El presidente de Indra, Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra, en el Consejo de Administración que se ha celebrado este miércoles pese a que había anunciado a su entorno que no tenía previsto renunciar al cargo y después semanas de especulaciones sobre su posible salida.

En sustitución, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha propuesto a Ángel Simón, un empresario de larga trayectoria y que ocupó el puesto de consejero delegado de Criteria Caixa.

En una carta que ha mandado a la CNMV este miércoles, Escribano se ha referido a los "acontecimientos de las últimas semanas", que le han generado un "desgaste personal" y una amenaza para los objetivos que considera "esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha apuntado el ya expresidente de Indra, que ha afirmado que, con esta renuncia, antepone el interés de la empresa al suyo propio.

El ya expresidente de Indra ha asegurado, en su carta, que siempre ha actuado desde la "lealtad", el "trabajo constante" y el "compromiso personal", plenamente convencido de la relevancia estratégica de Indra y de su papel esencial para situar al sector de la Defensa española en el lugar que le corresponde.

Además, ha agradecido "sinceramente" el apoyo que ha recibido del Consejo de Administración.

Indra ha puesto en marcha el proceso de sucesión en el cargo de presidente, según ha anunciado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo de Escribano durante su etapa como presidente ejecutivo.

La dimisión, se produce después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E, renunciaran a la operación que se estaba negociando entre esta empresa e Indra y después de que la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les reclamara subsanar el conflicto de interés que existía en el proceso.

Tras esta petición, el presidente de EM&E envió una carta a los consejeros de Indra anunciándoles que renunciaban a la operación con Indra y el Consejo de Administración de Indra dio por finalizado el análisis que se realizaba a la operación.

El posible relevo del presidente de la compañía sobrevolaba antes del consejo de administración que se celebró el pasado 25 de marzo, de carácter ordinario, tras el cual se mantuvo en el cargo.

El 25 de marzo se celebraron dos consejos de administración, uno extraordinario, convocado para cerrar los flecos de la operación con EM&E, tras la carta de renuncia a la operación con Indra enviada por Javier Escribano a los miembros del Consejo, y otro ordinario, en el que no figuraba en el orden del día la renuncia del presidente, pero en el que podía ser que se planteara el asunto.

Al finalizar los consejos, no trascendió información alguna salvo que habían sido tensos y que Escribano no había sido relevado. Indra no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de asunto alguno.

Antes de comenzar el consejo, ya se conocía que SEPI no tenía previsto pedir su relevo.

Escribano tiene más de un 14% de Indra, mientras que la SEPI es el principal accionista con cerca del 30%. Como tercer accionista figura el fondo Amber, fundado por Joseph Oughourlian -presidente de Prisa-, y en cuarto por Sapa Placencia.

Hace poco más de diez días, Ángel Escribano dijo a su entorno que no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que consideraba que contaba con el respaldo en ese momento del consejo de administración de la compañía y de la junta, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Escribano opinaba además, según las fuentes, que su situación era distinta a la del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que fue relevado en el cargo en enero de 2025, después de que la SEPI le retirara el apoyo, ya que considera que él es el segundo accionista de referencia.

En el Consejo de Administración de Indra están sentados 15 consejeros, Ángel Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; un representante de EM&E, Javier Escribano; otro de Amber, Pablo Jiménez de Parga; uno de la empresa de defensa vasca Sapa, Jokin Aperribay; y tres de SEPI, Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián.

A estos se suman siete independientes: Bernardo Villazán, Josep Oriol, Eva María Fernández, Aránzazu Díaz Lladó, Teresa Busto, Belén Amitrain y Virginia Arce.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ha presentado su dimisión debido a las numerosas crisis del museo, que ha sido aceptada este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes el Elíseo y recogió EFE.

"El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto 'Louvre – Nouvelle Renaissance'", detalló la Presidencia francesa en un comunicado. 

Macron agradeció la labor y el compromiso de Des Cars, de 59 años, desde que asumió las riendas del museo más visitado del mundo en 2021 e indicó que tiene intención de encargarle una futura misión para favorecer la cooperación de los grandes museos de los países del G7, del que Francia ejerce este año la presidencia rotatoria.

La gestión de Des Cars ha estado en la diana desde el escándalo por el espectacular robo que sufrió el Louvre el 19 de octubre pasado, cuando fueron sustraídas ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable, que no han podido ser recuperadas pese a la detención de los presuntos autores materiales.

Aquel episodio generó una grave crisis de imagen y reveló importantes deficiencias en el dispositivo de seguridad de esta institución pública.

El robo estuvo lejos de ser la última crisis, ya que el mes siguiente el museo se vio obligado a cerrar una galería de antigüedades griegas y varias oficinas tras haberse constatado la fragilidad en algunas de las vigas de uno de los laterales del denominado cuadrilátero Sully.

Ese mismo mes hubo una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías, de las que se sabía que eran obsoletas, y varios documentos y obras resultaron dañados.

La acumulación de deficiencias generó también un fuerte malestar entre los trabajadores, que organizaron una huelga para reclamar cambios y mejores condiciones en la recta final del año, lo que impidió la apertura de sus puertas durante varias jornadas. El paro se suspendió en Navidad, pero fue retomado a comienzos de 2026 con nuevos cierres.

En febrero, la dirección del Louvre hizo público que en el museo se había realizado una redada tras detectarse una red de fraude "a gran escala" en la venta de entradas y de guías turísticos. Solo un día después del anuncio de ese fraude, una nueva inundación obligó a cerrar varias salas a consecuencia de la rotura de otra tubería.

La precaria situación que afrontaba el Louvre ya había sido elevada a las autoridades por Des Cars meses antes de esta racha de complicaciones, en una carta al Gobierno en la que hablaba de una "obsolescencia inquietante" de sus instalaciones.

Por una parte, las infraestructuras reformadas en los años ochenta -en concreto, la entrada la famosa pirámide de cristal- estaban planeadas para unos cuatro millones de visitantes anuales, una cifra ampliamente superada con los casi nueve millones de personas que acuden al museo cada año actualmente.

A eso se añaden desafíos de adaptación al cambio climático y de vetustez de los edificios del enorme complejo que comprende el palacio del Louvre.

La investigación del robo, además, reveló graves fallas de protección, como la imposibilidad de ver todas las cámaras de seguridad a la vez por falta de pantallas.

También la falta de implementación de un plan general de seguridad que se había planeado antes de la asunción de Des Cars, pero que ella a su llegada juzgó insuficiente, lo que hizo que cuando se produjo el robo aún no se hubiera puesto en marcha.

Para paliar las deficiencias estructurales sin echar el cierre al museo, a comienzos de 2025 Macron anunció un ambicioso proyecto de reforma denominado 'Louvre – Nouvelle Renaissance' (Louvre - Nuevo Renacimiento) que implicaría, entre otras novedades, la construcción de una nueva entrada por el este y la construcción de una sala separada para exponer La Gioconda.

Des Cars (Antony, 1966), que es conservadora de patrimonio e historiadora del arte, había estado al frente del ente que agrupa a los museo de Orsay y de la Orangerie entre 2017 y 2021, antes de tomar las riendas del Louvre.

La ya expresidenta del Louvre tenía cita mañana en la Asamblea Nacional para comparecer ante la comisión de Asuntos Culturales, después de que el lunes lo hiciera en ese mismo foro la ministra de Cultura, Rachida Dati, que pidió que fuera a puerta cerrada.

El exministro laborista Peter Mandelson, que este lunes fue detenido por la policía en su domicilio, ha pasado de ser ministro, comisario europeo y luego embajador para terminar en el abismo, arrastrado por sus vínculos con el millonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Scotland Yard precisó en un comunicado que arrestó a un hombre de 72 años en su vivienda del barrio londinense de Camden -sin proporcionar su nombre-, pero la BBC mostró en directo el momento en que Mandelson, también antiguo embajador de su país ante Estados Unidos, subía a un coche policial sin distintivos.

La Policía Metropolitana de Londres señaló que la detención de Mandelson, trasladado a una comisaría, se produjo tras los registros realizados en los últimos días en dos propiedades: una en la capital británica y otra en el condado inglés de Wiltshire.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

Mamó el laborismo desde su infancia, como nieto de un ministro de Interior y de Exteriores, Herbert Morrison. Con solo 12 años fue invitado a Downing Street y se sentó en la silla del entonces primer ministro Harold Wilson, donde quedó "deslumbrado". El brillo de la política ya no lo abandonaría.

En el partido era conocido como "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Su carrera tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008.

En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, Keir Starmer le nombró en diciembre de 2024 embajador de Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez -dijo- porque soy homosexual".

Todavía le quedaba el honorable escaño de lord en la Cámara de los Lores, pero la avalancha de nuevos documentos de Epstein desvelados en las últimas semanas le obligaron a presentar su renuncia.

Poco antes, Starmer anunció que impulsará una legislación para quitarle formalmente el título de lord por mala conducta en cargo público.

El domingo 1 de febrero, Mandelson ya reveló que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo. Dijo entonces que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

La cascada de revelaciones que lo comprometían continuó imparable: primero, se supo que había prometido a Epstein que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Luego se filtró una fotografía en la que aparece sin pantalones, leyendo un documento en una tableta junto una mujer vestida solo con un albornoz, dentro de uno de los apartamentos de Epstein en París.

Y por último, apareció entre esos documentos un mensaje a Epstein en el que le reenviaba información confidencial del Gobierno de Gordon Brown, en el que servía, con datos sensibles sobre la venta de activos del Gobierno.

Según los expertos legales consultados por los medios británicos, la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle muchos años de cárcel.

La detención de Mandelson se produce después de que el pasado jueves la Policía regional del Valle del Támesis también detuviera al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, para interrogarle por presunta conducta indebida en cargo público. El exduque de York fue posteriormente puesto en libertad mientras continúa la investigación. En su caso, las autoridades buscan determinar si el antiguo duque, despojado de todos sus títulos en octubre, cometió delitos al remitir información gubernamental a Epstein cuando ejercía como enviado comercial del Gobierno del Reino Unido.

Un terremoto interno ha sacudido la Asamblea de Madrid este martes tras la dimisión de tres de portavoces del PP: el de Educación, Pablo Posse, la de Política Social, Mónica Lavín, y la encargada de Juventud, Carlota Pasarón. Renuncias a las que se suma la salida de dos altos cargos, la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda; y el de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo. Un grupo conocido como "Los Pocholos", según señalan fuentes del PP, que no esconden su sorpresa por esta dimisión en cascada, en una organización en la que no se suelen airear las discrepancias internas y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, creía tener controlada de principio a fin.

"Eran buenos parlamentarios y jóvenes", afirma un diputado del PP madrileño en conversación con infoLibre, que achaca este movimiento al cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta madrileña. "Los que se han ido son los amigos. Vinieron juntos y se van juntos", prosigue la citada fuente, que asegura que eran "un pack". Ayuso destituyó a Viciana este lunes por por su incapacidad de consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que la baronesa del PP quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana.

Este tipo de dimisiones son del todo inhabituales en un PP que cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea y que presume de "cohesión" interna, aunque lo cierto es que se compone de varias familias. Entre ellas, el núcleo duro de Ayuso, encabezado por Serrano y el portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache; la vieja guardia, compuesta por diputados de la época de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón; los afines a Génova; y los rebotados de Ciudadanos, como Sergio Bravezo y Marta Marbán. Los tres diputados dimitidos formaban parte de las "jóvenes promesas" del partido que, sin embargo, ya no lo serán a tenor de lo ocurrido.

A pocos les sorprendió el cese del consejero Viciana porque las discrepancias se remontan a tiempo atrás, según explican fuentes del PP, prácticamente a los meses posteriores a su nombramiento. Primero con la demora en la resolución de las becas comedor y, después, por el fallo informático que bloqueó el envío de profesores sustitutos a los centros con bajas. La oposición llevaba tiempo reclamando su salida públicamente, al igual que los rectores universitarios, que habían pedido formalmente a Ayuso que lo fulminara de su Ejecutivo, según contó El País. "Era el más flojo del Gobierno", conceden las voces conservadoras consultadas.

¿Y cómo encajan ahí las dimisiones de los tres diputados y los dos altos cargos? La explicación que dan desde el PP madrileño es su "obediencia" al ya cesado consejero. "Entraron juntos en las listas y supongo que alguien les ha recordado que estaban ahí por él", señalan. Y añaden: "Quizás consideren que han de ser más leales a él que al proyecto al que se embarcaron cuando aceptaron ir en las listas". Al mismo tiempo rechazan que este movimiento esté relacionado con el caso de acoso sexual que afecta al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y que ha salpicado también a los lugartenientes de Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán.

Otras fuentes, sin embargo, sí que consideran que "hay mucha gente que le tiene ganas" a Serrano y que Posse estaba empezando a "relacionarse" muy bien dentro de la estructura del PP de Madrid. "Vamos a ver quién hay detrás de este movimiento en bloque y qué busca", señalan, aunque le auguran "poco recorrido". En el PP confían en que el impacto de estas dimisiones "se acabe diluyendo" con los nuevos nombramientos y anticipan que, como mucho, los tres diputados "pueden acabar en Vox".

Los conservadores madrileños admiten que cualquier movimiento interno para "dar la batalla" acabaría sofocado por el poder interno que acumula Ayuso, que sigue manteniendo la confianza tanto en Serrano como en Millán pese al supuesto encubrimiento cuando la concejala de Móstoles denunció el acoso sexual de Manuel Bautista. Ahora, la exedil ha presentado una querella contra él en los juzgados de la localidad madrileña y también contra el Partido Popular como persona jurídica. Los delitos que les atribuye son acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Al consejero de Educación y Universidades lo reemplaza Mercedes Zarzalejo, la misma que recibió el encargo de Ayuso de investigar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por el supuesto trato de favor recibido en su relación laboral con la Universidad Complutense (UCM). "Mercedes será mejor consejera seguro. Y ella sí que es de partido", analizan en el PP madrileño, donde confían en que Zarzalejo "salga a la ofensiva" en un Ejecutivo que se ha caracterizado por dejar todo el protagonismo a la presidenta madrileña. Ella misma lo diseñó con ese objetivo, con la idea de que sería el PP el que estaría en La Moncloa esta legislatura.

La oposición, por su parte, ha visto en esta crisis de Gobierno la oportunidad de poner en evidencia las costuras del PP madrileño y la constitución de un proyecto educativo fracasado, con las universidades en pie de guerra. "No consigue doblegar a los rectores con su sectaria Ley de Universidades y ahora se suceden los ceses y dimisiones en su gobierno. El PP de Ayuso se desmorona", escribió en su cuenta de X el ministro y también secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también considera que con las dimisiones "caen los ejecutores de la política educativa de Ayuso ante el fracaso de Ayuso en universidades y en todos los ámbitos de la educación pública madrileña". "Es el reconocimiento de la debilidad del PP madrileño y la falta de resultados. Lo que debe cambiar ahora son las políticas", señaló.

Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer, una dimisión que se suma a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del gobierno, sacudido por las revelaciones de los documentos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Aunque no está claro que esta dimisión tenga relación directa con esas revelaciones, se produce en un momento de particular debilidad del primer ministro.

En un comunicado, Starmer dijo que estaba "agradecido" por la larga y distinguida carrera de Wormald y por su apoyo como secretario de gabinete, considerado el cargo de funcionario de más alto rango en el Reino Unido. "He acordado con él que dimitirá como secretario de gabinete hoy. Le deseo todo lo mejor para el futuro", escribió el mandatario británico.

Por su parte, Wormald aseguró que había sido un honor y un privilegio servir como funcionario durante los últimos 35 años y una "distinción especial" haber liderado este servicio desde diciembre de 2024. Aprovechó para agradecer su tarea "a los extraordinarios funcionarios, ministros y consejeros con los que he trabajado".

La dimisión de Wormald es la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en la última semana ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan.

Starmer se encuentra ahora en proceso de recomponer su círculo más estrecho mientras hay voces internas que piden su dimisión, después de conocerse los vínculos de el exministro laborista Peter Mandelson, al que Starmer nombró embajador británico en Estados Unidos en 2024, con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La dimisión de Wormald, en principio, parece no tener relación directa con el caso de Mandelson, sino que respondería más a una decisión personal de Starmer, después de que los medios británicos se hicieran eco de informaciones que señalan que el mandatario no estaba satisfecho con su desempeño.

Mientras se encuentra a un sustituto de alto rango para Wormald, el cargo será supervisado de forma conjunta por Catherine Little, Antonia Romeo y James Bowler, quienes ocupan el cargo de secretario permanente de gabinete, el ministerio del Interior y el Tesoro respectivamente.

Los dos investigadores de Human Rights Watch (HRW) en Israel y Palestina, uno de ellos el jefe del equipo de la organización, renunciaron este martes a sus cargos después de que la entidad bloqueara un informe que concluye que la negación de Israel al derecho al retorno a los refugiados palestinos es un "crimen de lesa humanidad", informa EFE.

Se trata de Omar Shakir, quien dirigió el equipo durante aproximadamente diez años, y de Milena Ansari, investigadora adjunta del equipo.

En la carta de renuncia de Shakir, a cuya copia tuvo acceso EFE, él alega que "algunos miembros de la organización, impulsados ​​por prejuicios, presiones, política o cobardía, han intentado manipular" sus conclusiones, y que el constante retraso de la publicación del informe que estaba finalizado le impide seguir representando a HRW.  "Sin embargo, a lo largo de mi mandato, el proceso de revisión garantizó la publicación de los hechos tal como los documentamos", completa Shakir en la carta.

Añadió que "la decisión de nuestro director ejecutivo, a finales de noviembre, de suspender la publicación de nuestro informe sobre la denegación del derecho al retorno de los refugiados palestinos, cuya publicación estaba prevista para el 4 de diciembre", así como "su continua anulación del proceso normal de investigación y su insistencia en que solo se publiquen las conclusiones que él dictaminó, han comprometido nuestro absoluto compromiso con la ley y los hechos", critica.

El informe, titulado Nuestras almas están en los hogares que abandonamos: La negación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos y los crímenes contra la humanidad, fue retenido durante meses, e incluso se pidió a los investigadores "limitar la determinación de crímenes de lesa humanidad a las personas recientemente desplazadas en Cisjordania y Gaza", pero no a los palestinos y descendientes cuyo retorno ha sido denegado desde 1948.

"Esta propuesta de limitar la determinación de crímenes de lesa humanidad carece de fundamento jurídico o fáctico", insiste Shakir, sobre un informe cuya determinación de crimen de lesa humanidad se basa en el análisis jurídico establecido en tres publicaciones anteriores de Human Rights Watch, incluido un informe de 2023 sobre las Islas Chagos en el que se dictaminó ese mismo crimen a manos de Reino Unido.

Shakir carga contra HRW, y alega que "una organización de derechos humanos con principios" no debería temer ser acusada de ir en contra de la "preferencia" israelí de que este país "mantenga una mayoría demográfica judía en Israel/Palestina, forjada, por supuesto, mediante la limpieza étnica y mantenida durante el apartheid".

La no publicación "refleja las mismas tendencias autoritarias y discriminatorias sobre las que informamos. No es el Human Rights Watch para el que he trabajado todos estos años". 

El exministro laborista británico Peter Mandelson —que también ejerció como embajador del Reino Unido en Washington— dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informa EFE.

El barón Michael Forsyth de Drumlean, que ejerce de presidente de la Cámara alta (Lord Speaker), anunció este martes en sesión parlamentaria que la decisión de Mandelson se hará efectiva mañana 4 de febrero y que sería notificada de manera formal el mismo día. "Dado el interés público y para conveniencia de la Cámara, he decidido informarles de que el secretario de los Parlamentos —el funcionario de mayor rango de los Lores— recibió este martes una notificación de Lord Mandelson sobre su intención de retirarse de la Cámara, efectivo desde el 4 de febrero", pronunció el Lord Speaker.

El anuncio llega después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijese este martes en la reunión del Gobierno que había iniciado el proceso para retirar a Mandelson —exministro en los Ejecutivos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown— el título de 'lord' y su correspondiente asiento vitalicio en la Cámara alta. Starmer dijo haber encargado la redacción de una legislación que permitiera retirarle a Mandelson el título "lo antes posible" y pidió a los funcionarios que revisen "con urgencia" toda la información disponible sobre el vínculo entre Mandelson y Epstein cuando el británico ostentaba el cargo de ministro de Empresa entre 2008 y 2010. No obstante, aunque el exministro laborista dimita de la cámara alta, mantendría todavía su título de 'Lord', pues, según indica la biblioteca de los Lores, un título nobiliario solo puede eliminarse mediante legislación parlamentaria.

Tras conocerse la noticia, un portavoz de Downing Street —oficina y residencia oficial de Starmer— justificó así su salida de la cámara: "Como dijo el primer ministro esta mañana, Peter Mandelson decepcionó a su país".

El escándalo en torno al vínculo entre Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Washington, con el millonario Epstein, se ha profundizado tras salir a la luz que en su día envió documentos reservados del Gobierno al millonario estadounidense, fallecido en agosto de 2019 mientras cumplía condena en EEUU. La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) confirmó ayer que está investigando una serie de informes de supuesta "mala conducta en un cargo público" después de que el exembajador británico en EEUU fuese acusado de filtrar información sensible a Epstein. Por su parte, la Comisión Europea también dijo este martes que iba a analizar si Mandelson, que también fue comisario europeo de Comercio, infringió la legislación europea por sus contactos con Epstein.

El domingo, Mandelson renunció a su afiliación al Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza" por las informaciones que salieron a la luz en la última remesa de documentos publicada por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso. Según los correos desvelados en EEUU, Epstein habría pagado a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Por su parte, el ex primer ministro británico Gordon Brown, envió este martes a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) "información relevante" sobre la supuesta filtración de información gubernamental confidencial por parte de Mandelson al magnate Epstein. En un comunicado remitido a la agencia de noticias británica Press Association (PA), el que fuese jefe del Gobierno del Reino Unido entre 2007 y 2010 afirmó haber contactado al comisario jefe de la Met, Mark Rowley, sobre la divulgación de datos sensibles gubernamentales y de mercado entre Mandelson y Epstein, en un acto que calificó que "inexcusable y poco patriótico" en un momento de crisis financiera global.

Mandelson ejerció como 'número dos' del Ejecutivo de Brown y como ministro de Empresa y Comercio entre 2008 y 2010, y recientemente ostentaba el cargo de embajador británico en Washington, del que fue destituido en septiembre de 2025 después de que saliesen a la luz las primeras informaciones de sus vínculos con Epstein. En este sentido, Brown indicó haber enviado a Rowley la correspondencia que intercambió el año pasado con el actual secretario de gabinete, Chris Wormald, así como información derivada de ella "que puede ser importante para la investigación actual".

Entre esta documentación, se incluye una carta de septiembre de 2025 en la que Brown solicitó a Wormald que investigara la veracidad de la información contenida en los documentos del caso Epstein "sobre la venta de activos derivados del colapso bancario" y las comunicaciones al respecto entre Mandelson y el pederasta estadounidense. También figura la respuesta del secretario del gabinete, fechada en noviembre de 2025, en la que este afirmaba que "no se había encontrado ningún registro de información o correspondencia" en el buzón de correo de Mandelson. "Tras llamar su atención sobre las pruebas pertinentes, el asunto queda ahora en manos de la Policía", concluyó Brown en su comunicado.

Según los documentos del caso desvelados recientemente por el Departamento de Justicia de EEUU, el pederasta le habría pagado supuestamente a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004. Los documentos de Epstein parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?". La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una vivienda pública de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión, informa EFE.

Gómez, que actualmente está de baja por maternidad, ha informado de que en los próximos días presentará oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas en La Condomina, en la Playa de San Juan, "antes de entrar en política", según un comunicado del Ayuntamiento.

La hasta ahora concejala de Urbanismo ha señalado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso "sin interferencias de ningún tipo", después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida y dado que está de baja por maternidad.

Arquitecta de profesión y de 33 años, Gómez llevaba dos años y ocho meses al frente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante y ha repetido en la nota que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

La decisión de la concejala del PP se produce un día después de que se supiera que tanto ella como un arquitecto municipal y los dos hijos y una sobrina de una alto cargo del consistorio, la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, habían sido adjudicatarios de estas viviendas sociales en la Playa de San Juan, la primera promoción de inmuebles públicos en la ciudad de los últimos 20 años.

Al mediodía de este viernes, el alcalde, Luis Barcala, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, había explicado que la concejala de Urbanismo había recibido la condición de adjudicataria cinco años antes de llegar a la política y que "hasta donde tenemos conocimiento no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión" relacionada con los hechos conocidos, pese a lo cual añadió que ha pedido un expediente de averiguación de hechos para depurar responsabilidades.

En una intervención sin preguntas, el alcalde ha sostenido que aplicará "la máxima contundencia" una vez tenga el informe municipal y que actuará "caiga quien caiga", incluyendo la posibilidad trasladar a la Fiscalía el contenido del expediente ante el menor atisbo de irregularidad.

Este asunto ha acaparado la actualidad política en la Comunitat Valenciana y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha señalado que las personas que optaron a dichas viviendas "cumplían los requisitos", aunque al mismo tiempo ha calificado de "muy grave" lo conocido.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a "asumir responsabilidades" por "un mal uso" del poder en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido de que "la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios".

En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera un "pelotazo urbanístico" y ha concluido que se trata "del mayor escándalo" en la ciudad coincidiendo con "un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda España".

A estas alturas es más fácil creer en la santísima trinidad o en el “célebre madero” (que cantaba Javier Krahe) que en casi cualquier declaración del trío formado por Feijóo, Mazón y Abascal. Porque sí, forman un trío (con perdón, sin ningún sentido pornográfico): el trío de la mentira. Ni siquiera en la teatral puesta en escena del inicio de salida de Mazón ha podido percibirse un ápice de sinceridad: “algún error” y más mentiras (ver aquí). Pero reconozco que lo que me parece trascendente de este lunes, 3 de noviembre, no es tanto el bochornoso numerito de Mazón ni la evidencia de que Feijóo coloca su futuro en manos de Abascal. No creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades. En el mismo día han coincidido el anuncio de la (cómoda y aforada) salida de Mazón, la apertura del juicio al fiscal general, el auto de procesamiento de Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas, la orden del juez Peinado a la UCO para que fisgue ¡siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez! y parte del requeteanunciado informe de la UCO que supuestamente implicaba al ministro Ángel Víctor Torres en prostitución, mordidas, encuentros con narcotraficantes o negocios con la trama de los hidrocarburos. Ni rastro de un montón de infamias sobre las que (muy probablemente) ni desde el PP o Vox ni desde tantos medios de comunicación aficionados al clic y a la calumnia se ofrecerán disculpas. Una batería simultánea de fuego real y de artificio que responde perfectamente a la reiterada consigna lanzada por Aznar: “el que pueda hacer, que haga”.

Este lunes han intentado colocarnos –sin pudor– un relato lacrimógeno sobre las responsabilidades políticas de la gestión de la dana: Mazón es una víctima, Feijóo un líder solo preocupado por “la reconstrucción” y Abascal un defensor incansable de dios, la patria y el rey (si este se deja). La comparecencia de Carlos Mazón ha sido de vergüenza ajena; si uno como ciudadano y como periodista se siente ofendido, cabe imaginar la indignación que puede sentir (si es que cabía un gramo más) cualquier familiar de víctimas de la dana. Con un cuajo digno de la más zafia picaresca, pretende Mazón haber sido víctima de un malvado Pedro Sánchez que habría ordenado en todo momento dejarlo solo por cálculo electoral, regateando cualquier tipo de ayuda. Y Feijóo ha remachado ese mismo relato. 

Ambos, evidentemente, toman a la ciudadanía por idiota. No hay más que repasar aquella comparecencia de Mazón después del desastre en la que agradeció a Sánchez la “eficacia y rapidez” en el socorro prestado. O ese vídeo en el que aparece Feijóo el 31 de octubre, con chaleco y casco, acompañado del propio Mazón y aseverando que había estado “informado en tiempo real” por Mazón desde la víspera de la dana. ¿Se puede afirmar eso a la vez que Mazón sigue culpando ¡este mismo lunes! a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica de no haber avisado de la gravedad del fenómeno de la dana que se avecinaba? Por cierto, va siendo hora –pasado un año– de que Feijóo admita que mintió a toda la ciudadanía cuando dijo haber estado informado en tiempo real (o irreal), o bien se acerque al juzgado de Catarroja para explicarle a la jueza qué información le estuvo dando Mazón. Porque puede tener relevancia penal.

Al negocio de la santísima trinidad pertenece la falsa moralina declamada por Mazón: “una cosa es equivocarse y otra ser mala persona”. Oiga, Mazón, lleva usted un año largo comportándose como se comporta una muy mala persona: mentira tras mentira, once versiones de lo que no hizo y de a qué hora estaba o no estaba donde debía estar; sin recibir a las asociaciones de víctimas que más han criticado su gestión negligente; y soltando lágrimas de cocodrilo cuando algunas de las víctimas de su indigno comportamiento le insultaron en el homenaje de Estado del pasado 29 de octubre. Por cierto, ¿cómo se atreve a iniciar su teatral alocución agradeciéndole al rey su apoyo a los valencianos? Una vez más –como ya ha ocurrido también con declaraciones de Feijóo o de Abascal– parece que en las derechas hay una intención poco disimulada de utilizar de modo partidista a la Jefatura del Estado (el rey verá si se deja utilizar o no).

Feijóo ha salido a completar este dramático sainete elogiando nada menos que la “sinceridad” y “autocrítica” de Mazón, que según él ha hecho una gran labor con “la reconstrucción” tras la dana. Lo cierto es que de los 2.634 millones de euros dedicados por la Generalitat a esas labores, hasta septiembre sólo se había utilizado el 26%, mientras de los casi 17.000 millones asignados desde el Gobierno central estaban ejecutados más de la mitad. Esos son los datos. Tras un año entero de intentos de desviar la atención (incluyendo el boicot en Bruselas a la candidatura de Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea) y después de alentar y arropar bulos como elefantes y de aplaudir en distintas ocasiones al “compañero Mazón”, ahora Feijóo evidencia su indescriptible capacidad de liderazgo dejando la salida de la crisis valenciana en manos de VOX, que es quien decidirá si acepta o no al sucesor o sucesora temporal de Mazón o si gira la llave de elecciones anticipadas, quizás haciéndolas coincidir con las de Castilla y León en marzo. Ni en sus sueños más húmedos podría imaginar Abascal que el PP se sometiera en el mismo día al examen de las urnas por su nefasta gestión con la dana y con los incendios. 

Para dejarlo claro: a Mazón no lo echa Feijóo, sino que fuerzan su salida la presión de las asociaciones de víctimas de la dana, las manifestaciones multitudinarias que cada mes desde noviembre de 2024 han reunido a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos en las calles de València y el trabajo de Nuria Ruiz Tobarra, jueza de Catarroja que ha venido haciendo exactamente lo contrario del juez instructor del caso del fiscal general: reuniendo indicios sólidos antes de inculpar, en lugar de señalar un culpable para después ir buscando indicios contra él. El cerco judicial sobre Mazón se estrecha cada día, y si él se aferra a su acta de diputado y por tanto a su condición de aforado en lugar de prestar declaración en Catarroja –como le ha invitado a hacer la jueza reiteradamente– debe de ser porque tiene más confianza en lo que puedan decidir sobre él instancias superiores. Por qué será…

La técnica de soltar varias “noticias bomba” para amortiguar el efecto de alguna verdadera noticia contraria a los intereses de un determinado poder es muy antigua. En otros tiempos solíamos distinguir enseguida lo que era una “liebre mecánica” que alguien pretendía que los periodistas siguiéramos mientras lo importante se producía en otro lugar, quizás a la misma hora. Lo reciente –ya no tanto– es la velocidad a la que debemos gestionar el calado y la letra pequeña de discursos y gestos, autos judiciales, informes de la UCO, performance de Mazón, proclamas de Feijóo e imágenes de Santiago Abascal frotándose las manos mientras el apoyo a la extrema derecha sigue creciendo en las encuestas (ver aquí). Por no hablar de la catarata de bulos que circulan por las redes (pero también por medios presuntamente “serios”). Porque la única forma de alentar alguna capacidad de entendimiento entre burbujas y de evitar retrocesos democráticos más que preocupantes es disponer de una información fiable. Y ni siquiera eso basta: porque aquello de que “dato mata relato” pierde eficacia cuando ha saltado por los aires el mínimo consenso sobre los hechos, sobre la realidad. Es necesario convencer con la razón pero también con el corazón. 

En este lunes negro para el PP (pese a la retahíla de autos judiciales que no responden a las expectativas creadas) lo más arriesgado es de nuevo ofender a la dignidad de las víctimas. Sí, necesitamos buenas personas en la política, y usted, señor Mazón, además de incompetente y mentiroso, ha demostrado ser mala persona.

P.D. Desde este lunes hasta el próximo 13 de noviembre, habrá días para analizar lo que ocurre en el juicio contra el fiscal general. Pero conviene señalar, como aperitivo, que ya en el inicio de las declaraciones de testigos hemos escuchado el testimonio del fiscal clave del caso del novio de Ayuso, que ha dejado claro el bulo lanzado desde el Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el hecho de que el famoso correo de cuya filtración se acusa a Álvaro García Ortiz se recibió en un “buzón genérico” al que tenían acceso unas cuantas personas. Llevamos asistiendo a “una campaña de desinformación que dura 20 meses” (ver aquí). Pues eso. Seguimos.

Un año después de la dana que arrasó la provincia de Valencia y que dejó 229 muertes a su paso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión —sin mencionar esa palabra— en una declaración sin preguntas desde el Palau en la que evitó fijar una fecha concreta para irse. La presión social y mediática tras el funeral de Estado celebrado el pasado miércoles en València, en el que el todavía president recibió insultos y abucheos por parte de los familiares de las víctimas de la dana, movió por primera vez al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante todo el fin de semana se sucedieron las negociaciones entre Génova y Mazón, que culminaron con el anuncio de este lunes, en el que el barón valenciano recurrió a las mismas mentiras que ha enarbolado durante este último año para tratar de defender su gestión. infoLibre recopila algunas de ellas.

Entre los errores que ha citado Mazón, ha mencionado la decisión de no elevar el nivel de alerta tras la riada. "No pedimos la declaración de emergencia nacional porque según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó, y tenía razón", aseguró. Feijóo le reclamó abiertamente a Mazón que pidiera esa declaración de emergencia nacional, pero el jefe del Consell no lo hizo ni ese martes 29 de octubre ni en los días posteriores. La Generalitat lo justificó asegurando que "los propios técnicos decretaron el nivel de emergencia que consideraron oportuno" y que "nadie lo planteó", según señaló la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero. Dos argumentos que contrastan con lo dicho por Mazón.

Otro de los fallos citados por el presidente valenciano fue "permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde". Lo cierto es que Mazón permaneció durante cuatro horas en el restaurante El Ventorro, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo pese a que en un primer momento su equipó aseguró que era "plenamente consciente de lo que ocurría en València" y gestionaba la evolución de crisis de la "gota fría", como lo denominó él, desde su despacho. Dos mentiras probadas que le han acabado costando el puesto, aunque eso sí, un año después. Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20:28 horas, minutos después de que se lanzara la alerta a la población.

El presidente valenciano aseguró también que se teorizó mucho antes de saber que comió con la periodista Maribel Vilaplana, lo que ha definido como una "campaña brutal" en su contra. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños, con políticos y expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y por supuesto el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar". Sin embargo, tras once versiones y un año después de la catástrofe, sigue sin aclararse qué hizo entre las 18:45 y las 19:45 horas. Ese intervalo de una hora abarca los 37 minutos —entre las 18:57 y las 19:34— en los que Mazón no realizó ninguna llamada, según consta en el registro telefónico que él mismo entregó a la comisión de la dana en Les Corts Valencianes. Mazón recibió varias llamadas pero no atendió ninguna de ellas.

El jefe del Consell también ha negado haber "interferido" o "retrasado" de algún modo el envío de la alerta masiva. Sin embargo, en los últimos días ha trascendido que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mantuvo al menos cuatro conversaciones telefónicas con el cuando el Cecopi debatía el envío del ES-Alert a la población. Pradas aseguró a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que mantuvo informado a su superior político. En los últimos días su entorno ha confirmado que las llamadas a Mazón fueron para informarle de lo que estaba sucediendo. Él, sin embargo, ha asegurado en varias entrevistas que no participó en la toma de decisiones y que, incluso, no recibió información alguna.

Al final de su comparecencia, Mazón aseguró que "el ruido" alrededor de su persona "es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno": "Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo", dijo. Unas palabras que contrastan con las que él mismo pronunció tras la tragedia, en las que le dio las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "cercanía" y "rápida respuesta". Durante estos meses la Generalitat ha culpado de manera constante al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de recursos hasta el punto de llegar a acusar falsamente al socialista de dar más ayudas a Gaza que a los valencianos y de no haber concedido ni una ayuda a sectores como la agricultura, mientras que las asociaciones le solicitaban que no se "politizara" con el dolor de las víctimas.

El presidente valenciano también aseguró que si por él fuera, hubiera dimitido hace tiempo, aunque no concretó quién le hizo cambiar de idea. "Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia", aseguró. Declaraciones que se contradicen con la intención que ha demostrado en este último año no solo de mantenerse en el cargo e incluso de postularse de nuevo como cabeza de cartel electoral en 2027. En una reciente entrevista con Las Provincias, afirmó: "No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027". Según explicaron entonces fuentes del PP valenciano a infoLibre, el jefe del Consell no quería renunciar de primeras a la reelección e iba a tratar de de convencer a Feijóo de que le dejara repetir una legislatura más.

Las claves del discurso de Carlos Mazón ha pronunciado en la declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión como president de la Generalitat Valenciana un año después de la dana en la que murieron 229 personas son las siguientes, según recoge EFE:

- "Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe: no sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia tuviera esa magnitud".

- "Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más".

 - "Es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores".

- "No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno, no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política".

- "A mediodía, el temporal se centraba en Utiel y yo debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error, permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un president ajeno a la emergencia".

- "Seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambages, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional llamarme asesino".

- "Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar".

- "La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos".

- "El daño que se ha producido no es solo material, es sobre todo emocional. El primero y más importante por el recuerdo de las 229 personas que perdieron su vida. El dolor es inimaginable no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario apocalíptico".

- "Hoy es el primer día como excepción que haré referencia a mi persona tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles". 

- "Hace meses parecía imposible que alguien creyera muchos de los argumentos que hemos defendido desde el principio, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco, que la Aemet dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca, que nadie había previsto la magnitud de las lluvias, que los medidores no funcionaban o que las obras habrían evitado la tragedia. A día de hoy todo esto se ha podido demostrar".

- "Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos, ya no".

- El pueblo valenciano "debe tener el impulso que merece, alguien que, con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies, que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra".

- "Apelo a la responsabilidad" de la "mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha" de les Corts Valencianes "para elegir nuevo president de la Generalitat".

- "Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere".

- "El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente, ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia".

- "Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

- "Ha sido un honor servir a mi tierra como president de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad".

En menos de dos días, una protesta juvenil por la censura digital se transformó en una insurrección que ha dejado a Nepal sin Gobierno, con el Ejército en las calles y con más de una veintena de muertos, según datos de los hospitales y medios.

 Esta es la cronología de cómo se desató el caos que ha paralizado al país del Himalaya.

Todo comienza el jueves, 4 de septiembre, cuando el Gobierno del primer ministro K.P. Sharma Oli ordena el bloqueo de 26 redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube. La medida se produce en medio de una campaña viral en TikTok, conocida como "Nepo Kid", que denunciaba la corrupción de la élite política. La prohibición es percibida como un acto de censura directa.

Por la mañana, miles de jóvenes, muchos en uniforme escolar, se congregan pacíficamente en Katmandú para marchar hacia el Parlamento. Sin embargo, la tensión aumenta en las barricadas del Parlamento en New Baneshwar y la policía responde a la presión de la multitud primero con cañones de agua y gases lacrimógenos, hasta que la situación escala drásticamente.

La policía reprime a los manifestantes. Comienzan a circular en redes vídeos de jóvenes siendo abatidos. Ya al final del día, se confirma un balance de 19 muertos y más de 300 heridos. La policía utiliza gases lacrimógenos incluso dentro de un hospital que atendía a las víctimas. En respuesta a la masacre, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, presenta su dimisión. 

La revuelta se vuelve irreversible.

Desafiando el toque de queda, la violencia se recrudece. El objetivo son los símbolos del Estado y la clase política. El primer ministro K.P. Sharma Oli presenta su dimisión y es evacuado por el Ejército.

Se produce una oleada de ataques. Son incendiados el Parlamento Federal, el complejo administrativo de Singha Durbar, la sede del Congreso Nepalí y las oficinas del principal grupo mediático del país. Las residencias privadas de Oli y del ministro de Comunicación, también son victimas de las llamas. El ex primer ministro Sher Bahadur Deuba es agredido físicamente. Muere la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal en el incendio de su casa. La cifra de fallecidos asciende al menos a 25.

Al final de la jornada, el sistema penitenciario colapsa. Turbas de manifestantes asaltan cárceles por todo el país, liberando a más de 2.000 presos. En la cárcel de Nakhu es liberado el líder opositor Rabi Lamichhane.

Con el Gobierno civil disuelto, Nepal amanece bajo el control de facto del Ejército, que se desplegó oficialmente a las 22:00 horas de la noche anterior. Las fuerzas armadas anuncian la extensión del toque de queda a nivel nacional.

Durante el miércoles, el país permanece paralizado, con las fronteras selladas y los aeropuertos cerrados. El Jefe del Estado Mayor del Ejército ha hecho un llamamiento al diálogo, posicionando a los militares como los únicos árbitros en el vacío de poder actual.

De nada sirvieron las alertas y mensajes de los organismos oficiales, las previsiones meteorológicas que, desde las 8:00 horas de la mañana, anunciaban el aviso rojo de peligro extremo para ese día por la tarde… En el momento de máximo riesgo, Carlos Mazón se había ausentado durante cuatro horas decisivas y era imposible comunicarse con él. Antes de su desaparición, podía haber tomado alguna decisión que sirviera para prevenir la catástrofe. Pero prefirió seguir con sus actividades cotidianas y desatender las advertencias. En realidad, nunca fue consciente del peligro. Ni él, ni sus consejeros o consejeras. Alguna de las cuales tampoco conocía la manera de enviar a la población la señal de alarma.

Así que el tiempo pasaba y algunos pueblos de la Comunidad eran devorados por una riada inmensa de agua y fango cuyos tentáculos alcanzaban el interior de garajes, sótanos, supermercados, oficinas, peluquerías y domicilios. La ola de destrucción arrastraba coches, muebles, arboleda, miles de cañas procedentes de las orillas de los ríos, personas que habían quedado atrapadas en mitad de la tormenta… Algunos soldados y bomberos empezaban a desplegarse para realizar tareas urgentes de rescate. Y el teléfono del máximo mandatario de la Comunidad seguía desconectado. Eran sus deseos que nadie le molestara, pues, sin duda, estaba llevando a cabo reuniones de suma trascendencia relacionadas con su cargo.

Por fin, el máximo responsable de la Comunidad apareció en escena. Achacó al mal tiempo y al tráfico su tardanza y exigió un chaleco de emergencias que formaba parte del atrezzo de la obra. Su cara de mal actor parecía desencajada. Su mirada, huida. La situación de los pueblos afectados por el horror presagiaba el peor de los designios. Entonces, ahora sí, dio la orden de alarma para que la ciudadanía se pusiera a salvo. Pero ya era tarde.

Las víctimas se contaban por docenas. Centenares, incluso… Seguro que el gobernante del chaleco rojo pensó que el público no iba a aplaudirle con entusiasmo tras finalizar su interpretación deshonrosa. Tampoco le importó demasiado. Tras pedir consejo a algunos otros personajes de su camarilla (particularmente a uno que se movía entre el barro, como mandando sin mandar), y sin importarle la cifra de víctimas que habían quedado sepultadas bajo la ciénaga, decidió transitar por la senda de la vergüenza inmensa anunciando, delante del micrófono, las palabras mágicas que iban a reconfortar a su pueblo: NO DIMITO.  

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Pedro Jiménez Hervás es socio de infoLibre.

El exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall ha anunciado este lunes que rompe el carné de ERC tras la polémica por los carteles difamatorios contra él y el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y la enfermedad de Alzheimer.

"Desde hoy dejo de pertenecer a la organización, pero sigo identificado con la perspectiva de una ERC en un proceso explícito de renovación", ha subrayado en rueda de prensa en la sede del partido, tras concretar que es una decisión que tomó la semana pasada pero no pudo anunciar por tener Covid, según informa Europa Press.

Según Maragall, ha querido esperar a que se tomaran las decisiones, individuales y orgánicas, que tocaban tras lo ocurrido, pero constata que "siguen abiertos aspectos pendientes" para aclarar.

"Pero llego a la conclusión de que no puedo permanecer callado ante todo esto, y aún menos podría aceptar que alguien confundiera silencio con conformidad o con complicidad", ha señalado.

En su opinión, no puede seguir con una apariencia de normalidad o que se especule sobre su actitud o valoración sobre lo ocurrido: "Como no puedo dejar esto en el aire, hasta aquí hemos llegado".

Tras aclarar que ha sido la suma de un cúmulo de circunstancias y elementos los que le han llevado a abandonar la militancia de ERC, se ha mostrado decepcionado y crítico con las actuaciones protagonizadas por una parte determinada del partido, pese a añadir que la dirección política "se ha comportado de una manera inicialmente correcta".

Además de reivindicar que si se ha llegado hasta este punto fue por la denuncia que presentó al día siguiente de conocerse los hechos, ha lamentado que cuando ocurrió nadie quiso "dar la cara ni asumir las responsabilidades" que tocaban.

A su juicio, el episodio de los carteles evidencia "la ignorancia, inconsciencia y frivolidad política" de lo que idearon, ejecutaron y autorizaron la iniciativa, y ha acusado a la dirección de Comunicación de entonces de ser responsable de ello por acción, omisión o por descontrol, ha dicho textualmente.

"También sabemos que la dirección política no lo supo hasta unos meses después. Lo que no la exime ni elimina su responsabilidad directa e indirecta", ha manifestado Maragall, que ha lamentado que lo ocurrido haya sido utilizado, en su opinión, con objetivos políticos.

En concreto, reprocha que se haya querido usar aprovechando el debate interno que vive la formación y como herramienta "de descrédito del conjunto de la organización".

Pese a romper el carné de ERC, ha defendido la necesidad de "abrir una nueva etapa con nuevos liderazgos" en el partido, y ha recalcado que como ciudadano intentará contribuir a fortalecer el proyecto republicano.

"Miles de afiliados a ERC asisten con estupor y evidente disgusto e indignación a un espectáculo vergonzoso que nunca hubiéramos imaginado", ha zanjado.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aceptado este lunes la dimisión de su jefe de gabinete, Nicolás Posse, que ha alegado "diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas", tras apenas cinco meses desde su llegada al poder.

"Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad, y el proyecto de una Argentina libre impulsado por Milei. Lo hará desde un nuevo rol que será dado a conocer en los próximos días", reza un comunicado que ha recogido Europa Press.

La oficina del presidente argentino ha anunciado que el cargo lo asumirá el ministro del Interior, Guillermo Francos, "con el objetivo de brindar mayor volumen político a la jefatura del Gabinete", absorbiendo las competencias de la cartera ministerial en una Secretaría a cargo de Lisandro Catalán.

"Francos aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política a la jefatura del Gabinete luego de ejercer exitosamente el cargo del ministro de Interior, habiendo sido uno de los artífices de la gesta que llevó a Milei a la Presidencia, y siendo reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso", ha aseverado.

La carta abierta a la ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicada este miércoles donde afirma que se tomará unos días para "reflexionar" y decidir si deja el cargo, ha supuesto un terremoto político en España. Por primera vez en décadas, un presidente del Gobierno se plantea abiertamente dimitir, algo que no sucedía desde que Adolfo Suárez lo hiciera allá por el año 1981 en un mensaje grabado y emitido por televisión. La situación, por tanto, es tan inédita y novedosa que, de producirse, España se adentraría en un terreno prácticamente desconocido.

Sin embargo, y pese a no existir apenas precedentes, los pasos a dar están previstos en la Constitución, concretamente, en su artículo número 101 y son muy similares a lo que sucede cuando un Gobierno pierde las elecciones y tiene que abandonar el Palacio de La Moncloa. "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente", dice la Carta Magna sobre una circunstancia de este tipo, por tanto, en cuanto Sánchez anunciara su dimisión, el Gobierno cesaría y pasaría a estar en funciones.

En esta coyuntura, el actual Ejecutivo perdería prácticamente todas sus facultades legislativas y solo podría actuar para cuestiones coyunturales. La Ley de Gobierno establece que, en esencia, un Ejecutivo en funciones solo debe dedicarse al despacho ordinario de los asuntos públicos o, en otras palabras, tan solo se tiene que limitar a evitar la parálisis de la Administración y de los servicios públicos. Un gobierno en funciones sí estaría capacitado para aprobar decretos-ley por motivos de "extraordinaria y urgente necesidad", pero no proyectos de ley ni, por supuesto, unos Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se debe limitar a que no haya un vacío de poder y todo siga funcionando con normalidad.

Pero quizás, lo más relevante en este contexto es que, una vez dimitido Sánchez, el Gobierno en funciones no puede convocar elecciones generales. De querer llamar a unos nuevos comicios, el presidente del Ejecutivo tendría que hacerlo antes de dimitir, algo que es imposible porque el próximo lunes no habría pasado el año que, obligatoriamente, debe transcurrir entre una convocatoria de elecciones y la siguiente. Por este motivo, si quiere convocar nuevas elecciones, el líder socialista tendría que esperar a dimitir al 30 de mayo. En este sentido, tampoco puede proponer al rey la disolución de las Cortes Generales y, por este motivo, todo el tiempo que pase desde la dimisión de Sánchez hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, la composición del Congreso de los Diputados no podrá cambiar.

Otra de las opciones que tendría el actual presidente del Gobierno, siempre antes de llevar a cabo su dimisión, sería proponer a la Cámara Baja una cuestión de confianza. Esta figura, recogida también en la Constitución, sería algo parecido a una investidura 2.0, donde Sánchez se sometería a un debate y a una posterior votación donde el Congreso tendría que decidir si mantiene o no su apoyo al Ejecutivo que preside. Para superar la cuestión de confianza, Sánchez necesitaría una mayoría simple, es decir, obtener más 'síes' que 'noes', sin embargo, de perderla, la Constitución prevé que el presidente está obligado a dimitir. Así lo especifica la Carta Magna: "Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99". Si se lleva a cabo sería la primera vez en la historia democrática que se usa la cuestión de confianza, que, por otra parte, es una figura puramente simbólica.

Una vez descartada la convocatoria electoral, y si Sánchez no opta por realizar la cuestión de confianza y dimite directamente, se activaría inmediatamente el artículo 99 de la Constitución. En él se recoge la ronda de contactos que debe llevar a cabo el rey con todos los representantes de los partidos políticos con el objetivo de proponer a un candidato para una nueva investidura.

La cuestión importante es que la Constitución no prevé ningún tipo de plazo para estas consultas por lo que podrían demorarse sine die. Una vez realizadas, el rey, al igual que hace después de unas elecciones generales, debería proponer a un candidato. Este no tendría que ser necesariamente un diputado y podría incluso optar por alguien extraparlamentario o sin relación con la política. Por ejemplo, una de las posibilidades sería recurrir a un perfil más técnico que gozara del apoyo de los diferentes partidos. Sea quien sea, el candidato debe presentarse a una sesión de investidura, donde tendrá que conseguir o mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda para lograr ser elegido.

De no conseguir la confianza de la Cámara en ninguna de las dos votaciones, se abriría un plazo máximo de dos meses en el que, de no lograr la investidura de ningún candidato, Felipe VI podría disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, si el candidato o la candidata lograra ser investida, tendría dos opciones: la primera, formar su propio Ejecutivo nombrando nuevos ministros y gobernar con la actual composición del Congreso de los Diputados o bien, la segunda, podría convocar elecciones generales.

"Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.

No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana

La reflexión de Oltra el día de su dimisión fue más allá de su caso particular: "Este país tiene un problema cuando absuelve corruptos como M.Rajoy y se encausan inocentes como Vicky Rosell, Alberto Rodríguez, Ada Colau y las niñeras. Este país tiene un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha", lamentaba. Casos que, como el suyo, pusieron en la diana a dirigentes de izquierdas y les forzaron a dimitir, a apartarse o a batallar en los tribunales. Y que finalmente quedaron en nada. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes", lamentaba entonces la valenciana.

Lo cierto es que la judicialización de la política es una fórmula ensayada con éxito para debilitar a gobiernos y políticos de todo el mundo. El arranque de la nueva legislatura en nuestro país puso de moda el anglicismo lawfare. Esta expresión, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), que se refiere a la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político. De un tiempo a esta parte un sector de la izquierda ha clamado contra esta guerra judicial incidiendo en que, ante determinados casos, no se debe dimitir aunque la persona esté siendo investigada por un tribunal.

Esto enmienda el posicionamiento original de formaciones como Podemos que nacieron al calor del 15M prometiendo firmeza ante los casos de corrupción —que asediaban al PP pero también al PSOE— y marcando un alto estándar a la hora de dimitir: cuando un cargo público u orgánico estuviera imputado en una causa. Sin embargo, años más tarde la formación morada cambió su código ético y marcó esa exigencia a cuando hubiera un auto de procesamiento. Esto se debió a las múltiples causas que también se crearon sobre el partido como el caso Neurona o el informe PISA. Ante estos precedentes y con el caso de Mónica Oltra recién archivado, desde la izquierda se ha abierto un debate sobre cuándo se debe dimitir en plena era del lawfare. Un debate en el que se ha pronunciado hasta el ministro socialista Óscar Puente, que en X recogía el vídeo de la dimisión de la exdirigente de Compromís y sentenciaba: "Nuestra democracia está en serio peligro. Y estas palabras hoy deben resonar bien altas en las conciencias de quienes debemos luchar por preservarla".

Alberto Ibáñez es diputado de Compromís en el Congreso y coportavoz de Iniciativa, el partido antaño liderado por Oltra. Compareció junto a ella el día de su dimisión y, en conversación con infoLibre, subraya que en todo momento se opuso a la marcha de la exvicepresidenta. "He defendido siempre que Mónica no tenía que dimitir, lo hice antes de que dimitiera, el mismo día en que lo hizo y lo he sostenido durante el tiempo", destaca, aunque también admite que se solidarizó con "la decisión colegiada" que tomó Compromís bajo "una violencia política sin precedentes". En el caso de Compromís, que está formado por una coalición de partidos, no hay ningún código ético que marque el momento de la dimisión de un cargo público.

La compañera de filas de Ibáñez en la Cámara Baja, Àgueda Micó, es también la secretaria general de Més, la formación mayoritaria dentro de la coalición valencianista. Fue la otra persona que escoltó a Oltra el día de su dimisión y, aunque defiende que Compromís "hizo lo que tuvo que hacer" porque "por encima de la persona" de Oltra estaba "el proyecto político", admite que "el hecho de estar imputado no debería ser la línea" que marque si una persona debe dimitir. "En el caso de Mónica, lo hizo por presión publica y mediática, pero ella había hecho todo lo que había que hacer", defiende Micó, que destaca como el PP ha denunciado a cargos de Compromís en 54 ocasiones y en ninguna de ellas se ha llegado a nada.

A juicio de Elizabeth Duval, portavoz de Feminismos y LGTBI de Sumar, las decisiones en política "nunca son individuales" y "hay un actor que está pareciendo injustamente inocente" pero que no lo es, el PSPV. "Oltra dimite, entre otras cosas, porque no quería servir como excusa para que el PSPV de Ximo Puig expulsara a Compromís del Govern", subraya Duval. De hecho, la propia Oltra lo destacó en su comparecencia en la que anunció su dimisión. "Fue un sacrificio injusto en relación al cual Oltra actuó con responsabilidad y que luego tuvo, evidentemente, consecuencias funestas", lamenta. El código ético de Sumar pauta la dimisión automática con apertura de juicio oral en delitos de corrupción, violencia de género o contra derechos fundamentales.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, tiene claro que "la derecha usa el lawfare contra sus adversarios políticos, de manera que la imputación, apoyada por los medios de comunicación afines, se ha convertido en una manera de sacar fuera de juego a los adversarios políticos". Por ese motivo reclama diferenciar, como hizo Podemos, entre imputaciones o condenas políticas —insumisión, parar un desahucio, manifestaciones— de las imputaciones por corrupción o por delitos comunes. "Cuando hay mala fe, como ocurre con la derecha española, todo se distorsiona", opina. Aún así,  considera que no se puede "renunciar a un mayor nivel ético" porque "entonces se hace cierto que todos los políticos son iguales".

Ibáñez, por su parte, aboga por "tomar medidas estructurales" y considera que hay que "solidarizarse" con quienes sufren este tipo de ataques aunque no estén en el mismo espacio ideológico, como es el caso del exalcalde de Barcelona Xavier Trías. "Las garantías del Estado de derecho, que a priori han de vigilar para dar seguridad a las personas que son investigadas, se han convertido en una cacería mediática sin precedentes", lamenta, al tiempo que señala los intereses de "multinacionales" y la concentración de los grandes medios de comunicación en unas pocas manos y en accionariados muy concretos.

Sobre el impacto mediático, Duval destaca que siempre se dedica más tiempo a la apertura de causas, como sucedió en el caso de Podemos, que cuando estas son sobreseídas. "Una mirada atenta indica que Oltra no pedía exactamente una dimisión por mera imputación, sino por la existencia de una responsabilidad política. Pero creo que lo que se ha comunicado ahí sí que nos ha pasado factura y que la barra de exigencias ha sido tan alta que en ocasiones se volvía un arma en nuestra contra", admite.

Una de las tesis ampliamente compartidas dentro de la izquierda del PSOE es que la dimisión de Oltra y su previa imputación influyeron en la derrota del Botànic en los comicios de mayo del pasado año, ya que Compromís —representado por Joan Baldoví— retrocedió en votos y escaños. Micó admite que estaban "en una partida de ajedrez regalando a la reina y sabíamos cómo iba a acabar" y, en ese sentido, lamenta que la derecha "ganara ese relato" que era "muy morboso y delicado", porque involucraba a menores tuteladas. Así, cree que sí influyó la marcha de Oltra.

También lo ve de ese modo Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, que defiende que el Oltra se vuelva a presentar "para resarcir el daño político" cometido en su contra. "Entiendo que el objetivo era forzar su dimisión para debilitar al Botànic y facilitar el cambio en el poder político. Que se haya demostrado lo que ya se sabía, que ella no tenía nada que ver, deja un sabor agridulce porque el objetivo político ya está consumado", lamenta. Aunque Moruno subraya que no es quien para decir a otra fuerza política lo que tiene que hacer, en términos políticos su vuelta podría ayudar a compensar todo lo que ha sufrido durante estos meses.

La portavoz de feminismos y LGTBI de Sumar admite que "es difícil hacer hipotéticos y jugar a las posibilidades", pero considera que es bastante evidente que sí influyó por, entre otros motivos, "las graves acusaciones" que se vertieron contra la política valenciana. "No solo a Compromís y a Oltra, sino a la credibilidad de toda la izquierda transformadora. No creo en las grandes conspiraciones ocultas, pero poco importa lo que se buscaba: es lo que se consiguió".

Según destacan fuentes cercanas, Oltra se va a dar un tiempo para pensar si quiere volver o no a la primera línea de la política ya que su formación ya le ha ofrecido "ser lo que ella quiera". Sin embargo, en estos meses, según trasladan estas mismas voces, se ha sentido "muy sola". Así, una de las consecuencias de llevar a cabo este tipo de acciones judiciales es también la renuncia a hacer política desde las instituciones por las posibles consecuencias. Según la secretaria general de Més, "te juegas la vida" y eso "desincentiva" a cualquiera, ya que "se consigue que solo quiera participar en política la gente que es funcionaria, porque tiene un sitio al que ir".

Monedero también cree que hay una intencionalidad detrás de los "ataques" cuyo objetivo final es que ciertas personas dejen de participar en política. "Creo que hace falta que los partidos protejan a sus líderes de estos ataques cuando son claramente trucos políticos, de la misma manera que tienen que ser contundentes en no dar cobijo a los malos comportamientos", señala.

Duval, por su parte, destaca que "si el precio a pagar es ese, o el acoso y la persecución, es difícil convencer a la gente de que el sacrificio de la vida propia merece la pena". En ese sentido considera que "funciona como una advertencia", en la que se traslada que "esto es lo que puede pasarte si no nos convienes, este es el peligro de intentar cambiar cualquier cosa".

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciado este miércoles su dimisión como jefe del Gobierno irlandés y ha confirmado que también abandonará su cargo como líder del partido conservador Fine Gael, una renuncia esta última que se ha hecho efectiva sobre la marcha. "Hago efectiva hoy mi dimisión como líder del Fine Gael y dejaré el cargo de Taoiseach en cuanto haya un sucesor", ha dicho durante una rueda de prensa en la que ha dicho sentirse orgulloso de "haber hecho de este un país más igualitario y más moderno".

Varadkar ha afirmado que el tiempo que ha pasado al frente del país ha sido "el más satisfactorio" de su vida, pero ha manifestado que "el liderazgo implica saber cuándo ha llegado el momento de pasar la batuta y tener el coraje de hacerlo". "Ese momento es ahora", ha puntualizado.

"Sé que esto cogerá a muchos por sorpresa y será una decepción para algunos, pero espero que entiendan mi decisión", ha aseverado antes de aclarar que los motivos para dejar el cargo son "personales y políticos". Así, ha defendido que el Fine Gael podrá seguir liderando el próximo Gobierno, si bien lo hará sin él al frente.

En este sentido, ha destacado los logros de su Gobierno, como la mejora del empleo, la salida de la austeridad, la gestión de la pandemia y haber evitado una "frontera dura" con Irlanda del Norte en el marco del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Varadkar, que ha sido el primer ministro de Irlanda más joven en ocupar el cargo tras su llegada al poder en 2017, esperará a que su formación elija a un sucesor antes hacer efectiva la dimisión de cara a la celebración de las próximas elecciones generales, cuya fecha límite se sitúa en marzo de 2025, según informaciones de la cadena RTE. Está previsto que el Fine Gael elija al sucesor de Varadkar a lo largo del mes de abril, por lo que la sesión de investidura tendrá lugar posteriormente en el Parlamento irlandés.

La decisión ha sido tomada después de que el Gobierno fracasara en su intento por modernizar la Constitución en el marco del referéndum celebrado el pasado 9 de marzo, lo que ha supuesto un duro revés tanto para los partidos tradicionales irlandeses que gobiernan en coalición, Fianna Fáil, Fine Gael y Partido Verde, como el Sinn Féin, que lidera la oposición, ya que todos ellos habían apoyado los cambios.

Las propuestas planteaban eliminar lenguaje sexista del texto constitucional y ampliar el concepto de familia para incluir modelos no tradicionales y "relaciones duraderas". Sin embargo, la primera iniciativa ha sido rechazada con el 67,69 por ciento de los votos y la segunda con el 73,93 por ciento. El Gobierno no ha podido convencer a la población de la urgencia de estos referéndum, mientras que la líder del opositor Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha responsabilizado al Ejecutivo de Varadkar del resultado.

Antonio Membrilla acaba de comunicar que no va a tomar posesión como director del Patronato Federico García Lorca dada "la situación actual generada" en relación a su nombramiento. Así lo ha señalado a Europa Press Antonio Membrilla (PP) después de que esta misma mañana Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, haya presentado su dimisión como miembro del Patronato Federico García Lorca tras conocer unas declaraciones sobre memoria histórica, a la que se refirió en 2020 a través de redes sociales como "memez histórica", según informa Europa Press.

Antonio Membrilla pidió hace unos días disculpas "si alguien se ha visto ofendido o ha malinterpretado" el mensaje que publicó en 2020 en redes sociales en torno a la Ley de Memoria y contextualizó su comentario como respuesta a otro, haciendo un "juego de palabras" para señalar a quienes ejercen una "crítica selectiva" visibilizando "a unas víctimas sólo, frente a otras que quedan en el olvido".

En una breve carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Laura García Lorca ha trasladado al presidente de la Diputación de Granada su decisión de dejar el patronato, institución que gestiona la Casa Museo del poeta en su pueblo natal, Fuente Vaqueros (Granada), y el Centro de Estudios Lorquianos, lugar de referencia para investigadores y estudiosos de la vida y obra del poeta. "Querido presidente, como miembro del Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada, habiendo leído las declaraciones del nuevo director difundidas en la prensa, me considero obligada a presentar mi dimisión", expone en esta breve misiva la sobrina-nieta del poeta, que ha rehusado hacer más declaraciones al respecto.

La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación ha sido uno de los colectivos memorialistas que en los últimos días se han sumado a las peticiones de cese inmediato de Antonio Membrilla, como nuevo director del patronato "por haberse burlado de las víctimas del franquismo". Su nombramiento supone a juicio de este colectivo "una provocación más del Partido Popular al movimiento memorialista de Granada, que sigue buscando los restos de nuestro poeta universal, más leído y admirado".

"La Casa Museo de Fuente Vaqueros, que conoció tiempos de gloria con nuestro querido Juan de Loxa, no se merece un director, sin sensibilidad lorquiana, que menosprecia al poeta y considera la búsqueda de sus restos como una memez histérica", lamentan.

El vice primer ministro de Reino Unido y responsable de Justicia, Dominic Raab, ha anunciado este viernes su dimisión tras ser acusado de acoso laboral, si bien considera que el investigador que ha examinado su caso ha puesto "demasiado bajo" el listón para hablar de presiones e intimidaciones, lo que puede sentar un "peligroso precidente" y dar pie a otras denuncias "espurias" contra altos cargos.

Las sospechas sobre Raab se remontan a su etapa como ministro de Exteriores, si bien la investigación comenzó en noviembre de 2022. Antiguos compañeros relataron situaciones de intimidación y malas formas, lo que ha quedado por escrito en un informe que ha aumentado la presión sobre Raab y sobre el primer ministro, Rishi Sunak.

"Creo que es importante cumplir mi palabra", ha dicho Raab, que se había comprometido a dar un paso atrás si las pesquisas le atribuían algún tipo de exceso. En su carta a Sunak, ha defendido sin embargo su labor, alegando por ejemplo que un ministro debe ejercer una "supervisión directa" cuando hay situaciones relevantes, como ocurrió en su caso "en las negociaciones del Brexit sobre Gibraltar".

Asimismo, ha explicado que un ministro también tiene derecho a ser crítico con sus subalternos, "dentro de unos límites razonables". En este sentido, ha lamentado el "estrés o la ofensas no intencionadas" que hubiese podido generar, pero ha resaltado que el informe no ha constatado ninguna situación de insultos, gritos o "intimidación física".

Raab ha aprovechado su despedida para reiterar su apoyo a Sunak, que "ha demostrado ser un gran primer ministro en tiempos muy complicados". "Puedes contar con mi apoyo desde el escaño", ha remachado, dando a entender que seguirá como diputado en la Cámara de los Comunes pese a su salida del Ejecutivo.