Al influyente economista John Maynard Keynes le atribuyen una frase en 1930 con cierta actualidad: dijo que para el año 2030 la jornada de 40 horas se reduciría a 15 gracias a los avances tecnológicos. En España la jornada media estaba en 2024 en 38,4 horas, y muchas empresas, sobre todo las más grandes y con mayor implantación tecnológica, se mueven en las 37 horas. Y, aunque lejos de las predicciones de Keynes, es una realidad que los ensayos para reducir la jornada laboral han tomado cuerpo en los últimos años. En España decayó una propuesta del Ministerio de Trabajo para fijarla en 37,5 horas, pero hay países que prueban con la jornada laboral de 4 días. Estos ensayos, además de cumplir con un reclamo sindical y social, van un poco más allá.

La automatización de diferentes tareas profesionales y la implantación de la inteligencia artificial han puesto sobre la mesa las consecuencias que podría tener una hipotética disminución de la demanda de mano de obra y un consiguiente impulso del desempleo. Las preguntas que surgen resultan radicales y, por el momento, parecen un ejercicio de prospectiva. ¿En qué trabajaremos si el empleo deja de ser mayoritario? ¿Se deben implantar menos horas por trabajador para que haya más trabajadores? ¿Cómo se grava la producción de un robot que sustituye a un trabajador? ¿Qué rentas nos sostendrán si la producción de valor es tecnológica y no humana?

Por el momento, cabe señalar que la inteligencia artificial (IA), aunque ha tenido efectos en el empleo, no ha provocado la hecatombe que muchos pronosticaban. Un informe de Goldman Sachs Research estima que el desempleo aumentará en medio punto porcentual durante el periodo de transición de la IA mientras los trabajadores desplazados busquen nuevos puestos. Lo que en Estados Unidos, uno de los países con mayor aplicación de IA en las empresas, puede desplazar a entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral. Si la implantación es lenta, señalan, el golpe será más moderado.

En el desplazamiento del empleo y en el ritmo al que lo hace está la clave, según apunta Josep Ginesta, economista y profesor de OBS Business School. "A medio plazo las corrientes que vaticinan el fin del trabajo no son demasiado realistas, pero sí se está dando un desplazamiento de los perfiles laborales y eso exigirá políticas públicas que respondan, por ejemplo, a puntuales bolsas de paro elevado", explica Ginesta.

“Lo más preocupante para un sistema donde la creación de valor ha sido históricamente humana (a través del trabajo) es que los cambios lleguen de golpe”, coincide Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Y en este escenario es en el que se empieza a hablar de alternativas al modelo social laboral establecido. “El problema de fondo, aunque ahora suene un poco distópico, es qué hacer con la gente que genera valor con su trabajo y cobra por ello, si dejan de tener una ocupación”, apunta el profesor y autor del libro Nosotros, digitales. Manual para sobrevivir a la hiperconectividad (Erasmus, 2026). Aquí, explica, se abren posibilidades que supondrían “revisar nuestro contrato social”, como una renta básica universal o un sistema impositivo que grave la producción de robots o procesadores automáticos.

"Si hay menos gente que trabaje y menos gente que perciba un salario, esas personas, para mantener su estilo de vida solo tienen dos opciones: o bien que los servicios se los dé el Estado, o bien que reciban un salario de mantenimiento, la famosa renta mínima universal", explica Lorente. Esta idea de una renta básica universal tiene un recorrido académico largo, pero las propuestas más recientes plantean la posibilidad de apoyarla en un gravamen aplicado a las plataformas digitales, que obtienen beneficios a partir de los datos producidos por nuestras interacciones en la web. Una propuesta que, curiosamente defienden personajes como Elon Musk. "Habrá una renta universal alta (no solo una renta básica).Todos tendrán la mejor atención médica, alimentación, vivienda, transporte y todo lo demás", defendía en su red social X, en respuesta a una usuaria que se preguntaba por lo que ocurriría si la IA reemplazase a los trabajadores.

Aunque la academia siempre suele hacer hipótesis más allá del presente, la renta básica ha tenido algunas tentativas en la realidad. En Alaska el Estado creó una fundación para repartir parte de los beneficios que da el petróleo a todos los ciudadanos, que reciben en torno a 2.000 dólares anuales por persona. Otro ilustre economista, Thomas Piketty, proponía algo más radical: otorgar 120.000 euros a cada ciudadano cuando cumpla 25 años para asentar una base patrimonial con la que podría vivir y financiar esa medida con un impuesto a las grandes fortunas. Otras propuestas, señala el economista de EAE Business School, apuntan a un fondo soberano que financiaría esta renta mínima universal, aunque, por el momento, casi todo es teoría.

Ginesta puntualiza que en los debates sobre la influencia tecnológica, el optimismo de los principales representantes del sector debe tomarse con relativa cautela ya que, al fin y al cabo, "están vendiendo sus productos", pero insiste en la importancia de que las políticas públicas se muevan rápido. "La Universidad de Stanford apunta que la robótica duplica su capacidad cada dos años y eso inevitablemente terminará por impactar en la productividad tecnológica y en el empleo porque habrá profesiones que se queden obsoletas", concluye.

Otro de los puntos sensibles sería cómo gravar unas rentas del trabajo que obtienen máquinas y no obreros. En el Foro de Davos, que finalizó el pasado 23 de enero, Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, anunció que su empresa comenzará a enfocarse más en la fabricación de robots humanoides y menos en producir vehículos eléctricos. El giro estratégico en su modelo de negocio pasa por dejar de producir dos tipos de automóvil que tenían bajos niveles de ventas (Model S y Model X) para invertir 16.700 millones de euros en la producción de un robot de nombre Optimus. Y, aunque los expertos coinciden en que aún es una realidad muy lejana, sí que se ensayan respuestas a las problemáticas que plantearía.

"Cuando empezamos a tener una desviación tan grande entre la creación de valor y la creación de empleo, de alguna forma, esa creación de valor adicional, habría que sustraer una parte para que los seres humanos puedan mantener un estatus de vida adecuado", explica Lorente. A ese punto van las teorías que piden llevar la cotización a las máquinas y no solo por persona trabajadora. "Hay propuestas que piden que cuando una empresa introduzca un sistema que sustituya a los empleados, cotice o pague un impuesto por esa máquina, porque al final termina siendo una fuerza productiva". Pero este es un escenario, apunta Ginesta, que solo se daría si los perfiles profesionales no se adaptasen a las nuevas formas de trabajo lo suficientemente rápido. "Los desplazamientos de la fuerza laboral han existido toda la vida —desde la misma Revolución Industrial—; la diferencia es que ahora se dan con mayor aceleración", concluye.

Para ninguno de los expertos es un escenario cercano, pero ambos advierten del impacto social que tendría "porque el trabajo al final es una forma de redistribuir la riqueza y redistribuir la riqueza quedándonos en casa se antoja muy difícil", puntualiza Ginesta.

“La cifra de personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares ha crecido a un ritmo anual del 10% en las últimas décadas, pasando de 140 personas en los años 80 del siglo XX a 2.781 milmillonarios en la actualidad”. Con ese aviso a navegantes comienza el análisis sobre riqueza, desigualdad y recaudación que firman Kane Borders, Panayiotis Nicolaides y el economista francés Gabriel Zucman. Este último es, además, quien da nombre a la polémica tasa Zucman, una propuesta económica que plantea un impuesto mínimo del 2% a los patrimonios más altos y que ha generado una gran polémica en Francia al proponer una tasa que afectaría a los capitales de más de 100 millones. Su nombre está por todas partes y la razón es que pide más presión fiscal para los más ricos.

Las conclusiones de Zucman son rotundas: “A los milmillonarios se les aplican tipos impositivos efectivos inferiores a los de la población general, de modo que el aumento de la disparidad patrimonial exacerba las desigualdades a nivel mundial”. Así concluye uno de sus estudios, publicado por el Instituto Elcano y titulado El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global.

Las voces en contra de estas tasas —entre las que se levanta la del empresario francés Bernard Arnault, con un patrimonio de 188.600 millones, según Forbes— dicen que subir impuestos provocará fugas de capital y que las rebajas fiscales pueden compensarse por su capacidad para atraer o retener capital inversor. En el otro extremo, otras voces responden que bajar impuestos daña gravemente la capacidad de invertir en lo que es de todos y exacerba la desigualdad al premiar a quienes más tienen.

Entre estos márgenes del debate se reparten partidarios y detractores de una medida hacia la que la Unión Europea (UE) ha dado algunos pasos. Y Zucman mete el dedo en la llaga: "Se calcula que los 499 milmillonarios europeos tienen un patrimonio de 2.418 mil millones de dólares [2,4 billones de dólares, ndr]. Un impuesto sobre el patrimonio del 2% generaría 48.400 millones en ingresos para los Estados", señala en un estudio del Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

Para José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), una reforma fiscal que desborde los márgenes de una región o abarque el ámbito europeo ayudaría "indudablemente" a reducir los movimientos de evasión y las fugas de capital. Para Gestha no son tan habituales como se quiere hacer creer, pero las diferencias en cuanto a fiscalidad también exacerban las desigualdades entre regiones. "Una regulación así, acabaría incluso con los movimientos de capital entre comunidades, en el caso de España", concluye.

Dos ejemplos a nivel nacional de esta problemática macroeconómica son Madrid y Andalucía. "En el caso de Madrid —que es además donde están el 60% de las fortunas de más de 10 millones de euros— existía una bonificación de este impuesto de patrimonio al 100%. Después, otras comunidades comenzaron a anunciar medidas similares, como es el caso de Andalucía", explica el economista de Gestha. Esta forma de dejar inoperativo el gravamen es lo que llevó al Gobierno a crear el conocido como impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF). Además, es esta dinámica la que anima propuestas como la de Zucman, que, en uno de sus análisis, constata "que la mayor parte de la población de un país paga entre un 25% y un 50% de sus ingresos en impuestos a lo largo de toda la distribución de la renta, mientras que los milmillonarios y cienmillonarios pagan entre el 20% y el 25%".

Así, en Europa el debate en torno a la forma en que cotizan las grandes fortunas ha ido ganando espacio. En el caso de Francia, se ha propuesto desde la izquierda y los verdes como respuesta a su elevado déficit fiscal, pero ha desatado la ira de algunas fortunas, como es el caso del multimillonario Bernard Arnault.  El nuevo impuesto que plantea la izquierda gala propone una tasa mínima del 2% o el 3% que se aplicaría a todas las fortunas superiores a 100 millones.

Sin embargo, la propuesta lleva tiempo resonando. El pasado mes de marzo el Parlamento Europeo volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Una idea que había prendido a raíz de una propuesta ciudadana liderada por el antiguo presidente de la región belga de Valonia, Paul Magnette y en la que también participaba el economista Thomas Piketty, de cuya escuela es discípulo Zucman.

"La propuesta europea funcionaría como un tipo mínimo común del 2%, aplicable a nivel de la UE", explica el Rubén Gimeno desde el Consejo General de Economistas. "En el caso de países que ya gravan el patrimonio (como España), podría existir compatibilidad entre la tasa europea y el impuesto nacional, de modo que lo ya pagado en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se tendría en cuenta para alcanzar ese mínimo", concluye.

A nivel nacional, el debate sobre la fiscalidad de las grandes fortunas tiene un recorrido reciente. En 2022 el Gobierno de coalición aprobó el ITSGF para evitar que las bonificaciones y exenciones de las comunidades lo dejasen a cero. En el caso español, los tipos impositivos son de un 1,7% para patrimonios entre 3 y 5,3 millones; de un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y de un 3,5% para patrimonios superiores a los 10,6 millones. "Por tanto, un contribuyente con un patrimonio superior a 100 millones de euros en España tributaría al tipo marginal del 3,5%, muy por encima del 2% que plantea la tasa Zucman", remarca Gimeno.

Sin embargo, el sistema español no es tan duro como pueda parecer. Si se toman las exenciones, las bonificaciones y las reducciones de cuota que se pueden dar a nivel autonómico y nacional, el impuesto efectivo vigente en España está por debajo de los tipos que marca el gravamen de solidaridad. En concreto, Gestha lo cifra en un 0,2%. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%) no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto. ¿La razón? Muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones. A esto se sumaría, explica Mollinedo, el hecho de que algunas comunidades autónomas amplíen las bonificaciones. "Solo en Madrid dejan de ingresarse 787 millones de euros por la regulación que la Comunidad hace del impuesto", concluye el fiscalista de Gestha. Así, una posible aplicación de la tasa Zucman sería más efectiva si salvase todas estas bonificaciones, concluye.

Los cálculos de Gestha en torno a la baja presión fiscal real que existe sobre las grandes fortunas encajan en los cálculos del economista galo: "Los milmillonarios del mundo tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio", señala en un estudio publicado en el Observatorio Europeo de Fiscalidad.

El ITSGF recaudó en 2023 (último dato definitivo) un 58% más que en 2022, de acuerdo con los datos de Gestha. En total, la contribución a las arcas públicas alcanzó los 1.970 millones de euros en 2023, frente a los 1.250 millones del año previo, cuando la recaudación se vio afectada "las bonificaciones adoptadas por algunos gobiernos regionales surgidos tras las elecciones autonómicas, siguiendo la estela que marcó la Comunidad de Madrid", concluyen los Técnicos de Hacienda.

Con la inesperada fama de Zucman, el debate se traslada ahora a Europa, aunque su vocación sea mucho más amplia y trate de abordar, sobre todo, el problema de la desigualdad y de la progresividad de los sistemas fiscales.

En España, el sistema fiscal no pide más a quién más tiene: el 1% más rico paga menos impuestos en proporción a sus ingresos que las clases medias e incluso que el 20% más pobre. Según un informe del centro de estudios Fedea, en 2022 las clases medias destinaron cerca del 40% de sus ingresos al pago de impuestos, y los hogares más vulnerables casi el 30%, mientras que el 1% con mayores recursos no alcanzó siquiera el 25%.

Este sinsentido fiscal tiene dos causas principales. Por un lado, nuestro sistema tributario favorece a quienes viven de rentas frente a quienes dependen de un salario. Como resultado, el 90% de la población, que se sustenta principalmente con su trabajo y apenas tiene inversiones, debe más impuestos que el 1% más rico, cuyos ingresos provienen mayoritariamente del capital. Por otro lado, permite que las grandes fortunas eviten con facilidad la mayoría de los impuestos al retener sus ganancias en empresas, family offices, holdings u otras estructuras legales diseñadas para minimizar la tributación. Esta realidad contraviene los principios recogidos en la Constitución, que establece que el sistema tributario debe inspirarse “en los principios de igualdad y progresividad”, y que cada uno debe contribuir “de acuerdo con su capacidad económica”. Este mero hecho debería ser suficiente para impulsar una reforma fiscal.

Más allá de cuestiones de constitucionalidad y de justicia social, recuperar la progresividad del sistema fiscal también hace falta desde un punto de vista de estabilidad presupuestaria. No recaudamos lo suficiente para cubrir nuestros gastos, nuestra deuda sigue alta, y la ciudadanía se opone a recortar el Estado del Bienestar, como reflejan los datos del CIS. En este contexto, poner la lupa sobre los impuestos que no paga el 1% más rico no es ni demagogia ni populismo; es sencillamente necesario, puesto que esos pocos hogares concentran más ingresos que la mitad de la población, y más patrimonio que las tres cuartas partes. Recuperar una mínima progresividad en el sistema tributario bastaría, de hecho, para suprimir el déficit actual. 

Que a nuestro país le hace falta una reforma fiscal no debería sorprender a nadie. Un gran número de expertos de diversos ámbitos llevan décadas avisando de las deficiencias de nuestro sistema tributario. El diagnóstico está claro desde hace tiempo, y muchas de las soluciones también. No se puede esperar más. El modelo actual ya no se sostiene ni desde un punto de vista de justicia social ni de responsabilidad económica. Las propuestas están sobre la mesa, solo falta la voluntad política.

Quién se gana la vida con el trabajo paga más impuestos que quien vive de rentas. Esto se debe, en parte, a que los salarios tributan más en el IRPF que los dividendos o las ganancias del capital, los cuales se incluyen en la simpáticamente denominada base del ahorro, con tipos mucho más bajos. Por ejemplo, un salario de 25.000€ entra en el tramo del 30%, mientras que los ingresos del capital no tributan nunca a más del 28%, y eso sólo en las rentas superiores a 300.000€. Cuanto mayores son los ingresos, mayor se se hace también la diferencia entre el tipo que pagan los salarios y el que pagan las rentas del capital.

Que los ingresos del capital tributen menos que el trabajo en el Impuesto sobre la Renta no es una anomalía española, y se justifica a menudo por eficiencia económica, afirmando que bajar los impuestos a las rentas del capital fomenta la inversión y acaba beneficiándonos a todos. A pesar de que la idea sigue siendo popular, los estudios realizados hasta ahora no la respaldan. El otro motivo por el que se defiende que las rentas del capital tributen menos que las del trabajo es que ya se gravan, en teoría, con el impuesto de sociedades, antes de ser distribuidas. Sin embargo, la recaudación efectiva del impuesto de sociedades se ha desplomado en las últimas décadas, arrastrada por la creciente competencia fiscal internacional, la evasión fiscal de las multinacionales, los recortes del tipo, y las pérdidas acumuladas durante los años de crisis. Con todo, gran parte de las empresas pagan un tipo efectivo bajo. En el contexto actual, por tanto, resulta difícil defender que siga existiendo una diferencia tan marcada entre el IRPF que pagan los salarios y el que abonan las rentas del capital, sobre todo cuando hablamos de las rentas más altas.

Además de la diferencia en los tipos del IRPF, no hay que olvidar que los salarios también se gravan con las cotizaciones sociales. A diferencia del Impuesto sobre la Renta, que tiene tipos más altos para quienes ganan más, las cotizaciones tienen un tipo fijo, que se desploma al llegar a la base máxima, lo que las convierte en un gravamen regresivo. Aunque de nombre la mayor parte de las contribuciones sociales –alrededor del 80%– las pague el empleador, no se debe asumir que eso refleje quién carga en la práctica con el coste económico. Al encarecer la contratación y las subidas de sueldo, las contribuciones a cargo del empleador también afectan, directa o indirectamente, a los trabajadores.

Las cotizaciones sociales son, además, la principal fuente de ingresos del Estado: en 2023 representaron un 35,2 % del total, por delante del conjunto de los impuestos directos (31,1 %). Eso significa que se recauda más por cotizaciones sociales que por el IRPF, el impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones juntos. Aunque el uso de cotizaciones sociales para financiar la Seguridad Social está arraigado en nuestra historia, nada impide que se financie con otros impuestos. Esta opción tendría dos ventajas. Por un lado, nos permitiría sustituir las contribuciones regresivas actuales por impuestos más progresivos. Por otro lado, contribuiría a que el sistema de pensiones fuera más sostenible y equitativo, evitando que el coste del envejecimiento de la población recaiga únicamente sobre un grupo menguante de trabajadores jóvenes. Aunque suene revolucionario, Dinamarca lo hace desde 1987.

El motivo principal por el que las grandes fortunas no pagan los impuestos que les corresponden no son los tipos reducidos sobre los ingresos del capital. El verdadero problema de nuestro sistema fiscal es que permite que estos selectos hogares recurran a estructuras legales varias para retener sus ingresos y evitar así que tributen al IRPF. De esta forma, los ingresos fiscales de los hogares más ricos, es decir, los ingresos que pasan por el IRPF, sólo representan una pequeña parte –alrededor de un quinto– de sus ingresos reales. Ya lo dijo Aznar en 1998: “Según el IRPF, en España no hay ricos”. Por ello, reformar los tipos hace poco por solucionar el principal problema de nuestro sistema fiscal. 

Buena parte del problema viene de las llamadas sociedades patrimoniales, holdings, family offices: estructuras que no tienen realmente actividad económica y cuya principal función es la de poseer y gestionar patrimonio. Al recibir dividendos a través de este tipo de empresa, en lugar de tributar al 18-28% del IRPF, sólo tributan por el 1.25%, ya que se consideran pagos entre empresas. En teoría, cuando los dividendos se distribuyan desde la empresa patrimonial a sus propietarios, sí pagarán el IRPF, pero ese día puede no llegar nunca. Los fondos pueden quedarse en la empresa para ser reinvertidos e incluso legados en herencia, sin fecha límite. Parte del consumo personal se puede sufragar a través de la empresa, una práctica que, aunque ilegal, es muy común, y que según un estudio reciente hecho en Portugal, puede costarnos un 1% del PIB en recaudación perdida.

La solución es sencilla: dejar de tratar fiscalmente como empresas a aquellas entidades cuya única actividad sea la tenencia de activos. Esto puede implicar que los dividendos recibidos por estas empresas paguen el tipo normal del impuesto de sociedades del 25%, o incluso un tipo superior, en lugar del tipo reducido del 1.25%, o que los dividendos sean gravados directamente en el IRPF de los propietarios, como si la empresa no existiera a efectos fiscales. A quien eso le suene radical, ha de saber que en Estados Unidos ya se hace, y que en España hacíamos algo parecido antes de 2006. 

La otra parte del problema, un poco más compleja, es que muchas empresas con actividad económica real retienen gran parte de sus beneficios, en lugar de repartirlos como dividendos. Desde un punto de vista económico, esos beneficios son ingresos de los accionistas, se repartan o no. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, solo se consideran ingresos los dividendos recibidos. Por lo tanto, una parte importante de las rentas de las grandes fortunas, que provienen de participaciones en empresas, esquiva así el IRPF.

Aunque los beneficios no distribuidos nunca han tributado en nuestro país, su importancia ha crecido y con ella su efecto negativo sobre la progresividad fiscal. Esto se debe, en parte, al debilitamiento del impuesto de sociedades, que es el único que realmente los grava. Si queremos recuperar la progresividad del sistema fiscal es necesario, por tanto, repensar la tributación de los beneficios no distribuidos.  

Una posible solución es que reformemos el impuesto de patrimonio. Los beneficios no distribuidos aumentan el valor de las empresas, y por tanto el patrimonio de sus propietarios. Sin embargo, en su estado actual, nuestro impuesto de patrimonio no cumple con lo que su nombre sugiere. Para empezar, está sujeto a un límite conjunto con el IRPF, calculado sobre la renta declarada. Es decir, que lo que se paga por el IRPF y por el impuesto de patrimonio, en conjunto, no puede superar el 60% de los ingresos declarados. Además de facilitar la evasión, el límite conjunto hace que el impuesto de patrimonio se convierta, en la práctica, en otro impuesto sobre la renta. Por lo tanto, de poco sirve para gravar los beneficios no distribuidos, mientras se mantenga el límite conjunto. Por otro lado, exime las participaciones en empresas si se posee el 5% o más, bajo ciertos requisitos que son, en la práctica, fáciles de manipular. También esta exención beneficia desproporcionadamente a las grandes fortunas.

Sin embargo, puede haber preocupación porque, al eliminar la exención, se grave en exceso a los propietarios de empresas productivas. En tal caso, se podría reemplazar el impuesto de patrimonio actual por un impuesto mínimo sobre la riqueza, o sobre una medida amplia de la renta que incluya también los beneficios no distribuidos por las empresas. Un impuesto mínimo tiene como ventaja principal que solo se paga si no se contribuye suficiente por otras vías, como el IRPF. Por ende, este tipo de impuestos garantiza un tratamiento más equitativo entre personas con recursos similares y desincentiva la elusión fiscal. Un impuesto mínimo del 3%, aplicado a patrimonios de 10 millones o más, podría recaudar más de 15.000 millones de euros anuales, más de una quinta parte de nuestro déficit actual.

En suma, nuestro sistema fiscal se ha construido sobre una lógica permisiva que ofrece demasiadas oportunidades para practicar la ingeniería fiscal, obligándonos a destinar una parte considerable de los recursos públicos a combatir la evasión y la elusión de quienes más tienen, sin conseguir erradicarlas. Es hora de cambiar de enfoque, simplificar el sistema y reformar los incentivos fiscales para reducir al mínimo las oportunidades de defraudar.

Resulta desalentador darse cuenta de que muchas de las cuestiones expuestas en este artículo llevan décadas denunciándose, sin que se haya hecho nada al respecto. Es probable que el mal estado de nuestro sistema fiscal se pudiera haber evitado, en gran medida, si se hubiera escuchado más a los expertos. Por ello no sólo es importante que reformemos nuestro sistema fiscal, sino también que cambiemos la forma en que hacemos política fiscal. En España contamos con una gran cantidad de centros de investigación, universidades e instituciones en las que se produce investigación de muy alta calidad en el ámbito de la política pública, que debería tenerse más en cuenta a la hora de legislar.  

Un ejemplo reciente de políticas mal calibradas son las rebajas fiscales a las rentas del alquiler, que eximen a los propietarios de tributar en el IRPF por entre el 50% y el 90% de los ingresos por alquiler de viviendas. La medida, que busca aumentar la oferta de alquiler, tendrá probablemente un coste muy elevado para las arcas públicas, como ya avisó el propio Banco de España en su Informe Anual de 2023. Según mis cálculos, podría traducirse en una pérdida de recaudación superior a 10.000 millones de euros anuales. 

Además, la rebaja fiscal tiene un carácter regresivo, ya que beneficia más a quién más ingresa por alquiler. Puede, también, encarecer el precio de la vivienda, como advirtió de nuevo el BdE, al hacerla más rentable como inversión, y por ende menos accesible a hogares que accedan a la propiedad de su primera vivienda. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las viviendas que se compran en nuestro país se compran sin hipoteca, según el Colegio de Notarios, lo que sugiere que un número importante se compra como inversión. A pesar del elevado impacto fiscal probable y las posibles consecuencias negativas, no se ha publicado ninguna información que evalúe el coste de la medida y si cumple con su objetivo.

Nos hemos acostumbrado a vivir con un sistema fiscal cada vez más injusto a la par que ineficiente, pero las cosas se pueden cambiar. Debemos recordar que cada euro que no pagan quienes más tienen, sale de otro lado, sea de impuestos a los demás, o de recortes al gasto. En los últimos años, esto ha hecho que recaigan más impuestos sobre los trabajadores y sobre el consumo, a expensas de la progresividad, y que siga aumentando la deuda pública. Para afrontar estos desafíos, existen soluciones prácticas y viables, algunas de las cuales se han presentado en este artículo. No se trata de propuestas radicales, sino de pasos moderados, orientados a restaurar la progresividad y reducir la elusión fiscal. Una tributación justa puede ayudarnos a frenar el aumento de la desigualdad y, sí, también a estimular el crecimiento económico.

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Carmen Durrer de La Sota es doctoranda en la Universidad de Berkeley e investigadora asociada al Observatorio Europeo de la Fiscalidad (EU Tax).

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

La Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) ha advertido este miércoles de que prolongar impuestos "desproporcionados" al sector contradice el objetivo de crear un entorno propicio para la inversión, frenando el impulso de la región hacia su competitividad, resiliencia y crecimiento.

En un comunicado, la EBF lamenta que esta narrativa "siga viva" en algunos países –no los menciona, pero coincide con el debate sobre la tasa a la banca en España–, e insta a los legisladores a actuar "con prudencia" a la hora de considerar reformas fiscales, para asegurar que los cambios están respaldados por evaluaciones rigurosas, estudios de viabilidad y consultas públicas inclusivas.

"Cualquier cosa que no sea esto corre el riesgo de erosionar la confianza y socavar los objetivos compartidos de Europa", apunta la Federación Bancaria Europea, que entiende que tal desarrollo corre el riesgo de convertirse en una "herramienta política" que perjudica a una de las industrias "más críticas" para la inversión que se necesita para el futuro.

Asimismo, insiste en que estos impuestos hacen que invertir en bancos europeos –y, por ende, en la economía comunitaria– sea menos atractivo para los inversores globales, que preferirán dirigir sus recursos hacia otra áreas.

"Mientras organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) inciden en la necesidad de fortalecer la solvencia y las capacidades de la banca, estos impuestos adicionales se convierten en un obstáculo a la concesión de crédito", añade. 

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

Ha querido la casualidad que, mientras pensaba cómo abordar el artículo de esta semana, la siempre interesante editorial Capitán Swing tuviera la gentileza de enviarme Los ricos no pagan IRPF, escrito por Carlos Cruzado y José M. Mollinedo, técnicos del ministerio de Hacienda. El libro, de descriptivo título, habla sobre “la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la disociación fiscal de las personas que, para eludir buena parte del pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades”.

Este ensayo, que pretende aportar claves para afrontar el debate tributario desde “una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos”, no puede aparecer en un momento más apropiado. Después de que el Gobierno haya logrado estabilizar nuestra economía mediante medidas de carácter intervencionista, consiguiendo salir de dos crisis inéditas sin necesidad de precarizar el empleo, sería el momento apropiado para que pusiera encima de la mesa una reforma fiscal que permitiera más contribución y por tanto mayor gasto social.

Si España tiene una estructura fiscal similar a la europea pero recauda menos, se debe al incremento de los impuestos indirectos en detrimento de los directos, a la elusión fiscal y directamente al fraude, elementos que no son ni mucho menos generalizados entre toda la población, sino que a menudo se sitúan en la capa social que maneja mayores rentas. Además, eso que se ha dado en llamar ingeniería fiscal, métodos jurídicos que aprovechan cualquier brecha legal para pagar menos impuestos, o directamente el delito tributario, se dan con especial intensidad en la economía improductiva.

Los especuladores, los rentistas, los comisionistas y demás chamarileros del apaño, llevan a cabo un tipo de negocios que nunca tienen que ver con la producción, que no crean riqueza más allá de la que se acumula en sus bolsillos y que carecen de la más mínima inversión para modernizar las fuerzas económicas. Como parece evidente, además, se niegan a tributar según marca la ley por las absurdas sumas de dinero que les reportan sus operaciones, recurriendo a todo tipo de triquiñuelas para engañar al fisco. Lo peor, la sensación que se le queda al ciudadano medio: Hacienda no somos todos.

El fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha vuelto a poner de manifiesto esta brecha de clase entre los que pagamos nuestros impuestos y los que no los pagan como la manera más natural de proceder. Indigna que González Amador se llevara dos millones de euros en plena pandemia básicamente por tener una buena agenda telefónica. Indigna que pretendiera estafar a Hacienda más de 350.000 euros utilizando un entramado societario que parece escrito para un sainete de Arniches. Pero indigna aún más que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de una comunidad autónoma, dijera para defenderlo que estaba siendo víctima de una “inspección fiscal salvaje”.

La señora Ayuso es la misma, les recuerdo, que no ha parado de hablar del valor del esfuerzo y la competencia desde que se convirtió, o la convirtieron, en la lideresa de la reacción española. Ha manejado un relato que busca enmascarar su proyecto, uno que ha convertido a Madrid en la región más desigual de España, haciéndolo pasar por una aventura donde cada individuo lucha por alcanzar sus sueños. En realidad lo único que sucede es que una pandilla de selectos apandadores utilizan el dinero de todos para engrasar su maquinaria de chanchullos, que es como se debería llamar a su modelo de “colaboración público-privada”.

Ayuso y su fábrica de maldades, regentada por Miguel Ángel Rodríguez, antagonista galdosiano —zafio, implacable y con olor a puchero—, llevan varios años dándonos la murga con la excelencia y la superación. Lo cierto es que el hermano y el novio de la presidenta tenían negocios opacos con la privatización sanitaria que les han reportado cuantiosos beneficios. Si tú, como nos contaba infoLibre, entregas setecientos millones a Quirón, al margen de lo presupuestado, sin fiscalización del gasto y tomando una operativa excepcional como la regla, y luego te vas a vivir a un dúplex de más de 350m2, que tu novio pagó tras las operaciones con Quirón, puedes predicar la excelencia, pero estás cohabitando en la indecencia. Y esto es una burla a la cara de todos los ciudadanos, los que no te votaron pero sobre todo los que lo hicieron.

Alberto González Amador, comisionista en el negocio de la sanidad privatizada, no es una anormalidad en el modelo que Ayuso promociona en Madrid, es su resumen más ajustado. Es alguien que no es que tan sólo estafara a Hacienda, sino que a juzgar por la alegría con la que gastó el dinero en coches y pisos de lujo, se sentía completamente impune para hacerlo. Cuando Ayuso declaró que este era “un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo”, en el fondo lo que estaba expresando era la frustración porque, esta vez, sí les hubieran pillado, conculcando su derecho divino a hacer lo que les da la gana, como les da la gana y cuando les da la gana, es decir, que lo colectivo viniera a frenar su decadente y egoísta sentido del concepto de libertad. 

El impuesto de sociedades mínimo del 15% entró en vigor en la UE el mismo 1 de enero, en lo que constituye el primer paso para que se haga realidad el laborioso acuerdo firmado en 2021 por 136 países en el seno de la OCDE. En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea y lo ha colgado en su página web, para darle audiencia pública, antes de ser ratificado definitivamente en el Congreso. Aun con parte de su tramitación pendiente –dictamen del Consejo de Estado y segunda aprobación por el Consejo de Ministros–, el nuevo impuesto ya está vigente.

Y, de acuerdo con los cálculos que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el informe sobre el impacto económico de la medida, sólo 41 grandes multinacionales españolas de las 126 que presentan el informe país por país –con el detalle de sus operaciones en el extranjero, el llamado modelo 231– tendrán que pagar al erario público nacional para llegar a ese suelo del 15% en el impuesto de sociedades. Casi un tercio de ellas, por tanto. Lo harán con un tipo medio del 6,21%. Otras 109 grandes compañías –que incluirán en su mayoría a las anteriores– tendrán que tributar en otros países donde tienen negocios. Con un tipo medio inferior, el 5,14%. De las 126 antes citadas, el 90%, asegura el ministerio, se van a ver “afectadas en algún grado” –en España o en otros países– por el nuevo tributo mínimo.

Hacienda también ha calculado el impacto del nuevo impuesto en los 30 grupos exclusivamente nacionales que superan los 750 millones de euros en facturación. De ellos, sólo 10 tendrán que pagar el nuevo impuesto para alcanzar el tipo mínimo del 15%. Pero su tipo medio efectivo será superior, un 9,2%. Esa decena, por tanto, representa únicamente un tercio de las grandes compañías nacionales que el anteproyecto denomina como “grupos de gran magnitud”.

Por contra, serán muchas más las empresas extranjeras con filiales en España que deberán tributar ante Hacienda hasta el mínimo del 15%: 707 compañías. Equivalen sólo al 28% de los 2.526 grupos de este tipo que operan en territorio nacional. Y pagarán un tipo medio efectivo mucho menor, el 2,56%.

Tal y como lo ha diseñado la OCDE, el “impuesto complementario” que deberán pagar las empresas para alcanzar el mínimo del 15% en sociedades afectará en todo el mundo a las compañías que hayan facturado más de 750 millones de euros anuales en dos de los últimos cuatro ejercicios. En España, según los datos de la Agencia Tributaria, 137 empresas cuentan con una cifra de negocio consolidado de entre 500 y 1.000 millones de euros al año, y otras 143 superan los 1.000 millones.

En cualquier caso, según las cuentas de la Agencia Tributaria, los que facturan por encima de 1.000 millones pagaban hasta ahora por el impuesto sobre sociedades una media del 4,98% de sus beneficios, muy por debajo del tipo nominal, que es del 25% –un 23% para las pymes y un 30% para banca y petroleras–, e incluso del tipo resultante de aplicar el impuesto sobre la base imponible –resultado de aplicar deducciones, exenciones y bonificaciones, y por tanto inferior a los beneficios reales–, que es del 19%. El objetivo de la OCDE, y del Gobierno, es que ese tipo efectivo sobre beneficios reales del 4,98% se triplique hasta alcanzar el 15%.

El impuesto complementario para garantizar el suelo del 15% adoptará tres formas: el nacional, tanto para multinacionales como para empresas de gran magnitud sin actividad en el exterior que tributen por debajo del mínimo; el primario, que se aplicará a la matriz de una multinacional española que obtenga rentas de filiales en el extranjero donde pagan menos del 15%; y el secundario, que se aplicará a las filiales del grupo en España por las rentas obtenidas en el exterior que no hayan sido gravadas con el 15%.

Ya en 2022 el Ejecutivo aprobó un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades que deben pagar las empresas con facturación superior a los 20 millones de euros. Hasta noviembre, Hacienda ha recaudado por este concepto 578 millones de euros. Este impuesto, que se calcula sobre la base imponible, es compatible con el nuevo, que se calcula sobre el “resultado contable ajustado”, determinado según los parámetros que marca la directiva europea y que es igual para todos los países miembros.

Cuestión aparte es cuánto podrá ingresar el fisco español con el nuevo mínimo global para las mayores empresas. En el informe de impacto económico, Hacienda asegura que “no es posible” hacer un cálculo de la recaudación, entre otros motivos porque para ello haría falta que el resto de los países donde tienen negocios las grandes empresas españolas también aprobaran su propio impuesto complementario.

Cuando presentó el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Sumar, el pasado mes de octubre, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cifró en 10.000 millones de euros la cantidad que podrá ingresar la Hacienda española una vez esté plenamente aplicado el mínimo del 15%. Pero es difícil que se alcance tal cifra. El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, hablaba este martes de una recaudación de 200.000 millones de euros adicionales en todo el mundo gracias a la nueva medida.

En cualquier caso, el propio anteproyecto incluye cuatro vías de escape para las empresas. Así, durante los tres primeros años no deberán pagar si sus ingresos no superan los 10 millones de euros o sus beneficios antes de impuestos no llegan al millón de euros o tienen pérdidas. Tampoco tributarán durante los cinco primeros años de la fase inicial de su actividad internacional. Tampoco en los cinco primeros años a partir del primero en que una empresa entre en el ámbito de aplicación del nuevo impuesto. Se considera que una empresa se encuentra en la fase inicial de su actividad en el exterior cuando no tenga filiales en más de seis países distintos o cuando la suma del valor contable de los activos materiales que tengan en distintos países no supere los 50 millones de euros. Además, no se exigirá el pago del impuesto complementario a las empresas que ya hayan pagado en otro país “un impuesto complementario nacional admisible”, que garantice una tributación efectiva acorde con los criterios fiscales de la OCDE.

Es lo que se conoce como “puertos seguros” y la norma los establece a fin de reducir los costes de cumplimiento y administrativos para las empresas, cuyo volumen reconoce el ministerio que serán “relativamente elevados en un primer momento”, debido a la “complejidad y novedad de la regulación”. Hacienda no sólo deberá ahora diseñar un modelo específico para la declaración informativa, “especialmente exhaustivo”, sino también otro para la autoliquidación e ingreso de la cantidad en las arcas públicas. Además, destaca, hará falta intercambiar los modelos con los de otros países.

Finalmente, están excluidas del nuevo impuesto las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades públicas, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los instrumentos de inversión inmobiliaria cuando sean la matriz última de un grupo.

Las nuevas reglas fiscales acordadas por los países de la UE buscan una reducción realista de los niveles de deuda y déficit públicos disparados por la pandemia, dejando margen para que los Gobiernos decidan su ritmo de ajuste y para invertir, aunque incorporan salvaguardas para asegurar que se corrigen a tiempo los desvíos presupuestarios, según informa EFE.

A falta de las negociaciones con la Eurocámara, así funcionarán en la práctica:

Los países diseñarán sus propias sendas fiscales para los cuatro años siguientes, pero tendrán que basarse en una "trayectoria técnica" propuesta por la Comisión Europea sobre la evolución del gasto público neto, especialmente aquellos con un déficit superior al 3% y una deuda que rebasa el 60 % del PIB.

Dicha trayectoria será específica para cada país y deberá asegurar que al final del periodo la deuda "está en una senda descendente" y el déficit "se ha reducido y se mantiene” por debajo del 3% sin necesidad de nuevas medidas.

Los gobiernos podrán prorrogar el periodo hasta los siete años si adoptan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento, apoyen la sostenibilidad de las cuentas o aborden prioridades comunes como la transición verde, la digitalización y la defensa.

El cumplimiento de los planes nacionales de recuperación se “tendrá en cuenta" al valorar una posible prolongación del periodo de ajuste, como pidió Italia durante las negociaciones.

El indicador principal el gasto público neto, que es aquel financiado con fondos nacionales y excluye el pago de intereses de la deuda, los fondos europeos o el coste de medidas temporales.

La intención inicial era apartar otros no observables como la brecha de producción o 'output gap' o el déficit estructural, pero el diseño final sigue dando importancia al segundo, que se utilizará para medir los esfuerzos presupuestarios.

El texto incluye dos salvaguardias solicitadas por Alemania. La primera obliga a todos los países con un ratio de deuda superior al 90 % del PIB a recortarla al menos un punto porcentual al año de media (medio punto si la deuda supera el 60 %).

Además, los países con un déficit inferior al 3 % tendrán que seguir corrigiéndolo hasta el 1,5 % para tener un ‘colchón’ al que poder recurrir en momentos de crisis. En concreto, tendrán que reducirlo un 0,4 % al año, pero podrán bajar este esfuerzo al 0,25 % si hacen reformas e inversiones.

La Comisión Europea vigilará que los Estados respeten el ajuste pactado, para lo cual irá registrando los desvíos que se produzcan con respecto a la senda de gasto en una "cuenta de control".

Bruselas estudiará si abre un expediente cuando un país rebase el tope de deuda, tenga déficit y las desviaciones en el gasto superen el 0,3 % de PIB anual o el 0,6 % del PIB acumulado.

Para decidir, tendrá en cuenta varios factores, incluida la situación económica, el nivel de deuda y sus riesgos, la implementación de reformas e inversiones; y el gasto en defensa. Se considerará un "agravante clave" que un país tenga "sustanciales retos de deuda", mientras que una situación económica desfavorable será un atenuante.

Si la Comisión abre un expediente por exceso de déficit - que pese a su nombre puede iniciarse también por rebasar el umbral del 60 % de deuda- fijará un plazo y ritmo de ajuste para corregir el desvío.

Cuando el déficit supere el 3 % de PIB, los países estarán obligados a aplicar un recorte estructural anual mínimo del 0,5 % del PIB, el mismo que exigían las reglas anteriores.

Sin embargo, el acuerdo prevé que hasta 2027 este recorte pueda adaptarse para tener en cuenta el aumento del pago de intereses sobre la deuda por la subida de los tipos si el Estado expedientado se compromete a hacer reformas e inversiones.

Se satisface así a Francia e Italia, que pedían que el ajuste anual se midiera siempre en términos estructurales primarios -sin tener en cuenta los intereses de la deuda-, lo que suaviza automáticamente el recorte.

Bruselas y los Estados miembros comprobarán que el expedientado toma medidas para cumplir el ajuste exigido y, si no es el caso, podrán sancionarle con multas del 0,05 % del PIB cada seis meses hasta que tome medidas. En el caso de España, por ejemplo, equivaldría ahora a 673 millones cada seis meses.

Estas sanciones son menores que las de las reglas actuales para que sean más aplicables. Las anteriores - del 0,2 % del PIB como mínimo- se consideraban demasiado severas y nunca llegaron a imponerse, pese a que España y Portugal estuvieron al borde en 2016.

Sin embargo, los países han eliminado el tope propuesto por la Comisión para que no se acumulen multas superiores al 0,5 % del PIB. 

La campaña del PP reclamando una bajada generalizada de impuestos iba viento en popa gracias, entre otras cosas, al eco que acabó teniendo por parte de los presidentes socialistas que tomaron partido a favor de la reducción fiscal promovida por Juanma Moreno en Andalucía. Alberto Núñez Feijóo insistía en todos sus actos y su equipo más próximo, encabezado por su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, el coordinador general, Elías Bendodo, y la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, se entregaban a diario a la tarea de evangelizar sobre los beneficios que tendría para la economía española poner fin al actual “infierno fiscal”.

Fue entonces cuando la primera ministra británica, Liz Truss, recién llegada al número 10 de Downing Street, anunció su ambicioso plan de reforma fiscal siguiendo el mismo libro que guía al equipo de Génova: menos impuestos es dejar más dinero en manos de los ciudadanos, estimular la economía y acabar recaudando más gracias al crecimiento. Un proyecto que, de haberse consumado, habría costado 50.000 millones de euros a las arcas públicas británicas como consecuencia de la reducción del tipo máximo del IRPF del 45% al 40%, en beneficio de los 630.000 británicos que ganan más de 150.000 libras al año.

La histórica bajada de impuestos, parte de la nueva política económica ultraliberal que quería impulsar Truss, ocurrió el 23 de septiembre. Ese mismo día, mientras se desataba inmediatamente el pánico en los mercados y se hundía la cotización de la libra esterlina frente al dólar, el PP saludaba el anuncio de Truss con un tuit en el que lo contraponía a las políticas de Pedro Sánchez: “Sánchez se queda cada vez más solo, también internacionalmente, en contra de las bajadas de impuestos”.

Durante bastantes días, el PP reforzó sus mensajes sobre fiscalidad rotulando sus atriles y los fondos de sus actos públicos con un lema tan sintético como contundente: “Menos impuestos”. Se podía leer de fondo, por ejemplo, cuando Feijóo reunió a su Comité Directivo Nacional, el 26 de septiembre (la foto que ilustra esta información). 

El 3 de octubre, el mismo día en el que Truss se vio obligada a dar marcha atrás en su rebaja fiscal eliminando la supresión de la rebaja en el tipo máximo del IRPF para las rentas altas y tratando de descargar toda la responsabilidad en su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, el “Menos impuestos” del argumentario del PP todavía era bien visible en actos de partido. Su puede leer perfectamente detrás de Bravo y Gamarra en una reunión en la calle Génova con los miembros del equipo económico que diseña, precisamente, las propuestas fiscales del partido.

Esa fue, sin embargo, la última vez que se pudo leer el lema “Menos impuestos” en un acto público del Feijóo o de la dirección del PP. Ese mismo día, el vicesecretario de Economía ofreció una rueda de prensa en la que, por primera vez, intentó desmarcar las propuestas de Feijóo de las de Truss e incluso desmentir que su partido quisiese bajar impuestos.

Para sorpresa de los periodistas que acudieron a aquella convocatoria, Bravo llegó a negar que lo que plantea su formación sea bajar impuestos, despreciando evidencias como, por ejemplo, las declaraciones que había hecho la víspera el coordinador general del PP, Elías Bendodo, diciendo “el PP lleva en el ADN bajar impuestos” y que sus gobiernos “bajan impuestos”. “Hemos conseguido, no solo en Andalucía, allá dónde lo hemos hecho, que bajando impuestos se crea empleo, se crea riqueza”.

Bravo intentó explicar que lo que en realidad propone el PP no es bajar impuestos, sino “no subirlos”. “No sé si hay que bajar impuestos, lo que no hay que hacer es subírselos a la gente”, repitió hasta en cuatro ocasiones. El líder del PP llevó esta contradicción al extremo el pasado lunes cuando declaró que en realidad la política de Truss se parece más a la de Pedro Sánchez que a la que él defiende. “Nosotros no hemos propuesto una masiva bajada de impuestos”, afirmó negando los hechos. 

Para argumentarlo, recordó que la propuesta que trasladaron en abril al Gobierno habla de “una bajada selectiva de impuestos a las rentas medias y bajas”. En realidad, el PP siempre ha remarcado que, si gobernara, bajaría de forma generalizada los impuestos, pero que había limitado la propuesta remitida al Gobierno para facilitar un acuerdo. De hecho, Feijóo sostiene, como hacía su antecesor, que bajar impuestos crea riqueza y que cuanto más se bajen más riqueza se crea.

El líder del PP llegó a decir que en realidad el que se parece más a Truss es Sánchez porque lo que está haciendo es “una subida masiva de impuestos, incluida una subida de impuestos a las rentas medias y bajas”, aunque no explicó cómo ha llegado a semejante conclusión. Lo cierto es que el Gobierno ha acordado un paquete de medidas fiscales que incluye una rebaja del impuesto del IRPF para rentas por debajo de los 21.000 euros brutos anuales y un nuevo impuesto para las grandes fortunas.

“Nuestra política se parece mucho menos a la ex primera ministra británica que la política del Gobierno actual, que se parece un poco más, que consiste en incrementar los impuestos, el gasto y la deuda”, insistió Feijóo. “La propuesta del PP de España no tiene nada que ver con la que ha hecho” Truss, repitió.

La verdad es que el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones en noviembre de 2019, y que todavía no ha sido revisado, proponía “una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos los contribuyentes” con un “tipo máximo”, el que grava a los más ricos, que “se situará por debajo del 40%”, y una “rebaja del Impuesto de Sociedades por debajo del 20%”.

La marcha atrás del PP ha dado pie al PSOE para volver a acusar a Feijóo de “poco fiable” e “insolvente”, y de practicar el “oportunismo político”. “¿Hoy el PP está por bajadas o por subidas de impuestos?”, se preguntan fuentes de Ferraz, recordando que Feijóo antes abogaba por “bajar impuestos de forma intensa”, el otro día habló de “actualización de la tarifa del impuesto de la renta” mientras Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, pasaba de reclamar “bajar drásticamente los impuestos” a decir que ella siempre ha defendido que los impuestos “hay que manejarlos con cautela”. 

Los mercados no creen en la curva de Laffer. Al menos no creen que la bajada de impuestos anunciada en Reino Unido, la mayor en 50 años, vaya a aumentar la recaudación fiscal en volumen suficiente como para sostener las cuentas públicas sin aumentar el déficit cuando, al mismo tiempo, el Gobierno de Liz Truss quiere gastar 150.000 millones de euros en ayudas a empresas y hogares para combatir la crisis energética. La prima de riesgo británica se ha disparado mientras la libra se desploma frente al dólar y ha forzado la intervención del Banco de Inglaterra.

Sin embargo, un poco más al sur, y no hace tanto tiempo, Elías Bendodo, exconsejero de Presidencia andaluz y actual gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, esgrimía, sin mencionarla, la famosa, y cuestionada, curva que Arthur Laffer dibujó en una servilleta hace casi medio siglo. “Bajar impuestos aumenta la recaudación”, sentenció Bendodo en febrero de 2020 mientras informaba del cierre del ejercicio fiscal de la Junta de Andalucía.

Pero no era así. En efecto, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla había bonificado hasta el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Su recaudación cayó un 12,68%. Las arcas públicas habían ingresado 38 millones de euros menos. También había aumentado las deducciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), del que se recaudaron 76,1 millones menos que en 2018, un 4,55% menos. Sin embargo, Moreno Bonilla dejaba traslucir entonces que la bajada de unos se había traducido en la subida de otros: “Por cada euro que hemos dejado de recaudar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hemos recaudado cuatro euros por IRPF”. Los ingresos del tramo autonómico del impuesto sobre la renta habían crecido un 11,4%.

“Establecer esos vasos comunicantes ya es dar un doble salto mortal”, rebate Diego Martínez, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, quien asegura que no hay “evidencia empírica alguna de que el tramo descendente de la citada curva haya funcionado nunca”. En realidad, ocurre lo contrario: recortar los tipos implica menores ingresos tributarios.

Así sucedió, por ejemplo, en Extremadura, la única comunidad autónoma donde se recaudó menos en el IRPF en 2019 que en 2017, después de que la Junta aprobara un recorte del tipo autonómico del 10,5% al 9,5% en 2018. Los ingresos cayeron un 5,71%, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

En ese periodo, el resto de las comunidades autónomas aumentó sus ingresos por el IRPF, pero no todas habían bajado sus tipos. En 2018 los recortaron Canarias, Madrid, Murcia y País Vasco. En 2019, Andalucía, Canarias, Murcia de nuevo, y La Rioja. Sin embargo, fue Baleares el territorio donde más creció la recaudación, un 24,56%, pese a que no había tocado los tipos del tramo autonómico. El aumento fue mucho mayor en las islas que en Madrid, cuyos ingresos aumentaron un 17,43% o Andalucía, donde subieron un 10,5%. En Canarias el alza fue del 15,39% y en Murcia de sólo el 6,4%. En La Rioja, de un 7,9%. Por el contrario, en Cataluña, donde tampoco se bajaron los tipos, la recaudación mejoró un 16,77% entre 2017 y 2019, mientras que en Navarra lo hizo un 19,38%, la segunda comunidad con mayor subida de ingresos.

Los factores que explican los aumentos de recaudación tributaria son múltiples, precisa Diego Martínez. No hay relación de causalidad directa entre bajada de impuestos y crecimiento económico. Los gobiernos de José María Aznar rebajaron impuestos y los ingresos de Hacienda subieron, pero al mismo tiempo que se hinchaba la burbuja inmobiliaria y el PIB no dejaba de crecer. La recaudación no puede desligarse del aumento de la actividad económica o de la inflación, como está ocurriendo en España desde hace meses. “Teóricamente, la curva de Laffer acierta en que, si el tipo es tan alto que llega a ser confiscatorio, se pierde recaudación”, concede únicamente Juan Antonio Gimeno, catedrático de Hacienda Pública de la UNED.

La teoría dicta que, si aumentan los tipos impositivos, se desincentiva la inversión, el consumo, el ahorro y el trabajo, por lo que el crecimiento económico quedará tocado. Y al revés, bajarlos movilizará recursos adicionales, la economía crecerá y, por tanto, se ampliará la base impositiva y también los ingresos tributarios del Estado. Así es como el recorte fiscal terminará por pagarse solo con el tiempo y no habrá déficit.

El problema es averiguar en qué fase de la curva se encuentra una economía. Por ejemplo, los defensores de la curva argumentan que el fiasco de la enorme bajada de impuestos de Ronald Reagan en Estados Unidos, que condujo a un déficit récord del 6%, no se debió a que la curva no funcione, sino a que el propio Arthur Laffer se equivocó cuando diagnosticó que la economía estadounidense se encontraba en la parte decreciente de la curva –donde un recorte fiscal aumenta la recaudación–, porque estaba en la creciente –aumentando tipos suben los ingresos tributarios–. En realidad, lo que ha ocurrido ya es que las bajadas de impuestos reducen los ingresos del Estado, que incurren en mayores déficit, y éstos obligan a los gobiernos a aprobar más adelante subidas de impuestos para enjugarlos.

Tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones han sido la diana favorita de los gobiernos autonómicos en los últimos años cuando han querido aplicar deducciones. El de Patrimonio lleva años en proceso de demolición. Fue suprimido en 2008 y restablecido en 2011. Después se ha prorrogado año a año hasta que en los Presupuestos Generales de 2021 su vigencia ha pasado a ser indefinida. Esperanza Aguirre ya lo sometió en Madrid a las primeras bajadas en 2005 y lo bonificó al 100% en 2008. En la actualidad, La Rioja lo bonifica al 50% y Galicia, que lo tenía al 25%, ha anunciado que subirá el descuento hasta el 50%. Andalucía acaba de anunciar que lo suprimirá a partir de 2023.

Obviamente, la catarata de deducciones y modificaciones normativas para reducir el tributo se ha traducido en un recorte de la recaudación considerable, el 42,5% desde 2008 hasta 2019, a tenor de los datos del Ministerio de Hacienda recopilados en el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral que elabora cada año el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Otro tanto ocurre con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Andalucía es la comunidad con mayor número de declarantes por herencias, el 23,5%. Le siguen de lejos Madrid, con el 12,1%, Cataluña con el 11,1% y Castilla-León con el 10,8% En donaciones, Madrid es la comunidad con más declarantes y mayor participación en la base imponible total, el 31,8% y el 50,1%, respectivamente, según los datos proporcionados por el Libro Blanco sobre la reforma tributaria que elaboró el comité de expertos designado por el Gobierno.

Las múltiples deducciones aprobadas en los últimos años han ocasionado una merma de su recaudación total de sólo el 1,34% desde 2015 hasta 2019. En Madrid, el impuesto está casi eliminado para los parientes más cercanos desde 2007, gracias a una bonificación del 99%. Y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar la ampliación al 25% de la que tenían los parientes de segundo y tercer grado. En las demás comunidades autónomas, el abanico de bonificaciones y reducciones es enorme. En 2018, bajaron este impuesto Andalucía, Cantabria, Navarra y Extremadura. Y su recaudación en 2019 también se resintió. Galicia, en cambio, no lo tocó… pero su recaudación se recortó igualmente. De hecho, fue la segunda donde sus ingresos cayeron más, un 34,1%, sólo superada por Canarias, donde se redujeron un 39,4%. La de Madrid, por el contrario, creció un 21,6%, pero también lo hizo la de Cataluña, y en una proporción similar, un 20,78%.

Pero trasladar las bajadas fiscales de algunos impuestos al aumento de otros, que terminan engordando la recaudación total, no es un efecto automático pese a las declaraciones de Elías Bendodo. Madrid, la comunidad más adelantada y contumaz en recortar impuestos, mejoró sus ingresos tributarios entre 2017 y 2020 un 12,8%, menos de lo que lo hicieron dos comunidades tan dispares económica y fiscalmente como Castilla y León y Baleares, cuyas recaudaciones fueron las que más crecieron en esos años: un 18,8% y un 18,7%, respectivamente. La tercera que más aumentó sus ingresos tributarios fue Cataluña, con un 15,8%. Es curioso, además, que Baleares sea la segunda comunidad con mayor presión fiscal –recaudación dividida por el PIB– después de Navarra, un 12,7%, mientras que Madrid sea la segunda con menor presión fiscal, un 9,48%, detrás de Galicia, con un 9,4%, según los datos de Hacienda relativos a 2019.

Donde menos creció la recaudación entre 2017 y 2020 fue en Extremadura, con sólo un 3,8%, y en Andalucía, con un 6,3%. Son también las comunidades con menor renta y recaudación per cápita. Pero sólo si se exceptúa Canarias, donde en realidad los ingresos fiscales cayeron un 3% debido al hundimiento de la recaudación en 2020 por culpa de la pandemia. Si se hace la cuenta hasta 2019, en cambio, los ingresos tributarios crecieron un 5,8% desde 2017. Aun así, un aumento también de los más bajos en la comunidad con menor presión fiscal de todas, sólo un 7%, debido a que el archipiélago disfruta de un régimen económico especial. 

El sistema de financiación autonómica está pendiente de una reforma que nunca llega. Abonado a la polémica, el periodo preelectoral que se avecina dificulta sobremanera el acuerdo necesario para que el Gobierno cumpla su compromiso de mejorar en esta legislatura un modelo sobre el que hay un diagnóstico unánime: es injusto e ineficiente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido enviar a las comunidades autónomas una propuesta de reforma después del verano. Mientras, el sistema sigue funcionando con sus peculiaridades. En 2020, el año del covid, incluyó 19.600 millones de fondos que el Estado transfirió a las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia. Aun así, el volumen total de financiación a las comunidades de régimen común –excluidas las forales vascas y navarra— se redujo en 11.200 millones de euros, una caída del 9% respecto al año anterior, debido la rebaja de la recaudación de impuestos.

Así lo explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), tras analizar la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2020. De la Fuente destaca que parte de las transferencias realizadas por el Estado, las extraordinarias no ligadas a necesidades específicas de gasto causadas por la pandemia, y la condonación de saldos negativos de la liquidación de 2020, que fueron pensadas para reforzar los recursos autonómicos, “empeoraron la distribución de los fondos por habitante ajustado entre comunidades, mejorando aún más a las mejor tratadas a expensas de las peor financiadas”.

En 2020, la comunidad que más recibió del sistema fue La Rioja, con 3.561 euros por habitante ajustado, sólo un poco más que Cantabria –3.536 euros–, que hasta entonces figuraba como la mejor financiación per cápita. De acuerdo con los cálculos de De la Fuente, cada madrileño recibió 3.176 euros del sistema, por los 3.091 euros de cada catalán. Entre las más favorecidas figuran también Extremadura –3.241 euros–, Castilla y León –3.160 euros– y Baleares –3.166–. En la cola, en cambio, se sitúa Murcia, que sólo percibió 2.678 euros en 2020, desbancando así a la Comunidad Valenciana, hasta ahora tradicional farolillo rojo del sistema, con 2.681 euros. La media del modelo se quedó en 2.996 euros el año del covid, un poco por encima de los 2.833 euros de 2019 gracias al aporte extraordinario para combatir la pandemia.

De un año a otro, Asturias es la comunidad que más ha mejorado su financiación efectiva por habitante ajustado, 2,9 puntos, seguida de Castilla y León, que ha ganado 1,9 puntos, y Galicia, con 1,8 puntos de avance. Por el contrario, Andalucía es la que más pierde, 1,8 puntos respecto al año anterior. Baleares, que se deja 1,2 puntos, fue no obstante la más beneficiada por las compensaciones que recibió, fundamentalmente las transferencias de garantía –5,7 puntos, la que más–, para superar la enorme caída de ingresos tributarios propiciada por la pandemia, 8,9 puntos. Lo mismo le ocurrió a Canarias –2,2 puntos menos de recaudación fiscal–. Ambos archipiélagos son los únicos territorios que perdieron recaudación, debido a la fuerte caída de sus PIB por el cierre del turismo. La Rioja perdió 1,4 puntos en 2020 y Castilla-La Mancha 1,1. Madrid sólo cedió una décima respecto a 2019, mientras que Cataluña ganó siete.

En total, el descenso de la recaudación fiscal en 2020 fue de un 8,36%. Hay que recordar que los ingresos del sistema de financiación proceden de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas –Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Juego…–, además de los fondos que canalizan las transferencias de la Administración central. En 2020, según las cifras de De la Fuente, los ingresos tributarios autonómicos supusieron un 92,5% de la financiación efectiva, casi un punto más que en 2019.

Sin embargo, la contribución fiscal de cada comunidad es muy dispar. La de Madrid es de 135,6%, mientras que la de Canarias es sólo del 49,7%. Es decir, Madrid recauda 22.702 millones de euros con los impuestos cedidos, por encima de los 16.967 millones con que se financia, por lo que aporta al sistema 5.735 millones. En el mismo sentido contribuye también Cataluña –1.869 millones– y Baleares –196 millones–. Son los tres territorios del régimen común con mayor renta per cápita. Esas contribuciones equivalen al 6% de los ingresos tributarios de Baleares, el 9% de los catalanes y el 25% de los madrileños.

Del otro lado, los 3.265 millones de euros que recibe Canarias del sistema superan en más del 50% sus ingresos tributarios. En Andalucía, los 4.311 millones que percibe exceden en un 27% su recaudación fiscal. Y sobrepasan el 20% de los ingresos por impuestos otras ocho comunidades autónomas.

Por lo que se refiere al Fondo de Garantía, sus transferencias mejoran la financiación relativa de Canarias en 48 puntos y en 28 la de Extremadura. El Fondo de Suficiencia la aumenta en 18,7 puntos para Cantabria, en 13 puntos para La Rioja y en 12,6 puntos para Extremadura. El Fondo de Cooperación añade más de 1,7 puntos a la financiación relativa de 10 comunidades autónomas y más de cuatro a Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla y León. Finalmente, el Fondo de Competitividad aporta 20,3 puntos a Baleares, 11,5 puntos a Canarias y 6,8 puntos a la Comunidad Valenciana.

El estudio del director ejecutivo de Fedea también hace una aproximación al desempeño del sistema en 2021, donde aprecia una caída de los recursos del 1,8%, e incluso en 2022, con un descenso del 0,9%. Mientras en 2020 los fondos covid supusieron el 11,5% de los ingresos del sistema de financiación autonómica, en 2021 se quedaron en el 9,9% y este ejercicio sólo representarán el 5,3%. De forma que el año pasado el Estado distribuyó entre las comunidades autónomas un 3,5% menos que en 2020 y la reducción será aún mayor en el ejercicio actual, un 5,7%.

Podemos ha afirmado que los "insultos" y la posición "egoísta" de la banca y las eléctricas ante el nuevo impuesto extraordinario a sus beneficios debe impulsar al Gobierno a acometer ya una reforma fiscal completa, dentro del marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, donde apuesta también por medidas para que los funcionarios públicos no pierdan poder adquisitivo.

También ha redoblado su rechazo a elevar el gasto militar, que es una "prioridad" solo del PSOE, y advierte a su socio de no encarar el diseño de las cuentas como un "intercambio de cromos" a la hora de incluir partidas de mejora de los servicios públicos.

Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, para urgir también al desbloqueo definitivo, con el inicio del curso político, de la Ley de Vivienda o la derogación de la Ley Mordaza, además de impulsar la nueva Ley de Familias con una renta universal por crianza.

En materia fiscal, Pérez ha celebrado que el PSOE haya "aceptado" la propuesta de un impuesto extraordinario a la banca y las energéticas, al igual que el tope del gas como defendía su partido, porque es "intolerable" que aumenten sus beneficios mientras que la ciudadanía realiza un "esfuerzo muy importante" para soportar la crisis.

De esta forma, ha arremetido contra los directivos de grandes corporaciones que se han opuesto a este tributo y deslizan que están investigando fórmulas para "evadir y evitar" su pago, es decir, de "saltarse la ley". Es más, ha criticado que es una actitud "obscena, egoísta y antipatriota", un "insulto" a los españoles que "pagan religiosamente" sus impuestos.

Por tanto, la co-portavoz de la formación ha alertado de que "esto no se puede permitir" y el Gobierno tiene que mandar un "mensaje claro" de que defiende el interés general de la mayoría frente a un 1% de privilegiados. Y en este sentido, ha disertado que ese impuesto extraordinario "no es suficiente" si quieren aprovechar la "oportunidad" de tener una reforma fiscal más amplia, que lleve a las grandes corporaciones a tributar al menos un 15% en lugar del 7%.

"Corregir esa desigualdad atroz es urgente y es nuestra obligación como Gobierno progresista", ha enfatizado Pérez para demandar un sistema fiscal "más justo", dado que ahora estas compañías pagan en proporción menos impuestos que las pymes, los autónomos y las rentas del trabajo.

Por otro lado, ha reivindicado que no van a parar hasta elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) al 60% de la retribución media del país, dotar con 800 millones extra el sistema de cuidados estatales (dependencia y plan corresponsables), además de plantear en el Consejo de Ministros mejoras retributivas para los empleados públicos.

Respecto al asunto del gasto militar, que genera diferencias entre los socios de coalición, la co-portavoz de Podemos ha subrayado que su posición es "clara" y que donde tiene que llegar España es a una inversión del 2% del PIB en diversas aspectos, como la I+D o en indicadores de ayudas sociales.

"Esta gasto militar es una prioridad del PSOE, no del Gobierno, y creemos que esa pretensión (de subirlo) no puede sumarse a la mesa de negociación presupuestaria a costa de otras, como pueda ser la sanidad", ha relatado para añadir que quieren que las tropas trabajen en las mejores condiciones posibles pero este debate no puede hacerse intentando un "intercambio de cromos ni aprobando inversiones a cosa de otras".

Cuestionada sobre las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pidió a la formación morada olvidar prejuicios y arrimar el hombro, Pérez le ha instado a recordar que España "no está en guerra y no necesita más gasto armamentístico, sino aumentar la inversión social y redoblar, a nivel internacional, las vías diplomáticas para resolver la guerra de Ucrania.

También para el arranque del curso político, la dirigente de la formación morada ha urgido a derogar ya la Ley Mordaza, que no puede pasar "ni un minuto más" estando en vigor y supone una "vergüenza" que una norma del PP pensada para "acallar la protesta" lleve más tiempo aplicándose con el PSOE.

Del mismo modo se ha referido a la Ley de Vivienda, que la juventud espera como "agua de mayo" para mejorar la tasa de emancipación y poner límite a unos precios del alquiler que son "realmente abusivos". En ambos casos, ha llamado a culminar el diálogo con los aliados del bloque de investidura.

En esta línea, ha dado la "bienvenida" al giro "progresista" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el Estado de la Nación para establecer una hoja de ruta "valiente y ambiciosa", como demandaba Podemos. Eso sí, los Presupuestos deben consolidar ese nuevo rumbo.

Finalmente, ha destacado que el Ejecutivo ha reaccionado con "agilidad" a los retos de un curso político "complicado", marcado por el conflicto de Ucrania, y que han demostrado junto al bloque de investidura que han aportado "estabilidad" al país. De hecho, ha remachado que Unidas Podemos es la "garantía de vida" de la coalición y lo va a seguir siendo "hasta el final".

Los "deplorables antecedentes" en la aplicación de fondos europeos por parte del Estado español lanzan un negro pronóstico sobre la capacidad de las Administraciones públicas de afrontar el "colosal" desafío de los Next Generation, entre otros retos de futuro apremiantes. De hecho, el balance de gestión de los fondos en 2021 reafirma la urgencia de acometer la modernización de un Estado anclado en el siglo XX. Este es el diagnóstico que se extrae del trabajo de los investigadores Carles Ramió y Manuel Hidalgo, especialistas en gestión pública desde las ópticas de la Ciencia Política y la Economía, publicado en sendos artículos en el Informe sobre la democracia en España 2021, el análisis de referencia del estado de la democracia en el país, que año a año publica la Fundación Alternativas.

El punto de partida del análisis de Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración y Comisionado para la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, es la necesidad de una "urgente" reforma en profundidad para hacer frente a la variada lista de "retos" del ciclo 2020-2030, que incluye el envejecimiento de las plantillas y de la población en su conjunto –con unos sobrecostes previstos equivalentes al 12% del PIB en los próximos 25 años – y la extensión de las tecnologías de inteligencia artificial y la robotización. Y eso en una era de inestabilidad política y económica.

Todos estos problemas hay que encararlos al mismo tiempo que otro que ya está sobre la mesa, en forma de obligación: la gestión de los fondos europeos, que puede –o podría– suponer la movilización en seis años de 140.000 millones, de ellos 77.000 a fondo perdido. Y no es el único dinero europeo. España puede recibir en el próximo marco financiero (2021-2017) hasta 50.000 millones más. A ello hay que añadir los fondos sin ejecutar del anterior marco (2014-2020), que a 1 de enero de 2022 eran más más del 60%, lo que supera los 15.000 millones, explica en su artículo Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow del think tank Esade Ecpol, que con todo ello ve por delante "un reto de gestión colosal". "Entre 2021 y 2027, nuestro país deberá gestionar no menos de 200.000 millones de euros de fondos europeos", añade Hidalgo.

¿Qué perspectivas ante ese desafío? Cuanto menos, preocupantes. Por dos motivos. 1) Por cómo ha rendido España –Administración central y autonomías– hasta ahora en exámenes más fáciles. 2) Por los resultados decepcionantes que arroja el primer balance de la gestión de los fondos, si bien es cierto que aún falta la nota definitiva.

"Los antecedentes son deplorables, ya que la Administración adolece de una merma en su sistema organizativo y en su modelo de gestión de recursos humanos que ha supuesto que apenas haya gastado un 34% de los fondos en el ciclo 2014-2020. De los 56.241 millones que puso a su disposición la Comisión Europea, España sólo ejecutó 19.374. De hecho, es el país de la UE que menos porcentaje ha logrado implementar", escribe Ramió, autor de una treintena de libros y 250 artículos sobre Administración pública. Hidalgo se suma: ha habido "enormes dificultades" para la gestión de "cantidades muy inferiores" a las previstas ahora, por lo que los retos "se antojan difíciles de superar".

Los dos autores se afanan en discernir las causas de esta "debilidad". El economista enumera una serie de "cuellos de botella". Ejemplos: escasez de planificación estratégica, coordinación y evaluación de políticas públicas, así como confusión en la distribución de tareas... En resumen, detecta un "fallo a diferentes niveles", incluido el de recursos humanos, donde hay un "desconocimiento importante del know-how" sobre gestión de fondos europeos. Y alerta de un riesgo añadido: "Los fondos pueden verse como una fuente de ingresos que libere el uso de presupuesto autofinanciado [...]. Dicho en otras palabras, el riesgo es que los fondos no se conviertan en inversión complementaria, sino de carácter sustitutivo". Ello podría derivar en un "menudeo de proyectos" sin capacidad transformadora.

Ramió ve una serie de "capturas estructurales" que impiden la reforma de una Administración "conceptualmente reacia al cambio". Son las siguientes: 1) Falta de incentivo político para la reforma, que "no aporta réditos electorales, implica mucho esfuerzo y es una fuente inagotable de conflictos". 2) Resistencia sindical. 3) Corporativismo de los empleados públicos. 4) Batallas judiciales. "Cuando una Administración [...] logra el milagro de que converjan el Gobierno, los sindicatos y los empleados públicos, basta que un solo empleado presente un recurso para que todos estos esfuerzos hayan sido baldíos", señala Ramió, que en 2020 fue parte del grupo de expertos que analizó la metodología para la rendición de cuentas del Gobierno.

El panorama final que presenta Ramió, autor en un blog de referencia sobre la Administración, es sombrío. Un resumen en dos pinceladas: los mecanismos de selección de empleados públicos están "obsoletos" y "la arquitectura organizativa" se fundamenta en "una gestión de carácter feudal", totalmente fragmentada. De modo que la reforma, señala, es la "gran asignatura pendiente" tras más de 40 años de democracia: "Ninguna gran Administración –ni la General del Estado ni las autonómicas– ha sido capaz de implementar una auténtica reforma", concluye.

Ramió considera que el decreto de 2020 "para la modernización de la Administración y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" se queda corto como reforma porque es "reactiva" y está centrada en un solo desafío: el aprovechamiento de los fondos europeos. "¿Podemos considerar esta iniciativa como una auténtica estrategia de modernización o de reforma? La respuesta es que, de momento, no, aunque no hay que desestimar la posibilidad de que esta primera iniciativa se convierta en el abrelatas", escribe el ex director de la Escuela Catalana de Administración Pública.

Hidalgo ve la reforma ya realizada como la "más ambiciosa hasta la fecha". Ahora bien, de momento no impide que los problemas se repitan. "La ejecución de los fondos asociados al plan [de Recuperación, Transformación y Resiliencia] ha evolucionado muy lentamente durante los primeros meses", señala Hidalgo, para quien la eficacia de la reforma realizada está "en entredicho".

En lo que respecta a los "cuellos de botella", añade, "no parece que haya habido grandes cambios, salvo el aumento en la contratación de personal o en procesos de formación para cuadros especializados". Concluye Hidalgo: "Los problemas de gestión de fondos son profundamente sistémicos", lo que significa que sus razones son "numerosas" y nacen "de los más pequeños y cotidianos actos" de la Administración.

Todo ello está afectando ya a la ejecución de fondos. Según cálculos del Observatorio de Fondos Next Generation de Esade EcPol y de Ernest & Young, a finales de 2021 sólo se habrían adjudicado 1.000 millones en licitaciones y 4.000 en subvenciones. "Es muy evidente que la lentitud es una clara característica, ya no sólo de la gestión de fondos en España, sino en general de la ejecución de cualquier partida", añade. Según datos oficiales de contabilidad de la Comisión Europea adelantados por El País, el Gobierno sólo gastó el año pasado 2.400 millones de los fondos, un 0,2% del PIB.

El Ministerio de Hacienda, en respuesta por escrito a una solicitud de información de infoLibre, reivindica la gestión realizada y cifra los pagos a 31 de diciembre del año pasado en 11.000 millones, un 45% del crédito total. La diferencia con el dato de 2.400 millones se explica así: el dato de Hacienda "incluye transferencias a las comunidades autónomas como consecuencia de conferencias sectoriales", según el departamento de María Jesús Montero (PSOE).

Hacienda señala además que el dato más relevante no es el de pagos, sino el de "obligaciones reconocidas", mediante las cuales ya se le puede exigir un crédito a la Administración. Ese porcentaje fue en 2021 del 82,8%, según Hacienda. En cuanto a 2022, a 2 de junio las obligaciones reconocidas eran de 3.109 millones, un 11,55% del crédito total. Hacienda recalca que lo autorizado supone más del 40% de los presupuestado. "Esto quiere decir que casi la mitad de lo presupuestado para 2022 ya está en movimiento. No es un nivel bajo de ejecución. El año pasado en los primeros meses el nivel de ejecución fue bajo porque primero tienes que poner el dinero en circulación, es decir, autorizar y comprometer, que son las fases del ciclo presupuestario que van más lentas porque se corresponden con la preparación de los pliegos, convocatorias, publicación, procedimiento de adjudicación", añade Hacienda.

En cuanto a los desafíos de la Administración, el momento es exigente. España encara la salida de la crisis del coronavirus, que ha enseñado los costurones del Estado, las deficiencias de su diseño y los vicios de su funcionamiento. Ahora la recuperación se topa con la guerra en Ucrania, la inflación por controlar y la amenaza de otra posible crisis económica.

Pues bien, España llega a este punto con reformas pendientes. El plan normativo del Gobierno para 2020 ya recogía una Ley de Función Pública, cuyo objetivo era “impulsar la racionalización de la AGE y mejorar la calidad de los servicios públicos”. La norma se ha retrasado. El Ministerio de Hacienda afirma que "se está ultimando". El Gobierno sí ha avanzado en la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, aprobada como proyecto en mayo.

La propuesta de Ramió va más allá de los planes del Gobierno. El investigador propone una serie de "medidas urgentes", que no sólo sirven para encarar el desafío de los fondos europeos, sino todos los que están por venir. En el punto de mira está sobre todo el personal. Ahí se dirige una medida a la que Ramió atribuye importancia capital ante el relevo generacional masivo: una planificación urgente de recursos humanos que incluya un catálogo de puestos por suprimir una vez se vayan jubilando sus titulares y otros por incorporar, como gestores de datos o especialistas en inteligencia artificial. También, señala Ramió, hay que transformar la selección para atraer "talento joven y digitalizado" e introducir la figura del "directivo profesional".

El autor de títulos como Burocracia inteligente cree que, de no realizarse la "perentoria" reforma, "lo más probable es que la Administración pública entre en decadencia, configurándose como un ente residual, ausente e impotente".

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso salva in extremis su Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, uno de sus proyectos estrella en la pugna permanente con Moncloa. El texto, con el que en teoría se busca blindar a la región ante una posible armonización fiscal impulsada desde el Gobierno central, ha logrado este jueves superar su primera prueba de fuego gracias al paso atrás dado por Vox. Tras mantener la tensión hasta el último momento, la ultraderecha ha permitido finalmente la tramitación de la norma retirando su propia enmienda a la totalidad, que iba a ser respaldada de forma masiva por el bloque de izquierdas. Con este movimiento, la ley del Gobierno madrileño, que la extrema derecha ha llegado a calificar de "absurda" hace pocas horas y que ha criticado por considerar que agrava "las diferencias e injusticias entre españoles", sigue adelante.

El Gobierno madrileño siempre ha dado a esta norma una relevancia mayúscula. Tanto, que se vendió como uno de los grandes anuncios de Ayuso durante su investidura. "Para evitar la inseguridad jurídica, les anuncio que traeremos a esta Cámara una ley de defensa de nuestra autonomía financiera. Pero voy más allá: cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto capitalidad, de efecto aspiradora o ataque de alguna manera a los intereses de los madrileños, le recordaremos que somos la región más solidaria con el resto del país y que, si nos va mal a nosotros, le va mal a toda España", se encargó de resaltar, entre aplausos, la presidenta regional durante su discurso.

Solo tres meses después, el Ejecutivo autonómico abría a consulta pública la iniciativa. Y el pasado enero, anunciaba a bombo y platillo la aprobación del proyecto. El texto en sí no es excesivamente extenso. Apenas cuenta con diecisiete artículos con los que el Gobierno regional pretende blindar a la región con los impuestos más bajos frente a un Ejecutivo central que estudia una reforma que avance hacia una armonización fiscal tan reclamada desde algunos territorios. "Cualquier ley, disposición normativa y acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la autonomía financiera (...) será objeto de recurso de inconstitucionalidad", recoge el proyecto.

Toda la oposición registró enmiendas a la totalidad para devolver el texto al Gobierno regional. Incluido Vox. La formación de extrema derecha lo hizo en un contexto muy concreto: solo dos días después de las elecciones en Castilla y León, de las que el partido ultra salió como pieza fundamental para el mantenimiento del conservador Alfonso Fernández Mañueco al frente de la comunidad. La izquierda vio en este movimiento una oportunidad. Al fin y al cabo, dando su apoyo a la enmienda de Vox, que no lleva asociado texto alternativo, conseguirían frenar la tramitación de una norma que consideran vacía.

A pesar de las continuas llamadas al orden desde las filas conservadoras, la extrema derecha decidió acudir al Pleno de este jueves con su enmienda a la totalidad sobre la mesa. Y así se inició el debate, con la máxima expectación. El primero en tomar la palabra fue el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, quien se encargó de presentar un proyecto con el que se busca defender una "política de bajada de impuestos" convertida en seña de identidad de la Comunidad de Madrid. "Existe una amenaza, real y presente, de armonización fiscal que pretende imponer una brutal subida de impuestos. Frente a esa amenaza, nos defendemos", dijo desde la tribuna de oradores.

Para la oposición el proyecto de Ley no es más que un texto "innecesario" que no introduce "novedad legislativa" alguna. "Todo lo que dice ya está en la Constitución, en la Lofca y en el Estatuto de Autonomía", ha resaltado el diputado del PSOE Fernando Fernández. "Es un artefacto comunicativo en una estrategia de políticas económicas caducas que está abandonando todo el mundo", ha señalado, por su parte, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez. "Lo que hacen es declararse unos auténticos indepes, pero indepes fiscales", ha apuntado la parlamentaria de Unidas Podemos Sol Sánchez, quien ha afirmado que con esta norma se busca "levantar un foso y llenarlo de cocodrilos" alrededor de la "guarida fiscal" que es la Comunidad de Madrid.

Pero todos los ojos estuvieron situados en Vox. Al fin y al cabo, en sus manos estaba el éxito o el fracaso del proyecto estrella de Ayuso. La ultraderecha se mostró dura con el texto. "Estamos ante una ley inocua que no sirve más que para dar titulares en la prensa", ha aseverado desde la tribuna de oradores José Luis Ruiz Bartolomé. No obstante, abrió la puerta a dejar pasar el proyecto: "No pierda la esperanza. Ya sabe que nos revienta votar de la mano o en conjunto con la extrema izquierda sectaria, aunque sea por casualidad y de rebote. Tenga una intervención afinada y amable. Mire, no se rinda, que hasta el rabo todo es toro".

"Era evidente que los grupos de la izquierda atacasen. Lo que nos ha sorprendido es que Vox se haya sumado a la izquierda y haya presentado una enmienda a la totalidad que significa ayudar a la armonización fiscal que defiende Sánchez para subirle los impuestos a los madrileños", respondieron desde la bancada conservadora. Sin embargo, las intervenciones del PP y del consejero no parecieron convencer a la extrema derecha: "El Gobierno y el partido del Gobierno han dispuesto de treinta minutos para explicarnos en qué consiste la ley. Y no lo han hecho".

No obstante, el partido ultra evitó despejar la incógnita hasta el último momento. Pero terminó pasando por el aro. Poco antes de que se cerraran las puertas del hemiciclo para proceder a la votación, Vox ha decidido retirar su enmienda a la totalidad. "Con la izquierda no vamos ni a heredar", han señalado desde el partido. Al final, tras dos meses tensando la cuerda, la formación que lidera Rocío Monasterio ha acabado permitiendo que la norma continúe su tramitación. A pesar de haber asegurado hace dos meses que no iba a "colaborar para que Madrid se convierta en una comunidad independentista". O que el texto agravaba "las diferencias e injusticias entre españoles".

La gestión de Alberto Núñez Feijóo en materia de ingresos y gastos durante sus trece años de mandato en Galicia revela una política dirigida a favorecer, sobre todo, a las rentas más altas y una contradicción: redujo la capacidad de Galicia de generar fondos propios mientras reclamaba más dinero al Gobierno central porque el que tenía no era suficiente para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales que necesitaban los gallegos.

El relevo de Pablo Casado al frente del PP ha cambiado parcialmente las formas y ha abierto la puerta a negociaciones que su antecesor mantenía bloqueadas, pero el nuevo líder no suelta la bandera de la bajada de impuestos como eje central de la propuesta económica del Partido Popular. La estrategia de Feijóo, en plena crisis de precios alimentada por la invasión rusa de Ucrania, pasa por poner en el centro del debate la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y justificar así una rebaja del IRPF que compense la inflación.

Durante la gira que protagonizó por las 17 Comunidades Autónomas en busca del apoyo de los militantes a su candidatura y en sus intervenciones en el congreso extraordinario de Sevilla, el nuevo líder del PP incluyó entre los méritos que había acumulado como presidente de la Xunta haber reducido en 1.200 millones de euros los impuestos que pagan los gallegos.

¿De qué ha servido esa rebaja de impuestos? Desde luego no para mejorar el crecimiento de la economía gallega ni para atraer inversión. El ultimo año antes de la pandemia Galicia creció un 2,2% en proporción a su PIB, dos puntos por detrás de España. Y las previsiones para los años 2022 y 2023, según BBVA Research, son que seguirá pediendo posiciones respecto al conjunto del país a un ritmo de tres décimas el primer año y nueve el segundo. La rebaja fiscal de Feijóo tampoco ha sido capaz de acabar con su limitada capacidad de atracción de inversiones privadas, según la Fundacion BBVA.

Para colmo, el conselleiro gallego de Facenda, Miguel Corgos, sostiene que Galicia “recibe del actual modelo de financiación 800 millones de euros anuales menos de lo que le cuesta a la Xunta financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. La cifra forma parte de las alegaciones que el Gobierno de Feijóo trasladó a Hacienda el pasado mes de enero para pedir a la ministra María Jesús Montero una modificación de la propuesta de cálculo de la población ajustada, el criterio clave para regular la financiación de las comunidades autónomas. La Xunta sostiene que sólo el factor dispersión de la población representa un sobrecoste de 500 millones de euros.

La paradoja es que, mientras Feijóo reclama más dinero al Gobierno central para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, presume de haber renunciado a recaudar entre 400 y 500 millones de euros anuales mediante reducciones de impuestos. 

Galicia es una de las Comunidades Autónomas más dependientes de la financiación del Estado, muy por encima de territorios económicamente mucho más activos como Madrid o Cataluña. Sus ingresos propios, que apenas cubren el 20% del presupuesto de la Xunta, proceden de tributos cedidos al 100% en los que la gestión corresponde íntegramente a la comunidad gallega (los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el patrimonio y del juego) también aquellos cedidos pero que no gestiona la Xunta, aunque sí ejerce competencias (los tramos autonómicos del IRPF y del impuesto sobre los hidrocarburos).

Las reducciones aprobadas por Feijóo en el impuesto sobre el patrimonio, presentadas como una política destinada a “facilitar llegar a fin de mes” a las familias gallegas y compensar lo que la Xunta califica como “una subida indiscriminada de impuestos”, favorecen sin embargo a las rentas medias y altas y a los contribuyentes con patrimonios más elevados. Aunque para las rentas más altas el impuesto se mantuvo o se incrementó un punto.

Quienes más van a notar este año la rebaja en Galicia son los que tienen un patrimonio notable porque van a disfrutar de una bonificación del 25% con un mínimo exento de 700.000 euros. También los que presenten declaraciones de la renta en los tramos que van de 27.700 a 35.200 euros y en el de 47.600 a 60.000 de base liquidable, con rebajas superiores a las de los tramos más bajos.

El impuesto sobre las transmisiones patrimoniales ha bajado también en 2022 del 10 al 9%, ampliando las rebajas que se venían aplicando cuando el tributo afectaba a la compra de vivienda habitual o cuando esta estaba en zonas poco pobladas. Aunque en este último supuesto la Xunta incluye municipios turísticos y situados en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo, las ciudades más pobladas de Galicia.

El impuesto sobre el patrimonio rebajado por Feijóo afecta en Galicia a unas 8.000 personas que poseen en torno a 50.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria de antes de la pandemia. El grueso de estas fortunas, según la misma fuente, son acciones en empresas que no cotizan en bolsa y que no están afectadas por el tributo (más de 32.000 millones) y bienes inmuebles (4.300 millones). Es a estos propietarios a quienes el actual presidente del PP rebajó, sólo en 2021, un total de 183,09 millones de euros, según estimaciones de la Xunta. La previsión para 2022, según los Presupuestos Generales aprobados en el Parlamento de Galicia, alcanza los 136,9 millones.

En relación con el impuesto de sucesiones, a Feijóo no le pareció suficiente excluir del pago a las herencias por encima de 400.000 euros sin contar la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. Así que en 2019 decidió ampliar la exención a quienes hereden hasta 1.000.000 de euros, si bien incluso estas herencias sólo tributan por la cantidad que exceda de esa cifra.

Las rebajas fiscales de 2021 se reparten del siguiente modo: 183,09 millones en favor de quienes más patrimonio tienen, 177,55 del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, 158,97 se sucesiones y donaciones y apenas 27,74 de IRPF.

No son estas las únicas rebajas de impuestos aprobadas por el Gobierno gallego. En 2020 el ejecutivo presidido por Feijóo decidió aprobar una rebaja de impuestos extraordinaria, durante un año, para compensar al sector del juego de las consecuencias de la crisis de actividad causada por el coronavirus. Por este concepto, las finanzas gallegas dejaron de ingresar 3,67 millones de euros, resultado de perdonar un 20% del pago que tendrían que haber hecho casinos y bingos y un 30% por máquinas de juego y azar. Es algo que Feijóo ya había hecho en 2012, también por un año pero entonces sin pandemia, con un coste para las arcas públicas de 3,8 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el fin de semana antes los dirigentes autonómicos a aprobar “rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía” que pagan familias y empresas. Además de “otras que se puedan plantear”. Una promesa genérica que debería ir más allá de las medidas adoptadas el pasado verano para reducir las facturas de la luz, cuando aún no había guerra, y que ahora podrían prorrogarse más allá del 30 de abril en que estaba en principio establecida su vigencia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, concretó al Ejecutivo qué impuestos deberían reducirse: que el IVA a la electricidad y el gas pase al tipo superreducido, el 4%, y se baje de forma transitoria el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el IVA que grava la gasolina y el gasoil. También le pidió una ampliación hasta fin de año de los recortes fiscales para la electricidad: la rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción a un tipo mínimo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el primer trimestre de este año.

Para gravar el IVA de los combustibles con un tipo reducido, el Gobierno necesitará la autorización de la Unión Europea, porque la gasolina no se encuentra en la lista de productos a los que se puede aplicar tipos reducidos. Y para rebajar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos tiene que respetar los “niveles mínimos” que marca la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, aprobada en 2003 y actualizada el pasado mes de julio. Esa puesta al día, después de 17 años sin que se modificaran los límites mínimos, va en la dirección opuesta a la rebaja fiscal. Por ejemplo, antes se aplicaba un tipo mínimo más bajo al gasóleo que a la gasolina. Ahora es al revés. Prima el criterio ecológico, por lo que se grava más a los combustibles más contaminantes. También se eliminan las exenciones y reducciones nacionales, dejando a los Estados miembros “un margen mucho menor para fijar tipos por debajo de los mínimos para determinados sectores”, explica la Comisión Europea. Se permiten esos tipos más bajos sólo para “los productos energéticos avanzados producidos a partir de fuentes renovables” y para la agricultura.

Así, el nuevo tipo mínimo para la gasolina y el gasóleo es el más elevado de todos: 10,75 euros el gigajulio. Antes había límites diferenciados. El mayor era para la gasolina con plomo, 421 euros por 1.000 litros, 359 euros el de la gasolina sin plomo y 330 euros el del gasóleo. Es decir, el mínimo ha subido hasta 473,57 euros los 1.000 litros en el caso de la gasolina con plomo, un 12,5%. En teoría, a no ser que Bruselas lo cambie, el Gobierno no puede fijar el Impuesto sobre Hidrocarburos por debajo de ese nivel.

Es lo que dice el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). El margen es muy pequeño o inexistente. Según sus cálculos, sólo 144,92 euros por 1.000 litros en el caso de la gasolina.

A cambio, sí que se puede aumentar la devolución del gasóleo bonificado que consumen agricultores y ganaderos, de forma transitoria, mientras dure la escalada de los precios, explica el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.

Por el contrario, Luis del Amo, secretario del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), cree que rebajar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos es una de las medidas que pueden adoptarse para amortiguar el impacto de la subida récord de los combustibles. También propone que se reduzca el IVA tanto de la gasolina y el gasoil como del gas natural, del 21% actual al tipo reducido del 10%. No sólo por la necesidad de autorización previa, sino también por su “enorme coste asociado”, los técnicos de Hacienda no ven viable esa solución.

En 2019, Hacienda recaudó por el Impuesto sobre Hidrocarburos 12.264 millones de euros, una cifra que cayó hasta los 10.336 millones al año siguiente por las restricciones a la movilidad de la pandemia. Para 2021, la Agencia Tributaria sólo proporciona datos hasta el mes de noviembre. En 11 meses los ingresos alcanzaron los 10.507 millones, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2020. Por establecer una comparación, esos 12.264 millones equivalen a más o menos la mitad de lo que el fisco recauda gracias al Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Los combustibles representan, además, la mitad de lo que se recauda con los Impuestos Especiales, que incluyen también al tabaco y el alcohol.

De ahí que Alberto Sagués, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, advierta del efecto de estas rebajas de impuestos. “Estoy a favor de que se pongan tiritas para tapar las hemorragias, pero a más largo plazo me preocupa el tema presupuestario, cuando España ya está en el punto de mira de Bruselas, que ya toleró que nos excediéramos en los límites por la pandemia“, argumenta, “ahora, con la guerra no acabaremos de salir de la espiral de déficit”. Sagués considera “razonable“ que se tomen medidas para evitar el impacto de los precios de la energía en las familias, “lo que se puede corregir con bajadas selectivas de impuestos”, precisa, pero el problema es que, en términos de contabilidad nacional, esos recortes afectarán a la capacidad de hacer frente al gasto público. “Entonces habrá que hacer ajustes en el gasto y decidir qué tipo de gasto se va a reducir”, concluye.

A su juicio, sí se pueden tocar los Impuestos Especiales, pero cree que rebajar el IVA de los carburantes sería mucho más dañino. Del Amo, por el contrario, replica que, al ser un impuesto sobre el precio, si éste sube –como es el caso–, aunque baje el tipo, “no se pierde tanto”.

El secretario general del REAF plantea también como medida alternativa que se bajen los módulos de rentas por los que tributan los transportistas autónomos, uno de los sectores más afectados por la subida de los combustibles. Al igual que ya se ha hecho con los agricultores perjudicados por situaciones excepcionales, ya sean meteorológicas o de otro tipo, como el covid-19 o la imposición de aranceles en EEUU.

Gestha, por su parte, prefiere las ayudas directas a agricultores y ganaderos, para compensar gastos extraordinarios e inversiones “destinadas exclusivamente a la compra de materias primas o a la venta” de sus productos en otros países. En concreto, el sindicato habla de asegurar en el medio plazo “mercados alternativos” para el sector primario que sustituyan a Rusia y Ucrania.

Además, propone incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF a la producción y uso de energías renovables. En concreto, plantea que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2023 la deducción en el IRPF por realizar obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. A su juicio, sí pueden también aprobarse bajadas fiscales para los transportistas, pero no del IVA de los combustibles, puesto que es una medida que “no ataca el problema” y será “compensada con el aumento de los precios, como ha ocurrido con la bajada de impuestos a la electricidad”.

Una parte de los impuestos que pagan los combustibles es el llamado céntimo sanitario, o Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH). Se trata de un tributo polémico en su día y que sirve para financiar la sanidad pública. Desde 2013 está integrado en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con una cuota autonómica que a partir de 2019 se incorporó a la tarifa. Ese año, lo recaudado por la tarifa autonómica ascendió a 1.135 millones de euros. De los más de 12.000 millones ingresados entonces por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, 8.195 fueron a parar a las comunidades autónomas, el 65%. Alberto Sagués alerta del efecto inmediato de su desaparición en la financiación de la sanidad pública.

El profesor de la Pompeu Fabra no desdeña tampoco alguna bajada en el IRPF para ayudar a las familias, pero preferiría un “pacto de Estado” que tuviera como prioridad una “mejor gestión del gasto público”. “Con el covid, el resto de los países de la UE bajaron impuestos; España no, porque no se lo podía permitir”, resume, “pero para dinamizar la economía siempre es necesaria una optimización fiscal”. De ahí que aplauda las propuestas del comité de expertos sobre la reforma fiscal recién presentadas: “Son propuestas valientes, que no sólo se centran en la recaudación”.

Según los datos que publica la Dirección General de Energía de la UE, a fecha de 3 de marzo España grava con un 45% la gasolina –45 céntimos por litro son impuestos— y con un 41% el gasoil. Ambas cargas están por debajo de la media comunitaria, que es del 49% y el 43%, respectivamente. Incluso muy por debajo de los impuestos que pagan en Francia –53% y 49%–, Italia –55% y 52%– o Portugal –53% y 46%–. En el caso de Alemania, es mayor para el gasóleo –39%– y menor para la gasolina –48%–. De ahí que la petición insistente de Bruselas a España sea que suba los impuestos a los carburantes. Hasta ahora, al menos, por motivos medioambientales. Que la guerra en Ucrania puede dejar entre paréntesis.

El pasado sábado, el primer ministro francés, Jean Castex, anunció una rebaja de 15 céntimos por litro en los carburantes a partir del 1 de abril y durante cuatro meses. “Los distribuidores lo aplicarán y el Estado les reembolsará. ¿Por qué no bajar los impuestos? Primero, porque se necesita una ley y lleva más tiempo. Después, porque gravar menos las energías contaminantes es antiecológico”, explicó Castex. El coste para las arcas francesas superará los 2.000 millones de euros.

El comité de 17 expertos reunido durante casi un año para elaborar una propuesta de reforma fiscal dirigida al Gobierno presentó este jueves su Libro Blanco. Son 788 páginas que proporcionan los elementos sobre los que diseñar una “reforma tributaria estructural a medio y largo plazo”. El objetivo, aumentar la eficiencia del sistema fiscal español, de forma que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, financiando los gastos públicos y manteniendo el Estado de bienestar, al tiempo que contribuya a reducir el déficit. Durante la presentación, el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, recomendó al Gobierno que consolide la recuperación económica antes de empezar con las reformas que los expertos proponen, y subrayó varias veces el principio del “gradualismo”, la aplicación paulatina y razonada a lo largo del tiempo de los cambios fiscales. Lo que, no obstante, debería ser compatible con “un anuncio temprano de las medidas tributarias” que se vayan a adoptar.

La filosofía general sobre la que los expertos sustentan sus propuestas es la de aumentar el potencial recaudatorio del sistema tributario español, mejorando el diseño de los impuestos sobre la renta, el consumo y la riqueza. Para ello, prefieren ampliar las bases sujetas a tributación en cada impuesto antes que subir los tipos. También invitan al Gobierno a examinar los llamados beneficios fiscales, las deducciones y exenciones que rebajan la recaudación de muchos impuestos y que se conceden con el fin de estimular la inversión, por ejemplo. Los expertos piden que se evalúe si son realmente eficaces para decidir sobre su mantenimiento o supresión.

Además, plantean subir los impuestos a los consumos más contaminantes y aumentar el IVA, pues recomienda al Gobierno que suprima de forma gradual los tipos reducido y superreducido de este tributo indirecto. Para compensar el perjuicio que para los contribuyentes supondrá esa eliminación sobre el consumo de bienes y servicios esenciales, el comité de expertos propone, como condición sine qua non, aprobar un sistema de prestaciones directas a las personas con menos recursos o crear una deducción reembolsable en el IRPF o incluso compensaciones en los recibos de la luz, el agua, la calefacción o el transporte, en función de la renta.

Para ensanchar las bases imponibles del IRPF, el impuesto de mayor recaudación, los expertos plantean examinar las exenciones, reducciones, deducciones y regímenes especiales, y suprimir los “no justificados”. Así, pide que la reducción por tributación conjunta se convierta en un nuevo mínimo, se elimine la reducción por alquiler de vivienda, los rendimientos del capital inmobiliario se integren en la base del ahorro y se transforme la reducción por obtención de rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota. También piden la abolición del régimen de estimación objetiva de los autónomos.

Aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades es mucho más complejo. “Los 42.000 millones de recaudación anteriores a la crisis financiera nunca van a volver”, advirtió taxativa Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. Según destacó, el de sociedades es un impuesto “en vías de desaparición” por la continua bajada de tipos y las “maniobras de erosión de algunos países”. De ahí que el comité de expertos defienda en todo momento los esfuerzos que en el G-20 y la OCDE se están llevando a cabo para aplicar una tributación mínima internacional, ese 15% que se aprobó el verano pasado para las multinacionales. “Una mayor profundización de la armonización, o coordinación, de la imposición societaria a escala internacional es la mejor manera de proteger la capacidad recaudatoria” de Sociedades, puede leerse en el Libro Blanco.

La propuesta del comité al Gobierno es que no suba el tipo del impuesto, porque perjudicaría “la inversión y la competitividad de la economía española”, pero tampoco que lo baje, porque su reducción generaría problemas de “equidad vertical” y erosionaría la capacidad recaudatoria de otros impuestos: crearía un incentivo para que los contribuyentes trasvasen sus rentas personales a una sociedad. En España, siguiendo la misma tendencia que en el resto de la UE, el tipo general de Sociedades se ha reducido en 10 puntos en menos de una década, resalta el Libro Blanco. De modo que, en 2021, el 25% español está por encima del promedio de la UE, pero por debajo del gravamen de las grandes economías europeas: aún es casi cinco puntos inferior al de Alemania, 3,4 puntos inferior al de Francia y 2,8 puntos menor que el de Italia.

En su lugar, los expertos proponen hacer una “evaluación permanente” de los beneficios fiscales e incorporarles una cláusula de condicionalidad; que su mantenimiento esté supeditado siempre a que aprueben un examen de eficacia. También instan al Gobierno a mantener los regímenes especiales de las sicavs y las socimis, pero examinándolos y “priorizando y reforzando el control tributario sobre este tipo de entidades”. La misma recomendación hace el comité sobre las sociedades pantalla, al tiempo que reclama mayor transparencia fiscal “obligatoria” de las entidades patrimoniales, aquellas en las que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica. De éstas, precisa el Libro Blanco, existían 15.714 en 2019, de las cuales 6.466 casi no tributan a Hacienda. Además, el 37,78% de las sociedades están participadas por entidades patrimoniales, con un volumen de operaciones de casi 16.500 millones de euros ese año. Según los expertos, buena parte de estas entidades pueden estar siendo utilizadas como sociedades instrumentales. El Libro Blanco advierte de que actualmente no existen “medidas suficientes y efectivas para neutralizar el uso de sociedades interpuestas con finalidad de abuso o elusión fiscal”. Por ese motivo, piden que se revise su regulación.

Reducir el número actual de los ajustes que se permiten realizar a las empresas para reducir la base imponible –la cantidad sobre la que se calcula el impuesto– y reformar el sistema de pago fraccionado sobre otras dos medidas recomendadas para mejorar la eficiencia de Sociedades. Al igual que suprimir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que recaudan los ayuntamientos y los expertos consideran “arcaico” y con una estructura “anacrónica”. “Genera distorsiones relevantes en las decisiones de localización y organización de la actividad económica”, asegura el Libro Blanco. Su recaudación equivale a dos puntos adicionales del Impuesto sobre Sociedades.

Mantener Patrimonio y Sucesiones

Una de las partes más controvertidas del análisis de los expertos es la relativa a los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, como reconoce el propio comité. El Libro Blanco plantea que se conserven ambos, pese a las muchas voces que reclaman su desaparición. “Nuestro eje [en el análisis de estos impuestos] ha sido la necesidad de preservar la tributación sobre la riqueza como complemento a tributación sobre la renta”, explicó Jesús Ruiz-Huerta. “E independiente del vehículo normativo”, abundó Teresa Soler Roch, catedrática emérita de Derecho Financiero en la Universidad de Alicante. Es la misma dirección, añadió, a la que apuntan organismos internacionales como la OCDE.

Además, su propuesta intenta un “equilibrio”, destacaron los expertos, entre la autonomía financiera de las comunidades –ambos son impuestos de su competencia– y la aplicación de un impuesto sobre la riqueza “con criterios de eficiencia y equidad” como exige la Constitución. Así, el comité propone fijar un mínimo exento de un millón de euros de carácter estatal por debajo del cual no hay que pagar por el patrimonio. Según sus cifras, por debajo de esa cuantía se sitúan el 44,3% de los declarantes en la Comunitat Valenciana o el 44,7% en Andalucía. Sin embargo, la cuota a ingresar supone sólo el 3,4% y el 2,7% de lo recaudado en esas comunidades autónomas. Por el contrario, quienes más pagan por este impuesto son los dueños de patrimonios entre uno y tres millones de euros, casi el 40% de lo recaudado.

Con este límite común, los expertos pretenden acabar con la “competición a la baja” que se ha desatado en los últimos años entre los gobiernos autonómicos y que amenaza con “vaciar de contenido” estos impuestos, en palabras de Jesús Ruiz-Huerta. Sin embargo, plantean también que se aplique una tarifa progresiva, a partir del 0,5% y con un máximo del 1% en Patrimonio. Si se ensancha la base del impuesto, aseguran, se pueden reducir los tipos de gravamen y mantener la recaudación actual. Además, proponen mantener las exenciones sobre la vivienda habitual y el patrimonio empresarial y profesional.

Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Libro Blanco plantea igualmente un mínimo exento común de entre 120.000 y 250.000 euros para los herederos de parentesco más próximo –hijos, nietos, padres, cónyuges–, y de 20.000 a 50.000 para el resto. Los expertos dejan claro que el diseño del impuesto se ha quedado obsoleto, pero rebaten con firmeza el argumento de que por una herencia recibida se tributa dos veces, tal y como sostienen los defensores de suprimir este impuesto. “Que las herencias no tributen en absoluto sería un factor importante de regresividad”, resaltó Teresa Soler.

Además, los expertos creen que en España no existe un único Impuesto de Sucesiones “sino hasta 20 distintos”, por lo que invitan al Gobierno a simplificarlo: plantean reducir el número de tramos y los tipos de gravamen, así como suprimir la reducción permitida por seguros de vida. El comité cree que la tarifa del impuesto es demasiado elevada y pide su reducción para evitar “situaciones de confiscatoriedad”. Pero considera que debe regularla el Estado, a modo de referencia para las comunidades autónomas. De todas maneras, parece que el debate al respecto no concitó la unanimidad. El Libro Blanco revela que “una parte del comité” consideró que la tarifa estatal de Sucesiones debería aproximarse a la de Francia o Alemania, con más tramos y tipos superiores, para aumentar la progresividad del impuesto.

“[El Libro Blanco] Es un documento de consenso, que incluye las propuestas más viables”, explicó Jesús Ruiz-Huerta en la presentación, “y éstas reflejan las preferencias de los expertos que fueron puestas en común”, tras centenares de reuniones y 21 sesiones en pleno del comité.

El grupo de expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, que recibió el encargo del Ministerio de Hacienda para hacer una propuesta de reforma fiscal ya ha publicado sus conclusiones, plasmadas en el denominado Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria y disponible aquí. De las casi 800 páginas, más de 100 son dedicadas a la modificación de los impuestos ambientales: se trata de una de las grandes prioridades, puesto que España está en los puestos de cola de la recaudación verde en el país. De aplicarse, y en línea con lo exigido por la Unión Europea, se mandarán señales muy importantes al mercado: nos costarán más ciertos hábitos de consumo y será más barato y fácil apostar por alternativas más sostenibles.

En cifras: de aplicarse las sugerencias, la electricidad de los consumidores residenciales se abarataría un 5%, pero por otro lado la calefacción por gas natural subiría un 21%. un 15% los billetes de avión a destinos nacionales, otro 15% la gasolina 95 y un 27,76% el diésel. No son números definitivos, son estimaciones en base a múltiples variables, y los autores advierten: ni se puede hacer de golpe, ni se puede ignorar la delicada crisis energética actual, con el barril de Brent y el gas natural en máximos históricos.

"La conveniencia de adoptar las medidas fiscales enumeradas que se sugieren no ha de entenderse como prescripción de aplicación generalizada e inmediata pues debe tenerse en cuenta la coyuntura energética y económica. El Comité recomienda una actuación gradual que minimice los impactos socioeconómicos de cada una de las propuestas y garantice el cumplimiento de los compromisos medioambientales a medio plazo", dejan claro.

El comité de expertos entiende que la reforma fiscal en clave medioambiental es clave para hacer cumplir en el país el principio de "quien contamina, paga", la máxima de la política europea de los últimos años. No tenemos tiempo para revertir los peores efectos del cambio climático, recuerdan; por lo que es necesaria una actuación decidida que mande señales de mercado, incentivando ciertos consumos y desincentivando otros sin necesidad de la prohibición, y que genere arcas al Estado para afrontar la transición. Partimos en los últimos puestos de la parrilla de salida. "La deficiente tributación medioambiental española de las últimas décadas llevará a mayores costes de los necesarios para afrontar los numerosos problemas medioambientales", advierten los especialistas en fiscalidad.

Subir los impuestos a los carburantes, como proponen, es carne de polémica en el país. Insisten: no es para aplicar a corto plazo, ignorando la coyuntura actual y sin compensaciones que ayuden a aliviar el impacto a las clases bajas y las poblaciones más vulnerables. Pero debe ser más caro pasar por la gasolinera, argumentan, por los evidentes efectos del tráfico rodado movido por combustibles fósiles y, en especial, del gasóleo, tratado con deferencia en España durante las últimas décadas por una supuesta reducción en las emisiones del CO2 a cambio de un impacto en la salud pública de las ciudades. "España cuenta con un parque automovilístico envejecido y dieselizado, origen de importantes daños medioambientales y de otros costes externos", advierten, y consideran que es necesario "generar reducciones significativas de emisiones contaminantes y de un importante aumento de la recaudación".

El cálculo del 27,76% de aumento de precio para el diésel y un 15% para la gasolina proviene, en primer lugar, de la equiparación de los impuestos que se abonan por la adquisición de cada carburante, una medida propuesta por Hacienda y descartada en la negociación de los Presupuestos de 2021 por la presión del PNV. En segundo lugar, de una subida que se defiende para todos los combustibles fósiles. También para el gas natural que se usa en la calefacción, que aumentaría su coste un 15%. Y, en tercer lugar, por la probable entrada en funcionamiento del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en tramitación en el Congreso, que gravará a las empresas energéticas, también las petroleras, para sufragar los gastos de más de 60.000 instalaciones de renovables.

Los expertos son conscientes de que son necesarias compensaciones porque, como analizó hace unos meses Ecodes, subir los impuestos al diésel puede tener un efecto regresivo: que paguen más los que menos tienen. Sin embargo, el Libro Blanco no se moja en la solución concreta. Una bajada de la electricidad vía impuestos, por un lado, podría ayudar a las rentas más bajas; pero también se barajan inyecciones directas de renta; de 52 euros al año por hogar, teniendo en cuenta los aumentos de todos los combustibles, o de 17 euros por hogar rural si se tiene en cuenta que estas zonas, más dependientes del coche, son las que podrían sufrir con mayor intensidad.

Los autores del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria son más contundentes con las medidas a tomar en el sector eléctrico, abogando por la supresión o modificación de dos de los impuestos ya paralizados o rebajados temporalmente por la crisis energética: el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica, del 7%, que se aplica a las compañías: y el Impuesto Especial de Electricidad, del 5%.

Con respecto al gravamen a los generadores, el Libro Blanco defiende eliminarlo; y que el IEE, que sí abonan a los consumidores, pase a gravar la parte de energía consumida, y no el total de la factura, para que los que más consumen paguen más. "El intenso impacto de ambas propuestas tributarias sobre los precios de la electricidad será suficiente, desde el punto de vista de este Comité, para lograr los objetivos deseados de electrificación", concluyen.

Los expertos aseguran que la iniciativa podría incluso aumentar las emisiones, porque una luz más barata desincentiva el ahorro y la eficiencia, y una bajada de la recaudación; pero ambos efectos negativos son compensados por otras propuestas. No se puede apretar en todo y la electrificación de la economía es esencial para la transición. Además, la electricidad se usará, en base a los planes climáticos, para calentar la casa si se descarta el gas, para moverse en vehículo privado si el diésel sube: entienden que es necesario fomentar en vez de castigar.

El análisis realizado por los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda añade que la actual configuración de los tributos ambientales no es suficiente para atajar el grave problema de calidad del aire en las ciudades españolas, aunque se castigue al gasóleo o se implanten zonas de bajas emisiones en los núcleos urbanos. Defienden el pago por el uso de las autovías, que mediante el uso de dispositivos que calculen las distancias recorridas y cobren 0,01 euros por kilómetro en caso de los vehículos pesados. Además, proponen un peaje urbano que grave a quien quiera entrar con su coche al centro, variable según el nivel de congestión. Si hay más atascos, se paga más.

"Un tributo de estas características reduciría, mediante incentivos económicos, los viajes innecesarios y generaría importantes beneficios a los usuarios que realmente necesitan acceder a las zonas congestionadas". La medida podría ser regresiva, pero lo recaudado podría destinarse a mejorar el transporte público, aseguran. Londres y Singapur han tomado medidas similares con un descenso abrumador de la contaminación, defienden.

La aviación no se salva. Los especialistas proponen incluir tasas tanto para los billetes de avión, que subirían un 15% los precios en caso de los vuelos nacionales y un 7% en los internacionales, como para el combustible que utilizan la inmensa mayoría de aparatos: el queroseno, altamente emisor, actualmente sin tasar en la Unión Europea y uno de los principales objetivos de la Comisión en su particular revisión de la fiscalidad verde. Proponen empezar con una tasa del 1%, que añadiría un 7% de encarecimiento, y terminar el proceso con un impuesto de 10 euros por cada gigajulio consumido, que casi duplicaría el coste del pasaje. Pero es improbable que el Gobierno español aborde este impuesto sin ir de la mano del club comunitario.

El tratamiento de residuos también necesita una revisión, así como la gestión hídrica: no solo por el posible impacto ambiental de la contaminación del agua, sino para incentivar el ahorro en tiempos de escasez que irán a más por el efecto del cambio climático. Los expertos proponen tasar el consumo de agua subterránea para el regadío, lo que puede tensar aún más las relaciones entre un Ministerio para la Transición Ecológica que insiste en que la contención es necesaria ante la sequía y unos regantes que piden consumir más, jaleados por una derecha que niega las dificultades estructurales para proveerles del recurso.

Los expertos son conscientes de que "los impactos distributivos evaluados suelen ser regresivos", pero recuerdan que "las simulaciones apuntan que la introducción de compensaciones dirigidas a los grupos de menores rentas puede revertir esta situación con un empleo reducido de la recaudación obtenida". Con ayudas directas o con las ventajas indirectas que el grueso de la población, pero sobre todo los más vulnerables, podrían obtener de un aire más limpio, de un impacto climático más suave, de un transporte público rápido y eficiente o de una casa rehabilitada con fondos públicos que no necesita tanto gas, porque se aísla sola del frío. La comunicación y la insistencia en esas correcciones será clave para evitar a los temidos chalecos amarillos.

El PSOE se ha unido al PP, Vox y Ciudadanos para tumbar en el Pleno del Congreso las propuestas de reforma fiscal pactadas por Unidas Podemos y otros socios de investidura, como EH-Bildu y Más País, entre ellas un nuevo impuesto a las grandes fortunas, no bonificable por las comunidades autónomas, y recargos para grandes eléctricas y entidades financieras, según informa Europa Press.

Finalmente, Unidas Podemos pactó una propuesta conjunta con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, que ha sido respaldada en la votación de este jueves por Esquerra Republicana y el BNG. Sin embargo, el Congreso lo ha rechazado con los votos del PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC y Foro Asturias, mientras que Junts y Teruel Existe se han abstenido.

El PSOE ya había avanzado que no apoyaría la propuesta de su socio de coalición, aludiendo que no apoyaría ninguna propuesta relacionada con la reforma fiscal hasta que el Ministerio de Hacienda, que espera el informe del comité de expertos nombrados para la misma, elevara una propuesta. Pero ni siquiera se ha quedado en la abstención, sino que directamente ha votado en contra.

El texto acordado y rechazado por el Congreso toma de base las propuestas planteadas por Unidas Podemos, con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, un recargo temporal a las grandes eléctricas en el Impuesto sobre Sociedades, nuevos tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros y rebajas fiscales para pymes, y el IVA aplicado a productos de higiene femenina, servicios veterinarios y peluquerías.

Sin embargo, a raíz del acuerdo con el resto de fuerzas se contempla que la recaudación y gestión del nuevo impuesto sobre grandes fortunas sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Asimismo, contempla la propuesta de Bildu de crear de un impuesto temporal a la banca, mediante un recargo del 7% sobre los beneficios a las entidades financieras que adeuden parte del rescate bancario y que cuenten con beneficios netos superiores a los 100 millones de euros.

Otra propuesta de Bildu aceptada es avanzar hacia una base única en el IRPF que igual el tratamiento de las rentas del ahorro a las otras rentas, mientras que también se incluye la propuesta Unidas Podemos, Más País-Equo y Compromís que recuerda la obligación legal de dictar una normativa para aproximar a la media europea la ratio de personal en las administraciones tributarias.