Tras una vida dedicada al sindicalismo, incluido el liderar la federación catalana de CCOO (primera central en número de afiliados en la Cataluña procesista, por la herencia de la labor sindical que hicieron los cuadros del PSUC durante la Transición), Joan Coscubiela (Barceloneta, 1954) alcanzó en noviembre de 2017 gran relevancia nacional por sus diatribas en el Parlament contra la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que votaron los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras junto a la CUP poco después del 1-O. 

Lo malo de esa inesperada fama es que Coscubiela dejaría la política tras la DUI. En su primer año de retiro presentó un libro, Empantanados. Y ahora vuelve a la carga con su segunda obra, La pandemia del capitalismo (Planeta). Una reflexión holística sobre economía, política y futuro de la democracia salpicada de análisis sobre los nacionalismos y el modelo territorial de España.   

PREGUNTA: Aunque en La pandemia del capitalismo hay una reflexión global sobre los servicios públicos, el modelo económico o la democracia, hay un elemento que aparece en todo el libro: el agotamiento del modelo autonómico.La pandemia del capitalismo

RESPUESTA. He trazado una línea entre la crisis de la democracia y otras crisis más locales, y en el caso de España una de esas expresiones de la crisis del Estado es el agotamiento del modelo autonómico. Éste ha recibido ataques injustos alentados por el humo del procès, pero es evidente que tiene problemas de diseño. Ante la falta de un modelo federal, se ha puesto en marcha el agravio comparativo como motor del Estado.

P: Dice que el federalismo sufrió un varapalo en el referéndum por el Estatuto de Andalucía de 1980.

R: No, no tanto el federalismo sino la Constitución, cuyo artículo 2 ["La Constitución se fundamenta en ladisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"] es absolutamente polimórfico: unidad de Estado a la par que autonomía territorial. Se podía haber resuelto de otra manera: un tratamiento diferencial a las nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña, frente a otros territorios que ni siquiera se habían planteado tener siquiera comunidad autónoma. El referéndum de Andalucía supone un momento decisivo: se ve lo complicado que iba a ser la construcción de un estado autonómico asimétrico que podía haber sido un estado federal.

P: Y de ahí parte el agravio comparativo.

R: Al no tener las fuerzas políticas y sociales un modelo de Estado... la derecha tiene uno, el Estado centralizado; el nacionalismo catalán tiene otro, la independencia; el foralismo vasco y navarro, otro. Pero la izquierda no tiene un modelo de estado que defienda el federalismo. El agravio comparativo se vio en su esplendor en la reforma de los estatutos de autonomía, en la etapa de Zapatero.

P: ¿Cree que el modelo autonómico ha fracasado en la lucha contra el coronavirus?

R: Aquí veo dos cosas que pueden parecer contradictorias pero que para mí no lo son: a nivel político ha habido muchas trabas, pero también creo que ha habido más prácticas federales de las que se reconocen a nivel sanitario, técnico u otras. Pedro Sánchez de repente convocó tantas conferencias de presidentes de golpe... no hay una cultura federal. El federalismo es una cultura.

P: En el libro lamenta la inexistencia de “mecanismos de cooperación federal”.

R: Hay algo evidente: se ha visto la debilidad de la gestión descentralizada de la Sanidad, la falta de coordinación entre los organismos de Salud Pública. Apunto en el libro a cosas imprescindibles en una reforma del Estado: la necesidad de crear espacios de cooperación. Agencias públicas estatales potentes donde se encuentren las agencias autonómicas, por ejemplo. ¡Y no he dicho que las agencias deban ser simétricas! La masa crítica ciudadana es distinta en un lado y en otro.

P: Es muy crítico con el procés durante la pandemia, al haber este “compartido la estrategia [de la ultraderecha] de desestabilizar a los responsables científicos, técnicos y políticos” del Gobierno central.

R: Quim Torra y Díaz Ayuso, desde lugares contrapuestos, ejercieron el mismo papel: debilitar los espacios de cooperación y descreditar a los técnicos responsables de salud pública. E incluso veo similitudes entre ambos y Trump. Esto no atañe a sus partidos: dirigentes del PP como Feijóo han hecho gala de una actitud responsable. E incluso en Cataluña tras la dimisión forzada de Torra ha habido un cambio en ese sentido a mejor.

P: En el libro propone contraponer el “resultantismo” (competitividad) de la sociedad con la idea de “comunidad”. ¿Qué es la comunidad?

R: El ser humano es fruto de la combinación de cooperación y competitividad. Hemos escalado en la evolución animal por encontrar el equilibrio entre ambos factores. La Historia nos demuestra en que hay periodos de mayor competitividad (resultantismo, nihilismo social, individualismo, como la Revolución Conservadora de Thatcher y Reagan) y otros de mayor cooperación. Estoy convencido de que vamos a asistir ahora a una mayor cooperación. Pero habrá que trabajárselo: no va a caer del cielo porque sí. En un mundo interdependiente, o hay cooperación o nos vamos al garete todos.

P: Y entonces surge su propuesta estrella, la “competitividad cooperadora”.

R: Pondré un ejemplo de mi etapa sindical: las empresas de automoción no son solo empresas, sino cadenas de valores. Cadenas que contienen a su vez a otras empresas más pequeñas y repartidas en diferentes países. Los empresarios del sector saben que si quieren ser más competitivos tienen que poner a cooperar a toda esa cadena. Si la empresa central que construye automóviles externaliza la producción, inicialmente reduce costes pero tarde o temprano se va a encontrar con huelgas que paralizarán esa producción.

P: Uno de los ejemplos que usted aporta que muchas empresas están internalizando los riesgos ambientales y sociales que generan. ¿Es suficiente?

R: Estos días China está inmersa en un proyecto colosal científico y tecnológico sobre las nubes que en teoría le va a permitir modificar el clima. Eso, que es de una soberbia tecnológica brutal, tiene unos riesgos tremendos, no solo para los chinos sino para los países de su entorno.

P: ¿Qué quiere decir cuando plantea “reemplazar las relaciones de ciudadanía por las de cliente de la política”?

R: Algo obvio. El mercado ha irrumpido en nuestra vida. Completamente. Y en la práctica se han terminado regulando cosas brutales. Hay personas que creen tener derecho a acceder a vientres de alquiler. La vivienda, que era un derecho, ha terminado siendo un producto de inversión financiera regulado por mercado. Y todas las relaciones comunitarias, sociales se convierten en relaciones de mercado o clientelares.

Gran parte de los clubes de fútbol de Cataluña nacen vinculados a fábricas. Antes, si querías hacer montaña, te apuntabas a un club, al menos en Cataluña; ahora, la gente que quiere hacer montaña contrata una empresa. Y no hablemos del fútbol y el mercado. La propia política acaba atrapada por esa lógica de mercado. ¿Se relacionan los partidos políticos con la ciudadanía a través de vínculos asociativos estables? No, a través de vínculos clientelares, y ahí están las redes sociales: vínculos más efímeros y menos comprometidos.

P: ¿Qué propone?

R: Propongo acotar mucho la función del mercado, el intercambio de bienes y servicios, y reequilibrar esa función en favor de la sociedad. La sociedad organizada en partidos, en comunidades...

P: Dice que ya no habrá “ni militantes ni afiliados ni adheridos, ni tan siquiera ciudadanos. Solo clientes.

R: Lo planteo como una cuestión de presente, no futuro. Curiosamente, me parece ver que los que están aguantando mejor las crisis son aquellos que mantienen estructuras analógicas. ¿Qué ha sido de Ciudadanos? Que se relacionaba con la ciudadanía de manera clientelar. De ahí su debilidad. La gente imputa su hundimiento a errores estratégicos de Rivera. Pero si Ciudadanos fuera una organización más sólida, esta crisis se supera. El problema es que sus cimientos descansaban sobre relaciones clientelares.

P: El PP sigue vivo tras múltiples casos de corrupción desde hace años

R: Es justo lo que digo. En Cataluña hubo otro fenómeno curioso: la implosión interna de la antigua Convergencia. Por la capacidad destructiva del procès.

Me parece poco útil releer hoy lo que pasó hace un año en clave de pasarnos cuentas. Este conflicto no tiene solución con un final de vencedores y vencidos y ello nos obliga a todos a evitar esa tentación.

En cambio sí me parece imprescindible analizar el Pleno del Parlament de los días 6 y 7 del año pasado en clave de futuro, para intentar una lectura compartida de lo sucedido.

Aquel Pleno fue la culminación de un proceso que convirtió una gran ilusión colectiva en una inmensa ficción y que abusó de la astucia hasta convertirla en una estafa política. Así lo ha reconocido, aunque con otras palabras, la consellera Clara Ponsatí, aunque esa reflexión no ha tenido continuidad en el mundo del independentismo.

Fue también la evidencia del callejón sin salida al que nos había conducido la renuncia a hacer política. Por la negativa de Rajoy a canalizar democráticamente un conflicto que el PP había alimentado desde sus inicios y por la incapacidad de los partidos independentistas para aprovechar alguna de las pistas de aterrizaje suave que otras fuerzas políticas catalanas le venían ofreciendo.

Ese Pleno también fue un punto de no retorno en la radicalización del conflicto. La aprobación de la Ley de Transitoriedad puso de manifiesto la victoria dentro del independentismo de la estrategia de quemar las naves.

Pero esos días pasaron más cosas. Se hizo evidente el deterioro de la cultura democrática de nuestro país. La idea de que en democracia la mayoría lo puede todo es la más antidemocrática concepción de la democracia. Quizás el conflicto catalán no haya sido el detonante sino que simplemente ha servido para hacer emerger un problema preexistente, la debilidad de nuestra cultura democrática.

Una prueba de ello la tenemos en el grave deterioro del lenguaje. Desde entonces los calificativos de golpe de estado, dictadura, fascismo, exilio o presos políticos se han utilizado de manera abusiva por algunas fuerzas políticas y medios de comunicación al servicio de una estrategia para afianzar sus posiciones cerradas, dogmáticas. Confirmando que, cuando el debate político gira sobre el eje identitario, las posiciones no buscan la moderación, sino la crispación con la que afianzarse en sus verdades absolutas.

También se puso de manifiesto – y los procesos judiciales lo confirman- que los tribunales tienen una lógica y unos tempos distintos a los de la política y que cuando se ponen en marcha pueden llegar a ser incontrolables. Y que las categorías políticas y jurídicas de que disponemos para analizar situaciones como estas son decimonónicas y no sirven ni para interpretar lo que está pasando y mucho menos para juzgarlo penalmente.

A doce meses vista ya es evidente que el proceso y todo el conflicto que ha disparado no han servido para avanzar políticamente a Catalunya, sino todo lo contrario. Catalunya ha entrado en una fase nacionalmente depresiva. Me temo que estos años van a pasar a la historia como los de mayor retroceso nacional de Catalunya y no solo por lo que se consideran ataques externos. Una nación, que no es más que una construcción política, requiere de una comunidad cohesionada, y Catalunya nunca ha estado más fracturada como comunidad que en estos momentos. Incluso en aspectos que han sido la clave de bóveda del catalanismo, como el modelo educativo.

Un año después de aquel momento no queda claro que los principales protagonistas hayan aprovechado el tiempo para sacar lecciones de estos doce meses. Es cierto que la moción de censura y el cambio de Gobierno han generado un cambio de clima, condición necesaria pero no suficiente. Pero en paralelo se ha incentivado la batalla dentro de la derecha española, una batalla que arrastra a sus contendientes hacia los extremos. El Gobierno Sánchez ha apuntado una posible propuesta, pero más allá del rechazo del independentismo es una propuesta que carece de una condición imprescindible: el acuerdo de las fuerzas políticas españolas. Espero que hayamos aprendido que este conflicto requiere de mayorías amplias para ser desbloqueado.

Desde la perspectiva del independentismo tampoco parece que se haya aprovechado el tiempo. Quizás aún es pronto para descomprimir tanta tensión. Veremos, pero de momento se continúa hablando del 1 de octubre como de un referéndum de autodeterminación y del mandato democrático surgido de las urnas, de la construcción de la República y de otras muchas cosas que hacen pensar que desde el puente de mando del independentismo –si lo hay– se pretende mantener la ilusión con más ficción.

En mis momentos de optimismo genético pienso que las dificultades para una lectura útil del 6 y 7 de setiembre son solo una cosa pasajera. Que estamos en un tránsito que no puede ir más rápido. Y que, mientras en el horizonte estén esperándonos el juicio contra los dirigentes independentistas y las próximas elecciones del mes de mayo –o las que se puedan anticipar– los incentivos para no querer entender son muchos y muy compartidos.

Y en mis momentos de optimista bien informado me atrapa la pesadilla de pensar que, como en todo el mundo, la reacción ante una globalización que genera desigualdades, miedos, incertidumbre y hasta pánico nos conduce a décadas en las que el nacional-populismo será visto por mucha gente como un refugio en el que encontrar seguridad –solo aparente–. Y que los conflictos identitarios hegemonizarán nuestra vida durante algunos años.

Desearía fervientemente que mis genes optimistas le ganaran la partida a la realidad. _______________________________________

Joan Coscubiela, veterano abogado laboralista, sindicalista de CCOO y ex diputado por ICV y por Catalunya Sí que es Pot en el Parlament, donde protagonizó una intervención calificada de histórica el 7 de septiembre de 2017. Es autor del libro Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista (Ediciones Península, 2018) sobre el proceso independentista.

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, abandonará la política institucional una vez finalice esta legislatura junto a "una parte significativa" de su grupo parlamentario.

Lo ha anunciado este viernes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que SíQueEsPot tiene "un periodo de vigencia de una legislatura" porque ha sido la antesala de Catalunya En Comú.

En cuanto al proceso soberanista, ha acusado a JxSí y la CUP de "tirar por la borda el mayor capital político de los soberanistas, la autoridad moral de la democracia" tras las votaciones en el Parlament de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

El Parlament ha aprobado este viernes a las 00.48 horas la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana con la que JxSí y la CUP quieren consumar la desconexión de Cataluña del resto de España si gana el "sí" en el referéndum del 1 de octubre, y lo ha hecho pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido poco antes la tramitación de la norma.

El texto se ha aprobado con los 71 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, y los 10 votos en contra de SíQueEsPot, mientras que Cs, PP y PSC no han votado porque de nuevo han abandonado el hemiciclo —ya lo hicieron este miércoles en el debate de la ley del referéndum— en protesta porque consideran que la ley es manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria, según informa Europa Press.

JxSí y la CUP se consideran legitimados para sacar adelante esta ley pese a la decisión del Tribunal Constitucional (TC): Jordi Orobitg (JxSí) ha tildado a España de Estado opresor, y Benet Salellas (CUP) ha avisado de que para culminar la independencia el soberanismo tendrá que "desobedecer" al Alto Tribunal.

"El tiempo corre en nuestra contra"

Salellas ha alertado de que el proceso independentista debe culminarse cuanto antes y con determinación, por mucho que el TC trate de amedrentar: "El tiempo corre en nuestra contra porque el Estado se está rehaciendo y reconstruyendo".

Orobitg ha proclamado que, con la ley de transitoriedad de este viernes y la ley del referéndum que se aprobó el miércoles, se consigue que Cataluña sea un Estado independiente si los catalanes lo quieren el día 1-O: "Para Cataluña y los catalanes, ¡Salud y república! Para Cataluña y los catalanes ¡Viva Cataluña libre!".

Gordó ha defendido la ley, aunque ha matizado que le gustaría que fuera más inclusiva y ha advertido de que la norma "crea dudas jurídicas y es técnicamente mejorable".

"Atropello a la democracia"

La líder de Cs y de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, ha tildado la ley de transitoriedad de "atropello a la democracia" y ha augurado que no tendrá nunca efectos jurídicos porque considera que es manifiestamente inconstitucional y que así lo determinarán los tribunales.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha criticado que es una estrategia de agitación y propaganda de JxSí y la CUP, y ha alertado de que el independentismo "se ha convertido en la principal amenaza que en estos momentos tiene la UE".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha sostenido que la norma pretende "liquidar la Constitución y el Estatut", ha asegurado que tiene un escaso rigor jurídico, y también que substituye el actual ordenamiento legal por un modelo de escasa calidad democrática, a su juicio.

El portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, considera que con la aprobación de las dos leyes —la fundacional y la del referéndum— JxSí y la CUP "se han pulido el capital político catalán en 48 horas negras".

Un corpus legal transitorio

Bautizada como la principal ley de desconexión, la norma entrará en vigor solo si gana el "sí" a la independencia en el referéndum del 1 de octubre y su recorrido es limitado: define un corpus legal transitorio hasta la redacción definitiva de una eventual Constitución catalana, prevista para antes de 2019.

Hasta entonces, si se aplica esta ley "suprema" Cataluña puede ser una república "de derecho, democrática y social"; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pasa a ser automáticamente el jefe del Estado; se asume el control de fronteras y aduanas, y se expulsa al Ejército hasta que una futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio o se prescinde de él.

La ley prevé que los empleados públicos del Estado se integren automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, y que pasen a tener doble nacionalidad —catalana y española— todos los que tengan la nacionalidad española y estén empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016.

Entre otras novedades, se creará un nuevo ordenamiento jurídico: uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del Tribunal Constitucional (TC) —pasará a denominarse Sala de Garanties— y del Tribunal Supremo (TS), cuyas funciones pasarán a ser asumirlas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Aprobación con polémica

La ley de transitoriedad no figuraba en el orden del día del pleno, pero JxSí y la CUP forzaron el jueves por la tarde su inclusión, lo que ha indignado a los grupos de la oposición, que consideran que sus derechos se han visto completamente cercenados.

JxSí y la CUP han pedido debatir la ley a las 14.15 horas del jueves, y tras un debate bronco y plagado de suspensiones y reanudaciones, no se ha sometido a votación hasta más de 10 horas después.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conversado este martes por teléfono tanto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con motivo de la resolución que han registrado JxSí y la CUP para declarar en un pleno del Parlamento catalán el "inicio del proceso" hacia una república en Cataluña, según han informado fuentes gubernamentales.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado a ambos dirigentes que tenía previsto comparecer en el Palacio de la Moncloa y les ha informado de las líneas generales del mensaje iba a trasladar a la opinión pública. Con ambos ha acordado en seguir manteniendo un diálogo fluido ante el desafío que se está produciendo en Cataluña, han indicado las mismas fuentes.

Pedro Sánchez ha mostrado su confianza en que "al secesionismo catalán" se le puede ganar "con la ley, los votos y la política" y ha calificado de "antidemocrático el pulso" independentista. Durante su visita este martes al Puente Colgante de Portugalete, en Bizkaia, Sánchez ha señalado que, "ante el antidemocrático pulso de los secesionistas" en Cataluña, trasladaba "a la mayoría de los catalanes y al conjunto de los españoles que hay que tener confianza en la fortaleza de nuestro país".

Además, se ha mostrado convencido de que "al secesionismo se le puede ganar con la fuerza de la ley, de los votos, la política y el argumento de la convivencia y el diálogo". El secretario general del PSOE se ha referido también a la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra la familia Pujol que incluye un total de 15 registros en Cataluña y en Madrid, y ha pedido al president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, que deje de articular "discursos victimistas" y dé "la cara".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido por su parte al Gobierno que recurra ante el Tribunal Constitucional la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP para declarar el inicio del proceso de independencia, que ha descrito como "un desafío a la democracia y a la convivencia". "La declaración separatista de Mas, ERC-CUP es un desafío a la democracia y a la convivencia. Le pedimos al Gobierno que la recurra ante el TC", ha dicho Rivera en su perfil de Twitter poco después de que la Mesa del Parlamento catalán admitiera a trámite la propuesta.

El portavoz parlamentario de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha rechazado la oferta de la CUP de firmar el documento de la propuesta de resolución que han registrado este martes junto a JxSí en el Parlament para declarar el inicio del proceso a la independencia, porque es una oferta "a mesa puesta e insincera".

En rueda de prensa, tras tachar la resolución de tramposa porque hace una lectura errónea del resultado del 27-S para tirar adelante el proceso de independencia, ha dicho que, además, el ofrecimiento es insincero: "Cuando quieres implicar a los grupos en un proyecto, lo ofreces en primera instancia y no a mesa puesta, enterándote de ella por la prensa".

Además, ha dicho que su grupo presentará su propia propuesta para evitar que el pleno debata sólo lo que quieren JxSí y CUP, y para hablar de un plan de rescate social de aplicación inmediata, y ha advertido a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, de que la votaron confiando en su pluralismo, y si no tramita la petición de SíQueEsPot como la de los grupos independentistas, se lo recordarán "toda la vida"

El Gobierno ya tiene preguntas sobre la publicación de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre por infoLibre, y también sobre la reacción fulminante de la candidata a la Alcaldía de Madrid y del Ejecutivo. El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Coscubiela, registró este mismo jueves una batería de cuestiones sobre este asunto.

La percha de la que hace colgar su escrito el diputado es el relato dado por Aguirre: que esta misma mañana había recibido la llamada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que había decidido reclamar a la Fiscalía General del Estado que investigue la "filtración" de los datos de su declaración, cosa que hizo. Hacienda, por su parte, ha decidido abrir una investigación. 

Coscubiela pregunta al Gobierno si es "habitual" que Rajoy y sus ministros llamen a las "personas afectadas por filtraciones provenientes de la Agencia Tributaria", y si le parece "apropiado" que se "realicen este tipo de llamadas". 

El parlamentario inquiere, en su solicitud escrita, si el presidente o Montoro adoptaron "algún compromiso con la candidata del PP", y si es así, quiere saber cuál es. 

La "infame gestión" de Montoro

Coscubiela se refiere a continuación a la filtración de "otros datos provenientes, presuntamente, de la Agencia Tributaria y que afectaban a otras personas vinculadas con la política". No lo cita, pero apunta a Juan Carlos Monedero, ex número tres de Podemos, de quien se reveló que había facturado 425.000 euros por asesorar a Gobiernos latinoamericanos, asunto por el que luego presentó una declaración complementaria. El diputado traza entonces la comparación. En aquel momento, inquiere, ¿hubo llamadas del Gobierno? ¿Y quién las hizo?

La siguiente cuestión señala a la actuación de la Fiscalía General del Estado. Coscubiela quiere saber si el Ejecutivo dio "instrucciones" al Ministerio Público para que "inicie una investigación sobre la filtración, desde la Agencia Tributaria, de datos fiscales de varios ciudadanos en los últimos meses". 

Por último, el diputado de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) plantea al Gabinete de Rajoy si tiene "previsto" adoptar "alguna medida para evitar el deterioro al que está sometida la Agencia Tributaria con la infame gestión del, todavía hoy, ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro". 

El PP rechazó este martes en la Junta de Portavoces del Congreso tres peticiones de comparecencia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca ante el Pleno de la Cámara para hablar de los casos Gürtel y Bárcenas, las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo y las consecuencias del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y el Estados Unidos.

Así lo anunció en una rueda de prensa en el Congreso el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, quien volvió a criticar que el PP siga paralizando sistemáticamente las peticiones de explicación de la oposición al presidente del Gobierno. "Ha vuelto a decir 'no' a todo", se lamentó.

Una semana más los populares se han opuesto a que Rajoy protagonice una sesión plenaria extraordinaria para hablar de las responsabilidades políticas que, según la oposición, deberían derivarse de las causas sobre la financiación ilegal del PP que se instruyen en la Audiencia Nacional.

Además, el partido que sustenta al Gobierno negó "de forma incomprensible", según Coscubiela, que se cite a Rajoy para exponer las conclusiones de la cumbre europea extraordinaria celebrada la semana pasada para tratar la tragedia de las muertes de inmigrantes en el mar Mediterráneo.

Y, en tercer lugar, dijo 'no' a que se hiciera efectivo el compromiso adquirido por el propio Rajoy de comparecer para explicar las consecuencia del tratado comercial con Estados Unidos. "El propio Rajoy se comprometió a hacerlo, pero ahora parece que quiere delegar en el secretario de Estado de Comercio", denunció el portavoz de ICV.

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, recordó este jueves que su formación es partidaria de endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados y subrayó que las noticias relativas a los cobros por actividades extraparlamentarias percibidos por el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, y el expresidente del Congreso y ahora embajador en Londres, Federico Trillo, demuestran que "los intereses públicos y privados se confunden en el PP desde hace tiempo".

Así se pronunció Luena en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado sobre el hecho de que Pujalte y Trillo cobraran por realizar trabajos de asesoramiento a la constructora Grupo Collosa, especialista en obras públicas. Ambos recalcaron que actuaron conforme a la ley y que el Congreso les había autorizado para hacer esos trabajos.

Para Luena, esto demuestra que, como defiende el PSOE, es necesario endurecer las incompatibilidades de los parlamentarios. El propio Grupo Socialista ha optado por obligar a sus miembros a reducir sus actividades extraparlamentarias a las que tienen que ver con la función política o la docencia, impidiendo a sus diputados cobrar por ellas.

Los sueldos percibidos por Trillo y Pujalte también son una ofensa para la secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, que los califica de "indignos".

Con estas informaciones sobre los diputados populares, Veracruz cree que "se está demostrando que altos dirigentes del PP están en otros intereses y no en defender los intereses de los ciudadanos y de la mayoría y en gobernar para todos". "No hay nada más letal para el sistema y la democracia que lo que hacen los dirigentes del PP y no se puede permitir, porque nos debilita como sociedad y como democracia", dijo.

Corruptos y corruptores 

Las actividades privadas realizadas por Pujalte y Trillo levantaron revuelo entre toda la oposición.  El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Coscubiela, admitió que las informaciones relativas a ambos diputados del PP  "son todo menos una sorpresa"

"Es bastante evidente que, desgraciadamente, hay gente que aprovecha su cargo institucional en beneficio propio, y eso quiere decir que hay que incrementar más las incompatibilidades y acabar con el concubinato entre el poder económico y el poder político", enfatizó Coscubiela.

De la misma opinión es el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, que también abogó por incrementar el régimen de incompabilidades para "desincentivar" las actividades paralelas de los cargos institucionales.

A su juicio, los casos de Trillo y Pujalte "ponen de relieve que en la corrupción siempre hay dos partes: el corrupto que recibe el sobre y el corruptor que lo entrega".

Fraude democrático

La líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, señaló en declaraciones en los pasillos del Congreso que "aunque sea legal", compatibilizar la actividad parlamentaria con otro tipo de actividades privadas supone un "fraude democrático". Por ello, insiste en que los diputados solo podrían alternar su escaño con la actividad docente.

"No tiene ningún sentido que haya una compatibilidad para estas actividades, aunque sea legal, porque es incompatible con lo que tendría que ser la práctica política", recalcó Díez.

Las informaciones que apuntan a que el exministro de Aznar Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno del PP dominaron los cruces de acusaciones entre los grupos parlamentarios en el pleno sobre el último Consejo Europeo que se celebra en el Congreso.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ironizó este miércoles con que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "tuvo un gran maestro" en el exvicepresidente económico y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, para diseñar amnistías fiscales.

Montoro tendrá la oportunidad de responderle en la sesión de control posterior a este pleno.

El diario digital Vozpópuli avanzaba este martes que el exdirigente conservador figura entre los 705 contribuyentes que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) está investigando por posible blanqueo de capitales.

"En Rato tuvo Montoro un gran maestro para hablar de las amnistías fiscales y para aplicarlas", sostuvo el líder del PSOE, que cree que el PP no tiene ninguna autoridad para dar lecciones sobre la lucha contra el fraude fiscal y sí "toda" para hablar sobre amnistías fiscales.

Sánchez reconoció "avances esperanzadores" en la lucha contra el fraude fiscal a nivel europeo lamentó que España, en lugar de "liderar" esa agenda con la Comisión Europea (CE), "no pueda dar ejemplo", al existir "serias dudas sobre si es propio o impropio que Montoro constituyera un bufete que es paradigma de la puerta giratoria" o tener una Agencia Tributaria "más pendiente de justificarse que de perseguir" el fraude.

Que levante la mano...

"Que levante la mano el que en este lado de la bancada no tiene su dinero en paraísos fiscales", dijo Coscubiela, portavoz de ICV, señalando a los diputados del partido de Gobierno. Esta crítica le mereció una reprimenda de la vicepresidenta del Gobierno, Celia Villalobos.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aprovechó su turno para exigir a Coscubiela que retirara sus palabras.

El diputado de IU equiparó a Rajoy y a la canciller alemana, Angela Merkel, y subrayó que ambos dirigentes "han confundido sus Gobiernos con una escuela de negocios". Frente a esas políticas, aseguró que existen alternativas desde la izquierda. El "nuevo país" que se ha convertido en santo y seña de su carrera hacia la Presidencia del Gobierno, el "nuevo país" que quiere construir IU. Otro país radicalmente distinto al que dibujó el presidente del Gobierno, a cuyo relato le falta "rigor y vergüenza", porque la mitad de lo dicho es "directamente falso" y la otra mitad una "apología descarada" de las mismas políticas que están empujando a España a la "miseria". Dos mundos diferentes, dos Españas opuestas. 

Garzón, que como el otro portavoz de su grupo en el debate, Joan Coscubiela (ICV), lucía en la solapa de la chaqueta un lazo naranja de apoyo a RTVE, nucleó su intervención en torno a varios ejes. Primero, el empleo. Como también hizo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le acusó de no "pisar la calle", de "no gastar la suela de sus zapatos". Le pintó como un presidente recluido en su "búnker de la Moncloa", sin darse cuenta de la situación agónica de ciudadanos, muchos de los cuales no pueden pagar la luz consecuencia de la actitud del Gobierno de "arrodillarse a los pies de las grandes empresas y los poderosos". A ese primer déficit del Ejecutivo, primer pilar del "nuevo país" de IU: prohibir la privatización y "saqueo" de empresas y atajar la emergencia social que han provocado las políticas de la troik, recuperando compañías estratégicas que garanticen a todos "los suministros básicos y los servicios públicos". 

"Rescatar aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches"

Segundo punto: empleo. Rajoy, a juicio de Garzón, quiere la "España del manijero", la del cacique que dice cada día si habrá o no trabajo. Hay brecha salarial, hay desahucios, hay un presidente que actúa como "correveidile de las grandes empresas y los mercaderes", verbalizó. "Usted es más de otras prioridades, como rescatar aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y bancos sin dinero". Su propuesta estrella: un plan de trabajo garantizado, que costaría en torno a 10.000 millones de euros, la mitad de lo que costó el rescate de Bankia. Con ello se podrían crear un millón de puestos de trabajo. 

Tercer eje: la emigración. Garzón se erigió en "voz" de los que se han tenido que llamar o los que están aún en el país pero no pueden vivir dignamente. Se van a Alemania muchos españoles, analizó, porque el Gobierno ha recortado en ciencia e innovación, porque Berlín exporta productos de valor añadido, mientras que España siguió la política contraria. 

El secretario de Proceso Constituyente y Convergencia acusó al presidente de "arrasar" las conquistas de la dictadura, de "saquear el país para regalárselo a sus amiguetes", como ha ocurrido con la creciente privatización de Aena ("una empresa que fue valorada hace cinco años en 30.000 millones y ahora han malvendido por 4.000 millones"), de no poner coto a las "puertas giratorias". Pero en el "nuevo país" de IU, apuntaló, no "cabrán parásitos" y él mismo, Rajoy, no podrá marchar a una empresa para actuar "como correa de transmisión de favores para ella desde el Estado". Aunque afortunadamente, ha señalado, las mareas en defensa de los servicios públicos han permitido luchar "contra usted y su banda de saqueadores" e incluso la justicia "le ha parado los pies".

Garzón siguió con las "leyes regresivas" del Gobierno –ley mordaza, endurecimiento del Código Penal– y con la corrupción. "El caso Bárcenas debería haber justificado la dimisión en bloque de todo el Gobierno", sentenció, ironizando con la "buena suerte" que tiene el PP con la Justicia "cuando investiga en su contra". "Les cambian jueces, desaparecen pruebas". IU, en cambio, promoverá que las empresas "corruptas" no puedan "volver a contratar nunca más con la Administración pública". "Cerraremos el grifo corrupto que lleva el dinero desde lo público a lo privado".

"Ni dignidad, ni derechos"

El último bloque se lo dedicó Garzón a Grecia, reprochando a Rajoy que se haya "puesto del lado de los bancos alemanes y franceses" y no del pueblo heleno. Como le recriminó el dar amparo a los gobiernos "ladrones" que precedieron a Syriza (de Nueva Democracia y del Pasok) y que hicieron "trampas contables". 

El diputado cerró su primera intervención recordando la necesidad de ese "nuevo país construido desde los valores y principios de izquierdas". Una "oportunidad histórica" que IU no va a desaprovechar. "Vamos a pedir los derechos que usted nos está robando. Nos roba los derechos de la mayoría social". Y remató haciendo un pronóstico: este era su primer debate del estado de la nación, pero "seguro" que es "el último" del presidente: "Porque vamos a echarle, señor Rajoy. Salud y república". El diputado se había ido soltando según avanzaba en su discurso, hasta percibírsele cómodo en su final. 

Tras la intervención de Garzón subió a la tribuna Joan Coscubiela, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) con quien se repartió el tiempo de intervención. Coscubiela definió al Gobierno como "ni-ni. Ni dignidad, ni derechos, ni democracia".

El diputado de ICV Joan Coscubiela, durante su intervención en el debate del estado de la nación, este 24 de febrero de 2015 | EFE

El diputado ecosocialista aseguró que el PP es "un partido carcomido por la corrupción", y añadió que Rajoy es "el capo de la familia". En ese momento le interrumpió la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que estaba presidiendo en ese momento el pleno, para recriminarle que utilizase ese lenguaje: "Capo tiene un significado que ni el presidente del Gobierno ni ningún miembro de esta Cámara se merece", dijo.

Coscubiela terminó señalando que ha llegado el momento de que "los ciudadanos con su voto terminen con la desigualdad y la podredumbre de la corrupción" que, en su opinión, representa el Gobierno del PP. De Cataluña, mínima intervención, apenas para comentar el no del Gobierno al reconocimiento del derecho a decidir. 

La respuesta del jefe del Ejecutivo

El presidente del Gobierno tiró de ironía para responder a los diputados de La Izquierda Plural. Primero, deteniéndose en su propia biografía, en sus inicios en política en Galicia. Todo para demostrar que sí pisaba la calle, que ha estado en contacto con los ciudadanos. Y también para reprochar a Garzón su corta trayectoria política. Pero a lo que no llegó fue a la parte "más interesante", como le dijo luego el diputado de IU, el momento en que conoció a Luis Bárcenas. Y es que el presidente no habló en ningún momento de corrupción durante su rifirrafe con IU-ICV-CHA. 

Garzón interviene en el debate del estado de la nación

El presidente recriminó a Garzón y Coscubiela que pensaran que quisieran hacer creer que ellos tienen el "patrimonio de los sentimientos" y de las políticas sociales. "Nadie somos perfectos, salvo ustedes. Pero ustedes son poquitos. Y por eso tranquiliza que el porcentaje de perfectos en España no sea demasiado elevado", respondió, socarrón. Rajoy les dijo que "no se puede andar así por la vida" y les animó a realizar "un juicio ponderado de lo que ocurre en el país". "No es serio venir aquí y decir que hay millones de españoles que no pueden ver la televisión porque no tienen luz. Eso es falso", indicó. El presidente del Gobierno aseguró que él no había bajado los salarios de los trabajadores en España. "Ese acuerdo lo firmaron Comisiones, no sé si los conocen, UGT y las organizaciones empresariales".

Garzón le contestó después que no es una cuestión de "sentimientos", sino de que el Gobierno materializa sus intenciones a través de "leyes", que acarrean "perjuicio" para los ciudadanos. "Somos muy diferentes a usted. Estamos en el mismo mundo, pero está dividido. ¿Ha probado a ver la realidad por encima o por debajo de la mesa? Es una cuestión de enfoque", le lanzó el diputado de IU. Luego le recordó algunos ejemplos más de su gestión: el recurso de la Ley Antidesahucios andaluza, la amnistía fiscal, "el escándalo de Endesa", la exclusión de la sanidad de los inmigrantes... "Su política es socializar las pérdidas, no los beneficios. Si fueran patriotas, beneficiarían al pueblo español, no a sus amiguetes". 

Los portavoces parlamentarios de IU e ICV en el debate sobre corrupción de este jueves en el pleno del Congreso, Cayo Lara y Joan Coscubiela, exigieron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente su dimisión y convoque elecciones generales anticipadas porque no tiene "autoridad ni credibilidad" para liderar la regeneración democrática que requiere el país.

"Señor Rajoy, un poquito de por favor", comenzó el coordinador de IU su intervención, reprochando al presidente que no haya adoptado ninguna medida para combatir la corrupción durante sus tres primeros años de mandato, cuando "ya existía Gürtel, la caja B del PP y los sobres en la calle GénovaGürtel".

Y mientras, censuró que Rajoy se dedicaba a "hacer loas" a dirigentes como Francisco Camps, Carlos Fabra, Jaume Matas o Luis Bárcenas, hoy implicados o condenados por diversos casos de corrupción. "¿Quién va a asumir en el PP la responsabilidad política de haber sido partícipe a título lucrativo?, ¿la secretaria general?, ¿el presidente?", preguntó sobre el último auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la financiación B del PP y que además ha provocado la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Para el líder de IU y presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyos diputados habían despedido la primera intervención de Rajoy coreando la palabra "¡Dimisión!", la corrupción es "un arma de destrucción masiva para la democracia". Y mientras, el Gobierno hace "cantos" a la regeneración democrática, la transparencia y el buen gobierno, ha denunciado. "¿Han pensado que los ciudadanos de este país somos idiotas?, ¿nos quieren tomar el pelo?", denunció.

Medidas cosméticas

En este punto, reprochó al PP haber rechazado durante los últimos meses en el Congreso numerosas iniciativas que tenían el objetivo de combatir la corrupción y concluyó que, en realidad, los conservadores no tienen "ninguna voluntad" de hacerlo. "Pretenden no hacer nada y que la gente se tranquilice con alguna medida cosmética", recriminó, insistiendo en que ni el Gobierno no el PP tiene "autoridad moral ni credibilidad" para plantear este debate.

Lara criticó también que el Ejecutivo haya tratado de "treatralizar" un "supuesto consenso" sobre regeneración democrática y advirtió de que "el movimiento se demuestra andando". "La regeneración democrática necesita la transparencia como las plantas necesitan el agua", defendió, poniendo como ejemplo el acuerdo adoptado sobre los viajes de los diputados y senadores, que a su juicio no soluciona el debate abierto.

Según reconoció, existe "una especie de estado de sospecha" que lleva a preguntarse quién será el siguiente salpicado por un escándalo de corrupción y que tiene su origen, a su juicio, en que en España ha existido durante muchos años un sistema "complaciente" con los corruptos.

Para demostrar su voluntad de poner fin a este problema, Cayo Lara presentó de nuevo el paquete de 45 medidas contra la corrupción presentado por la Izquierda Plural en el Parlamento y que ha reproducido en forma de enmiendas a los dos proyectos de ley que se debaten este jueves: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos –que modifica la Ley de Partidos, la Ley de Financiación de Partidos y la del Tribunal de Cuentas–, y la ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado.

En sus propuestas, la Izquierda Plural critica que la reforma de la Ley de Partidos plasme una visión "negativa" en la gestión de los fondos públicos que perciben y poniendo "bajo sospecha" a los mismos "de forma generalizada", que no contemple la participación ciudadana en la vida pública de los partidos y que no se aborde en profundidad una reforma del Tribunal de Cuentas.

Sobre la norma que regula los Alto Cargos, IU-ICV-CHA censura, entre otros asuntos, que se excluya a los miembros de la Casa Real o del Banco de España, que no introduzca cambios significativos en el régimen retributivo, y que no regule las puertas giratorias ni el régimen de dedicación exclusiva. Sobre este asunto, Lara fue muy crítico con las actividades en empresas privadas de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, aunque ironizó sobre su situación: "Igual no llegan los pobres a final de mes".

Rajoy, "el míster X de la corrupción"

También el diputado de ICV pidió a Rajoy –"el míster X de la corrupción"– que dimita y convoque elecciones. "Por una vez, adelántese a los problemas y asuma que no es el adecuado para seguir en el cargo", espetó al presidente, avisándole de que, en caso contrario, los ciudadanos "se lo harán pagar tan pronto como puedan".

Coscubiela lamentó la "mala costumbre" del presidente de no afrontar los problemas "hasta que le explotan en la cara" y avisó de que la corrupción es "algo más importante" que para resolverse "simplemente" con "un acto de contrición", como cree que trató de zanjar el asunto el jefe del Ejecutivo en su comparecencia parlamentaria de agosto de 2013 en la que reconoció haberse equivocado al confiar en el extesorero del PP Luis Bárcenas. Y aunque reconoció que la corrupción no es sólo un problema del PP ni de la política, reprochó a Rajoy no haber hecho nada "para evitarlo". "Los cambios legales son necesarios, pero por favor no engañe a los ciudadanos, los problemas no son sólo más leyes ni tipos penales más duros", defendió, incidiendo en la necesidad de dotar de más medios a la justicia.

Para Coscubiela, Rajoy se ha convertido "en el principal factor de riesgo para la economía del país" porque la corrupción "afecta a las bases de la economía" y "no está en condiciones de encarar esta lacra social porque está atrapado en su propia tela de araña". "Lleva mucho tiempo en el epicentro de la corrupción de este país", reprochó.

El drama de Carmen Martínez, la mujer de 85 años desahuciada el pasado fin de semana de su casa de Vallecas (Madrid) estuvo presente este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El parlamentario de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, pronunció su nombre en la interpelación urgente "sobre el balance de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social". En la tribuna de invitados, representantes de las asociaciones de afectados por las hipotecas, siguieron atentamente las respuestas del ministro Luis de Guindos.

El titular de Economía tiró mucho de la herencia recibida. Lo hizo cuando señaló que dos tercios de los deshaucios provienen del periodo 2005-2008 y que "el problema se solucionará de verdad" cuando la economía española evolucione. 

Al respecto, recordó que España ha hecho frente en los últimos años "a la peor crisis financiera de la historia moderna de nuestro país". Y que ahora "el sistema bancario se encuentra en condiciones de volver a prestar".

Entre alusiones a la herencia recibida y la obviedad de que cuando la economía sea más estable el drama de los deshaucios será menor, la noticia del día estuvo en el anuncio de que en mayo de 2015, cuando llegue el fin a la prórroga de dos años de los lanzamientos anunciada en 2013, el plazo volverá a ampliarse. De Guindos no dio más detalles, pero Coscubiela, en declaraciones a los medios de comunicación, se felicitó del anuncio. Eso sí, insta al Gobierno a que dé ya el paso y lo deje por escrito, en el Boletín Oficial del Estado. Según sostuvo, sería algo que tranquilazaría a muchas familias.

La "cultura política" del Gobierno

En su réplica, Coscubiela sostuvo que el Gobierno tienen un problema de "credibilidad" y cifró en menos de 10.000 las familias que se han beneficiado de esa moratoria. El 8%, dijo, de las 120.000 personas a las que Economía dijo que iba a beneficiar la medida. "Ha hablado del pasado y del futuro. Pero no ha hablado de la solución, que es el presente", manifestó el diputado al tiempo que criticó que el Ejecutivo lo fíe todo a la recuperación.

"Ustedes tienen una cultura política: esperemos que el mercado lo resuelva. Y el mercado es tan injusto como ustedes con sus políticas", sentenció.

Sobre la demanda de una ley de segunda oportunidad para deudores hipotecarios, como ocurre por ejemplo a las empresas con el tema de losconcursos de acreedores, De Guindos optó por no pronunciarse. 

El diputado de ICV Joan Coscubiela anunció este martes en el Congreso de los Diputados que su grupo, Izquierda Plural, no va a parar hasta conocer "por qué se han regalado 3.400 millones de euros a las eléctricas". Además, reclama una auditoría energética independiente para conocer "de dónde procede el déficit de tarifa".

"Concubinato” Gobierno-Eléctricas

"Estamos ante un caso muy evidente de, otra vez más, el concubinato permanente en el que viven los gobiernos del bipartidismo de este país y el lobby de las eléctricas", sostuvo Coscubiela, que apuntó que, a su juicio, este pago en exceso responde "más que a una malversación de fondos públicos, a esa corrupción sabida y que ya parece amortizada" resultado de la "relación oscura" entre gobernantes y compañías energéticas.

De hecho, recordó que ya en verano de 2013 la portavoz de la Izquierda Plural en materia de Energía, Laia Ortiz, "situó en la agenda del Congreso esta problemática" al registrar varias preguntas, interpelaciones e iniciativas parlamentarias al respecto. "Desgraciadamente el Gobierno no dio respuesta, como tampoco la dio el Gobierno anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero".

"Hoy estamos ante un hecho positivo: que la Fiscalía Anticorrupción investiga lo que muy probablemente sea una caso de malversación de recursos públicos. Que este tema no quede sepultado entre tanto ruido", concluyó.

Antecedentes

Hace más de un año, infoLibre recogió un estudio de la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) que aseguraba que cada familia española "regaló" 300 euros a las eléctricas por el "despiste" de la Administración al no reclamar 3.400 millones de euros cobrados de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC).

En un comunicado, Anpier reclamaba "una explicación a la ciudadanía" por este asunto, en el que ya no se puede reclamar el dinero percibido de más porque en 2010 prescribió la posibilidad de hacerlo.

La asociación recordaba que en 1997 el Estado reconoció, para cada una de las diferentes tecnologías de producción de las grandes eléctricas, unos gastos de inversión que debían recuperarse a largo plazo a través de la tarifa regulada.

La Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) tiene contratados casi el doble de informáticos externos que funcionarios a pesar de que aquéllos cuestan de media 1,4 veces más que los trabajadores propios, según informó este domingo Europa Press.  

Así lo reconoce el Gobierno en respuesta al portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, quien mediante una pregunta parlamentaria se interesó por conocer la evolución de la plantilla de la Gerencia Informática, cuya relación de puestos de trabajo (RPT) no se ha actualizado desde 1992, a pesar de que cada vez necesita "más recursos" humanos.

De hecho, el diputado catalán reconoce que hasta el Tribunal de Cuentas señala recurrentemente que el coste medio anual del personal informático ajeno es "sensiblemente superior" al del propio, y ha recomendado en diversos informes de fiscalización al Ministerio de Empleo que incremente la plantilla del GISS y limite la contratación externa.

Así, el pasado mes de julio el informe del organismo fiscalizador sobre la contratación celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social durante el año 2010, cuando aún gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, alertaba de que el GISS estaría subcontratando personal al margen de la legislación reguladora del acceso a la función pública desde 2007 a través de los contratos informáticos, lo que demostraría que la "carencia de personal propio" se ha convertido en un "problema de carácter estructural" para este organismo.

Evolución de las contrataciones

En la respuesta del Gobierno, que recoge Europa Press, se reconoce que entre 1992 y 2013 –lo que incluye a gobiernos socialistas y conservadores– el personal propio del GISS se ha incrementado en 156 trabajadores, pasando de 449 a 605 funcionarios, lo que supone un aumento del 25,79%. Por contra, el personal de apoyo ha crecido en el mismo periodo casi un 84%, pasando de 177 a 1.087 trabajadores. A fecha 31 de marzo de 2014 los servicios centrales de la GISS contaban con 574 funcionarios y 27 laborales.

De hecho, mientras la plantilla pública alterna periodos de incremento con otros de caída, que se acentúan a partir del año 2008, el personal ajeno a la Gerencia Informática de la Seguridad Social ha crecido de forma sostenida cada año, salvo en 1993 y 1994, cuando apenas se perdieron 40 plazas, que dos años después ya se habían recuperado sobradamente.

Además, las cifras tienen en cuenta que en 2005 se incluyó el personal correspondiente al Centro de Informática de la Tesorería General y el CENDAR, que al ejercicio siguiente ya se contabiliza al personal de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM), y que desde 2006 se tiene en cuenta también la asistencia técnica contratada por dichos servicios centrales.

El triple de presupuesto

Unos datos que contrastan con el coste que el propio Ministerio de Empleo reconoce, que en el caso de un técnico medio informático se eleva a unos 49.526 euros al año frente a los 33.657 euros que cuesta un funcionario de nivel equivalente –con nivel de complemento de destino de 18 y una antigüedad media de tres trienios–.

Es decir, un coste casi una vez y media superior, lo mismo que sucede en el caso de los técnicos superiores, que cuestan de media 74.870 euros al año frente a los 53.017 euros que cobra un funcionario de nivel equivalente, según los datos aportados en la respuesta parlamentaria.

De hecho, el presupuesto para el ejercicio 2014 del personal contratado correspondiente al Sistema Integrado de Informática de la Seguridad Social es de 60,76 millones de euros, mientras que las retribuciones básicas y complementarias, incentivos al rendimiento y cuotas de Seguridad Social de los funcionarios y personal laboral de los servicios centrales de la GISS tienen una dotación presupuestaria de algo más de 27 millones de euros.

Nuevas contrataciones

Pese a todo, y aunque "el personal externo ha ido aumentando exponencialmente para cubrir las necesidades hasta la actual situación, en que supera con creces, hasta en dos tercios, al personal propio", Coscubiela denuncia que el pasado mes de mayo se aprobó otro concurso para sustituir el actual contrato de servicios informáticos, lo que a su juicio "supondrá la práctica externalización de los servicios informáticos de la Seguridad Social".

En este sentido, el Gobierno defiende que las nuevas contrataciones "sustituirán a las actuales, basadas en asistencia técnica por horas y categorías, contemplando la contratación de servicios gestionados a tanto alzado o por unidades de trabajo (51% del total) y la contratación por horas y categorías (49%)".

Un sistema que aporta "ventajas" sobre la situación actual como "mayores descuentos" en el precio ya que "las empresas podrán gestionar mejor sus recursos al controlar un proceso completo", "minimizar la cesión ilegal de trabajadores" y "mejorar la eficiencia" dado que se facturarán únicamente los servicios realizados y no las horas de presencia, como actualmente.

En cualquier caso, "con el fin de mantener en la GISS el control, coordinación y conocimiento de los asuntos competencia de la misma, se mantienen las funciones de toma de requisitos, análisis funcional, pruebas y soporte técnico de los sistemas en manos del personal funcionario, complementándose con personal de asistencia técnica por horas cuando así resulta necesario porque el sistema o el proyecto lo requieran".

Por último, el Ejecutivo señala que si la relación de puestos de trabajo no se ha actualizado en 20 años ha sido porque la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones ha denegado todas las propuestas planteadas por la GISS –la última en noviembre del año pasado–, y asegura que no está previsto el cierre de ningún Centro de Atención e Información dependiente del INSS por el hecho de que se obligue a realizar algunos trámites por Internet, ya que sólo se trata de "mejorar y ampliar la oferta de servicios" online.

La discusión del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) siempre es una de las citas claves del Congreso. Quizá el segundo pleno ordinario en importancia, tras el debate del estado de la nación. El texto del Gobierno lo suele defender el ministro de Hacienda, pero por parte de la oposición desfilan, en la inmensa mayoría de los casos, sus jefes de filas. Izquierda Unida ha respetado esa costumbre no escrita. Pero este año el guión cambiará. Quien saldrá mañana martes a la tribuna de oradores no será Cayo Lara, presidente de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), sino el joven diputado Alberto Garzón, nuevo hombre fuerte de la federación y portavoz de Economía del grupo. 

El gesto está dotado de un enorme simbolismo. Porque Garzón es, desde el verano, el responsable de un área crucial en IU, Proceso Constituyente y Convergencia, el encargado de procurar que la unidad de la izquierda sea posible y se visualice, primero, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Y además es visto por muchísimos de sus compañeros como el sucesor natural de Lara como candidato a la Presidencia del Gobierno. El propio Garzón nunca lo ha descartado. Oficialmente, el debate sobre el cabeza de cartel para las generales no está abierto –y así lo dejó claro el coordinador en una entrevista publicada el domingo en El Mundo–, pero sí en los pasillos de la federación. Lugar donde se da por hecho que Garzón competirá en las primarias abiertasprimarias abiertas. ¿Y Lara? No se sabe aún, pero en las quinielas internas parece ganar el no. 

Según pudo confirmar infoLibre a través fuentes de la cúpula federal de IU, el líder telefoneó el pasado sábado al diputado por Málaga y le manifestó su voluntad de delegar en él el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de 2015. Garzón, que estaba en su tierra, en Andalucía, aceptó. "Es la primera vez que se plantea. El de los PGE es un debate donde tradicionalmente participan los líderes y la participación de Cayo no estaba en cuestión", explicaban este lunes fuentes de la dirección. El paso atrás de Lara no se abordó en las últimas reuniones de los órganos de dirección. Ni en la ejecutiva del 6 de octubre ni en la Presidencia Federal del día 11, por lo que es, como reconocía un máximo responsable de Izquierda Plural, una "propuesta personal" del coordinador. Una forma de exteriorizar la cesión de protagonismo a quien puede ser el candidato a la Moncloa en 2015. "Son gestos que escenifican la pelea interna entre los dos", el juego de equilibrios, analizaba un dirigente. 

Relaciones cordiales entre los dos dirigentes

Las relaciones de Lara con el diputado por Málaga, de 29 años, son cordiales y, según cuentan en su entorno y en el círculo de colaboradores del líder, se tienen confianza. Por el parlamentario apuestan asimismo el portavoz de IU-ICV-CHA y líder del PCE, José Luis Centella, y el coordinador andaluz, Antonio Maíllo. Más tiranteces existen entre Garzón y el responsable federal de Organización, Miguel Reneses. En la cuestión capital de la convergencia, por ejemplo, el discurso parece ajustarse entre Lara y Garzón, pese a que el coordinador siempre insiste en que IU no puede prescindir de sus siglas, ni renunciar a su "mochila" de luchas. Pero el diputado malagueño también marca su perfil. En la Presidencia del pasado 11 de octubre encabezó un discurso muy crítico con la respuesta dada al escándalo de las tarjetas. El secretario de Proceso Constituyente cree que es necesario depurar responsabilidades al máximo nivel, sin miedo, porque IU se juega mucho en los próximos meses. Para empezar, la credibilidad de su proyecto, y también el devenir de la convergencia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defenderá a partir de las 12 de la mañana en el Congreso el último proyecto de Presupuestos de la legislatura, que tiene enfrente a 12 enmiendas de totalidad, presentadas por todos los partidos de la oposición, con la única excepción de Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio electoral del PP. A las cuatro de la tarde se reanudará el pleno con la intervención de los grupos. El primero, el secretario general del PSOE, que se estrena en un debate de primera categoría. Pedro Sánchez quiere que sea Mariano Rajoy el que "dé la cara", y así lo volvió a decir su secretario de Organización, César Luena. Los socialistas rechazarán unas cuentas que "hacen daño" y "generan sufrimiento" a los ciudadanos y propondrán medidas de creación de empleo, ayudas a familiares y autónomos y contra la exclusión social. 

Duran i Lleida delega en Macias

IU –y eso es lo que repetirá Garzón mañana– también pedirá la devolución del proyecto porque considera que no servirá para reactivar ni la economía ni aliviar la tasa de paro, y sí aumentará en cambio la pobreza y la desigualdad. Tampoco garantizan los servicios públicos esenciales, a su juicio. Como resumió el pasado viernes Lara, los Presupuestos de 2015 son "radicalmente injustos". El coordinador no compareció hoy en su tradicional rueda de prensa de los lunes en la sede federal, en la madrileña calle de Olimpo. Garzón no será el único portavoz de Izquierda Plural durante la sesión: le sucederá el rostro de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en la Cámara baja: Joan Coscubiela. Él sí repite, como pasó con las Cuentas de 2012, 2013 y 2014.

En la sesión de mañana intervendrán también Pere Macias, por CiU –por primera vez se apea de este debate el portavoz convergente, Josep Antoni Duran i Lleida, informa Europa Press–, y Rosa Díez, por UPyD. Para el miércoles quedarán Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV y los representantes del Grupo Mixto (incluido Foro Asturias, que por primera vez presenta enmienda de totalidad a los PGE). Saldrán asimismo a la tribuna el diputado de UPN, Carlos Salvador, y previsiblemente, el portavoz de Presupuestos del PP, Antonio Gallego. Luego, la votación. El texto del Ejecutivo pasará la prueba sin problemas, gracias a la holgada mayoría absoluta del PP. A partir de ahí comenzará la tramitación parlamentaria y la aprobación definitiva para mediados de diciembre en el Congreso. 

Los 120.000 euros que gastará el Gobierno en estudiar los aumentos de la edad de jubilación en Europa suscitan dudas. O al menos eso reflejan las seis preguntas que ha presentado en el Congreso de los Diputados Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que busca que el Ejecutivo aclare por qué el informe debe encargarse a una empresa externa o si considera "coherente" gastar esta cantidad en un contexto de crisis como el acutal.

"En una época en que el Gobierno no hace más que redundar en la necesidad de aplicar criterios de austeridad en la vida de los ciudadanos, se hace más extraño que nunca que las administraciones públicas no utilicen los recursos humanos de los que disponen", critica el diputado en el preámbulo de su pregunta. En este sentido, Coscubiela censura que el Gobierno haya decidido "destinar recursos públicos a contratar a empresas privadas para que realicen funciones que, con toda seguridad, podrían ser realizadas por los funcionarios y el resto del personal asignado".

El diputado de ICV pregunta al Gobierno "cuántos funcionarios están asignados al Instituto Nacional de la Seguridad Social", y también pide saber el número de personal laboral y asesores asignados a dicho organismo. El motivo de realizar estas dos primeras preguntas es la tercera cuestión: Coscubiela plantea si "de entre todas estas personas", el Ejecutivo "no ha encontrado a nadie que pueda realizar un informe sobre la compilación de experiencias internacionales y reformas sobre la pensión de jubilación".

En declaraciones a infoLibre, una portavoz de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social explicó que la decisión de encargar el estudio a una empresa externa se debe a que la Seguridad Social no controla los detalles de las regulaciones sobre pensiones en otros países y a que necesitan más medios de los que dispone el departamento para su elaboración, si bien también matizó que habrá alrededor de una decena de empleados del organismo que colaborarán en la investigación.

Sin embargo, Coscubiela cuestiona al Ejecutivo sobre si le parece "coherente promover la austeridad entre los ciudadanos y, al mismo tiempo, destinar 120.000 euros a una empresa privada para que realice un informe que no parece que entrañe una gran dificultad y que fácilmente podría ser realizado por el personal del que dispone el Instituto Nacional de la Seguridad Social". De igual forma, el diputado pregunta "cuántas contrataciones de servicios de consultoría han convocado los distintos ministerios en el último año", así como el presupuesto destinado a cada una. En este caso concreto, según informó la Secretaría de Estado de la Seguridad Social a este diario, el importe destinado al informe saldrá de una subvención concedida por la Comisión Europea para realizar estudios sobre los sistemas de pensiones.

En último lugar, el diputado de ICV plantea si, "apreciado el error de la convocatoria", el Gobierno tiene intención de anularla, y le pide que ofrezca sus motivos ante una posible negativa. Por de pronto, y si la licitación sigue su curso, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 23. La compañía que resulte elegida, según se explica en los pliegos, tendrá cuatro meses para realizar el informe, a contar desde el día 15 de diciembre de 2014.

El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría absoluta este martes en la Junta de Portavoces del Congreso para impedir que el Pleno del Congreso debata la próxima semana si crea tres comisiones de investigación: una sobre todo lo relativo al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, solicitada por IU-ICV-CHA, otra sobre la presunta financiación ilegal del PP y el 'caso Bárcenas', pedida por el PSOE, y una tercera, reclamada por PNV y CiU, sobre el fallecimiento del opositor cubano Oswaldo Payá.

Así lo ha anunciado tras la reunión de la Junta de Portavoces el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural, José Luis Centella, quien ha recordado que en lo que va de legislatura el PP no ha permitido que se debata ni una sola de las peticiones de comisión de investigación que han planteado los grupos de la oposición.

Tras denunciar el "veto" sistemático del partido mayoritario, Centella ha recordado que una de las propuestas que va a defender la Izquierda Plural en los trabajos para la reforma del Reglamento del Congreso es que el debate para la creación de investigación no pueda ser vetado, de manera que su apertura se discuta de forma automática en el Pleno y que sea, tras el debate, cuando los grupos voten a favor o en contra.

Centella también ha remarcado que, ante los vetos del PP, en esta legislatura los grupos de la oposición han optado por transformar algunas de sus peticiones de comisión de investigación en proposiciones no de ley o de mociones para forzar un debate en el Pleno sobre las mismas, que, de haber salido adelante, no habrían supuesto la apertura de una investigación.

Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha denunciado que el PP tiene una "concepción peculiar de la democracia" y que no debería utilizar su mayoría absoluta para "vetar debates", sino para "orientar la política" del Gobierno.

La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este jueves una vez más, a instancias de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), la posibilidad de aplicar el tipo de IVA superreducido (4%) a las facturas de servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad, así como al transporte público.

Los diputados catalanes Joan Coscubiela y Laia Ortiz, adscritos a Izquierda Plural, firman una iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerdan que más de 4 millones de españoles están afectados por la llamada pobreza energética, que genera "sobremortalidad, sobreendeudamiento y aislamiento social y geográfico", en el país de la Unión Europea con los precios de la electricidad más altos por detrás únicamente de Malta y Chipre.

Unos precios que, a pesar de su elevado nivel, no han dejado de subir en los últimos años (+105,1% de media entre 2001 y 2012) lo que, unido a la crisis económica "agrava la dificultad de afrontar la factura energética a las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro".

De hecho, la Izquierda Plural y otras formaciones ya han reclamado con anterioridad en la Cámara Baja una tregua invernal durante la que las compañías eléctricas no puedan cortar el suministro por impago de facturas a causa de una insolvencia sobrevenida, reclamaciones que siempre han sido rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP.

Situación "de emergencia"

"A pesar de que esta situación es de emergencia, el Gobierno se ha negado aportar ninguna solución al respecto. De hecho, la reforma eléctrica del Gobierno empeora la situación de las personas que menos consumen al aumentar el término fijo de la factura un 18%", critican los diputados catalanes firmantes de la iniciativa.

A su entender, sería conveniente aprovechar la reforma fiscal que se presentará antes de que acabe este primer trimestre del año para luchar contra la pobreza energética y la desigualdad con una política tributaria "más justa y progresiva" que incluya una reducción de los tipos del IVA para los servicios básicos.

"Somos conscientes de que no es una solución al problema de fondo pero puede contribuir a reducir las barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades", argumentan Coscubiela y Ortiz.

Además, alegan que el tipo de IVA que se aplica a este tipo de suministros en España se cuenta entre los más altos de Europa. Así, sólo Eslovenia, Portugal y Finlandia gravan la electricidad más cara que España, mientras que en el caso del agua nuestro país es el cuarto con un IVA más costoso, por detrás únicamente de Estonia, Eslovaquia y Finlandia.

En todos los casos, concluye ICV, es posible aplicar un tipo superreducido en virtud de la directiva comunitaria sobre IVA, que permite a los estados miembros esta posibilidad "siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia". "Sólo es una cuestión de voluntad política", insisten.

"A usted se le está pudriendo este conflicto en las manos". Estocada final del ecosocialista Joan Coscubiela, portavoz adjunto de Izquierda Plural, en el debate sobre la transferencia a Cataluña de la competencia para organizar referendos. Era el colorario de una intervención muy dura contra el Gobierno de Mariano Rajoy por su "inmovilismo", por sus "mentiras", por sus "trampas". Aunque también combativa con la propuesta de reforma constitucional –tibia, a su juicio– de los socialistas. 

El diputado de ICV dedicó una gran parte de su intervención a explicar el "contenido real" de la proposición de ley enviada por el Parlament de Catalunya, lejos de las "manipulaciones de quienes esperan obtener réditos políticos" y con el fin de "desenmascarar las falsedades" que se han vertido, "incluso por parte" de Mariano Rajoy. Coscubiela se afanó en subrayar la línea argumental de su partido en las últimas semanas: no se está discutiendo "sobre la independencia" de una parte del territorio, sino sobre el derecho a decidir, la consulta a los ciudadanos. "Confunden el método con el resultado, la democracia con la independencia". Para Izquierda Plural, si el Gobierno y el PP han focalizado la atención en una eventual secesión de Cataluña es por pura "comodidad", porque le conviene erigirse como "defensor de los intereses del pueblo español", y a ello, dijo, "ha arrastrado" al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Para el grupo presidido por Cayo Lara, la proposición de ley plantea una consulta a los catalanes siguiendo los "cauces democráticos, constitucionales y pautados", es una propuesta que "apuesta por el diálogo y es respetuosa" con la Carta Magna de 1978. Y es una propuesta, a la postre, "superadora de un conflicto de legitimidades", que sale al paso del choque de trenes del 80% del Parlament y el 85% del Congreso que hoy dará su no. 

Coscubiela hizo hincapié en que la iniciativa persigue la celebración de un referéndum "de naturaleza consultiva", y no vinculante, "y en los términos que se acuerden" con el Ejecutivo central, para, a partir de él, introducir los cambios necesarios. "¿Le parece poco control del Gobierno?". Ni tan siquiera es un "vaciamiento" de competencias del Estado, como había anticipado Rajoy, sino una "delegación puntual" de una competencia. "No le interesa discutir con la realidad, sino con los molinos de viento. Se pretende convertir como salvador de la soberanía del pueblo español. Y tiene poca autoridad", acusó. "Esto dice la proposición de ley. Lo demás son lecturas interesadas, manipulaciones y mentiras". Y atizó: "Para ustedes, la democracia es votar un día y callar cuatro años". 

La Constitución "no es una cárcel, ni una momia"

El diputado ecosocialista trajo a colación otra referencia muy citada en la tarde de este martes, por unos y otros: la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament de hace un año. El fallo del TC, dijo, "abre la vía para el diálogo", porque rechaza el concepto de "democracia militante" e insiste en que toda la Carta Magna, de principio a fin, es reformable. "La Constitución no es una cárcel, ni una momia, sino un espacio abierto de convivencia". 

La proposición invoca el artículo 150.2 para traspasar el poder de convocar referendos a la Generalitat. Coscubiela remarcó que se ha echado mano de ese mismo precepto "en al menos ocho ocasiones", como cuando en 1982 se permitió a la Comunitat Valenciana y a Canarias acceder al mismo techo competencial que las autonomías históricas –Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía– o como cuando, años después, se transfirió a la Generalitar la gestión del tráfico. O sea, que se empleo para "buscar atajos políticos a problemas reales", mientras que ahora el Ejecutivo del PP prefiere el "choque de trenes" para "camuflar los problemas reales" del país –y aquí reivindicó su hilo rojo–: la desigualdad, las políticas sociales que sí que están "rompiendo" España. 

A fin de cuentas, resumió, se trata de una cuestión de voluntad, de pura voluntad política. Coscubiela recordó que, en vez de tumbar la propuesta del Parlament, el PP podría admitirla a trámite para luego introducir todas las enmiendas pertinentes, imponiendo "garantías, controles y mecanismos" a la consulta. "No lo hacen porque el problema no es la proposición de ley, no les interesa ningún camino [...]. No es que no les guste este mecanismo, lo que no les gusta es que los ciudadanos de Cataluña hablen, como no les ha gustado que hablen los españoles", cuando se reformó la Carta Magna en el verano de 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria, para "someter al pueblo español a la disciplina de los mercados". 

"Si piensan que con el 'no' cierran la puerta a todo, se equivocan"

Era el acento social del debate. Porque no todos los partidarios del sí defendieron los mismos argumentos, como tampoco se copiaron los integrantes del no. Coscubiela, de hecho, recalcó que "España no se rompe" por la consulta, sino que "se ha roto ya" por las políticas sociales del Ejecutivo. 

Izquierda Plural también puso sobre la mesa su propuesta de reforma federal. Pero no como la del PSOE. El grupo de IU-ICV-CHA quiere un "nuevo proceso constituyente", donde "no haya nada vetado". Y que reconozca que la convivencia es "voluntaria y no forzada", y que los catalanes tengan "derecho a decidir su futuro político". "Una propuesta de Estado federal no es creíble si no reconoce el derecho a decidir", lanzó al PSOE, que niega que quepa ese derecho. "El Estado autonómico actual sufre fatiga. Lo que hace desiguales a los españoles no es la comunidad autónoma, sino la clase social a la que pertenecen". 

Coscubiela advirtió al presidente de que no deje pasar el tiempo más, que se mueva, porque puede ocurrir que cuando "quiera, no pueda". Porque este martes, aunque el Congreso dé un portazo a la consulta, no se acaba el conflicto. Nada termina. "Si piensan que con el no cierran la puerta a todo, se equivocan. Si las aguas democráticas no tienen cauce, sólo encuentran dos soluciones, que se estanquen o cojan fuerza y derriben todos los diques. A usted se le está pudriendo este conflicto en las manos". 

En el turno de réplica, ya sobre las diez de la noche, la refriega se centró más en el PSOE que en el presidente del Gobierno. Rubalcaba había retado a ICV e Izquierda Plural a defender lo mismo, el derecho de autodeterminación, en Asturias o Extremadura. Coscubiela sacó pecho: los diputados de su grupo irían "con la cabeza muy alta" a Puente Genil o a L'Hospitalet con el mismo discurso de "defensa de los derechos sociales y la democracia". El portavoz adjunto pidió a socialistas y conservadores que "dejen de hablar en nombre de las catalanes" y les permitan votar en urna el 9 de noviembre.

En su iniciativa [consúltala en PDF], IU-ICV-CHA señala que la "falta de transparencia" en torno al 23-F "siembra de dudas un episodio trascendental de nuestra democracia". Y, a día de hoy, "se mantiene una opacidad injustificable sobre las pruebas que documentan las posiciones, actitudes, ambigüedades, aciertos, equívocos y responsabilidades de los protagonistas" del golpe. 

Esta propuesta está acompañada de una proposición no de ley [en PDF] en la que el grupo pide la desclasificación de "todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia", que tuvieron lugar entre el 23 y el 24 de febrero de 1981, tanto entre los golpistas con el exterior, como las hechas o recibidas por el palacio de la Zarzuela; y que se conozcan "todos los documentos" entre las reuniones que pudo mantener el monarca y el entonces presidente, Adolfo Suárez, en los meses previos al golpe y en los días posteriores. Esto último es una parte central del libro de Urbano, y objeto de la entrevista publicada el domingo por El Mundo. El rey y el jefe del Ejecutivo, según relata la periodista, mantuvieron varios encuentros, al final de los cuales Suárez tuvo la convicción de que el "alma" de la operación Armada fue el propio Juan Carlos. 

Por último, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, presenta a su vez cuatro preguntas al Gobierno [aquí en PDF], tomando como base estas reuniones que relata Urbano, así como las que mantuvo el rey con el general Alfonso Armada. El diputado inquiere al Ejecutivo si piensa instar a la Fiscalía a abrir una investigación "sobre el papel del rey, del Cesid" y de varios militares para, en su caso, "exigir las responsabilidades que correspondan a cada uno de ellos por una tentativa de golpe de Estado". Llamazares pregunta, por último, si se recabarán los testimonios de todos aquellos que han conversado con la periodista y a los que ella cita. 

"Un modelo de monarquía irresponsable"

"Que se abran cajones y cintas y el pueblo conozca todo lo que pueda haber", proclamó José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural, quien a su vez advirtió de que "quien ha sido señalado" deber ser "el primer interesado" en que se destapen los hechos. Indirectamente, se refería al monarca, de quien Urbano sugiere que pudo ser el Elefante Blanco que esperaban los golpistas, porque así se lo dijo el que fuera secretario general de la Casa del Rey el 23-F. "Si a mí me acusasen de ser el Elefante Blanco, ya estaría en los tribunales denunciándoloElefante Blanco", dijo. ¿Debería comparecer alguien de la institución en el Parlamento? "No adelantemos acontecimientos. Lo que queremos es que se abra el debate". "Es impensable que a uno le imputen prácticamente un golpe de Estado, y no salga nadie y dé explicaciones. Se ha consolidado un modelo de monarquía irresponsable ante los ciudadanos", completó el portavoz de ICV, Joan Coscubiela. 

Centella recordó que no es la primera vez que su grupo pide que se esclarezca todo lo relativo al golpe. A comienzo de legislatura, ya exigió lo mismo, la desclasificación de documentos, cuando la revista alemana Der Spiegel reveló un cable del embajador alemán en 1981, Lothar Lahn, en el que trasladaba que el rey mostró "simpatía" por el golpe. La izquierda ahora actualiza sus demandas, insistiendo en que no debe existir "ninguna sombra" sobre aquellos hechos, "por el bien de los actores e incluso de los guionistas" de los mismos. Ya es hora, dijeron los dos portavoces, de que se ponga a disposición "de los historiadores y del pueblo" toda la documentación. "Puede ser que finalmente el 23-F sea la gran mentira de la última etapa del siglo XX", verbalizó el portavoz de IU.

PP: desclasificación, "con arreglo a la ley"

El PSOE, al que ayer lunes se le preguntó expresamente por la desclasificación de archivos y no dio muestras de apoyar esa petición, hoy sí pareció abrir la mano, a la luz de las declaraciones de Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. "El Grupo Socialista apoya todas las iniciativas que vayan en favor de una mayor transparencia. Es verdad que hay muchos historiadores que están pidiendo la desclasificación. Salvaguardando el interés y la seguridad nacional, estamos dispuestos a ver y estudiar esa propuesta", la de levantar el secreto. Rodríguez dijo no conocer la iniciativa de la comisión de investigación, que Izquierda Plural había presentado minutos antes en rueda de prensa en la Cámara baja. "Tenemos muy claro el papel del rey el 23-F: paró un golpe de Estado en España", añadió. Un día antes lo había dicho la vicesecretaria general, Elena Valenciano. 

El PP, en cualquier caso, dará cerrojazo a la petición de IU-ICV-CHA, como ya deslizó Alfonso Alonso, el portavoz del grupo: "El 23-F es objeto de investigación histórica. La investigación política está muy clara". Es un episodio del que los españoles muy estar "muy orgullosos", por cómo se resolvió. Y en cuanto al rol del rey, nada que aclarar: "Ejerció su autoridad en defensa de la democracia. Es lo que vimos y eso es lo relevante. Esos son los hechos". Alonso recordó que él era un niño cuando ocurrió el golpe de Estado. "Y cuando don Juan Carlos salió [en televisión], todos nos pudimos ir a dormir tranquilos". Su papel como "garante" de la democracia no puede quedar "destruido por otros medios". 

En cuanto a la desclasificación de documentos de la intentona militar, respondió que el Gobierno, "con arreglo a la ley, determinará cuándo se puede hacer". 

Críticas a las palabras de Rouco Varela en el funeral de Estado

A Adolfo Suárez también concierne, en cierta medida, otra de las polémicas del día: las palabras, ayer, en su funeral de Estado en la catedral de la Almudena, del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien alertó de que hoy hay actitudes que "causaron" la Guerra Civil y que "la pueden causar". La mayoría de los grupos reprobó su homilía. Así, el PSOE tachó sus declaraciones de "indignantes" y dijo que ya es hora de que se planteen funerales laicos. Izquierda Plural cree que la Iglesia no debería "levantar fantasmas" sobre la contienda, porque no es siquiera "la apropiada" para hablar de ella. Rosa Díez, portavoz de UPyD, calificó la intervención del prelado de "absolutamente impresentable". Pere Macias, de CiU, de "alegato político" que venía a "justificar de alguna manera" el golpe de Estado de 1936. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), que estuvo ayer en el funeral, subrayó que las palabras de Rouco siembran "estupor e indignación" y "desdeñan la democracia".

Incluso Alonso, portavoz del PP, consideró que las circunstancias de hoy en día son "bien distintas" a las de los años treinta, porque "la democracia está consolidada", por mucho que haya "diferencias y debates apasionados". Pero, para salvarle la cara al cardenal, agregó: "Entiendo que formó parte de una reflexión de que la libertad hemos de defenderla todos los días y que no debemos darla como cosa hecha nunca".