La IA promete convertirse en el mejor asesor de los líderes políticos. Más allá del resultado de la búsqueda –que tampoco hacía falta, porque todo el mundo sabe que las ratas son las primeras en abandonar el barco–, lo que más inquietud causa del pantallazo de Fernando Clavijo tratando desesperadamente de boicotear la operación del Hondius, es que el presidente de una comunidad consulte a la IA qué hacer en una situación crítica y lo utilice con absoluta fe, solo porque se lo dicen los algoritmos, llevarán la razón.

Los pobres asesores tienen los días contados, sus jefes confían más en las redes neuronales artificiales (RNA) que en la función de conexión de sus propias sinapsis. Lógico, por otro lado, porque los consejeros son los primeros que apuestan por la sapienza universal de este moderno oráculo de Delfos que lo mismo te soluciona cómo limpiar las zapatillas que dar una respuesta cuando se te han acabado las excusas.

Hay que mirarlo por el lado positivo. Prescindir de los consejeros supondría un considerable ahorro. Ya no hace falta que te venga un Iván Redondo de turno como estratega de cabecera a contarte si es mejor ponerte gafas de sol para meterse a los votantes en el bolsillo, para eso está Claude, el asistente personal de IA más deseado. Justo lo que necesitas. No te juzga, si le diriges correctamente te responde en el acto lo que quieres oír y por ahora no va a querer ocupar tu puesto ni plantea problemas de conciliación.

La IA nos va a gobernar por la dejación de funciones de quienes mandan. Seguro que hasta Miguel Ángel Rodríguez le ha consultado excusas para justificar el fiasco de Ayuso en México: ‘Claude, ¿cómo salir airoso de haber tenido que regresar con el rabo entre las piernas? “Transformando un revés en un agravio –responde el asistente artificial–, movilizando emocionalmente al electorado y cargando la responsabilidad sobre sus dos adversarios predilectos, Sánchez y la izquierda latinoamericana”. Y así, MAR solo tiene que hacer check. Más fácil imposible. Listo. Le ha leído el pensamiento, como si le hubiera parido. Igual es que los humanos somos más predecibles de lo que creemos.

Ay, si Florentino hubiera consultado también antes de su errática rueda de prensa, igual no habría quedado como un señoro en horas bajas. Acostumbrado a que ministros, alcaldes y presidentas autonómicas coman de su mano, no lleva bien que se le cuestione. El presidente del Real Madrid no cree que la IA vaya a salvarle el pellejo madridista. Ha usado su método de siempre, jugar a la sorpresa y embestir contra el enemigo. Esta vez, el enemigo es un joven empresario energético que se ha forrado con las renovables y con pedigrí en el sector de la construcción por parte de padres, que contaría con el aval del yerno de Sánchez Galán. Se masca la segunda parte del culebrón que protagonizaron el presidente de ACS y el de Iberdrola, hace más de 15 años, cuando ante el miedo a OPAs de capital extranjero tras lograr la italiana Enel el control en Endesa, se animó a constructores a entrar en compañías energéticas. El asunto es que a Florentino le gusta mandar y quiso tener más voz de la que le quería dar Galán, quien acabó ganando la batalla.

El espectáculo de Florentino promete más diversión que los proporcionados por la inteligencia artificial. Yo siempre recomiendo a quien descubre emocionado la IA que le pregunte por un tema en el que sea experto para valorar cuánto acierta o yerra y cuestionar un pelín más las respuestas.

Ayuso ha intentado convertir su regreso de México en una ofensiva contra Sheinbaum y Sánchez, presentándose como víctima de una supuesta campaña en su contra y de falta de protección por parte del Ejecutivo español durante su viaje. Nada más pisar Madrid, fue directa a dar un par de entrevistas y lo que pasó ya es historia de los memes de este país. La presidenta madrileña dijo que había "sufrido boicot" desde su llegada, y aseguró que el viaje se recortó "por un problema de seguridad" y que tuvo "que llevar escolta hasta la puerta del avión", unas palabras que han sentado regular a los usuarios de X y Bluesky, que han aprovechado para hacer de las suyas y mofarse de sus declaraciones. "Ayuso ha pasado de La Malinche a La Llorona. ¡Viva México, cabrones!", ironiza @alemvelasco_, "La mártir de las micheladas", se cachondea @RafaCabeleira, "Ayuso perseguida por los narcos da para serie de Netflix: Los narcotorpes", se ríe @DonMitxel_I.

La rueda de prensa de Florentino Pérez estuvo calentita, y, madridista o no, dio mucho que hablar entre los usuarios de X y Bluesky: "Entre la entrevista de Ayuso con Nacho Abad esta mañana y la rueda de prensa de Florentino esta tarde, está claro que en Madrid nos están poniendo algo en el agua", apunta @maglocd.

Las ratas de Clavijo también han traído cola esta semana. Recogemos algunos de los mejores memes de ratas nadadoras, como atletas olímpicas de natación sincronizada y otras maravillas que nos han dejado las redes haciendo mofas del presidente canario y su uso de la IA para asegurar la capacidad nadadora de estos roedores.

Por último, la retirada de las acreditaciones del Congreso a Bertrand Ndongo y Vito Quiles también ha dado de sí para el cachondeo y la mofa entre los internautas. "Vito Quiles y Bertrand Ndongo han empezado el puente de San Isidro un día antes", se mofa @CarlWinslou.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impartió este martes una clase magistral de cómo la misoginia y los sesgos machistas están todavía presentes en casi todos los espacios. Lo hizo en una rueda de prensa y ante decenas de periodistas. "Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol", lanzó refiriéndose a la periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. A otra comunicadora, Lola Hernández, le concedió el micrófono así: "A ver, esa niña, también tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos". 

Al otro lado del teléfono, Fuenteálamo resume lo sucedido con una exclamación que bien podría ser un lema común para el conjunto de las mujeres: "Qué cansancio histórico". Aun extenuada por el señalamiento del empresario, la periodista cree que sus palabras tienen un valor incalculable para demostrar que el machismo "sigue estando ahí, si es que hay alguien que lo dude a estas alturas". 

Los comentarios del empresario han resonado con fuerza y su eco ha lanzado algunas preguntas, no solo sobre las raíces del machismo en el mundo del deporte, sino también sobre la respuesta social e institucional hacia conductas que parecían abocadas a la extinción. "Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad", ha sentenciado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó en redes sociales que "las periodistas deportivas merecen respeto profesional" y por tanto "no deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres". A su juicio, "el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte".

Y la eurodiputada Irene Montero ha planteado que se trata de una "forma muy evidente de despreciar" el trabajo de las mujeres, "su competencia profesional y su formación". En definitiva, ha añadido, "él no está viendo a una periodista, está viendo a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior". La también exministra de Igualdad ha concluido señalando que "para muchos hombres poderosos, el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, porque saben que su poder les protege y les da impunidad".

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), enmarca las palabras del jefe del club deportivo en una "actitud totalmente antigua y caduca". No cree que sea una anomalía, en términos generales, pero sobre todo no resulta extraño en un mundo como el del fútbol. "Todavía existen comportamientos paternalistas. Como la incorporación de la mujer es relativamente reciente, parece que debemos pedir permiso para ejercer nuestra actividad", asiente en conversación con este diario. Los comentarios machistas expresados el martes "responden al propio personaje, pero también esconden actitudes que sí vemos en el deporte". 

A la misma conclusión llega la periodista feminista Montserrat Boix. "En algunos espacios, como el futbolístico, no ha cambiado nada", lamenta. La comunicadora, sin embargo, cree que sí hay un avance de puertas para afuera: "Lo interesante es que esto ya parece raro y anacrónico".

La escritora feminista Laura Freixas, expresidenta de la organización Clásicas y Modernas, no lo tiene tan claro. Ella sí percibe un retroceso generalizado, producto del peso que han ido ganando "las ideas machistas y reaccionarias" en todo el mundo. La actitud de Florentino Pérez, remarca la escritora, tiene mucho en común con la de Donald Trump, quien se ha ensañado especialmente con las mujeres periodistas. En ese contexto, la respuesta debe pasar por "una censura social, una reprobación por parte de políticos, periodistas y todos los estratos de la sociedad".

La conversación en torno a las palabras del empresario no se limita al análisis sobre el machismo estructural que se instala en el mundo del fútbol, sino que plantea una necesaria reflexión sobre la tolerancia hacia este tipo de conductas y la respuesta social ante quienes las ejercen. Con este telón de fondo, cabe preguntarse qué implicaciones tiene que en la sala de prensa donde Florentino Pérez se expresó el martes no sobrevolara ningún reproche por parte de los allí presentes, sino solo silencio cómplice. 

En esa línea se ha pronunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández: "Tolerancia cero contra el machismo significa esto: si Florentino Pérez no pide disculpas a la periodista y a las mujeres, ningún representante público debería volver a ponerse a su lado. Ni en el palco. Ni en las cenas. Ni en las fotos".

Lo cierto es que el paso de los años parece haber ido diluyendo aquella suerte de consenso social en torno a la necesidad de señalar, impugnar y corregir los sesgos machistas que se han reproducido siempre en todos los espacios, una tarea planteada por el feminismo que llegó a tener calado en prácticamente todas las esferas.

En mayo de 2018 nacía la iniciativa No sin mujeres, alrededor de la que se agrupaban economistas y académicos españoles de renombre. A través de un manifiesto publicado entonces, todos ellos se comprometían a no participar como ponentes en ningún evento o mesa redonda sin la presencia de mujeres expertas. La mecha prendió rápidamente y enseguida caló en casi todos los lugares donde la ausencia de mujeres se convirtió en un anacronismo que no debía tener cabida. Meses después, lanzaron su propio manifiesto centenares de profesionales y activistas del sector energético. Clamaban que En energía no sin mujeres.

Aquel mismo año nacía, en el mismo sentido, la iniciativa Sin mujeres, no hay panel, en el seno de la Comisión Europea. El proyecto buscaba "concienciar sobre la importancia de la igualdad de género en paneles y eventos públicos", garantizando la presencia de al menos una mujer panelista. La reacción fue masiva e interpeló a toda la sociedad, derivando en iniciativas concretas para dejar no solo de participar, sino también de asistir o consumir cualquier contenido que no contara con mujeres.

Alrededor de estas corrientes emergieron también bases de datos de expertas, como Sí con mujeres o Brussels Binder. El mundo ya no tendría excusa para no incluir sus voces. Y si así sucedía, la ausencia de mujeres se daba de bruces con un reproche generalizado y sin titubeos. Ocurrió con Nadia Calviño en 2022. La entonces ministra de Asuntos Económicos se negaba a ser retratada en un acto sobre liderazgo empresarial en el que no figuraba ni una sola mujer. Aquella decisión era producto de una promesa que había realizado meses atrás: no participar en debates sin presencia femenina.

Aquella eclosión que nació al calor de las movilizaciones feministas masivas parece haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años. En 2024, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, posaba sonriente en una fotografía junto a más de una docena de grandes ejecutivos, todos hombres. En el centro de la imagen, el presidente argentino, Javier Milei. Era solo una muestra de cómo el avance reaccionario empezaba a revertir las conquistas feministas.

En los medios de comunicación, la representación femenina tampoco está para celebraciones. Un informe publicado el año pasado con el apoyo de ONU Mujeres concluía también que ellas siguen infrarrepresentadas, pues suponen solo el 29% de los sujetos y fuentes de las noticias en los medios tradicionales y el 27% en los digitales. "La visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones", advertían las expertas, "una situación que no ha mejorado con el tiempo".

Y en febrero de este año, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) destacó que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política en los últimos dos años, según su informe El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. La vicepresidenta del organismo, Laura Pinyol, afirmaba que "estamos lejos de la paridad en los informativos, donde el esfuerzo por la representación de las mujeres parece haber pisado el freno".

Florentino Pérez organizó este martes una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid para, entre otras cosas, convocar elecciones a la presidencia del club tras los fracasos deportivos de las últimas dos temporadas. Lo que no estaba en el guión —o sí— es que Pérez terminó amenazando con darse de baja de ABC “en honor a su padre”, asegurando en repetidas ocasiones que no tiene cáncer terminal, y describiendo a su posible rival en las elecciones como “ese señor que habla con acento sudamericano... bueno, mexicano, que no me salía la palabra”. 

La rueda de prensa, convocada formalmente para denunciar una campaña mediática organizada contra el club y su presidente, será recordada como una de las comparecencias más peculiares de, como mínimo, la historia del fútbol español. 

El principal blanco de sus ataques fue la prensa —llegó a protagonizar un enfrentamiento con un redactor de ABC al que señaló con nombre y apellidos— pero tampoco se libró el sector de las empresas eléctricas, al que acusó de querer apropiarse del club. 

Pero el verdadero detonante de la comparecencia, el hombre de “las eléctricas” y el “acento mexicano” —al que no llegó a referirse por el nombre como sí hizo con varios periodistas— es Enrique Riquelme Vives, empresario de 37 años. Un hombre que, en los vídeos disponibles, habla con acento perfectamente castellano.

Enrique Riquelme nació el 9 de enero de 1989 en Cox —el municipio alicantino que da nombre a su empresa—, y desde joven estuvo vinculado al mundo empresarial por los negocios familiares en la construcción y el sector inmobiliario. El vínculo familiar con el Real Madrid viene de atrás: su padre fue miembro de la junta directiva que presidió el club con Ramón Calderón a la cabeza entre 2006 y 2009.

Su carrera tomó un rumbo internacional cuando en 2010 se trasladó a Panamá para fundar el Grupo El Sol, de energía fotovoltaica. Años después, en 2014, de vuelta en España, fundó Cox Energy en Madrid. El crecimiento fue meteórico: Forbes lo incluyó en 2020 en la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, y posteriormente en la de mejores CEO de 2024. El Mundo estimaba su patrimonio, a fecha de 2025, en 460 millones de euros en acciones de su empresa. Cox Energy cotiza en la Bolsa de Madrid y la Bolsa Institucional de Valores de México, y mantiene proyectos en África, Sudamérica y el Golfo Pérsico.

En 2023, un juzgado mercantil de Sevilla adjudicó a Cox Energy los activos de Abengoa —una de las mayores quiebras de la historia empresarial española, con una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros—. El último gran movimiento llegó hace apenas unas semanas, cuando Cox Energy anunció la compra del 100% de los activos de Iberdrola en México por 4.200 millones de dólares.

Riquelme no es un nombre nuevo en los pasillos de Concha Espina. Ya en 2021 anunció su intención de presentarse a la presidencia del Real Madrid, aunque finalmente no formalizó su candidatura, alegando que los plazos establecidos por la Junta Directiva y la Junta Electoral hacían imposible presentar en tiempo una candidatura completa. Dejó, eso sí, una promesa en pie: volvería. 

Cinco años después, el escenario ha cambiado. A su lado aparece ahora David Mesonero, director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía desde 2006. Los dos perfiles, según diversas informaciones, habrían estado explorando una candidatura conjunta. Riquelme —que el pasado enero se dejó ver con varios pesados pesados históricos del Real Madrid en su fiesta de cumpleaños— tendría incluso un local ya alquilado en las inmediaciones del Bernabéu para usar como base de su campaña, según publica El Confidencial.

El eje Cox-Iberdrola coloca sobre la mesa una alternativa a la histórica influencia del sector constructor en el club: si Florentino Pérez ha gobernado el Real Madrid desde el poder de ACS, el mayor grupo de construcción de España, sus rivales llegan, como el propio Pérez dejó claro en su rueda de prensa, desde el sector energético. 

La candidatura exige, en todo caso, superar barreras altas. El presupuesto del Real Madrid para la temporada 2025-2026 asciende a 1.248 millones de euros, y los estatutos aprobados por Florentino obligan a cualquier candidato a avalar personalmente el 15% de esa cifra, una cantidad cercana a los 200 millones de euros, además de acreditar una antigüedad de al menos 20 años como socio del club. Está por ver si Riquelme tiene capacidad financiera para hacer frente a ese aval o si recurrirá, como denunciaba Pérez —“que se presenten a las elecciones y no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede puede avalar la candidatura”, dejó caer el presidente— a los fondos de Iberdrola.  

Que Florentino Pérez y Sánchez Galán se detestan no es ningún secreto en el Ibex 35. El enfrentamiento entre ambos se remonta a cuando Florentino Pérez intentó hacerse con Iberdrola e incluso manejó planes para fusionarla con Unión Fenosa Gas, de la que controlaba un porcentaje. 

En febrero de 2006, ACS entró en el accionariado de Iberdrola en lo que se presentó inicialmente como una operación amistosa y pactada. La sorpresa llegó cuando ACS se encontró con que Galán les negaba la entrada en el consejo de administración, con el argumento de que eran competencia. ACS llegó a invertir 8.500 millones de euros para hacerse con el 20% de Iberdrola entre 2006 y 2012, sin lograr ningún asiento en el consejo. 

La guerra no terminó ahí. El caso Villarejo revivió el enfrentamiento: los papeles del comisario jubilado apuntaron a que ejecutivos de Iberdrola habrían operado para desacreditar a Florentino Pérez, algo que derivó en una cascada de demandas cruzadas. Un juzgado mercantil de Madrid acabó condenando a ACS por competencia desleal frente a Iberdrola, ordenándose cesar en sus actos de “denigración” hacia la eléctrica. 

Ahora este pulso parece trasladarse a un nuevo escenario, tan estratégico o más que la bolsa de valores o la CNMV: el palco del estadio Santiago Bernabéu.

Ni es la primera vez que lo exige ni ha sido el primero en hacerlo. Nada original, ni moderno. Su idea ya aparece documentada en el Egipto de faraones y esclavos cuyo legado cultural permaneció inalterable hasta la caída del régimen feudal en la Edad Media y la aparición del individuo como sujeto susceptible de liberarse de los dioses y la nobleza. La cultura del esfuerzo es común a todas las culturas, desde la china hasta la maya, que han impuesto un modelo social basado en la dominación, la acumulación de riqueza y la desigualdad.

El capo de la patronal ha vuelto a reclamar la cultura del esfuerzo como solución a todos los problemas creados por quienes, como él, la banda de la CEOE y la de la CEPYME, viven a cuerpo de rey, como dios, a costa del esfuerzo del trabajador. La erosión cutánea, las manos arrugadas y agrietadas, las uñas astilladas, los estómagos mal atendidos, los insomnios, las precariedades vitales, la mala salud, los accidentes laborales y la ausencia de proyectos de vida se presentan como las consecuencias inevitables de la falta de esfuerzo por parte de quien sufre éstos y otros males con que los dioses castigan a los seres humanos.

Campesinas, educadores, administrativas, taxistas, mecánicos, policías, médicas, albañiles, camareras, panaderos, limpiadoras, informáticos, ingenieras… nadie se esfuerza bastante, lo suficiente para vivir como el sufrido empresariado. Porque, a ver, no hay mayor esfuerzo que el exigido para especular o medrar en el erario público, algo al alcance de la mano para cualquiera. Si en España no hay 23 o 25 millones de milmillonarios es porque no hay cultura del esfuerzo, porque el personal se conforma con 20.000 euros en lugar de 200.000.

Amén de Garamendi, hay numerosos ejemplos de emprendedores que, desde la nada, han alcanzado las más altas cotas del éxito y aparecen en el santoral de Forbes. Todos tienen en común cuadrillas de economistas, abogados y publicistas a su servicio para hacer más llevaderos los ímprobos esfuerzos y, de paso, ofrecer una imagen pública próxima a la de salvadores de la patria, a pesar de que un robusto pilar de su opulencia es el escaqueo a la hora de pagar impuestos mediante el esfuerzo conjunto con los ingenieros financieros.

Que nadie ponga en duda el denodado esfuerzo de los Roigs para disparar sus cuentas con la especulación alimentaria aprovechando crisis sanitarias, desastres naturales o subidas salariales en todos los sectores y poniendo como ejemplo de esfuerzo, y sumisión, al obrero chino. No es fácil, como tampoco lo debe ser para los Botines eliminar la libre competencia financiera para saquear a la clientela y especular a gusto con el derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿Y qué decir de los Amancios y Florentinos? El éxito de los Ortegas se sostiene en un mercado insostenible y en la especulación inmobiliaria; el de los Pérez es el ejemplo de privatización de servicios públicos y del compadreo político como antesala de la corrupción que tanto daña a la patria que llevan en la pulsera y en la cartera.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El discurso periodístico mayoritario ha atribuido los más recientes escándalos de corrupción a una red de políticos sin escrúpulos. De los corruptores ya se va diciendo algo más que hace unos años. Pero se dedica escaso tiempo a estudiar el entramado entre ciertas corporaciones y el Estado, ese espacio relacional que da lugar a matrimonios de conveniencia con deslices pautados. Dicho espacio es profundamente político: tanto o más que un secretario de Organización.

Las constructoras se sitúan ahí. Oficialmente adalides del libre mercado, se organizan en torno a una patronal, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), por la que han pasado presidentes, como David Taguas, que habían sido asesores gubernamentales cualificados. El enorme flujo financiero desde la entrada en la actual Unión Europea y la importancia que se ha dado a la obra pública en España condujo, en 1992, a la formación de un cártel que agrupa a Acciona, ACS, FCC, OHLA, Ferrovial y Sacyr. Un repaso al origen y a algunos dirigentes de estas compañías revela que para tener éxito en el capitalismo español hay que creer en la política. 

Acciona fue fundada en 1997 a partir de la absorción de la empresa Cubiertas y MZOV por Entrecanales y Távora, originada en el desarrollismo primorriverista y concesionaria de obras públicas franquistas. El presidente de Cubiertas hasta 1995, Eduardo Serra, fue nombrado en 1996 ministro de Defensa del gobierno de Aznar; el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros, delegado de la Marca España con Rajoy, pudo haber sido presidente de Acciona pero tuvo que conformarse como consejero.

Acciona cuenta en su consejo de administración y en su alta dirección con todo tipo de apellidos ilustres: Fernández Cuesta, Fernández Villaverde, Vega-Penichet, Sanjurjo… En su estructura figura también un coronel, Manuel Sánchez-Corbí, antiguo número uno de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), precisamente la que investiga la supuesta trama dentro del Partido Socialista. Otros nombres son el exministro socialista y antiguo jefe de la OTAN, Javier Solana, y Pío Cabanillas, ministro portavoz con José María Aznar e hijo de un titular de Información del franquismo.

El carácter político de ACS tampoco puede pasarse por alto. Un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, es el alma máter de este grupo, fundado a partir de la absorción de Dragados, que durante la dictadura había utilizado mano de obra forzosa. 

Compañeros de aventuras políticas de Florentino Pérez como Miquel Roca, padre de la Constitución Española, han formado parte del consejo de ACS, donde han recalado asimismo numerosos abogados del Estado e ingenieros, como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, aunque por un periodo breve. También ha recogido a Javier Monzón, aquel presidente de Indra imbricado en las entrañas estatales y cercano a la Familia Real.

Los reales habitantes de La Zarzuela han estado también cerca de Acciona y de la hoy llamada OHLA. José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de la primera, es patrono de la Fundación Princesa de Asturias, cuya directora, Teresa Sanjurjo González, es consejera independiente de Acciona.

Por su parte, OHLA nació impulsada por Juan Miguel Villar Mir (fallecido en 2024), franquista adscrito a los tecnócratas y ministro de Hacienda con Carlos Arias Navarro. A su salida de Hacienda, se hizo gratuitamente con la constructora Obrascón gracias a Altos Hornos de Vizcaya, entidad de la que había sido presidente. Años después fundiría Obrascón con Huarte, autora de la cruz del Valle de los Caídos, y con Laín, para conformar OHL.

El ya fallecido exministro de Industria Josep Piqué fue un gran colaborador de Villar Mir en esta larga marcha. Le vendió Fertiberia desde la presidencia de ERCROS, la subvencionó como titular industrial del Gobierno de Aznar y terminó como vicepresidente de OHL. Otro de sus puntales ha sido Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo íntimo del rey Felipe VI.

Otra élite histórica anida en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Originada en una concesión municipal, la otorgada al inmigrante judío Ernst Koplowitz, Construcciones y Contratas, y en coalición sostenida con El Corte Inglés, contó con el asesoramiento de uno de los cerebros de la modernización española, el exministro socialista Miguel Boyer. Boyer acabó siendo vicepresidente de la filial FCC Construcción y miembro del consejo de administración de la cementera Portland Valderribas, también perteneciente al grupo FCC.

Por la presidencia de la constructora ha pasado el exministro centrista Marcelino Oreja, antiguo comisario de Transportes de la Unión Europea, y por su consejo, el exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros.

Los contratos administrativos permitieron también el nacimiento de Ferrovial. Su fundador, Rafael del Pino, había hecho de la importación de innovaciones y de su participación en el ejército nacional sus principales credenciales para hacerse con contratos de RENFE. La compañía surgió con el apoyo de su cuñado, Leopoldo Calvo-Sotelo (segundo presidente del Gobierno en el posfranquismo); de su primo, José María López de Letona –futuro ministro de Industria con Franco y gobernador del Banco de España durante la Transición–, y de Claudio Boada, que sería presidente del Instituto Nacional de Industria hasta 1974, nombrado precisamente por López de Letona.

Ferrovial movió su sede fuera de España tras convertirse en la multinacional que hoy es al calor de la obra pública. Aunque basó su decisión en razones estratégicas y no fiscales, lo cierto es que su traslado a Países Bajos le puede haber supuesto un ahorro fiscal de hasta 40 millones anuales de euros por las distintas exenciones de dividendos de filiales extranjeras en un país y en otro.

Su presidente ejecutivo es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, la tercera persona más rica del país en 2024, con un patrimonio estimado de 7.100 millones de euros (1.200 millones más que el año precedente), según Forbes. El cargo de vicepresidente lo ostenta el profesor Óscar Fanjul. Fanjul había sido alto cargo del ministerio de Industria con el socialista Carlos Solchaga, fundó Repsol y consta como uno de los cerebros de las privatizaciones. Su papel como gestor de la riqueza de la familia Koplowitz sugiere que los beneficios de las constructoras están en manos de una red de contactos reducidos. 

Este recorrido queda cerrado con una mención a la antigua Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos, Sacyr, que entró en el olimpo constructor tras adquirir otra histórica como Vallehermoso. Su gran impulsor, Luis del Rivero, había sido dirigente regional de Alianza Popular. En su consejo se ha sentado Demetrio Carceller, nieto del dirigente falangista y ministro del primer franquismo que fue fundador de Cervezas Damm. También altos cargos del sector público, como Marta Silva de Lapuerta, abogada del Estado, sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta e hija de Federico Silva, que aprobó el Plan de Autopistas Nacionales de España. Silva de Lapuerta fue miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, donde Del Rivero fue vicepresidente. Al frente de todos ellos, en ese palco que sugiere ser una tercera cámara parlamentaria, ha estado casi siempre Florentino.

El cártel de estas grandes multinacionales, armado con cemento, ha construido mucho más que carreteras y conexiones clave con las instituciones que se deben al voto de los electores.  

En su libro Oligarcas, los dueños de España, el periodista Fonsi Loaiza descubre cómo la oligarquía española controla los resortes del poder, enmascarando sus miserias bajo una falsa apariencia de filantropía. Grandes constructoras, familias de alta alcurnia, fortunas surgidas a la vera del franquismo, "hombres hechos a sí mismos"… conforman un poderoso grupo que copa contratos públicos, recibe ayudas estatales, controla cadenas de distribución, monopoliza ámbitos enteros de la economía, se codea y apoya a la realeza, gusta de paraísos fiscales… e incluso llega a decidir sobre medios y periodistas que se atrevan a mostrarse críticos. Algunos optan por la discreción; otros, sin embargo, tienen una gran proyección pública. En realidad, ejercen su poder con una sumisión total a los intereses de Estados Unidos, con la entrada de fondos buitres norteamericanos en bancos, compañías estratégicas y la vivienda, explotan a sus trabajadores y los subcontratan en otros países en busca de mano de obra esclavizada.

De un viejo conocido como Florentino Pérez a Amancio Ortega, pasando por Ana Patricia Botín o Juan Roig, Loaiza aborda las tramas de intereses y redes clientelares de los auténticos amos del cortijo español, cuyo único objetivo se llama "poder". Un poder que les permita ser cada vez más ricos, mientras el resto de los ciudadanos ve cómo su vida es cada vez más difícil.

infoLibre publica el preámbulo de la obra, editada por Akal y que ya está disponible en las librerías.

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¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale  a decir: «amor, amor», y que debían los pueblos pedir como piden  pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Nadie se da  cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia,  la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la  humanidad. Todo viene de los libros. La Revolución francesa sale de la Enciclopedia y de los libros de Rousseau, y todos los movimientos actuales societarios comunistas y socialistas arrancan de  un gran libro; de El Capital, de Carlos Marx. Y sabed, desde luego,  que los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros y que  los hombres que las dirigen mueren muchas veces como el gran  Lenin de tanto estudiar, de tanto querer abarcar con su inteligencia. Que no valen armas ni sangre si las ideas no están bien orienta das y digeridas en las cabezas. Y que es preciso que los pueblos  lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad,  sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida.

Federico García Lorca, discurso leído con motivo de la inauguración de la biblioteca pública de Fuente Vaqueros (septiembre de 1931).

Oligarcas. Los dueños de España nace con el espíritu de poner cara y ojos a los grandes capitalistas, que no se presentan a  las elecciones, pero tienen más poder que el presidente de Gobierno de turno, al modo de la denuncia que promulgaba el  dramaturgo comunista Bertolt Brecht: «Las oscuras fuerzas que  te vejan / tienen nombre, dirección y rostro». 

La codicia de estos personajes millonarios se basa en un sistema y una estructura de poder capitalista en los que una dependienta de clase obrera de Zara en un centro comercial en  Galicia tendría que trabajar 4,5 millones de años doblando ropa  y ahorrando todo el dinero de su sueldo para acumular la fortuna que tiene Amancio Ortega. Una cajera del Mercadona en una  tienda en Valencia tendría que trabajar cuatrocientos cincuenta  mil años pasando códigos de barras sin gastar un euro para hacer  la fortuna de Juan Roig. Una limpiadora de Clece de Florentino Pérez en una residencia de mayores en Madrid, privatizada por  Ayuso, tendría que estar barriendo ciento cincuenta mil años  para lograr el dinero del presidente del Real Madrid. Estos mercaderes de la plusvalía aparecen en todos los medios de comunicación como los grandes benefactores de la humanidad, personajes a imitar. Este libro trata de desmontar toda esa ideología  perpetrada por los oligarcas españoles y sus satélites mediáticos.  

Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, fue beneficiaria  y conocedora por dentro del poder de la elite española. Relató  su experiencia y describió a estos oligarcas que viven de parasitar lo público: «España funciona como una oligarquía. Hay 100  personas que controlan el país y todos están involucrados entre  sí». A Corinna le pagaron los gastos de alojamiento con fondos  públicos de Patrimonio Nacional en la finca de La Angorrilla,  que Franco utilizaba como pabellón para sus monterías de caza  y donde fotografiaron a Juan Carlos I de cocinero en una barba coa familiar, con una gorra al revés y pantalón corto de color  amarillo chillón, junto al hijo menor de Corinna. La examante  también denunció en Reino Unido a Juan Carlos I por acoso y  amenazas. Sin embargo, los tribunales británicos señalaron que  los actos previos a la abdicación de Juan Carlos I no pueden ser juzgados por su inmunidad.  

La red de oligarcas fue alentada por el franquismo, goza de  impunidad y ejerce su poder con una sumisión total a los intereses de Estados Unidos, con la entrada de fondos buitres norteamericanos en bancos, compañías estratégicas y la vivienda, y sin  una red empresarial pública en sectores esenciales del país. Es verdad que la clase política en España ha funcionado como manijeros y los oligarcas como los amos del cortijo. Sin embargo,  toda esta oligarquía española está sometida como una colonia.  Amancio Ortega es casero y se forra con sus inquilinos Amazon  y Facebook en Estados Unidos, Ana Patricia Botín es más ges tora de un banco de BlackRock que propietaria del Santander, Florentino Pérez construye obras para el complejo militar industrial estadounidense, Ferrovial de Rafael del Pino ha debutado en el Nasdaq de la Bolsa de Nueva York y Juan Roig participa en fondos de Silicon Valley.  

Para no pagar impuestos, estas empresas y oligarcas han montado todo un entramado de sociedades offshore con filiales en paraísos fiscales. El Banco Santander contaba en 2023 con 187 filiales de estas y ACS de Florentino, con 82. La compañía Ferrovial anunció a principios de 2023 que cambiaba su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos. Su máximo  mandatario es Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, sobrino del ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Del Pino atesora la segunda  mayor fortuna de España, con 12.275 millones de euros de patrimonio familiar, y ha recibido todo tipo de ayudas estatales.  

Así funcionan los oligarcas españoles y sus «paguitas». Florentino Pérez, Villar Mir, los Entrecanales y Rafael del  Pino han formado el conocido como «Cártel de las Constructo ras». ACS, FCC, Acciona, Sacyr, OHL y Ferrovial fueron condenadas por amañar durante 25 años miles de licitaciones públicas en España. Estas empresas se reunían semanalmente e  intercambiaban información sobre su estrategia para repartirse  cientos de millones de los concursos públicos. La Audiencia  Nacional libró a estas multinacionales de la inhabilitación y la  prohibición para recibir más contrataciones por parte del Esta do español. En el primer semestre de 2024 lograron su récord  histórico de contratos, con 242.000 millones de euros en todo el  mundo. 

En España, de las cacerías con Franco en la dictadura se ha  pasado al palco del Bernabéu de Florentino Pérez, con la misma  estructura económica caciquil para los negocios. El reparto del  «botín» para estos oligarcas va de las sagas de banqueros, pasando por las familias franquistas de los Abelló, los March o los Daurella, y la aristocracia y la realeza de la Casa de Alba y los  Borbones, los empresarios Juan Roig, de Mercadona, y Amancio Ortega, de Inditex.  

En España, la oligarquía controla los resortes del régimen y  tapa sus miserias con falsa filantropía. La banquera Ana Patricia Botín tiene asegurada la mayor pensión por jubilación del Ibex, ha sido asesora del FMI en la pandemia y pidió a los españoles  que hicieran como ella y bajáramos la calefacción a 17 grados en casa, mientras estrenaba un jet privado. El empresario Amancio  Ortega disfruta a sus ochenta y siete años de una fortuna de 93.930  millones de euros y se ha convertido en la persona con mayor poder económico de España y en el mayor rentista de todo el mundo. Ortega lava su imagen con donaciones publicitadas por me dios de comunicación y dirigentes políticos, mientras se tapa el  esclavismo en la industria textil del que abusa Inditex fuera de España. Juan Roig es la tercera fortuna del país, con 11.230 millones de euros. No ha ocultado su capitalismo despiadado. Tuvo que declarar como testigo en el juicio de la «caja B» del PP  de Bárcenas y admitió financiar a la fundación FAES del expresidente José María Aznar. Los éxitos empresariales de Mercado nano hubieran sido posibles sin el franquismo, que aupó a Cárnicas Roig, de su padre, y sin los favores políticos desde la Transición. 

A estos privilegios de las familias oligárquicas y franquistas, y de Florentino, Rafael del Pino, Ana Botín, Amancio Ortega y Roig dedicaremos los próximos capítulos.

La magistrada del Juzgado de lo Mercantil Número 17 de Madrid ha sentenciado que UEFA y FIFA han abusado de su posición de dominio en el mercado e impiden la libre competencia, estimando así de forma parcial la demanda presentada por la European Super League Company S. L. (ESLC), propietaria de la Superliga de fútbol, competición planteada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En su sentencia, conocida este lunes y recogida por Europa Press, el juzgado considera que UEFA y FIFA han incurrido en ello al atribuirse la facultad discrecional de prohibir la participación en competiciones alternativas e imponer restricciones "injustificadas y desproporcionadas" que infringen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

La magistrada Sofía Gil ordena a ambos organismos a que cesen en esas conductas "anticompetitivas" y se les prohíba que las repitan en el futuro. También les condena a remover de forma inmediata todos los efectos de las actuaciones anticompetitivas --como expedientes sancionadores o actuaciones equivalentes-- que se hayan producido antes o durante la duración de este procedimiento.

Un procedimiento que comenzó el 18 de abril de 2021, cuando la entidad promotora de la Superliga anunció la puesta en marcha del proyecto para una nueva competición de fútbol profesional y ejercitó acciones en materia de defensa de la competencia ante la respuesta de UEFA y FIFA. En esta sentencia, la juez declara que los artículos 22, 70, 71, 72 y 73 de los Estatutos FIFA, el artículo 6 del Reglamento FIFA Partidos Internacionales y los artículos 49 y 51 de los Estatutos UEFA son incompatibles con los artículos 101 y 102 del TFUE sobre el marco legal y jurisprudencial del mercado de la competencia en la Unión Europea.

Lo hace en sintonía con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), al que se dirigió el juzgado madrileño con una cuestión prejudicial previa a la celebración de la vista. Asimismo, la juez declara que el contenido de las declaraciones emitidas por FIFA, UEFA y entidades como las federaciones y ligas de Inglaterra, Italia y España el 18 de abril de 2021 contra el surgimiento de la Superliga infringe también los artículos 101 y 102 del TFUE.

La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por ESLC "por cuanto la actuación de las demandadas no se encontraba dirigida únicamente a evitar el desarrollo de un determinado proyecto, sino a evitar la implantación de un tercero competidor y modificación del sistema monopolístico de la organización de competiciones".

Añade que "se ha mantenido la misma defensa en todo el procedimiento aun cuando el proyecto de la Superliga haya decaído o al menos se ha aceptado que no se va a desarrollar en los términos inicialmente planteados, lo que denota que los actos iniciales conectaban con la oposición de modificación del sistema de autorización de competiciones por terceros competidores".

La juez señala que no se puede imponer una prohibición a futuro de cualquier otro proyecto o modificación del ya presentado, porque "admitir lo contrario supondría aceptar una suerte de prohibición o blindaje de cualquier proyecto de competición futbolística que fuera presentado por las demandantes, lo cual no es aceptable", expone. Dictamina que corresponderá a los intervinientes su modificación y adaptación posterior. "Ello no determina que sea objeto del procedimiento la autorización de cualquier competición, sino sentar las bases para encauzar un sistema de libre competencia de organización de competiciones de fútbol", explica.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano competente en asuntos de naturaleza mercantil. Fue en abril de 2021 cuando doce clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, anunciaron la fundación de la Superliga, pero, tras las amenazas de los organismos rectores del fútbol, solo permanecieron en el proyecto el Real Madrid, el Barça y la Juventus italiana, que también acabó abandonando el proyecto.

Grosuplj, una pequeña ciudad moderna y ordenada a 10 kilómetros de Liubliana, la capital de Eslovenia, es la ciudad natal del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. En ella tiene su casa, muy cerca del bufete de abogados desde que se lanzó al mundo del fútbol, primero dirigiendo la Federación Eslovena, en 2011, y desde 2016 a la cabeza de la organización europea. Enfrentado al Real Madrid y el puñado de clubs que intentan poner en marcha la Superliga, Čeferin también ha sido acusado de querer asegurarse otro mandato al frente de la UEFA con los recientes cambios en sus estatutos: su actual y tercer mandato expira en 2027. A sólo dos meses de la Eurocopa en Alemania, el esloveno tiene aún que lidiar con la estela de los escándalos de Luis Rubiales, que además de presidente de la Federación Española de Fútbol fue vicepresidente de la UEFA hasta septiembre del año pasado.

Čeferin confirma que ofreció ayuda a Rubiales tras su “caída” por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Pero precisa que a las peticiones del español contestó siempre con una negativa “porque sus ideas no tenían sentido”. “Se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él”, asegura el esloveno en una entrevista concedida al semanario croata Nacional, miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que también pertenece infoLibre. El presidente de la UEFA revela además que recibió “amenazas directas e indirectas” de los promotores de la Superliga, “pero también una oferta” para cambiar de bando.

Se presentó a la opinión pública que los cambios en el estatuto de la UEFA se hicieron para que usted pudiera presentarse de nuevo al final de su tercer mandato. ¿Qué sentido tenían estos cambios si en el momento de su adopción usted declaró que no tenía intención de volver a presentarse?

Lo más importante es que, por un error administrativo, no teníamos un límite de mandatos. Lo he explicado cientos de veces, pero prevalece el sensacionalismo: todo el mundo piensa que lo haces por ti. Pero si no hubiéramos cambiado el estatuto, no habría límite de mandatos y yo podría presentarme hasta cuando quisiera. Incluso después de 2031.

¿Cree que sería bueno para la UEFA continuar con usted o, de forma similar a la política, debería aplicarse la regla de que a veces es necesario un poco de ventilación?

Ahora está claro que el límite es un máximo de tres mandatos. Y creo que eso es bueno. Porque si estás más tiempo, ya sientes que la organización es tuya, así que cometes errores, ya no tienes buenas ideas.

¿Ha cometido algún error hasta ahora?

Sí, muchos. Todos cometemos errores. El que dice que no comete errores miente. Hay algunas cosas que habría hecho diferente ahora.

¿Cuál considera que ha sido el mayor?

Hubo muchos. De todos los presidentes de la UEFA, tuve el mandato más difícil. El covid, cuando todo podía haberse derrumbado; la Superliga, dos guerras que aún continúan... Un colega que lleva aquí 20 años me dijo: “Hasta 2015, 2016, sólo hablábamos de fútbol. Ahora sólo hablamos de problemas políticos”.

¿Quiere decir que ni siquiera tuvo un mandato real completo debió ocuparse más de esas circunstancias externas que del fútbol en sí? ¿En qué se centrará en estos tres años que le quedan al frente de la UEFA?

La sostenibilidad financiera es, sin duda, una de las cosas más importantes, ya que las diferencias entre los grandes clubes y las grandes ligas y los pequeños son cada vez mayores. El nuevo sistema de competición de clubes, en el que tenemos más equipos en la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League, ayudará a ello. Otra cosa es la concentración de la propiedad de varios clubes, la llamada propiedad multiclub. Hay un gran dilema: por un lado, si queremos inversiones en el fútbol o no, y por otro, se crea una mala percepción si dos clubes de la competición tienen un mismo propietario. Aún no tenemos respuesta concreta a esas preguntas. Y después de mis experiencias en los tres últimos años, puede que haya problemas más interesantes en los tres próximos.

¿En qué sentido?

Bueno, siempre hay algo. Estas Superligas, estas guerras y la geopolítica y la política interfieren en el fútbol. Espero que [el resto de mi mandato] sea lo más tranquilo posible.

¿Se ha frenado definitivamente la idea de una Superliga o todavía hay intentos?

Está parada de facto. Nadie quiere esa competición. El fútbol es tan fuerte porque la gente lo ama y porque cualquiera puede soñar con jugar en las competiciones más importantes. Mira cómo el baloncesto fue destruido por la Euroliga, que en realidad es una Superliga. Cuando miras el baloncesto croata, y Croacia era uno de los países más fuertes en baloncesto, desde la Jugoplastika hasta la Cibona y el Zadar, ahora todo es lamentable. Las competiciones tienen que ser abiertas. Devolvemos a los clubes el 93,5% de los ingresos. Y la UEFA devuelve al fútbol el 97% de los ingresos. Si comparamos por población, Croacia es quizá la nación futbolística más fuerte del mundo. Pero nunca lo sería sin el sistema que tenemos, nunca lo sería si el Dinamo, el Hajduk o el Rijeka no pudieran jugar la Liga de Campeones. Jamás. Y los grandes clubes, es decir, algunos individuos movidos por su propio ego, no entienden que ni siquiera sus clubes serían grandes sin el desarrollo del fútbol en los países pequeños. Así que fíjense en esos clubes que pretendían estar en la Superliga. No tienen jugadores de sus academias, tienen jugadores de nuestros países. Incluidos jugadores croatas. Para mí, esta idea de una Superliga está absolutamente muerta y carece de sentido.

Debido a su batalla contra la Superliga, ¿recibió amenazas directas o indirectas?

Sí, amenazas directas e indirectas, pero también una oferta. Las amenazas fueron en términos de “somos fuertes e influyentes, te vamos a demandar, vas a tener un proceso penal, no sabes con quién estás tratando”. Y similares. Y la oferta era cambiar al otro lado. Todo esto lo oyó mi mujer, que iba conmigo en el coche cuando me llamaron.

En diciembre de 2019, fue muy crítico con el VAR, del que dijo que nunca fue un gran entusiasta. Advertía de que en algunas situaciones provoca el caos. Con el paso del tiempo, ¿ha corregido su opinión sobre el impacto de esta tecnología en el fútbol?

Sí, nos hemos acostumbrado al VAR, aunque sigo pensando que algunas cosas no funcionan correctamente. En primer lugar, nadie sabe exactamente cuándo es mano y cuándo no lo es. En el momento en que el árbitro va a ver las imágenes del VAR, tengo la impresión de que cada vez que el balón toca la mano [de un jugador], se concede un penalti. Y, según el reglamento, no debería ser exactamente así. En segundo lugar, en lo que respecta al fuera de juego, como abogado creo que toda regla debe tener sentido. ¿Tiene sentido que estés en fuera de juego si tu nariz o tu número de bota son más grandes? Así que creo que habría que corregir un poco las cosas sobre lo que es y lo que no es penalti o fuera de juego. El VAR ayudó mucho, pero esa línea tiene que ser más gruesa.

Al final tiene que ser evaluado de nuevo por el ojo humano.

De acuerdo. Creo que los árbitros en el campo deberían decidir por sí mismos. Y a veces los árbitros interactúan demasiado con la sala del VAR, en lugar de decidir por sí mismos. Si las decisiones de los jueces en los tribunales ordinarios dependieran únicamente de la tecnología, introduciríamos los hechos en un robot que tomaría las decisiones basándose en la inteligencia artificial. El fútbol es algo vivo. Reunimos a los 15 mejores entrenadores en una conferencia. Desde Guardiola, Klopp, Mourinho, Ancelotti, todos los grandes. Les mostramos una jugada con una posible mano y les preguntamos si había mano o no. Siete dijeron sí y ocho dijeron que no. Y estamos hablando de los mayores expertos en fútbol del mundo. ¿Cómo es posible que los aficionados se pongan de acuerdo? Cada uno verá lo que le convenga. Al fin y al cabo, los jugadores también cometen errores, por qué no los árbitros. Algunos sugieren que se castigue a los jueces si cometen un error. Me parece inútil. Se les puede castigar si lo han hecho a propósito o si es corrupción. Y los errores forman parte del fútbol.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, del SPD, escribió a la UEFA a finales de 2022 exigiendo que no sólo Rusia, sino también Bielorrusia como su aliado clave, fueran excluidos de todos los partidos y torneos internacionales de fútbol. A partir de entonces, Bielorrusia puede participar en competiciones auspiciadas por la UEFA, pero los partidos en casa deben jugarse fuera del país y sin espectadores. Dentro de unos meses, Bielorrusia jugará la Nations League en el Grupo I con Andorra, Israel, Kosovo, Rumanía y Suiza. Usted dijo entonces que sería populista expulsar también a Bielorrusia. ¿Cómo ve la próxima Eurocopa a la luz de la guerra en Ucrania e Israel? ¿Hay algún reto de seguridad específico en este contexto?

En primer lugar, ningún político nos dirá lo que debemos hacer, ni escucharemos a ningún político. Estoy en contra de los boicots, no me gustan los boicots ni las prohibiciones. Pero, en el caso de Rusia, simplemente no había otra opción y todos debemos intentar ayudar para detener esta guerra, esta locura. Pero respecto a Bielorrusia, un par de políticos nos escribieron para decirnos que cualquiera que ayudara a Rusia debería ser expulsado. Ahora yo hago la pregunta: ¿Los que compran gas ayudan a Rusia? ¿Deberíamos expulsar a todos los países europeos, incluso a los que hacen más ruido, que siguen comprando gas? Los políticos son los que deberían resolver los problemas geoestratégicos. Pedir a las organizaciones deportivas que hagan su trabajo es populismo y nada más.

Están desviando sus responsabilidades.

Así es. Cuando comienzo a recibir cartas de algún país, sé que se acercan las elecciones en ese país. Luego se calman.

Usted dijo a una cadena de televisión que, en muy poco tiempo, gracias a su trabajo en el fútbol, había conocido a un número increíble de personajes sospechosos, mucho más que trabajando como abogado. ¿Qué opina de la detención la semana pasada del expresidente de la Federación Española de Fútbol y exvicepresidente de la UEFA Luis Rubiales, por los supuestos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal? Además, el fiscal pide para Rubiales dos años y medio de cárcel por agresión sexual a Jenny Hermoso, por el beso no consentido que dio la vuelta al mundo. ¿Qué opina al respecto?

Me enteré por los periódicos de lo que le acusaban y fue un shock total para mí. Le conocía bastante bien, pero obviamente no sabía nada de estas cosas. Sin embargo, como abogado sé lo que es la presunción de inocencia. Por tanto, que se defienda en los tribunales; ni la UEFA ni yo tenemos nada que ver, porque él no hizo nada [de lo que se le acusa] como vicepresidente de la UEFA.

La FIFA le suspendió provisionalmente en agosto de 2023, pero Rubiales no dimitió como vicepresidente de la UEFA hasta casi un mes después. ¿Por qué no reaccionó antes que esperar a su dimisión?

No, eso es incorrecto. Inmediatamente dio un paso al frente como miembro de la junta ejecutiva y como vicepresidente en el momento de la suspensión.

Según las grabaciones de sus conversaciones con Rubiales que obran en poder de la policía española, usted se ofreció a ayudarle, y él le pidió 400.000 euros anuales que usted debía pagarle a través de su asesor jurídico, Tomás González Cueto, pero se negó. ¿Es cierto que le ofreció ayuda a Rubiales antes y después de su salida de la UEFA?

Muchas veces, después de la suspensión, me pidió algo. Después de aquella caída, se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él, así que me escribió mensajes del tipo: “Mis tres hijas no tienen nada, no tienen esto, no tienen lo otro, ¿puedes ayudar...?”. En un momento dado le pregunté: “¿Cómo puedo ayudarte?”. Pero todo lo que me pedía lo rechazaba porque sus ideas no tenían sentido. También llamó a otros colegas y les preguntó si podía hacer esto o aquello. Nada relacionado con el fútbol. Yo sabía que no podía ayudarle, pero le cogí el teléfono. Es difícil. Él era vicepresidente, hasta ayer estaba sentado con todos en la mesa y, de repente, ya nadie quiere ni mirarle. Si lo que se le imputa es cierto, es realmente un desastre, pero que decida el tribunal.

Nacional es miembro del consorcio de medios European Investigative Collaborations (EIC), que desveló el lado más sucio del fútbol gracias a los Football Leaks. ¿Conoce usted, y en qué medida, el trabajo de la EIC?

Han sacado a la luz muchos asuntos, y cualquier detección de delitos en el fútbol, o en cualquier otro ámbito, sólo puede ser beneficiosa para las organizaciones y para quienes no nos dedicamos a delinquir. Lo celebro, y hay tantos casos concretos que es difícil hablar de ello.

Lo cierto es que antes de su nombramiento, la UEFA tenía peor imagen, por no decir que la percepción era que la gobernaba una camarilla corrupta. ¿Cuánto ha cambiado eso con su gestión?

Estoy seguro de que la UEFA no era una organización corrupta incluso antes de mi llegada, pero la gente mezcla muchas veces UEFA y FIFA. Michel Platini tuvo aquel asunto [fue suspendido durante ocho años pero finalmente absuelto por corrupción], pero como vicepresidente de la FIFA. Cuando llegué, lo comprobé todo. Creo y estoy seguro de que la UEFA es una organización limpia. Publicamos todos nuestros resultados, se sabe en qué gastamos el dinero, el 97% de los ingresos los devolvemos al fútbol. He repetido 1.000 veces que pago impuestos en Suiza, y como mi familia no se trasladó a Suiza, pago impuestos adicionales en Eslovenia. Pero a nadie le importa eso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que son ilegales las normas de la UEFA y la FIFA que les permiten autorizar las competiciones deportivas impulsadas por terceros, porque no son “transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas”. También ha establecido que ambos organismos abusan de su posición dominante al imponer sanciones a quienes proyectan esos campeonatos privados. La sentencia responde así a las cuestiones prejudiciales que en mayo de 2021 presentó el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, donde European Superleague Company y A22 Sports, las dos empresas promotoras de la Superliga, habían denunciado a la UEFA y la FIFA, y pedido medidas cautelares para impedir que sancionaran a la docena de clubes que por entonces apoyaban el proyecto.

No habían pasado ni dos horas de la decisión del Tribunal de Luxemburgo, cuando el consejero delegado de A22 Sports, Bernd Reichart, explicaba las características de una nueva Superliga, sensiblemente distinta a la que se dio a conocer el 18 de abril de 2021. De los 20 equipos iniciales se pasa a 64, con una competición femenina y una plataforma de streaming llamada Unify que difundirá gratis todos los partidos. “El fútbol es libre del monopolio de la UEFA”, proclamó Reichart enarbolando la bandera de la libertad que ya han hecho suya desde Isabel Díaz Ayuso (PP) hasta Javier Milei y ha esgrimido este jueves también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, principal artífice del proyecto: “Hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades”.

Pero, de momento, de esos 64 clubes, repartidos en tres divisiones, sólo tres están dispuestos a participar en la nueva competición: el Real Madrid, el FC Barcelona y el Nápoles. De los 12 socios iniciales de la Superliga, se han expresado en contra de regresar al proyecto el Manchester United, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. La Juventus, que se apeó el pasado junio, guarda silencio de momento. La única reacción ha sido la de su expresidente Andrea Agnelli, quien ha publicado un post en X –antes Twitter– con una estrofa de una canción de U2, la frase “love football” y el lema histórico del club italiano, “Fino allá fine” (Hasta el final).

El resto de los clubes españoles, británicos, alemanes y franceses que se han pronunciado rechazan participar en la competición impulsada por Florentino Pérez y Joan Laporta. El Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, que se opusieron desde el principio a la iniciativa, han reiterado su negativa. El Borussia Dortmund y el Roma, la Real Sociedad, el Valencia, el Villarreal y el Levante entre los españoles, y el Marsella entre los franceses son algunos más de los equipos que ya han dicho no a la Superliga. En el mismo sentido se han pronunciado las ligas inglesa, francesa, alemana, italiana y portuguesa. Sin faltar la española, con su presidente, Javier Tebas, a la cabeza.

Muy relevante es, en particular, el rechazo de la Premier League: cinco de los clubes inicialmente suscritos al proyecto de la nueva competición eran ingleses: además del Manchester United, el City, Chelsea, Liverpool y Tottenham. Todos abandonaron después de que los aficionados ingleses se echaran a la calle para protestar. “Creado por el pobre, robado por el rico”, se leía en las pancartas que atizaban contra los dueños de los clubes. Es más, el propio Gobierno británico, de la mano de su ministerio de Cultura y Deporte, ha dejado claro que seguirá adelante con su proyecto para reformar la gobernanza del fútbol, creando un regulador independiente con la facultad de prohibir a los clubes participar en competiciones no reconocidas por la Premier League, la UEFA o la FIFA.

Tampoco la Comisión Europea respalda el proyecto impulsado por Florentino Pérez. Sin mencionarlo expresamente, el comisario responsable de Modo de Vida, Margaritis Schinas, ha subrayado que “el fútbol europeo representa los valores de la cohesión y no algo reservado a las élites”. “El principio fundamental de Europa es la solidaridad”, ha sido su mensaje en las redes sociales, donde ha mostrado su apoyo a “un modelo deportivo europeo basado en valores” que no es “negociable”.

No obstante, Bernd Reinhart ha prometido “diálogo” a partir de ahora, además de hacer una “invitación” a los clubes. A preguntas de los periodistas, el consejero delegado ded A22 Sports no quiso precisar qué equipos secundan el proyecto. “No queremos dividir el mundo del fútbol, sino unirlo”, se limitó a contestar.

En cualquier caso, la Superliga debe aún allanar un camino en los tribunales que no ha hecho más que empezar. Porque ahora el juzgado de lo Mercantil deberá sentenciar de acuerdo con el dictamen del TJUE. Una decisión que es recurrible. Javier Tebas, gran enemigo de la Superliga, no perdió la ocasión de subrayarlo: “Le queda un recorrido como mínimo de ocho años”. A su juicio, las opciones del campeonato privado son “cero”.

También el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha desdeñado el nuevo formato presentado este jueves por Reichart, que considera “aún más cerrado” que el inicial. “Equipos como el Leicester, el Girona que ahora va de líder, el Atlanta… equipos ganadores de países más pequeños no pueden clasificarse para esta competición”, ha advertido en rueda de prensa. “Si lo llamas competición abierta, estás equivocado, intentan presentarla en público como abierta, y no es cierto”. Ceferin invitó al Real Madrid y al Barça a seguir adelante con su propuesta: “Pueden crear lo que quieran, espero que comiencen su máxima competición lo antes posible… con dos clubes”.

Tanto Tebas como Ceferin se agarran a un párrafo de la sentencia en la que, en efecto, el TJUE deja claro que no se pronuncia “sobre la compatibilidad del propio proyecto de la Superliga” con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque el juzgado español no se lo ha pedido. “La sentencia no avala la Superliga”, ha recalcado el presidente de LaLiga.

Ceferin, por su parte, ha dado la vuelta al varapalo del TJUE convirtiéndolo en una oportunidad para mejorar la regulación que, según dice, ya se reformó en 2022: “Éramos conscientes de que nuestro sistema de autorización era imperfecto y empezamos a trabajar en ello en 2021. Tenemos la confianza en que estas nuevas reglas [tal y como las establece la sentencia del TJUE] están en línea con el juicio del comité ejecutivo de la UEFA”, explicó su presidente, que no obstante se ha comprometido a revisarlas tras estudiar el dictamen del tribunal europeo, para garantizar que los criterios de admisión de las posibles nuevas competiciones organizadas por terceros sean “transparentes, objetivos y no discriminatorios”.

El nuevo formato de la Superliga presentado este jueves por A22 Sports ha enmendado también los elementos que más críticas suscitaron del proyecto inicial. Así, Reichart destacó que la participación de los clubes se basará en el “mérito deportivo”, no habrá “miembros permanentes” y los equipos seguirán vinculados con sus respectivas ligas nacionales. El ejecutivo alemán insistió varias veces en el carácter “abierto” de la competición y en la “tensión competitiva” que la gobernará. Además, se le ha añadido una competición de fútbol femenino con 32 clubes, dividida en dos ligas –en lugar de las tres del masculino–. En ambas modalidades se jugarán 14 partidos por grupo y temporada, todos ellos “emocionantes”. “Hay demasiados partidos con poco interés, sólo en las finales hay un pico de audiencia”, lamentó.

Además, esos partidos se podrán ver gratis a través de la plataforma de streaming Unify, que se financiará mediante publicidad. Lo que no aclaró Reichart cuando le preguntaron los periodistas es cómo se va a financiar el proyecto. Sólo dijo que en este momento está buscando “inversores” y que está más enfocado en Unify. También aseguró que los ingresos de los tres primeros años están garantizados, incluidos unos pagos de solidaridad de 400 millones de euros –el 8% de los ingresos–, lo que duplicaría la cantidad que se reparte ahora en la Champions League. Javier Tebas rebate estas cifras. “Es imposible mantener los números que dicen con fútbol gratis”.

El único apoyo explícito a Florentino Pérez ha llegado de Joan Laporta, que considera la Superliga una “oportunidad histórica para solucionar los problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes”. Es el caso del FC Barcelona, ahogado en deuda y en números rojos. Laporta no sólo defiende que el nuevo formato de competición proporcionará a los clubes más recursos y permitirá a las ligas nacionales ser “más equilibradas y competitivas”. También arremetió contra los equipos que “pueden disponer de recursos financieros ilimitados y en ciertos casos ajenos incluso al mundo del fútbol”, en referencia a los llamados “clubes-estado”, como el Paris Saint Germain o el Manchester City, propiedad de los gobiernos de Qatar y Abu Dabi.

“Desde hoy, los clubes serán los dueños de su destino”, proclamó Florentino Pérez tras publicarse la sentencia del TJUE. Su rival, Javier Tebas, le acusa de haber “construido la historia y un relato” de que “mañana ya pueden hacer la Superliga”.

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

El presidente ejecutivo de ACS, Florentino Pérez, percibió 6,65 millones de euros por el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2022, mientras que el consejero delegado, Juan Santamaría, fue retribuido con 3,84 millones de euros.

Según el informe de remuneración de consejeros remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del total percibido por Pérez el pasado ejercicio, 5,260 millones fue la retribución total en metálico, mientras que 1,362 millones correspondió a la retribución por sistemas de ahorro y 32.000 euros por otros conceptos.

La retribución total de Florentino Pérez aumentó el pasado ejercicio un 12,57%, al pasar de los 5,911 millones de 2021 a los 6,654 millones de 2022. No obstante, su retribución en 2018, de 6,759 millones, era superior a la del pasado año.

De su lado, Juan Santamaría, que accedió al cargo el 6 de mayo de 2022, percibió 2,267 millones en metálico, 480.000 euros en sistemas de ahorro y 33.000 euros por otros conceptos. Además, percibió 1,063 millones como retribución devengada en sociedades del grupo. Cabe recordar que Santamaría es también CEO de Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic, consejero de Turner Corporation, y Thiess, entre otras.

José Luis del Valle, consejero secretario de ACS, obtuvo una retribución en 2022 de 4,348 millones de euros, de los que 3,417 millones los percibió en metálico, 657.000 euros en sistemas de ahorro y 272.000 euros por la retribución devengada en sociedades del grupo.

El vicepresidente de ACS, Antonio García Ferrer, percibió un total de 2,197 millones de euros por su actividad en 2022.

En total, el consejo de administración de ACS percibió una retribución en 2022 de 19,65 millones de euros.

La remuneración media de los empleados de ACS fue en 2022 de 50.000 euros, un 11,11% más de los 45.000 que percibieron un año antes.

El Real Madrid se personará en el caso Negreira como parte perjudicada si se admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, una decisión tomada tras la reunión este domingo de la Junta Directiva del club blanco, que mostró su "profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos", según un comunicado emitido este domingo que recoge Europa Press.

"El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas", señaló la entidad madridista en un comunicado.

La decisión se ha tomado después de que la Junta Directiva tomase conocimiento "de las graves acusaciones" formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona, dos de sus presidentes, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Albert Soler y Oscar Grau, "sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción" en el ámbito deportivo, en el marco de las relaciones entabladas por el club azulgrana con el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Tras conocerse esta información, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha pedido a los socios y aficionados azulgranas que estén "tranquilos". Además, ha reconocido que no es "ninguna sorpresa" que el club blanco se haya unido al resto de equipos. "El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos", ha escrito en su cuenta de Twitter el líder del club catalán que también señla que "muchos tendrán que rectificar".

El viernes, la Fiscalía presentó una denuncia contra el FC Barcelona y sus expresidentes, además de contra el propio Negreira y los exdirectivos Grau y Soler. La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. La denuncia se ha presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que ya recibió una querella del árbitro Xavier Estrada Fernández contra Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por estos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía deja fuera de su denuncia a Enríquez Romero, que era administrador único de la empresa de Negreira DASNIL 95 SL, porque no ha quedado acreditado que "conociera y compartiera el propósito de su padre".

El 21 de febrero, los clubes profesionales de LaLiga, a excepción de FC Barcelona y Real Madrid, expresaron su "rechazo" y su repulsa por los presuntos pagos a Negreira, mientras que LaLiga advertía de que actuaría "con firmeza".

Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

ACS acaba de lanzar un órdago que le permitirá hacerse con el control de Abertis, una de las mayores concesionarias de autopistas del mundo. Este jueves anunció la compra del 14,46% de Hochtief, empresa alemana en la que entró en 2018 y de la que ahora posee ya el 68,01%. Con los 577,8 millones de euros que le ha costado la operación, la constructora de Florentino Pérez hace salir a la familia Benetton de Hochtief y puede ya pensar en adquirir también el 20% que ésta tiene en Abertis, un movimiento que hasta ahora le impedía el pacto de accionistas por el que tanto ACS como Atlantia –la compañía de los Benetton– habían entrado en la concesionaria de autopistas en 2018 tras una cruenta pugna. En Abertis, el 50% del capital más una acción está aún en manos de los italianos, mientras que el 30% pertenece a ACS y el 20% a Hochtief.

El grupo, que factura 4.854 millones por sus negocios repartidos por todo el mundo, es un bocado apetitoso ahora que ACS pretende pasar de la construcción a las mucho más lucrativas autopistas de peaje. El beneficio de Abertis en 2021 ascendió a 691 millones de euros en 2021.

Pero el envite se produce justo cuando Abertis corre el riesgo de perder todo su negocio en Argentina. Sólo un día antes de comunicar a la CNMV su avance en Hochtief, el presidente argentino, Alberto Fernández, acompañado de su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció ante los periodistas que iniciaba el procedimiento para pedir al juez que anule los acuerdos por los que el Gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, había renegociado las concesiones a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) en 2018. Tras una auditoría que ha durado dos años el Ejecutivo peronista ha declarado que ambos acuerdos son “lesivos al interés general en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad”. De forma cautelar, también pedirá al tribunal de lo contencioso-administrativo que entregue al Estado ambas autopistas de peaje.

Aunque el peligro puede ir más allá. Porque, al mismo tiempo, un tribunal de lo Penal investiga la comisión de un posible delito de lavado de dinero mediante esos acuerdos. “Hemos identificado que en toda esta operación hubo funcionarios de los dos lados del mostrador: funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en la dirección de Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Cumplieron las instrucciones que desde sus antiguos empleadores les iban determinando”, explicó el ministro de Obras Públicas.

Ambas concesiones fueron otorgadas en 1994 por el Gobierno de Carlos Menem a estas empresas, que construyeron y gestionan las dos mayores autopistas de peaje que dan acceso a Buenos Aires: Ausol, 119 kilómetros en la Autopista Panamericana, y GCO, los 59 kilómetros de la Buenos Aires-Luján. Abertis posee el 31,59% de Ausol, y el 42,87% de GCO a través de Acesa, otra empresa del grupo ACS. Pero la presencia española en la primera se remonta a los 90, cuando era Dragados, también del grupo de Florentino Pérez, uno de los accionistas, junto con Sideco, una empresa de la familia del expresidente Macri.

Porque la pugna entre el Estado argentino y estos dos concesionarios ha sido larga y feroz. Además de contar con otros elementos políticos.

En efecto, un tercio del capital de Autopistas del Sol pertenecía a la empresa del padre de Mauricio Macri, Franco. En 2001 vendió el 25% a Dragados, y en 2017 el 7% que le quedaba. En 2015 su hijo fue elegido presidente de Argentina, cargo en el que permaneció hasta 2019. Un año antes su gobierno había renegociado las concesiones tanto de Ausol como de GCO. Así, reconoció una deuda por inversiones no recuperadas mediante el cobro de los peajes por importe de 540,52 millones de dólares con la primera y de 272,62 millones con la segunda. Un total de 813,14 millones. Según el actual Ejecutivo argentino, ese reconocimiento de deuda y la “dolarización del contrato” se hicieron “sin ninguna justificación”.

Además, se prorrogaron –“de manera arbitraria, según el ministro Katopodis– hasta 2030 las adjudicaciones, que tenían un plazo inicial hasta 2020, de forma que “se transformó un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”. Al tiempo, se pactó una subida de los peajes del 8% anual, el mismo porcentaje que se aplicó a los intereses de la deuda. Estos, explicaron fuentes del Gobierno peronista a la web infobae, era capitalizable; es decir, pasaba a formar parte del capital y, por tanto, aumentaba la deuda. Hasta los 1.161,13 millones de dólares. Como, además, las obligaciones de pago de las concesionarias –deuda, intereses e impuesto sobre sociedades– debían ser sufragadas mediante los peajes, éstos debían subir 22 veces en la autopista de Ausol –de 80 pesos (56 céntimos) a 1.830 (12,74 euros)– y 11 veces en la de GCO –de 100 pesos a 1.072–. En total, según los cálculos gubernamentales, la deuda a la que debía hacer frente el Estado argentino alcanza los 2.000 millones de dólares.

Ambas empresas respondieron este jueves asegurando que los acuerdos por los que se renovaron las concesiones son “plenamente legítimos” y resultado de un proceso de renegociación que duró 16 años. “Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006, y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, precisaron en un comunicado enviado a la CNMV argentina.

Ausol y GCO se refieren al pleito que ambas instaron ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial en 2015. Las concesionarias reclamaban entonces 3.000 millones de dólares por la deuda que les había ocasionado la congelación de peajes ordenada por el Gobierno den 2003. En agosto de 2017, cuando comenzaron las conversaciones para renegociar las concesiones con el Ejecutivo de Macri, las autopistas anunciaron que desistían de su pleito ante el Ciadi. Los acuerdos se firmaron en junio de 2018.

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor Kirchner [anterior presidente argentino]. Les dijimos: ‘Esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio. Las concesionarias aceptaron eso y eliminamos un juicio de 2.000 millones de dólares. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original”, respondió el director general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, uno de los negociadores del equipo de Macri, en la emisora Radio con Vos. Según detalló, el contrato estaba “dolarizado” ya antes de que llegara Macri al poder y Kirchner había reconocido a las empresas de Abertis una deuda de 600 millones de dólares por la congelación de los peajes. También aseguró que Ausol y GCO fueron a juicio porque el Gobierno peronista “violó su propio contrato” después. “Es la nueva y gran mentira de este presidente [Alberto Fernández]”, zanjó.

El pasado mes de agosto, las dos concesionarias intentaron recusar al ministro de Obras Públicas, al responsable de Vialidad Nacional y al procurador del Tesoro de la Nación por el “prejuzgamiento” –al emitir una opinión judicial antes de dictar sentencia-- en que habían incurrido. El Gobierno rechazó la recusación y ahora ha emitido un decreto para instar a la justicia a actuar.

Abertis también está en pleito, y desde hace años, con el Estado español, al que desde 2006 viene reclamando que le compense por las obras realizadas y un tráfico por debajo de las previsiones en las autopistas cuya concesión se le otorgó. En total, hasta 4.200 millones de euros, de los que, de momento, las arcas públicas sólo le han pagado 1.070 millones por el fin de la concesión del tramo catalán de la AP-7.

Mientras, se arriesga a perder en Argentina dos autopistas que le suponen unos ingresos anuales de 7.474,8 millones de pesos (53,06 millones de euros) –Ausol– y 5.416,3 millones (38,45 millones de euros) –GCO–, según figura en sus cuentas anuales de 2021. Pero que cerraron ese año con unas pérdidas de 521,23 y 462,7 millones de pesos (3,7 y 3,3 millones de euros), respectivamente.

Hay un hombre en España que lo hace todo: una voz nasal y monótona que rige, desde las sombras, el destino del país. Los villanos que solemos retratar en este serial tienen el atractivo de lo histriónico. Vladímir Putin, Medina y Luceño, Elon Musk o don Juan Carlos; todos tremebundos, sí, pero con un puntito sabrosón. El ruso que galopa en tetillas a lomos de un oso, el Borbón que acribilla elefantes y los pijazos bochornosos están a un accidente traumático de pintarse una cara de payaso y querer encender una hoguera que abrase el mundo.

Sin embargo, ¿quién sospecharía de un hombre lánguido con trajes oscuros y corbatas aburridas? Excelente disfraz. El astuto Florentino Pérez se las sabe todas y no quiere que nadie se cosque de los mil ochocientos millones que tiene ingresados en la Caja Rural. Miren, miren, que esta fachada anodina no tiene grietas. Verán: Pérez preside la empresa constructora más grande del mundo, con una capitalización de ocho mil quinientos millones de euros. Hacen presas, ferrocarriles, estadios, dragados, subterráneos y, si les dejaran, pirámides y mausoleos. ¿El nombre? ¿Megacimentaciones? ¿Keops SL? ¿Babel y Asociados? ¡No! "Actividades de construcción y servicios". ¡Bah!

¿Por qué un multimillonario se empeñaría en ser más soso que el dueño de una mercería? Qué extraño, me dije, sacando mi pipa más rocambolesca y mi gorra de pensar. ¡Algo huele a chamusquina! A las horas, y con la agilidad mental que me caracteriza, recordé que Florentino también es presidente del Real Madrid. “Cáspita”, exclamé, “¿estará la gente al tanto?”.

Después de algunas llamadas y una edificante conversación con el bufete de Nueva York que informó a Suárez Illana sobre la política penal aplicable al aborto de recién nacidos, quedé convencido de que el dato era de dominio público. De fútbol sé que se juega con una pelota y que es una tapadera para el blanqueo de capitales. A pesar de la soberana pereza que me daba el asunto, estaba dispuesto a llegar hasta el fondo. Me puse la sagaz entrevista que el pizpireto Jordi Évole le hizo al interfecto hace unos años. Al terminar, anoté en mi cuaderno: “El Real Madrid es una ONG”. Estaba anonadado: el presidente relataba, ufano, la ilusión que le hacía a los niños pobres tener una camiseta del club de sus sueños. ¿Estábamos tratando con un filántropo? ¡Hum!

Acto seguido, el omnisciente y beatífico algoritmo me mostró la última Junta de Socios del equipo merengue. Aficionados de distinto pelaje subían a un atril y exponían sus quejas y reproches. Florentino –sentado en el centro de una mesa larga y escoltado por unos señores sacados de una caricatura del capitalismo industrial– los manteaba con una habilidad que ya quisieran los tertulianos de los viernes por la noche. El tono cargante e imperturbable, pero las hostias a manos vueltas. Sorprendido, me puse el neopreno y me zambullí en las profundidades de la hemeroteca. No tuve que bucear mucho (gracias a Dios) para encontrar unas grabaciones formidables. En ellas, el señor Pérez se despachaba a gusto con propios ajenos. Tal es subnormal, el otro una estafa; ¿los futbolistas? Lo peor. Por un momento sentí una comunión espiritual con el magnate. ¡Pensamos exactamente lo mismo! Ya es casualidad, oiga.

La telaraña se iba enmarañando. ¿Cuál es el plan maestro? De repente, lo vi claro. “Los túneles”, me dije, “la respuesta está en los túneles”. Florentino tiene un equipo de fútbol, sí, pero también maquinaria para horadar las entrañas de la tierra. ¿Diamantes? ¿Petróleo? ¿Dejar el país como un queso gruyere y luego chantajear al gobierno? No es tan descabellado: los hombres topo están detrás de muchas fechorías. En estas mismas páginas demostramos, hace unas semanas, que Elon Musk es uno de ellos. ¡Seguro que están confabulados! ¡Por fin todo encaja!

Metí la cabeza en una palangana e intenté sosegarme. “¿Otra vez los hombres topo, Joaquín? Te estás obsesionando. Por eso te abandonaron tu mujer y tus hijos”. Me sequé la cara y me dispuse a examinar un mazo de fotos del sospechoso con una lupa gigante. “Tiene más cara de perro pachón que de topo, la verdad”, me dije. Me vi obligado a descartar la hipótesis; otra vez será.

Pasado el frenesí, lo vi claro. A Florentino le interesan más los negocios a ras de suelo que los subterráneos. Recalifícame esto, cédeme aquello. Miren, da gusto encontrarse con un tiburón de los negocios de los de toda la vida: ni reptilianos, ni masones, ni niño muerto. En la prensa se agolpan tejemanejes de toda clase y condición que, pasmosamente, no parecen haberle afectado en absoluto. Periodistas decapitados, trilerismo del más fullero y artimañas y presiones sacadas de una película de Scorsese, todo embadurnado en el espeso almíbar de la defensa del Real Madrid, bien superior de la nación española. Esto es lo que pasa cuando, en vez de tener un país, tienes la marca España.

El mejor embajador, el referente y el sursuncorda: qué hallazgo. Camisetas blancas y componendas con las mejores y más prestigiosas satrapías orientales. Por fin me topaba con un genio del mal como mandan los cánones, un señor con dinero como para comprarse un archipiélago, pero con el deseo de mandar intacto. Un tío Gilito, un monigote del Monopoly. ¡Viva! Esto es lo que nos diferencia a nosotros, homúnculos sin oficio ni beneficio, de los grandes próceres. A usted y a mí nos dan la mitad de la décima parte del patrimonio del amigo Pérez y nos falta tiempo para comprarnos un adosado en Cancún, un apartamento en Torrevieja y un Mercedes de kilómetro cero. Venga esa piña colada y que trabaje la abuela. ¡Nos falta ambición! Somos la degradación de la especie, el acabose de la voluntad de poder. Lamentables hombres blandengues.

Nos queda, sin embargo, el consuelo de mirar la cara flácida y reluciente de especímenes mejores, de los grandes héroes de la historia. Podemos, contemplando los rascacielos de la Castellana, admirar la alquimia que logra transmutar equipamientos deportivos para un barrio en una lucrativa operación inmobiliaria. Sentir cómo las obras del Bernabéu se comen los alrededores del estadio en pro del bien, la belleza y la verdad. Agitar una bufanda blanca y gritar loas a nuestro líder y a los deportistas oligofrénicos a los que tanto desprecia. Mirar de reojo a los titanes que se sientan en el palco del estadio y fantasear con sus balances contables. Hala Madrid, signifique lo que signifique eso. Abracadabra.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, obtuvo una remuneración total de 5,91 millones de euros en 2021, lo que supone un ligero incremento del 1% respecto a 2020, debido a una mayor retribución variable a corto plazo. Según consta en el informe de remuneraciones de los consejeros publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pérez mantuvo su sueldo y su retribución fija sin cambios en 1,72 millones y 390.000 euros, respectivamente.

Respecto a la retribución variable a corto plazo, esta se incrementó un 2,5%, hasta 2,4 millones de euros. Por otra parte, su remuneración por sistemas de ahorro fue de 1,36 millones de euros, la misma cantidad que hace un año.

Aparte de Pérez, ACS cuenta con otros tres consejeros ejecutivos, todos con una mayor retribución que el resto de consejeros externos. Entre ellos, destaca Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de la compañía hasta marzo de 2021. Su retribución fue de 1,9 millones de euros, un 58% menos que en 2020.

El resto de ejecutivos son el secretario general, José Luis del Valle, que percibió 4,3 millones, un 21% más, y el vicepresidente, Antonio García, cuya retribución fue de 2,16 millones de euros.

En total, sumando a todo el consejo de administración, la retribución devengada en 2021 alcanzó los 17,34 millones de euros, un 8,4% menos que los 18,96 millones del año anterior.

El año pasado, ACS obtuvo un beneficio neto de 3.045 millones de euros en 2021, lo que supuso multiplicar por cinco los 574 millones de euros que ganó en 2020, un aumento que se explica por los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de su división industrial (Cobra) a Vinci por unos 5.500 millones de euros.

Iberdrola ha pedido al juez instructor de la macrocausa Tándem, Manuel García-Castellón, que expulse al presidente de ACS, Florentino Pérez, de la pieza separada sobre los presuntos encargos de la energética al comisario jubilado José Manuel Villarejo al considerar que el también dirigente del Real Madrid solo trata de "denigrar a un competidor", informa Europa Press.

En un escrito del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Iberdrola reitera al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que "el avance de las investigaciones ha permitido comprobar" que no se "contrató" a nadie para investigar a Pérez, a quien acusa de hacer un "uso abusivo y fraudulento de su posición procesal".

A través de varios puntos, la compañía que dirige Ignacio Sánchez-Galán responde a algunas de las peticiones de Pérez al juez. La principal, entre las mismas, que se acordase la condición de investigada a Iberdrola.

"El escrito de 15 de diciembre de 2021 no es más que un nuevo intento de cercenar nuestros derechos y perjudicar nuestros legítimos intereses", critica la compañía, que asegura que su presentación coincidió con el auto de la Sala de lo Penal que "venía a restaurar" los derechos de Iberdrola, reconociéndola como parte querellante y revocando el sobreseimiento contra su exdirectivo José Antonio del Olmo.

"Ello sería una muestra inequívoca del fraudulento actuar procesal de esa representación cuyas auténticas pretensiones, implementando una estrategia dirigida a denigrar a un competidor, son las de privar a esta parte de su derecho a ejercitar la acusación y, a mayor abundamiento, que se acuerde su declaración en calidad de investigada con la finalidad de perjudicar a mi mandante", critican.

En esta línea, el escrito recuerda que ACS es "un competidor directo de Iberdrola" y que, con su estrategia, busca la "obtención de una ventaja competitiva frente al competidor, lo que podría ser, además de para infringir la legislación sobre competencia desleal, para intentar resarcirse de viejas batallas".

Para defenderse de la petición de Pérez, Iberdrola aduce que no es posible considerarle como investigada dado que "la actuación" del exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo con la compañía de Villarejo se realizó "exclusivamente en nombre y por cuenta de Iberdrola Renovables y para cancelar unos gastos suplidos que afectaban únicamente a dicha mercantil".

"Es decir, absolutamente fuera del ámbito de Iberdrola y sin que le reportase ningún beneficio o utilidad a mi mandante", insisten, recordando además que "Iberdrola cumplía sobradamente con las exigencias de medidas preventivas requeridas por la legislación en el año 2012".

Pero, además, la respuesta de Iberdrola llega tan solo un día después de que el presidente de ACS solicitase al juez que aplicase la directiva whistleblowing, diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, al ex directivo de Iberdrola José Antonio del Olmo.

Y todo ello, según explicaba Pérez, al considerar que el exdirectivo "está siendo represaliado" por su antigua compañía mediante acciones legales por el informe que elaboró en 2004 sobre presuntas irregularidades en la eléctrica en relación con la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

En este punto, desde Iberdrola hacen constar que Pérez "viene actuando en el presente procedimiento como si de una acusación pública o popular se tratase". "Las pretensiones de esa representación, al menos en todo lo relacionado, aunque sea tangencialmente con mi mandante, van más allá de las pretensiones impulsadas por otras acusaciones, incluida la ostentada por los representantes del Ministerio Fiscal", critican.

"La estrategia procesal seguida" por el presidente de ACS, continúan, "se hace patente en formas de actuar que obstaculizan constantemente el avance normal del proceso". "Así, se produce una reiteración de peticiones dirigidas a atribuir la condición de investigada a mi representada o a privarla de la legítima condición de acusación particular que le corresponde, así como también se actúa en defensa de uno de los investigados, el señor Del Olmo", lamentan.

Y se hace, sostienen, "con independencia" de que se traten de "cuestiones ya resueltas, ajenas a la defensa de sus intereses o, incluso, en abierta contradicción con las informaciones obrantes en la causa".

En definitiva, Iberdrola considera a Pérez como una figura que "actúa amparada por una teórica posición de acusación particular, en la que se extralimita de forma constante". "En realidad, es una acusación que actúa a favor de uno de los acusados, es un acusador que actúa en contra de otra acusación y, por último, ejerce la acusación particular en relación con hechos que le son totalmente ajenos", apostillan.

Así las cosas, Iberdrola insiste en que "llama la atención" que Pérez "haya centrado su interés" en la eléctrica, "obviando solicitar diligencias de investigación dirigidas a acreditar indiciariamente la supuesta afectación a la intimidad o al secreto de las comunicaciones de su representado como consecuencia del denominado Proyecto Posy", el supuesto encargo a Villarejo por el que habría sido víctima de espionaje.

La compañía que preside Sánchez-Galán no expresa dudas con esta cuestión: "Estas omisiones, ausencias o silencios son una muestra inequívoca de la auténtica finalidad que se persigue con el ejercicio de la acusación particular que ostenta: perjudicar directamente a mi representada".

La nacionalización del banco malo, como se dio en llamar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acaba de decidir el Consejo de Ministros en un decreto ley, es sólo el penúltimo caso en que los contribuyentes terminan pagando sumas milmillonarias por fiascos que, en principio, no les iban a costar “ni un euro”. Esa fue la promesa del Gobierno respecto al rescate financiero, en palabras del exministro del PP Luis de Guindos. También la que repitió su compañera de partido y exministra Ana Pastor sobre las autopistas radiales quebradas. Pero la compra del banco malo resulta ser especialmente escandalosa no sólo por su cuantía, unos 35.000 millones de euros, sino porque, además, el desembolso viene a sumarse a los 66.577 millones de euros públicos que ya ha costado el rescate financiero entre 2012 y 2018, según los últimos cálculos del Tribunal de Cuentas.

Otros pufos sonados, aunque de menor volumen, saltan a la memoria, la mayoría relacionados con infraestructuras acometidas bajo la fórmula de la colaboración público/privada por constructoras a las que ha tenido que rescatar o indemnizar el Estado. Es decir, el contribuyente. Las autopistas radiales, el proyecto Castor, el túnel del Pertús o la AP-7 son los casos más sangrantes.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no quiere llamarla “nacionalización”, pero la compra por un precio simbólico de las participaciones del resto de los accionistas de la Sareb supone su toma de control por el Estado. Desde que Eurostat obligó a España a reclasificar como sector público al banco malo e incluir sus 10.500 millones de patrimonio neto negativo como déficit público y sus 34.918 millones pendientes de devolver como deuda del Estado, el cambio de su régimen jurídico era obligado. Aunque también hay otra realidad imperiosa: la Sareb se encuentra en quiebra técnica. Ni siquiera la conversión de 1.429 millones de euros de deuda subordinada en capital el pasado julio –hubo otra en 2016, por 2.170 millones–, que debería haber servido para restablecer el equilibrio patrimonial y compensar las pérdidas de 2020 –1.073 millones– ha conseguido salvar al banco malo.

Según admite la Sareb en el informe de actividad del primer semestre de 2021, los números rojos han consumido íntegramente sus fondos propios, incluida la deuda subordinada. Pero, como desde marzo de 2020 y mediante real decreto-ley, al banco malo no se le aplica el artículo de la Ley de Sociedades de Capital que obliga a una sociedad a disolverse si su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, se le permite seguir trabajando “incluso con insuficiencia de recursos propios”.

La Sareb fue una idea controvertida desde su nacimiento. Cuando en 2012 adquirió los más de 200.000 activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas –inmuebles y préstamos morosos– lo hizo por un precio inflado: 50.781 millones de euros. La Comisión Europea calculó que se habían pagado 19.000 millones por encima de su valor de mercado. En sus nueve años de vida ha conseguido vender el 40% de esa cartera y cancelar el 31,2% de la deuda que emitió para adquirir el ladrillo tóxico. Mientras acumulaba unas pérdidas que rozan los 6.000 millones de euros. En ese último informe semestral, la Sareb reconoce que le va a resultar “imposible” generar flujos de caja suficientes” hasta 2027 –el plazo fijado para vender todos los inmuebles– con los que amortizar íntegramente la deuda emitida.

Ésa es la sociedad que compra ahora el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya ha hecho una oferta a los 26 bancos y aseguradoras con los que se reparte el capital social de la Sareb: un céntimo por cada 39.710 acciones. Lo que supone valorar el banco malo en 360 euros. El FROB compraría las participaciones de las entidades privadas por un máximo de 194,35 euros.

Hasta ahora, el FROB poseía el 45,9% de la Sareb. Y no podía por ley superar el 50%. Es lo que acaba de cambiar el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la UE. El resto del capital se lo reparten el Santander –22,23%–, CaixaBank –12,24%–, Sabadell –6,61%–, Kutxabank –2,53%–, Ibercaja –1,43%–, Bankinter –1,37%–, Unicaja –1,27%–, Cajamar –1,21%–, Mapfre –1,11%– y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.

La próxima duda es si los bancos venderán toda su participación, lo que les haría perder sus activos fiscales diferidos o DTA, que les permiten rebajar la factura con Hacienda por el impuesto de sociedades. También si será necesario prorrogar más allá de 2027 la vida de la Sareb, en vista de los problemas que está teniendo para cumplir con su mandato y liquidar el ladrillo tóxico que se pudre en sus cuentas.

El agujero del banco malo hará un poco más indigerible si cabe la enorme factura del rescate financiero. La última cifra sobre su coste corresponde al Tribunal de Cuentas, que eleva en 852 millones el cálculo del Banco de España. El supervisor bancario no actualiza el dato desde noviembre de 2019 y con números referidos a diciembre de 2018. Según el Tribunal de Cuentas, el coste asumido por el FROB se eleva a 45.344 millones de euros, mientras que los 21.295 millones restantes han corrido a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de los bancos. De la cifra total, sólo se han recuperado, de acuerdo con el Banco de España, 4.477 millones de euros. Y únicamente podrán recuperarse 9.560 millones de euros cuando el FROB venda su participación en la antigua Bankia, desde marzo integrada en Caixabank.

La fusión de ambos bancos obligó al FROB, que poseía un 61,83% de la rescatada Bankia, a actualizar el valor contable de esa participación, que se convirtió en un 16,12% de CaixaBank. Esa revisión se tradujo en un impacto negativo de 3.556 millones de euros para la entidad pública. Por ese motivo sus pérdidas en 2020 se multiplicaron por 13. En resumen, otro roto más en el descosido monumental del rescate financiero. Ateniéndose sólo a las cifras previstas por el Banco de España, sólo se ha recuperado el 9,8% del dinero público empleado y, en el mejor de los casos, sólo podrá recuperarse el 31% si se privatiza Bankia al precio que prevé el FROB.

Tampoco está claro el desenlace de otro capítulo negro para las finanzas públicas, pese a que arranca incluso más atrás que la crisis financiera. Las autopistas radiales empezaron a inaugurarse en 2003 y las empresas que las construyeron a cambio de explotarlas en régimen de concesión durante 30 años –con peajes para los usuarios– quebraron una tras otra a partir de 2012. Nunca alcanzaron el tráfico mínimo que les habría permitido sobrevivir. Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL, Comsa, Globalvía, Ploder, Sando, Azvi, Europistas, Budimex… vieron en la colaboración público/privada que les ofrecía el Estado una oportunidad de oro. Nada más lejos de la realidad. Todas ellas terminaron por reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado, el derecho que asiste a cualquier ciudadano de ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El procedimiento para obtener esa reparación es largo. En el caso de las nueve radiales aún no se ha cerrado. Así que, en el transcurso de la última década, los bancos acreedores de las constructoras han tenido tiempo de vender su deuda a toda una serie de fondos: King Street, Taconic, Attestor Capital, Titulización de Activos son algunos de ellos. En otras palabras, el dinero que les pague el Estado caerá en manos de estos fondos de inversión.

Y no es poco. Según los cálculos del propio Gobierno para los Presupuestos Generales de 2019, puede alcanzar los 1.800 millones de euros. Ese mismo año, el Consejo de Ministros decidió limitar la responsabilidad patrimonial por las radiales a un máximo de 3.305 millones. Pero los propios acreedores lo elevan hasta los 4.500 millones. La patronal de la construcción, Seopan, llegó a cifrar en 5.657 millones el rescate.

De momento, las radiales R3 (Madrid-Arganda) y R5 (Madrid-Navalcarnero) costarán 119,15 millones de euros de dinero público; la AP-41 (Madrid-Toledo), 52,92 millones; la M-12 (Madrid-Barajas), 46,46 millones y la AP-36 (Ocaña-La Roda en Albacete), 319,6 millones. Las liquidaciones aún provisionales de la Circunvalación de Alicante y la Circunvalación Cartagena-Vera suponen 307,5 y 282,7 millones, respectivamente. La R-4 (Madrid-Ocaña), costará cero euros, porque el Estado tendrá que pagar por expropiaciones más de lo que costó la autopista. Y la R-2 (Madrid-Guadalajara) está aún pendiente de cálculo.

En los Presupuestos Generales de este año, se ha consignado el pago de 560 millones que, sumados a los 255,4 millones destinados a este fin en los de 2021, suponen 815,4 millones como factura inicial. Aunque la batalla puede alargarse aún más porque los fondos han recurrido en el Tribunal Supremo la fórmula utilizada por el Gobierno para calcular las indemnizaciones.

Las nueve radiales son ahora gestionadas por una sociedad estatal, Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes, y las autopistas son gratuitas.

También está pendiente de cálculo la compensación que reclama Abertis por el fin de la concesión de la AP-7, la Autopista del Mediterráneo. En agosto de 2021 venció el contrato, uno de los que el Gobierno decidió no renovar para que las autopistas pasaran a ser gratuitas. Acesa, filial de Abertis y ésta, a su vez, propiedad de la española ACS y la italiana Atlantia, reclama 3.826 millones al Estado por la ampliación y mejora de la autopista, que sufragó en la confianza de que el aumento del tráfico haría más que rentable la inversión. Ambas partes firmaron un convenio en 2006 que obligaba al Estado a compensar a la empresa si esa expectativa de tráfico e ingresos no se cumplía. La crisis de 2012 estalló y se llevó por delante los peajes de la AP-7. Pero el Ministerio de Transportes sólo está dispuesto a pagar a Abertis 1.291 millones. Preguntada por infoLibre al respecto, la empresa asegura que se encuentra a la espera de que la Administración se pronuncie. Por su parte, el departamento de Raquel Sánchez explica que está “terminando de calcular la cifra” y que ésta “no es objeto de negociación con la concesionaria”. “El resultado que se obtenga”, apunta, “será el de aplicar las directrices previstas en los reales decretos, los convenios firmados, las normas, etcétera, interpretados de acuerdo con los criterios jurídicos de la Abogacía del Estado y los criterios de los técnicos del departamento”. El ministerio tenía seis meses para contestar, un plazo que acaba este mismo mes de febrero.

Si el nombre de Abertis se repite en la reclamación al Estado por las autopistas radiales y por la AP-7, el de ACS, la constructora de Florentino Pérez, aparece por duplicado en otros dos fiascos pagados por el contribuyente: el proyecto Castor y el túnel del Pertús.

El cierre del almacén de gas que Escal UGS, una empresa propiedad de ACS y la canadiense UGS, construyó frente a las costas de Castellón, ha costado a las arcas públicas 1.350 millones de euros. Es la cantidad que la firma pidió al Estado en 2014 después de que los múltiples seísmos que se atribuían a la instalación pusieran en pie de guerra a los vecinos de Vinarós y forzaran su clausura. La inyección de gas en el depósito submarino había encendido las alarmas de ecologistas y partidos políticos. Pero la revelación de que, además, el Estado había firmado con la empresa una compensación millonaria por el fin abrupto de la concesión –30 años– desató el escándalo.

Aún faltaban más detalles para redondear la operación. El Gobierno adjudicó el almacén a la semipública Enagás, que además debía encargarse de pagar a Escal UGS. Y para cubrir ese desembolso, le permitió utilizar una cantidad a cuenta de los peajes y cánones del gas: 80 millones al año. De manera que sería el consumidor quien abonara en sus recibos la indemnización.

Pero Enagás transmitió ese derecho de cobro a tres bancos, Santander, Caixabank y Bankia, que le adelantaron el dinero para pagar a Escal UGS. A su vez, las tres entidades pasaron a recibir los abonos procedentes de los peajes y cánones del gas, que les ingresaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta que el Tribunal Constitucional anuló ese derecho de cobro en diciembre de 2017, atendiendo a un recurso presentado por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, junto con 50 diputados nacionales del PSOE. Los bancos acudieron al Tribunal Supremo y éste les dio la razón en octubre de 2020.

Sin embargo, ACS no se da por satisfecha y, según publicó Cinco Días, está estudiando presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por el lucro cesante de la concesión otorgada en 2008 por 30 años. La empresa de Florentino Pérez no ha querido confirmar a infoLibre si, en efecto, va a demandar al Gobierno por la clausura de Castor.

El contrato que otra filial de ACS, TP Ferro, constituida al 50% con la francesa Eiffage, firmó con el Gobierno también incluía una cláusula de rescate en caso de que el negocio no cumpliera sus expectativas de lucro. Lo suscribieron en 2004 para construir y explotar el tramo ferroviario entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), que incluye el túnel del Pertús y por donde debería pasar el AVE. Para la obra, TP Ferro recibió una subvención de la UE de 636 millones de euros, la mitad del coste.

Al igual que ocurrió con las autopistas, las previsiones de tráfico de TP Ferro en ese tramo no se cumplieron. La empresa se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2015 y fue liquidada un año después. En cumplimiento del contrato, pide una indemnización al Estado de 450 millones de euros, más otros 250 millones por daños y perjuicios. Pero ni España ni Francia quieren pagar. Así que TP Ferro acudió en 2020 al tribunal arbitral de Ginebra para conseguir la compensación. La empresa culpa de la falta de tráfico en el tramo fronterizo a los retrasos en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. Desde que se liquidó TP Ferro, son las empresas públicas española y francesa, Adif y SNCF, las encargadas de gestionar los 44,4 kilómetros de vías, a través de una sociedad constituida al 50% y llamada Línea Figueras Perpignan SA.

Sumando sólo este puñado de grandes fiascos, el coste para los contribuyentes de la socialización de pérdidas empresariales durante la última década puede alcanzar los 72.871 millones de euros.

ACS es una de esas marcas que están por todos lados. Da igual que mires hacia un puente, un hospital, una residencia de mayores o un carrito de la limpieza que se mueve de un lado a otro en cualquier institución pública. Seguramente, de una u otra forma, la multinacional esté detrás de todo ello. Como también lo está, desde hace ya años, de la formación de los más pequeños. Porque la educación infantil es también otra de las líneas de negocio que interesan a la multinacional presidida por Florentino Pérez. Es más, justamente una de sus filiales es la que se ha hecho con más de la mitad del último gran paquete que ha sacado a concurso la Comunidad de Madrid para la gestión de guarderías en la región. De una quincena de centros, siete han caído en sus manos.

Hay varios modelos de enseñanza de los más pequeños en la región. Por un lado están los centros privados, cuyo coste mensual puede moverse alrededor de los 500 euros. Por otro, los centros de titularidad pública, donde conseguir meter la cabeza suele convertirse en una odisea para padres y madres –este curso las peticiones en el primer ciclo de infantil duplicaban al número de plazas disponibles–. Y, entre medias, aquellos cuyas instalaciones son propiedad de la Administración pero cuya gestión está en manos de empresas privadas previo concurso público. Algunas de ellas son pequeñas firmas o cooperativas. Sin embargo, en los últimos años han entrado a competir con fuerza grandes multinacionales que han visto en la enseñanza infantil una oportunidad de negocio.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso licitó el último gran paquete de estas características. En concreto, sacó a concurso dos importantes contratos para la gestión de centros con un alumnado que se mueve entre los cero y los tres años. En juego, las riendas de una quincena de guarderías repartidas por toda la comunidad autónoma. Entraron en la pugna más de una veintena de compañías diferentes. Sin embargo, solo entre seis se repartieron finalmente un pastel cuyos contratos fueron formalizados el pasado mes de diciembre. Y más de la mitad del mismo se lo quedó una sola: Koala Soluciones Educativas, que forma parte del inmenso conglomerado empresarial que alrededor del sector servicios ha levantado el grupo ACS, según figura en su propia página.

La firma se ha hecho con siete de los lotes. E ingresará por todos ellos 8,94 millones de euros. Siete centros que gestionará, si nada lo impide, hasta julio de 2024. Dos de ellos se encuentran en Madrid: Rayuela y Rocío Durcal. El resto, están distribuidos por diferentes municipios situados al sur de la capital. Arte en Getafe, El Naranjo en Fuenlabrada, La Comba en Leganés y Zarabanda y El Manzano en Parla. Según los pliegos de prescripciones, cada una de ellas deberá prestar sus servicios durante al menos diez horas diarias y contar, como mínimo, con dos maestros y una cifra de educadores que varía en función del centro. En total, siempre según lo establecido en los documentos técnicos, entre todas estas escuelas sumarán, al menos, un millar de plazas.

Los ocho lotes restantes han ido a parar a otra media decena de firmas diferentes. Zahir infancia, Nanas Escuelas Infantiles y Atreyu Blota se han hecho, cada una, con dos centros de educación infantil, mientras que Arci Nature Intervención Social se ha quedado con uno, al igual que Domicilia Aliados por la Integración.

Las tasas de escolarización a nivel nacional en las primeras etapas han experimentado un avance con el paso de los años. Si en el curso 2009-2010, la de menos de un año se situaba en el 7,8%, en el curso 2019-2020 alcanzaba en el 13,1%, casi el doble. Con un año, la cifra se sitúa en el 43,9%, frente al 26,5% de hace una década, mientras que en el caso de dos años se coloca en el 63,1% –frente al 44,4% de hace diez años– y en el de tres años en el 96,1%. Para este curso, y con las cifras sobre la mesa, la Consejería de Educación espera que la tasa de escolarización temprana se incremente en Madrid hasta el 48,8%.

Pero el problema de oferta y demanda sigue estando ahí. "En España, la demanda es más alta que la oferta en el primer ciclo de educación infantil (menos de tres años) en la mayoría de comunidades autónomas", ya avisaba la Comisión Europea en un informe de 2019. Algo que, no obstante, afecta a la mayoría de países de nuestro entorno. Las únicas excepciones, los nórdicos.

Quizá por eso, el Ejecutivo central ha puesto esta cuestión entre sus prioridades en materia educativa de cara a la llegada de los fondos europeos. Así, en su plan de resiliencia incluye una inversión para dotar de equipamiento más de 65.000 nuevas plazas de educación infantil, prioritariamente de uno o dos años. "Permitirá la mejora de los resultados educativos futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la familia", recoge el documento.

Con este contexto sobre la mesa, las grandes empresas han visto en la educación infantil una oportunidad de negocio. Es el caso de ACS, que a través de Koala gestiona por todo el país 59 escuelas infantiles, con más de cinco millares de alumnos. No es la única. Eulen, que inicialmente se dedicaba a la limpieza, también tiene una rama dedicada a la enseñanza de los más pequeños. "No son empresas que crean realmente en esto, sólo buscan ganar mucho dinero fresco y fácil", explica al otro lado del teléfono Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

Para la portavoz del sindicato, el estallido de la burbuja inmobilaria fue el punto de partida para la entrada de estas grandes empresas en el juego. Un camino que se encargaron de ir despejando desde la arena política en plena era Aguirre. "Durante la etapa de Lucía Figar como consejera, se dio un vuelco a la educación infantil. Por ejemplo, flexibilizando los requisitos mínimos: se redujeron los espacios, se modificaron las ratios, las infraestructuras empezaron a ser de peor calidad... Fue durante esta época cuando comenzó a impulsarse esa externalización", explica Galvín en conversación con infoLibre.

La entrada de estas grandes firmas en la enseñanza infantil preocupa, y mucho, a la portavoz educativa de CCOO en la región. "Tiene un impacto devastador", dice. Primero, apunta, porque funcionan sobre la idea de "ganar mucho en poco tiempo". "Suelen lograr los contratos haciendo licitaciones a la baja, yendo al mínimo legal. Si la ley establece que, como poco, debe haber una maestra por cada seis unidades, ellos se quedan en eso, en lugar de ofrecer un profesor para cada tres clases", cuenta. Y eso, el quedarse en el "chasis", continúa, tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio que se ofrece: "Peor atención del alumnado, peor material, peor alimentación...".

Y también van "al mínimo legal en salarios". El sueldo de las trabajadoras, asegura al otro lado del teléfono, está solo diez euros por encima del salario mínimo interprofesional. "Son condiciones laborales leoninas. Y cuantas más escuelas infantiles gestionen más representación tienen en la mesa de negociación del convenio", explica Galvín. Por todo ello, defiende una apuesta firme en escuelas infantiles de gestión directa. Porque, sentencia, "no se puede escatimar" en la enseñanza de los más pequeños.