La corrupción en España vuelve a todas las portadas. Los casos de Cerdán, de la Diputación de Almería y del clan Pujol acaparan telediarios, tertulias y páginas de periódicos. Y suponen un claro desgaste de imagen para el Partido Popular, el PSOE y Junts en un momento político muy trémulo en el que las encuestas reflejan con claridad la subida de la ultraderecha encarnada en Vox y en Aliança Catalana.

En el Gobierno no ven la situación ahora comparable con la de junio, cuando salió el primer demoledor informe de la UCO sobre Cerdán que puso contra las cuerdas al Ejecutivo. Pero, no obstante, reconocen que estos “garbanzos negros” suponen un desgaste para el socialismo y que la corrupción siempre hace daño, especialmente entre el electorado progresista. Asimismo, en La Moncloa deslizan que esperan nuevos informes de la Guardia Civil sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE.

El Partido Popular también se ha encontrado, de nuevo, con toda su dureza, al fantasma de la corrupción a través de la trama de la Diputación de Almería, que este lunes celebró un pleno para oficializar la renuncia de Javier Aureliano García como presidente de la institución. Esto ha supuesto un desgarre brutal para el PP andaluz a siete meses de que Juanma Moreno se enfrente de nuevo a las urnas. Una situación que, al sumarse al episodio de los escándalos por los cribados del cáncer de mama, parece alejar cada día más la posibilidad de una mayoría absoluta. De hecho, en privado dirigentes populares andaluces del sur reconocen que esto puede provocar una fuga de votos hacia Vox, que puede bajar a la tierra al presidente de la Junta.

Y de manera paralela, este lunes Junts se encontró con otra imagen demoledora: el clan Pujol rindiendo cuentas ante la Audiencia Nacional. Los magistrados han decidido que juzgarán a Jordi Pujol por videoconferencia desde su casa, a pesar de su estado a los 95 años. Desde Junts, a través de Josep Rius, se defendió este lunes que hay una “persecución política al legado del expresidente” y tachó de “intolerable” la decisión de la Audiencia Nacional de juzgarle. Pujol, el hombre más poderoso de la política catalana durante la etapa democrática, encara una posible pena de hasta nueve años de cárcel. Todo ello en un clima de sorpasso en esa comunidad, donde Aliança Catalana se está engullendo a un ritmo trepidante al electorado posconvergente.

Este ambiente de detenciones, investigaciones y juicios golpea a los partidos en un momento en el que la ultraderecha crece en los sondeos y aplica un discurso duro contra el bipartidismo y las viejas formaciones que han gobernado durante décadas España. Son ahora estos partidos ultra los que se presentan como antisistema y los que empiezan a recibir el voto de muchos descontentos como sucedió con Podemos durante la crisis económica.

Vox sigue sin tocar techo en las encuestas y este clima, como reconocen en el PP y en el PSOE, abona más su terreno. Según el análisis de Rafael Ruiz (Logoslab) publicado en infoLibre en base a los datos del último barómetro del CIS, los de Santiago Abascal le están quitando ahora mismo a los populares hasta hasta 1.480.000 papeletas respecto a los comicios de 2023. Esto rompe la regla del voto útil del Partido Popular en el espectro de la derecha como quiere implantar Alberto Núñez Feijóo.

Pero hay otro fenómeno que se detecta en el sondeo, como indica Logoslab, que rompe los esquemas: también empieza a haber transferencia directa desde el PSOE hacia Vox, uno de los grandes objetivos de Abascal. De hecho, a tenor de ese barómetro, ya habría hasta 250.000 ciudadanos socialistas que cogerían la papeleta del partido de la ultraderecha. Esta formación empieza a ver cómo su apoyo tiene tintes transversales, pero, sobre todo, es la principal canalizadora de los sentimientos de rabia antisistema y desesperanza. Algo que, por ejemplo, ha sido muy importante para los resultados de Donald Trump en EEUU y de Marine Le Pen en Francia.

La formación de Abascal está sintiendo cómo le da sus frutos demoscópicos su polémica decisión de salirse de los Gobiernos autonómicos en julio del año pasado poniendo como argumento su rechazo a la distribución de menores migrantes no acompañados. Así quedó con manos libres para criticar libremente y para no tener ningún rasguño por la gestión y la responsabilidad de estar en las Administraciones regionales.

Y el escenario político está viendo cómo irrumpe con una fuerza inusual y rápida Aliança Catalana, que ahora mismo, según el sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicado este lunes, estaría en disposición de arrebatarle ya el tercer puesto en la política catalana a Junts, siendo solo superados por el PSC y por ERC. El partido de Sílvia Orriols sería primera fuerza en Girona y Lleida, los dos grandes bastiones, hasta el momento, de los posconvergentes.

Esta encuesta mantiene las tendencias de los últimos meses: Junts se puede dejar ya por el camino hasta 15 diputados en el Parlament catalán respecto a las últimas elecciones mientras que Aliança podría ganar hasta 18 (ahora mismo sólo tiene dos en el Parc de la Ciutadella). Los de Carles Puigdemont son, en estos momentos, el partido con menos fidelidad electoral, ya que solo un 60% de quienes escogieron su papeleta volverían a hacerlo. Experimenta, en este sentido, la fuga directa de un 21% de sus apoyos a la formación de Orriols.

Además, el propio Puigdemont sufre en su liderazgo la sombra de Orriols, que ya está a punto de superarle en la respuesta de figura favorita para presidir la Generalitat (8% frente a 7,9%). No obstante, los dos están por debajo de Salvador Illa (PSC), que lidera este apartado con un 20,6% de las menciones entre los encuestados.

Esta encuesta también indica, por primera vez, que Vox superaría al Partido Popular en el Parlament de Cataluña, con una gran lucha entre los dos partidos en las provincias de Barcelona y de Tarragona. Los de Santiago Abascal crecerían entre dos y tres escaños, el mismo número que perderían directamente los de Núñez Feijóo. Deja el sondeo la foto de que el Parlament pasaría de 13 a 32-34 diputados de extrema derecha si se pusieran hoy las urnas. 

Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Jordi Pujol, quien está hospitalizado en Barcelona por una neumonía, pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.

Tras recibir el informe forense, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que cita a Pujol para examinarlo el próximo lunes, antes del inicio del juicio, aunque le permite comparecer por videoconferencia.

Antes de hacerlo, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) que exploraron al presidente catalán por orden de la Audiencia Nacional están citados para que ratifiquen su dictamen, junto al médico forense de la Audiencia Nacional.

Los forenses, que se entrevistaron con Jordi Pujol en su propio domicilio de Barcelona para explorarlo, sostienen en su informe que el expresident sufre un "diagnóstico de trastorno neurocognitivo 2 de tipo mixto, alzhéimer y vascular".

Ese trastorno provoca en el expresident "un deterioro cognitivo moderado, siendo éste irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz", por lo que los forenses sostienen que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente".

En la entrevista, los forenses apreciaron fallos de memoria en el expresidente, quien perdió el hilo de la conversación con ellos en varias ocasiones, además de presentar una fatiga "atencional y cognitiva" conforme avanzaba la exploración.

"Los resultados obtenidos muestran alteraciones significativas en diversas áreas cognitivas, especialmente en orientación temporal, denominación, función visuoespacial, inhibición y fluidez verbal. A pesar de la conservación parcial de la memoria incidental, el perfil global sugiere un deterioro cognitivo moderado", añade el informe.

Pujol permanece ingresado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía de la que evoluciona favorablemente, por lo que está previsto que pueda recibir el alta el próximo jueves, a tiempo para el juicio que debe sentarle en el banquillo junto a sus siete hijos en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para el expresident, al que acusa de integrar, junto a su esposa Marta Ferrusola, ya fallecida, y sus siete hijos, una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, hasta amasar una fortuna que ocultaron en Andorra durante décadas.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico forense examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio en Madrid.

Fue el mismo equipo legal de Jordi Pujol quien solicitó a la Audiencia Nacional que valorara su capacidad para ser juzgado y de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o si puede no asistir presencialmente al juicio y seguirlo e intervenir de manera telemática.

De hecho, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

Según Oriol Pujol, a su padre a veces "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó.

"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Cuando Alberto Núñez Feijóo anunció el congreso que el Partido Popular celebra este fin de semana, prometió acabar con la indefinición que ha marcado su liderazgo en los últimos tres años. "Solo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros; a mí, no", aseguró en la Junta Directiva Nacional celebrada el pasado mes de mayo. "En esta sala no todos pensamos igual. No vamos a esconder nuestras diferencias", recalcó. Diferencias en asuntos como el aborto, los vientres de alquiler, la prostitución, la inmigración, la eutanasia, la financiación autonómica o la relación con la extrema derecha y los partidos independentistas, que dentro de la derecha conservadora han sido siempre polémicos.

Esas declaraciones se han quedado finalmente en papel mojado un mes después, ya que la dirección nacional del PP ha forzado a sus compromisarios a retirar enmiendas consideran "innecesarias", según explican fuentes internas a infoLibre, para evitar debates incómodos en el seno de la formación. Desde que Feijóo anunció el cónclave, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández se mostró partidario de debatir. "Lo que fortalece al partido es poder debatir estas cosas libremente, sin miedo y con naturalidad y, eso sí, aceptar lo que vote la mayoría y salir del congreso unidos para ofrecerle a España la alternativa que tanto necesita”, defendió, un debate que se ha alargado hasta este mismo jueves, cuando Fernández ha anunciado un acuerdo con Génova en materia de pactos.

Fernández, abiertamente enfrentado a la dirección nacional, luchó hasta el último momento por incluir una enmienda para vetar, de facto, los pactos con formaciones como Junts. Sin embargo, se tuvo que conformar con una modificación que incluye "el fortalecimiento del Estado en todo el territorio nacional frente al desmantelamiento del mismo que se está sufriendo, especialmente en Cataluña", el "blindaje de las selecciones deportivas españolas en competiciones internacionales" y una política de pactos en la que "la defensa del Estado, la Nación y el orden constitucional sean objetivos irrenunciables". El tercer punto supone la victoria de Feijóo, porque la dirección del PP deja la puerta a los pactos con los independentistas catalanes y vascos, con el único límite de la Constitución.

El de este fin de semana será un congreso descafeinado, sin grandes debates. Prueba de ello es que los compromisarios solo presentaron un cuarto de enmiendas de las que se registraron en congreso ordinario de 2017, con Mariano Rajoy a la cabeza. La excusa esgrimida por Génova es que no quieren desviar el "foco de atención" del Gobierno de Pedro Sánchez, pero tampoco afrontar determinados debates divisorios. Pero el líder del PP tiene clara su hoja de ruta y espera que el partido le deje hacer y deshacer a su antojo, porque no tiene ninguna intención de romper relación con Junts y tampoco con el PNV, sino todo lo contrario.

Esta misma semana, a través del portavoz parlamentario y futuro secretario general del partido, ´Miguel Tellado, el PP buscó acercar posturas con los socios parlamentarios, pero con la mirada puesta en estas dos formaciones —por las coincidencias ideológicas en diversas materias—. El PNV dejó claro casi de inmediato que no tenía nada que hablar con el PP y, especialmente, con Tellado tras los múltiples choques que han tenido esta legislatura en el Congreso. La posición de Junts fue, no obstante, más ambigua aunque la formación independentista, a la que el PP ha criticado en infinidad de ocasiones públicamente, puso un escollo casi insalvable al exigir al líder de la oposición una reunión con su líder, Carles Puigdemont, en su residencia de Waterloo (Bélgica).

Feijóo aseguró en Antena 3 que no estaba dispuesto a realizar ese viaje, pero aprovechó para lanzar un mensaje a Puigdemont. "Tendrá que decidir si quiere seguir manteniendo a Sánchez, o si quiere abrir un nuevo periodo, poner el contador a cero y que los españoles y, por tanto, los catalanes, hablen", dijo. Así, el líder de la oposición se mostró dispuesto abrir una "vía de contacto" con la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras. Un entendimiento que también reclama el empresariado catalán —a ambos— y que implicaría acabar con el veto impuesto por el expresident Artur Mas en 2012 de no pactar más con la derecha española.

En la citada entrevista el líder de la oposición volvió a incidir en la idea de que él no ocupa a día de hoy La Moncloa porque él no quiere, argumentando que Junts hubiera dado sus votos al PP a cambio de la amnistía, que Génova sopesó conceder durante al menos 24 horas. En esa negociación, Feijóo también se mostró dispuesto a dar un "indulto condicionado" a Puigdemont como parte de un "plan de reconciliación" para Cataluña, bajo la premisa de que se sometiera "a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y cumpliera con el Estado de derecho".

Fernández tampoco se calló cuando trascendió que el PP mandó a emisarios a negociar con Junts, entre ellos Esteban González Pons, portavoz del partido en Bruselas y David Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. "Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones", escribió también en sus redes.

Más allá del discurso oficial y del "España se rompe", los pactos entre el PP y el nacionalismo catalán no son novedad. Y tampoco los encuentros furtivos. Después de las elecciones de 1996, con José María Aznar en minoría, llegó la foto más esperada tras semanas de negociaciones y encuentros secretos, Aznar y el líder de Convergència i Unió, Jordi Pujol, se dejaron ver por primera vez en público. En la mesa se sentaron expresidente del Gobierno junto a sus negociadores clave: Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. Por la parte del nacionalismo catalán, Pujol, Macià Alavedra, Josep Antoni Duran i Lleida, Joaquim Molins y Josep Sánchez Llibre.

El Hotel Majestic de Barcelona estaba atestado de cámaras, fotógrafos y periodistas con micrófonos. La expectación fue tan grande que tuvieron que hacer tres turnos para captar el momento de los dos políticos dándose la mano. Sobre el papel de 18 folios había escritos, 400.000 millones de pesetas que serían transferidos en los próximos cuatro años a Cataluña. La prensa no tardó en bautizar aquel encuentro como el Pacto del Majestic.

El partido de Pujol hizo una serie de reivindicaciones que el socialista Felipe González había desestimado. Entre ellas, modificar la financiación autonómica (elevar del 15% al 30% la cesión del impuesto sobre la renta [IRPF]), suprimir el servicio militar obligatorio en un plazo de seis años, sustituir los gobernadores civiles por subdelegados provinciales, así como ceder a la Generalitat competencias de Tráfico, Puertos, Costas y ordenación del suelo. Contrapartidas que ahora el PP calificaría de "cesiones intolerables". O, quizá si es para llevar a Feijóo a La Moncloa, se convertirían en reclamaciones razonables por parte del nacionalismo catalán.

Cataluña quiere poner en marcha su propio sistema de financiación y emular así los conciertos económicos vasco y navarro. Ese fue el acuerdo alcanzado por Esquerra Republicana y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, aunque la portavoz del nuevo Govern, Sílvia Paneque, ha evitado usar este término en su primera rueda de prensa este martes. El vasco y navarro es un modelo único –como presumen sus defensores y reprochan sus detractores–, basado en los "derechos históricos" reconocidos a los territorios forales –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– aprobado en su forma actual en mayo de 1981.

Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años entre los gobiernos del País Vasco y Navarra, y el Gobierno central, ambas comunidades recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–. Después, pagan un cupo al Estado, un tanto por ciento de los gastos que para éste suponen las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública.

Se trata de un modelo que está plenamente consolidado y que formaciones como el Partido Popular defienden, tanto en Euskadi como en Madrid, bajo el argumento de que la Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales y de que les aporta mayor seguridad y competitividad frente a comunidades como Cataluña. En febrero del pasado año se aprobó en el Congreso con los votos a favor de los conservadores el proyecto de ley quinquenal del Cupo 2022-2026, que contó con la oposición de Vox y de Ciudadanos. Sin embargo, se trata de un tema sobre el que la formación de Santiago Abascal tampoco suele hacer demasiado ruido.

"Nosotros somos los que nos arriesgamos a que, si hacemos mal las cosas, tengamos que soportarlo con nuestros exclusivos ingresos. Aquí es imposible que haya un rescate como los hay en Cataluña cada dos por tres o que haya financiaciones extraordinarias", defendía el pasado abril, en plena campaña electoral, el candidato a lehendakari y líder del PP vasco, Javier de Andrés. Ahora ha pedido al PNV “no taparse los ojos” y que no apruebe en el Congreso el concierto económico para Cataluña porque es “un problema y una mala noticia para Euskadi”, ya que pondría en riesgo el modelo de financiación vasco. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha cerrado filas con este modelo de financiación, si bien durante su etapa como presidente de la Xunta demandó en más de una ocasión más transparencia sobre el reparto. Otros de sus grandes defensores son el portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, y el exportavoz del Senado Javier Maroto.

Apoyar el cupo en Euskadi no implica, sin embargo, hacerlo también en Cataluña. Desde la formación de Feijóo se oponen con fiereza a que tenga un sistema similar, hasta el punto de que los presidentes autonómicos de la formación anunciaron hace unas semanas que recurrirán ante los tribunales si la reforma sale adelante. El propio líder del PP avanzó el lunes una entrevista en la cadena COPE que convocará a los líderes territoriales en septiembre para dar respuesta al "desafío histórico nacional" que, a su juicio, se está perpetrando en Cataluña.

Feijóo no dio muchos más detalles, pero el PP busca convertir la financiación catalana en un punto de enfrentamiento también entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha anunciado que está dispuesto a dar la batalla por la vía judicial. La vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, tampoco descartó la puesta en marcha de la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, donde los conservadores gozan de mayoría absoluta, para ejercer más presión al Gobierno.

Con todo, la idea de que Cataluña tenga su propia financiación ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basado en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente de los populares catalanes, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.

Hasta el propio Feijóo reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016 cuando era presidente de la Xunta. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", reconocía el actual líder del PP, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión. "Es verdad que las cosas se pueden cambiar y discutir, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo en el contenido y en el continente", decía.

Lo cierto es que, cuando ha estado en el Gobierno, el PP ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación con bilateral con Jordi Pujol (CiU) para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las autonomías, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.

Las formaciones independentistas en Cataluña llevan reclamando esta financiación singular desde hace años. El primero en hacerlo fue el expresident Artur Mas, que bautizó su modelo como "pacto fiscal". Aunque en un primer momento Esquerra Republicana consideraba que había asuntos más importantes que abordar, finalmente acabó haciendo también suya la propuesta bajo el nombre de "financiación singular". Sin embargo, las formaciones nacionalistas no siempre abogaron por este modelo, es más, en su momento lo rechazaron.

En el año 1980 el entonces ministro de Hacienda de UCD, Jaime García Añoveros, se lo ofreció al conseller Ramón Trias Fargas, mientras negociaban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El histórico dirigente de Convergència lo descartó porque no quería hacerse responsable de la recaudación de impuestos, una actividad impopular, a las pocas semanas de haberse constituido el Gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol y menos aún cuando el país se encontraba en plena crisis económica.

Pero también lo desechó porque pensaba que Cataluña obtendría más recursos negociando con el Gobierno a cambio del apoyo convergente en el Congreso. La negativa aparece acreditada en una carta del expresidente Pujol enviada en 2006 al exconsejero vasco de Educación Pedro Miguel Etxenique. “Los catalanes no tenemos concierto económico porque no lo quisimos”, reconocía el catalán. Pese a que Convergència, cuenta Pujol en su carta, intentó introducirlo en las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Autonomía Catalán en 1978, la oposición de PSC, PSUC y UCD lo impidió.

Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, ha muerto a los 89 años de edad este lunes por la noche, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press. Así lo ha avanzado La Vanguardia, que ha recordado que Ferrusola sufría alzhéimer desde el 2018 y desde entonces se había retirado de la vida pública. Ferrusola ha fallecido en su casa como consecuencia de una neumonía.

Marta Ferrusola ejerció de primera dama de Cataluña durante los 23 años de gobierno de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, durante los cuales destacó por ser una figura influyente, con autoridad, catalanista, católica y conservadora, y cuya última etapa de su trayectoria vital estuvo marcada por la confesión de su marido de que tuvo dinero en el extranjero sin regularizar y por su imputación en el caso Pujol.

Nacida el 28 de junio de 1935 en Barcelona, Ferrusola fue la mayor de los tres hijos de Josep y Carme, un matrimonio de dependientes de una tienda de ropa para hombres, Paños Ramos; estudió en la Immaculada Concepció de Barcelona y acabó el bachillerato.

Conoció a Jordi Pujol a través de la hermana de éste, Maria Pujol, con quien coincidía en la agrupación religiosa Confraria Virtèlia, contrajeron matrimonio el 4 de junio de 1956, y entre los años 1958 y 1972 tuvieron 7 hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer.

Además de responsable de la sectorial de deportes de CDC, en el Govern contaba con una agenda pública propia de actividades, y en 1990 compartió con Núria Claverol -esposa del empresario Carles Sumarroca- la empresa de jardinería Hidroplant, con clientes como el FC Barcelona, consiguiendo un contrato para renovar el césped del Camp Nou que acabó en los tribunales porque tuvo que levantarse y plantarse de nuevo.

Pese a admitir que nunca se presentó a un concurso público, Hidroplant también suministró plantas y flores a diversas consellerias de la Generalitat durante el mandato de Pujol, sin admitir que pudiera haber un conflicto de intereses. También presidió el comité organizador del Festival de la Infancia, cargo que dejó en 2003 tras el cambio de Govern, que dio inicio al tripartito encabezado por el socialista Pasqual Maragall.

"Pujol no hubiese sido lo que fue sin ella. Ferrusola mandó mucho, tuvo mucha influencia dentro y fuera de la familia. No decía la última palabra pero siempre opinaba, a veces sin conocimiento de los hechos", explicó en declaraciones a Europa Press la periodista Cristina Palomar, autora de Això és una dona!, una biografía no autorizada de Ferrusola.

Así, se dice que muchos nombres de cargos del partido y puestos del Govern pasaban por el filtro particular de Ferrusola, también el del expresidente de la Generalitat Artur Mas. A menudo apodada como matriarca del clan Pujol, Ferrusola asistió a la canonización de Josemaría Escrivà de Balaguer, fundador del Opus Dei, y a lo largo de su trayectoria vital protagonizó diversas polémicas en ámbitos más allá de la política, como la familia, negocios, religión e ideología.

En 2001, levantó polémica al afirmar que las ayudas sólo eran para los inmigrantes que acaban de llegar, les acusó de querer imponer sus costumbres, de dedicarse solo a tener hijos, y de solo decir "dame de comer", y de no saber decirlo en catalán.

Dos años más tarde, tras perder la Generalitat al configurarse el primer tripartito de Pasqual Maragall, Ferrusola aseguró que se sentía "como si le hubieran entrado a robar a casa" después de 23 años de gobiernos de CiU. "Un andaluz que tenga el nombre en castellano, sí, molesta mucho, mucho. Y además, pienso que el presidente de la Generalitat tiene que hablar bien el catalán", también declaró Ferrusola en 2008 en una entrevista al ser preguntada sobre si le molestaba que un andaluz como José Montilla estuviera al frente del Govern.

Tampoco le gustaban las críticas a sus hijos y que se cuestionara el derecho de los siete a hacer negocios, hasta el punto que en su comparecencia en el Parlament en febrero de 2015 aseguró que "van con una mano delante y otra detrás" y que su familia no tiene casi dinero.

Cuando se conocieron los presuntos casos de blanqueo de dinero de los Pujol, salió a la luz que entre 1995 y 1998 Ferrusola había empleado lenguaje religioso clave para hacer transferencias a cuentas bancarias andorranas con el sobrenombre de "madre superiora de la Congregación". En una nota, pedía trasladar "dos misales de su biblioteca al cura de la parroquia", que la policía interpretó como que pedía transferir dos millones de las antiguas –12.000 euros- pesetas a su hijo Jordi Pujol Ferrusola, quien presuntamente dirigía las operaciones de la fortuna familiar.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga desde hace más de siete años el origen de la fortuna de la familia por el que se les imputa por delito fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal por presuntamente esconder más de 70,4 millones de euros a Hacienda.

Estando procesada por la Audiencia Nacional, el 1 de agosto de 2020, Ferrusola sufrió una caída en Queralbs (Girona), donde veraneaba con su marido, y fue trasladada en helicóptero en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Pese a recuperarse, presentó un informe médico con fecha de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que señalaba que padecía Alzheimer desde 2018 y que, debido a su demencia y a las lesiones cerebrales causadas por un politraumatismo sufrido tras su caída, no tenía "la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas".

Ferrusola se retiró de la vida pública y en mayo de 2021 el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó archivar la causa para Ferrusola debido a su estado de salud.

Más de 160 españoles, a los que se suman 95 empresas y organizaciones, han sido víctimas del espionaje encargado por Emiratos Árabes Unidos en busca de extremistas islámicos. En el listado en manos de los servicios de inteligencia emiratíes hay políticos y feministas del ámbito musulmán, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Todos ellos niegan su relación con los Hermanos Musulmanes, que son vinculados por Emiratos con el radicalismo islámico.

La agencia de detectives suiza Alp Services era conocida hasta ahora en España por una de sus clientes, Corinna Larsen. La que fuera amante del rey emérito contrató los servicios de Mario Brero, el fundador de la firma, para que investigara a 14 empresarios amigos, y quizá testaferros, de Juan Carlos I. Una información que la comisionista alemana pretendía utilizar en la demanda por espionaje y acoso que presentó contra el ex jefe del Estado ante el Alto Tribunal de Justicia británico y que aún sigue pendiente de resolución. Según publicó en su día El País, también le pagó para mejorar su imagen pública, publicando noticias favorables, y para arruinar la reputación del fiscal suizo Yves Bertossa, que la investigó por blanqueo de capitales, en concreto de los 65 millones de euros que le donó el emérito tras recibirlos éste de Arabia Saudí en 2008. Brero es un detective muy conocido en Suiza, a quien contratan millonarios y poderosos de todo el mundo, además de una controvertida fuente de numerosos periodistas y un habitual en los escándalos policiales del país helvético.

Alp, la agencia de Brero, también ha mantenido una relación contractual larga en el tiempo, provechosa en lo económico y turbia por sus objetivos, con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Según documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), junto con Heidi News (Suiza), RSI Television (Suiza), Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano), el cliente formal que contrataba con Alp Services era Ariaf Studies & Research LLC, una empresa fundada en 2014, pero en realidad quien negociaba y recibía los resultados de las investigaciones de los detectives suizos es un agente de los servicios de inteligencia de los Emiratos de nombre Matar, cuyo superior es Alí Saeed Al Neyadi, a su vez a las órdenes del jeque Tahnoun Bin Zayed, consejero de seguridad nacional y hermano del presidente, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Casi una decena de proyectos ocuparon a los detectives de Alp por cuenta de los servicios de inteligencia emiratíes. Sus tarifas mensuales eran de 50.000 euros por cada nueva investigación, 100.000 euros si se trataba de una campaña de comunicación y otros 50.000 euros en caso de que quisieran una campaña “discreta de lobby e influencia”. Sólo para uno de los proyectos, bautizado como Narciso, los suizos elaboraron 58 casos prácticos. Según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Alp Services se embolsó al menos 5,7 millones de euros entre 2017 y 2020.

La investigación Abu Dhabi Secrets revela cómo Alp Services fue contratada por el Gobierno de los Emiratos para espiar a ciudadanos de 18 países europeos y de otros continentes. La agencia suiza envió a los servicios de inteligencia emiratíes los nombres de más de mil personas y 400 empresas y organizaciones, alegando que son miembros, simpatizantes o están relacionados con la Hermandad Musulmana en Europa.

De esas numerosas operaciones que Alp llevó a cabo para el agente Matar desde su primer contacto en agosto de 2017, varios tienen como objetivo España, ya sea para investigar la penetración de los Hermanos Musulmanes o la presencia de Islamic Relief, una organización internacional de ayuda humanitaria a la que los Emiratos acusan de estar vinculada con la Hermandad y de financiar el terrorismo. Con ese fin, Brero subcontrató a una agencia de Barcelona, Castor & Pollux, creada por Julián Peribáñez tras el abrupto cierre de Método 3, que saltó a las páginas de los periódicos por haber grabado en 2010 la conversación entre la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga de Barcelona. De hecho, Peribáñez fue detenido y acusado de espionaje ilegal por esa operación.

Julián Peribáñez ha declinado contestar a las preguntas que le ha enviado infoLibre sobre su relación con Alp Services.

Apoyándose en los trabajos aportados por Castor & Pollux, Alp Services elaboró un buen número de mapas de relaciones que, según ha podido contar infoLibre y sólo en lo que respecta a la Hermandad Musulmana, incluyen al menos a 162 personas en España, así como 95 empresas y organizaciones. En esos gráficos aparecen los detenidos y condenados en las dos principales operaciones contra el yihadismo abiertas en España –Dátil en 2004 y Warmor en 2019– junto a personas que, sin embargo, poco o nada tienen que ver con los Hermanos Musulmanes y menos aún con el terrorismo islamista. Sus nombres, acompañados en ocasiones de números de teléfono, DNI, NIF o domicilio, terminaron en manos de los servicios de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos. Muchos de los señalados son representantes de las múltiples organizaciones musulmanas en España, otros son políticos musulmanes –concejales, parlamentarios autonómicos–, también hay activistas y feministas musulmanas, organizadores y conferenciantes de eventos contra la islamofobia, personas que en algún momento fueron entrevistadas en los medios de comunicación por cualquier motivo o que, sencillamente, figuran entre los amigos de Facebook de otros musulmanes. Por ejemplo, muchos de los que seguían a Riay Tatary, fundador y secretario general de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) e imán de la mezquita de Tetuán en Madrid, fallecido de coronavirus en abril de 2020. Histórico dirigente de los musulmanes españoles durante tres décadas, Tatary figura en el centro de todos los mapas de la Hermandad Musulmana confeccionados por Alp.

El criterio que los detectives emplearon para señalar a los supuestos simpatizantes españoles de los Hermanos Musulmanes fue, por tanto, muy vago y sus métodos, poco profesionales. La información suministrada bebía, en su inmensa mayor parte, de fuentes públicas –medios de comunicación, Facebook, Twitter–; poco o casi nada era alto secreto. Bastaba con haber apoyado públicamente al expresidente egipcio Mohamed Morsi o haber posteado en las redes sociales el signo de la rabía, también llamado rabaa o r4bia –cuatro dedos estirados con el pulgar contra la palma–, que nació con la primavera árabe, para ser incluido en la cartografía de la Hermandad en Europa.

Además, algunos de esos nombres que figuran también en los informes enviados por Castor & Pollux a Suiza y en los remitidos después por Alp a su cliente emiratí contienen datos erróneos respecto a la filiación política, por ejemplo. Los 162 objetivos citados más arriba excluyen a los implicados en las operaciones antiterroristas –detenidos, sentenciados y, en algunos casos, absueltos– y a tres individuos fallecidos.

La mayor parte de las personas que aparecen en los mapas e informes de Alp y han sido contactadas por infoLibre piden que no se haga público su nombre. Temen que se repitan los ataques o el acoso que ya antes habían sufrido en las redes sociales por el mero hecho de llevar velo o debido a su activismo político o social. “Con llevar pañuelo ya parece que eres la más practicante del mundo”, lamenta una de las mujeres incluidas en los gráficos. Pero también hay quien asegura que, aun reconociéndose como musulmán, no es “apenas practicante”. Otros dicen que ni tienen ni han tenido nunca una posición política. Todos niegan tener vínculos con los Hermanos Musulmanes y se muestran sorprendidos primero y enfadados después.

“Siempre me he movido como musulmán español”, contesta Houssein El Ouariachi, activista de derechos humanos y uno de los fundadores del Colectivo No Violencia en España, que respondió con una carcajada a la noticia de que se le relacionaba con los Hermanos Musulmanes: “Es un mal chiste”. “Defiendo que los musulmanes se sientan españoles y se independicen de la tutela de sus países de origen, mi línea de acción es un islam español”, replica. Y como prueba de la arbitrariedad de que ha sido objeto, El Ouariachi cuenta que hace no tanto la Embajada de Emiratos Unidos le ofreció un trabajo de prensa, que él rechazó. Pero tampoco duda de que está “en el radar”, además de por su activismo, porque trabajó muchos años en el canal Córdoba Internacional TV, fundada por un jeque saudí y cerrada en mayo de 2018.

Con parecida estupefacción reacciona Hanan Serroukh, que fue coordinadora del área de convivencia, inmigración y mediación y coordinadora de distrito en el Ayuntamiento de Badalona entre 2020 y 2021. Para el cargo fue nombrada por Xavier Albiol en su segundo mandato como alcalde. Aunque carece de carné, antes se había presentado en las listas del PP para las elecciones de 2017 y 2021 al Parlamento catalán. Es educadora social y experta en inmigración, también asesora de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de conversa cristiana. “Es incoherente, grave y hasta insultante”, advierte entre risas, “que mi nombre salga como afín a los Hermanos Musulmanes porque mis principios y trayectoria profesionales están enfocados en detectar las corrientes y elementos que estructuran los Hermanos Musulmanes en Europa”. Serroukh fue la primera mujer que en 1987 denunció un matrimonio forzoso: cuando su padrastro quiso casarla a los 14 años con un marroquí tan fundamentalista como él, se escapó de su casa de Figueres (Girona) y, tras llegar a Barcelona, quedó bajo tutela de la Generalitat. Desde entonces se dedica a denunciar el peligro de la radicalización. Y lamenta la “visión cortoplacista y sesgada que han tenido tanto España como Europa sobre la amenaza de las diferentes versiones del islamismo”.

En los gráficos e informes enviados a los emiratíes también hay españoles de nacimiento como Pedro Rojo Pérez, arabista, codirector del Observatorio de la Islamofobia en los Medios y fundador de la Fundación Al Fanar. “No tengo ninguna relación con los Hermanos Musulmanes más que mi especialidad, que es el mundo árabe”, asegura infoLibre. Por ese motivo se ha entrevistado con muchos de los miembros de la Hermandad y vivió en Egipto en los años 80, cuando la organización aún estaba prohibida. Pedro Rojo cree que su inclusión en los mapas de Alp Services puede deberse a que llevó al Congreso y al Senado a, entre otras personas, un ministro egipcio de los Hermanos Musulmanes –“elegido democráticamente”, precisa–. “Los reunimos con exparlamentarios españoles para que les explicaran cómo fue la Transición española y para que entendieran que se trata de un proceso muy complejo”, explica.

Pedro Rojo protesta contra la “caza” a los Hermanos Musulmanes, que describe como un movimiento muy heterogéneo, defensor de un “islamismo político moderado”, y clama contra el “blanqueo” simultáneo que España y Europa llevan a cabo con saudíes y emiratíes “por el petróleo”, mientras éstos “intentan imponer su hegemonía política, infinitamente más radical”. A su juicio, la distancia entre wahabíes y Hermanos Musulmanes es similar a la que existe entre Vox y el PP, entre la extrema derecha y los conservadores.

Ahmed El Hanafy Mesalem es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (Ucide) del País Vasco. También fue imán de la mezquita Assalam de Bilbao. No sólo aparece en los mapas de relaciones enviados a Emiratos, sino que incluso se le hizo una investigación completa, una due dilligence que incluye desde sus propiedades y relaciones con la Administración hasta su huella en redes sociales o sus vinculaciones familiares. El Hanafy, que nació en Egipto pero adquirió la nacionalidad española en los años 90, niega pertenecer a los Hermanos Musulmanes.

“En Ucide tenemos prohibido ocupar ningún cargo político”, responde. Sí que apoyó en su día el Gobierno –“democrático”, puntualiza– de Mohamed Morsi. “Por fin”, añade, “un país árabe tenía el gobierno democrático que anhelamos todos”. Como Pedro Rojo, lo contrapone con los regímenes del Golfo: “Son contrarios a nuestra línea”. El Hanafy dice que ha colaborado con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España, que envió cajas de dátiles para los niños en Ramadán, el mes de ayuno musulmán. Ucide los repartió, explica su responsable, pero no permitió que los emiratíes se fotografiaran con los niños que los recibieron para impedir que hicieran “propaganda”. “Somos españoles y queremos serlo”, resume su postura política El Hanafy antes de despedirse con un “agur”.

En el afán de los detectives por ampliar lo más posible el mapa de influencia de los Hermanos Musulmanes en España, en esos gráficos de relaciones llega a aparecer hasta Marcial Dorado, el narcotraficante gallego con quien se fotografió de vacaciones el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sólo porque compartió abogado con uno de los condenados de la Operación Dátil que fue detenido después en la Operación Warmor. O el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su hermano Pablo, porque la empresa Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, de la que era socio este último y que fue beneficiada con un contrato del Canal de Isabel II investigado en el caso Lezo, intercambió acciones entre 2008 y 2011 con Ulesan Limited, una sociedad británica controlada por el narcotraficante Vicente Lamarca, quien a su vez había vendido tres de sus empresas al clan de los Kutayni, detenido en la Operación Warmor.

En definitiva, los detectives suizos hicieron realidad la teoría de que se puede conectar a dos personas de cualquier parte del mundo a través de no más de cinco intermediarios. Incluso menos.

El motivo por el que Joan Josep Nuet i Pujal, director de Relaciones Institucionales de la Generalitat catalana, aparece en uno de los mapas de relaciones trazados por Alp es que preguntó al Gobierno en el Congreso –entonces era diputado de IU– por las acciones que pensaba acometer para conseguir la liberación de Humam Kutayni Assi, entonces encarcelado en Siria por el régimen de Bashar Al Assad, y detenido en 2019 en la mencionada operación contra el yihadismo.

Otro ex dirigente del PP incorporado al mapa de Alp es el exconseller Rafael Blasco, condenado en 2015 a seis años y medio de prisión por el Supremo por el caso Cooperación, uno de los muchos procesos por corrupción que arrasaron a los populares en la Comunidad Valenciana durante los últimos 16 años. El motivo de su inclusión: en 2009 Blasco había concedido una subvención de 131.000 euros al Consejo Islámico Valenciano.

Hasta la Ertzaintza figura con su escudo en uno de los gráficos porque colabora en diferentes programas contra la radicalización con Euskal Bilgune Islamiarra (EBI), una asociación creada para favorecer la convivencia.

Aunque no aparecen en los mapas, sí que se menciona en los informes enviados a Emiratos al exjuez Javier Gómez de Liaño y a su mujer, María Teresa Márquez de Prado, debido a que son los abogados de los Kutayni. De ahí a Luis Bárcenas sólo quedaba un paso y los detectives lo dan, puesto que el matrimonio de abogados también defendió al extesorero del PP. Para los autores de estos documentos, la corrupción asociada a Bárcenas parece aumentar la carga de la prueba contra los supuestos terroristas de origen sirio.

A tenor de los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Castor & Pollux elaboró al menos siete informes para Alp Services sólo entre enero y agosto de 2018. El 26 de enero se le extendió una factura por dos “investigaciones en España” a razón de 2.000 euros cada una. En febrero los detectives españoles firman un informe sobre el empresario de origen sirio Imad Al Naddaf Yalouk, que no ha respondido a las peticiones de infoLibre de ponerse en contacto con él. El 25 de julio les pagan otros dos informes por un total de 8.500 euros. Ese mismo mes entregan uno más sobre los Hermanos Musulmanes en el País Vasco y en agosto, otro sobre un periodista español por el que se les retribuye con 2.000 euros más.

Pero Castor & Pollux no fue la única fuente de información española de los detectives suizos. Antes, en septiembre de 2017, habían recurrido además a una persona que figura como contacto con los servicios de inteligencia de la Guardia Civil. A su nombre, Alp provisionó el pago de 3.000 euros por tres “estudios”. Pero sus servicios no satisfacían demasiado a los suizos. “No es gran cosa, muy especulativo”, lo describen en una anotación en la lista de contactos de la agencia.

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En una primera versión de esta noticia se citaba por error a la Fundación Ibn Battuta, que no tiene relación con la visita de un ministro egipcio a España.

El expresidente de Cataluña Jordi Pujol ha alertado este viernes del "gran desbarajuste" en el que se ha instalado la política catalana y ha advertido de que los catalanes están "amenazados de acabar minorizados" dentro de Cataluña por la baja natalidad y "tanta y tanta inmigración". Por lo que ha pedido respuestas políticas al respecto, según ha informado Europa Press.

Lo ha dicho en una conversación con el japonés catalanohablante Jo Tazawa recogida por Europa Press y que se presenta en el libro L'última conversa (Trobada a Queralbs), de la editorial Lapislàtzuli.

"Ahora esto lo podemos aguantar, y aguantamos, pero necesitamos reforzar la política en este sentido", ha reflexionado Pujol en un vídeo de presentación del libro de este viernes.

En esta línea, ha destacado la identidad como aquello —en sus palabras— importante para un país y ha reivindicado la historia, lengua, cultura y personalidad catalanas, tras lo que ha sostenido que Cataluña tiene baja natalidad y "tanta y tanta inmigración".

Pujol ha lamentado "la situación de gran desbarajuste que se ha instalado en Cataluña y en la política catalana", así como cierto aletargamiento —en sus palabras— para defender la lengua y la identidad.

Ha agradecido a Tazawa que hablara catalán, ha considerado que ello ha impactado positivamente en el imaginario sobre la lengua y, sobre su situación, ha avisado: "Ahora el problema que tenemos es serio. Parecía hace 10, 15 o 20 años que llegaría una actitud comprensiva por parte de España, y resulta que no".

El Parlament catalán ha conmemorado este martes su 90 aniversario en una sesión solemne que se ha celebrado en el hemiciclo y que ha contado con la presencia de los expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla y Artur Mas, que han asistido a la sesión desde las tribunas de la Cámara junto con expresidentes del Parlament y exdiputados de otras legislaturas, según informa Europa Press.

La sesión -que ha contado con representantes de todos los grupos parlamentarios excepto los de Vox- ha comenzado sobre las 18.00 horas, con la proyección del vídeo del discurso que hizo el expresidente de la Generalitat Francesc Macià en la sesión constitutiva del Parlament del 6 de diciembre del 1932.

Después han intervenido la vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, los grupos parlamentarios y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha finalizado con el himno catalán de Els Segadors.

En su intervención, Aragonès ha reivindicado el papel de la Cámara catalana, que ha hecho "avanzar como nunca a Cataluña, que representa la Cataluña entera" y que ha buscado que todo el mundo avance y que los ciudadanos catalanes tengan una vida mejor, más fácil y feliz, ha afirmado.

El presidente catalán ha sostenido que el Parlament ha vivido momentos amargos, como su clausura durante los 40 años de franquismo, y "momentos de frustración, cuando vio cómo se recortaba el Estatut", y también ha mencionado el encarcelamiento de la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell tras el 1-O.

Pero también ha destacado que ha vivido momentos emocionantes: "Pese a que a veces nos cueste abrir camino, la libertad y la democracia se acaban abriendo paso", y ha recordado la sesión constitutiva de hace 90 años, el restablecimiento de las instituciones catalanas en 1980 y la aprobación del Estatut.

Por su parte, Vergés ha iniciado la sesión solemne recordando las palabras del expresidente de la Generalitat Francesc Macià de 1932, ha repasado la historia de la Cámara catalana desde entonces, y ha sostenido que el Parlament es "el bastión de la democracia, que emana del pueblo, que tanto costó conseguir como mantener".

El líder del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, ha llamado a valorar el autogobierno de la Generalitat y a trabajar con autoexigencia y ambición realista desde la cooperación, pensando en toda Cataluña y defendiendo el prestigio de las instituciones: "Que estos 90 años sean un estímulo fructífero para encarar el futuro de Cataluña y servir de la mejor manera posible a nuestro país".

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha lamentado que durante la historia del Parlament su "anhelo de soberanía ha sido encorsetado, tutelado y a menudo descabezado", pero ha llamado a mantenerse en la defensa de la libertad nacional de Cataluña y escribir el guión de la utopía, ha dicho textualmente.

Desde Junts, Albert Batet ha defendido la tradición parlamentaria de Cataluña y la lucha de las instituciones catalanas por ver reconocida su legitimidad, hasta la recuperación de la Generalitat en 1932: "Pero el Parlament ha vivido muchos años manchados de oscuridad, como los hechos del 34, como la guerra civil, como el franquismo o como el artículo 155 de la Constitución".

La diputada cupaire Montserrat Vinyets ha reclamado que el Parlament vuelva a impulsar una ley de contención de alquileres tras haber sido tumbada por el Tribunal Constitucional, y ha recordado que así se hizo en 1934 con la ley de contratos de cultivos: "La respuesta del Parlament ante tanta inconstitucionalidad es no acatar las sentencias sino promulgar una nueva ley igual o mejor que las recurridas para proteger los intereses de los rabasaires del siglo XXI".

Jéssica Albiach (comuns) ha puesto en valor la labor legislativa del Parlament en ámbitos como la vivienda, el cambio climático y la lengua y ha reivindicado como "referente" su cordón sanitario frente a la extrema derecha, aunque ha señalado que es una anomalía celebrar su 90 aniversario con una Presidencia en funciones, en alusión a la suspensión de la presidenta Laura Borràs, y que debe continuar trabajando para abrirse a la sociedad.

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que al expresidente Pujol "hay que reprocharle en nombre de muchos catalanes la instauración de una auténtica dictadura blanca, un régimen que desprecia a los catalanes que tienen el español como lengua materna", y ha reivindicado la figura del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas.

Desde el PP, Alejandro Fernández ha reivindicado el parlamentarismo y la democracia representativa frente a la demagogia y los populismos: "Respeto es la palabra clave en un Parlamento. Entre nosotros, a nuestros antecesores, a las propias normas de esta institución. Que no tenga nadie duda de que es el mejor respeto que le podemos dar a la democracia".

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigió a una parte de la llamada "policía patriótica" en la operación Cataluña, dentro de la estrategia para detener el desafío independentista. El objetivo de la operación era investigar y denunciar por corrupción a líderes independentistas catalanes, como se desprende de una grabación recogida por el diario El País.

La grabación guarda una conversación de 2012 entre Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo. Una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados ya concluyó la naturaleza de esta policía patriótica, que trabajó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para investigar a adversarios políticos del PP, encontrar trapos sucios y filtrarlos a medios de comunicación afines a los conservadores. La policía patriótica estuvo dirigida principalmente contra los partidos independentistas catalanes y Podemos.

Fernández Díaz mintió en la comisión de investigación al hacer la siguiente declaración: “Durante los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior, jamás he despachado nada con el señor Villarejo”. La grabación, extraída de los archivos de Villarejo, reproduce una conversación de 15 minutos en la que los tres hombres acordaron presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza de Castilla contra líderes independentistas; entre ellos Jordi Pujol y Artur Mas.

Villarejo compró el testimonio del empresario Javier de la Rosa, antiguo amigo de Pujol, y Victoria Álvarez, examante del hijo mayor del expresidente catalán. Interior y Policía estaban plenamente informados de las actuaciones del comisario.

La justicia andorrana investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como operación Cataluña.

Según consta en la comisión rogatoria de la justicia andorrana enviada a las autoridades judiciales españolas, consultada por Europa Press, la juez de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, insta a los investigados a designar un abogado o, en su defecto, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de las querellas, se les asignará uno de oficio.

En la comisión rogatoria, del 20 de mayo de 2022, constan como querellados Mariano Rajoy, Crostóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.

Según recoge dicho escrito, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantage desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.

Por ello, los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso.

Según un comunicado de los abogados impulsores de la querella, la justicia andorrana ha ampliado la querella interpuesta por dos entidades, Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), a la que posteriormente se adhirieron el presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel.

En 2020 Andorra admitió una segunda ampliación de la querella inicial: investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por un supuesto delito de falsedad de documentos por remitir información falsa a autoridades estadounidenses para perjudicar a la BPA; y a Rajoy y a Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por supuestamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.

También a Fernández Díaz, y a sus entonces subordinados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, por los presuntos delitos de amenazas, extorsiones y chantaje.

En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras.

La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

Uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, sigue manteniendo que su padre nunca tuvo dinero en el extranjero y que el caso formó parte de una operación gestada en las estructuras del Estado para "tumbar" a su padre. En una entrevista en TV3 recogida este domingo por Europa Press, Pujol ha concretado que las acusaciones contra su padre, lo que él llama Operación Pujol, fueron el inicio de la que califica como Operación Cataluña y tuvo el objetivo de "deteriorar la imagen y la credibilidad" del expresidente.

Ha añadido, además, que dicha Operación Cataluña está vigente y evidencia "la forma de hacer de las fuerzas de seguridad y del Estado profundo de Madrid".

Ha defendido que la herencia de seis millones de euros del abuelo Florenci no era suficiente para acabar con la reputación del expresidente, por lo que empezaron a "salir las grandes cifras y las grandes mentiras".

Esta mentira incluía informes falsos, que periodistas publicaron sin contrastar: "A nosotros no nos llamó nunca nadie", y ha mantenido también que se produjeron después de que excomisario José Manuel Villarejo le pidiera en 2013 que su padre hiciera un alegato contra el independentismo. Según él, "esta gran mentira evolucionó hacia un número: 3.000 millones" de euros, que empezaron a tratarse en las tertulias televisivas, provocando una alarma social y que la Fiscalía se interesara por el caso, dando paso a dicha operación.

Ha sostenido que cuando su hermano Jordi Pujol presentó una denuncia contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, dos policías se presentaron en su casa y le dijeron: "Si sigues con este tema vas a acabar muy mal".

Y ha recordado el atraco a mano armada en 2020 de la furgoneta que trasladaba ordenadores, pendrives, tabletas y teléfonos móviles de su familia, que según él no actuó nunca como una banda porque ni sus padres ni sus hermanos tenían "roles estratégicos".

Preguntado por si sería capaz de admitir culpabilidad para exonerar a su padre, ha respondido que sí, porque cree que es un "ser excepcional y extraordinario". También ha defendido que su hermano gestionó el dinero de su padre durante poco tiempo: "Mi padre es un hombre grande y no tiene capacidad de defenderse. Alguien tiene que defender los hechos tal y como son", ha concluido.

El Código de Conducta, el grupo creado para vigilar que la competencia fiscal leal en el seno de la UE, sólo puede evaluar las leyes tributarias de los Estados miembros, pero también ha examinado ciertos regímenes de territorios próximos, como Suiza, Liechtenstein o Andorra, por su capacidad de atracción de contribuyentes. En los dos primeros casos incluso ha establecido fórmulas de cooperación y ha invitado a representantes de ambos países a sus reuniones en Bruselas. En el caso andorrano, en 2017 declaró perjudiciales para la competencia en la UE cuatro de sus regímenes fiscales, cuya modificación o eliminación requirió al Gobierno del Principado. Dos de ellos fueron suprimidos y los dos restantes fueron adaptados a las normas comunitarias de juego limpio fiscal, según los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) , a la que pertenece infoLibre.

Para su examen, el grupo utilizó como base la evaluación que previamente había realizado la OCDE en su Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP). El tratamiento que otorgaba Andorra a las empresas de comercio internacional, las empresas que explotan activos intangiles y los holdings, así como a los intereses intragrupo de las multinacionales fueron considerados como prácticas de competencia fiscal desleal tanto por el mencionado foro de la OCDE como por el Código de Conducta. Este último grupo había incluido el sistema tributario andorrano en sus trabajos para elaborar la lista de paraísos fiscales de la UE en 2017 y, tras encontrar ciertas “deficiencias” en el cumplimiento de las normas sobre transparencia, tributación justa y aplicación de las medidas contra la erosión de las bases imponibles y el desvío de beneficios –las conocidas normas BEPS de la OCDE–, pidió al Gobierno del Principado en una carta fechada el 23 de octubre de ese año que expresara un “compromiso firme a alto nivel político” de que iba a solventar esos fallos antes del 31 de diciembre de 2018.

El Código de Conducta le solicitaba también un calendario preciso y una descripción de los pasos para aplicar los cambios legislativos prometidos. Andorra se había emplazado a eliminar los regímenes de las compañías de comercio internacional y de intereses intragrupo, así como a modificar los concedidos a las empresas que explotan activos intangibles y a los holdings.

infoLibre y los medios de la red de investigación EIC han tenido acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, que revelan cuáles han sido los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE en sus 24 años de vida. No sólo ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos, sino que además se trata de uno de los órganos más opacos de la Unión Europea. Por su propia naturaleza, no puede más que adoptar decisiones que no son vinculantes. Su ejecución descansa únicamente en la “buena voluntad” de los gobiernos. Y muchas veces ha sido más poderosa la defensa de la soberanía fiscal nacional que la del interés comunitario [Puedes consultar aquí y aquí las dos informaciones publicadas sobre vigilante fiscal de la UE].

Cambios

En efecto, el Gobierno del Principado sometió a la aprobación de su Parlamento la modificación de Ley del Impuesto de Sociedades de 2015 para suprimir los dos regímenes citados, prohibiendo que nuevas empresas se beneficiaran de ellos desde el 1 de julio de 2017, pero abriendo un periodo de transición hasta diciembre de 2020 en el que seguirían disfrutando de las ventajas adquiridas con anterioridad. Respecto a las empresas de intangibles, Andorra limitó los beneficios de este régimen a las actividades basadas en la investigación y desarrollo que se lleven a cabo “primordialmente” en su territorio: patentes, modelos de utilidad y programas informáticos protegidos por derechos de autor, además de extenderlo a los residentes en el Principado cuando antes sólo lo disfrutaban los extranjeros.

En cuanto a los holdings, las ventajas fiscales se concedieron tanto a residentes como a no residentes, se limitaron las exenciones y se fijó un tipo mínimo. Aun así, los dividendos no tributan en absoluto y, los holdings extranjeros sólo pagan un tipo equivalente al 40% del tipo general de sociedades, que es del 10% –en España es el 25%–; es decir, finalmente un minúsculo 4%.

En estos dos últimos casos, también se fijó el 1 de julio para evitar la entrada de nuevos beneficiarios y diciembre de 2020 para suprimir definitivamente ambos esquemas tributarios.

Además, Andorra se comprometió a exigir a partir de 2018 informes país por país a las empresas del Principado que formen parte de multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año. Se trata de otra de los estándares mínimos del plan BEPS de la OCDE. “Andorra está plenamente comprometida con las iniciativas para hacer frente a la evasión fiscal, asegurar la sostenibilidad de los ingresos y garantizar que las empresas pagan impuestos allí donde generan beneficios”, declaraba el Gobierno del Principado en su carta al Código de Conducta del 8 de noviembre de 2017.

Los cambios convencieron al grupo de Bruselas de que Andorra cumplía con las normas internacionales de transparencia y juego limpio fiscal, por lo que en noviembre de 2018 recomendó que se sacara de la lista de paraísos fiscales al Principado. La OCDE ya lo había indultado antes, en 2009. Y España lo había hecho en 2011, después de que ambos países firmaron un acuerdo de intercambio de información fiscal. En 2015 suscribieron otro para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

“Entonces en Andorra el delito fiscal no estaba tipificado”, explica a a infoLibre el ministro de Finanzas de Andorra, Eric Jover Comas, quien admite que ese vacío permitía a ciudadanos españoles evadir capitales recurriendo al Principado. “Pero hace ya años que decidimos cambiar el paradigma homologándonos en cooperación fiscal con la UE, para que no nos vieran como enemigos”, precisa. De ahí que ya haya firmado una decena de convenios sobre doble imposición y esté a punto de hacerlo con Hungría, Países Bajos, Chile, Croacia y República Checa. Además, Andorra tiene acuerdos de intercambio automático de información, siguiendo las normas de la OCDE, cada vez con un mayor número de países. “Con España, el intercambio de información es muy frecuente y muy amplio; los dos estamos muy satisfechos con nuestra cooperación fiscal”, destaca.

De Caballé a los Pujol pasando por El Rubius

Sin embargo, Andorra no ha dejado de estar en el ojo del huracán fiscal. Ocurre cada vez que un deportista o un artista se muda al Principado para aprovechar sus ventajas impositivas o que la Agencia Tributaria investiga si un contribuyente adinerado realmente ha pasado la mitad del año –183 días– en Andorra. O cuando aparece la Banca Privada de Andorra (BPA) en los Papeles de Pandora. Los Pujol escondieron de los ojos de Hacienda una fortuna de 70 millones en cuentas del Andbank y de BPA.

Montserrat Caballé, Borja ThyssenBorja Thyssen, los tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Carlos Moyá o motoristas como Alex Crivillé son algunos de los más famosos huidos al pequeño país pirenaico. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han cambiado su residencia de Andorra a Suiza, en una clara muestra de cuál es su camiseta fiscal. Este mismo año, el traslado del youtuber El Rubius, devolvió a primera línea al Principado. No fue el primer rico online que se mudaba al Pirineo para pagar menos impuestos. Tampoco será el último.

En Andorra, el tipo máximo del IRPF es el 10%, mientras que en España alcanza el 47%. Las rentas por debajo de 24.000 euros están exentas; en España sólo las que no llegan a 12.000 euros anuales. El tipo de sociedades oscila entre el 2% y el 10%, cuando en España alcanza el 25% –30% para bancos y compañías petroleras–. Ambos son de los más bajos de Europa: en Irlanda es del 12,5% y en Hungría, del 9%. En el Principado el tipo general del IVA se queda en el 4,5% y baja hasta el 1% en el superreducido, que en España es del 4,5%, mientras que el general sube hasta el 21%. Las diferencias son claras.

Homologable, no armonizado

“Nuestro objetivo es construir un marco fiscal homologable con nuestro entorno, lo que no quiere decir armonizado: no tenemos los mismos tipos, pero sí las mismas figuras impositivas”, aclara  el ministro de Finanzas andorrano. Hasta 2012, en el Principado sólo existían los impuesto indirectos. “Somos un país turístico, recibimos cada año 100 turistas por habitante, que constituyen una fuente de financiación suficiente”, señala. Ese año Andorra creó su impuesto sobre sociedades y en 2015 el IRPF. Con unos tipos “muy competitivos”, presume Jover Comas.

Pero la idea del Gobierno andorrano es que esa competencia sea “legítima” y la UE vea en el enclave pirenaico un “contrincante leal”. Por eso subraya que el Principado “no va a la pesca de de grandes patrimonios ni de multinacionales”, a diferencia de otros territorios que sí aprueban regímenes especiales para atraerlos. “No es nuestro caso, no queremos prácticas [fiscales] agresivas”. De ahí que, apunta Eric Jover, Andorra apoye el tipo mínimo del 15% para las multinacionales que acaba de aprobar el G20: “No buscamos multinacionales sin actividad real en el país, sino empresas más pequeñas que desarrollen su actividad aquí”. Como el hipotético tipo mínimo mundial se aplicará sólo a las compañías que facturen más de 750 millones de euros, el Principado piensa en seguir ofreciendo su 10% en sociedades a las empresas que quedarán fuera del radar.

Sobre los ciudadanos españoles que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos, una tendencia sobre la que ha mantenido conversaciones “al máximo nivel” con el Gobierno español, el ministro de finanzas del Principado asegura que “no es un verdadero problema”. “Residen aquí y desarrollan su actividad aquí legalmente, no se puede bloquear la decisión de un ciudadano de trasladarse a otro país”, resume.

Al menos por el momento, el Código de Conducta sólo puede examinar los impuestos que afectan a las empresas, no los que gravan ingresos personales, como el IRPF. Extender su ámbito de actuación a las prácticas fiscales agresivas de los grandes patrimonios, hasta ahora el punto fuerte andorrano, es uno de los objetivos declarados de forma reiterada por algunos de los Estados miembros en los últimos años, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo por la oposición de algunos países.

El pasado mes de abril, los gobiernos de España y el Principado acordaron que los respectivos ministros de Hacienda celebren reuniones anuales para avanzar en cooperación fiscal. La primera cita no se convocará hasta 2022, indica Eric Jover. En el punto de mira, un acuerdo de asociación que tardará en llegar, y que deja fuera los asuntos fiscales.

Hace casi un año, el 23 de noviembre de 2020, hombres armados atracaron una furgoneta de la empresa de mensajería MRW que trasladaba ordenadores, pendrives, tabletas y teléfonos móviles que pertenecen a la familia Pujol y que desde 2014 estaban en manos de la Audiencia Nacional por sus investigaciones sobre el origen del patrimonio familiar, informa Europa Press.

Según las fuentes jurídicas consultadas, el expresidente catalán y su familia llevaban tiempo reclamando a la Audiencia Nacional que les devolviera sus dispositivos, entre otros motivos, porque contenían información personal ajena al procedimiento. Finalmente, la procuradora que les representa pudo recogerlos de la sede judicial y enviarlos a Barcelona por carretera, a donde nunca llegaron.

De acuerdo con el relato avanzado por La Sexta, que ha podido confirmar Europa Press, el atraco a punta de pistola se produjo en torno a las 19.45 horas, cuando un todoterreno interceptó a la camioneta de MRW en la avenida Entrevías de Madrid en un semáforo, entonces sus cuatro ocupantes se bajaron, rompieron los cristales de la furgoneta de reparto, sacaron al conductor y se fueron con los dos coches. Este robo se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid, si bien de acuerdo con las fuentes señaladas las pesquisas apenas han avanzado en este año.

Los dispositivos se habían usado en la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, que ya ha dado paso a la apertura de juicio oral contra el expresidente catalán y sus siete hijos -Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola- por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En Barcelona, otro juzgado de instrucción, el 28, investiga las tres "intrusiones" que tuvieron lugar el 27 de febrero de 2013 en la casa donde en ese momento residían la hija pequeña y la ex mujer de Jordi Pujol hijo, concretamente a las 2.30, 5.45 y 15.30 horas de ese día, sin que tampoco se tengan noticias de progresos en esta causa, de acuerdo un con reciente escrito de la defensa del clan.

El expresidente catalán Jordi Pujol ha solicitado la libre absolución en el proceso que se sigue contra él y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas valiéndose de su cargo, insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo, informa Europa Press.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Pujol asevera que "no existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas", por lo que concluye que "procede la libre absolución".

Así, el otrora jefe del Govern cuenta que su carrera profesional empezó con "una fuerte vinculación a su padre", con quien detalla que tuvo entre manos "proyectos de tanta dimensión" como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.

Sin embargo, explica que "pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo", hasta el punto de que "la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político". En este sentido, menciona la publicación de la Enciclopèdia Catalana o de la Revista Destino.

"La profunda inestabilidad política y los riesgos" que Pujol asumía provocaron "inquietud y desasosiego" en su padre, que aventuraba un "futuro incierto" para su hijo y su descendencia, relata.

Pujol expone que, para "garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos", su padre les hizo saber que "constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político" que asumía el expresident.

Al morir su padre, Pujol indica que se fortaleció el deseo de "respetar su voluntad" con relación a esos "fondos familiares", que entonces ascendían a 140 millones de pesetas en dólares.

Asegura que ese dinero "no guarda relación alguna" con sus cargos políticos. "Nunca, en el ejercicio de su alta función pública, Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio", afirma la defensa, destacando que actuó así incluso "desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos".

En la misma línea, el escrito añade que Pujol "no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por éstos en esa dirección".

Domingo 3 de marzo de 1996. José María Aznar había ganado las elecciones generales. El líder del Partido Popular se dirigió desde el balcón de Génova a miles de simpatizantes con un discurso en el que los protagonistas eran sus votantes: “El PP ha ganado las elecciones. Habéis triunfado después de muchos años y de un modo limpio, democrático y ejemplar como hay que hacer las cosas”. “¡'Pujol, enano, habla castellano'!”, respondió la multitud en referencia al entonces president de la Generalitat. Aquel estudiante de Derecho que había comenzado su andadura en la política en las filas de Alianza Popular iba camino de convertirse en el cuarto presidente desde el regreso de la democracia a este país, pero sus 156 escaños no eran suficientes para llevarlo a la Moncloa. Necesitaba recabar apoyos. Empezaba así una carrera a contrarreloj para formar Gobierno.

Meses antes, las tensiones entre el PSOE e Izquierda Unida (IU) se habían hecho patentes. Julio Anguita había dejado claro que las posibilidades de un pacto entre su partido y el de Felipe González eran “mínimas”. El coordinador general de IU había repetido en reiteradas ocasiones que la única posibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas formaciones sería “regenerando” a los socialistas, pero sentenció: "Es poco probable que el Partido Socialista se regenere si González continúa en el mismo". Nunca llegaron a entenderse a pesar de que podrían completar la mayoría que necesitaban con nacionalistas vascos y catalanes.

La noche electoral, en Barcelona, Jordi Pujol miraba una y otra vez los resultados. Habían sido moderadamente buenos para Convergència i Unió (CiU), con 16 parlamentarios, uno menos que en los anteriores comicios. Pero esos 16 diputados valían ahora mucho. Sabía que iba recibir tarde o temprano la llamada de Aznar. “Estos 16 diputados son importantes y nos van a permitir poder defender eficazmente nuestro proyecto de Cataluña dentro del marco del Estado español (...), pero especialmente en el campo económico y social”, dijo rodeado de periodistas en una rueda de prensa. Y así fue. Los equipos negociadores de ambos partidos se pusieron manos a la obra en la búsqueda de una hoja de ruta común. Y es que Aznar no tenía más remedio que sentarse con los nacionalistas catalanes. El Partido Socialista, evidentemente, ya había anunciado que votaría “no” en su investidura. El recelo mutuo que ambos líderes habían sentido en el pasado auguraba un acuerdo complicado. Mientras tanto, el candidato conservador lanzaba mensajes conciliadores delante de la prensa. Uno de los más destacados fue cuando un periodista de TV3 le preguntó “¿Habla usted catalán?”, a lo que este le respondió: “Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, en la intimidad, lo hablo también”.

El 27 de marzo Federico Trillo-Figueroa (PP) fue elegido presidente del Congreso de los Diputados con 179 votos. Tres días después, conservadores y convergentes pactaron la composición de la mesa de las dos cámaras. El 1 de abril, Pujol autorizaba a su portavoz en Madrid, Joaquim Molins, a negociar con Rodrigo Rato. Pero a diferencia del acuerdo con los socialistas en el año 93, esta vez desde CiU exigían un pacto detallado y por escrito, donde planteaban una serie de reivindicaciones que González había desestimado. Entre ellas, modificar la financiación autonómica (elevar del 15% al 30% la cesión del impuesto sobre la renta [IRPF]), suprimir el servicio militar obligatorio en un plazo de seis años, sustituir los gobernadores civiles por subdelegados provinciales, así como ceder a la Generalitat competencias de Tráfico, Puertos, Costas y ordenación del suelo. Paralelamente, el 4 de abril Coalición Canaria anunciaba que sus cuatro diputados apoyarían la investidura de Aznar después de un pacto de legislatura que le otorgaba más autogobierno a las islas. Mariano Rajoy fue uno de los actores clave en la negociación.

La reunión que duró casi 8 horas

El 24 de abril el presidente catalán y el líder del PP tuvieron una reunión discreta. Al día siguiente, el grupo de intermediarios de ambas formaciones se encerraron durante más de siete horas y media en una suite de la novena planta del hotel Plaza en Barcelona. Un avión de vuelta a Madrid trasladó a los catalanes al día siguiente al hotel Alameda para seguir con las negociaciones. Durante el encuentro las tensiones subieron de tono. La reunión se alargaba y los convergentes tenían que coger el último vuelo en dirección Barcelona. Hombres trajeados subían y bajaban las escaleras para llamar a Aznar e informarle de cómo avanzaban las conversaciones. Había problemas en trasladar al papel lo acordado de palabra. Finalmente, no llegaron a un acuerdo por falta de tiempo y lo pospusieron para el día siguiente.

Era 26 de abril, habían pasado 54 días desde la celebración de las elecciones y el pacto estaba a punto de fraguarse. Desde la sede de Convergencia en el paseo de Gràcia de Barcelona, ambas delegaciones —la del PP formada por Rodrigo Rato y Juan Costa y la de CiU, por Joaquim Molins, Macià Alavedra y Josep Sánchez Llibre— se negaron a explicar el contenido del pacto y se limitaron a hacer una declaración pública sin aceptar preguntas de los periodistas. Según Rato se trataba "de colaboración política y parlamentaria". Para Molins habían alcanzado un acuerdo “de investidura y de gobernabilidad". Los consejos nacionales de Convergència Democrática y de Unió Democrática habían sido convocados de manera urgente al día siguiente, el comité ejecutivo del PP también se reuniría el domingo por la mañana.

Después de siete semanas y medio de negociaciones y tres encuentros secretos, llegó la foto más esperada. Aznar y Pujol se dejaron ver por primera vez en público. Era el 28 de abril. El Hotel Majestic de Barcelona estaba atestado de cámaras, fotógrafos y periodistas con micrófonos. La expectación fue tan grande que tuvieron que hacer tres turnos para captar el momento de los dos políticos dándose la mano. De fondo se escuchan gritos que decían: “¡La mano por favor!”. Sobre el papel de 18 folios había escritos 400.000 millones de pesetas que serían transferidos en los próximos cuatro años a Cataluña. La prensa no tardó en bautizar aquel encuentro como el Pacto del Majestic.

Turno de los nacionalistas vascos

Y si la foto Aznar-Pujol abrió portadas, la frase pronunciada por el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, el día que pisó por primera vez la sede madrileña en el marco de las negociaciones para formar gobierno, abrió titulares: “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”. Su presencia en la calle Génova aquel martes 30 de abril despertó un gran interés entre los periodistas allí presentes. Arzalluz hizo gran parte de su intervención en euskera y uno de ellos le preguntó si sabía dónde estaba. Iñaki Anasagasti, ex portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, explicó en una entrevista en La Vanguardia que la respuesta de su compañero fue: ‘Esto de aquí detrás son las gaviotas del PP, y este edificio, la sede del PP en la calle Génova. ¿No es así? ¿Usted cree que no sé con quién estoy pactando?’.

El acuerdo se cerró a cambio de mayores competencias para el País Vasco, medidas específicas como el surgimiento de la operadora vasca de telefonía Euskaltel, así como la devolución del patrimonio histórico incautado durante la Guerra Civil. El propio Aznar llegó a plantear el traslado del Guernica de Picasso a Bilbao, lugar donde nació su padre. Aunque en el imaginario colectivo quedó el recuerdo que los votos del PNV fueron claves para la investidura de Aznar, lo cierto fue que a estas alturas de las negociaciones el pacto cerrado con CiU y Coalición Canaria le garantizaba a los conservadores los apoyos suficientes para obtener la mayoría absoluta de la Cámara. Pero el intermediario del PP encargado de entablar los encuentros con los jeltzales, Jaime Mayor Oreja, sabía que detrás había más cuestiones de fondo. Contar con el apoyo de los peneuvistas sería clave ante un escenario de negociación con ETA, además les permitió condicionar el acuerdo con CiU sobre todo al principio de las conversaciones, una vez se habían celebrado las elecciones. Para los convergentes tenía valor que sus homólogos en el País Vasco estuvieran también en el pacto.

La votación final

El 4 de mayo, día de la votación de la investidura, Aznar con unos papeles bajo el hombro subía las escaleras de la tribuna para pronunciar su primer discurso. El candidato prometía un gobierno dialogante, austero, transparente y reformista. “Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución España podrá afrontar los problemas que tiene planteados (...) señores y señoras diputados para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara”, articuló entre aplausos. El ambiente era relajado. Felipe González prometió su apoyo en cuestiones de Estado, pero su insistencia en conocer el coste de los pactos entre conservadores y nacionalistas provocó un breve rifirrafe. Con 181 votos a favor, 166 en contra y una abstención, José María Aznar consiguió que su apretada victoria electoral se convirtiera en una mayoría absoluta en el hemiciclo.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles, según informa Europa Press.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola —a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia sever—-, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.

No obstante, el juez ha ratificado la situación de libertad de todos los procesados al considerar que "no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones del juicio oral" que se seguirán en la Audiencia Nacional. Además, Pedraz ha dado un mes, hasta el 16 de julio, a los acusados para que presenten escrito de defensa ante las acusaciones formuladas, un lapso de tiempo que entiende "proporcional" a "la complejidad de la causa".

De esta forma, el magistrado ha seguido el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el clan, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la "dirección operativa" de esta presunta organización criminal.

El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el ex president, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 17 para Gironés por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola-, reclamó una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Los Servicios Jurídicos del Estado, en un escrito conocido el martes, pidieron una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Jr, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.

Las acusaciones habían exigido además que se aseguraran importantes cuantías. Así, Abogacía estimó que el mayor de los Pujol y su ex mujer deben depositar 7.768.127 euros por la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, importe que Anticorrupción fijó en 6,84 millones para él y 668.000 para Gironés, pidiendo también 204.000 euros al ex presidente catalán y 932.000 euros a su hijo Josep.

Se aprovecharon de una "posición privilegiada"

En el auto con el que José de la Mata puso fin a la instrucción en julio de 2020, después de ocho años, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

De la Mata dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El instructor situó origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en esta operativa. El liderazgo estaba "encarnado" en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que se autodenominaba la madre superiora de la congregación. En el siguiente escalón estaba Jordi Pujol Jr, el capellán de la parroquiael capellán de la parroquia, que siguiendo las instrucciones de sus padres "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" dentro del grupo familiar. El resto de los hermanos -Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia-, sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, "seguían las instrucciones" del mayor, "abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos" por el primogénito y "tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito".

La investigación judicial sobre el patrimonio oculto de la familia Pujol Ferrusola ya ha concluido y está a la espera de juicio. De momento, las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción están claras: un entramado delictivo que se extendió en el tiempo durante décadas y que estaba organizado a tres niveles. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron, que los fiscales sitúan en el cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

Así lo explica el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que los fiscales del caso exponen el papel que tuvo cada miembro del clan en una trama que considera una organización criminal dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que, sin embargo, no se ha podido establecer un origen concreto. El escrito comienza con el comunicado que Jordi Pujol envió a los medios de comunicación en verano de 2014 en el que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que "nunca se encontró el momento adecuado para regularizar". De la investigación posterior, tal y como concluye Anticorrupción, no hay ni rastro de esa herencia y sí muchas actividades supuestamente ilícitas que implican posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsificación de documentos, entre otros.

Aunque el comunicado del expresident Pujol es de julio de 2014, la familia ya era objeto de titulares por la denuncia que había presentado un año y medio antes la examante del primogénito. Ahí radica el origen de la investigación que ha acabado con el clan al completo a punto de ser enviado al banquillo en la Audiencia Nacional –el juicio se hará esperar un poco más–. Tal y como recuerda Anticorrupción en su escrito, en diciembre de 2012 Victoria Álvarez denunció que Jordi Pujol Ferrusola "disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra", que "tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México", y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre "sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Administraciones controladas por Convergència

Para la Fiscalía, la historia se enmarca en los tiempos en que Pujol ejerció como presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que "aprovechó" para tejer una "red de clientelismo" con la que construyó un "entramado" a través del cual tanto él como "determinados empresarios afines" a la formación política se repartieran "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Los fiscales no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, pero sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

"Así consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana", explica el escrito. He aquí donde entran el resto de miembros de la familia, con cuya "connivencia" y de forma "coordinada" a lo largo de "muchos años" se mantuvo un entramado para "ocultar el auténtico origen del dinero", a través de cuentas bancarias en Andorra, y "disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen". En la cúspide de esa trama, el propio expresident, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto se dedicaron a beneficiarse "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas".

Pero si hay un verdadero protagonista del escrito de acusación de la Fiscalía es el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola aparece como el artífice de las operaciones bancarias y societarias que mantuvo durante años para ocultar el patrimonio familiar, con la participación de su entonces esposa y siempre "en cumplimiento de lo acordado por sus padres". No en vano, Pujol Ferrusola es el único del clan que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. Marta Ferrusola no ha sido acusada al habérsele archivado las diligencias por enfermedad.

Contrataciones ficticias con ingentes ingresos

En lo que respecta a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron "titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias" desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) "que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola". Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Del análisis realizado en los ocho años de pesquisas, los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, la Fiscalía habla de "contrataciones ficticias" con las que Pujol Ferrusola y Gironés percibieron "ingentes ingresos".

Esas sociedades, que Anticorrupción analiza una por una, no tenían personal –a excepción de una de ellas, una única trabajadora en muy corto periodo de tiempo– y los servicios que afirmaban prestar eran los de “asesoramiento/consultoría e intermediación” en "conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica". Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

"La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas", explican los fiscales.

Millones en euros, pesetas, libras, marcos y dólares

En lo que respecta a las cuentas en Andorra, el Ministerio Público estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras. Es lo que se ha conseguido acreditar. El escrito refleja las numerosas entradas y salidas de dinero que se han podido acreditar con la información facilitada en las comisiones rogatorias enviadas al Principado. Entradas y salidas que, según el año, aparecen tanto en pesetas como en dólares, marcos, libras o euros. En una de las cuentas, por ejemplo, la Fiscalía expone que "se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques", aunque "de la mayoría se desconoce su origen". En los ingresos cuyo origen sí se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

En muchas ocasiones había "repartos" entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola, y en esos casos utilizaban en las órdenes de transferencia entre ellos y su gestor bancario la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA””. La misma operativa se repetía con origen en una cuenta que recibía una gran cantidad de dinero, tras lo cual las demás recibían exactamente los mismos fondos, haciendo un reparto equitativo entre los hermanos y los padres. Unas cuentas estaban abiertas dos años; otras, más de diez. Aparte de las cuentas de Andorra, Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza entre 2002 y 2004 que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y se tranpasaron tanto títulos como dinero a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar para Marta Ferrusola, la matriarca del clan Pujol, la causa sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex presidente catalán Jordi Pujol y su familia, debido a su estado de salud.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha accedido así a la petición formulada por la defensa de Ferrusola, que había solicitado el archivo para ella alegando que sufre demencia y aportando documentación médica para acreditarlo, según recoge Europa Press.

La Fiscalía pidió un examen médico forense y, una vez realizado, decidió no oponerse al archivo, sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.

En su auto, Pedraz indica que "deben tenerse en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se describen por la médico forense".

Ferrusola fue procesada por integrar presuntamente, junto a su familia, una organización criminal destinada a acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de organización criminal o asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Público dirige su acusación para toda la familia Pujol, salvo para la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, para quien se han archivado las diligencias por enfermedad. 

El que más petición de pena acumula es el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien Anticorrupción solicita una condena de 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el resto del clan, las penas van de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer del hijo mayor, Mercé Gironés, interesa una pena de 17 años, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicita ocho años de cárcel.

Todos ellos actuaron conjuntamente, según el Ministerio Público y ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, presunto producto del favorecimiento a  determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana. A esos empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se piden penas de dos y tres años de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales y les impone multas que van desde los 200.000 euros a los ocho millones de euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal, Jordi Pujol aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio expresidente y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de esa formación política.

Multas de hasta 6,84 millones

En cuanto a las multas para el clan Pujol, el Ministerio Público interesa la más alta para el mayor de los hermanos, para el que pide 6,84 millones de euros, sobre todo por delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para su ex mujer interesa la cantidad asciende a 668.000 euros. Para Josep Pujol, reclama 932.000 euros y para el patriarca, la petición asciende a 204.000 euros. A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la multa debe ser de las cantidades de las que dispusieron todos ellos (los siete hermanos, el padre y Gironés), que ascendieron a 38,7 millones de euros, 8,17 millones de dólares americanos, 2,73 millones de dólares mexicanos y 95.344 libras esterlinas.

Tras siete años de investigación, la Fiscalía concluye que el expresidente catalán acordó con su esposa que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. Los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

Así, el patrimonio ilícitamente obtenido de las mordidas que pagaban los empresarios fue ocultado al fisco y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.

Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

Para el juez que instruyó la causa, la procedencia del patrimonio proviene de distintas fuentes que también en algún caso es desconocida, si bien destacaba que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol. El juez llegó a tiladar de "paradójico" que los investigados nieguen tener "conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)".