Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.

La petición de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen al instructor de la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya sido este quien la curse, ha generado, como mínimo, desconcierto en la cúpula de la Fiscalía. Fuentes oficiales del organismo que dirige Teresa Peramato rechazan pronunciarse sobre aspectos concretos de una investigación en curso y aseguran que actuarán con la máxima colaboración con el juez. Pero algunos fiscales consultados consideran que esa forma de actuar podría trasladar a los ciudadanos una sombra de sospecha sobre la Fiscalía General o, al menos, una falta de confianza de esa fiscalía especial en sus superiores.

El auto notificado el pasado lunes por Pedraz se hacía eco de las diligencias solicitadas por las fiscales del caso. Entre ellas se encontraba una petición de información a la Fiscalía General del Estado "para que informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García Izaguirre [el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos] que hubiera recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas". También solicitaba información sobre las "reuniones mantenidas" en la sede de la máxima jefatura del Ministerio Público entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, que actuaba junto a ella, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados y el abogado del comisario jubilado relacionado con las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, José García Cabrera. "En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", añadía.

El principal informe policial de la UCO que consta en el sumario de la causa dedica un capítulo a las supuestas gestiones prometidas por Leire Díez y su grupo con la Fiscalía General. Los agentes reflejan cómo la fontanera y sus supuestos cómplices habría ofrecido a sus interlocutores beneficios en los procedimientos en los que estaban incursos –como en el caso de Villarejo o Francisco Martínez en Tándem o Kitchen–. En otras ocasiones aparece como destinataria de escritos o denuncias de la trama, como los relacionados con la instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, o las denuncias contra la propia UCO y sus agentes. "Desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización", dice el documento policial, sus integrantes tendrían "capacidad demostrada (...) para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio fiscal general del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz", añade.

Varios fiscales consultados aseguran que lo más habitual es que, cuando una fiscalía –la del Supremo, Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional o cualquiera de las provinciales– necesita información para una causa que investiga o en la que participa, lo normal es recurrir al fiscal jefe para que se ponga en contacto con su homónimo del departamento al que se requieran los datos a través de un oficio. Esas mismas fuentes aseguran que, de ese modo, la fiscalía que requiere la información la puede aportar directamente al juez a través de sus escritos e informes para que la incluya en la causa. Lo normal, sostienen, hubiera sido que las fiscales anticorrupción hubieran recurrido a los cauces internos del Ministerio Público y solo en el muy hipotético caso de que no consiguieran por esa vía lo solicitado, recurrieran directamente al juez. "Lo contrario parece una muestra clara de desconfianza a los compañeros", dice uno de los consultados. Otros sostienen que esa forma de actuar "lanza sospechas" sobre la cúpula de la Fiscalía en un momento en que la institución se encuentra muy dividida tras la condena del anterior fiscal general por desmentir un bulo.

Anticorrupción también ha pedido a Pedraz que sea él quién exija a otra fiscalía, en este caso la Fiscalía Superior de Extremadura, toda la documentación sobre la denuncia presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada –instrumentalizado supuestamente por el grupo de Leire Díez– contra Biedma, la instructora de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por su contratación como responsable de los conservatorios de esa provincia, cuyo juicio ha concluido este martes. Según las fuentes fiscales consultadas, también en este caso hubiera bastado con recurrir a los cauces internos habituales. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal de Sala jefe Alejandro Luzón, depende jerárquicamente, como todas las fiscalías especiales, autonómicas o provinciales, en última instancia, de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y está sometida, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a sus instrucciones.

"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.

Los brazos del aparato del Estado a los que Díez echaba la culpa de actuar en campaña contra su antiguo partido y cuya voluntad trataba de doblegar con supuestas artimañas ilegales –la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los propios jueces, según la investigación– han terminado volviéndose contra ella y sus compañeros en la supuesta trama que se investiga. Será la Justicia la que decida si ha cometido los delitos que le imputan, pero el sumario retrata a alguien con un carácter desmesurado, que se vanagloria ante sus víctimas de un poder y una influencia exagerada y a los que se dirige con una temeraria verborrea.

El Gobierno y el PSOE han tratado de cortar la hemorragia situando la culpa de todo en Cerdán, una rama ya podada tras su implicación en la trama de corrupción que, junto a José Luis Ábalos y su asesor Koldo orquestaron en el Ministerio de Transportes. Díez, argumentan en el partido, colgaba de él. Pero si se demostrara que el origen de todo estaba más arriba y que actuaba a órdenes de la cúpula, la reputación de los máximos responsables socialistas quedaría muy maltrecha más allá de su hipotética responsabilidad penal.

Porque Díez se enfrentaba con esa peligrosa suficiencia y superioridad a personajes que se las sabían todas y a los que, según los investigadores, ofrecía tratos ilegales. A fiscales, como José Grinda, que se enfrentó a la mafia rusa; o a Ignacio Stampa, que destapó las cloacas del Estado. A guardias civiles especialmente entrenados para detectar cualquier indicio de corrupción. Incluso a personajes especialmente peligrosos para los intereses del PSOE, como el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, que utilizó recursos del Estado para extorsionar a jueces, fiscales, políticos y empresarios a través de sus famosas grabaciones y otros medios ilegales.

Uno de los pasajes en los que se aprecia esa temeridad se refleja en las actas que el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, redactó tras sus dos encuentros con Díez en los que, supuestamente, le pidió que declarara contra el confidente del caso, Víctor de Aldama. Según el agente, la enviada socialista –que obviamente no midió bien con quién trataba– le aseguró que fue ella la que eligió a los abogados de Ábalos y Koldo y que ella misma diseñaba su estrategia de defensa.

Entre los ofrecimientos que supuestamente hizo a Villalba para lograr su colaboración estaba el de convertirlo en asesor de la directora general de la Guardia Civil. El poder en el seno del cuerpo policial que quiso mostrar en esa reunión, le llevó a decir que el próximo director adjunto operativo (máximo cargo funcionarial) de la Benemérita lo iba a nombrar ella. Ante el agente, Leire Díez se habría atrevido a difamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como responsable del "desgaste" del Gobierno. De varios mandos de la UCO dijo que estaban a sueldo de Repsol y a otros les acusó de fabricar pruebas falsas en la operación Cataluña.

Díez, además, alardea en todo momento de tener en su poder informaciones impactantes. Como pruebas de la supuesta presencia de mandos de la UCO en locales con mujeres prostituidas. O de que, durante algunas de las investigaciones, el cuerpo había recurrido a sistemas de intercepción telefónica supuestamente ilegales. Del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dice que es "afín al PP" y que se convertirá en fiscal general del Estado "cuando Feijóo llegue al Gobierno".

También hace vaticinios que se han demostrado falsos. Como que el caso Mascarillas –cuyo juicio acabó hace unas semanas y en el que Ábalos, Koldo y Aldama se sentaron en el banquillo– no llegaría a ninguna parte. "Sobre Santos Cerdán", escribe Villalba, "tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten". "Tiene la confianza plena de la estructura", añade. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión tras resultar imputado en el caso Koldo.

A Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y acusado en el caso Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, le aseguró que la información que le facilitara la enviaría "a los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto". A lo que luego añadió que los que le habían hecho ese encargo "se encuentran en la calle Ferraz [sede central del PSOE] comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

Esta vez sí. La derecha política y mediática, con el auxilio de organizaciones de ultraderecha que habitualmente actúan como palancas judiciales e intermedian entre el PP, Vox y sus medios afines, lleva años intentando hallar la manera de destruir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora está convencida de que lo ha conseguido.

El PP lo considera sentenciado. Y algunos de los pseudomedios que más tiempo llevan difundiendo sin pruebas graves acusaciones contra él lo han declarado este martes culpable de un largo historial de crímenes, incluido el de haber ganado las elecciones de 2004 de manera fraudulenta.

Hace apenas unos días, el propio Alberto Núñez Feijóo aseguraba: “Zapatero ha usado la Presidencia del Gobierno, al parecer, para llevarse dinero sucio”. Ese mismo día, elconfidencial.com anticipaba lo que se venía: “Nuevas investigaciones judiciales acorralan a Zapatero por blanqueo de capitales a gran escala. El expresidente socialista lavó presuntamente fondos procedentes del cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y contratos”, publicaba este digital, el mismo que puso en el punto de mira a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Zapatero es, para la derecha, una pieza de caza mayor. Está en el punto de mira desde que hace 22 años batió a Mariano Rajoy en las elecciones que siguieron a los atentados del 11M y, muy especialmente, desde que se convirtió en un activo esencial del PSOE cuando se trata de movilizar a sus militantes en período electoral. Así que su imputación es, en principio, una buena noticia para los intereses electorales del PP y de Vox.

Lo cierto es que, hasta ahora, la legalidad del préstamo de 53 millones concedido por el Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra, en el marco del mecanismo creado para paliar las dificultades económicas de las empresas que vieron afectada su actividad por el confinamiento provocado por la pandemia de la covid, nunca había sido puesta en cuestión, más allá de las acusaciones de Miguel Tellado o de las insinuaciones de algunos pseudomedios, que a menudo usan la expresión “turbios manejos”.

Pero el caso de la aerolínea, archivado en su día por un juzgado de Madrid, revivido por Anticorrupción y convertido finalmente en el primer caso de la democracia que lleva a un expresidente ante la Audiencia Nacional, lo ha cambiado todo. Ahora hay un juez que acusa a Zapatero de ser “el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Mientras se empiezan a conocer las evidencias concretas en las que se basa el juez para acusar a Zapatero, lo que sí se puede reconstruir es el recorrido: cinco años en los que el mismo caso fue archivado, reabierto, trasladado de juzgado, amplificado por medios de la derecha, instrumentalizado en sede parlamentaria y, finalmente, reconducido hacia un nombre que la oposición llevaba tiempo queriendo situar en el centro de la trama.

El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La aerolínea, fundada en 2011 y con capital venezolano entre 2017 y 2025, fue considerada empresa estratégica en el marco de las ayudas a la aviación afectada por la pandemia.

La primera denuncia llegó en marzo de 2021. La presentó Manos Limpias, la organización de extrema derecha con larga trayectoria en querellas políticas, ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Los cargos eran amplios: malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención fraudulenta de ayudas públicas. Después se sumaron el PP y Vox con sus propias querellas.

La jueza Esperanza Collazos declaró el sobreseimiento provisional de la causa en enero de 2023. Su razonamiento fue directo: no aparecía justificada la comisión de ningún delito, porque la ayuda se había concedido conforme al real decreto de medidas urgentes aprobado para sostener la economía durante la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó esta decisión. El caso, en sus términos originales, entraba en vía muerta.

Pero el interés por el asunto no ha sido solo judicial. Desde 2022, la cobertura en medios de la derecha —con libertaddigital.com, okdiario.com y eldebate.com como protagonistas habituales— ha mantenido viva la conexión entre Zapatero y Plus Ultra mucho antes de que hubiera elementos judiciales que la sustentaran.

En esa misma lógica, el PP utilizó su mayoría en el Senado para citar al expresidente ante la comisión que investiga el caso Koldo, argumentando que “podría estar implicado en la trama de corrupción” que ellos sitúan alrededor de Sánchez. La cita parlamentaria y la judicial han avanzado en paralelo, con una retroalimentación en la que no siempre ha sido posible distinguir los indicios de las conclusiones.

El mecanismo que ha dado lugar a la imputación de Zapatero, sin embargo, no nació, aparentemente, de una denuncia política, sino de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción —en manos de Alejandro Luzón, cuyo perfil suma tanto elogios de la derecha como críticas de la izquierda— y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En 2024, ambas instancias concluyeron que el dinero del rescate podría haber servido para blanquear fondos procedentes de tramas de corrupción venezolana. Era un ángulo distinto al que habían esgrimido Manos Limpias, el PP o Vox: ya no se cuestionaba si la ayuda se había concedido mal, sino si fue utilizada para lavar dinero sucio.

La reapertura llegó. Y con ella, una operación que, en diciembre de 2025, se saldó con la detención —y posterior puesta en libertad— del presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el empresario Julio Martínez. Agentes de la UDEF registraron las oficinas centrales de la aerolínea en busca de documentación fiscal.

La jueza del juzgado madrileño se inhibió entonces en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que el caso tenía ramificaciones que superaban su competencia.

El salto a la Audiencia Nacional colocó el caso en manos del juez Calama. Y la instrucción, en la que otra vez se presentó Manos Limpias, empezó a acercarse a Zapatero al tiempo que algunos medios —en particular eldebate.com, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas— aireaban sin pruebas vínculos entre el expresidente y Julio Martínez, presentándolos siempre como evidencias de corrupción.

Zapatero siempre ha reconocido haber ingresado, junto a sus hijas, en torno a medio millón de euros a lo largo de varios años a cambio de la realización de informes y la prestación de servicios para la consultora de su amigo Julio Martínez. Una contraprestación económica que la derecha ha considerado un pago a cambio de la concesión de la ayuda a Plus Ultra y que Zapatero siempre ha negado, pero a la que ahora el juez da credibilidad.

La imputación de Zapatero, independientemente de que dé lugar a un procesamiento o quede en nada, es un hito formal que la oposición llevaba años intentando construir desde múltiples flancos —la denuncia de un sindicato ultraderechista, las querellas de los partidos, el goteo de filtraciones a medios afines, los interrogatorios parlamentarios— y que ahora tiene forma de citación judicial para el 2 de junio.

Lo que ocurra ese día, y lo que el juez Calama sea capaz de acreditar más allá de los registros de este martes, determinará si el hito tiene recorrido o si repite el ciclo de 2023: mucho ruido, archivo provisional y vuelta a empezar.

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García, y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que el PP, que lidera las acusaciones populares, sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia.

Una rebaja para el comisionista que finalmente la Fiscalía no ha considerado. Su petición inicial, de 7 años, se mantiene al final del juicio en el Tribunal Supremo tras un proceso de decisión interno en el Ministerio Público, en el que puede haber conversaciones pero no ha habido órdenes o presiones, según fuentes fiscales.

Las fuentes se referían así a algunas informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para evitar la aplicación de esta atenuante muy cualificada.

El PP sí ha visto en cambio en la confesión de Aldama —que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor— motivo suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena en dos grados, lo que dejaría su petición en alrededor de 5 años y dos meses.

Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado además que el tribunal imponga menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos que atribuyen a Aldama, lo que evitaría que ingrese en prisión. Una conclusión con la que ha estado de acuerdo el abogado del comisionista, que también ha pedido que sus condenas no superen los dos años por cada uno de los delitos "asumidos", y ha mostrado su "discrepancia" con la "intensidad" de la atenuación contemplada por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución para ambos. Acusaciones y defensas han expuesto así sus conclusiones tras una farragosa escucha de audios que poco se han entendido y otras pruebas documentales.

El empresario Víctor de Aldama presentó el pasado miércoles a Koldo García Izaguirre como el gran muñidor de la trama de corrupción que supuestamente urdieron entre los dos junto al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero este jueves, durante su declaración como acusado, la mano derecha de Ábalos ha rechazado tajantemente haber recibido un solo euro del confidente que destapó la supuesta organización corrupta a la Fiscalía Anticorrupción. Solo ha reconocido el adelanto de un tratamiento de fertilidad para su pareja que luego le devolvió en tres plazos. Koldo ha admitido que recibió miles de euros del PSOE en anticipos para gastos al ser el asistente del número tres de la formación y que parte de ese dinero le llegaba en "chistorras", es decir, en billetes de 500 euros, algo que el partido niega.

Koldo se ha mostrado ante el juez como un abnegado asistente que trataba de anticiparse a las gestiones –no solo profesionales, también personales– de un ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE desbordado y agotado por el trabajo. Alguien que organizaba reuniones cuando se lo pedían, facilitaba salvoconductos durante la pandemia y solucionaba problemas, pero también que se encargaba de abonar la pensión del hijo del ministro después de su separación; de encontrar un chalé en Cádiz para las vacaciones del mandatario; de buscar una casa de alquiler para su nueva pareja, Jésica Rodríguez; o de ayudarla (a ella y a otra mujer relacionada con Ábalos) a encontrar trabajo en las empresas del grupo haciendo llegar sus currículos a cargos del ministerio o acompañándolas a las entrevistas, pero sin hacerse valer como alguien muy cercano al ministro.

El que fuera chófer de Ábalos antes de que el PSOE llegara al Gobierno y después su asesor principal ha reconocido que llegó a mantener una relación de "amistad" con Aldama, pero ha negado los pagos que este había relatado la víspera y las diferentes formas en que se produjeron. Ha rechazado con un parco "no", por ejemplo, que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama, y ha asegurado que las anotaciones con esa cifra que aparecieron en el registro de su domicilio en 2024 podrían corresponder a negocios que estaba tratando de poner en marcha en Latinoamérica. También negó que Aldama le comprara una moto o un coche, como había dicho el conseguidor de la trama la víspera. Solo admitió que este le pagara un tratamiento de inseminación artificial para su pareja, Patricia Uriz, de unos 6.000 euros, que Aldama abonó con su tarjeta de crédito. Pero Koldo ha asegurado que se lo devolvió en tres pagos posteriores.

Aldama aseguró el miércoles que uno de los desembolsos que hizo a favor de Koldo y Ábalos consistió en el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España para la nueva pareja del ministro, Jésica Rodríguez, que abonó uno de sus socios. Koldo, sin embargo, se ha desentendido totalmente de esa versión y ha asegurado que el ministro y su compañera tenían previsto alquilar un inmueble –propiedad de Aldama– en el paseo de la Castellana. Como estaba ocupado por otros inquilinos y hasta que se desocupara, el socio de Aldama se ofreció a facilitarles de manera provisional y por poco tiempo el piso de la Torre, que, según dijo Koldo que le contaron, lo había alquilado para celebrar encuentros de empresarios. El asesor del ministro no consiguió explicar por qué Jésica exigía que el arrendamiento durara al menos "doce meses". Tampoco por qué, tras una queja de la pareja de Ábalos, compró una nevera para la casa cuya factura pasó después al socio de Aldama.

Según las acusaciones, Jésica, además del piso, obtuvo un contrato en Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al ministerio, un trabajo al que, sin embargo, jamás asistió. Koldo ha admitido este jueves que la única gestión que hizo por ella fue enviar su currículum a Isabel Pardo de Vera y que luego la acompañó a la entrevista que tuvo que hacer. Pero ha asegurado que la dejó en la puerta el edificio donde tuvo lugar el encuentro y que no intercedió por ella. Koldo y su hermano Joseba, ha declarado el primero, ayudaban a Jésica a redactar los partes que justificaban su jornada laboral, pero no para falsificarlos, ha declarado. La mano derecha de Ábalos ha dicho que él creía que la pareja de su jefe "teletrabajaba". Lo mismo con otra de las mujeres a las que colocaron, Claudia Montes. Ábalos le pidió que la ayudara y él encargó a los servicios del ministerio que recortaran la foto que acompañaba a su currículum al considerarla demasiado provocativa. Después se lo mandó a Isaías Taboada, el presidente de Renfe.

Otro de los supuestos pagos del entorno de Aldama al ministro fue una casa en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Anticorrupción y Aldama sostienen que socios de este último la adquirieron para regalársela a Ábalos tras las gestiones de Koldo para conseguir que se le concediera a su empresa –Villafuel– la licencia de operador de hidrocarburos. Koldo ha admitido que fue él quien buscó la casa para Ábalos, pero que lo hizo para ayudarle a preparar sus vacaciones. Donde no ha parecido muy creíble es al explicar por qué eligieron entre los dos finalmente una casa en venta y no en alquiler. "¿Es que alguien la debía comprar para luego alquilársela?", le ha preguntado el fiscal, que no ha obtenido una respuesta concreta. Koldo ha asegurado, además, que desconocía que los que adquirieron el inmueble fueran los propietarios de Villafuel. Tras su salida del ministerio, los propietarios mandaron un burofax a Ábalos reclamando por el impago de dos meses y Koldo se queja a Aldama diciéndole que "esto es la hostia". El asesor ha asegurado ante el tribunal que lo dijo porque le molestó que enviaran un burofax en lugar de arreglarlo con una conversación informal.

Gran parte de la declaración de Koldo ha versado sobre las grandes cantidades de dinero que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, manejaba, y que las acusaciones atribuyen a los pagos de Aldama. El antiguo asesor ha decidido –en ejercicio de su derecho como acusado– no responder sobre esto al fiscal y hacerlo únicamente a preguntas de su abogada. Al contrario que en su declaración durante la instrucción del caso, esta vez Koldo sí ha concedido lo que afirmaba la UCO, que cuando en sus conversaciones hablaba de "chistorras", se refería a billetes de 500 euros. Pero ha rechazado tajantemente que procedieran de Aldama y ha asegurado que ese término lo pudo utilizar para los adelantos para gastos que recibió del PSOE como asistente del secretario de Organización –el partido niega que en sus pagos en efectivo a empleados y militantes utilice esos billetes–, las rentas recibidas de los inquilinos de sus pisos de alquiler turístico en Benidorm o los favores que le pedían agentes de la Guardia Civil años atrás para que les cambiara los billetes con los que el cuerpo sufragaba los gastos de sus operaciones.

Koldo ha afirmado que el PSOE le llegó a facilitar anticipos de hasta 12.000 euros en efectivo –parte de ellos en "chistorras"– que él guardaba en su casa y que servían para abonar actos y campañas. "En una campaña hay que pagar las dietas de desayuno, comida y cena, el alojamiento de todo el personal, la furgoneta... Todo en efectivo", ha dicho. Luego todo eso se justificaba con tiques y recibos ante la organización. Koldo ha desmentido que tuviera ningún tipo de relación con Pedro Sánchez y que todas las vías de comunicación con él se cortaron tras su designación como presidente del Gobierno. También ha rechazado que el partido cobrara de los contratistas de Transportes: "El PSOE no coge dinero de nadie", ha dicho.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es "un trámite" que se hace "con absoluta normalidad".

Según ha dicho Catalá ante los medios de comunicación tras desvelar Compromís la decisión de Anticorrupción después de su denuncia, la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia y ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido "totalmente trasparente" en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València.

En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

"Estamos hablando de una persona, un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit València", ha manifestado la alcaldesa.

Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 —entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad—, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento.

 "Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los 11 trabajadores en la administración pública", ha remarcado.

La alcaldesa ha destacado que, en esa moción, el Ayuntamiento votó en contra porque había un informe de la Secretaría Municipal "que negaba esta posibilidad".

"La Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que quería Compromís, en la medida de que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino de la Administración General del Estado", ha añadido.

En esta línea, Catalá ha asegurado que en la Fundación Deportiva Municipal "actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007" y ha insistido en que, en el caso del empleado público que optó a la plaza de la Fundación Visit València, se hizo con un proceso "transparente y riguroso" en un concurso de oposición "que había creado el anterior gobierno municipal", al frente del cual estaban Compromís y el PSPV.

La alcaldesa ha señalado que pondrán a disposición de la Fiscalía "el expediente completo, la liquidación del Consorcio, el proceso interno de la Fundación Visit València y el de este administrativo", además de las mociones de los grupos municipales socialista y Compromís, donde "votaban a favor, teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, para que reasignáramos a los once trabajadores a puestos en el Ayuntamiento a dedo".

"Creo que el fiscal va a tener que estudiarlo todo, porque evidentemente es indicativo los antecedentes del denunciante", ha dicho Catalá, quien lo ha calificado de "actuación esperpéntica".

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha señalado que "no informa de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha" que, consideran estas fuentes, "forman parte de una instrucción".

"Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador", han concluido desde la entidad que preside Mar Chao, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.

El Tribunal Supremo ha rechazado poner en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril, precisamente porque el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral.

Las defensas de Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio, por la dificultad que supone prepararlo junto a sus letrados si siguen en prisión.

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su excarcelación al subrayar que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga".

Y ahora el alto tribunal señala que "procede denegar la pretensión deducida" alegando que "la proximidad del señalamiento del juicio" hace que persista "el riesgo de fuga".

Asimismo y en cuanto a la necesidad que alegan las defensas de preparar el juicio, el tribunal recuerda que ya "expresó su acuerdo con las alegaciones de los acusados, en orden a la necesidad de espacios y tiempo para la preparación del juicio y la realización de la prueba que va a desarrollarse, testifical, pericial y documental"

Por tanto, "como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa".

Anticorrupción pide 24 años para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

La Fiscalía Antocorrupción ha solicitado 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA Francisco González por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo.

En el escrito de acusación firmado por la fiscal Elisa Lamela el pasado 12 de marzo al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide para el excomisario 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.

Anticorrupción pide también que se impongan a BBVA multas por estos delitos que en conjunto suman 184,3 millones de euros.

El pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas a Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, al rechazar todos los recursos presentados.

Además de González, Villarejo y Corrochano, figuran entre los acusados el socio del excomisario Rafael Redondo; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.

Sin embargo, Anticorrupción interesa el sobreseimiento de la causa contra el que fuera consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y del exdirector del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari, que sí fueron procesados por el juez instructor.

El ministerio público también solicita que se indemnice con 20.000 euros a las 43 personas que fueron objeto de las labores de espionaje, entre los que figuran el exministro de Industria Miguel Sebastián y el empresario Juan Abelló.

En su escrito, Anticorrupción explica que las contrataciones expuestas entre BBVA y CENYT, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos".

Todo ello, en un contexto en el que el banco "carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la presidencia".

Pese a que aquellas contrataciones y pagos "incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas tanto a la formalización de servicios como a la tramitación y abono de facturas", los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron, añade el escrito.

Esto se debió a la "convicción firme y arraigada de que debían acatar las instrucciones procedentes de la presidencia o de los altos directivos con independencia de que dichas órdenes fueran o no conformes con la normativa interna aplicable".

Fue una operación polémica. La concesión de un rescate a la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros de 53 millones de euros con dos préstamos –de 19 y 34 millones– fue muy discutida por la oposición. En primer lugar por la procedencia del capital social de la compañía, en parte venezolano, pero también por el cuestionamiento de la necesidad real de ese apoyo estatal derivado de la crisis de la covid y por el reducido tamaño de la empresa. La compañía aérea ya arrastraba problemas económicos en 2019, antes de que se desatara a nivel mundial la pandemia del coronavirus, lo que en teoría la inhabilitaba para recibir los fondos. El Gobierno, por boca del exministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en prisión por el caso Koldo), justificó la ayuda como estratégica por la escasez de vuelos con América Latina.

El caso llegó a los tribunales pocos meses después, en junio de 2021, de manos de Vox. La formación ultra se querelló en el Supremo contra el consejo gestor de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que concedió la ayuda y contra el presidente del Gobierno y las ministras de Industria –por entonces Reyes Maroto– y Hacienda, María Jesús Montero. El tribunal rechazó de plano el caso y lo archivó por estar basado en recortes de periódicos, pero afirmó que los hechos que contenía –que la querella calificaba como prevaricación y malversación– y que se reducían básicamente a la concesión de la ayuda, eran "relevantes en el sentido penal del término" y aseguraba que podrían ser investigados por tribunales inferiores, aunque descartaba el más mínimo indicio contra los querellados y acusaba a la formación ultra de usar a los jueces para hacer política.

Tres años después, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. El objeto principal de investigación, según esa fiscalía especial, no era en sí la concesión del rescate, sino la actividad una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales instalada en Francia, Suiza y España y formada por ciudadanos peruanos y venezolanos que habían adquirido la nacionalidad española, un socio de los Países Bajos y un abogado español. Plus Ultra aparecía como una de las vías a través de las cuáles ese entramado internacional lavaba sus fondos ilícitos. El origen de estos últimos procedía "de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía", procedentes del programa de estatal de alimentos de ese país (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela.

El mecanismo de blanqueo denunciado por Anticorrupción fueron los pagos realizados por Plus Ultra, gracias a la inyección de 53 millones concedida por el Gobierno, a tres sociedades pertenecientes a la organización criminal. La aerolínea hispanovenezolana figuraba como receptora de unos préstamos de esas sociedades implicadas en las ventas de oro. Plus Ultra habría utilizado la ayuda del Ejecutivo de Sánchez para devolver el dinero de esos supuestos préstamos. La denuncia de Anticorrupción se generó tras la recepción de las fiscalías francesa y suiza de sendas solicitudes de cooperación internacional para registrar domicilios en Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Tenerife y Mallorca.

Los denunciados, por sí mismos o a través de sociedades, recibían dinero procedente del extranjero "con el objeto de adquirir bienes inmuebles". Además, esas personas eran las que estaban detrás de la suscripción de los préstamos que Plus Ultra devolvió tras recibir los fondos del rescate. Anticorrupción recogía en su escrito una "venta de oro por importe de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos" por parte de la misma sociedad que concedió los préstamos a la compañía aérea. La venta de relojes de lujo era otra de las herramientas para lavar dineros de procedencia ilícita.

Pese a la gravedad de los hechos el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rechazó la competencia para investigarlos. Su decisión fue respaldada, además, por la Sala de lo Penal de ese mismo tribunal, cuya sección tercera invitó a Anticorrupción a llevar el caso al Juzgado de Instrucción. El caso fue finalmente al Juzgado de Instrucción 15, que dirige la juez Esperanza Collazo. Bajo su dirección, la policía arrestó al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado, Roberto Roselli, y se registró la sede de la compañía, además de sus domicilios, el pasado diciembre. Fue en las pesquisas desarrolladas desde entonces por esta instructora, que aún permanecen secretas, en las que apareció Análisis Relevante, la consultora para la que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, elaboró informes de consultoría. Un amigo suyo, Julio Martínez Martínez, era su administrador único. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ahora sí, ha asumido este martes la causa tras la inhibición de su compañera.

El exlíder del Ejecutivo explicó este lunes en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado que efectivamente, como consultor, realizó informes para Análisis Relevante y cobró por ellos. En el trato con la sociedad de Martínez estaba que también recibieran fondos sus hijas, a través de su compañía, que realizó trabajos de comunicación y marketing. En los seis años que trabajó para la sociedad de su amigo ganó 463.000 euros, cantidad que fue declarada a Hacienda en cada uno de los ejercicios. Sobre los detalles de su relación con Análisis Relevante, explicó que los informes los hacía él junto a Sergio Sánchez, ex asesor de comunicación del CNI también ligado a la consultora y actual directivo de Movistar+. Después los mandaban a What the fav, la empresa de las hijas de Zapatero. El exdirigente socialista negó por activa y por pasiva haber recibido un solo euro de Plus Ultra en todos estos años. También rechazó las acusaciones de haber mediado con el Gobierno de Sánchez para que se aprobara el rescate de la aerolínea, incluso que hubiera hablado con el actual presidente sobre ello en esas fechas.

Sin embargo, ni el PP ni Vox fueron capaces este lunes de sustraerse al cóctel de Venezuela, Maduro, corrupción, Aldama, Ábalos, Plus Ultra, Air Europa... La portavoz de los ultras, Paloma Gómez Enríquez, ametralló al expresidente a preguntas, mezclándolo todo, sin dejarlo contestar y propagando bulos e informaciones sin comprobar e incluso acusándolo de delitos sin la más mínima evidencia y con un tono insultante. La senadora dio por sentada una relación estrecha de Zapatero con Aldama, el conseguidor del caso Koldo, una persona con la que, en las intervenciones inmediatamente anteriores, el exlíder del Ejecutivo había asegurado que había coincidido una vez en un avión durante una hora y media. También le interrogó sobre el encuentro del exministro Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, en el que Zapatero no tuvo ninguna responsabilidad, y dio por sentado que cobraba de Maduro, algo que él rechazó. Le acusó, sin ni siquiera escucharle, de estar en el centro de la trama intentando que solo se oyeran sus preguntas, no las respuestas. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez Lamata, pese a alguna llamada de atención, no interrumpió el lamentable espectáculo.

Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero, con la información que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.

Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, "se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

El informe advierte también de que no pueden descartarse otras "transferencias adicionales a las localizadas", que puedan estar "veladas" tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían "fragmentados", no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades "por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades" de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.

Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado" y presuntamente se diferían "bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal".

A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran "conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes" de obtener lo pactado.

El informe detalla también pagos fragmentados, "al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa".

De hecho, el informe señala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a "mínimos consumos" para ser después agrupados y transferidos a "otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios".

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos "de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos". 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que prorrogue seis meses la causa ante la necesidad de practicar nuevas diligencias, informa EFE.

Así lo solicita la fiscala Carmen García Cerdá al juez de Tarragona que investiga al exministro del PP y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos. Una causa que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario.

La fiscala, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, interesa la prórroga de las diligencias por un periodo de 6 meses, "ya que la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación impide que pueda finalizar la instrucción antes del día 29 de enero de 2026", recalca.

Recuerda que en junio de 2025 se levantó el secreto de las actuaciones y se acordó dirigir el procedimiento contra Montoro y el resto de personas en calidad de investigados, que deben declarar sobre los hechos investigados.

Según la fiscala, la propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de los investigados, la declaración de testigos u otras diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, que analiza las cuentas bancarias de los investigados.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos, situación en la que se encuentra desde el 27 de noviembre, ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas.

Este jueves, la Sala encargada de revisar la decisiones del instructor Leopoldo Puente ha celebrado ya la primera de las dos vistas a puerta cerrada para estudiar los recursos que las defensas de Ábalos y su exasesor presentaron contra su ingreso en prisión.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que todas las partes han ratificado sus escritos ante la Sala, por tanto, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido mantener al exministro en prisión preventiva, al igual que ha hecho la acusación popular que lidera el PP.

Por su parte, la defensa del exministro ha insistido que no existe riesgo de fuga, porque de lo contrario no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez para revisar sus medidas cautelares.

Tras la vista del exministro la Sala ha celebrado la de Koldo García, que ha discurrido en términos similares: su defensa, Leticia de la Hoz, ha vuelto a negar que exista riesgo de fuga, mientras que las acusaciones han abogado por mantenerle en prisión.

Uno de los momentos más tensos de la vista, según informan a EFE fuentes jurídicas, ha tenido lugar cuando la abogada ha denunciado el juicio paralelo que considera que se está produciendo en la causa, en la que a veces -sostiene- parece que el desenlace está escrito.

Tras la oposición de la Fiscalía y de la acusación a esta tesis, el tribunal ha tratado de transmitir tranquilidad a la defensa, a quien ha instado a confiar en la Justicia y le ha garantizado que los magistrados no se ven afectados por las informaciones periodísticas. La abogada de Koldo García también ha insistido en presuntas irregularidades en la causa, al estar instruyéndose una parte en la Audiencia Nacional, al considerar que el Supremo debería asumir todo el procedimiento.

La Sala que forman los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena no adelantará su decisión y resolverá la próxima semana, han explicado las fuentes.

Ábalos ha sido representado en esta diligencia por Carlos Bautista, que la pasada semana renunció a su defensa, si bien el magistrado dejó claro que este letrado debía seguir representando al exministro en la vista de este jueves porque no era posible que el nuevo abogado "pudiera comparecer debidamente instruido de la causa". Su nuevo letrado, Marino Turiel, ha asistido en calidad de oyente.

El juez envió a Ábalos y Koldo a prisión al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones populares hasta 30 años.

Ábalos y Koldo García serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por el empresario Víctor de Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización. El Supremo tiene pendiente fijar la composición de la Sala, las pruebas del juicio y señalar fecha que, según fuentes consultadas por EFE, aspira a que sea entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.

"La información que se proporciona no es bastante, no es verificable, ni transmite suficiente credibilidad para provocar la apertura de unas diligencias de investigación". Así de contundente se mostró la Fiscalía Anticorrupción cuando, a comienzos de año, metió en un cajón uno de los muchos escritos que se van acumulando sobre su mesa denunciando prácticas irregulares. En este caso, ponía en conocimiento del Ministerio Público datos sobre supuestas cuentas en el extranjero relativas a diferentes personalidades públicas. La misma información sobre la que ahora se apoya el juez Peinado para intentar reimpulsar la investigación sobre el rescate de Air Europa.

El 7 de enero de 2025, en plena resaca navideña, tuvo entrada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un extenso escrito firmado por el abogado Eduardo Martín-Duarte, quien tres semanas antes había dirigido otro de similares características a la comisión de investigación del Senado sobre lo que entonces se llamaba caso Koldo. A lo largo de catorce páginas, a las que se sumaban otras veinticinco anexas, el letrado recogía una ristra de recortes de prensa, la inmensa mayoría de la derecha mediática. Y tres cuadros donde se recogían supuestas cuentas bancarias fuera de España de diferentes miembros del Gobierno o dirigentes del PSOE.

Las tablas, de apariencia similar a la que se elaboran con herramientas como Excel, recogían el nombre de la persona, el país –Jersey, Luxemburgo, Venezuela y República Dominicana–, el banco –Promerica, Santa Cruz o Caribe, entre otros–, el importe y el supuesto identificador de la cuenta. Y como único soporte documental, unos papeles, uno por supuesta cuenta, redactados en mayúsculas y conformados por unas líneas alfanuméricas y datos como "entidad", "domicilio", "modalidad", "identificador", "saldo", "titular"... Dichos documentos ni siquiera tenían apariencia de pantallazos internos de una entidad financiera. Ni tampoco membretes de ningún tipo. Eran, en definitiva, como una especie de folio redactado en Word.

"Aportamos esta información por nuestro deber cívico", recogía el escrito. Algo a lo que el Ministerio Público no dio ninguna credibilidad. En su decreto de archivo, dictado apenas dos semanas después, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostenía que dichos documentos habían sido "confeccionados" por "un tercero", no por una "entidad bancaria": "Todos ellos siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria". "Ninguna información aporta el remitente sobre el medio y la persona que le ha hecho seguir esa información y documentos", continuaba.

Y ante la imposibilidad de interrogar a la supuesta fuente para despejar las dudas que pudieran insistir sobre los documentos, concluía: "La información que se proporciona en la denuncia no es bastante, no es verificable, ni transmite suficiente credibilidad para provocar la apertura de unas diligencias de investigación". La misma conclusión a la que llegaría el Tribunal Supremo un par de meses más tarde en relación con un escrito en términos similares que le remitieron por correo al magistrado Leopoldo Puente, instructor del ahora caso Cerdán: "El denunciante [...] se limita a consignar en una tabla de elaboración casera un conjunto de datos sobre los que no existe la más mínima base indiciaria [...] salvo su plasmación en unas hojas igualmente de elaboración propia, sin formato reconocible, carentes de valor acreditativo alguno".

Aquellos papeles despreciados por Anticorrupción, que durante horas sirvió de munición mediática a la derecha, vinculaban a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con tres supuestas cuentas en República Dominicana. Exactamente las mismas que se contienen en el nuevo escrito que el abogado remitió a comienzos de mes al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, en el que el juez Juan Carlos Peinado lleva más de un año investigando las actividades de Gómez. El documento, al que ha accedido infoLibre, es similar a los anteriores, solo que en este caso se centra en la mujer del líder del Ejecutivo y en el rescate que en plena pandemia el Gobierno hizo de la compañía Air Europa.

La ayuda financiera a la aerolínea siempre ha sido de gran interés para Peinado, que ha intentado una y otra vez incluirla dentro de su investigación. Pero la Audiencia de Madrid le ha dejado claro en repetidas ocasiones que el rescate debe quedar fuera del caso Begoña salvo que aparezcan "hechos nuevos". Es precisamente ahí donde entra en juego el nuevo escrito de Martín-Duarte, que busca precisamente explotar esa rendija que los superiores del instructor dejaron abierta: "Me cumple la obligación ciudadana de participar al instructor la información que me ha sido facilitada que podría ser constitutiva de adicionales y concomitantes hechos nuevos".

El abogado, que reclama personarse en el procedimiento, incluye tres cuadros en su escrito. Los dos primeros hacen referencia a supuestas cuentas en República Dominicana con Gómez como "apoderada" a las que Anticorrupción no dio ninguna credibilidad. Y el tercero incluye supuestos depósitos bancarios en entidades turcas que atribuye a la mujer del presidente. "La procedencia de los fondos sería del banco ruso Alfa Bank", lanza. En el escrito que remitió a comienzos de año al Ministerio Público, el abogado no mencionaba en ningún momento la existencia de las cuentas en Turquía que ahora dice que han aparecido.

A pesar de las dudas que tanto la Fiscalía como el Supremo han mostrado a lo largo de estos meses sobre la veracidad de los datos remitidos por el letrado, Peinado no ha dudado en abrazar el escrito del mismo como vía para tratar de reabrir la tantas veces vedada investigación sobre el rescate de la aerolínea. El instructor ha decidido esta semana, con carácter previo a la admisión del escrito, remitir el mismo a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe "si con base en los antecedentes de que disponen" han aparecido "hechos nuevos" respecto a Air Europa.

No es la primera vez que Peinado maniobra en base a escritos que recibe. El pasado año, el instructor tomó declaración como testigo a un exalto cargo de una fundación dependiente del Consejo Superior de Deportes después de que un abogado históricamente vinculado a Falange le situara en una carta remitida a la Guardia Civil como nexo de unión entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Aquella misiva no aportaba prueba o indicio alguno. "Tengo entendido –La Ribagorza es una comarca con escasa población y todo se sabe– que actuó como persona de confianza de ambos", recogía el escrito, en el que se señalaba que el exalto cargo era "profesor de esquí" de "Gómez y sus hijas" –un extremo que lleva años negando–.

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la "escrupulosa" investigación del caso de Montoro, que en su opinión se ha llevado cabo sin "injerencias" y ha destapado "actuaciones graves de corrupción, que no entienden de ideología política alguna". En un escrito avanzado por La Vanguardia y eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Carmen García se opone a los recursos que han presentado las defensas para pedir la nulidad de la causa, entre otros motivos porque consideran que tienen un "notorio cariz político".

En la causa, que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos.

Para la fiscal, la causa "ha seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento" para respetar tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, "evitando injerencias y daños colaterales". El escrito insiste en "dejar claro y sentado desde este momento" que algunos correos intervenidos en el marco de la causa "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna".

Según Anticorrupción, los informes de los Mossos y la Agencia Tributaria aportados a la causa "constatan la indiciaria existencia de una organización" y pagos efectuados por las empresas gasísticas al despacho Equipo Económico que dirigía Montoro, antes de resoluciones administrativas favorables.

También apuntan esos informes, según el Ministerio Público, a que el reglamento de la ley de impuestos especiales que afectaba a las empresas gasísticas se elaboró "a la carta de aquellas mercantiles", eliminando la exigencia de acreditar el cumplimiento de determinados requisitos para obtener beneficios fiscales.

La Fiscalía reprocha asimismo a las defensas que mediante la batería de recursos presentados no busquen "la averiguación de la verdad" o solicitar pruebas de descargo, sino "conseguir la nulidad de las actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales".

También defiende el Ministerio Público la competencia de los Mossos d'Esquadra para investigar los hechos, lo que cuestionaban las defensas, ya que a su parecer la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Estatuto de Autonomía de Cataluña "legitiman" su intervención como policía judicial.

De hecho, en su escrito, la fiscal confiesa que le "llama la atención" que los recursos impugnen "la actuación de uno de los cuerpos policiales designados como policía judicial, en detrimento de otro".

Respecto al cuestionado secreto de sumario, que el juez prorrogó durante siete años, la fiscal recuerda que era necesario por la "importancia que el análisis de la documentación y correos" que constan en la causa ha tenido para "avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus partícipes".

Vivimos tiempos de agitación informativa marcada por un vertiginoso entorno político que, en ocasiones, impide tener perspectiva a la hora de analizar la realidad, a pesar de lo cual, desde este diario intentamos conseguirlo. Esta semana, se han entregado un año más los Premios infoLibre. Jesús Maraña, nuestro director editorial, afirma con orgullo de estos galardones que “en los cinco años que llevamos con ellos ya forman parte de nuestro proyecto periodístico y cívico”. “Privilegian el hecho de ser parte de infoLibre, por ser parte de lo mejor de la sociedad civil”. Y es que la aspiración de este proyecto “no solo es informar y analizar, sino compartir unos principios, objetivos y una forma de entender el mundo”.  

“No se sale fácilmente de dos hachazos como la entrada de Ábalos en prisión después del paso por la cárcel de Santos Cerdán. Es lo peor que le ha ocurrido al PSOE en muchísimos años, probablemente desde la última etapa de Felipe González. Son casos que, aunque aún no están juzgados, presentan suficientes indicios como para preocuparse mucho desde las filas del PSOE. ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué no se pudo detectar? ¿Qué responsabilidad política hay por arriba? Yo creo que la gente castiga la corrupción. No es verdad que pase gratuitamente. Pero creo que, sobre todo, penaliza la mala gestión de la corrupción o el engaño político sobre la corrupción. Por ahora no ha habido signos de financiación irregular en el partido, lo cual llevaría el asunto a otro estadio diferente. De modo que lo importante en estos casos es asumir responsabilidades. Ojalá alguna vez conociéramos un caso de corrupción política que fuera denunciado por el propio partido político que lo sufre. Al final se destapan desde fuera y eso es malo en general para la política. Pero me parece importante destacar y diferenciar cómo se gestiona cada caso de corrupción en cada partido político, porque si no acabamos regalando a los populismos y a la extrema derecha ese mensaje letal de que todos son iguales”. 

“El gobierno de coalición está en una debilidad parlamentaria desde 2018, desde el principio. Cuesta a veces explicar que los tiempos de las mayorías absolutas pertenecen ya a otra época. A pesar de ello, se han aprobado muchísimas leyes, en lo que va de legislatura cuarenta y ocho. Creo que el Gobierno tiene derecho a intentar seguir adelante, por un motivo. Se puede funcionar en esta coyuntura tan especial sin presupuestos porque los últimos que se aprobaron eran muy expansivos y segundo, porque hay una serie de fondos europeos muy importantes que van a llegar y, por lo tanto, se pueden y se deben gestionar. Después del anuncio de bloqueo de Junts, esta formación ha permitido aprobar leyes como la Ley de Movilidad Sostenible. No es obligado ir a elecciones anticipadas como pide el Partido Popular. Lo ha hecho tantas veces, desde el día siguiente a la moción de censura de 2018, estando todavía Pablo Casado, con o sin motivos, que cuando llega quizás el momento en que puede tener solidez esa petición, la ha perdido a base de anunciar lo que no tenía ningún sentido antes. Por supuesto que es débil la situación del Gobierno, pero ningún presidente convoca elecciones en una situación que considere perjudicial para su partido. Nunca ha ocurrido”.

“El liderazgo de Feijóo tiene un vicio de origen, que es cuando vino de Galicia y en una sola noche los barones, principalmente por la presión de Isabel Díaz Ayuso, ejecutaron a Pablo Casado y lo nombraron presidente con la promesa o la seguridad de que en unos meses sería presidente del Gobierno. Esto creo que ha hipotecado de alguna manera su liderazgo, por más que haya hecho algún intento de distanciarse de Ayuso. Pero es que sigue en esa pinza que forman, por un lado Ayuso desde dentro y por otra Abascal desde fuera del PP. Su mayor error, a mi juicio, ha sido no tener un proyecto claro ni de partido ni de país. Nunca ha terminado de percibirse una apuesta propia que lo diferenciara de la extrema derecha. En las elecciones del 23 de julio de 2023 se vio claramente que eso fue un factor definitivo para no ganar la mayoría de gobierno. Algunas de las principales encuestas aseguraban su victoria y perdió entre otras cosas porque se vio que estaba en manos de Vox, pactando con ellos. No solo no ha salido de ese agujero negro sino que ahora asume que solo va a gobernar del brazo de Abascal. De hecho, por primera vez ya hemos visto cómo se reunía en Génova con Abascal, con Aznar como intermediario, para negociar distintas situaciones en distintas comunidades autónomas, cediendo el PP en todo momento a las exigencias de Vox, como está ocurriendo en València”. 

“Los partidos siempre confían en que cuanta más distancia temporal haya de los graves casos de gestión, corrupción o desgaste del tipo que sea de una cita electoral menos factura les va a pasar. En el caso de del PP y de la gestión de desastres como fueron desde las residencias en Madrid en lo peor del Covid a la dana en València o los incendios de este último verano o los cribados en Andalucía, a mi juicio tienen un punto en común que puede calar en la psique electoral. Durante décadas la derecha siempre consiguió pasar por ser la gran especialista en gestionar. Parecía que la izquierda siempre se encarga de distribuir y la derecha presumía de gestionar las cosas, poner orden, rigor. Una inclinación a lo tecnocrático por encima de los principios. Toda esa serie de gestiones desastrosas y de enormes mentiras, pero sobre todo de demostraciones de ineptitud, desmontan ese mito. La derecha en este país en los últimos años ha demostrado que no es eficaz ni ha sabido gestionar con el mínimo rigor y responsabilidad esas catástrofes, que han costado además centenares de vidas”. 

“El auge de Vox creo que se debe a distintos factores. Uno, lo que me parece un error estratégico del PP, que ha sido intentar competir con Vox empleando su mismo discurso, asumiendo posiciones que no son las de una derecha democrática en Europa sobre temas como la inmigración, la lucha contra la violencia de género o la realidad de la crisis climática. Ese factor está muy estudiado y se ha convertido casi en un tópico, que la gente, entre la copia y el original, apuesta normalmente por el original, en este caso, Vox. El segundo factor es más complejo. Vox aprovecha y utiliza el componente de rebeldía que hay en distintos sectores de la población, muy variados. Gente molesta o defraudada por problemas complejos a los que no se terminan de encontrar soluciones. El problema de la vivienda, el problema de los precios, el problema de la competencia por las labores más precarias en la sociedad. Por eso calan discursos como la antiinmigración, convenciendo a la gente de que hay una pelea ya del último y el penúltimo. La extrema derecha en todo el mundo, empezando por el trumpismo, se basa en esas palancas para conseguir apoyos”. 

“Aquí tiene además un componente castizo, muy antidemocrático, el antisanchismo y la siembra de odio hacia todo lo que significa el gobierno de la izquierda. El PP ha ido cayendo en esa telaraña, si es que alguna vez había escapado de ella. Esa deslegitimación viene desde los tiempos de Zapatero. Abascal se echa a dormir y no abre la boca. Mientras el PP actúe así, le va a ayudar y por eso creo que está eufórico. Aprovechan, además, el populismo y la demagogia muy preocupante, por ejemplo, sobre la memoria democrática. Está instalando en capas jóvenes un discurso falaz y muy peligroso que justifica la dictadura frente a la democracia. Tenemos mucha tarea para combatir esos discursos”. 

“Los precios de la vivienda y del alquiler afectan especialmente a las generaciones más jóvenes, que tienen un bloqueo de futuro. Una barrera y una imposibilidad de independizarse, de tener un proyecto propio. Es complejo de abordar, y las competencias transferidas a nivel autonómico dificultan el aportar soluciones. El PP gobierna en once comunidades autónomas y decide ir en contra de cualquier norma o ley, sea sobre lo que sea. Propuestas como el tope de precios al alquiler en zonas tensionadas, en Barcelona, ciudades del País Vasco o algunas de Galicia ayudan a contener los precios. Sobre todo, si la administración avala el que ningún arrendador tenga el peligro de no recibir el alquiler. Pero, claro, asistimos como siempre a esa voracidad especulativa que tienen los mercaderes, en este caso los mercaderes de la vivienda. Son grandes grupos de inversión, fondos buitre, grandes entidades que tienen un patrimonio inmobiliario y quieren gestionarlo con la máxima rentabilidad. Hay un nuevo plan estatal de la vivienda y tiene componentes que ningún experto discute; este país necesita multiplicar el parque público de vivienda y el parque de vivienda asequible. Hay que exigir responsabilidades a todo el mundo, pero tener muy claro también quién intenta aportar soluciones y quién bloquea cualquier tipo de solución, porque en eso consiste también la elección democrática y la gestión política”.

“En los ya quizás demasiados años que llevo en el oficio no recuerdo un caso judicial tan anómalo. Hemos visto decisiones del instructor totalmente insólitas, como un registro general de la sede de la Fiscalía, como si se tratara de desmantelar la cúpula de un grupo de narcos, sin pruebas de culpabilidad. Esto es muy serio. La justicia se está desgastando a sí misma, se está disparando en el pie, si no más arriba, con decisiones que no se basan en datos y argumentos sólidos para llegar a algo tan serio como juzgar a un Fiscal General del Estado. Hemos asistido a un juicio oral de nuevo sin prueba sólida de culpabilidad y, sin embargo, hemos escuchado testimonios múltiples que aportaban pruebas de su inocencia. Y luego se emite un fallo con cinco votos a favor de la condena y dos en contra sin conocerse la sentencia. En cuanto se produjo ese fallo, el ex fiscal general dejó su puesto. Es lamentable. Entre otras cosas siembra un precedente muy grave y es que, si se produce una denuncia y una instancia judicial la asume, prácticamente cualquier institución democrática está en riesgo. Y no olvidemos que en el origen de todo esto está el fraude fiscal confesado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. 

“Creo que ha sido acertada la reacción rápida de nombramiento de una sucesora del ex fiscal general. Teresa Peramato tiene un perfil indiscutible desde el punto de vista técnico, jurídico, de experiencia en la protección de derechos, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género. Es decir, es un perfil tan indiscutible que incluso hemos visto cómo desde la oposición ha costado encontrar el modo de criticar ese nombramiento y poner en discusión ese perfil, hasta el punto de que al final lo que han dicho es que el problema no es la Fiscalía General del Estado, sino el presidente del Gobierno. Creo que eso lo dice todo”.

“Hemos comentado muchas veces en este espacio los momentos críticos que atraviesa, no ya el periodismo, sino el derecho de la ciudadanía a una información veraz. Un derecho constitucional. Está en peligro en todas partes. Estamos asistiendo a un tsunami de desinformación, de bulos, de estrategias de distorsión de la realidad que alteran la percepción de la gente a la hora de tomar decisiones, de entender lo que pasa en el mundo y de tomar posiciones. Es un ataque a la democracia sin precedentes, con un uso de la tecnología más actual, ahora ya de la inteligencia artificial, que hace muy difícil y compleja la respuesta. Por eso es cada vez más importante intentar trasladar a la gente que sin una información que permita tener un pensamiento propio y un pensamiento crítico se pierden los derechos democráticos”.  

“Quiero advertir de algo que está ya aquí, no es una amenaza que vendrá. El uso de la inteligencia artificial para el mal. Tiene muchísimos usos revolucionarios para el bien en un montón de facetas, también en la de la información, pero el uso para el mal está haciendo caer de manera abismal las audiencias, el tráfico de todos los medios. Desde los grandes buscadores, fundamentalmente Google, a través de la inteligencia artificial van desapareciendo los enlaces a los medios que han sido y siguen siendo fuentes de información. Se ponen al mismo nivel que fuentes faltas de rigor, influencers o inventores de bulos. Hemos publicado en infoLibre datos de filtros que se han ido utilizando durante un año para comprobar el nivel de certeza o de rigor de la información que llega por un montón de plataformas de inteligencia artificial y el índice o el porcentaje de errores o bulos ha crecido del 17% de hace un año al 38% este. Lo dicen todos los análisis que se están haciendo en todo el mundo sobre esto; puede ser la puntilla para el periodismo tal y como lo conocemos. Y quiero dar también un mensaje de esperanza. Podemos estar orgullosos en infoLibre de que no estuvimos equivocados a la hora de concebir el proyecto, un medio que no depende tanto de los grandes buscadores, sino de una comunidad estable de socios. Al tener menos dependencia de todas esas herramientas globales, tiene más posibilidades de sostenerse, de resistir y de continuar haciendo periodismo. 

“Incluso desde los grandes medios se está haciendo el análisis de que lo importante es tener una comunidad que arrope a un medio, que confíe en él y que permita seguir creciendo. No necesitamos, aunque nos gustaría tenerlas, audiencias súper millonarias. Una cosa es tener millones de lectores y otra cosa es que el perfil de esos lectores responda a lo que es el interés de ciudadanos bien informados sobre temas esenciales y sensibles. Bueno, hay esperanza. Se está haciendo muy buen periodismo en esta situación que vivimos. Se está combatiendo de distintas maneras la desinformación y los bulos y creo que debemos apelar a que la gente se implique y participe cada vez más en proyectos periodísticos. De esa complicidad va a depender que sigan existiendo herramientas informativas para que podamos debatir con unos mínimos criterios basados en la realidad y no en los intereses crematísticos puros y duros de gente con poder”.

“Es importante que ese tramposo plan de paz que se vendió para Gaza al menos haya significado una reducción del genocidio al que veníamos asistiendo. Pero eso no quiere decir que haya acabado la invasión de Gaza, los crímenes casi diarios, los atropellos a esa falsa tregua. El pueblo palestino sigue sufriendo. El premio principal infoLibre de este año se lo hemos dado a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) porque precisamente creemos que hay que mantener el foco puesto ahí para que no se caiga en el olvido del sufrimiento y del atropello a todos los derechos del pueblo palestino, empezando por la propia vida. Si hay una organización que sigue allí, que sigue intentando ayudar, que sigue salvando vidas, etcétera, es la organización de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Debemos mantener el foco y dar voz constantemente a la gente que sigue allí y que sigue intentando ayudar en lo posible y en la denuncia de los responsables de la hecatombe humana que se ha producido allí. Los responsables siguen siendo responsables, por mucho que Trump esté intentando blanquearlo y la comunidad internacional no sea capaz de hacer lo suficiente para que eso no se permita”.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al exministro y actual diputado José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas, informa EFE.

Puente ha atendido a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP, en un auto en el que alude al riesgo "extremo" de fuga de ambos y a los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos. El Ministerio Público solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y las acusaciones populares lo elevan a 30 años.

El instructor señala que no solo existen "numerosos indicios racionales de criminalidad", sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta "extremo" y "máximo" en este momento, por lo que no puede conjurarse con el mantenimiento de las cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).

Ese riesgo de fuga aumenta también ante el "previsiblemente muy próximo enjuiciamiento" y por "la naturaleza no recurrible de la sentencia que en su momento recaiga" contra ambos.

"Procede, en consecuencia, acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Ábalos como único instrumento posible ya, a juicio de este instructor, para asegurar racionalmente la pronta celebración del acto del juicio oral, conjurando el evidente riesgo de que, en las circunstancias concurrentes en este momento, pudiera el acusado sustraerse a la acción de la justicia", dice el juez.

Un riesgo de fuga que ambos han negado ante el magistrado en las vistillas que se han celebrado este jueves en el Supremo. Según informan a EFE fuentes jurídicas, Koldo ha manifestado que no se va a ir "a ningún sitio", dado el arraigo familiar que tiene en España, y el ex ministro que "no se va a fugar" por el mismo motivo.

Asimismo, el juez alude al auto con "sólidos" indicios en el que proponía juzgar a ambos -recurrido ante la Sala- y a los escritos de acusación en los que "la extensión de las penas solicitadas resulta tan relevante que se comenta por sí sola".

Partiendo de la hipótesis de condena, explica el juez, si se impusieran las penas previstas "en su mínima extensión legal", ambos serían condenados a más de diez años, recuerda además que también están investigados, junto al exdirigente socialista Santos Cerdán, por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública.

El magistrado explica, además, "que no puede tampoco desconocerse que constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico", por "lo que permite inferir razonablemente que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga".

Y, destaca que "resultan más que evidentes los contactos internacionales" de Ábalos tanto por los inmuebles que posee en países hispanoamericanos, como por ser socio fundador de la Fundación Fiadelso y porque vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero.

Por eso, "no hay razón alguna para considerar que esos mismos fondos, en uno u otro concepto, no podrían volver a serle proporcionados con el propósito de facilitar o contribuir a la fuga".

Además, están los contactos internacionales que, en el ámbito del desarrollo de su función pública, ha podido trabar tanto con autoridades como con particulares y empresas de dichos países.

También Koldo "ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico" y, recuerda el juez, durante años "vino asumiendo, de manera incomprensible y que él mismo no ha explicado, gastos personales" de Ábalos, "lo que permite inferir razonablemente" que pueda tener dinero "para emprender y sostener la fuga". Y son, igualmente, "más que evidentes" sus contactos internacionales.

El juez rechaza que el encarcelamiento de Ábalos "cercene o menoscabe" el derecho de sus votantes a ser representados por él en la Cámara Baja. De ser así, cualquier medida restrictiva de libertad ambulatoria "resultaría inconciliable con el mencionado derecho fundamental".

El exministro adujo el salario que percibe como diputado y que podría dejar de obtener si ingresa en prisión provisional. En respuesta, el juez recuerda que, "evidentemente" dicha circunstancia también se produciría "para el caso de ser dictada en su contra una sentencia de sentido condenatorio" en un juicio de "inminente" celebración.

Y deja claro que corresponde a la Cámara Baja, en aplicación del reglamento, decidir "los efectos que pueda proyectar la prisión provisional" del diputado sobre su actividad parlamentaria. El Congreso, a quien se le notificará este auto, ya ha iniciado el trámite para suspenderle.

"Ya veníamos llorados", se han limitado a comentar fuentes del PSOE tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo. A falta de declaraciones formales de dirigentes socialista, fuentes de Ferraz han mostrado su respeto a la decisión del juez, han asegurado que era un paso posible dentro del proceso judicial y han hecho hincapié en que todavía "no es una condena en firme".

De esta forma, Ábalos se convierte en el primer miembro del Congreso en activo en entrar en la cárcel y en el quinto exministro que lo hace. Hay otro exministro socialista que por un día no acabó en prisión siendo diputado y fue José Barrionuevo, que fue titular de Interior y también de Transportes con Felipe González y que fue condenado en sentencia firme por el secuestro del empresario vasco francés Segundo Marey a diez años de prisión y doce de inhabilitación en 1998.

Además y aparte de Barrionuevo, otros tres anteriores a Ábalos y que ejercieron sus cargos en los gobiernos de José María Aznar, ingresaron en un centro penitenciario: Jaume Matas (Medio Ambiente), Rodrigo Rato (ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno); y Eduardo Zaplana (ministro de Trabajo).

Ha habido también otros tres exministros que fueron condenados a penas de cárcel, aunque no llegaron a estar recluidos: Ana Mato (ministra de Sanidad con Mariano Rajoy); Virgilio Zapatero (titular de Relaciones con las Cortes con Felipe González) y José Antonio Griñán (fue ministro en dos ocasiones con Felipe González, de Sanidad y de Trabajo).

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares establecidas sobre el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García.

La Fiscalía ha hecho esta petición al juez del Supremo Leopoldo Puente al presentar su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que pide para Ábalos 24 años de prisión y para Koldo 19 años y medio por seis delitos por la trama que urdieron junto con el empresario Víctor de Aldama para el cobro de comisiones irregulares por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.

El pasado junio, tuvo lugar otra vistilla en la que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, lideradas por el PP, decidió dejar a ambos en libertad con esas medidas cautelares.

Sin embargo, el magistrado instructor advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas, una vez están procesados y a las puertas del juicio oral.

Por otra parte, la Fiscalía pide como prueba para la vista oral la testifical de 39 personas, entre ellas, Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos; y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

También de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF e investigada en la rama del caso que se instruye en la Audiencia Nacional; al ex subsecretario general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Jesús Manuel Gómez García y de los exdirectivos de Puertos del Estado Pedro Toledo y Álvaro Sánchez Manzanares.

Igualmente, pide la testifical de Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos; de Claudia Montes, la ex Miss Asturias que fue colocada en Logirail por la trama; del hijo del exministro Víctor Manuel Ábalos y del ex consejero delegado de Air Europa Francisco Javier Hidalgo.

Y, además, solicita citar a Leonor María González Pano y su madre Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE.

En el escrito presentado ante el Supremo por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, además de sus conclusiones provisionales ha reclamado 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Para José Luis Ábalos se solicitan 24 años.

En su escrito, la Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García por seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, le atribuye los dos primeros, además de uso de información privilegiada.

La Fiscalía también pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por seis delitos con relación a la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo su escrito de conclusiones provisionales, en el que también reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

Se trata de la parte principal de la investigación que dirige el juez Leopoldo Puente, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde también están imputados por supuestas mordidas por adjudicaciones de obra pública, junto al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, a quien el magistrado ha puesto este miércoles en libertad.

En su escrito, la Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García por seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.

Además de las penas de prisión, pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.

El fiscal comienza su escrito con la llegada de Ábalos al Ministerio de Fomento en 2018 y la contratación de quien sería su "alter ego", Koldo García, primero como conductor y luego como asesor, por recomendación de Santos Cerdán.

A Koldo la Fiscalía le sitúa como "testaferro" de Ábalos, que desempeñaba para él "un buen número de tareas", tanto lícitas como ilícitas, y manejaba "las fuentes ilegales de dinero en efectivo" de su superior.

El fiscal comparte con el juez la tesis del "preciso reparto de funciones" de los tres investigados en la presunta organización criminal, tras ver "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Ábalos podría así favorecer, a cambio de un beneficio económico para los tres, la contratación pública "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad" de empresas captadas y promovidas por Aldama, investigado a su vez en la Audiencia Nacional por un fraude millonario de IVA en hidrocarburos.

Aunque el fiscal cita distintas actuaciones de Ábalos en favor de Aldama, esta investigación se ha centrado en el "ilícito negocio" que habrían emprendido los tres con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- en pandemia, en marzo de 2020.

Relata la Fiscalía cómo Ábalos acordó la adquisición de partidas de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibiesen "una indebida compensación económica" a cuenta de Aldama, que a su vez se embolsó 3,7 millones de euros.

Aldama consiguió información privilegiada de ambos adelantándose así a competidores, y articuló la oferta con la empresa Soluciones de Gestión "con el compromiso" del ministro de que obtendría los contratos.

Estas contrataciones sirvieron de puente, subraya el fiscal, para que Aldama después lograse contratos con otras administraciones, como el Ministerio del Interior, el Gobierno canario y el balear.

Como pago por estas gestiones, el empresario, al menos desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, entregó a Koldo 10.000 euros mensuales en efectivo, en ocasiones en presencia de Ábalos, pues estaba destinado a ser repartido entre ambos.

Pero al margen de estas "periódicas entregas de dinero", hubo otras retribuciones que Aldama premió como una estancia en un chalet en Marbella (Málaga) por sus gestiones con el rescate de Air Europa. "Esto sale gratis por las molestias generadas", dijo Koldo a Ábalos.

Igualmente Aldama gestionó "la compra de un chalet para uso y disfrute" del exministro, que fue adquirido por su socio Claudio Rivas a través de sociedades controladas por él. El exministro pagó una mensualidad y la fianza por su alquiler, si bien disfrutó cuatro meses más sin pagar.

El empresario también se hizo cargo del abono de la renta mensual de un piso para Jessica Rodríguez, entonces pareja sentimental del exministro, que se elevó a 82.298 euros.

Y firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra, de un piso de su propiedad en el Paseo de la Castellana en Madrid en favor de Ábalos, con un precio "muy inferior al real del mercado" como garantía de cara al cobro de comisiones ilegales.

El fiscal acusa también a Ábalos de valerse de su cargo y su "superioridad jerárquica" para ejercer, a través de Koldo García, "una presión moral eficiente" con el objetivo de "promover la contratación" de su expareja Jéssica Rodríguez en dos empresas públicas -Ineco y Tragsatec- entre 2019 y 2021, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna". Cobró, en total, 43.978 euros.

Promovieron también "la arbitraria contratación" entre 2019 y 2022 de Claudia Montes, "quien formaba parte del círculo personal" de Ábalos en la empresa pública Logirail.

El fiscal cita también "labores de intermediación" con cargos públicos como, por ejemplo, que el ministro promovió la publicación de una nota de prensa de su ministerio favorable a que Air Europa obtuviera financiación pública en 2020; o que su exasesor concertó una reunión con el jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, para que la empresa Villafuel consiguiese licencia de hidrocarburos.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PP de expulsar al PSOE como acusación popular en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Koldo "por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido", según informa EFE.

Así lo expone el fiscal Luis Pastor en su escrito al Juzgado Central de Instrucción número dos, cuyo titular, Ismael Moreno, abrió la semana pasada una pieza separada para investigar los pagos en efectivo del PSOE en Ferraz tras recibir la documentación recabada al respecto por el magistrado que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, Anticorrupción considera que en el PSOE "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la Ley". Esto es, que el PSOE "no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentro de la Acusación Popular Unificada", indica Luis Pastor.

El fiscal despacha de este modo la petición de la acusación popular unificada en el 'caso Koldo', que lidera el PP, de excluir de la misma al PSOE tras la apertura de la citada pieza separada.

Según el PP, el PSOE "no puede seguir como acusación popular" cuando van a ser objeto de investigación esos pagos en efectivo ante la posibilidad de que con esa práctica se hubiera favorecido el blanqueo de capitales por parte del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, así como otros presuntos delitos.

En la documentación remitida a Moreno por el Supremo, además de la parte del informe de la UCO en el que se analizan esos pagos, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por el ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón; la empleada del partido Celia Rodríguez, así como las de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

El pasado mes de febrero la Audiencia Nacional confirmó que no existía "obstáculo alguno" para que el PSOE figure como acusación popular en el caso Koldo. Ello después de que la asociación Liberum, una de las ocho acusaciones populares en este procedimiento, junto al PP, Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Adade, impugnara la presencia del PSOE en la causa al alegar "un serio riesgo de judicialización de la política".