La Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, seguirá de momento sin ser reconocida oficialmente como Lugar de Memoria Democrática. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, aprobado el 20 de octubre de 2025, que declaraba como tal la antigua Dirección General de Seguridad franquista, uno de los principales espacios de represión política durante la dictadura y edificio que hoy ocupa la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esta decisión no significa que el tribunal haya anulado definitivamente el acuerdo, sino que paraliza sus efectos mientras se resuelve el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz que solicitó suspender el acuerdo con el argumento de que puede provocar un perjuicio a la imagen institucional de la sede del Ejecutivo autonómico.

La Audiencia Nacional ha decidido suspender, de momento, el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declaraba Lugar de Memoria Democrática la antigua Dirección General de Seguridad franquista, ubicada en la actual sede de la Comunidad de Madrid.

Pero esta medida es cautelar, es decir, una decisión provisional mientras se estudia el fondo del recurso. La Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía no entra a resolver si la declaración es legal o no: lo que hace es frenar sus efectos hasta que exista una resolución definitiva.

Significa que el Estado reconocía ese espacio como un lugar vinculado a hechos relevantes de la memoria democrática. En este caso, por su relación con la represión franquista.

En cualquier caso, la declaración no obliga a cambiar el uso actual del edificio, por lo que la Comunidad de Madrid podría seguir teniendo allí su sede. Lo que sí preveía el acuerdo eran medidas de explicación y señalización, como placas, paneles, distintivos memoriales, recursos audiovisuales, geolocalización, investigaciones sobre la Dirección General de Seguridad (DGS) y un censo de personas represaliadas detenidas en sus dependencias.

El Gobierno de Ayuso recurrió porque sostenía que la declaración podía afectar a la imagen institucional de su sede. Es decir, el Ejecutivo autonómico no puso el foco en el reconocimiento histórico de lo ocurrido en la antigua DGS, sino que lo puso en el posible impacto que esa señalización podía tener sobre el edificio que hoy ocupa la Presidencia regional.

La Sala recoge este argumento y recuerda que la legislación autonómica obliga a los poderes públicos madrileños a proteger y preservar la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, el tribunal considera que la ejecución del acuerdo podría incidir negativamente en esa imagen, aunque no da por probado que ese daño se haya producido ni que vaya a producirse con seguridad.

No exactamente. La Sala reconoce que no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede vaya a sufrir un daño irreversible. Pero también sostiene que no puede descartarse que esa incidencia negativa exista.

Esta es una de las claves del auto, ya que la Audiencia Nacional no afirma que el daño ya se haya producido, sino que considera suficiente la posibilidad de que pueda producirse para suspender cautelarmente el acuerdo.

La Audiencia Nacional habla de dos intereses enfrentados. Por un lado, está el de la Comunidad de Madrid en proteger la imagen y el uso actual de su sede institucional. Por otro, el interés del Estado en desarrollar políticas de memoria democrática.

La Sala considera que, en esta fase provisional, tiene más peso el interés de la Comunidad de Madrid porque la ejecución del acuerdo podría causar un perjuicio “irreversible, o intenso”. Pero también entiende que retrasar la declaración no provoca un daño grave al interés general ni impide que el asunto se resuelva más adelante.

No. El auto cuenta con el voto particular del magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, que discrepa de la decisión de suspender la declaración.

El magistrado sostiene que no se explica de forma suficiente por qué recordar la historia represiva del edificio puede dañar la imagen de la Comunidad de Madrid. Recuerda, además, que los hechos que motivan la declaración ocurrieron cuando la institución autonómica no existía “ni se podía siquiera imaginar” que llegara a existir.

A su juicio, tendría que concretarse qué daño real puede producirse y cómo afectaría al ejercicio de las competencias de la Comunidad de Madrid. Para el magistrado, recordar hechos negativos de la historia de España no supone desmerecer otros valores del edificio ni hacer un juicio negativo sobre el actual Gobierno autonómico.

El voto particular sostiene que la Sala no ha valorado suficientemente el daño que puede provocar la suspensión de las políticas de memoria democrática.

El magistrado recuerda que estas medidas están vinculadas a la reparación de las víctimas de la dictadura y a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Según su criterio, retrasar la declaración sí perjudica la finalidad del acuerdo y puede transmitir a las víctimas “sensaciones de desazón e incredulidad”.

Por ahora, la declaración queda suspendida mientras continúa el procedimiento judicial. Más adelante, la Audiencia Nacional tendrá que resolver el fondo del asunto, es decir, si el acuerdo de Memoria Democrática debe mantenerse o no.

Hasta entonces, la antigua DGS franquista no desplegará los efectos previstos como Lugar de Memoria Democrática. En la práctica, esto supone que el edificio seguirá funcionando únicamente como sede institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin que se active por ahora la señalización pública de su pasado como espacio de represión durante la dictadura.

El debate, sin embargo, sigue abierto: por un lado, está el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo; por otro, la decisión del Gobierno madrileño de priorizar la protección de la imagen institucional de la actual sede de la Presidencia autonómica. La resolución definitiva tendrá que aclarar si ese argumento pesa más que la obligación de identificar y explicar públicamente un lugar clave de la represión franquista.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del Acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 20 de octubre de 2025, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sección Primera estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional por la colocación, como recuerda la Audiencia Nacional de placas, paneles o “distintivo memorial interpretativo” que identifique el lugar como Lugar de Memoria Democrática.

Según la Sala, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la CAM pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmase que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Desde esta perspectiva, afirma el Tribunal, “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente”.

A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria Democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan en el mismo. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina “oficinas administrativas” (SIC) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la Sede de la presidencia de la CAM”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos, aconseja también desde este punto de vista la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.

Por otro lado, a juicio de los magistrados, "tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado” frente a los intereses de la AGE.

La Sala recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicita la Comunidad de Madrid. “Baste resaltar a estos efectos -añade- que la decisión que pueda adoptarse por el TC tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del Acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente -aparte los razonamientos anteriores- que son, de todo punto, concluyentes”.

Uno de los magistrados de la Sala no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la CAM por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese. “Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”.

Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática y el retraso consiguiente en el despliegue de la acción de reparación, sí perjudica la finalidad perseguida por el acto impugnado, en el marco descrito en la Ley 20/2022, transmitiendo a las víctimas sensaciones de desazón e incredulidad, y proyectando una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de superación de los episodios oscuros de su pasado”.

El Gobierno ya está preparado para activar el procedimiento de eliminación de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, ha emitido finalmente una resolución orientada a la extinción de la entidad. Firmada por el ministro Ernest Urtasun, concluye que el fin principal de la misma, por más que modifique sus estatutos, "se centra en la apología del franquismo". Pero el extenso escrito del ministerio no implica, directamente, su final. Ahora comienza una batalla judicial que se espera larga, tanto que tendrá que ser afrontada por el próximo Ejecutivo, y que amenaza, incluso, con llegar al Tribunal Supremo.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó al monarca su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al rey su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Durante el último casi medio siglo, esta entidad ha sido la última trinchera de la dictadura. Una anomalía en democracia a la que se ha querido poner fin a través de la nueva ley de memoria. Esta norma estableció como causa de extinción de fundaciones la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". El Ministerio de Cultura comenzó en junio de 2024 a recopilar información y argumentos para motivar la eliminación de la Fundación Franco. Un proceso que, dos años después, ha culminado con lo que consideran un "expediente sólido" para continuar con la extinción.

La resolución recoge, a lo largo de setenta páginas, tanto el contenido de los distintos informes solicitados como las alegaciones de la propia entidad. Y la conclusión es clara: "Queda acreditado que su fin principal se centra en la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura y enalteciendo a su dirigente y responsable principal, actuando para ello con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Durante estos meses, se ha volcado y estudiado todo el contenido de la página web de la fundación. "Los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales son instrumentales del fin principal, que supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo", recoge el informe de la Secretaría de Memoria.

Durante el procedimiento, la fundación presentó una alegación por un cambio en los estatutos realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma memorialista. En concreto, del artículo 6, en el que se incluía el compromiso de "velar" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, evitando "siempre" el "menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". Sin embargo, Cultura contraatacó diciendo que dicha reforma estatutaria no se presentó "siguiendo el procedimiento" previsto a nivel reglamentario. Hubo una solicitud de modificación estatutaria, sí, pero nunca se llegó a completar.

La resolución del Ministerio de Cultura no deriva, de manera inmediata, en la eliminación de la fundación. Ahora, con el expediente sobre la mesa, la Abogacía del Estado tendrá que activar la palanca judicial. Serán los jueces, por tanto, quienes tengan la última palabra. "Comienza la verdadera batalla, que se dirimirá en los tribunales", dicen desde la entidad. Una guerra que se prevé intensa. Lo que decida el tribunal de instancia podrá ser recurrido ante la Audiencia y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde la fundación dejan claro en conversación con infoLibre que, si es necesario, piensan llegar hasta esa instancia, a la que ya acudieron en su día –aunque sin éxito– para tratar de impedir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La batalla puede demorarse bastante tiempo. Casi cuatro años pasaron, por ejemplo, desde que la Generalitat Valenciana pidió en el juzgado la eliminación de la Fundación Arnedo Medina hasta que el Alto Tribunal, tras varios recursos, le dio definitivamente la razón. Todo apunta, por tanto, a que la carpeta judicial de la extinción será heredada por el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, que podrá tomar decisiones relevantes respecto a la misma a través de la Abogacía –por ejemplo, en relación a la interposición de recursos–. Por el momento, todas las encuestas apuntan hacia una clara mayoría absoluta del PP con Vox, una ultraderecha que se ha posicionado en contra de la ilegalización de la fundación.

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Según un informe del Ministerio de Cultura, son cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; documentación producida por instituciones de la administración colonial, miembros de la monarquía o el clero; o documentos sobre numerosos acontecimientos históricos y sobre visitas de jefes de Estado extranjeros –desde Eisenhower a Eva Perón–. Papeles que "son de carácter público" y que el Ministerio de Cultura ha pedido a la Abogacía del Estado que reclame.

El Gobierno va a solicitar de forma "inminente" la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones y tras poner fin al proceso administrativo, según ha anunciado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación ha presentado alegaciones que han sido rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

Habrá ampliación.

El Gobierno ha homenajeado este sábado con un acto en Madrid al Movimiento Democrático de Mujeres, la organización que defendió el feminismo y la democracia durante el franquismo y los primeros años de la transición para reivindicar derechos y libertad, según han recordado algunas de sus integrantes.

"Tenía ganas de tener derechos, de ser libre", ha comentado en el acto Marisa Castro, que perteneció al Movimiento Democrático de Mujeres de Asturias.

En un coloquio celebrado en el Círculo de Bellas Artes junto a otras cinco antiguas integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres, han explicado los motivos que les llevaron a unirse a este movimiento y el trabajo que hizo el colectivo durante el tiempo en que estuvo operativo en España, entre 1965 y 1985.

Muy emocionadas por reencontrarse, todas ellas han tomado la voz en representación del resto de compañeras en este homenaje, integrado en la programación de 'España en Libertad, 50 años', la iniciativa que conmemora el inicio de la transición al cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco.

"Nuestra singularidad fue aunar la lucha contra la dictadura y por la democracia con la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Fue un movimiento en que el feminismo y la democracia eran las dos caras de un mismo combate", ha señalado Merche Comabella, del Movimiento Democrático de Mujeres de Madrid.

Según ha comentado, la creación de este colectivo fue un proceso "sutil y difícil" que comenzó con concentraciones de mujeres a favor de la defensa de la amnistía de presos políticos y con el tiempo fue abarcando más temas, como la mejora de las condiciones de vida en los barrios, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o el divorcio.

Entre los aplausos de las asistentes, la mayoría pertenecientes al colectivo, Merche ha reconocido que tenían puntos en común con el movimiento vecinal, obrero o estudiantil, pero ha subrayado que su referente fue siempre el feminismo.

"Le debo todo al Movimiento Democrático de Mujeres porque a partir de ahí no he dejado de militar en el feminismo", ha asegurado Josefina Pérez, que formó parte de la organización en Cartagena.

Por su parte, Marisa Castro, integrante del Movimiento Democrático de Mujeres en Asturias, ha dicho que la primera motivación para formar parte de esta organización fue su madre que, según ha recordado, era anarquista y le metió el feminismo "en vena".

Las integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres han subrayado no obstante la diversidad que había en este colectivo, con mujeres católicas, militantes de izquierdas, amas de casa o universitarias.

Y han destacado la labor que hicieron en una situación de "clandestinidad" en sus primeros años, durante el franquismo, cuando organizaban acciones de reivindicación y también charlas sobre libros feministas que estaban prohibidos y que tenían que conseguir por su cuenta.

"El feminismo es un proyecto de emancipación universal", ha exclamado en el acto Tina Guillem, del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia y Salamanca, que ha abogado por incluir en el currículum escolar más feminismo porque la enseñanza, ha advertido, "no es neutral".

Las mujeres del colectivo han coincidido en la necesidad de seguir defendiendo derechos en la sociedad actual y han alzado la voz contra la guerra en Oriente Medio gritando al unísono 'No a la guerra'.

En representación del Gobierno, la comisionada de 'España en Libertad, 50 años', Carmina Gustrán, ha agradecido la labor del Movimiento Democrático de Mujeres que, según ha señalado, contribuyó a establecer la democracia en España.

"Recordar al movimiento democrático de mujeres no es solo su historia, sino también la potencia de su legado, de esas alianzas feministas que hace más de 50 años empujaron el avance de los derechos de las mujeres en condiciones enormemente difíciles", ha declarado.

En la misma línea, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha dicho que este acto pretende hacer memoria "no como un gesto hacia el pasado, sino como una herramienta para transformar el futuro".

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos del PP y Vox, la protección del obelisco de sa Feixina, construido durante el franquismo para homenajear a las víctimas del crucero Baleares, hundido con casi 800 combatientes del bando sublevado, pese a que el Gobierno había instado este mismo jueves a su demolición.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha requerido al Ayuntamiento para que elimine el monumento tras incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El monumento se construyó en 1948 con la voluntad de ensalzar a los casi 800 marineros que murieron cuando proyectiles republicanos hundieron el navío franquista la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del Cabo de Palos.

Trece meses antes de esa batalla, la mayor de la Guerra Civil, el Baleares participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como La Desbandá.

En opinión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento debe "entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista".

El requerimiento se ha dado a conocer poco antes de la votación en el pleno de Palma de la modificación del PGOU, que ha motivado al concejal del PSOE Francesc Dalmau a usar su turno de intervención para alertar al gobierno municipal de la resolución del Gobierno y pedir infructuosamente que se sacara del orden del día la votación.

Por parte del gobierno municipal, el tercer teniente de alcaldía, Óscar Fidalgo (PP), ha esgrimido argumentos legales para defender la protección al monumento construido durante la dictadura, por considerar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSIB) señaló que "no procede la demolición ni concurren los requisitos exigidos por la normativa de memoria democrática".

Además, ha asegurado que la ley de memoria estatal permite la conservación del monumento "cuando no exista exaltación activa de la dictadura" y que la Justicia avaló la resignificación llevada a cabo durante la alcaldía de la socialista Aina Calvo.

También se ha pronunciado el líder local de Vox en el consistorio, Fulgencio Coll, que ha criticado a la izquierda por vivir en "el odio del guerracivilismo" que "sembró" el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de alimentar la "manipulación histórica".

Por parte de Més per Mallorca se ha pronunciado la edil Kika Coll, que ha acusado al PP y Vox de llevar a cabo una "cruzada contra la memoria" y al gobierno municipal de tener "un espíritu democrático con muchas fisuras y brechas".

En cuanto a la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha asegurado que el monumento se construyó "para alabar" a aquellos que mataron "a personas inocentes".

Organizaciones memorialistas, formaciones políticas y administraciones celebraron este jueves la sentencia del Supremo que confirma la propiedad pública del Pazo de Meirás y pone fin a una lucha de años por la recuperación del inmueble.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña destacó la “victoria del memorialismo gallego y de la memoria histórica antifranquista”, así como de la “movilización social y ciudadana”.

“El dictamen del Supremo confirma la propiedad pública del Pazo y también las prácticas fraudulentas, ilícitas y coercitivas y de expulsión sobre la vecindad de Meirás que perpetraron el dictador Franco y los aparatos del Estado”, dice la entidad, que reprocha, no obstante, que los herederos del general fascista tengan que ser indemnizados por un “error procesal de la Abogacía del Estado” en la demanda, tal y como “ya se había advertido”. “Hay que acatarlo, guste o no”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La CRMH insta a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria “se opongan y combatan las pretensiones de los Franco”.

Para la entidad, con el dictamen del Supremo el Estado “ya no va a tener excusa ni motivo que impida proceder a la ejecución de las obras necesarias para poner la integridad del Pazo al uso y servicio público, incluyendo todas las dependencias”. “Es preciso con urgencia resignificar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria”, dice la CRMH, que reclama también la “cesión” de las Torres a la Xunta de Galicia, aunque la futura gestión recaiga en el Gobierno gallego, junto con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sada.

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que con la sentencia del Supremo la ciudadanía gallega “ganó una batalla muy importante” y confirmó que el Pazo “no era propiedad de la familia Franco, sino que es propiedad de los gallegos y de las gallegas”.

Pontón defendió la transferencia del Pazo a Galicia para su apertura al conjunto de la ciudadanía y para su “conversión en un espacio de memoria con el objetivo de no olvidar lo que pasó en este país”. “Creo que es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español y como gallega me siento tremendamente orgullosa”, dijo, tras aclarar que ni comparte ni entiende que la familia del dictador tenga que ser indemnizada.

Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Besteiro, recuerda que “tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación del Pazo fuese posible”. El líder socialista asegura que la sentencia del Supremo “es para celebrar por parte de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciera justicia y, sobre todo, por parte de las víctimas de la represión”.

También el Ayuntamiento de Sada celebró que el Pazo de Meirás “es del pueblo” y pide que se proceda al “cambio de titularidad registral —que a día de hoy todavía figura a nombre de la familia Franco— para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía”.

Además, la Diputación de A Coruña, a través de su presidente, Valentín González Formoso, valoró que el inmueble regrese “a las manos de las que no debería haber salido, las del pueblo gallego”, y mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo coincida con los informes jurídicos e históricos de la institución provincial, “que avalaron desde el primer minuto que el edificio era patrimonio público y no privado”.

También el Gobierno central celebró una “magnífica noticia”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaudió la sentencia del Supremo por “instar” a los herederos del dictador a “devolver el Pazo a lo público”.

El Gobierno mueve ficha con rapidez para cubrir el agujero que dejó al descubierto el caso de Manuel García Caparrós, el joven sindicalista malagueño asesinado por la Policía Armada durante una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Una semana después de que el Ejecutivo le denegase la condición de víctima de terrorismo de Estado, con la implicación –también económica– que eso tiene, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la Ley de Memoria Democrática para recuperar y ampliar el derecho a una indemnización para las víctimas del franquismo. La modificación impulsada de urgencia extenderá el paraguas de la reparación a la familia del sindicalista. Pero dejará fuera del mismo a otras tantas víctimas de la sangrienta Transición.

Las indemnizaciones a las víctimas del franquismo estaban contempladas en la Ley de Memoria de 2007. Concretamente, en su artículo décimo. Sin embargo, no se incluyeron expresamente en la normativa memorialista de 2022. Ahora, con la aprobación de este real decreto-ley, el Ejecutivo recupera las ayudas. Y extiende el marco temporal de las mismas. Así, si en la norma aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podían solicitarlas aquellas víctimas comprendidas entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, ahora la fecha límite se amplía un año más, hasta el 29 de diciembre de 1978, momento de la entrada en vigor de la Constitución.

La reforma aprobada incluye el derecho a indemnización "a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes" –siempre y cuando no hubieran sido ya indemnizadas y no hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas–. En concreto, se recoge una indemnización de 250.000 euros por víctima fallecida, frente a los 135.000 que contemplaba la ley de 2007. Y de 180.000 euros y 500.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, respectivamente.

La ampliación temporal de un año permitirá incluir bajo el paraguas de la reparación a todas aquellas víctimas de la Transición de las que se había olvidado la anterior normativa memorialista. Es el caso, por ejemplo, de Gustau Muñoz, joven muerto por disparos de la Policía durante la Diada de 1978. Sin embargo, deja fuera a otras tantas víctimas de ese periodo. Según los datos recopilados por Mariano Sánchez Soler en La Transición sangrienta, solo entre 1979 y 1983 se registraron 61 muertos y 316 heridos como consecuencia de la "violencia institucional": ataques procedentes de grupos de extrema derecha, guerra sucia contraterrorista, represión en la calle por parte de las Fuerzas de Orden Público o malos tratos y torturas bajo custodia policial.

Fuera quedan ahora, por ejemplo, José Luis Montañés y Emilio Martínez Menéndez, dos jóvenes que murieron por disparos de la Policía el 13 de diciembre de 1979 y a los que la Universidad Complutense e infoLibre rindieron homenaje hace solo tres meses. Aquella tarde, el movimiento estudiantil protestaba contra la Ley de Autonomía Universitaria, que muchos percibían como un retroceso en derechos. La manifestación estaba legalmente convocada. Y transcurría con normalidad. Hasta que, en un momento dado, una ráfaga de disparos salió de un jeep policial. La versión oficial habló de tiros "al aire". Sin embargo, ambos fueron alcanzados a decenas de metros del furgón, lo que pone en cuestión lo de los disparos de disuasión.

"Los asesinatos producidos con posterioridad a la aprobación de la Constitución reflejan que la represión no desapareció de forma automática con la llegada formal de la democracia. En aquellos años persistió una estructura con prácticas, inercias y culturas políticas heredadas del franquismo que afectaron a estudiantes, militantes políticos y sindicales y personas trabajadoras que reclamaban democracia, justicia y derechos", apunta en conversación con este diario Cristina Mateos, codirectora de la revista Historia y comunicación social.

Coincide con ella Mauricio Gallego, abogado que acompaña a las familias: "Existe un trato desigual y discriminatorio de las víctimas. El 78 no supuso ninguna depuración de los cuerpos represivos del franquismo, la violencia parapolicial y policial continuó causando víctimas en los años siguientes a esa fecha y reclamamos su reconocimiento porque no hay ninguna justificación para no hacerlo".

La profesora de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid sostiene que el Estado y el Gobierno "deben asumir la responsabilidad de garantizar verdad, justicia y reparación" a unas familias que han sufrido "casi cincuenta años" de "silencio y violencia institucional", "excluidas" por el "relato oficial de la historia de la Transición". "No podemos aspirar a ser ejemplo de democracia desde la universidad y desde el sistema educativo si el marco normativo sigue dejando fuera a determinadas víctimas", afirma Mateos.

La profesora, impulsora del homenaje a Montañés y Menéndez en el centro universitario, reconocen que tenían puesta una "gran confianza" en el real decreto-ley. Ahora, espera que la comisión técnica sobre las supuestas violaciones de derechos humanos hasta 1983 permita revisar los criterios para avanzar "hacia una solución más inclusiva y justa con estas familias" y que el Gobierno "aún esté a tiempo de rectificar".

Tampoco entran dentro del nuevo marco temporal fijado por el Ejecutivo para las indemnizaciones los casos de Ursino Gallego, un muchacho de solo catorce años que murió por el impacto de una bola de goma cuando asistía a una manifestación contra la escasez de agua en la localidad madrileña de Parla el 4 de marzo de 1979; o Gladys de Estal, que falleció un mes más tarde por un disparo de la Guardia Civil cuando participaba en una sentada organizada tras una primera carga de las Fuerzas de Seguridad durante el trascurso de la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear en Tudela (Navarra).

El caso de la militante ecologista llegó a los tribunales, donde solo se condenó al guardia civil a año y medio de cárcel. La sentencia habló de "acción de omisión negligente no maliciosa", resaltando que el "arma se disparó" tras un movimiento brusco de la joven cuando estaba siendo empujada y golpeada con el subfusil, una versión que nadie ratificó. Se intentó que se aceptara la tesis del dolo y alevosía, pero el Alto Tribunal la rechazó: "Estos supuestos no permiten imputar la conducta del recurrente a título de dolo, tanto directo como eventual, y mucho menos engendran los elementos que la alevosía requiere para su apreciación". A pesar de estos hechos, el guardia civil fue posteriormente condecorado.

Pocas semanas después de la muerte de Estal, se registraba una huelga legal en el Mercado Central de Valencia, en la que perdió la vida por el impacto de una bala de goma a corta distancia Valentín González, un afiliado a la CNT. Por disparos de la Guardia Civil también murió el transportista Valeriano Martínez cuando participaba en un piquete. Y en marzo de 1981, la joven María Asensio Morales cuando protestaba en una manifestación en Almería contra la intención de una empresa de extraer agua de los pozos de la zona para regar unas fincas cercanas, lo que afectaba directamente a los agricultores locales.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El Gobierno ha decidido desclasificar los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23F, 45 años después del asalto de Antonio Tejero. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes el Consejo de Ministros adoptará esa iniciativa "saldando así una deuda histórica con la ciudadanía". Se trata de una demanda que viene de lejos de formaciones como el PNV y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había aplazado de manera recurrente pero que estaba obligado a cumplir tras la ley aprobada en julio del año pasado para eliminar el secreto de los documentos del franquismo y de la Transición.

Sin embargo, para el Partido Popular y Vox se trata de una "cortina de humo", un argumento que utilizan recurrentemente desde las derechas para definir los asuntos que consideran que no le son favorables. "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos para el colapso total", señalaba a primera hora de este lunes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Al mismo argumento recurrió el número dos de Vox, Ignacio Garriga, que añadió que es una forma de tratar de encubrir la agresión sexual del exdirector adjunto (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. Para el ultraderechista es una "auténtica tomadura de pelo" que el Gobierno decida desclasificar estos documentos con los Sánchez, según sus palabras, quiere protagonizar una "huida hacia adelante". Así, garantizó que Vox no va a contribuir a esos "fuegos de artificio".

La derecha sigue así el mismo manual de los últimos meses. En el PP y Vox han tachado de "cortina de humo" prácticamente cualquier asunto que el Gobierno o sus socios parlamentarios han tratado de situar en la agenda a través de declaraciones públicas, iniciativas legislativas o propuestas, entre ellas el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, el aborto, la reducción de la jornada laboral o la ampliación de permisos. Con esta iniciativa, el presidente del Gobierno cree que se puede "construir un futuro más libre".

También lo ha criticado la vicesecretaria de Acción Institucional del PP, Cuca Gamarra. "En lo que a nosotros respecta no creemos que vayamos a descubrir nada más", señaló en rueda de prensa desde Génova 13. "Lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y el pasado más cercano", prosiguió, en referencia a lo ocurrido "en los últimos ocho años" del mandato de Sánchez. "Esas son las informaciones que nos interesan", prosiguió.

Para Gamarra, ya tenemos suficiente con la producción audiovisual que hay sobre el 23F y en lo que hay que poner el foco ahora es en "las conversaciones" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en El Pardo "con personas que están siendo investigadas en procedimientos mercantiles", en "el apagón" de abril del pasado año o en "los escándalos" del mandato de Sánchez. "Creo que es gracioso que nos dicen hoy que vamos a poder saber lo que pasó 45 años, hemos visto películas y series etc., pero igual dentro de 45 años nos entrenamos de lo que ocurrió con el apagón [...] o de todos los escándalos que estamos viviendo".

El Ministerio de Cultura ha dado un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, informa EFE.

Todavía la fundación dispondrá de un plazo de diez días para presentar nuevas alegaciones, y después habrá que esperar un informe de la Abogacía General del Estado antes de que Cultura solicite a la justicia definitivamente la disolución de la entidad, que preside el general Juan Chicharro.

La propia fundación ha emitido un comunicado este miércoles en el cual revela que el pasado 16 de febrero recibió notificación de la inadmisión de un recurso de alzada contra la negativa a una práctica de prueba testifical y que solo 24 horas después ha recibido la resolución firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que propone su extinción, una rapidez que le resulta sorprendente.

En este documento, de 58 folios, se recoge el análisis que en su día hizo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la página web de la FNFF, con "componentes de exaltación del franquismo, resaltando los logros del régimen", y se constata que el acceso a los fondos de su archivo histórico está limitado y sujeto a autorización previa, y organizado con un enfoque "unilateral".

También incluye la resolución los elementos de su actividad que según Cultura prueban las prácticas de apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura y sus dirigentes, así como el "menosprecio" a las víctimas -otro motivo para la extinción- a través de textos bajo un "prisma negacionista" de la represión franquista.

Tampoco admite que sus actividades únicamente persigan el interés general, como sostenía en las alegaciones, porque su propósito de difusión de la "vida, pensamiento, legado y obra" de Francisco Franco "no puede considerarse de interés general" según la normativa de fundaciones y además de un modo "incompatible" con la legalidad.

En suma, Cultura entiende que le corresponde proponer la extinción y le concede diez días hábiles para presentar nuevas alegaciones, mientras la fundación asegura que está estudiando el contenido de la propuesta y los pasos a dar para defender sus "derechos".

Los trámites para reclamar la extinción de la FNFF se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este largo procedimiento.

El PP ha apoyado este martes por segunda vez a Vox en el Parlament balear —la primera fue en octubre del año pasado— para derogar la Ley de Memoria Democrática, uno de los objetivos políticos del partido de Santiago Abascal, que lo reclamó a cambio de su voto favorable a los presupuestos de 2025.

Los votos de ambas formaciones han servido para rechazar las enmiendas a la totalidad defendidas por los partidos de izquierda (PSIB, Més e IU) contra la proposición de ley de Vox para derogar la norma autonómica de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En octubre pasado, el PP de Marga Prohens, que gobierna la comunidad autónoma con Vox como socio político puntual, respaldó la toma en consideración de la derogación de esta norma, aprobada en 2018 cuando tenían mayoría los partidos de izquierda y que contó con el apoyo parcial de los populares.

Vox, que condicionó su apoyo a los presupuestos de 2025 a la eliminación de la Ley de Memoria, no respaldó sin embargo el proyecto presupuestario del Govern de Prohens para 2026, pero el PP necesita sus votos para sacar adelante sus iniciativas políticas más relevantes hasta final de legislatura, como la ley agraria.

Por orden de intervención en el debate de este martes, el diputado socialista Omar Lamin, que ha leído una lista de 50 asesinados y desaparecidos en el franquismo, ha advertido de que el PP está derogando "su propia ley", porque en su día contribuyó a su aprobación. "Ahora nos abocan a esta situación, diciendo a las víctimas del fascismo y a sus familiares que su dolor y sus asesinatos ya no importan”, ha criticado Lamin, para quien "Prohens solo cumple sus compromisos con la extrema derecha".

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha recordado que esta ley se aprobó con el consenso de todos los partidos (Vox no tenía representación parlamentaria) para "unir, no para dividir", en favor de las miles de personas represaliadas que fueron "condenadas al olvido: una democracia madura no puede nacer sobre el silencio de las víctimas", ha sentenciado.

En el turno de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha defendido que los "torturados" de uno y otro bando merecen el mismo reconocimiento público, lo que no prevén "sus leyes de memoria", que son "leyes revanchistas", ha calificado. "Ustedes pretenden ganar el relato de una guerra que perdieron, porque ustedes se sienten los herederos del bando perdedor de la guerra civil, yo no defiendo al bando ganador", ha sostenido Rodríguez, quien considera muy importante derogar una ley "heredera del sanchismo y del zapaterismo", cuyo único propósito es "enfrentar a los españoles".

La diputada del PP Salomé Cabrera ha defendido a "todas las víctimas" y la reconcilición, evitando las divisiones en la sociedad, y que la memoria no sea un "arma política para manipular, imponer y utilizar a los muertos" con intención de dividir. Cabrera ha rechazado el "relato de parte" que plantea la izquierda y ha propuesto una memoria en favor de un reconciliación nacional "efectiva", al tiempo que ha propuesto los valores democráticos de la "generosa" transición política española tras la muerte de Franco.

A las puertas del Parlament, la Plataforma per la Memòria Democràtica ha vuelto a manifestarse y a reprochar al PP que esté “jugando a las cartas” con los derechos humanos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha acordado la suspensión las declaraciones en calidad de investigados previstas para este febrero de un agente de la extinta Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, y del exministro Rodolfo Martín Villa, en relación con la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Téofilo del Valle, en 1976, según informa EFE.

Así lo ha establecido el juez de Elda en una providencia firmada el 27 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, sobre las declaraciones inicialmente previstas para el 4 de febrero.

En dicha providencia, contra la que cabe recurso en tres días, se señala que se suspenden las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha señalado en un comunicado que aunque las declaraciones estaban previstas por la jueza Yolanda Julia Candela Quesada, la reciente incorporación al juzgado del juez Francisco José Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones.

Para el colectivo, la providencia es contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene. De esta forma, entienden que en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas.

CEAQUA ha interpelado tanto al tribunal de Instancia de Elda para que anule la providencia y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca como a la Audiencia Provincial para que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa y al Gobierno y grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad. Primera víctima mortal de la Transición.

El asesinato de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.

En noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite la querella interpuesta por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio del Valle, tanto contra el policía que en 1976 presuntamente le asesinó a tiros, el referido Daniel Aroca del Rey, como contra los mandos que le dieron cobertura de la extinta Policía Armada y los responsables políticos, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa.

La magistrada Carmen López Moure, titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol, ha emitido este miércoles las resoluciones por las que se anulan, por primera vez en Galicia, sendas condenas que datan del régimen franquista, como solicitaron semanas atrás familias de víctimas de la dictadura.

La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática ha celebrado la finalización de estos procesos, tramitados por la fiscala de Memoria Democrática y Derechos Humanos María Encarnación Mayán.

La primera demanda partió de Carmen Mendiguchía, nieta de Miguel Mendiguchía, capitán de Infantería de Marina retirado y vinculado a Izquierda Republicana, que fue "condenado, por no secundar el golpe militar, a prisión perpetua en agosto de 1936 y asesinado por la fuerza pública días después" en el barrio ferrolano de Canido.

Mientras, la segunda fue cursada por los hermanos José y Francisco Varela por la condena a su padre, José Varela, en 1942 "por recibir un discurso impreso del socialista Indalecio Prieto", hecho por el que permaneció "dos años preso en el castillo de San Felipe y perdió su empleo de funcionario de Telégrafos".

Memoria Histórica Democrática ha subrayado que, una vez "acreditados los hechos y declarada la nulidad de las condenas", se incluirá el fallo judicial en los archivos procedentes, además de sumarse ambos casos al Censo Estatal de Víctimas de la Represión.

La entidad ha mostrado su satisfacción por estas "resoluciones de anulación de condenas de la dictadura, pioneras en Galicia", y ha trasladado su agradecimiento a los familiares, a la propia jueza y a la Fiscalía encargada del proceso, además de al abogado Jesús Porta, que colaboró en el mismo.

En cuestión de guerras civiles –llámese o no así la última, en la que participaron países extranjeros–, España tiene la fatal singularidad de haber soportado cuatro en un siglo, por lo que la viñeta de El Roto y la utilización del verbo repetir tendría su sentido histórico. Un país al que no le basta con haber probado una vez esta tragedia debería ser el más indicado para bastarle con cuatro. 

Pero no, más bien se podría pensar, dada la resistencia al encauzamiento definitivo por los valores democráticos que muestra una derecha empeñada en calificar como ilegítimos a los gobiernos que no le pertenecen, que hay en esa derecha una arraigada tendencia por ese pasado guerracivilista. A lo largo de este último periodo democrático, en dos ocasiones al menos lo hemos podido comprobar. La primera, al modo decimonónico, con un intento de golpe militar en el que alguna vez sabremos el papel jugado por el anterior Jefe del Estado. La segunda, el pasado día 20, con lo que el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín llamó "un lawfare de libro". 

Entre un episodio y otro, sucesivos gobiernos del Partido Socialista han intentado recuperar medrosamente la que en principio se calificó de Memoria Histórica y más tarde Memoria Democrática. Sin esa memoria mal estudiada y no recuperada, a la que se ha opuesto la derecha y extrema derecha patrias, se da la circunstancia de que entre la ciudadanía más joven hay un porcentaje estimable que considera la dictadura como un "periodo de placidez", según dijera uno de los representantes de esa derecha. 

Cabe preguntarse, caso de que un gobierno de derecha y extrema derecha fuera posible en la nación, por el tipo de memoria que prevalecería en este caso y sólo se me ocurren dos posibilidades: negar la existencia a la Memoria Histórica o Democrática, tal como hizo M. Rajoy durante sus años como presidente del Gobierno, o imponer –como le gustaría a la extrema derecha– la única existente en este país durante el viejo régimen y algunos historiadores revisionistas maquillaron. 

Está claro que sin memoria no hay vida. ¿Puede un país democrático vivir sin memoria democrática?

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Félix Población es periodista y escritor. Su último libro es 'La risa de vivir y otros cuentos sin cuento’ (Ed. Círculo Rojo, 2021).

En mi pueblo hay un antiguo lavadero que conserva aún el símbolo de la Falange. Y bajo el yugo y las flechas puede leerse un emblema: “El trabajo dignifica a la mujer”. Hace poco se cambió el nombre de la calle principal, pero en la nueva placa sigue apareciendo –entre paréntesis– el viejo nombre: (Antigua Avenida del Generalísimo). Tal vez por si alguna vecina se despista en este pueblo diminuto.

Me repugna verlo. La Ley de Memoria Democrática prohíbe la exhibición de símbolos asociados a la dictadura, pero el alcalde de mi pueblo vive ajeno al cumplimiento de la legalidad democrática, sin que ello le genere consecuencias. A la mayoría de vecinas y vecinos, estas inscripciones les parecerán parte del “paisaje urbano” de siempre. Han pasado 50 años desde la muerte de Franco y aún resulta difícil retirar los símbolos franquistas para cumplir una ley democrática.

¿Cómo no iba a resultar complicado, en un país que no ha juzgado ni uno solo de los crímenes del franquismo? Crímenes cometidos por una dictadura sanguinaria que se impuso tras un alzamiento militar, en el que fueron asesinadas 150.000 personas y otras tantas desaparecidas; medio millón tuvieron que huir al exilio, 42.000 fueron fusiladas, y hubo más de 300.000 presas y presos políticos.

En los últimos años, las víctimas de la tortura franquista han interpuesto más de cien querellas por torturas perpetradas por la policía franquista. Pero esas querellas son sistemáticamente inadmitidas por los tribunales. Por eso, en 2010, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), interpuso una querella ante la justicia argentina para que investigara los crímenes cometidos por la dictadura franquista, amparándose en la legislación internacional de Naciones Unidas sobre Justicia Universal. La misma que permitió en España juzgar al dictador chileno Pinochet, al oficial argentino Adolfo Scilingo –partícipe de los “vuelos de la muerte”– o al genocida guatemalteco Ríos Montt.

La justicia española se ha negado hasta la fecha a investigar ni una sola desaparición, asesinato o tortura durante la dictadura de Franco, amparándose en la Ley de Amnistía de 1977. Los jueces interpretan esa ley como les parece, en contra del derecho internacional que prohíbe la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Lo hacen pese a que la Constitución les obliga a aplicar el derecho internacional. Prefieren practicar un nacionalismo jurídico casposo: nadie de fuera va a decirles lo que tienen que hacer en su juzgado.

Esgrimen también el principio de legalidad: los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en el Código Penal cuando se cometieron. Aunque el Tribunal Supremo resolvió ese escollo en el caso de Adolfo Scilingo: no podían condenarlo por el “delito de lesa humanidad” –delito que no estaba tipificado cuando se cometieron los crímenes en los años 70– pero sí afirmar que aquellos asesinatos y torturas formaron parte de un ataque sistemático contra la población, lo que agrava y contextualiza los hechos enjuiciados.

No juzgar los crímenes del franquismo es, por tanto, una cuestión de voluntad. Las leyes existen y, cuando los jueces quieren, encuentran la forma de aplicarlas para hacer justicia. Pero también es cuestión de voluntad política: ningún gobierno ha puesto empeño en dotar de recursos la recuperación de la memoria ni la reparación de las víctimas.

Los jueces españoles colaboraron con la dictadura y contribuyeron a sostener el régimen de Franco. Condenaron a “rojos”, comunistas, estudiantes, sindicalistas, maestras, anarquistas u homosexuales. Y el sistema de acceso a la carrera judicial –una oposición memorística con preparadores privados– ha facilitado que las mismas familias franquistas permanezcan en la judicatura. No en todos los casos, pero sí en los suficientes para mantener un estamento muy conservador: jueces que guardan obediencia al preparador que les abrió las puertas, y que viven rodeados de una atmósfera de conservadurismo y preservación de determinados intereses.

Solo así se explica lo vivido estos días: la condena a un fiscal general inocente, en un ejercicio de abuso de poder por parte del Tribunal Supremo propio de otras latitudes. Un golpe blando al Estado. Lo han hecho, entre otras razones, para salvar a la presidenta de Madrid, de querencia falangista, de los pufos de su novio. Para salvar a los corruptos que garantizan el statu quo de los poderosos. Y para atacar al Gobierno de coalición, que la derecha jamás aceptó porque no es de los suyos. La derecha cree que el poder del Estado le pertenece y hará lo que sea para recuperarlo. Si para eso hay que condenar sin pruebas, o incluso con las pruebas en contra, pues se condena: todo vale. Al fin y al cabo, llevan casi un siglo de impunidad.

La excepcionalidad española no es la siesta; ni el gazpacho, ni el sol mediterráneo. Es ser el país del mundo con más desaparecidos en cunetas y fosas comunes sin investigar. Es que sus asesinos hayan muerto en la cama y sin juzgar. Es que el Rey emérito, que facilitó que todo quedara “atado y bien atado”, viva fugado en Abu Dabi con una fortuna opaca y con derecho a volver cuando le plazca. Y es tener una justicia que mira hacia otro lado con las víctimas de siempre, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando toca proteger a los suyos.

Esa es la auténtica anomalía española: un país que presume de democracia, pero que sigue sin querer saber nada de los crímenes que laten bajo su superficie. Mientras no se juzguen y tengamos un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación, la sombra del franquismo seguirá planeando sobre nuestros gobiernos democráticos.

Cánticos como "Pedro Sánchez, tiro en la nuca", "Arriba España" o el repetido Cara al Sol volvieron a resonar en el centro de Madrid el pasado viernes. Bajo una autorización judicial, Falange realizó una manifestación contra "el genocidio del 78" que pasó por las sedes de Génova y Ferraz y exhibió en el centro de la capital brazos en alto y simbología franquista. La marcha, en un principio, no había sido autorizada por la Delegación del Gobierno, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acabó permitiéndola tras un recurso presentado por los organizadores.

La Delegación del Gobierno consideraba que existía un riesgo elevado de incidentes. Algo que apoyaba en informes policiales que alertaban del clima especialmente tenso generado por el 50º aniversario de la muerte de Franco, la resignificación de Cuelgamuros y la reciente actividad de grupos ultras en la calle Ferraz. La Administración advertía también de la posibilidad de que se vulnerara la ley de memoria democrática.

Sin embargo, el TSJM cuestionó en su sentencia la solidez de los informes policiales —calificando de "llamativa" la introducción de un segundo documento sobre el nivel de riesgo— y reprochó a la Delegación que basara su decisión en hipótesis futuribles y no en datos objetivos. El tribunal subrayó que el derecho de reunión no puede restringirse en función de previsiones preventivas sobre comportamientos que, de producirse, deben ser perseguidos a posteriori.

Los precedentes judiciales muestran que este choque no es nuevo. En 2004, la Delegación del Gobierno en Madrid prohibió un homenaje falangista a Matías Montero por considerar que reabría "viejas heridas", pero el Tribunal Superior de Justicia anuló el veto al entender que se estaba censurando el contenido político de la convocatoria sin base legal. Algo similar ocurrió en 2007, cuando la Delegación trató de impedir una concentración de La Falange por el 20N y el TSJM volvió a permitirla al constatar que la Administración no acreditó un riesgo real de altercados, sino únicamente temores genéricos.

Incluso fuera de Madrid se han producido decisiones similares. En Alicante, en 2022, la Subdelegación prohibió un acto de Falange frente al cementerio donde estuvo enterrado José Antonio Primo de Rivera, alegando posibles tensiones con los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló la decisión y calificó la motivación oficial como "conjetural", afirmando que el derecho de reunión debía prevalecer salvo peligro claro y demostrado.

A nivel jurídico, el derecho de reunión es uno de los derechos fundamentales más protegidos por la Constitución española. Cualquier limitación debe justificarse con criterios muy estrictos y solo puede prohibirse una manifestación cuando exista un riesgo cierto, grave y acreditado para el orden público. Para el abogado Eduardo Ranz, especializado en memoria democrática, esa exigencia convierte la prohibición de una movilización en una decisión especialmente delicada, ya que implica un juicio de valor muy preciso sobre el nivel real de riesgo y, por tanto, una carga probatoria que la Administración no siempre consigue sostener ante los tribunales. "El juicio consiste en valorar el riesgo, y eso es lo que habría que desarrollar jurídicamente", señala, subrayando que España carece de una jurisprudencia sólida que delimite cuándo puede impedirse una manifestación por su posible contenido de exaltación franquista.

Ranz considera que podría resolverse mediante dos vías: más resoluciones judiciales que clarifiquen el margen de actuación de la Administración y, en paralelo, un reglamento que establezca criterios concretos para limitar convocatorias de este tipo. Sin ese marco, las Delegaciones del Gobierno siguen basándose en informes policiales que los tribunales pueden interpretar como insuficientes.

El abogado recuerda cuando en 2016 la Audiencia Nacional no prohibió los actos de bienvenida a Arnaldo Otegi tras su salida de prisión. La respuesta institucional consistió en reforzar la seguridad en lugar de impedir la convocatoria. Para Ranz, ese ejemplo demuestra que, ante manifestaciones con posible contenido delictivo, es importante reforzar la vigilancia y, si es necesario, abrir acciones penales posteriores contra organizadores y asistentes. "La Secretaría de Estado de Memoria debería anunciar acciones legales inmediatas por respeto a la legalidad y a las víctimas del franquismo", apunta.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, subraya que el origen del problema no está en los jueces, sino en la propia ley de memoria democrática. Su artículo 38 no prohíbe las manifestaciones de exaltación del franquismo, solo las considera sancionables a posteriori siempre que la Administración decida actuar. "Los legisladores no quisieron ilegalizar estos actos y la ley dejó un hueco. Las manifestaciones son molestas, pero no ilegales", señala Silva.

La Administración tampoco puede intervenir en su celebración porque carece de un mecanismo legal que lo permita. "Si la apología del franquismo fuera un delito, la Policía tendría que intervenir en el acto, pero no está recogido en el Código Penal. Por ello, estas manifestaciones seguirán ocurriendo mientras esa laguna siga abierta", detalla Silva.

Además, desde la ARMH denuncian que el régimen sancionador a posteriori apenas se está aplicando. En tres años de vigencia de la ley solo se ha impuesto una multa de 10.000 euros a Falange, a raíz de una denuncia presentada por la propia asociación. "El resto de actos similares ni siquiera han llegado al Ministerio Fiscal", lamenta Silva.

La celebración de marchas franquistas en espacios públicos tan simbólicos como el centro de Madrid tiene efectos que van más allá de la protesta puntual. Expertos en radicalismo señalan que estos actos contribuyen a normalizar la presencia pública de ideologías abiertamente antidemocráticas, dándoles una visibilidad que antes no tenían. La doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant, 2025), Anna López, explica a infoLibre que "su presencia en espacios céntricos transmite la idea de que su discurso es uno más dentro del espacio público", lo que desplaza los límites de lo aceptable en el debate democrático.

López destaca que estas convocatorias funcionan también como espacios de cohesión interna para estas organizaciones. "Son rituales identitarios que les permiten demostrar fuerza y enviar un mensaje político de ocupación del espacio", señala, recordando que incluso actos con poca asistencia, si se celebran en lugares emblemáticos, multiplican su impacto mediático. Además, López advierte que ese despliegue simbólico puede generar "sensación de alarma o vulnerabilidad", entre colectivos históricamente hostigados por estos grupos, especialmente cuando no se producen sanciones ni respuestas institucionales visibles.

Además del valor simbólico, el efecto político se amplifica cuando estas marchas acaban autorizadas por los tribunales tras haber sido prohibidas por el Gobierno. Para la politóloga, ese desenlace refuerza la narrativa de persecución que la extrema derecha intenta proyectar. "Les permite presentarse como movimientos castigados por el poder político y, al mismo tiempo, presumir de que la Justicia avala su derecho a manifestarse", explica. Esa combinación de victimismo y validación institucional actúa como un refuerzo político que permite alimentar su relato de resistencia y convierte cada autorización judicial en un triunfo simbólico.

Emilio Silva es uno de los españoles que impulsó la primera exhumación científica de un republicano asesinado durante la Guerra Civil. A partir de ahí se convirtió en uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Para mi familia la exhumación de los restos de mi abuelo fue trascendental. Entonces, en el año 2000 vivían los seis hijos de mi abuelo. Le había matado un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936, y mientras le enterraban, enterraban la infancia de mis padres, sus hermanos y en parte la vida de mi abuela”. Para este sociólogo, abrir una fosa es como abrir una boca que comienza a contar secretos y comienza una conversación con familiares, vecinos o antropólogos. “Tiene que ver con expresar las emociones, expresar es dejar de estar presos. No dejas de tener dolor, pero no es lo mismo estar preso del dolor que estar en libertad en el dolor”.

“Desde hace un tiempo hay encuestas donde estamos viendo un porcentaje de población que mira con nostalgia la dictadura. Y hay un porcentaje de jóvenes, en torno al 20-25%, que está pensando que quizá una dictadura podría ser una solución a los problemas del presente. Es la consecuencia de la ignorancia que en este país se ha sembrado. No se ha enseñado lo que supuso la dictadura durante 40 años, las violaciones de derechos humanos. La mayoría de los libros de texto hacían una pincelada de franquismo y ya se metían en la transición. El problema tiene que ver con la deshumanización de la educación, que ha ido arrinconando a las humanidades. Y bueno, esto es un proyecto político. Hay alguien que se beneficia con la ignorancia y alguien que es perjudicado por ella. Lo que tiene que hacer el Estado es poner en la educación todas las herramientas para que cualquier ciudadano tenga una cultura de los derechos humanos y luego encima de ella ponga la ideología que le parezca, pero sin abandonar ese marco”.

 “Esta derecha franquista o sociológicamente franquista en la Transición decidió inhibirse y dejar de mostrar su identidad a cambio de construir la impunidad para sus crímenes, quedarse con todo lo que habían robado. De alguna manera desaparecieron o desapareció ese discurso en la vida pública. Y creo que fue por su interés. Su desinhibición actual también tiene que ver con sus intereses y con algunos acontecimientos. Como el traslado del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, porque esta derecha o esta extrema derecha tienen una cultura muy religiosa y ese cuerpo era como una reliquia. Y no olvidemos que por las reliquias se han hecho cruzadas en la historia de la humanidad. Y luego está el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que también supuso una especie de excitación por la posibilidad de que pudiera terminar con la unidad de España”. 

“Los jóvenes son los que están más lejos de la dictadura. Los mayores la conocieron, yo la conocí. Tenía diez años cuando murió Franco y vivía en Pamplona. Cuando iba al colegio, lo primero que hacía el profesor cuando llegaba a clase, después de ponerme de pie para recibirle como si estuviéramos en un cuartel, era atarme la mano izquierda a una silla para obligarme a escribir con la derecha. La gente mayor ha experimentado lo que es la dictadura. Es más fácil hacer llover esta nostalgia sobre gente que ignora ese pasado y realmente no sabe lo que supuso. No me gusta señalar a los jóvenes. Son un producto de nuestra sociedad y si hay quien piensa que tiene que haber otro Franco en España, tenemos parte de la responsabilidad". 

“Es habitual que líderes de la derecha hagan declaraciones contra la memoria. En redes sociales nos llaman subcampeones porque perdimos la guerra civil. El problema es que hay una derecha que, cuando no puede defender explícitamente la dictadura, necesita crear otro tipo de argumentos para no validar a quienes estamos, por ejemplo, exhumando a los desaparecidos de la dictadura. Cuando la derecha no puede decir que con Franco la vida era buena, tiene que buscar argumentos para ir contra eso. Decirle a una persona que tiene un familiar desaparecido en una cuneta que, por el hecho de exhumarlo, identificarlo y enterrarlo en un panteón familiar, en el lugar que considere digno, está abriendo heridas evidentemente es una enorme mentira, porque lo que está haciendo es cerrarlas. A esos políticos que dicen que ahora vivimos en un régimen dictatorial habría que ponerles unas gafas virtuales para que vieran lo que ocurría a quien hablaba en contra del régimen en los años cincuenta o sesenta”. 

“A mí me dicen: “¿Por qué te preocupas de esto si ocurrió hace más de 80 años y tú no habías nacido?" Y tengo que explicar que soy nieto de un desaparecido e hijo del trauma que produjo esa desaparición. Mi padre con diez años tuvo que dejar el colegio porque asesinaron al suyo. Les quitaron todo lo que tenían. Y mi padre tuvo que salir a trabajar con esa edad. Yo me he educado con esa persona. Cuando hablo de esa memoria estoy hablando de mis emociones y de mí mismo. No estoy hablando de algo que ocurrió hace 80 años, no estoy viajando a la lejanía, estoy hablando de algo que siento ahora y que forma parte de mi identidad”.  

“Es una decisión política que no se haya estudiado durante muchos años lo que fue la dictadura en los centros de enseñanza. Tiene que ver con los acuerdos de la Transición. Las élites acordaron en el Parlamento esconder a las víctimas y a los verdugos. Porque si había víctimas la sociedad se tenía que preguntar quién las convirtió en víctimas. Y en esa decisión también se escondió la historia en los libros de texto. Hace seis años se anunció que por fin los libros de texto iban a llamar golpe de Estado a lo que ocurrió el 18 de julio de 1936. Cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación se hablaba de la dictadura franquista en el currículo escolar. Ella lo transformó en "la época de Franco" para que fuera más aséptico. A pesar de los cambios, estos contenidos siempre van al final del curso para que sepamos más de los Reyes Católicos que del presidente Manuel Azaña. El Estado tiene que poner esos contenidos en un lugar muy importante. Para saber de qué es capaz el fascismo, de qué puede ser capaz la extrema derecha, no necesitamos imaginar, necesitamos memoria e historia. Y eso puede estar en un aula”.

 “He visto el mapa de las 6.000 fosas. Yo soy un poco crítico. Creo que la palabra fosa invisibiliza de alguna manera. Es como un objeto y esconde los sujetos que tiene dentro. Yo lo habría llamado de otra manera. Habría hablado del país de los 124.226 desaparecidos. Todo lo que sea informar y sacar a la luz estos crímenes y hacer accesible esa información a cualquier persona, a cualquier familiar que está buscando, me parece interesante, después de tantos años de silencio. Está lloviendo sobre un desierto de la memoria. Durante los primeros 25 años de nuestra democracia en el Parlamento nadie mencionó jamás a los desaparecidos de la dictadura franquista. Se estudió a los españoles desaparecidos en las dictaduras de Chile y Argentina. Se hicieron procesos como el que consiguió detener a Pinochet, pero jamás se ha sentado en un banquillo un responsable de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Hay impunidad judicial, social, pero también informativa. Todo lo que rompa esa impunidad informativa, como ese mapa que saca a la luz la información de cientos de lugares donde los fascistas del golpe de Estado de 1936 cometieron crímenes me parece muy importante. Cuanta más información haya y más fácil sea su acceso, mejor”.

“Yo le pediría al Gobierno que creara un organismo que escuchara y atendiera a las familias ya que no existe todavía. Nosotros somos una asociación que hace exhumaciones, no tenemos ninguna financiación pública. A veces encontramos a esos desaparecidos, a veces no. Pero en ese proceso hay un acompañamiento que es fundamental. Mi abuela paterna murió en 1997, tres años antes de que yo localizarse la fosa de mi abuelo, fuera exhumado y se convirtiera en la primera víctima identificada genéticamente en España. Desde el año 2003 sus restos descansan con los de mi abuela, pero fue terrible para ella haber visto como se acercaba la muerte y pensar que los restos de su ser querido se iban a quedar con un tratamiento tan inhumano. La primera prioridad sería abrir esa institución que cuide y atienda a las familias. Y la otra más importante es la educación. Siempre he pensado que el mejor homenaje para personas como mi abuelo, que construyeron el primer periodo democrático de la historia de España, no está en un pedestal, está en un párrafo de un libro de texto. Y lo ideal sería que el gobierno derogase la ley de Amnistía del 1977 porque hablamos de crímenes que no prescriben”.

“Ningún país resuelve su pasado oscuro con alegría o facilidad. Muchas veces se habla de Alemania como ejemplo, pero después de los juicios de Nuremberg, que fueron impuestos por el ejército vencedor en la Segunda Guerra Mundial, estuvo muchos años sin hacer políticas de memoria. Con el movimiento estudiantil de mayo del 68 una generación en Alemania se gira hacia sus padres y les pregunta qué hicieron cuando ocurrió el Holocausto. Luego, en los 70, la serie de televisión del mismo nombre marcó una presión política brutal porque humanizó ante todo el mundo la tragedia y las vidas de personas que acabaron en los campos de concentración. Ahí es donde Alemania empieza realmente a hacer algunas políticas de memoria”. 

“Argentina es el país que quizá ha llegado más lejos. Ha condenado a más de 1.500 militares, religiosos y civiles por su dictadura. Ha hecho decenas de juicios. Hizo en 1985 un proceso a los responsables de las Juntas militares que sería impensable en España. Y tiene, por ejemplo, un centro de la memoria en el centro de Buenos Aires. Hicieron una cosa muy interesante: lo llenaron de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que un gobierno de derechas no tuviera la tentación de desmontarlo. Que tuviera que hacer la pelea de sacar de ahí a las Abuelas de Plaza de Mayo, a la UNESCO, a los hijos de los desaparecidos o al equipo argentino de Antropología Forense. Ni siquiera el presidente de la motosierra por ahora ha ido a la ESMA a sacarlos de ahí. Está falseando un poco la historia de los años 70, puede ser el primer paso, pero Milei no se atrevió a entrar en la Escuela de Mecánica de la Armada y expulsar a los movimientos de derechos humanos. Argentina, el 24 de marzo, que es el equivalente a nuestro 18 de julio, tuvo una movilización de miles de personas. Aquí hemos intentado varias veces señalar el 18 de julio para repetir cada año que no debe haber un golpe de Estado. Argentina en su cine, en su literatura, educativa, política y judicialmente ha avanzado mucho. Me parece un modelo interesante para imitar”. 

“Hay un libro que se llama La Justicia en cascada de la politóloga norteamericana Kathryn Sikkink, que ha estudiado todos los países que han tenido una dictadura y luego han hecho juicios a ese régimen totalitario en democracia. Ninguno ha vuelto a la dictadura. Hay una especie de miedo de que si vas a un proceso judicial vas a volver a la dictadura, porque esas fuerzas van a tomar otra vez el poder democrático. No existe un caso, pero sí el miedo. Y en la sociedad española, yo que hablo con muchos familiares, hay miedo a pensar en juzgar a los responsables”.

“Todo lo que estamos viendo de la extrema derecha, todas las celebraciones del 20N u otros acontecimientos de las últimas semanas suponen una amenaza para la democracia. Yo no creo que esté en peligro, la democracia es una palabra muy grande. No sé si la escribiría con letras mayúsculas hasta que todos los desaparecidos de la dictadura estén donde sus familias quieran. Lo que hay es una amenaza para la calidad democrática. Conozco muchas familias represaliadas en la dictadura que, ante el ascenso de la extrema derecha, tienen miedo. Y el miedo es un gran enemigo de la democracia. Entre otras cosas, impide a ciudadanos y ciudadanas utilizar sus libertades como les dé la gana. Y eso hace regresar al silencio. Por suerte hay una amplia mayoría de la ciudadanía que está a favor de que vivamos en una democracia. No debemos dejar de vigilar, aunque ahora mismo no esté en peligro la democracia”.

“Creo que la Unión Europea ha sido bastante responsable. Desde hace 35 años se ha dedicado de manera muy explícita a su actividad anticomunista. Después de la caída del muro de Berlín, está mirando constantemente hacia el este, hacia los países que eran de la esfera soviética. Me parece incomprensible que el único premio de derechos humanos del Parlamento Europeo —el Sájarov— en un Parlamento compuesto por 27 países, tenga el nombre de un disidente de la Unión Soviética. Como si en esos 27 países no hubiera habido gente luchando contra el fascismo o por derechos. Mientras miraba hacia el Este, a su espalda, en algunos de los 27 empezó a crecer un fascismo renovado, con otras herramientas, otros lenguajes, como el caso de Le Pen. Hoy en día ha muerto una cosa que era muy importante en los años 60 y 70: la diplomacia que presionaba a los países para mejorar sus democracias. Ahora, esa diplomacia se ocupa de asuntos fundamentalmente económicos. Y ahí es donde la política tiene que trabajar”.

“He oído muchas declaraciones contra las exhumaciones y creo que las que me han parecido más miserables fueron las de Rafael Hernando cuando dijo que había gente que buscaba a sus padres por el dinero. Nunca ha habido una indemnización económica para familias como la mía, como sí lo ha habido a una familia de una víctima del terrorismo. Y creo que deberían tener el mismo derecho. Las declaraciones de Hernando se hicieron cuando una mujer estaba apareciendo en algunos medios de comunicación. Ascensión Mendieta, que había cumplido 88 años, voló a Argentina para pedir ayuda a su justicia para encontrar los restos de su padre. Me avergüenza vivir en un país donde se obliga a una persona de 88 años a recorrer miles de kilómetros para hacer algo que es natural”. 

“Nosotros denunciamos las declaraciones de Rafael Hernando con la esperanza de que la pena que se le pusiera fuera venir con nosotros una semana a trabajar como voluntario en una exhumación, para que aprendiera de qué estaba hablando. Evidentemente no ocurrió. Si alguien hiciera unas declaraciones similares sobre una víctima del terrorismo, tendría consecuencias inmediatamente. Eso también nos explica el desamparo de las víctimas de la dictadura franquista”. 

“En un día como el 20 de noviembre, el Tribunal Supremo adelanta el fallo del juicio contra el fiscal general. Evidentemente no es un accidente, no es una casualidad, es una sincronización. Y además, informativamente, esa decisión hecha pública barrió del mapa buena parte de los actos y de las informaciones que estaban preparadas para ese día, para hablar de la dictadura, para hablar de sus víctimas, para recordar lo que no debe volver a ocurrir. Creo que demuestra una intencionalidad política porque el Poder Judicial sabe que a menudo tiene decisiones en la mano que, en cuanto sean anunciadas, van a barrer de la primera línea informativa lo que esté ahí. Quizá debería haber una norma temporal que fije un tiempo en el que esas resoluciones se deben hacer públicas para evitar este tipo de juegos".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está convencido de que la justicia acabará extinguiendo la Fundación Nacional Francisco Franco y terminará "dando la razón" al Gobierno, informa EFE.

En una entrevista en elDiario.es publicada este sábado, Torres explica que el Ejecutivo ha elaborado un documento "riguroso" para describir, a través de la Ley de Memoria Democrática, la humillación que sufrieron las víctimas del franquismo y que es una exigencia legal para la extinción de la Fundación Francisco Franco.

"Hemos hecho un buen trabajo desde Memoria Democrática con el informe preceptivo en el que se describen todas estas humillaciones, con testimonios de las víctimas. Por eso, ha exigido más tiempo del que, quizá, hubiéramos querido, porque es un documento riguroso. Estamos convencidos de que la Justicia terminará dándonos la razón", asegura.

El Ministerio de Cultura comunicó recientemente a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia al concluir que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Sin embargo, el pasado jueves la Fundación franquista envió las alegaciones al Ministerio de Cultura defendiendo que no hay ninguna causa legal que justifique este proceso y subrayando que su actividad está amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución.

Torres reitera en la entrevista que el Ejecutivo intenta implementar la Ley de Memoria "al mayor ritmo posible" y recalca que la voluntad del Gobierno también es que la obra para resignificar el Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) empiece en esta legislatura.

Un proyecto que, con el lema 'La base y la cruz', eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación, lo que ha recibido duras críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (APRMH) al considerar que es un gasto millonario "innecesario" cuando bastaría con explicar el Valle a través de paneles informativos.

"El proyecto de resignificación puede admitir sugerencias y aportaciones, no está absolutamente cerrado. Hay características intocables de la propuesta, pero sí caben mejoras desde el punto de vista memorialista", precisa Torres.

Tomarte un café en el bar Una Grande y Libre, darte un paseo por la calle del General Millán Astray o encontrarte una marcha de Falange entonando el Cara al Sol. Lo que parece el día a día de un ciudadano en pleno auge de la dictadura, se puede seguir haciendo en España en 2025. Estas situaciones ocurren 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco y bajo una Ley de Memoria Democrática que, desde 2022, tiene como objetivo acabar con cualquier tipo de enaltecimiento del régimen franquista.

La Falange Española de las JONS convocó una misa el pasado 6 de noviembre en homenaje a sus "caídos" en la Iglesia de Santa María la Real (Sevilla), en pleno centro de la capital andaluza. La convocatoria fue ampliamente denunciada por asociaciones memorialistas como un acto de exaltación franquista y el templo decidió cancelar el acto. Pese al cierre de puertas, unos 80 jóvenes —la mayoría entre los 25 y 30 años— optaron por reunirse en la calle, donde entonaron el himno Cara al Sol y realizaron el saludo falangista con el brazo en alto. Una imagen similar se registró el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz con otra concentración de los falangistas, que acabó con enfrentamientos y lanzamiento de objetos ante la llegada de jóvenes antifascistas vascos.

Esta exaltación no solo corre a cargo de grupos de extrema derecha, sino que también aparece en restaurantes y en el callejero de toda España. Un ejemplo paradigmático es Casa Pepe, en Venta de Cárdenas (Ciudad Real), un local que, desde hace décadas, exhibe calendarios con la imagen de Franco, llaveros de iconografía falangista o banderas franquistas con el águila de San Juan como parte de su decoración permanente. Algo similar ocurre en Casa Olga (A Guarda, Pontevedra), donde se han documentado cenas amenizadas con el Cara al Sol, o en Una Grande y Libre (Madrid), cuyo ventanal exhibe una imagen de Franco combinada con banderas de España y decoración alusiva a la División Azul.

Además de los bares, hay ayuntamientos que han decidido conservar vestigios del franquismo que la ley pretende erradicar. Por ejemplo, el municipio de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) mantiene en su nombre oficial la mención al "Caudillo", y en las localidades de Muel (Zaragoza) y El Barraco (Ávila) continúa en el callejero la Calle del General Franco. Son decisiones que, aunque la legislación identifica como contrarias a la memoria democrática, no se han revertido.

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, establece de manera explícita la obligación de retirar cualquier elemento que exalte la sublevación militar, la dictadura o a sus protagonistas, tanto si están colocados en espacios públicos como si proceden de inmuebles privados con proyección al exterior. El texto también prohíbe los actos públicos de enaltecimiento del franquismo —desde cánticos y símbolos hasta manifestaciones organizadas con ese fin— y prevé sanciones administrativas y económicas para los responsables.

No obstante, para que ese régimen sancionador funcione a pleno rendimiento, el artículo 36 de la norma obliga al Gobierno a elaborar un catálogo estatal de vestigios franquistas, una herramienta clave que permitiría acelerar los expedientes y ordenar retiradas. Tres años después, ese catálogo sigue sin publicarse, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes en el Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto que permitirá su elaboración.

Esa falta de ejecución es precisamente la crítica que repiten los expertos y las asociaciones. El abogado Eduardo Ranz, especializado en memoria, sostiene que "la ley es clara y plenamente aplicable", pero que la Administración "ha optado por una interpretación pasiva que convierte un marco garantista en papel mojado". "Si el Estado quisiera actuar, ya lo habría hecho, pero quien tiene que sancionar no sanciona y es lo que no se entiende", añade.

Queralt Solé, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, también critica "una falta de proactividad". "En el fondo ha sido muy difícil llegar a esta ley, pero tiene tantos decretos que desarrollar para activar sus distintas facetas que no consigue verse su implementación en el día a día", incide.

La norma establece un régimen sancionador con tres niveles de infracciones —leves, graves y muy graves— y multas que oscilan entre 200 y 150.000 euros, según la gravedad del hecho. Entre las infracciones muy graves se incluyen los actos públicos de exaltación o enaltecimiento del golpe de Estado, la dictadura o sus dirigentes, mientras que las graves comprenden aquellas actuaciones realizadas en lugares de acceso público que supongan descrédito o menosprecio a las víctimas o que inciten a la violencia contra ellas. Las leves, por su parte, se aplican al incumplimiento de los requerimientos de la Administración, por ejemplo cuando no se retiran elementos identificados como contrarios a la memoria democrática.

En todos los supuestos, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es el órgano encargado de incoar los expedientes: identificar la infracción, abrir el procedimiento, escuchar alegaciones y dictar resolución. Tres años después de la entrada en vigor de la ley, solo se conoce una sanción. Tras una denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en 2022, se sancionó a Falange Española de las JONS con una multa de 10.000 euros por el acto de conmemoración del 20N.

Sin embargo, tanto Silva como Ranz denuncian que no se han conocido más sanciones contra exaltaciones franquistas que ocurren cada pocas semanas. "La ley prevé un régimen sancionador eficaz y operativo. No hay ningún impedimento jurídico para aplicarlo, lo que hay es una falta de voluntad política". Ranz insiste en que la Secretaría de Estado "podría haber actuado de oficio en cientos de ocasiones". Fuentes del Ministerio de Memoria Democrática señalan que todas las manifestaciones se estudian desde la Dirección General de Atención a las Víctimas y que se abre expediente "cuando existen claras manifestaciones que atentan contra la dignidad de las víctimas".

Emilio Silva sostiene que, si las sanciones se aplicaran con rigor, la situación sería completamente distinta. "La gente que promueve estos discursos está viendo que no tiene consecuencias. Si hay una total impunidad, lo que estás facilitando es que se siga expandiendo ese discurso franquista", denuncia.

El artículo 35 de la ley establece que los elementos contrarios a la memoria democrática situados en espacios privados con proyección pública —como iglesias, restaurantes o fachadas visibles desde la calle— deben ser retirados por sus propietarios, y faculta a la Administración para actuar en caso de incumplimiento. Ranz recuerda que él mismo llevó un caso para que la Catedral de Ourense retirara un elemento de exaltación que estaba en un espacio de acceso público.

Sin embargo, locales como Casa Pepe, Casa Olga o Una Grande y Libre continúan exhibiendo simbología falangista o franquista sin que se hayan abierto expedientes visibles. Para Silva, estos establecimientos "viven en un limbo jurídico" y la ley "abre la posibilidad de multarles, pero no de clausurar los locales". Según el presidente de ARMH, las asociaciones se han "cansado de denunciar" este tipo de espacios porque nunca ven resultados y no quieren aumentar su notoriedad.

Solé también incide en que el Ministerio de Memoria Democrática, pese a los avances, "debe realizar una mayor presión para la retirada de vestigios franquistas del callejero". Aunque la norma identifica expresamente como contrarios a la memoria democrática los topónimos, calles y denominaciones que homenajean a la dictadura, el Gobierno mantiene que la responsabilidad de retirar esos vestigios recae en los ayuntamientos. El Ejecutivo se ampara en los artículos 35 y 14 de la norma, que apelan a la competencia municipal y al principio de subsidiariedad entre administraciones, y sostiene que son los consistorios quienes deben aprobar en pleno el cambio de calles o la eliminación de referencias franquistas. Esta interpretación deja, en la práctica, la retirada en manos de gobiernos locales que a menudo se niegan a cumplir la ley. Por ejemplo, Madrid mantiene seis calles con denominaciones franquistas y el conocido Arco de la Victoria en Moncloa.

Para Emilio Silva, esta falta de responsabilidad del Estado perpetúa la impunidad. "Hay una ley de lo contencioso-administrativo con la que el Estado podría perseguir a los ayuntamientos que no aplican la ley y que tienen la obligación de hacerlo", detalla. En su opinión, el problema no es la letra de la ley, sino la falta de voluntad para hacer memoria desde todos los ámbitos.