo seriamente", concluye Font. "La única salida razonable es anular esos compromisos o negociar cómo terminarlos", coincide Ortega. "Sería complicado porque habría cláusulas en los contrarios y repercusiones, pero ciertamente en los PEAS se previeron cosas imposibles", dice Armadans.