En 1953, Thomas Mann, desde el escenario aún humeante de la posguerra, pronunció una frase que sigue resonando como advertencia y esperanza: “una Alemania europea y no una Europa alemana.”

Aquella sentencia no era solo una estrategia de Estado, sino ética política: la idea de que la nueva Alemania debía renacer no como potencia dominante, sino como parte de una comunidad compartida, regida por lo que Jürgen Habermas denominaría después patriotismo constitucional: la lealtad a la democracia, al derecho y a las instituciones, por encima de los lazos étnicos o nacionalistas.

Hoy el mundo se ha invertido, pero la lección persiste. Lo que Occidente necesita no es un manifiesto de hegemonía, sino un renacimiento democrático y ecológico. Tal vez nos iría mejor con una América más europea, anclada en valores ilustrados, sostenibilidad social y responsabilidad global, y con una Europa fiel a sí misma, capaz de ejercer el papel de faro normativo, industrial y medioambiental que Alemania adoptó tras la guerra: liderazgo sin dominación, poder con conciencia.

Nos encontramos en una bifurcación histórica. El desafío no es solo salvar el clima —el planeta y, a fin de cuentas, a nosotros mismos— ni ganar la carrera tecnológica, sino reconstruir una arquitectura de sentido común, donde la transición ecológica, la innovación, los derechos humanos y la democracia confluyan en un mismo proyecto civilizatorio.

Durante siglos, Europa y América fueron las dos columnas de Occidente. Pero en este convulso 2025, las columnas parecen haberse invertido: mientras Europa intenta preservar la razón ilustrada, el Estado de derecho y la sostenibilidad como fundamentos de su poder, Estados Unidos se desliza hacia un populismo proteccionista que evoca a los excesos de entreguerras. Si ese rumbo se consolida, las tensiones internas podrían desdibujar su papel en la transición ecológica global.

El 18 de octubre de 2025, cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra la deriva autoritaria del presidente Trump. Meses antes, había impuesto aranceles “recíprocos” a casi todos los socios comerciales, un gesto que sus seguidores celebraron como soberanía y sus críticos calificaron de guerra económica. A ese proteccionismo se suma un discurso negacionista que, en foros internacionales, califica el cambio climático como “la mayor estafa de la historia”.

Washington parece haber renunciado a liderar la transición ecológica, reemplazando la cooperación por el repliegue. Y, sin embargo, la paradoja es reveladora: mientras el poder político se fragmenta, la economía verde estadounidense sigue avanzando, impulsada por la inercia de la Inflation Reduction Act —herencia del presidente Biden— y por la fuerza del mercado y la innovación privada.

La verdadera crisis de Estados Unidos no es económica, sino ética y moral. Lo que alguna vez fue el modelo del constitucionalismo liberal hoy se ve asediado por su propio populismo. Europa creo que lo aprendió tras dos guerras devastadoras: el patriotismo no se mide por banderas, sino por la lealtad a los principios. Ahora, los Estados Unidos de América debe recordarlo.

La Unión Europea, mientras tanto, atraviesa su propia encrucijada. Las tensiones internas —el auge de los nacionalismos, la fatiga regulatoria del Green Deal, las presiones energéticas e industriales— no logran ocultar una verdad esencial: la UE es hoy el mayor laboratorio político del mundo.

Ha logrado convertir la sostenibilidad, la equidad, los derechos humanos y la democracia en los nuevos pilares de su poder. Su fuerza ya no reside en ejércitos, sino en normas: la directiva CSRD, la Directiva de Diligencia Debida o el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera expresan lo que se conoce como el efecto Bruselas: la capacidad de Europa para exportar estándares éticos y medioambientales al resto del planeta.

Empresas de Silicon Valley o Shenzhen adaptan sus modelos a las reglas europeas para operar en su mercado. En términos habermasianos, Europa ejerce una razón práctica universal: regula no para dominar, sino para proteger el bien común.

Lo comprobé en el Encuentro de Desarrollo Sostenible organizado por Procolombia en Bogotá. Allí, compañías colombianas —como la multinacional Juan Valdez Café— reconocían que alinear sus reportes de sostenibilidad con los estándares europeos había fortalecido su gestión interna, su trazabilidad y, sobre todo, su competitividad internacional.

Europa se ha convertido, casi sin proponérselo, en el árbitro moral del mundo. Las empresas de todos los continentes se preparan y adaptan a las exigencias de sostenibilidad dictadas por la Unión Europea, que hoy actúan como un nuevo lenguaje universal de transparencia y responsabilidad. Sin embargo, la llegada de la Directiva Ómnibus y las sucesivas —y aún inconclusas— simplificaciones regulatorias han comenzado a erosionar parte de ese impulso normativo que hizo de Europa un faro y una brújula moral en materia de sostenibilidad.

Su mayor desafío, no obstante, es interno: mantener la cohesión y el liderazgo en una era marcada por la crisis climática, la disrupción tecnológica y la fragmentación política. Como recordaba Ursula von der Leyen, “el mundo aún puede contar con el liderazgo de Europa”, siempre que el continente sepa reindustrializarse sin traicionar su alma social y ecológica, sin olvidar que su verdadera fortaleza no reside en la fuerza, sino en los valores que la sostienen. En palabras de Robert Schuman: Europa necesita un alma, un ideal y la voluntad política para servir a este ideal.

Frente al vaivén americano y la introspección europea, China despliega una estrategia silenciosa pero firme. Ha comprendido que el dominio del siglo XXI se juega en los laboratorios, no en los campos de batalla. Inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores y energías limpias son los nuevos instrumentos de poder nacional.

El plan Made in China 2025, junto a inversiones masivas en renovables y almacenamiento, ha convertido a Pekín en el principal productor mundial de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos. Paradójicamente, mientras lidera la revolución verde, sigue siendo el mayor emisor de CO₂. Su principio es claro: primero construir, después romper (xian li hou po 先立后破).

China prioriza crear capacidad limpia antes de desmantelar su base fósil. Así, mientras levanta récords de parques solares y eólicos, sigue recurriendo al carbón para asegurar su crecimiento y estabilidad.

Su transición verde no es solo un imperativo ambiental, sino una estrategia de seguridad nacional y poder económico. Reducir la dependencia del petróleo extranjero refuerza su autonomía energética; dominar las industrias verdes garantiza su influencia global. A diferencia de Occidente, China no apela a la moral, sino a la eficacia, y su modelo tecnocrático plantea la gran pregunta del siglo: ¿puede existir sostenibilidad sin libertad ni democracia?

Cuando el profesor Antonio García Tabuenca y yo escribíamos Industria y política industrial en la transición verde, observábamos cómo las potencias competían por liderar esta nueva revolución tecnológica. Entonces parecía que Europa llegaba tarde. Hoy, paradójicamente, Estados Unidos ha perdido el rumbo, mientras la Unión Europea —pese a su lentitud— emerge como referente en la fusión de economía, sostenibilidad y derechos. La transición ecológica ya no es solo un asunto ambiental: es un proyecto civilizatorio. En un mundo saturado de algoritmos, polarización y extractivismo tecnológico sin reglas del juego bien definidas, Europa encarna la posibilidad de un capitalismo democrático que reconcilie progreso con justicia y garantías, innovación con ética. 

Su modelo de economía social de mercado, reforzado por la digitalización y la transición verde, puede ser la base de una nueva Ilustración: un renacimiento que no busca imponerse, sino inspirar.

Una América europea y no una Europa americana, no es un lema antiestadounidense, sino una invitación a la madurez de Occidente. Europa no necesita imitar el ruido ni la prisa que dominan la política norteamericana; su fuerza reside en la mesura, la estabilidad y la coherencia moral. Debe afirmarse como fuente de garantía, cultura, valores y sostenibilidad, no como contrapeso, sino como ejemplo.

América, por su parte, podría reaprender de Europa la virtud de la medida, ese equilibrio entre libertad y responsabilidad que define a las democracias verdaderamente maduras. Porque el liderazgo del futuro no se medirá por la velocidad ni por la fuerza, sino por la capacidad de armonizar progreso y propósito.

Necesitamos pragmatismo, sí, pero del tipo que encarnó Angela Merkel: científica de formación, símbolo de la sobriedad europea y de una política que entendía el poder no como espectáculo, sino como servicio. Me gusta recordar una de sus respuestas más memorables. En una entrevista concedida a Die Zeit, le preguntaron qué era lo que más le gustaba de Alemania. Su respuesta, desconcertante y precisa, fue: “Que las ventanas cierran bien.”

En una sola frase, Merkel condensó la ética civil europea: la convicción de que lo pequeño sostiene lo grande, que el orden y la responsabilidad son los cimientos invisibles de la libertad. Que las ventanas cierren bien significa que las instituciones funcionan, que la ley protege a todos por igual, que la sociedad se mantiene cohesionada no por gestos épicos, sino por la fiabilidad cotidiana, por esa serena confianza en que el mundo puede mantenerse en pie si cada cosa cumple su función.

Esa respuesta —aparentemente banal— encierra quizá la más refinada expresión del patriotismo constitucional de Habermas: la fidelidad a los principios y a las normas que hacen posible la convivencia. Merkel, hija de la Alemania dividida, sabía que el poder más duradero no nace de los discursos altisonantes, sino de las cosas bien hechas y sin ruido.

Lo mismo que reivindicaba Felipe González, otro arquitecto de lo posible, cuando le tocó gobernar un país en el que todo estaba por hacer y logró construir el Estado del bienestar español. Él mismo lo expresó con una lucidez que resiste el tiempo: “Porque gobernar no significa solamente estar atento a las curvas del camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el perfil del horizonte, tener bien claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos.”

En una época dominada por la grandilocuencia, el cortoplacismo y la crispación, aquella imagen doméstica —las ventanas que cierran bien— adquiere una dimensión civilizatoria. Europa, en su mejor versión, no necesita imponerse para demostrar su fortaleza: su poder reside en la precisión, la estabilidad y la razón pública, en la sobria elegancia de lo que funciona, simplemente, porque está bien hecho.

Quizá el futuro de Occidente dependa de esa serenidad: de volver a cerrar bien las ventanas antes de que, entre el ruido de proteger el aire común de la democracia y de recordar, con Habermas, que la democracia sigue siendo un proyecto inacabado, pero aún el mejor que tenemos.

El siglo XXI no se decidirá solo por el PIB ni por la fuerza militar, sino por quién logre articular una narrativa convincente sobre el futuro común. Europa tiene la oportunidad de hacerlo desde su triple vocación: ecológica, democrática y social. Si el siglo XX fue el de una América que salvó a Europa, el XXI puede ser el de una Europa que recuerde a América —y al resto del mundo— los ideales que una vez compartieron: dignidad humana, cooperación, justicia y razón ilustrada.

El mundo necesita menos ruido y más razón, menos muros y más proyectos compartidos.

Si la Unión Europea logra convertir la sostenibilidad en el nuevo lenguaje del progreso, y si América vuelve a creer en su Constitución como brújula moral, Occidente aún puede reinventarse.

En ese horizonte, Europa no es el viejo continente: es la semilla —aún germinante— de una nueva modernidad que puede reconciliar libertad, razón, sostenibilidad y progreso con garantías.

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María Gálvez del Castillo Luna es CEO de Smart Blue Lab, embajadora del Pacto Climático Europeo y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Todos sabemos que es la ultraderecha, a la que ya no separo en dos partes porque todo va dirigido desde FAES y la corriente mundial difícil de entender, aunque este país tiene grandes diferencias con el resto del mundo por ser el único que soportó el fascismo casi 40 años y muchos retazos aún continúan con el deseo de perpetuarse a base de comprar todo con un dinero robado a la gente honrada que pagamos impuestos y utilizado para su beneficio comprando medios y judicatura, las dos fuerzas más peligrosas. Llevo muy mal que mi dinero sirva para potenciar esos medios vendidos que no saben lo que es el periodismo.

Todos sabemos que estas líneas escritas no tienen gran valor si se quedan en uno de los pocos medios digitales capaces de publicarlas porque en los medios populares, y nunca mejor dicho, barren cualquier intento de progresar. A mí, por ejemplo, me publicaron muchas Cartas a El País desde sus inicios, quizá cerca de cien, y ahora sigo escribiendo por desahogo sabiendo que no saldrán a la luz.  A eso se añade una izquierda incapaz de aceptar un liderazgo, simplemente de defensa. Y nunca tuvimos un gobierno tan preparado como el actual y algunos personajes de gran valía, y cito a Gabriel Rufián, a Emilio Delgado, a Carlos Cuerpo y varios ministros y ministras, y a otros varios capaces de doblegar a Podemos para que se incorporen a esta lucha. Ya no existe aquella derecha sensata que representaba Ángela Merkel porque hoy solo se escucha el fascismo de nulo valor intelectual y solo con escuchar a Ayuso, a Tellado a Feijoo o fuera a Milei o el mismo Trump para darse cuenta de la penuria intelectual que sería tristísimo que “gobernaran” algún día para destrozar a esos votantes jóvenes que no saben lo que hacen porque una gran parte de ellos solo se alimentan de las RRSS sin saber ni quién era ni qué hacía Franco, o Hitler. Y eso lo pagaremos todos y principalmente esos jóvenes que aún creen que la Patria es algo único en la vida. Y yo me pregunto, ¿qué Patria? Un país donde sobramos la mitad de sus habitantes según ellos y todos esos inmigrantes que tratan de venir a mejorar su vida, aunque no les estorban los que compran casas enteras para inmigrantes con poder económico o futbolistas, aunque sean negros.

El liderazgo de Pedro no está en duda ni siquiera en Europa. Aquí es el enemigo, pero la izquierda radical debe aceptarlo para liderar a aquellos que no queremos ver el fascismo de nuevo aquí, que yo lo viví en profundidad y rechacé siendo un adolescente. Por algo sería. Por eso me extraña que los jóvenes actuales piquen en ese horror. Solo tengo una esperanza, que Madrid sea el único reducto del fascismo como demuestran cada día Ayuso, Almeida y todos esos apellidos conocidos que cada día se lucen en medios comprados por ellos. Que en el resto de España exista un bloque suficiente para defendernos de esta plaga potente apoyada solo en su dinero. Que se haga eco la gente que vota que la izquierda o la derecha sensata que representa el PSOE no tenemos posibilidades de expresar nuestras razones porque las tapa el dinero, pero hay algo que debería hacer reaccionar a todos. Un día la representante de esa derecha sensata, Merkel, apartó de su país al fascismo que allí se conoció bien, y sabía de su peligro. Para pensar…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Las elecciones europeas serán el pistoletazo de salida para la renovación de la cúpula de las instituciones de la Unión Europea, pero entre bambalinas las candidaturas oficiales, oficiosas o todavía secretas y los movimientos de los dirigentes nacionales ya empezaron. De los antecedentes se pueden extraer varias lecciones, como que la Presidencia de la Comisión Europea (el cargo más deseado) va a la primera fuerza parlamentaria, que a partir de ahí hay que hacer un complejo equilibrio de reparto ideológico, de género y regional y que las sorpresas no son extrañas. En 2019, el presidente francés Emmanuel Macron se sacó de la manga el nombre de la ministra de Defensa alemana, Úrsula Von der Leyen, para convencer a Angela Merkel de dar una patada a Manfred Weber, que había sido el candidato de los populares, pero al que le faltaba de todo. El socialcristiano bávaro no tenía más experiencia que la de haber sido eurodiputado, chapurreaba inglés y apenas hablaba francés y caía bastante mal a los dirigentes nacionales. Tuvo que consolarse con la portavocía del grupo popular en el Parlamento Europeo. Todavía le escuece.

Si los resultados del 9 de junio son los esperados, los populares volverán a ser la primera fuerza y Von der Leyen, que ya anunció su candidatura, debería repetir en el cargo. Algo habitual en la Presidencia de la Comisión Europea. El problema es que su favoritismo absoluto de hace unos meses empieza a mostrar grietas y que, si en principio puede contar con su compatriota Olaf Scholz, con Pedro Sánchez y con Giorgia Meloni, por ahora no tiene el apoyo ni siquiera oficioso de Macron. Von der Leyen ha cometido errores groseros en los últimos meses y la Fiscalía Europea tiene una investigación abierta por sus negociaciones y contratos con Pfizer por las vacunas del covid-19. Sigue siendo favorita, pero no tanto. De caer, los populares podrían presentar al primer ministro croata Andrej Plenkovic, quien ya apareció en las quinielas de 2019. La presidencia de la Comisión Europea la deciden los líderes nacionales, pero la debe ratificar por mayoría absoluta el Parlamento Europeo.

Si los populares siguen en la Comisión Europea, el Consejo Europeo debería ir esta vez a un socialista y del sur, después de los liberales belgas Herman Van Rompuy y Charles Michel y el popular polaco Donald Tusk. El problema es que el superfavorito, el portugués António Costa, tuvo que dimitir por un caso de corrupción que tocó a su Gobierno y su candidatura perdió puntos. Si no es él, los socialistas tienen pocas opciones (se entiende que el presidente del Consejo Europeo debe ser un primus inter pares, un jefe o ex jefe de Gobierno) que pasan por la danesa Mette Frederiksen, a no ser que a Pedro Sánchez se le ocurra, pasadas las elecciones europeas, mostrarse voluntario. Tanto Frederiksen como Costa y Sánchez dan el perfil en cuanto a experiencia, formación e idiomas.

En ese juego, la sucesión de Josep Borrell como alto representante para la Política Exterior y de Seguridad pasaría a los liberales con la primera ministra estonia Kaja Kallas y la presidencia del Parlamento Europeo volvería a repartirse dos años y medio para cada una de las dos grandes familias políticas. Repetiría la maltesa Roberta Metsola por los populares y un eurodiputado o eurodiputada socialista asumiría otros dos años y medio. Esa persona suele salir de la delegación más grande de la familia política, por lo que podría ser un italiano, como ya fue el difundo David Sassoli en la primera parte de la última legislatura. El reparto de cargos quedaría hecho, pues Christine Lagarde seguiría en el BCE y Nadia Calviño está recién nombrada para el Banco Europeo de Inversiones, que gana peso por la necesidad de invertir más en industria militar y por la futura reconstrucción de Ucrania.

El reparto podría darse de tal modo que todos los altos cargos fueran para mujeres y no hubiera equilibrio de género: las populares Von der Leyen (Comisión), Lagarde (BCE) y Metsola (Parlamento), la liberal Kallas (Alta Representante) y las socialistas Frederiksen (Consejo Europeo) y Calviño (BEI).

Si ese es el reparto más probable ahora mismo las sorpresas no se pueden descartar y entre ellas estaría incluso la hipótesis de que Macron quiera a Kallas (de su familia política) en la Comisión Europea y alguien con mucho más peso en el Consejo Europeo para reforzar la intergubernamentalidad en detrimento del sistema comunitario. Esa persona de más peso podría ser, mueven muchos eurodiputados liberales, el italiano Mario Draghi, que cumple varios criterios, como pertenecer a un país del sur, ser ex jefe de Gobierno y además haber sido presidente del BCE. Draghi tiene un gran hándicap: quitaría protagonismo y poder a los líderes nacionales. En ese reparto los populares deberían entender que pierden la Comisión Europea, a pesar de ser la primera fuerza, a cambio de una presidencia más potente del Consejo Europeo con Draghi y los socialistas aceptar, otra vez, que les toca en el reparto la sucesión de Borrell. Eso, como dicen fuentes del servicio exterior, si el Gobierno español no convence a Borrell para que siga.

Fuentes diplomáticas adelantan una tercera forma de repartir esos cargos: que sean los socialistas los que ocupen la Comisión Europea con Frederiksen y que Kallas vaya a suceder a Borrell mientras Draghi queda como presidente del Consejo Europeo. A Von der Leyen no le sobran apoyos porque prácticamente la mitad de los delegados al congreso del Partido Popular Europeo que la nombró candidata no eligió su papeleta y porque en Alemania su partido (la CDU) está en la oposición y sería inédito que, desde que cada país tiene solamente un comisario, alguien nombre a una persona no de los partidos de Gobierno sino de los opositores. El acuerdo de Gobierno entre socialdemócratas, liberales y ecologistas asegura que Von der Leyen sería la comisaria alemana, aun siendo de la oposición, si consigue repetir en el cargo. Si no, el próximo miembro alemán de la Comisión Europea será un ecologista.

El reciente nombramiento de Nadia Calviño para la presidencia del BEI cierra las puertas a los españoles para otros altos cargos, sobre todo después de que Josep Borrell sea Alto Representante. Si Borrell no sigue, el próximo español en la Comisión Europea tendría más o menos peso, sobre todo en función de su perfil. Una Teresa Ribera podría aspirar a una vicepresidencia ejecutiva de peso en asuntos como Energía o Clima. Otros deberían consolarse con una cartera más modesta.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

No hace tanto parecía que Los Verdes alemanes iban camino de convertirse en un partido de masas, un sustituto del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el progresismo germano. En los últimos compases de la era Merkel, había quien se aventuraba incluso a predecir que Los Verdes serían el gran partido del centro-izquierda de Alemania.

Pero luego llegaron las elecciones generales de 2021 y, junto al tortazo que supuso para los conservadores de la derrota de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), también hubo desilusión en los ecologistas germanos. No fue buena la campaña de su aspirante a canciller, Annalena Baerbock, hoy ministra de Asuntos Exteriores de Olaf Scholz. Él y su SPD se erigieron triunfadores de 2021.

Tal vez en esa mala campaña se registró la primera traición que Los Verdes han perpetrado, una traición que tiene que ver con las expectativas. De expectativas fallidas pueden hablar mucho los ecologistas. Porque tras llegar al poder gracias al acuerdo de coalición que firmaron hace justo dos años socialdemócratas, ecologistas y liberales, Los Verdes se han visto obligados a reorientarse mucho. Tal vez demasiado.

Los problemas de la compleja realidad internacional han obligado al partido a tomar y apoyar medidas que parecían imposibles en tiempos de aquella decepcionante campaña de Baerbock. De resultas, Los Verdes se han reorientado tanto desde que están en el poder que ahora hay miembros del partido que se han quedado desnortados. Están en busca del norte político que tan claro parecía estar antes de 2021, cuando el partido parecía iba a dejar al SPD en la irrelevancia del centro-izquierda.

Antes del último gran congreso que Los Verdes celebraban en Karlsruhe (centro germano), una reunión organizada a finales del pasado mes de noviembre, una iniciativa crítica recogió firma de un buen millar de firmas de miembros del partido opuestos a la marcha de la gran formación ecologista germana con Ricarda Lang y Omid Nouripour como presidentes y con Baerbock y Robert Habeck de ministros estrella. Habeck es el vicecanciller y ministro de Economía y de Protección Climática. A todos ellos, esos militantes les pedían en una carta abierta: “volvamos a Los Verdes”. Entre otras cosas, pedían a la dirección trabajar para frenar el distanciamiento entre la base del partido y sus instancias de decisión.

Ha ocurrido que, por ejemplo, Robert Habeck, con apenas unos meses en el cargo, ha tenido que tomar decisiones “malas para la atmósfera” por suponer ingentes emisiones de dióxido de carbono. Así describía en junio de 2022 su decisión de permitir que las centrales térmicas que usan carbón dejaran de estar en la “reserva” del país para contribuir a la producción de energía eléctrica. Eso ocurrió apenas un par de meses después de que el país dejara de producir energía nuclear.

El apagón nuclear ha sido uno de los grandes objetivos políticos de Los Verdes de siempre. Para los ecologistas, conseguir el apagón ha sido una victoria histórica. Sin embargo, apenas han podido celebrarlo. Porque entre las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania figura el cierre del grifo del gas ruso que procedía del país de Vladimir Putin. Esto es un drama para Alemania. Porque hasta el 55% del gas que compraba Alemania procedía de Rusia en 2021.

En 2022 hubo que encontrar otros proveedores, más caros y cuyos hidrocarburos exigían, además, poner a disposición del país terminales móviles para gas natural líquido impopulares entre los militantes de Los Verdes. En 2023, la de Alemania es la única gran economía de la OCDE que habrá caído en recesión, sufriendo una contracción de su PIB del 0,4%.

Cierto es que el Ejecutivo de Scholz Habeck y compañía se esfuerzan en impulsar las energías renovables. De hecho, datos oficiales de este mes dan cuenta de que por primera vez en la historia, en la primera mitad de 2023, las energías renovables suponían más del 50% de cuanto de había producido en el país. El porcentaje era del 52%.

Aún así, incluso en días de mucho viento en todo el país y se recogen grandes cantidades de energía eólica, el país sigue emitiendo hasta seis veces más dióxido de carbono que Francia, país al cual se le sigue compra energía eléctrica, un recurso del que Alemania se ha hecho este mismo año importador neto cuando antes lo exportaba. Las altas emisiones de dióxido de carbono germanas se explican por el significativo peso que aún tiene el uso en el mix energético alemán el carbón y el gas, que suman grosso modo del orden del 45%, pero el ritmo actual de transformación está generando insatisfechos.

A las administraciones germanas les falta ligereza a la hora de aprobar la instalación de parques eólicos, por ejemplo. Las empresas del sector, por otro lado, se han visto golpeadas por las turbulencias económicas que han dejado la inflación y la crisis energética, entre otras cosas. Además, aún está por ver cómo afecta a los planes del Ejecutivo el que el Tribunal Constitucional declara anticonstitucional el uso de 60.000 millones de euros. Ese dinero iba a estar destinado a la transformación climática del país. Pero en origen, se había aprobado como medida económica para ayudar en la lucha contra la COVID-19. Dedicarlo a otra cosa es lo que el alto tribunal ha considerado ilegal.

Cuando Ricarda Lang, la co-lideresa del partido, dice eso de que ella y su compañía en las altas instancias del partido buscan “soluciones pragmáticas” a los problemas del país, en la militancia dicen que esa búsqueda trae acuerdos negativos. De lo contrario en la citada carta abierta firmada por los militantes no habrían reprochado a la dirección de noviembre el haber convertido el partido en “una agencia de publicidad de malos compromisos”.

No solo la realidad de la crisis energética ha obligado a Los Verdes a reorientarse. Ya la ilegal guerra de Rusia contra Ucrania, de cuyo inicio va camino de cumplirse dos años, había convertido a Los Verdes, prácticamente, en el partido con más ardor guerrero del Gobierno alemán. Habeck, de hecho, ya era partidario de enviar “armas defensivas” a Ucrania en mayo de 2021, mucho antes de que comenzara la invasión rusa. Aquello le enfrentó a Baerbock, quien después como ministra de Exteriores ha sido una de las voces germanas más decididas a ayudar para que el país de Volodímir Zelenski pueda defenderse con armas alemanas. Con Los Verdes en el poder, las exportaciones de armas de Alemania acordadas por el Ejecutivo baten récords. Hasta 11.710 millones de exportaciones de armas se han acordado este año, un 40% más que el año anterior.

La defensa de Israel en su guerra contra Hamás, desde el pasado 7 de octubre, también ha sido uno de los elementos que muestran cómo Los Verdes han perdido la orientación pacifista que solían tener. El derecho a defenderse de Israel ha sido una de las máximas de la política alemana que también han seguido figuras como Baerbock, quien ha apelado, eso sí, al “respeto del derecho internacional”. Robert Habeck, además, ha utilizado sus redes como vicecanciller y ministro para criticar antisemitismo en la izquierda post-colonial o anticolonialista. “El anticolonialismo no debe llevar al antisemitismo. Esta parte de la izquierda debe reconsiderar sus argumentos y no fiarse de la narrativa de la resistencia”, decía Habeck. “Hamás es un grupo de terroristas asesinos que está a favor de la disolución de Israel y que lucha por la muerte de todos los judíos”, abundaba el vicecanciller ecologista.

La orientación pacifista que siempre caracterizó a Los Verdes ha desaparecido en el gran partido ecologista, visto lo visto. Con Los Verdes en el poder, las exportaciones de armas de Alemania acordadas por el Ejecutivo baten récords. Hasta 11.710 millones de exportaciones de armas se han acordado este año, un 40% más que el año anterior.

En virtud de cambios así, la periodista, autora y columnista del diario berlinés Die Tageszeitung, Charlotte Wiedemann, ha escrito que “la evolución que han experimentado los Verdes (y la socialdemocracia mucho antes) significa que la política progresista radical ya no tiene una voz organizada”. Para ella, hubo un tiempo en que Los Verdes se identificaron con el eslogan “otro mundo es posible”. Pero ya no es así. “La protección intransigente de los derechos humanos, una ética universalista de la justicia y la convicción de que otro mundo es posible ya no tienen cabida en Los Verdes”, ha escrito Wiedemann en Die Tageszeitung, un periódico, a priori, de línea editorial cercana al partido ecologista del Gobierno de Scholz.

Ayuda a entender a esa comentarista el que a finales de este año se haya escuchado a Ricarda Lang hablar de que el país necesita más ritmo a la hora de expulsar a inmigrantes sin opciones de quedarse en el país para no lastrar así a unos municipios que se dicen “saturados”. Lo mismo ocurre cuando ahora Los Verdes participan de los acuerdos entre los partidos en el poder para salir del caos presupuestario del Ejecutivo, que acata sin rechistar la decisión del Tribunal Constitucional. Eso implicará ahorros y lo que en el Frankfurter Rundschau, otro periódico afín a Los Verdes, ha llamado “un cambio político estructural asocial”.

Ya sea en su carrera hacia el poder en 2021 y, después, con sus correcciones en política energética y climática, internacional, y ahora social, Los Verdes alemanes no están donde muchos de sus seguidores y militantes les esperan o, mejor dicho, les esperaban. En los sondeos, la intención de voto al partido ecologista ha bajado respecto del casi 15% cosechado en las elecciones generales de 2021, en las que Los Verdes fueron la tercera fuerza más votada. Encuestas recientes sitúan a Los Verdes como cuarta fuerza, con un 12% de los votos, por detrás de SPD (15%), la ultraderechista Alternativa para Alemania (23%) y la CDU (32%).

El exministro de Finanzas alemán Wolfgang Schauble, una de las figuras más relevantes de toda Europa durante la crisis de la eurozona, ha fallecido a los 81 años de edad, según ha informado este miércoles su familia a la agencia de noticias DPA y ha confirmado Europa Press.

Schauble fue una de las figuras más reconocibles del Gobierno de Angela Merkel, si bien su último cargo en la primera línea fue el de presidente del Bundestag --la Cámara Baja del Parlamento--, entre 2017 y 2021.

En 1990, cuando era precisamente responsable de Interior, sufrió un intento de asesinato que le dejó en silla de ruedas por una herida de bala pero que no le apartó de la labor política, donde se mantuvo y siguió ostentando cargos bajo la batuta de Merkel.

El actual canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha recordado a Schauble como una figura que ha dado forma al país durante más de medio siglo y ha lamentado que Alemania pierde a un político, un pensador y un demócrata.

El líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, también ha expresado en redes sociales su "tristeza" por la noticia. "He perdido al mejor amigo y consejero que he tenido en política. Mis pensamientos están con su familia, especialmente con su esposa, Ingeborg", ha declarado.

Schäuble, nacido en 1942 en Friburgo, está considerado uno de los políticos más destacados de la Unión Cristianodemócrata (CDU), de la que comenzó a ser miembro en 1965, marcó durante décadas la política federal y fue el diputado más veterano del Bundestag, donde obtuvo su primer escaño en 1972.

Desde los años ochenta ocupó cargos en el gobierno federal, como el de jefe de la Cancillería y el de ministro de Asuntos Especiales, entre 1984 y 1989, y el de titular del Interior, entre 1989 y 1991, durante la era Kohl, función en la que negoció el tratado de reunificación de Alemania.

Entre 1991 y 2000, fue líder del grupo parlamentario del bloque conservador, formado por la CDU y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara en el Bundestag y también fue líder de su partido entre 1998 y 2000, después de que Kohl perdiera la Cancillería en 1998 a manos del socialdemócrata Gerhard Schröder.

El escándalo de las cuentas secretas del partido cristianodemócrata le llevaron a renunciar a la presidencia del partido y a romper con Kohl. Durante el gobierno de Merkel, volvió a desempeñarse como ministro del Interior entre 2005 y 2009 y ministro de Finanzas entre 2009 y 2017. Como ministro de finanzas se caracterizó por una política fiscal conservadora y sostenible, que también defendió en la eurozona contra una feroz oposición.

Schäuble logró en 2014 por primera vez en décadas la llamada "schwarze Null" (cero negro), es decir, mantener el presupuesto federal en números negros, sin tener que asumir nuevas deudas. En el sur de Europa, y sobre todo en Grecia, Schäuble se convirtió durante la crisis en la eurozona en una figura odiada por sus medidas de austeridad, su insistencia en el cumplimiento de normas y acuerdos y su humor a veces sarcástico.

Schäuble se retiró de todos los órganos de gobierno tras la derrota del bloque conservador en las elecciones general de 2021 y pasó a ser simplemente diputado. En los últimos tiempos, Schäuble se fue retirando de la escena pública para pasar más tiempo con su familia -deja tres hijas y un hijo, además de cuatro nietos-, sobre todo después de que su esposa, Ingeborg, sufriera el pasado verano una grave caída en bicicleta.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

“Yo tengo miedo”, nos dijo el miércoles en el Ateneo de Madrid Luis García Montero, con ese tono franco y bondadoso que caracteriza a nuestro poeta. Más allá de las decisiones geoestratégicas que debería tomar el mundo para responder a la invasión de Ucrania, nos amenaza la bota del más grande de los hijoputas. Y eso debería darnos miedo a los demás también.

Hablamos del tipejo que, sabiendo el pánico que Angela Merkel le tiene a los perros, la recibe en una de sus residencias en Rusia con un labrador rondando por la sala. La líder alemana le dijo a la prensa luego que entendía por qué lo hacía: “para demostrar que es un hombre… le preocupa su propia debilidad”. El autócrata que con los tanques preparados para invadir al vecino recibe a Macron y a Scholz a seis metros de distancia tras una mesa imponente —con la excusa del covid— mientras a los ultraderechistas de Brasil, Bielorrusia o Hungría los acerca como signo de amistad. Hablamos del asesino que no muestra el más mínimo escrúpulo al envenenar hasta la muerte a sus opositores, hacerles desaparecer o meterles en la cárcel, mientras favorece a su alrededor a una corte de corruptos billonarios que exhiben sus yates por el Mediterráneo.

Excepto que es un ególatra al que le gusta mostrarse a pecho descubierto como el macho que cabalga, caza, hace yudo o conduce coches de carreras, y que añora los tiempos mitificados de la Unión Soviética, nadie sabe discernir muy bien cuál será el siguiente movimiento de Vladimir Putin. Cuando esta semana hemos visto esa extraña mesa de negociación entre los líderes ucranianos y rusos, conviene escuchar a Alexey Navalny, uno de los más destacados críticos de Putin, encarcelado. Decía Navalny en la revista Time: “Putin lo hace una y otra vez: amenazar con escalar—negociar—retroceder; amenazar con escalar—negociar—retroceder. Al ver esto (…) recuerdo el cuento de O. Henry sobre el ladrón astuto que engaña al tonto del pueblo que se cree muy inteligente”.

Y así nos tiene, como los tontos del pueblo: discutiendo si deberíamos o no censurar a Rusia Today o a Sputnik, que no son más que máquinas de propaganda de su régimen detestable. O sobre si hay que enviar armas a Ucrania directamente o mejor con escala en Bruselas. O de si deberíamos conceder que Ucrania fuera territorio neutral, como si no tuviera capacidad para decidirlo el país por sí mismo, o como si Putin no nos hubiera dejado claro que en su endiosamiento Ucrania es parte de Rusia.

Quizá la tontería máxima que ha caracterizado al mundo en su condescendencia con el sátrapa ruso la representó George Bush hijo, cuando dijo en 2001: “He mirado al hombre a los ojos. Le vi directo y confiable. Tuvimos un buen diálogo. Fui capaz de acceder a su alma: un hombre profundamente comprometido con su país”. O la admiración que le tiene Donald Trump (al que el ruso ayudó a ganar la Presidencia según decenas de indicios). O la que por supuesto también le profesan los paletos europeos de la extrema derecha, Abascal o Salvini entre ellos.

Hay una medicina radical que toda esa caterva de ultraderechistas nazis, con Putin a la cabeza, aceptarían de buen grado si se tratara de proteger sus delirios nacionalistas y expansivos. Es un remedio violento y controvertido, que las gentes de paz rechazamos siempre como norma general, pero que en algunos casos no desagrada. Antes de que, al cabo de los años, tengamos que arrepentirnos de las fechorías del canalla, alguien podría hacer el trabajo sucio de sacarlo de escena y hundir sus restos en el mar. Se nos iba a quitar el miedo de inmediato.

La Unión Cristiano Demócrata alemana (CDU) ha elegido este sábado a Friedrich Merz como nuevo líder tras cosechar los peores resultados de su historia en las elecciones del 26 de septiembre, que pusieron fin a 15 años de gobiernos de la CDU liderados por Angela Merkel, según informa Europa Press.

El partido ha celebrado un congreso telemático en el que Merz, único candidato, ha logrado 915 de los 983 votos de delegados, un 94,62% de apoyo, según ha divulgado la propia CDU. Ha habido 16 abstenciones. Esta votación online se confirmará posteriormente con una votación por correo cuyos resultados ya definitivos se anunciarán el próximo 31 de enero.

Merz ya lideró la CDU a principios de siglo, pero tras la derrota electoral en otoño de 2002 tuvo que ceder el puesto a Merkel y unos años más tarde se retiró frustrado de la política activa. Ahora, con 66 años, Merz ha protagonizado uno de los más sonados retornos a la palestra política tras una contundente victoria en el referéndum de afiliados de diciembre, por lo que la votación de este congreso es una mera formalidad que no cuestionará el claro voto de las bases.

Ahora Merz tiene por delante la tarea de reconstruir el partido antes de las elecciones regionales de primavera, en las que la CDU podría perder el gobierno en tres estados federados: Sarre, Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia.

Tras dejar el Bundestag en 2009, Merz volvió a ejercer la abogacía, se dedicó a los negocios y ascendió hasta convertirse en el presidente del consejo de supervisión alemán del fondo de inversión estadounidense Blackrock. En su vuelta a la política se ha presentado como defensor de las ideas conservadoras en lo político y liberales en lo económico y ha logrado el respaldo de quienes consideran que el partido se había escorado demasiado hacia la izquierda con Merkel.

Las próximas elecciones generales están previstas para 2025 y Merz tendrá entonces 70 años. Sin embargo, es solo tres años mayor que el canciller socialdemócrata Olaf Scholz.

Aún no ha acabado la pandemia, pero ya han cambiado muchas cosas. Una de ellas, la política económica. A ningún gobierno, no importa su color, le ha temblado el pulso a la hora de apretar el botón del gasto público para paliar los daños que el virus y las restricciones están infligiendo a las personas y a las empresas. Donde antes se veneraba la austeridad y se demonizaba la deuda ahora se presume de generosidad en las ayudas y de eficacia en el incentivo público. En Estados Unidos se repite el New Deal un siglo después, con una explosión de inversiones en infraestructuras y de gasto social nunca visto. Y al otro lado del Atlántico la Unión Europea se acerca a una política fiscal común ensayando con los multimillonarios Fondos de Recuperación.

También los gobiernos han dado un golpe de timón a sus presupuestos nacionales. Incluso los adalides de la frugalidad se han visto obligados a abrir el grifo de los fondos públicos acuciados por el tsunami del coronavirus. La economía real acude suplicante al Estado en busca de ayuda para sobrevivir a la parálisis impuesta por las restricciones. El gasto público no sólo se ha vuelto necesario sino también virtuoso. Ya antes de dejar el cargo, Angela Merkel, látigo de los despilfarradores del sur europeo, utilizó el semestre de presidencia alemana en la UE para presionar a sus hasta entonces alumnos aventajados, los “frugales”, para conseguir el millonario fondo. Incluso se permitió invocar la “solidaridad en la crisis”. “No sólo es un gesto humanitario, sino también una inversión de futuro”, proclamó.

Ahora que un socialdemócrata la ha sucedido en la cancillería, Alemania se prepara para “refundar la economía social de mercado” y aprobar inversiones “masivas” que deberán modernizar la Administración y las infraestructuras o construir 400.000 viviendas. De hecho, el nuevo Gobierno tripartito –con Verdes y Liberales– acaba de aprobar un presupuesto adicional de 60.000 millones de euros que financiará proyectos ecológicos y de digitalización. El Ministerio de Finanzas lo dirige un liberal, conspicuo enemigo del endeudamiento y de las subidas de impuestos, Christian Lindner, pero él mismo ha definido esa inyección de dinero público como un booster –la tercera dosis de la vacuna contra el virus– para la economía y una “práctica estatal habitual”.

Eso no significa de ningún modo que en Alemania los halcones del Schwarze Null, el endeudamiento cero consagrado en la Ley Fundamental alemana, hayan sido derrotados. De hecho, Olaf Scholz se ha cuidado mucho de dejar claro que respetará el ajuste fiscal. Para empezar, los 60.000 millones no aumentarán la deuda pública, puesto que saldrán de los créditos autorizados para este año, 240.000 millones, de los que sólo se han gastado 180.000. La deuda alemana no llega ni al 70% del PIB, una cifra frente a la que sonroja el 122,1% en que está encaramada la española. La fortaleza económica y fiscal de Berlín le permitirá no subir impuestos a los más ricos –pese a que fue una de sus promesas electorales–, al tiempo que aumenta el salario mínimo, de 9,6 a 12 euros la hora.

En Países Bajos, uno de los más fieles seguidores de la política de austeridad del ministro de Finanzas de Merkel Wolfgang Schäuble, como demostró Jeroen Dijsselbloem en sus años al frente del Eurogrupo, continúa al frente del Gobierno Mark Rutte. Pero también ha cambiado la dirección de la política económica. Aunque hay un nuevo Ejecutivo, integrado por cuatro partidos de centroderecha, es el tercero que encabeza el liberal Rutte, en el puesto desde 2010. Y lo mismo que antes lideraba la ortodoxia económica del club de los frugales y fue de los más difíciles de convencer para poner en marcha el Fondo de Recuperación europeo, propone ahora un gran programa de inversiones públicas que inevitablemente aumentará la deuda pública del país. El plan incluye un fondo de 35.000 millones de euros para promover la transición ecológica de la economía holandesa. Rutte quiere además construir 100.000 viviendas, subir un 7,5% el salario mínimo, aumentar las becas universitarias o subvencionar las guarderías.

Que Francia gaste sin miedo resulta menos sorprendente, pese a que Emmanuel Macron llegó al Elíseo defendiendo un liberalismo económico que, en cualquier caso, no prescinde del Estado del bienestar, aun necesitado de reformas. El exsocio de la banca Rothschild echó la casa por la ventana con el covid-19, aprobando un plan de 100.000 millones de euros en 2020. Para abril del próximo año le esperan elecciones presidenciales, así que ha presentado unos presupuestos con un aumento del gasto de 11.000 millones. A las generosas ayudas contra el covid les sucederán ahora inversiones en transición ecológica, interior, justicia, transporte público y medidas sociales como una renta mínima de 500 euros para jóvenes ni-ni que quieran formarse. El desembolso se financiará con el crecimiento del PIB y sin subir impuestos a los ricos. Al mismo tiempo, Macron promete recortar el déficit público más de tres puntos y la deuda pública del 116% actual al 114%.

También Mario Draghi ha elaborado unos presupuestos expansivos para el próximo ejercicio. El aumento del gasto alcanza los 23.400 millones. Con ese dinero habrá para conceder deducciones en los recibos de la luz y del gas, créditos blandos para que los jóvenes compren su primera vivienda, incentivos fiscales para que las empresas contraten a jóvenes y mujeres, y ayudas para reactivar la economía, con exoneraciones fiscales para bares y restaurantes o 150 millones de euros para el turismo.

Y, como en Francia, el Gobierno italiano confía en el rebote del PIB –el 6% este año y un 4,7% en 2022– para sostener el dispendio, porque el expresidente del BCE y exdirectivo de Goldman Sachs ha prometido una rebaja de impuestos, desde el IRPF hasta el IVA pasando por los tributos regionales, que va a dejar a las arcas públicas sin una recaudación de 12.000 millones de euros.

Con estas cuentas Mario Draghi ha tenido que satisfacer a los seis partidos que forman su gobierno, desde Forza Italia y La Liga hasta el Movimiento 5 Estrellas. Una circunstancia que se repite en otros países como Finlandia, donde el Ejecutivo se lo reparten cinco partidos de centroizquierda. Para 2022 ha aumentado su techo de gasto en 900 millones de euros y 500 millones para 2023. Finlandia también ha sido uno de los defensores de la frugalidad en la Unión Europea y, aunque su deuda pública es sólo del 57,2% del PIB –por debajo del objetivo del Pacto de Estabilidad, que es del 60%– y el déficit público no supera el 5,6% del PIB pese al aumento de los gastos por el covid, el Gobierno planea una subida de impuestos de entre 100 y 150 millones de euros para el próximo año. La idea es elevar el impuesto al tabaco y eliminar la subvención fiscal al gasóleo, pero no tocar ni el IRPF ni el impuesto de sociedades.

En Austria, la coalición de gobierno une a los conservadores del ÖVP y a Los Verdes. Y su presupuesto para 2022 sufre de parecido trastorno bipolar que los de sus socios europeos. “Quiero dejar algo claro: reducción de deuda no significa programa de austeridad, más bien selección y fijación de áreas de interés”, zanjó el exministro de Finanzas, Gernot Blümel cuando presentó las cuentas. La reciente dimisión de Sebastian Kurz como primer ministro –la Fiscalía lo investiga por corrupción– ha cambiado el gobierno, pero no su política económica. Contra el coronavirus, Austria desplegó “el mayor paquete de ayudas desde el Plan Marshall”, según presumió el extitular de Finanzas: los ERTE austriacos salvaron 1,2 millones de puestos de trabajo, las empresas recibieron 3.400 millones de euros en compensaciones mientras estuvieron cerrados por la pandemia y se han aplazado o rebajado pagos de impuestos por importe de 5.100 millones más.

Para el Gobierno austriaco, ese monto de ayudas ha sido posible gracias a las políticas fiscales sostenibles que ejecutaron antes de la llegada del virus. Así que, una vez pasado lo peor de las restricciones, Viena quiere volver a ellas, reduciendo deuda. En 2020 aumentó el gasto público un 12,1% y este año crecerá un 2,5%. Para 2022, está programado un gasto de 99.000 millones, con un recorte del déficit público del 6% actual al 2,3% y una reducción de cuatro puntos en la deuda pública, hasta el 79,1% del PIB.

El crecimiento previsto de la economía este ejercicio alcanzará el 4,4%, por lo que el Gobierno cree que tiene margen para acometer una gran reforma fiscal, “la mayor transformación del sistema tributario de la Segunda República [desde 1955]”, alardeó de nuevo Gernot Blümel. El tipo del impuesto de sociedades se rebajará del 25% al 23% y se concederán primas a las inversiones verdes por valor de 350 millones de euros. Pero también se crea un impuesto sobre el CO2 que deberán pagar todos los austriacos, 30 euros por cada tonelada que produzcan con sus coches o sistemas de calefacción.

En el lado del gasto, 8.700 millones se destinarán aún a luchar contra la pandemia, 1.720 millones financiarán políticas climáticas y medioambientales –2,5 veces más que en 2021– y 250 millones ayudarán a los parados de larga duración.

En Suecia gobierna en solitario el socialdemócrata SAP, pero con un presupuesto que le han diseñado tres partidos de la oposición: el Partido Moderado, los ultraderechistas Demócratas Suecos y los Demócratas Cristianos. Magdalena Andersson se convirtió en portada de todos los medios europeos el pasado noviembre cuando, tras convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno de su país, dimitió sólo siete horas después. Una semana después volvió al cargo en una segunda votación a falta de un gobierno alternativo.

El caso es que el presupuesto de la oposición recorta el gasto previsto en las cuentas socialdemócratas en 107 millones de euros y Andersson tendrá que funcionar con él al menos hasta la primavera, cuando el Gobierno pueda presentar enmiendas, de acuerdo con las leyes suecas. También recorta los ingresos en 146 millones de euros, porque establece una reducción en el IRPF para trabajadores y pensionistas, rebajas en los impuestos al diésel y la gasolina y en los que gravan las opciones sobre acciones, las donaciones o la publicidad. Por el contrario, aumentan las partidas para pagar a los agentes de policía y equiparlos con equipos de alta tecnología, instalar cámaras de seguridad y aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Aunque también hay espacio para el gasto social. Para reducir las listas de espera en la sanidad causadas por el coronavirus se dedicarán 332 millones de euros y 283 millones para aumentar la capacidad de los servicios de salud. Un total de 195 millones irán a mejorar las guarderías y 59 millones más a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Dinamarca es de todos los llamados frugales el país que ha regresado a la ortodoxia fiscal con más decisión. De hecho, el Gobierno ha presentado un presupuesto cuyo objetivo declarado es “quitar el pie del pedal” para enfriar la economía. El gasto se recorta desde los 164 millones de este año hasta los 106 millones de euros en 2022. Los socialdemócratas gobiernan en solitario con el apoyo parlamentario de un partido de izquierda, Lista Unitaria, y los social liberales, pero los vientos fiscales son más propios de la derecha, al igual que su política de inmigración. En Dinamarca no tienen problemas de desempleo, que ha caído tras superar lo peor de la pandemia, pero sí sufren carencias de personal sanitario. No obstante, las cuentas de 2022 prevén recortar deducciones fiscales, como las que se deben a la adquisición de viviendas, para enfriar el mercado inmobiliario. Y habrá 113 millones para ayudas a personas sin hogar, discapacitados y ancianos. Las cuentas dedicarán sólo 4,7 millones de euros para luchar contra la escasez de mano de obra, pero 32 millones a mejorar el sistema penitenciario.

Reino Unido se ha aplicado igualmente a soportar sobre los hombros del Estado el impacto del covid. Y en ello seguirá el próximo año. Boris Johnson ya anunció su particular New Deal en 2020 cuando anunció un plan de 5.422 millones de euros para “construir y construir” todo tipo de infraestructuras, desde carreteras hasta hospitales y colegios. Unos meses después prometió la mayor inversión en defensa desde la Guerra Fría, 18.500 millones de euros adicionales para modernizar las fuerzas armadas británicas. Para 2022, Johnson promete un aumento del gasto de 177.000 millones de euros, de los que 5.900 irán al NHS, el castigado servicio de salud público.

 Además, el Gobierno conservador británico quiere subir el salario mínimo de 8,1 a 9,5 libras la hora y ha puesto fin a la congelación de los sueldos de los funcionarios. Al mismo tiempo, se ha comprometido a bajar los impuestos al alcohol, los restaurantes y los comercios. No obstante, ya después del verano anunció un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y del impuesto de sociedades.

La Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ha elegido al socialdemócrata Olaf Scholz como nuevo canciller, al frente de una coalición tripartita que también incorpora a verdes y liberales y que pone fin a 16 años de poder ininterrumpido de Angela Merkel, según informa Europa Press.

La coalición semáforo, como se conoce a la alianza entre el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP) ha sumado este miércoles 395 votos a favor en el Bundestag, suficientes para que Scholz haya superado el umbral de los 369 que necesitaba para ser designado nuevo canciller.

Scholz, de 63 años, asume así el principal cargo del Gobierno después de ejercer de número dos y de ministros de coalición en la ya extinta gran coalición con Merkel, que no aspiró a la reelección en las elecciones legislativos de septiembre. El socialdemócrata se convierte en el noveno canciller de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Lo ha hecho en presencia del último mandatario socialdemócrata, Gerhard Schroeder, invitado en el Parlamento durante la votación.

Tras recibir el beneplácito del presidente, Frank-Walter Steinmeier, Scholz ha vuelto al Bundestag para tomar posesión y, de esta forma, convertirse en el noveno canciller de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

En la votación ha estado presente Schroeder, invitado en el Parlamento, así como la propia Merkel a la que han despedido con un aplauso y en pie los asistentes en el Bundestag. La única excepción ha sido la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Los representantes del resto de grupos han reconocido con un largo aplauso el papel de Merkel, que ha sido durante 16 años canciller de Alemania y renunció a aspirar a la reelección en los comicios de septiembre.

Horas después, Merkel ha traspasado oficialmente la jefatura de Gobierno a Scholz, al que ha deseado éxito en la nueva andadura que arranca y en la que la Unión Cristiano Demócrata (CDU) estará en la oposición por primera vez en 16 años. "Haz tuya esta casa y trabaja por el bien del país", ha dicho Merkel en la sede de la Cancillería.

La mandataria saliente ha reconocido que el trabajo no será fácil. Sin embargo, "si lo encaras con alegría, quizás sea una de las tareas más bonitas que hay, asumir la responsabilidad por tu país", ha afirmado Merkel.

Entre sus principales prioridades a corto plazo figura la contención de la pandemia del covid-19 y también retos internacionales como la escalada de tensiones con Rusia por su creciente presencia en la frontera de Ucrania. Merkel le ha garantizado una transición fluida, presentándole incluso en grandes foros internacionales.

Alemania nunca antes había tenido una coalición semáforo a nivel federal y, tal como se han comprometido los tres partidos, será paritaria, ya que contará con 16 ministerios repartidos a partes iguales entre mujeres y hombres. La líder de Los Verdes Annalena Baerbock será la nueva responsable de Exteriores, mientras que el liberal Christian Lindner sustituirá a Scholz en Finanzas.

El tripartito nace en principio con una mayoría solvente, pero casi dos tercios de los alemanes vaticinan que Scholz será canciller de una sola legislatura, según una encuesta de la firma YouGov para la agencia DPA. El 20% de las personas entrevistadas cree que la coalición se romperá antes de cuatro años y el 44 por ciento que Scholz se presentará a la reelección pero perderá.

Lo que sí parece difícil es que se mantenga en el cargo tanto tiempo como su predecesora. Solo el 1,3% de los alemanes espera que el socialdemócrata alcance el récord de Merkel y aguante 16 años como canciller.

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki ha criticado a la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, por hablar con el gobernante bielorruso, Alexander Lukashenko, en medio de una creciente crisis migratoria en la frontera europea que Minsk ha sido acusada de orquestar, según informa Europa Press.

La UE culpa a Lukashenko por la llegada de grandes multitudes de inmigrantes en sus fronteras exteriores en las últimas semanas, con Polonia y Lituania entre los países más afectados.

Lukashenko ha subrayado repetidamente que, en represalia por las sanciones de la UE contra Bielorrusia tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2020, ya no impedirá que nadie cruce el territorio bielorruso para llegar al bloque.

Así, grupos de migrantes han acampado a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia durante meses, y algunos han intentado ingresar al país, lo que ha llevado a Varsovia a fortalecer su seguridad fronteriza. Mientras tanto, aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de los migrantes a medida que las temperaturas caen en picado.

En declaraciones a DPA, Morawiecki ha asegurado que acogía con satisfacción el hecho de que la Unión Europea esté involucrada en la búsqueda de una solución diplomática a la crisis, pero ha aprovechado para lamentar la postura de Merkel a la hora de entablar diálogo con el líder bielorruso.

"Cuando la canciller Merkel llamó al señor Lukashenko, lo que hizo fue contribuir a legitimar su régimen, mientras que la lucha por una Bielorrusia libre lleva ya 15 meses", ha lamentado en referencia a las llamadas entre los líderes en Berlín y Minsk en un intento de resolver la crisis, así como a las polémicas elecciones del año pasado.

"Lukashenko también abusó de su conversación con Angela Merkel. Fingió que Merkel accedió a transportar 2.000 inmigrantes a través de un corredor a Alemania y otros países europeos. Y esto no está bien", ha explicado Morawiecki.

Por otro lado, y según una encuesta de YouGov, los alemanes están divididos sobre si el país debería acoger a los migrantes varados en la frontera. Se encuestaron a 2.167 personas en línea entre el 19 y el 23 de noviembre. Alrededor del 45% de los consultados se oponen a aceptar a algunos de los migrantes mientras se procesan sus solicitudes de asilo, mientras que solo el 9% de los encuestados estaba a favor de permitir que los migrantes soliciten asilo en Alemania. Los resultados se han ponderado para que sean representativos de la población adulta de Alemania.

Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves por primera vez cerca de 50.000 casos diarios de coronavirus, superando ampliamente el anterior máximo, fijado el miércoles con cerca de 40.000 contagios, según datos del Instituto Robert Koch recogidos por Europa Press.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado en su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 50.196 contagios y 235 muertos, lo que eleva los totales a 4.894.250 y 97.198, respectivamente.

La cifra de positivos supone un drástico repunte respecto a los 39.676 notificados el pasado miércoles, que supusieron la primera vez que el país rozaba el umbral de los 40.000 contagios. Además, supone más del doble de los datos registrados la semana pasada.

Asimismo, el organismo ha señalado que la incidencia acumulada semanal asciende a 249,1 casos cada 100.000 habitantes, lo que supone un cuarto día consecutivo en datos récord. La cifra superó el lunes por primera vez la barrera de los 200 casos cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, ha resaltado que en estos momentos hay cerca de 364.400 casos activos, unos 33.200 más que el día anterior, mientras que 4.432.600 personas se han recuperado hasta ahora del covid-19, incluidas alrededor de 16.700 altas durante el último día.

El Gobierno de la canciller, Angela Merkel, se encuentra en funciones tras las últimas elecciones y se ha mostrado reacio a poner en marcha políticas de gran alcance, mientras que las conversaciones para intentar ensamblar una coalición no parecen estar cerca de lograr un acuerdo.

Las elecciones alemanas del pasado 26 de septiembre mostraron, si no un repunte estructural, ciertas evidencias de que los socialdemócratas han recuperado la forma. Por primera vez desde 1998, el SPD quedaba por delante de los democristianos de la CDU-CSU. Presionado, el candidato conservador, Armin Laschet, dijo el jueves pasado que estaba dispuesto a dejar la presidencia de la CDU. Su fracaso es manifiesto, ya que la CDU-CSU sólo obtuvo 11,2 millones de votos, frente a los 15,3 millones de 2017, de la última candidatura de Angela Merkel. Incluso la CSU bávara está perdiendo terreno (siete puntos menos de unas elecciones a otras).

En el Parlamento Europeo, los miembros electos del Partido Popular Europeo (PPE), el grupo principal de la Cámara en número de eurodiputados, han seguido de cerca este declive de uno de los pesos pesados de sus filas. Llega en un momento particular, cuando esta familia política, ya sacudida por la salida forzada del húngaro Viktor Orban en marzo, está a punto de perder a su líder natural durante 16 años, Angela Merkel.

“Hay que tomarse en serio esta situación. Estamos en un momento en que se nos pone en tela de juicio”, reconocía François-Xavier Bellamy, jefe de la delegación de Los Republicanos (LR) en el Parlamento Europeo, instando al grupo a “ponerse las pilas”. “Me preocupa, no me gusta ver cómo se erosiona la influencia de mi familia política”, precisa Arnaud Danjean, otro eurodiputado de LR desde 2009.

En el Europarlamento, las cifras de los últimos mandatos confirman la tendencia a la baja del PPE, otrora todopoderoso: 268 eurodiputados en los comicios de 2004; 265, en 2009; 221, en 2014 y, finalmente, 182 en las últimas elecciones de 2019. El grupo del PPE sigue siendo el más numeroso de la Cámara, pero la salida del Fidesz de Orbán ha reducido aún más su peso (178 representantes). “El día en que seamos segundos [por detrás de los socialdemócratas] es cuando las cosas van a cambiar de verdad”, pronostica un asesor del grupo.

Por parte del Consejo Europeo, la institución que lleva la voz de los Estados en Bruselas, la situación es aún más difícil. Ahora que la opción de un canciller conservador en Berlín parece poco probable, el PPE sólo estará representado por ocho de los 27 Estados, entre ellos la Grecia de Kyriakos Mitsotakis y la Austria que, hasta hace poco, dirigía Sebastian Kurz. Estos ocho líderes gobiernan en países que apenas representan el 12% de la población de la UE (frente al 36% de los socialdemócratas, si Olaf Scholz sucede a Merkel en Berlín).

Con diferentes grados de intensidad en los distintos países, la democracia cristiana está atrapada entre la extrema derecha cada vez más ruidosa y las fuerzas liberales que también se inclinan hacia el electorado de derechas, como La República en Marcha de Macron, en Francia. Durante años, la indiscutible influencia de Merkel en la escena europea ha enmascarado la merma de la base electoral de la democracia cristiana.

“El verdadero terremoto no es la salida de Orban, sino la de Merkel”, insiste Arnaud Danjean. “Ella era la que sostenía el EPP. En cierto modo, los demás países integraron el problema; Merkel decía la misa en Berlín”. El francés Joseph Daul, nacido en Estrasburgo, fue el emblemático presidente del PPE entre 2013 y 2019 y fue, sobre todo, el nexo de unión entre el partido y la canciller, a la que estaba muy unido.

“La autoridad natural de Angela Merkel en el Consejo ocultó la decrepitud del PPE”, afirma Philippe Lamberts, eurodiputado belga que dirige el grupo de Los Verdes. “Sin Angela Merkel, la CDU-CSU ya no tiene programa. Y lo mismo ocurre con los democristianos en Europa: no sabemos adónde van, y ellos no se conocen a sí mismos”.

El ecologista continúa: “Se ha dicho de la socialdemocracia, con razón, que estaba desorientada desde la Tercera Vía de Tony Blair y su abrazo al pensamiento único neoliberal. Pero el PPE también está perdido. Las dos grandes familias políticas que han estructurado el paisaje europeo han perdido el norte”.

¿Ocupará el PPE post-Merkel el espacio de un centroderecha proeuropeo, cercano al mundo de la empresa, o irá detrás de la extrema derecha en materia de inmigración o soberanía nacional? La estrategia aún no se ha decidido y el congreso del PPE previsto para noviembre en Rotterdam no lo decidirá. Durante un tiempo, Manfred Weber, líder del grupo parlamentario del PPE, abogó por un “go between” entre estas dos fuerzas, antes de distanciarse más claramente de la Hungría de Orban en 2018. Pero Weber no tiene la misma autoridad que Merkel y hay muchas discrepancias internas.

“El PPE ha servido durante mucho tiempo a la dinámica europea, partiendo de un principio que hoy se consideraría un tabú absoluto”, afirma François-Xavier Bellamy. “Cuando Klaus Welle era secretario general del PPE, y Wilfried Martens su presidente [un alemán y un belga flamenco, en los años 1990-2000], su doctrina consistía en decir que no podía haber nada a la derecha del PPE; podría parecer escandaloso, pero resultó ser un poderoso factor de desarrollo”.

Hasta el divorcio de Orban el pasado mes de marzo, la delegación de LR abogaba por mantener a Fidesz en el PPE. “La gran paradoja de la exclusión de los húngaros es que, en el momento en que se pronunció, se contradecía con los hechos”, continúa Bellamy, que sigue lamentando la marcha de los húngaros, provocada por Weber. “La división que se abrió en 2015 sobre la cuestión migratoria, con Angela Merkel decidiendo acoger a los refugiados y Orban negándose a hacerlo, ya no existe. Ahora todo el mundo habla como Orban en cuestiones migratorias. La Comisión descarta definitivamente la idea de una reubicación obligatoria de los inmigrantes y aboga por reforzar Frontex. Incluso Emmanuel Macron, cuando habla de Afganistán en la televisión, dice exactamente lo mismo que dijo Orban en 2015”.

El debilitamiento del PPE también refuerza la división entre el Este y el Oeste, y corre el riesgo de complicar aún más la definición de un rumbo. En España, Portugal y Francia, y probablemente pronto en Alemania, las derechas tradicionales están relegadas a la oposición. En Italia, apoyan a un gobierno ultraliberal dirigido por el tecnócrata Mario Draghi. En cambio, el PPE sigue siendo una fuerza fuerte en el Este, especialmente en algunos de los países que se incorporaron a la UE tras la ampliación de 2004.

Arnaud Danjean relativiza la novedad de esta situación, convencido de que incluso cuando el PP gobernaba en Madrid y la UMP en París, “el centro de gravedad del PPE estaba ya en el Este". "De todos modos, Merkel se sentía muy atraída por el Este”, afirma. E insiste: “El PPE fue la fuerza política que mejor y más rápido integró a los países de Europa Central y Oriental, incluso antes de 2004. El [canciller alemán Helmut] Kohl siempre apoyó la disidencia en el Este, y fue el más rápido en captar a los disidentes lituanos o húngaros.

Esta época de cuestionamiento de la derecha llega cuando el Parlamento Europeo se acerca a su mitad de mandato, un periodo que tradicionalmente coincide con un complejo juego de sillas musicales. Al frente del grupo del PPE en el Parlamento, sus colegas reelegían a Weber este miércoles por la mañana.

Pero la sorpresa está en otra parte. Mientras que la presidencia del hemiciclo, actualmente ocupada por los socialdemócratas, debería volver al PPE a partir de enero, en virtud de un acuerdo alcanzado entre las dos formaciones al principio de la legislatura, y que por tanto parecía prometido a Weber, éste no será finalmente candidato. El bávaro espera recuperar, a partir de abril de 2022, la presidencia del partido PPE, ocupada actualmente –sin pena ni gloria– por el polaco Donald Tusk.

Entre bastidores, se explica que Weber anticipó un bloqueo durante la votación, convencido de que una mayoría de diputados se habría opuesto a la idea de dar a la CDU-CSU no sólo la presidencia de la Comisión con Ursula von der Leyen, sino también la del Parlamento –dos de las principales instituciones de la UE–, mientras que el temor a una “Europa alemana” sigue presente. La elección de un nuevo presidente del Parlamento será también una prueba para ver si los representantes de la derecha en el PPE en el Parlamento –los miembros no inscritos de Fidesz, por ejemplo, o los miembros de ID, el grupo de la RN francesa y la Liga italiana– consiguen ponerse de acuerdo sobre un candidato único.

Más allá del caso Weber, el PPE tendrá que encontrar nuevas encarnaciones. Tras la dimisión del austriaco Kurz el sábado, suenan el griego Mitsotakis o el croata Andrej Plenković, en el cargo desde 2016. Pero ninguno de ellos parece capaz, a corto plazo, de hacer desaparecer el aura de Angela Merkel sobre el electorado de derechas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, ha defendido la importancia de mantener una Europa "unida" y "fuerte" que impulse sus "valores" y su "diálogo sincero" frente a las "fuerzas centrífugas" que aparecen cuando las expectativas puestas en la UE "no se cumplen" y los "cambios en la sociedad se hacen a distintas velocidades". De este modo se ha pronunciado la canciller alemana tras recoger este jueves en el Monasterio de Yuste (Cáceres) el XIV Premio Europeo Carlos V de manos de Felipe VI, según informa Europa Press.

Así, ha rechazado que los "intereses nacionales" primen "a corto plazo" sobre los comunitarios, ya que cuando esto ocurre el proyecto europeo acabará "teniendo problemas", y ha apostado por seguir impulsando ante las "fuerzas centrífugas" que surgen frente a la propia Unión Europea un "diálogo sincero" que ponga en la cima "valores" como la libertad humana, la dignidad, la igualdad del estado de derecho y los respetos a los derechos humanos y las minorías.

En este sentido, tras recalcar que el proceso de la integración europea "nunca termina" y es "continuo", Merkel ha defendido que a su juicio hay que ser "más proactivos" y "mejorar la coordinación" y hacer que Europa sea "más independiente", sin aislarse, sino definiendo los intereses para actuar de forma "estratégica" y articular al mismo tiempo "más soberanía europea".

Al acto de entrega de dicho galardón también ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Pablo Casado; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y los galardonados con el Premio Europeo Carlos V en anteriores ediciones como Felipe González, Javier Solana y Marcelino Oreja, entre otros; además de otras numerosas autoridades nacionales y regionales.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha pedido este sábado el voto para el candidato de la alianza conservadora entre la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), Armin Laschet, y ha recalcado que "no da igual quién gobierne" en el país europeo. "De lo que se trata es de que Alemania siga estable", ha indicado Merkel durante un acto en Aquisgrán, la ciudad natal de Laschet, de cara a las elecciones de este domingo, informa la agencia alemana de noticias DPA y recoge Europa Press.

Así, ha manifestado que Laschet no solo dirigió con éxito el estado federado de Renania del Norte-Westfalia como primer ministro regional, sino que también hizo mucho por la unificación de Europa.

Merkel ha subrayado que el estilo de Laschet se caracteriza por "tender puentes" y que a lo largo de su trayectoria política había demostrado que defiende la cohesión y el partido al que ambos pertenecen, la CDU, no sólo teóricamente, "sino con pasión y corazón".

"Si queréis la estabilidad de Alemania, la CDU/CSU debe de ganar este domingo", ha señalado por su parte Laschet, quien ha advertido además de que, si los resultados favoreciesen a los socialdemócratas (SPD) y Los Verdes, ambos partidos no dudarían en contar con La Izquierda para formar gobierno, algo que, a su juicio, había que evitar.

Alemania vive este domingo unas elecciones inéditas en 16 años, el tiempo que ha estado Merkel al frente del Gobierno. Sin la veterana canciller en las papeletas y con la incertidumbre de cómo se reconfigurará el panorama político, los alemanes deberán elegir quiénes conforman el Budestag (Cámara Baja) para la próxima legislatura.

Unos 60,4 millones de ciudadanos están llamados a votar, alrededor de 1,3 millones menos que en las elecciones de 2017, de las que surgió una repetición de la gran coalición entre el bloque de la CDU y la CSU con el SPD, que llega como favorito en un contexto marcado por la debilidad de los grandes bloques y pendiente de futuras alianzas.

“Querida doctora Merkel, es usted la primera jefa de gobierno democrática en Alemania, ésa es una fuerte señal para muchas mujeres, y ciertamente también para algunos hombres”. Con esas palaras dio la bienvenida el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, a la recién elegida canciller el 22 de noviembre de 2005. Lammert no podía saber entonces que la doctora Merkel –investigaba en química cuántica antes de entrar en política– iba a igualar –y puede que superar, si no se forma gobierno hasta diciembre– los 16 años que Helmut Kohl pasó en el poder. Konrad Adenauer, el primer canciller de la Alemania democrática y padre fundador de la UE, se quedó en 14. Cuatro mandatos en los que Angela Merkel ha gobernado en coalición, tres con los socialdemócratas del SPD y uno con los liberales del FDP. Y en los que ha lidiado con dos de las mayores crisis de los últimos 100 años: primero la financiera y su resaca europea, después la pandemia del coronavirus.

En tanto tiempo, quien empezó como la niña de Kohl se transformó en una Mutti (mamá) para sus compatriotas, pero también en la canciller de la austeridad implacable, en el tanque que dominaba la política europea con su potencia y ortodoxia económicas. Resulta fácil, por tanto, caer en la tentación de convertir a Angela Dorothea Merkel –su nombre completo– en la canciller de hierro. En realidad, es la antítesis de otra mujer en su mismo espectro ideológico y similar apodo férreo, Margaret Thatcher. La alemana está muy lejos de la arrogancia y la inflexibilidad dogmática de la británica, que pasó 11 años al frente del Gobierno, pero salió de él con los índices de popularidad por los suelos y apuñalada por su propio partido. Dimitió el mismo día que Lammert saludaba a Merkel en Berlín, sólo que 15 años antes.

Se la ha tachado de insulsa y poco emotiva, y es el origen de un neologismo, el verbo merkeln, como sinónimo de no tener una opinión definida o ser vacilante. Aunque, en la hora de su marcha, también se le prodigan los elogios por su eficiencia y sensatez, al tiempo que se destaca la dificultad con la que se están enfrentando sus posibles sucesores para aparecer tan confiables ante los votantes como lo ha sido la canciller.

Lejos quedan en la memoria los días en que Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, capitaneaban sin misericordia los cruentos rescates a Grecia, España y Portugal e Irlanda. Ni un euro para los manirrotos del sur si no era a cambio de unos recortes que se vendieron como reformas y que han precarizado las condiciones de vida de millones de ciudadanos durante años. Alemania aplicaba una mezcla de superioridad moral y dogmatismo económico con la vista siempre puesta en asegurarse al votante alemán, aterrado de perder sus ahorros por culpa de unos países endeudadísimos que se gastaban el dinero en “alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”“alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”, por utilizar las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, holandés, socialdemócrata, pero el mayor aliado de las políticas austericidas de Schäuble.

Tan encarnizada fue la pelea que en octubre de 2012 Angela Merkel fue recibida en Grecia con carteles de “No al cuarto Reich” en las manifestaciones y caricaturas de Adolf Hitler en los periódicos. El PIB griego no dejó de caer desde 2008 hasta 2016, ocho años en los que la economía del país perdió un 28% de su riqueza. Pese a su recuperación desde entonces, aún es el 76% de lo que registraba su contabilidad nacional antes de la crisis y el rescate europeo. Salarios hundidos, tasas de paro que compiten con las españolas, recortes criminales en la sanidad y en la educación son algunas de las huellas dejadas en Grecia por una política pensada para el beneficio de la economía alemana.

Hasta The Economist, la biblia del liberalismo, apuntaba en 2012 a la canciller alemana con una portada que reproducía un barco con el nombre “la economía mundial” hundiéndose en el océano y del que sale un bocadillo de tebeo: “Por favor, ¿podemos encender ahora los motores, señora Merkel?”.

En cuestiones alejadas de la economía, Merkel ha sido mucho más flexible. Tras el desastre nuclear en Fukushima, consciente de que la preocupación por el medio ambiente se extendía en Alemania y el partido de Los Verdes podía capitalizarla, dio la campanada al anunciar en marzo de 2011 que suspendía la extensión –recién aprobada– de la vida de las centrales nucleares. Pese a que ella misma las había defendido antes. La última se apagará el próximo año. Otro tanto ocurrió con la unión homosexual, cuya legalización el partido conversador había bloqueado durante años. Merkel incluso votó en contra en el Bundestag, pero dio libertad a sus diputados para que decidieran en conciencia. La medida fue aprobada en 2017. Según dijo entonces, consideraba que traería “más cohesión y paz social”. También es obra de la canciller la supresión del servicio militar obligatorio en diciembre de 2010, a la que siempre se había opuesto la CDU.

Después del “Wir schaffen das”

Mucha mayor repercusión tuvieron sus decisiones sobre política migratoria en 2015. Cuando más de un millón de personas expulsadas por la guerra de Siria y la violencia en Afganistán e Irak pedían refugio en Europa, Angela Merkel abrió las puertas a casi 900.000 sólo ese año. “Wir schaffen das” (“Podemos hacerlo”) fue la frase que acompañó el anuncio. La revista Time la nombró Persona del Año. La mujer sin empatía que contestó a una niña palestina envuelta en lágrimas que quizá tendría que volver a Líbano, tras años viviendo en Alemania, porque “el país no puede acoger a todos”, adoptaba una política humanitaria. Cierto que también impulsó un año después la firma del controvertido acuerdo con Turquía por el que el país de Tayyip Erdogan ha recibido ya de la UE 6.000 millones de euros a cambio de atender en su territorio a cuatro millones de refugiados que así no pisarán suelo europeo.

De esta forma, Alemania ha sido el país de la UE que ha acogido más refugiados –más de millón y medio, España sólo a 4.900–, cuya integración y contribución a la economía nacional son motivo de elogio. Pero esa generosidad tuvo una consecuencia indeseada: el despertar de la ultraderecha, xenófoba y racista, que cristalizó en Alternative für Deutschland (AfD). Al igual que luego Vox en España, la AfD primero entró en los parlamentos de los länder y finalmente accedió al Bundestag en 2017 como tercera fuerza política, con 94 escaños.

En lo que sí se ha mostrado inflexible Merkel es en el cordón sanitario a la AfD. A diferencia de lo que han hecho en España el PP y Ciudadanos, la CDU ha repudiado al partido de extrema derecha sin titubeos. Merkel pareció incluso haber abandonado su contención emocional cuando en noviembre de 2019, apremió al Bundestag a oponerse al “discurso extremista”. “De otra manera, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es”, advirtió a los diputados, entre los que se encontraban los 88 de la AfD. “Expresar una opinión no tiene coste cero. La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada”, proclamó taxativa y enérgica. La misma contundencia con que tres meses más tarde rechazó el pacto al que había llegado la CDU con la AfD para hacer presidente de Turingia a un candidato del FDP, rompiendo así el veto a la extrema derecha: “Fue un mal día para la democracia. Fue un mal día para la CDU”. Pocos días después, el liberal dimitió y el aspirante del izquierdista Die Linke fue designado presidente de este land del este de Alemania.

Esta vez sí se puede gastar

La última gran crisis de su último mandato, la pandemia del covid-19, volvió a mostrar la cara humana de Merkel, también la cara confiable. Sus didácticas explicaciones sobre el virus, en las que pudo hacer gala de su preparación científica, dieron la vuelta al mundo a caballo de las redes sociales. “No puede ser que antes de navidades tengamos muchos contactos y después sean las últimas fiestas que pases con tus abuelos”, alertó de nuevo en el Bundestag. La canciller lidió bien en la primera fase de la pandemia, cuando Alemania evitó las terribles cifras de contagios y muertos de España o Italia. Con el tiempo, las dificultades para poner de acuerdo a los länder sobre las restriccionesimpactaron en la gestión de la pandemia. También ha tenido que bregar contra los negacionistas del virus, aliados con la extrema derecha a la hora de atacar las mascarillas y las vacunas como amenazas a la libertad individual.

Con los fondos de recuperación, los miles de millones de euros que la UE va a destinar a combatir la crisis económica causada por el virus, Angela Merkel no ha aplicado la ortodoxia de la anterior crisis. De momento, ha dejado a un lado la alergia alemana a gastar, consciente de la excepcionalidad de la crisis. Tanto de puertas adentro, suspendiendo temporalmente la regla del schwarze nullschwarze null –incorporado en la Ley Fundamental alemana y que prohíbe aumentar el déficit público por encima del 0,35% del PIB– como en territorio comunitario. Aunque mantuvo su rechazo a mutualizar la deuda para hacer frente al daño económico provocado por la pandemia emitiendo coronabonos. La política europea no ha sido precisamente la protagonista de la campaña electoral alemana. Pero los conservadores tienen en principio más prisa por volver a la disciplina fiscal que los socialdemócratas. Y ya han empezado a sonar los primeros avisos para que ese regreso se decida cuanto antes.

Futuro

Angela Merkel deja una Alemania con el paro casi a niveles de prepandémica –un 5,5%–, pero con un mercado de trabajo precarizado donde la crisis se ha cebado en quienes vivían de un minijob, los contratos a tiempo parcial por 400 euros. El virus ha destruido casi 900.000 de estos puestos, ocupados sobre todo por mujeres y jubilados con pensiones bajas. Queda pendiente el reto de la digitalización y de unas infraestructuras que piden a gritos nuevas inversiones. La alemana ejerció también de contrapunto absoluto del estrambótico y excesivo Donald Trump, erigiéndose en la líder europea frente al America first, hoy ya en el olvido, que dinamitaba los acuerdos internacionales sobre el clima o el comercio internacional.

A partir de ahora, una vez retirada, la doctora Merkel sólo ha adelantado que en principio se dedicará a leer. “Se me cerrarán los ojos, porque estoy cansada. Entonces trataré de dormir un poco, y luego veremos dónde aparezco”, explicó en cierta ocasión, según publica Deutsche Welle, que cifra su pensión en 15.000 euros mensuales. Su antecesor, Gerhard Schröder, fundó una consultora y se ha dedicado desde entonces a una polémica labor de lobista, contratado por la empresa constructora del gasoducto Nord Stream, filial de la rusa Gazprom. Otro excanciller, Helmut Schmidt, se convirtió en un carísimo conferenciante. De la discreta Merkel no serán de esperar, ni de lejos, estridencias semejantes.

Si hubiera pasado por uno de los habituales cursos de comunicación política, Angela Merkel, la canciller alemana saliente, habría suspendido en todas las asignaturas. Ha sido, sin embargo, la mujer más poderosa del mundo durante los 16 años que ha dirigido el Gobierno de su país y se marchará con un 66 por ciento de aprobación, muy por encima de cualquiera de los líderes de los grandes países del mundo. Ha sobrevivido a cuatro presidentes de Estados Unidos (Bush hijo, Obama, Trump y Biden), tres españoles (Zapatero, Rajoy y Sánchez) y cuatro franceses (Chirac, Sarkozy, Hollande y Macron). Solo Putin ya estaba allí cuando ella llegó.

Su elección era más que improbable, siendo mujer, de Alemania del Este, licenciada en Física y Química, de familia luterana y con una persona que pasaría desapercibida en cualquier reunión de vecinos. Pero ha sido reelegida tres veces y ha resistido sin despeinarse las tres crisis más graves desde la Segunda Guerra Mundial: la crisis económica de 2007, la crisis migratoria de 2015 y la pandemia de 2020.

Se asocian el carisma y el liderazgo con la asertividad, pero Merkel transmite en un principio debilidad e indecisión. Se toma el tiempo necesario para decidir y, aunque no rompe ninguna promesa, eso es más bien porque tampoco hace promesas. Sin embargo, sus colegas la temen porque es capaz de mantener sus posiciones sin ceder un centímetro.

Se supone que es carismático quien modula su voz, entona con arte e hila frases bellas e ingeniosas. Quien muestra con su apariencia y sus hábitos el dominio del escenario, la grandeza del cargo, la prestancia del liderazgo. Angela Merkel parece hablar con el objetivo de aburrir sin suscitar ningún interés. Su voz, baja y de entonación plana, no despierta la más mínima pasión. Viste siempre igual, con pantalones negros y sus famosas chaquetas de igual corte y variedad infinita de colores. El gestual apenas dibuja con las manos una suerte de diamante característico a la altura del estómago. Vive en el centro de Berlín en un piso con su segundo marido, que pone en casa la lavadora.

En la era de los populismos y de los liderazgos exacerbados, la canciller alemana parece una madre discreta y hacendosa –una abuela ya, con sus 67 años– que ha decidido dejar la ideología a un lado y guiarse por el pragmatismo, conviviendo en el gobierno con otros partidos y adoptando políticas de centro, transversales y generalmente poco controvertidas.

Es muy ingenuo pensar que tamaña responsabilidad se ejerce sin conciencia de la importancia de la comunicación. El liderazgo de Merkel, cómo no, también está estudiado y es resultado de un análisis, que en absoluto es solo superficial. La revista Der Spiegel afirma que su Gobierno hacía tres encuestas a la semana, síntoma de la sensibilidad de su equipo hacia la opinión pública. Para que los reporteros gráficos pudieran fotografiarla haciendo la compra en el supermercado de abajo era necesaria alguna preparación. No, Merkel no es ajena a la importancia de la comunicación política. Muy al contrario, quizá resulte la más sagaz de todos en su conocimiento de la técnica. Porque esa estudiada sencillez en las formas y la frugalidad de su comportamiento público y privado, durante 16 años de mandato, han logrado trasladar al mundo entero el mensaje de una líder cercana, servicial y práctica. Eso no se logra por azar. La aparente anti-comunicación de Merkel es con seguridad la comunicación más inteligente.

Su éxito continuará cuando se marche, porque el mundo la echará de menos sin que ella haga el más mínimo esfuerzo aparente para que la recordemos.

Si hay un foco de atención electoral en Alemania, además de qué candidato tendrá estatura política suficiente para superar el contundente legado de Angela Merkel, ése es el cambio climático. La preocupación por un planeta cada vez más amenazado por culpa de la actividad humana no ha dejado de crecer en la primera potencia industrial de Europa. Tal es así que Los Verdes consiguieron situarse en 2018 como segunda fuerza política en las elecciones de Baviera, dejando a la eterna CSU sin mayoría absoluta por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y han repetido victoria este mismo año en el land vecino de Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann es el único presidente ecologista de un estado federado, pero ya lleva en el Gobierno tres mandatos consecutivos. Baviera y Baden-Würrtemberg son los länder más ricos de Alemania.

De hecho, la Gran Coalición en el Gobierno federal, integrada por CDU y SPD, tuvieron que echar el resto y aprobar un plan de 40.000 millones de euros, en septiembre de 2019. Lo habían prometido en su acuerdo de gobierno, y las encuestas y las multitudinarias manifestaciones de jóvenes aupados en la figura de Greta Thunberg empujaban en la dirección verde. Tras el desastre de Fukushima, hace 10 años, Merkel ya había dado el golpe anunciando el cierre de la nucleares para 2022, y el paquete de medidas pactado con el SPD pretendía dar un impulso a los objetivos climáticos de 2030 de reducción de emisiones, estableciendo un sistema nacional de tarificación del carbono en el transporte y los edificios, de forma que esos ingresos adicionales se invirtieran en actuaciones para la transición energética o en compensaciones para los ciudadanos.

Ése es el impulso que defienden ahora en la campaña para el 26-S los dos partidos de gobierno. Pero también se trata de territorio abonado para Los Verdes, a los que las encuestas otorgan un 17% de los votos y las quinielas sitúan en las combinaciones de gobierno más factibles. Alemania es el sexto país del mundo que más CO2 escupe a la atmósfera y ya antes de la pandemia incumplía sus objetivos de reducción de estas emisiones –40% para 2020, 55% para 2030–. Así que Los Verdes prometen a los alemanes una “revolución energética”. El centro de la acción de gobierno será el cambio climático, “que informará las actividades de todos los ministerios”, tal y como reza el primer capítulo de su programa electoral. Además, pretenden incorporar la protección del clima en el sistema jurídico, introduciéndola en la Ley Fundamental.

Por el contrario, SPD y CDU hacen bandera de los Acuerdos de París y prometen una “Alemania climáticamente neutra” en 2045, pero siempre con un ojo puesto en la economía, en la poderosisíma industria nacional. Los Verdes no tienen miedo al impacto de esa revolución en los sectores productivos: de ella surgirán “nuevas áreas de negocio, nuevas ramas de la industria y nuevos puestos de trabajo” en la construcción, en la economía circular, en la producción de baterías, en la industria del hidrógeno, auguran. “La protección del clima es rentable”, proclaman.

1,5 millones de tejados solares en cuatro años

Así que, en 47 páginas detallan, con cifras de inversión y plazos definidos, su plan para conseguir la neutralidad climática. Para empezar, proponen una expansión “masiva” de las energías renovables que debe ponerse en práctica “lo antes posible”, la única manera de garantizar una salida “acelerada” del carbón sin poner en riesgo el suministro. Lo quieren todo y lo quieren ya. Son muy concretos: el aumento anual “inmediato” de la energía eólica terrestre deberá ser de cinco a seis gigavatios y de siete a ocho gigavatios a partir de 2025. El crecimiento de la energía solar será de los 10-12 gigavatios actuales a 18-20 anuales a partir de 2025. Cifran en un 2% la superficie del país que debe dedicarse a renovables. Para ello, no sólo prometen convertir “tejados, fachadas y balcones” en centrales eléctricas con paneles solares –1,5 millones de tejados solares en cuatro años– sino también instalarlos en aparcamientos, junto a autopistas y vías férreas o en terrenos baldíos y antiguas minas. No ocupando “valiosos” terrenos agrícolas. Finalmente, ofrecen combinar parques marinos con parques solares situados en los países mediterráneos y con energía hidroeléctrica procedente de Escandinavia y los Alpes. “Un continente es un buen tamaño para hacer la transición energética”, resumen.

Como, además, tiene prisa, el partido de Annalena Baerbock propone adelantar el abandono del uso del carbón de 2038 –el plazo del Gobierno– a 2030 y alcanzar en 2035 el 100% de uso de energías renovables. Para sufragar ese tránsito, plantea utilizar el mercado de emisiones de la UE, pero, si en ese ámbito no se consiguiera un precio “incentivador” del CO2, Los Verdes quieren un precio mínimo nacional de 60 euros por tonelada.

Los conservadores de la CDU, en cambio, no se ocupan del medio ambiente hasta el tercer capítulo de su programa electoral y lo relacionan siempre con la economía. “Queremos aunar intereses y no enfrentarlos entre sí” también en la lucha contra el cambio climático, subrayan. Su objetivo es aumentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 65% en 2030 y llegar al 88% en 2040 –en España el objetivo para 2030 es de sólo el 23%–. Al igual que Los Verdes y el SPD, el partido de Angela Merkel propone suprimir el recargo de las renovables que pagan los consumidores en el recibo de la luz. También quiere aumentar las deducciones fiscales a las inversiones en tecnología climática y en eficiencia energética. Pero, a diferencia de Los Verdes, la CDU no aporta cifras ni plazos concretos para casi ninguna de sus medidas. Todo lo más se comprometen a “avanzar con decisión” para expandir las renovables “de forma significativamente más rápida”.

Movilidad: el tren, el transporte público y la bicicleta, protagonistas

Como el SPD, los conservadores se esforzarán por convertir a Alemania en el país número uno en hidrógeno, del que harán falta grandes cantidades, apuntan, para hacer la transición energética. La CDU quiere promover la cooperación internacional para importar hidrógeno. Pero su mantra es que toda actividad sea “ecológicamente compatible y económicamente sostenible”, bien sea la agricultura, bien sea la industria. Sobre todo, la automovilística, de la que Alemania es líder mundial. Y es aquí donde los conservadores marcan la diferencia. “Queremos que Alemania siga produciendo los mejores coches del mundo con todas las formas de propulsión”, destacan. Es decir, la CDU rechaza la prohibición del diésel, que abanderan Los Verdes. Y la limitación de velocidad en las autopistas. “La movilidad es una expresión de la libertad individual”, sostienen. El SPD sí marca en 130 kilómetros por hora el máximo en carretera, mientras que Los Verdes van más allá e incluso piden que se reduzca hasta 120 kilómetros por hora en zonas urbanas. También plantean que en ciudad la norma sea ir a 30 kilómetros por hora y sólo a 50 kilómetros por hora como excepción.

En esa misma línea de inconcreción, la CDU ofrece “inversiones récord” en infraestructuras, ampliar el ferrocarril y desplazar más tráfico de mercancías de la carretera al ferrocarril y a los ríos navegables. Tanto el SPD como Los Verdes dan mucho protagonismo al tren en el cambio hacia la movilidad sostenible. En general, al transporte público en detrimento del coche. Los socialdemócratas quieren crear un Centro Nacional de Coordinación de la Movilidad, que tendrá como función “reconectar todas las grandes ciudades a la red de larga distancia y establecer nuevas conexiones de trenes rápidos y nocturnos” con los países vecinos. De forma que los viajes en ferrocarril sean “más atractivos y baratos” que en avión. También quieren electrificar el 75% de la red ferroviaria antes de 2030 y utilizar trenes propulsados por hidrógeno. Los Verdes cuantifican en 100.000 millones de euros hasta 2035 las necesidades de inversión en el tren necesarias para hacer la “revolución” del transporte sostenible. Que saldrán de un fondo nutrido con los ingresos por peajes a vehículos pesados. También pretenden recuperar los tranvías. Y duplicar el número de pasajeros en el transporte público local para 2030. O doblar el número de vías con carril bici en ese mismo plazo. Creen que, si se desarrolla adecuadamente el ferrocarril, los vuelos de corta distancia serán innecesarios dentro de 10 años.

Si se cumplen las promesas del SPD y Los Verdes, en 2030 habrá 15 millones de vehículos eléctricos circulando en las carreteras alemanas, unas vías cuyo número el partido de Baerbock no quiere aumentar. Lo que sí reclama es un impuesto europeo sobre el queroseno, pero no esperarán a la decisión de Bruselas: antes habrá un gravamen para los vuelos nacionales. Otras medidas fiscales del programa de Los Verdes incluyen la reducción del IVA para las leches de origen vegetal y para el café de comercio justo, así como la aplicación de un “céntimo de bienestar animal” sobre los productos de origen animal que servirá para financiar la reconversión de las explotaciones agrícolas. Su objetivo es alcanzar el 30% de agricultura ecológica en 2030.

La preocupación del SPD, que no obvia su apoyo a “las industrias clave en su camino hacia la neutralidad climática”, se centra en el impacto social de los cambios. Proteger la “prosperidad” al tiempo que el clima. Según resalta, una Alemania climáticamente neutra se convertirá en un “motor de empleo”. De ahí que no duden en proclamar que “la protección del clima es la tarea social de las próximas décadas”. Al tiempo, habrá que proteger a los sectores destinados a desaparecer. Por eso ofrecen ayudas estructurales para las regiones mineras. También habrá subvenciones para sustituir los sistemas de calefacción de los edificios e incentivos para que los propietarios de pisos de alquiler se lancen a ello y asuman el coste, no el inquilino.

La ultraderecha dice que la batalla contra el cambio climático es inútil

El contrapunto a la creciente preocupación ciudadana y política por el cambio climático lo pone el programa de AfD, donde la crisis medioambiental aparece sólo en el antepenúltimo capítulo, muy por detrás de otros sobre el islam o las migraciones. Los ultraderechistas no niegan el calentamiento global, pero acarician un peculiar negacionismo dudando de que “sólo tenga consecuencias negativas”. Por el contrario, sostienen que el aumento de CO2 en la atmósfera “ha contribuido a la ecologización de la tierra en las últimas décadas” y que, “en lugar de librar una batalla inútil contra el cambio climático”, los seres humanos deberían “adaptarse a las nuevas condiciones, al igual que las plantas y los animales”.

También se pueden leer frases como las siguientes: “La historia de la humanidad demuestra que los periodos cálidos siempre han dado lugar a un florecimiento de la vida y de las culturas, mientras que los periodos fríos se asocian a la penuria, el hambre y las guerras. Todavía no se ha demostrado que los seres humanos, especialmente la industria, son en gran parte responsables del cambio de clima”. Su inquietud se desvía hacia otros terrenos. AfD asegura que las medidas tomadas por el Gobierno para reducir las emisiones están amenazando la libertad de los ciudadanos “hasta un punto cada vez más aterrador”.

Los alemanes deciden el próximo domingo quién sustituirá a Angela Merkel al frente de la superpotencia europea. Si, como parece bastante probable, las negociaciones para formar gobierno se alargan hasta Navidad, Merkel superará el récord de su mentor, Helmut Kohl, 16 años y 26 días, y se convertirá en la líder que más tiempo ha permanecido en la cancillería tras la Segunda Guerra Mundial. Una figura tan poderosa –de las que dan nombre a una era– que está marcando la campaña donde lidian los destinados a sucederla. “Está siendo una campaña rara, de candidatos, no de programas ni de contenidos”, resume Steffen Lüdke, corresponsal de Der Spiegel en España. Lo mismo dice Hans Günther Kellner, periodista de la radio pública Deutschlandfunk.

Ni la Unión Europea, ni la inmigración, ni los impuestos ni el gasto social han sido temas de debate profundo o de fuerte controversia este mes de septiembre en Alemania. Los titulares y las discusiones se los han llevado los errores de los candidatos. La campaña de Armin Laschet, el aspirante de la CDU, ha sido un “desastre”, en palabras del corresponsal de Der Spiegel y parecen confirmar las encuestas. Hasta el punto de que la propia Merkel ha tenido que salir en ayuda de quien hasta ahora presidía el land de Renania del Norte Wetsfalia, el más poblado del país. Unas imágenes del pasado mes de julio en las que Laschet aparecía riéndose tras el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que con cara circunspecta respondía a los periodistas sobre los estragos de las peores inundaciones sufridas por el país en toda su historia, impactaron directamente en la credibilidad del candidato conservador.

La aspirante de Los Verdes, Annalena Baerbock, también ha tenido que lamentar unos cuantos traspiés: un currículo maquillado, una declaración de ingresos en el Bundestag en la que faltaban algunos apuntes y las acusaciones de plagio –unas citas sin atribuir– en el ensayo que publicó en julio han desgastado a la candidata más joven –41 años–.

A Olaf Scholz, el ministro de Finanzas socialdemócrata que figura a la cabeza de los sondeos, el golpe le llegó de la investigación que lleva a cabo la fiscalía sobre unas transferencias millonarias y sospechosas a un país africano que la Unidad de Inteligencia Financiera de su ministerio no trasladó a las instancias judiciales. Una negligencia que Scholz atribuyó al enorme volumen de trabajo de ese departamento y que le ha obligado a comparecer en el Bundestag a petición de Los Verdes, el izquierdista Die Linke y los liberales del FDP.

A juicio de Steffen Lüdke, no obstante, si Olaf Scholz se mantiene en cabeza en las encuestas es sobre todo porque es el aspirante que menos errores ha cometido. Baerbock ha pecado de novata, Laschet “no tiene fondo ni sustancia, y eso se nota hasta en las entrevistas, no tiene una visión para el país”, critica el corresponsal de Der Spiegel. Para Kellner, el hecho de que Baerbock no haga más que caer en las encuestas pese a que el cambio climático es el tema principal de debate en la campaña, y el fuerte de Los Verdes, apunta con claridad a que el problema es la propia candidata. Sobre Scholz, cree que debe preocuparse más por el escándalo de Wirecard –una empresa tecnológica que quebró en junio de 2020 tras destaparse un agujero 1.900 millones de euros en sus cuentas– que por lo ocurrido con la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ni de izquierdas, ni de derechas, un candidato fiable

Los tres son los cabezas de serie electorales, porque los liberales del FDP y los izquierdistas de Die Linke juegan de comparsas en las múltiples quinielas posibles para formar gobierno. Con seguridad –o a tenor de las encuestas– el bipartito actual de CDU y SPD tendrá que convertirse en un tripartito. La incógnita es si a los socialdemócratas del SPD les acompañarán ahora Los Verdes y Die Linke o Los Verdes y el FDP, explican los corresponsales alemanes, que ven esas dos opciones como más probables.

“El problema que tendría un gobierno en el que participara Die Linke es que se enfrentaría a una oposición muy fuerte, casi como la del ‘gobierno socialcomunista’ en España”, augura Steffen Lüdke. Hans Günther Kellner cree, sin embargo, que Die Linke –resultado de una escisión del SPD y su fusión con los herederos del partido comunista de Alemania del Este– llevará a cabo su proceso de “maduración política”, del activismo político al gobierno, mucho mejor que Podemos en España. De hecho, apunta, ya gobierna, y sin mayores controversias, en Turingia, Berlín y Bremen con el SPD y Los Verdes.

En Alemania, los debates, y la atmósfera política en general, carecen de la crispación y la agresividad a la que España se ha acostumbrado en los últimos años. Martin Dahms, corresponsal de Frankfurter Rundschau, destaca la gran cantidad de indecisos que aún no saben a qué candidato van a votar. En su país, explica, no hay el “bibloquismo” que ve en España. “Hay muchos alemanes que no sabrían definirse de izquierdas o de derechas”, argumenta, “pero que, aparte de tener claro que jamás votarían a [los ultraderechistas] la AfD o a Die Linke, sí que podrían decantarse por cualquiera de los otros cuatro partidos dependiendo del candidato”. La cuestión para los alemanes, una vez desaparecida la canciller a la que terminó conociéndose como Mutti (mamá), es cuál de los aspirantes es tan “fiable” como ella. A Armin Laschet, un tío simpático –al que llaman Onkel Laschet, tío Laschet– con el que cualquier alemán se tomaría una caña, se le ha bautizado como el Príncipe del Carnaval, por su afición a disfrazarse en esas famosas fiestas de Colonia.

Laschet se presenta como la mejor apuesta por la continuidad merkeliana, pero Scholz tampoco promete grandes cambios. Propone subir el salario mínimo de los 9,6 euros la hora actuales a 12 euros. “Es mi ley más importante”, ha subrayado. Dice que beneficiará a 10 millones de trabajadores. Como Los Verdes, hace mayor énfasis en aumentar el gasto social, a diferencia de la CDU, y defiende una subida de impuestos a las rentas más elevadas para sufragarlo. “Pero tampoco plantea una revolución”, apunta el periodista de Der Spiegel.

Sin crispación, y sin emoción

Lüdeck se declara sorprendido por el nivel de crispación que se alcanzó en España durante la pandemia, mientras que “la política alemana se unió” en esos momentos, “y eso ayuda”. Pero el corresponsal también compara a otro político conservador, Friedrich Merz –uno de los candidatos a suceder a Merkel derrotado por Laschet– con Isabel Ayuso, más que con Pablo Casado. “Quien vote al SPD, Los Verdes y Die Linke no se puede quejar si terminamos mutualizando la deuda para financiar la semana [laboral] de cuatro días en España y las pensiones en Italia”, ha asegurado. Aunque en esta convocatoria no se ha disparado fuego contra los manirrotos europeos del sur como en ocasiones anteriores. “Laschet deja que otros den caña públicamente en un intento por recuperar terreno perdido, pero no está en su naturaleza ser tan agresivo”, asegura Lüdke.

Por muy provocadores que se muestren Merz o la extrema derecha, lo cierto es que en la campaña alemana no ha habido insultos y, casi, ni siquiera emoción, lamenta Kellner, quien echa de menos “un poco más de debate”. “Los políticos alemanes se tratan entre ellos incluso demasiado bien”, ironiza, “cuando una campaña sirve precisamente para marcar las diferencias entre los candidatos”.

Martin Dahms sí que advierte la crispación que rodea a los antivacunas, por ejemplo, y todos los corresponsales coinciden en que “el tono” político se ha elevado desde la irrupción de los ultraderechistas de Alternative für Deutschland (AfD). Pero aquí aparece otra diferencia fundamental con la política española: el cordón sanitario estricto que los partidos mantienen con la extrema derecha. Merkel marcó la línea resaltando que la AfD tienen un problema con la democracia y rechazando cualquier tentación de coligarse con los ultras en los länder.  A diferencia de lo que ha ocurrido en España, donde el PP gobierna o se apoya en Vox en tres comunidades autónomas–, nadie se la ha saltado. Entre otras razones, porque quienes dentro de la CDU están más próximos a la AfD son “muy minoritarios”, destaca Hans-Günther Kellner. Aun así, el corresponsal de Deutschlandfunk advierte de que “lamentablemente” los ultras mantendrán su 11% de los votoslos ultras mantendrán su 11% de los votos. “Su contribución a los grandes debates es cero”, aclara Kellner, “no son negacionistas, pero casi, y su lengua es bífida: no es el mismo discurso el de sus representantes políticos y el de las bases, que son mucho más radicales”, alerta. “Su coche nos elegiría. Tráfico sin ideología”, puede ser una buena muestra de la contribución de la AfD al debate sobre el cambio climático, tal y como pudo verse en los carteles electorales de la AfD durante las pasadas elecciones en Berlín.

Otra diferencia clave con España podrá verse sin duda en las negociaciones necesarias para formar gobierno. Lüdke cree que esta vez será más difícil llegar a un acuerdo que en 2018, cuando SPD y CDU pactaron su gran coalición. Kellner apuesta por que ahora sea la ocasión para “cambiar las políticas”: flexibilizar la regla de gasto, abordar nuevas políticas sociales para combatir la precarización del mercado laboral –sí, también los alemanes lo sufren– o seguir aumentado el salario mínimo, del que Alemania careció hasta 2014. “Es una vergüenza”, lamenta el corresponsal de Der Spiegel, “que en realidad no hayamos hablado del fondo de ningún tema en la campaña”.