Operación Paria Económico. Ya no queda muy claro por quién puede ir eso de paria en una guerra de Irán que se ha movido desde el fracaso militar estadounidense hacia un terreno donde Trump se siente más cómodo. La guerra comercial.

Pero la amenaza esta vez va dirigida a todo el globo. Estados Unidos o Irán. Esta ha sido la dicotomía que ha planteado Scott Bessent, el secretario del Tesoro de la Administración Trump, en una conferencia de prensa en Washington DC. Y aunque el órdago es potente, el resto del mundo también tiene que hablar.

China es el elefante en la habitación. El actor al que no se señala directamente pero es vital para el sector petrolero iraní. Mientras en Estados Unidos ya se tanteó hace unos meses la posibilidad de sancionar pequeñas refinerías chinas por comerciar con Irán, desde Pekín ya empezaron a tomar nota.

El gobierno de Xi Jinping se cansó del abuso de las llamadas “sanciones secundarias”, es decir, las que afectan a los actores que comercian con el país sancionado en primer lugar. En primer lugar porque Donald Trump ya ha perjudicado bastante los intereses de Asia Pacífico con su guerra en Irán. Y después porque el republicano es bastante proclive a imponer sanciones de forma unilateral.

China no ha tardado en señalar que sus negocios con Irán se basan en la legislación internacional. Las sanciones contra Irán no alcanzan este extremo de aplicabilidad global ni cuentan con el amparo de las Naciones Unidas. Se trata de un movimiento unilateral. Y China se ha cansado.

Su respuesta al primer intento de Estados Unidos fue imponer su propio órdago. China o Estados Unidos. No se puede cumplir ambos regímenes de sanciones al mismo tiempo porque Pekín los convirtió en mutuamente excluyentes. Si alguien asumía la orden estadounidense contra las refinerías chinas, Pekín tomaría represalias contra el cumplidor.

En esto se ha basado la nueva política de respuesta comercial china. Mientras Europa negociaba y asumía fuertes compromisos ante la guerra comercial de Estados Unidos, en China se asumía el órdago y se cortaba el acceso a materiales clave para las cadenas de suministros estadounidenses, especialmente en cuanto a industria.

La imposición injusta de legislación interna extraterritorialmente. Es la forma en que China ha dibujado el límite a la guerra comercial que Trump quiso imponer al mundo a costa de Irán.

Y como no se trata de la primera vez que ocurre, en la Casa Blanca se han adelantado evitando la escalada directa con Pekín, habida cuenta del dolor que supuso frenar la anterior competición bilateral.

En esta ocasión Trump ha realizado llamadas a capitales sin desclasificar para exponer el nuevo régimen de amenazas contra el comercio con Irán. La amenaza llega incluso a expulsar de los mecanismos del dólar a los actores que comercien con Irán.

Trump quiere salir de Irán. Pero puede ser demasiado tarde para que el atolladero sea evitable. El acuerdo no es sencillo sin concesiones generosas por parte de Estados Unidos. El marco firmado en junio e incumplido ampliamente ya no es válido para Teherán.

Irán quiere garantías de que esta vez en Washington sí se atendrán a lo firmado. Y para ello Estados Unidos deberá ser más diligente en su parte previamente a la parte persa. Pero para que no quede clara la imagen de derrota frente al mundo, Trump ha vuelto a la repetida estrategia de estos meses, si se le puede llamar así.

Es decir, en la Casa Blanca se buscan golpes de efecto que reduzcan la mano iraní y amplíen su urgencia de llegar a un acuerdo, por lo que puedan decaer algunas de sus exigencias. Antes se intentó con la guerra y con la amenaza de nuevos ataques devastadores. Ahora se busca a través de la coerción económica.

Con los límites que explora el nuevo régimen sancionador estadounidense se puede hablar de asfixia económica. Estados Unidos está combinando las sanciones de su estrategia de “máxima presión” dilatada durante años con un bloqueo naval y la renovada Operación Paria Económico.

Emiratos Árabes fue el primer gran actor en anunciar su adhesión a este marco, perjudicando enormemente los flujos económicos con Irán. Pero dado el componente adicional de interdependencia, la situación no parece sostenible en el largo plazo. Algunos comerciantes iraníes se están marchando de Emiratos Árabes con dirección a China.

Y si Irán ve peligrar su situación interna ante estos actos de guerra directa e indirecta combinados, ya han situado su represalia sobre la mesa: no dejar que el petróleo salga del Golfo Pérsico por ninguna vía. Ambas partes están dispuestas a usar la fuerza pero parece que, dado el previo entendimiento en junio, también ambos preferirían retomar el marco negociador.

La reciente visita a Irán de Asim Munir, el jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, muestra que aún existe dicha ventana de mediación. Y la importante reunión del director de la CIA, John Ratcliffe, en el Kremlin habría dejado, asimismo, un llamado para que Moscú presione en Teherán para una apertura del Estrecho de Ormuz.

Parece que todo lo que quiere Estados Unidos a cambio de retomar el marco negociador es que Irán renuncie a Ormuz. Y visto el avance tan fuerte que esta última semana ha dado Irán con Omán en su conversación sobre la futura gestión del mismo, no parece que esto sea una opción en Teherán.

Y por ese motivo nos encontramos aquí, ante la necesidad de nuevos órdagos que refuercen la escalada pero sin escalar, con la intención de forzar una resolución aceptable antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Estados Unidos mira con los estertores de su influencia unipolar a las demás capitales, pretendiendo ahogar la economía iraní y, sobre todo, la de la Guardia Revolucionaria y los más proclives a la resistencia armada. Pronto sabremos más. Porque esto no puede seguir mucho más tiempo en stand-by.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aún no ha cerrado una polémica inmobiliaria cuando ya le ha surgido otra. A la crisis desatada por la compra del ático en Chamberí, cuyo destino aún está por aclarar, se suma ahora la información revelada por El País en la que se recoge que Ayuso ha decidido instalarse en una urbanización situada en Puerta de Hierro (Madrid) cuya mensualidad oscilaría entre los 2.500 y los 3.000 euros. Pero, ¿cómo de exclusiva es esta zona de la capital y en qué rango de precios se puede encontrar una vivienda?

Puerta de Hierro se sitúa en el noroeste de Madrid, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca, a unos 20 minutos del centro de la capital. Los portales inmobiliarios la describen como una zona “exclusiva” que permite a los residentes vivir “rodeados de naturaleza, gracias a sus muchas zonas verdes y parques, a solo minutos del corazón de la ciudad”. En cuanto a los precios del alquiler, el portal inmobiliario Idealista dibuja un rango amplio que va desde exclusivos chalets por 14.000 euros al mes, hasta pisos en urbanizaciones con piscina que van de los 2.000 a los 3.500 euros, hasta algunos estudios más asequibles, aunque de escasas dimensiones, que rondan los 1.300 euros al mes.

De acuerdo con la información publicada, el inmueble al que se habría mudado la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría entre 130 y 150 metros cuadrados dentro de una urbanización con piscina (algo habitual en esa zona) y garaje. Algunos inmuebles similares en ese perímetro están en torno a los 2.500 euros mensuales.

En cuanto a la tendencia de los precios en la zona de Puerta de Hierro, la inmobiliaria Engel & Völkers apunta que el alquiler medio de los pisos ronda los 16 euros por metro cuadrado, con un aumento del 7,17% con respecto al año pasado. Si lo comparamos con la media de Madrid, el precio en esta zona ha subido por encima de ese umbral. De hecho, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) estimó este mes de agosto que el incremento interanual de precios en la capital sería del 5%.

Con esta mudanza, Ayuso cambia un piso de 183 metros cuadrados en Chamberí, donde residía con su pareja Alberto González Amador, y donde también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior, por otro de dimensiones similares en una de las zonas más caras de Madrid. Aunque no ha trascendido si compartirá residencia con su pareja, el importe anual de un piso en esta zona rondaría los 30.000 euros anuales, un precio que podría llegar hasta 40.000 si nos colocamos en los rangos superiores de pisos anunciados. Este importe, si fuera ella sola la que hiciera frente al pago, superaría el 30% de sus ingresos, el límite recomendado por encima del cual la vivienda supone un sobreesfuerzo económico. El sueldo actual de la presidenta es de 103.090,32 euros brutos al año, unos 7.360 euros brutos mensuales. No obstante, tampoco ha trascendido quién hará frente al pago del alquiler. 

El traslado a Puerta de Hierro coincide con el proceso de venta del ático en el que Ayuso residía hasta ahora en Chamberí. El piso se ha puesto a la venta junto con otro inmueble propiedad de su pareja, situado en la misma dirección, por 3,4 millones de euros. Esta operación se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros otro ático, también en Chamberí, que se encuentra justo enfrente a un piso que posee Ayuso en régimen de nuda propiedad gracias a una donación que le hicieron sus padres en 2011. Este último ático adquirido por el Ejecutivo madrileño no sería, según la información oficial difundida por Sol, para disfrute personal de Ayuso, sino, en teoría, para utilizarlo como oficina.

En un primer momento, el Gobierno de Ayuso dijo que este inmueble en Chamberí sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Aunque la normativa municipal impedía utilizar áticos como oficinas, lo que despertó sospechas sobre la operación y una polémica inmobiliaria más en la cuenta de la presidenta. Todo ello llevó a que este ático terminase de nuevo a la venta por un importe de 6,69 millones.

Este mismo lunes, la presidenta madrileña volvió a ser interpelada sobre la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, aunque no ha dado explicaciones detalladas. Señaló que estaba "todo dicho" y que "la oposición vuelve a estrellarse en un nuevo intento" de "azuzar" y "enredar". Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había transmitido en una entrevista con Europa Press que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" que, "al parecer", no se podía destinar a oficina. Cuando se le ha preguntado a la presidenta madrileña por la respuesta del líder de su partido ha zanjado la conversación con una expresión que ha llamado mucho la atención: “Está en venta. Chao, pescao”. 

La mudanza de Ayuso se produce mientras se dirimen estas cuestiones políticas y las cinco denuncias —tres de particulares y una del PSOE, más una quinta interpuesta directamente por el partido Iustitia Europa— que se han presentado por la compra del polémico ático que hizo la Comunidad de Madrid.

El triángulo diplomático entre España, Marruecos y Argelia no alcanzaba semejante tensión desde la crisis de 2021 y 2022, cuando Argelia cortó el gasoducto Magreb-Europa, que surtía a Marruecos y a la península ibérica, y posteriormente suspendió el tratado de amistad con España por su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Desde entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de recuperar su relación con Argelia, su principal proveedor de gas natural, y las cifras apuntan a una notable mejora. Con datos hasta el mes de julio, el año 2026 ha registrado la mayor importación de gas argelino desde la ruptura diplomática de hace cuatro años.

El incremento de estas exportaciones se ha basado principalmente en que el gasoducto Medgaz –el que conecta directamente Argelia con España, sin pasar por Marruecos– se ha llevado a alrededor del 90% de su capacidad desde principios de año. En los siete primeros meses del año ha transportado por tubería, según Enagás, 69.863 GW/h de gas, un 13% más que en 2025 y la mayor cantidad desde 2021, cuando llegaron en ese mismo periodo 99.326 GW/h, gracias a que estaba disponible la tubería Magreb-Europa, que tenía una capacidad de exportación similar al Medgaz. De esta manera, Argelia se mantiene como el principal proveedor de gas a España, lejos de Estados Unidos (58.763 GW/h) y Rusia (39.443 GW/h).

No obstante, esta subida ha sido parcialmente atenuada con una reducción de las llegadas de gas natural licuado (GNL), el que llega en barcos metaneros, desde la costa argelina. Entre enero y julio se importaron 5.073 GWh, la cifra más baja desde 2022 y la mitad que en 2025. No obstante, incluso con este recorte, 2026 sigue siendo el mejor año en importaciones energéticas de Argel del último lustro.

La mejora de las relaciones comerciales ha ido acompañada de una visita en marzo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la primera en cuatro años, y de una segunda en julio del propio Pedro Sánchez, que se reunió con el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, y a la que también se sumaron la ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, Albares y directivos energéticos de Naturgy, Repsol o Enagás, entre otros. De ese último encuentro salió un pacto pendiente de ratificar para aumentar un 10% la circulación por Medgaz hasta el 100% –un incremento que en la práctica ya está casi completado–, y también duplicar el comercio de GNL.

Este acuerdo, el relativo al gas que llega por barco, sería realmente determinante para España, puesto que el gasoducto Beni Saf-Almería (el Medgaz) ya opera prácticamente a su máxima capacidad, y es la vía marítima la que realmente puede apoyar el abastecimiento de España durante el próximo invierno. La crisis energética derivada de la guerra en Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, llevando a prácticamente cero la exportación de gas de una región que suministraba el 20% del GNL del planeta, provocando que los países asiáticos –quienes compraban ese combustible– ahora se disputen con Europa el gas natural estadounidense. A esto se suma que la Unión Europea prohibirá a partir del próximo 1 de enero de 2027 cualquier compra de gas natural a Rusia, dejando un profundo agujero en el suministro ibérico, ya que Moscú es el tercer proveedor más importante de España en este momento.

El acercamiento gasista de España a Argelia no se explica solo por razones geopolíticas y de seguridad energética, sino también por una cuestión de precios. Ignacio Urbasos, investigador de la Universidad de Navarra especializado en relaciones internacionales y energía, afirma que las empresas gasistas españolas, las que compran el combustible a terceros países, ganan más dinero si comercian con Argelia.

"La razón principal que yo veo para ese incremento de las importaciones, más que diplomática, es comercial. El gas que vende Estados Unidos se está desplazando hacia Asia y además ese gas está indexado al gas europeo TTF, mientras que el argelino está indexado al Brent", opina Urbasos. Se refiere a que el precio del gas argelino se basa en la evolución del petróleo Brent, más estable que el gas TTF, al que están ligadas las importaciones desde Estados Unidos. Mientras que el TTF se ha encarecido un 139% desde el 1 de enero, el Brent lo ha hecho un 51%, de manera que los contratos de gas indexados a este último se han encarecido notablemente menos que los ligados al TTF.

Urbasos también hace hincapié en que no solo a España le hace falta acercarse a Argelia, sino que la necesidad de entendimiento es mutua. El país norteafricano pasa por una profunda crisis diplomática con Francia que el diario Le Monde califica como "la más grave desde la independencia de Argelia en 1962", hasta el punto de que ambos países retiraron a sus respectivos embajadores entre 2024 y 2025. "Argelia sabe que no puede estar a malas con todos sus socios europeos", valora el analista.

Otro experto en materias primas, Ronald Pinto, analista de gas y GNL de la consultora Kpler, añade otra razón a la subida de las importaciones de gas argelino por tubería: el mantenimiento de las plantas de regasificación españolas durante el verano. Estas siete instalaciones portuarias transforman en gas el GNL en formato líquido que transportan en los barcos metaneros, pero al funcionar por debajo de su rendimiento habitual, se ha compensado ese déficit con un incremento del comercio por la tubería Medgaz.

Sin embargo, Pinto adelanta que este incremento del flujo en la primera mitad del año no va a durar mucho más, y en invierno –el periodo con los precios del gas más elevados– probablemente haya que pelear para obtenerlo de otros proveedores. "Calculo un ligero descenso de las importaciones de gas procedentes de Argelia en los próximos meses, sobre todo durante el invierno, cuando Argelia utiliza sus reservas nacionales de gas para satisfacer las necesidades locales de calefacción", valora.

En España, el fenómeno de los eclipses ha llegado para quedarse por un tiempo. El evento astronómico del pasado 12 de agosto dejó un impacto económico significativo y unas reservas en hoteles y apartamentos mucho más caras que de costumbre, pero el que se prevé para el año que viene va camino de pulverizar las cifras. En este año, zonas como Soria, León o Palencia –lo que se suele denominar como la España vaciada– eran ideales para observar el evento y multiplicaron por 400% el número de reservas, ya que no son tradicionalmente turísticas. Sin embargo, el eclipse que se espera para el 2 de agosto de 2027 atravesará parte del litoral sur, una región de alta demanda turística a la que ahora se suma el efecto llamada de este evento. Y los precios ya están desbocados.

Buscar dos noches en Cádiz, del 1 al 3 de agosto, deja anuncios sorprendentes: “Apartamento entero, dos dormitorios, 67 metros cuadrados: 16.319 euros”; “Apartamento entero, dos dormitorios, 21.640 euros”. Entre lo más asequible, pocas cosas por debajo de los 2.000 euros y abundan anuncios entre los 5.000 y los 7.000 euros por dos noches. En cuanto a los hoteles, la noche más barata que aparece en el portal inmobiliario Booking del uno al dos de agosto asciende a 450 euros.

“Se están observando incrementos muy significativos de los precios, incluso con una gran antelación, para poder ver el eclipse del próximo verano desde las zonas de mejor visibilidad”, explica César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Díaz apunta que, desde el punto de vista jurídico, en este tipo de servicios “existe libertad de fijación de precios y el alcance de estos, por muy elevados que sean, no implica que estemos ante un precio ilegal”, subraya. Eso sí, deben especificarse en el anuncio de forma clara las condiciones.

Sin embargo, la percepción generalizada de que se trata de precios abusivos puede resultar contraproducente. “Desde la perspectiva de las personas consumidoras, consideramos que estos incrementos pueden resultar especialmente perjudiciales, no solo para quienes quieran desplazarse con motivo del eclipse, sino también para las personas residentes, vecinos y visitantes habituales de estas zonas, si la elevada demanda acaba repercutiendo en los precios de otros servicios”, señalan desde CECU. Y es que el efecto arrastre en las reservas puede extenderse también a servicios habituales que requieren los vecinos de esas zonas.

A la singularidad de un fenómeno como el eclipse se suma la promoción que se ha hecho en España durante estos meses y el interés internacional que despierta. Este año acudieron alrededor de medio millón de visitantes extranjeros que generaron cerca de 350 millones de euros de beneficio, según las estimaciones que realiza el Ministerio de Economía. Entre quienes se movieron dentro del territorio nacional, el gasto se elevó hasta los 94,9 millones, según las mismas fuentes oficiales.

En 2027, el fenómeno se contemplará al 100% desde 115 localidades del sur de Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Muchas de ellas, como Málaga, fuertemente tensionadas ya por la vivienda turística. De hecho, si el eclipse de este año ya estiró los precios en zonas de poca afluencia como Soria hasta los mil euros por una noche, en estas localizaciones el incremento de precio va camino de ser muy superior. Otro factor a tener en cuenta es la época del año: el fenómeno astronómico volverá a ser en pleno verano, coincidiendo con el tirón turístico de la región.  

Realizar una búsqueda para principios del próximo agosto en la capital malagueña ya no es apto para todos los bolsillos. Los estudios rondan los 1.000 euros por pernoctación en los portales inmobiliarios, hay camas en hostales de habitaciones compartidas por 445 euros y la oferta hotelera es limitada, con precios que en algunos casos superan ampliamente los 900 euros para la noche del uno al dos de agosto. De hecho, un hotel de tres estrellas en el distrito de Churriana (Málaga) oferta una pernoctación para un adulto por 1.269 euros y advierte: “Nos queda una a este precio”.

Las conclusiones que ha dejado el eclipse que se produjo a principios de agosto son que el turismo extranjero es un motor relevante en la demanda y el consumo. Según un informe de BBVA Research, las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así las de los nacionales. Soria fue la provincia que encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (106,2%), Asturias (88,7%), Segovia (83,1%), Teruel (79%), León (78,3%) y Zaragoza (77,6%).

La antelación con la que se están produciendo las reservas de cara al año que viene y las expectativas de la patronal hacen pensar que se superarán las cifras de este año. La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto. En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7% de ocupación, las reservas alcanzan el 12% de las plazas disponibles, afirmaba a la agencia EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández. Y de hecho, los principales demandantes son extranjeros: “Entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27 %), seguidos de alemanes (18 %) y españoles (13 %)”, informó a EFE la patronal.

Los creadores de contenido son un cajón de sastre bajo el que se amparan perfiles de lo más variopintos. Hay escritores de microrrelatos y expertos en cuidado facial, hay millonarios que muestran vidas de ensueño y mecánicos que te sacan de un apuro con un tutorial, hay analistas políticos, comentaristas, anarquistas, reaccionarios, viajeros… Una lista infinita de oficios e identidades que comparten vídeos, textos, imágenes o audios y que en muchos casos aspiran a vivir de ello. TikTok, Instagram, X, YouTube, Facebook, Twitch, Etsy, Substack… La lista de canales donde compartir contenido es cada vez más larga, pero, al mismo tiempo, son pocos los que consiguen hacer de las redes su profesión.

En España, este conjunto de influencers mueve cantidades millonarias y ha roto el monopolio de audiencia que ostentaba la televisión y la prensa tradicional hasta crear un ecosistema donde se compite por retener la atención –cuanto más tiempo, mejor– en cada pequeña comunidad de seguidores. Esta industria mueve a nivel nacional 400 millones de euros, según un análisis del despacho Maio Legal relativo a 2024. El informe identifica a alrededor de 10.000 personas que reciben pagos por publicar contenidos en redes sociales en España.

Una de esas personas es Marc Biarnés, cuyo nombre en redes es Nosoloviernes. Biarnés acumula más de un millón y medio de seguidores entre TikTok e Instagram pendientes de sus análisis de actualidad en clave cómica desde la cocina de su casa. "En mi caso, pasaron cuatro años desde que empecé con esto hasta que conseguí ingresos suficientes como para abandonar otros trabajos", explica.

Sin embargo, parece que acumular seguidores ya no garantiza el éxito. En los últimos días, las redes han comenzado a cuestionar la capacidad de algunos creadores de contenido para conectar con su audiencia, sobre todo la de aquellos dedicados al estilo de vida. En un sector en el que todo era nuevo y cuyo auge parecía no tener techo, han comenzado a aparecer la repetición, el hastío y la desconfianza de muchos seguidores hacia la honestidad de las recomendaciones. Nada que no haya pasado antes en otros ámbitos comerciales, aunque aquí la ‘caída de los influencers’ también es material para crear contenido y las redes se han llenado de comentarios al respecto. 

Esta crisis, bromea Biarnés, quizá tiene que ver “con que ya hemos visto suficientes viajes a Bali o cómo me compro la segunda casa y la tercera… No es que nadie vaya a caer, porque hay mucho dinero ahí, pero mucha de esa gente se ha puesto de pronto a comentar política y ha terminado cancelada por mostrar algunas veces la cara más facha”, concluye. “No va a ser una crisis económica, pero sí una crisis de público”. También apunta a la irrupción de la inteligencia artificial y de los avatares como una cuestión relevante en este momento. Pero, ¿cuánto mueve esta industria y cómo gana dinero un prescriptor? 

No todos pueden vivir de sus publicaciones, pero entre quienes lo hacen, el grueso de sus ingresos procede de la publicidad. La banca de inversión Goldman Sachs señala que hoy en día, el 60% de los ingresos de la economía de los creadores proceden de los acuerdos con marcas. En la cúspide del sector, los contratos pueden alcanzar cifras millonarias: por ejemplo, Spotify ha pagado 250 millones de dólares a Joe Rogan y Amazon 100 millones a MrBeast por sus colaboraciones. Además, Goldman Sachs calcula que solo un 20% de los ingresos de estos grandes nombres del negocio mundial procede de los pagos de las plataformas por reparto de ingresos. El grueso lo ponen las publicidades y colaboraciones con empresas. 

Otro informe, en este caso de la consultora de marketing digital 2btube, apunta que actualmente operan en España aproximadamente 285.000 perfiles con más de 10.000 seguidores en Instagram y TikTok. De ellos, cerca de 15.000 superan los 100.000 seguidores y alrededor de 1.540 rebasan el millón. Instagram, TikTok y YouTube concentran la mayor parte de la actividad, mientras que Twitch acapara el entretenimiento en directo.

Biarnés explica a infoLibre que en España, en contra de lo que se suele pensar, las visualizaciones no generan ingresos por sí solas en la mayoría de plataformas. “La única manera de ganar dinero ahora mismo es a través de la publicidad”, explica. Matiza, no obstante, que YouTube sí monetiza las visitas y que, en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, las plataformas pagan más las visualizaciones. 

Los contratos con las marcas son el principal motor de ingresos y, en general, explica el influencer, suelen ser generosos. “Hay marcas que, por cuatro o cinco publicidades en un año, se mueven en horquillas de entre los 25.000 y los 50.000 euros”. En cuanto a las tarifas que les ofertan, dependen de las estadísticas de cada perfil y se negocian a partir de esos datos de rendimiento. “No basta con los seguidores, sino que es importante la interacción. Hay perfiles con miles de seguidores, pero con 20 comentarios en una publicación, y eso no encaja”, puntualiza. A partir de estos datos, las dos partes y la agencia de representación del influencer (si la hubiera) negocian las tarifas. 

Ahora bien, una vez alcanzado un cierto nivel de seguidores y de colaboraciones, el modelo de negocio también se diversifica hacia otras actividades. “Después de haber afianzado una comunidad de seguidores, ahora puedo permitirme hacer, por ejemplo, una gira de teatros”, concluye. Biarnés. 

De acuerdo con IAB Spain, una asociación de publicidad, marketing y comunicación digital, TikTok ha superado a Instagram como la plataforma en la que más crece el contenido patrocinado, con un aumento del 73%, frente al 45% de Instagram.

“La inversión publicitaria directa en influencers en España alcanzó los 158 millones de euros en 2025, un 25,9% más que en 2024 y un crecimiento acumulado del 100,1% entre 2023 y 2025”, recoge el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2026 de IAB Spain con PwC. A partir de estos datos, 2btube estima que el valor de mercado que generó la inversión publicitaria habría ascendido en 2025 a 245 millones de euros, un 49%más que en el ejercicio anterior.

Los millones se cuentan por cientos, aunque las cifras varían entre los distintos informes en función de si se contempla solo la inversión publicitaria o se incluyen también las retribuciones de las plataformas, los ingresos por eventos, y otras vías de negocio. En lo que sí coinciden los análisis es en que se trata de una industria que ha dejado de ser incipiente y cuyas cifras, a corto y medio plazo, seguirán creciendo aunque el lifestyle esté en crisis. 

El alcance de los anuncios, la frecuencia con la que los usuarios los ven y el retorno que generan en relación con su coste son algunas de las variables principales que se analizan a la hora de vincular un producto con un creador de contenido. Ya no se trata solo de acumular seguidores —cuanto más, mejor—, sino de crear comunidades y medir la actividad y las interacciones de sus miembros, así como las conversaciones que se generen en torno a un producto o un tema. Así se han ido haciendo más complejas unas relaciones publicitarias que ya han dejado de ser novedosas.

Para los usuarios, ahora el problema parece estar en identificar cuándo algo es una recomendación espontánea y cuándo es una promoción publicitaria. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) recoge que un 69,8% de los usuarios considera que los prescriptores abusan de la publicidad encubierta y un 61,9% asegura que la mayoría de los comentarios y publicaciones de los influencers deben interpretarse como promociones publicitarias, aunque no se avise abiertamente. Esta percepción ha llevado a casi la mitad de los encuestados (45,7%) a considerar que la credibilidad de los creadores de contenido está disminuyendo.

Biarnés, que centra su trabajo en temas de actualidad, apuesta por un “equilibrio” a la hora de gestionar la presencia de marcas en su perfil. “Hay perfiles en los que entras y parece el escaparate de la teletienda. Yo procuro hacer, más o menos, una publicidad al mes”, señala, consciente de que los seguidores pueden estar cansándose de este modelo de negocio. 

En España, uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años está en riesgo de pobreza. Son algo más de dos millones de jóvenes expuestos a algún tipo de carencia material o precariedad laboral, según concluye un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Detrás de este dato hay un cóctel económico que no se lo pone nada fácil a quienes están empezando un proyecto vital. La pinza que forman la crisis de vivienda, que impide tener un lugar estable en el que vivir; los salarios bajos, sobre todo cuando se accede al mercado; la precariedad; y la incertidumbre económica que provoca el aumento del coste de la vida, mantiene bajo presión a unas generaciones que están, o bien formándose, o bien aterrizando en el mercado laboral. Quienes estudian, enfrentan mayores dificultades para moverse de ciudad, con un precio disparado en los alquileres; quienes arrancan su carrera profesional, cobran menos, tienen contratos poco estables y el alquiler (más caro que nunca) condiciona su capacidad de ahorro.

Este jueves el INE confirmaba que el IPC de julio se situó en el 3,6%, el dato más alto desde mayo de 2024. “Por quinto mes consecutivo, los salarios pactados por convenio han subido menos que la inflación, un 3,02%. Esto significa que las personas trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo”, señaló Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT. En el caso de los jóvenes, la situación es aún más complicada, ya que ganan menos que la media. El Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano, es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo, es de 1.191 euros mensuales frente a los 1.450 euros del conjunto de los trabajadores. Y, aunque es cierto que los jóvenes son el grupo que más ha mejorado salarios en los últimos años, lo han hecho en gran medida a golpe de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional que han acordado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

El problema detrás de todas las cifras y los porcentajes es una emancipación cada vez más tardía —30 años, uno de los datos más altos de toda la Unión Europea— y unas dificultades crecientes “para llevar a cabo un proyecto vital autónomo”, advierten desde la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras.

Otro elemento que se debe considerar, además de la complicada situación de los jóvenes, es el efecto arrastre que tiene en las familias que deben apoyar económicamente a sus descendientes durante más tiempo. Quienes pagan los estudios o prestan dinero para la entrada de una primera hipoteca no son familias necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobreesfuerzo económico para tratar de compensar la situación económica en la que se ven atrapados muchos jóvenes. De hecho, las donaciones de padres a hijos se han disparado un 13% en 2025, una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Que la ayuda familiar gane peso en el bienestar de los jóvenes es un factor de desigualdad que deja peor posicionados a quienes menos tienen. Es algo de lo que advierten desde el ámbito universitario, donde han constatado que quienes proceden de un entorno socioeconómico superior son quienes más cambian de provincia a la hora de elegir carrera y también quienes mejor rendimiento académico tienen, según el informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil, que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “Los datos demuestran que para acceder a la oferta formativa más amplia que suele concentrarse en las comunidades más ricas como Cataluña y Madrid se necesita un nivel socioeconómico más alto”, recoge el documento. Y aquí el precio de los alquileres está jugando en la actualidad un papel muy relevante, ya que multiplica el gasto que deben asumir las familias para sufragar una habitación en un piso compartido o una plaza en una residencia de estudiantes.

De esta forma, advierten los expertos de CREUP, los estudiantes con menos recursos no logran “acceder en igualdad de oportunidades y de condiciones a la educación universitaria” y más si se tiene en cuenta que la vivienda se encarece especialmente en las comunidades con mayor oferta educativa, como Madrid o Barcelona.

Para aquellos jóvenes que ya han superado la etapa formativa, la vivienda sigue siendo un factor importante de desequilibrio. Solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%. Para la mayoría de los ciudadanos, el momento de comprar llega más allá de los cuarenta.

Cada vez hacen falta más años para poder reunir el dinero que exige la entrada de una casa propia. Según un informe de Infojobs que parte de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 a nivel nacional, deja un exiguo colchón para planificar el futuro.

Son estos los mimbres que han dejado a dos millones de jóvenes en una situación delicada, con la vivienda —uno de los principales problemas de los españoles, según el CIS— como el trasfondo más preocupante en el corto plazo. También como el factor que más condiciona los presupuestos familiares cuando hablamos de estudiantes, y los ahorros cuando hablamos de jóvenes en su primera etapa profesional.

Mientras Francia atraviesa su tercera ola de calor de 2026, este verano abrasador en Europa occidental nos obliga a plantearnos cómo se está gestionando actualmente la catástrofe ecológica. Desde que esta se hizo evidente a principios de la década de 1990, la respuesta aportada por los Estados, las empresas y la mayoría de los actores del ámbito político se ha basado en el concepto de “transición ecológica”.

Esta estrategia es producto de su época; se trata de una respuesta económica a un problema físico. Basándose en las teorías económicas de moda, predice que la innovación en las “energías limpias”, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, acabará imponiendo una nueva norma gracias a una bajada relativa de los precios de las energías “verdes” frente a las energías “marrones” basadas en hidrocarburos. Para acelerar el proceso, incluso se puede fijar un precio al carbono.

Esto provocará la sustitución de lo “marrón” por lo “verde”, según el esquema clásico de la destrucción creadora, concepto teorizado por el economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950). Así, las inversiones en las denominadas energías renovables deben conducir inevitablemente a una reducción del uso de hidrocarburos y a la disminución de las emisiones.

Esta lógica es la que rige el conjunto de las políticas aplicadas y respaldadas desde hace tres décadas, incluidas las promovidas por las COP a nivel internacional. Se aplica incluso a otros aspectos de la catástrofe ecológica, como el de la biodiversidad.

Es cierto que el esfuerzo en materia de energías renovables es insuficiente, pero no por ello se ha dejado de seguir al pie de la letra esta hoja de ruta. En 1990, las energías renovables representaban el 3,13% de la producción total de energía primaria. En 2025, esta proporción ha aumentado hasta el 8,59%, es decir, 2,75 veces más que 35 años antes.

Algunos casos, como el de China, son impresionantes: la cuota de las energías renovables durante ese mismo periodo se ha multiplicado por 5,5 pasando del 1,66% al 9,19%. Esta cifra supera ya la media de los países de renta alta, que se sitúa en el 8%.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la cuota de las energías renovables en el mix energético mundial ha aumentado en 2,5 puntos entre 2000 y 2023, mientras que la de los hidrocarburos ha disminuido en 0,4 puntos. Ante estos resultados, cabría esperar un efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, siguiendo la lógica de la sustitución. Sin embargo, estas alcanzan cada año nuevos récords.

En 2024 se emitieron a la atmósfera 38.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, 1,7 veces más que en 1990. En 2030, el nivel de estas emisiones será previsiblemente casi el doble del necesario para limitar el calentamiento global a +1,5 °C con respecto a la era preindustrial (1850-1900), tal y como prevén los acuerdos internacionales.

Pero, más allá incluso de estas cifras, se constata que se han superado siete de los nueve límites planetarios, sin perspectivas de una recuperación rápida. Y, como todo el mundo puede comprobar, la lógica de la catástrofe ecológica parece extenderse y acelerarse.

Esta paradoja entre la aplicación de la estrategia de transición ecológica y la aceleración del caos climático es el tema de un artículo de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el pasado 24 de julio.

Es importante destacar que esa institución internacional cuenta con una sección de investigación bastante interesante, que no duda en entrar en conflicto con las propias prácticas del FMI. Ya en 2016, investigadores del FMI cuestionaban el mito del éxito de las reformas neoliberales, y en 2022, un artículo echaba por tierra uno de los pilares de las políticas económicas: el “ciclo precios-salarios”. Por otra parte, estos trabajos no suelen tener ningún impacto en la actuación real del Fondo.

En el caso que nos ocupa, el artículo, redactado por tres investigadores franceses —William Oman, Étienne Espagne y Jean-Baptiste Fressoz—, pone en tela de juicio la solidez del consenso que se apoya en la “transición ecológica”. Retomando en gran parte la tesis desarrollada por el tercer autor en Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie (Sin transición. Una nueva historia de la energía, edit. Seuil, 2024), el texto cuestiona la idea de una sustitución de las energías.

Basándose en los hechos, el historiador de la tecnología ha demostrado que las nuevas tecnologías energéticas, aunque más eficientes, no conducen a una dinámica de sustitución, sino a una dinámica de acumulación del consumo de recursos.

El uso de la madera ha seguido aumentando tras la llegada del carbón como principal fuente de energía, y el uso de este último no ha disminuido tras la irrupción del petróleo. La lógica es, por tanto, una suma de fuentes de energía más que una sustitución. Y eso es lo que parece seguir observándose durante el primer cuarto del siglo XXI. “Las pruebas históricas muestran una fuerte relación positiva entre la eficiencia energética y material y la huella energética y material global”, explica el artículo.

En otras palabras: cuanto menos recursos requiere el proceso de producción, más se produce, lo que conduce a un aumento absoluto del uso de recursos. Se trata del “efecto rebote” o “efecto Jevons”, llamado así por el economista británico Stanley Jevons (1835-1882), quien, en 1865, fue el primero en identificar lo que a él le parecía una paradoja. La lógica de las cuotas de mercado oculta, por tanto, la realidad que importa para la crisis energética: la del uso global y absoluto de los recursos.

Pero a esto se suma un segundo elemento: lo que los autores del artículo denominan “la expansión tecnológica” (technological sprawl). “Las mejoras en la eficiencia no solo conducen a un mayor uso de la tecnología, sino también a su aplicación a otras tecnologías, lo que permite la creación de nuevos productos”, resumen los autores.

Como prueba de ello citan el motor eléctrico, cuyo uso, a principios del siglo XX, se había impuesto frente al motor de vapor y que, progresivamente, ha ido sustituyéndolo en todas partes gracias a la miniaturización y al desarrollo de las baterías. Los autores estiman que, a principios de la década de 2010, representaban el 45% de la electricidad consumida, lo que generaba el doble de emisiones de dióxido de carbono que cuando los industriales utilizaban motores de vapor. La tecnología eficiente se ha extendido y ha aumentado el consumo global de recursos.

Esto nos lleva a un aspecto importante del artículo: el carácter “integrado” de las emisiones de carbono en el seno mismo de la producción de bienes y servicios. Las cadenas de producción y las interdependencias logísticas refuerzan así la necesidad de energía y de productos emisores de carbono.

Y es que muchos sectores tienen unas emisiones de carbono que, desde el punto de vista tecnológico, es “difícil de reducir”: el acero, el plástico, los fertilizantes, el cemento, el hierro o el armamento —productos y materiales que se encuentran en todas partes.

Esta lógica pone directamente en tela de juicio el concepto de transición. Ciertamente, las energías renovables emiten mucho menos dióxido de carbono, pero las infraestructuras necesarias para la descarbonización y las producciones que utilizarán esa electricidad seguirán consumiendo cada vez más carbono. Por lo tanto, el consumo de carbono podría seguir creciendo.

Un ejemplo de este efecto son los coches eléctricos. Directamente, estos vehículos emiten menos carbono, pero su fabricación requiere acero, metales, vidrio, plástico y diversos materiales que hay que extraer, lo que implica un uso masivo de cemento y otros recursos.

Sobre todo porque las necesidades de producción suelen superar la oferta de energías renovables. Por ello, estas se complementan a menudo con formas de producción de energía “marrón”: se venden más coches híbridos que vehículos puramente eléctricos y, con frecuencia, los generadores diésel sirven de respaldo a las formas de producción renovable. A mayor escala, es de destacar que las nuevas necesidades derivadas de la inteligencia artificial se satisfacen en Asia mediante un repunte del uso del carbón.

En resumen, “si en las próximas décadas la electricidad con bajas emisiones de carbono alimenta una estructura productiva caracterizada por una producción y un consumo crecientes y a gran escala de automóviles, acero, plástico y agricultura industrial, como ocurre actualmente, las emisiones globales, en el mejor de los casos, se estancarán y el calentamiento global, en el mejor de los casos, se ralentizará, pero no se reducirá”, resumen los autores.

Estos elementos permiten descartar la hipótesis de la transición ecológica que, al igual que su origen (el pensamiento económico ortodoxo), es una quimera que ignora los hechos. Pero es que esta lógica, al ignorar el efecto Jevons, la expansión tecnológica y el carácter interdependiente de las producciones, contribuye a acelerar el desastre en curso.

Los autores del artículo proponen, en cambio, un concepto alternativo que permite abordar mejor la situación: el de la “paradoja de Jevons generalizada” (Generalized Jevons Paradox, GJP). Este se diferencia del efecto Jevons clásico, que es principalmente microeconómico, en que, a nivel macroeconómico, integra una “simbiosis energética”, es decir, que tiene en cuenta las interdependencias entre la energía y las estructuras materiales de la economía.

Este GJP permite así comprender “los efectos directos e indirectos de la demanda de energía y las interdependencias energéticas y materiales a largo plazo” y, por tanto, modificar la visión clásica de la paradoja de Jevons al integrar las propias condiciones de producción, tanto institucionales como sociales. En este sentido, los autores intentan describir brevemente una “economía política” de este efecto rebote global.

Al centrarse en los factores determinantes de la inversión, hay tres actores destacables que favorecen el desarrollo de esta GJP: las grandes multinacionales, los Estados y los principales actores financieros.

Para los autores, la necesidad de las multinacionales de mantener un alto nivel de rentabilidad favorece el mantenimiento de actividades basadas en las energías fósiles. En primer lugar, porque existe una “asimetría entre la rentabilidad relativa de los sectores, que está negativamente relacionada con su papel potencial en la descarbonización”.

En otras palabras, los sectores que emiten carbono serían más maduros y, por lo tanto, más rentables que los demás. Estos últimos estarían, así, más inclinados a generar rentas y posiciones de dominio en los mercados, dada la escasez de recursos y la concentración en dichos sectores.

El segundo actor del GJP sería el Estado, que respaldaría la rentabilidad de sus propias multinacionales, así como las inversiones de sus ciudadanos, y sería, por tanto, el motor del mantenimiento de las industrias emisoras de carbono, ya sea a través de la legislación, de los acuerdos comerciales internacionales o del rearme.

Por último, el mundo de las finanzas desempeña un papel esencial en este panorama, ya que participa en las decisiones estratégicas de inversión, en la financiación de la economía y, en general, en la gestión de las empresas. Al exigir importantes rendimientos de la inversión y realizar arbitrajes sectoriales, las finanzas —y los bancos centrales— contribuyen a transformar las ganancias de eficiencia en un exceso de consumo de recursos.

El último punto del artículo, quizás el menos convincente, señala que existe la capacidad de modificar el efecto de esta paradoja de Jevons generalizada. “Las políticas públicas pueden —y a menudo deberían— desempeñar un papel central en la construcción y la modificación de los determinantes institucionales de la GJP”, explican los autores.

Para ellos, “parece factible una vía de desarrollo con bajas emisiones de carbono”, sobre todo gracias a la política de electrificación masiva llevada a cabo en China desde hace unos años. Según los autores, es “notable” que “las emisiones en China parecen haber alcanzado una meseta desde hace 18 meses”. Esto permitiría considerar a la República Popular como un “polo de descarbonización” que arrastraría en su estela a numerosas economías en desarrollo.

No obstante, este optimismo sigue siendo moderado, teniendo en cuenta el “alto nivel de emisiones de carbono” actual de la economía china y el hecho de que un proceso de este tipo llevaría décadas. En realidad, esta perspectiva no parece razonable, precisamente porque esta transformación de la economía china forma parte de un proyecto de control de una gran parte de la economía mundial que tiene como objetivo garantizar el crecimiento y la rentabilidad de las empresas de su país.

La lógica de la descarbonización china se basa, además, en una sobreproducción material destinada a imponer los productos y las normas chinas al resto de la economía. Todo ocurre, en cierto modo, como si Pekín utilizara la paradoja de Jevons generalizada para imponer una forma de renta que, en última instancia, no podría conducir a una reducción suficiente de las emisiones.

Siguiendo la propia teoría de los autores, no hay ningún indicio de que el Estado chino no sea un actor más de esta paradoja generalizada que busca garantizar, y si es necesario por las armas, el acceso de sus empresas a las rentas. Y aunque estas rentas estén descarbonizadas en apariencia, siempre conducirán a reforzar la producción de bienes y servicios con altas emisiones de carbono.

En este punto, los autores no parecen llevar su concepto hasta el final. Es comprensible, ya que cuestionar los fundamentos de la transición ecológica —es decir, del “crecimiento verde”— es ya de por sí una tarea hercúlea en un contexto como el del FMI. Y es una tarea que han llevado a buen término.

Pero es que la dinámica de este concepto tan útil de la paradoja de Jevons generalizada no puede limitarse a los tres actores identificados en el artículo. La fuerza que rige esta paradoja es la de la acumulación de capital. Es ella la que genera una insatisfacción permanente, ya que siempre debe añadirse una nueva mercancía a las demás para crear plusvalía.

Los pluses de eficiencia no son, por tanto, más que medios para aumentar la rentabilidad del capital y conducen inevitablemente a un aumento del consumo energético y material. La verdadera trampa en la que se encuentra hoy encerrada la humanidad es esta: una contradicción radical entre la necesidad cada vez mayor de mercancías y la necesidad física de mantenerse dentro de los límites del planeta.

Pero en la sociedad capitalista, las relaciones sociales están mediadas por el capital e impiden cualquier resolución de esta contradicción al rechazar toda reflexión global sobre las necesidades. Si la lucha contra el caos ecológico no es rentable —y no puede serlo porque supone una auténtica sobriedad material—, entonces el capital no podrá hacerse cargo de ella.

Los autores del artículo lo confirman indirectamente al recordar que los dos únicos límites planetarios que no se han superado todavía —el ozono estratosférico y la presencia de aerosoles en la atmósfera— son los únicos para los que existen soluciones rentables. Esto demuestra que la acumulación de capital determina nuestra relación con el medio ambiente. En contra de nuestro propio interés.

En este contexto, la única respuesta razonable es un cambio antropológico en el que el capital deje de ser la fuerza social central; es decir, como mencionan brevemente los autores, una “modificación del modo de vida y una sobriedad de la demanda”.

El término inglés sufficency, utilizado aquí y traducido como “sobriedad”, describe en realidad un proceso mediante el cual cada uno tendría lo suficiente para vivir con dignidad, es decir, un aumento de lo que es insuficiente y una reducción de lo que sobra. En definitiva, se trata de la idea de que es necesario reajustarse las necesidades.

Este artículo del FMI, aunque no vaya a cambiar las políticas del propio Fondo, reviste sin embargo una gran importancia, ya que sitúa estas cuestiones en el seno mismo de una organización internacional, extrae consecuencias en materia de política económica y acaba con las ilusiones de la transición ecológica y el tecnosolucionismo.

En un momento en el que la inteligencia artificial amenaza con agravar aún más la situación y en el que la negación persiste en forma de una simple exhortación a la adaptación, la aportación de este texto es considerable.

Se han añadido dos frases para precisar el impacto de los artículos de investigación en la política del FMI (12/8/2026)

Traducción de Miguel López

La última polémica veraniega de la economía internacional no va de aranceles ni de burbujas de la IA, sino de algo mucho más doméstico: si los europeos estamos en declive o solo lo parece. En una esquina, Paul Krugman, premio Nobel, americano de Long Island, sosteniendo desde su substack que Europa no es el museo decadente que describe cierta literatura: si el PIB per cápita americano es mayor es, sobre todo, porque los americanos trabajan más horas; ajustada la producción por horas trabajadas, la brecha se queda en un dígito, y los europeos simplemente hemos elegido cobrar los dividendos de la productividad en agosto y en sobremesas en lugar de en dólares. En la otra esquina, Luis Garicano —español, con carrera en Chicago y la LSE, ex eurodiputado— replicando que la cosa ya no cuela: que el PIB americano se ha escapado desde el año 2000, especialmente en el último lustro, y que, como apunta Jesús Fernández-Villaverde desde Filadelfia, la brecha de horas se ha estrechado —los americanos trabajan hoy menos que en el año 2000 y muchos europeos más—, así que la divergencia ya no puede ser una historia de vacaciones: es productividad pura, y Europa la está perdiendo.

Concédanme un segundo para saborear la escena, porque tiene su aquel. En el mundo más polarizado que se recuerda, donde cada cual defiende su trinchera con la fe del carbonero, este debate presenta los papeles exactamente cruzados: el americano defendiendo con entusiasmo el modelo europeo —la semana corta, la plaza, el vermut— y los europeos defendiendo con idéntico fervor el modelo americano. Nadie abraza el American way of life con más convicción que un economista español con plaza en el extranjero, y nadie ha hecho las cuentas del bienestar europeo con más cariño que un Nobel de Nueva York. Sospecho, además, que más de una de esas réplicas contra el acomodaticio modelo europeo se ha redactado en verano, desde alguna terraza mediterránea, entre el primer y el segundo plato. La cátedra se tiene en Filadelfia; la vida, cuando se puede, se tiene aquí.

Lo confieso sin sonrojo: yo soy del equipo de Krugman. Y no por patriotismo continental, sino por pura contabilidad. Repasen los rankings internacionales de cualquier cosa que valga la pena medir: en felicidad, seis o siete de los diez primeros puestos son europeos (Finlandia encadena ocho años ganando; Estados Unidos anda por el puesto 24, entre lamentos de cirujano de Miami); en equilibrio entre trabajo y vida, mandan Italia, Dinamarca, Noruega y España, con Estados Unidos en el puesto 29 de 41; en igualdad, en calidad democrática, en Estado de derecho, el top diez es un paseo por Europa con parada obligada en los nórdicos. Y —aquí viene lo mejor— también en los índices que se supone que son el terreno del adversario: en el Global Innovation Index o en el Global Competitiveness Index figuran Suecia, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca entre los diez primeros del mundo. Es decir: para casi cualquier dimensión del vivir que alguien se haya molestado en medir, hay varios países europeos que saben cómo se hace. Estados Unidos aparece en pocos de esos top ten; China, prácticamente en ninguno. El único ranking donde se nos exige jugar y perder es el PIB per cápita —curiosamente, el único que no mide nada que se pueda comer, pasear ni compartir—.

No pienso entretenerme en si la comparación debe hacerse en paridad de poder adquisitivo, a precios corrientes o constantes —ese es un debate para agosto en Filadelfia—. Lo que me interesa es otra cosa: qué hace cada cual con las ganancias de productividad. Desde 1995, los alemanes han recortado un 13% sus horas anuales de trabajo, los austriacos otro tanto, los españoles un 6%; los americanos, apenas un 4%, y ni una hora desde 2003. La brecha con Alemania supera hoy las 450 horas anuales: 11 semanas laborales, casi tres meses de vida al año. Es la vieja observación de Blanchard: con productividades por hora comparables, los europeos hemos usado el progreso técnico para comprar tiempo y los americanos para comprar renta. Ellos se deslizan por una pendiente de mejora eterna de la productividad que nunca libera tiempo —la zanahoria siempre un palmo por delante del burro—, mientras nosotros cobramos el dividendo en una moneda que no computa en la contabilidad nacional. Y las encuestas de usos del tiempo cuentan en qué lo gastamos: un francés dedica 2 horas y 13 minutos diarios a comer (un americano, 62 minutos: simple ejercicio de nutrirse); un noruego pasa 80 minutos al día en vida social (un americano, 35, y bajando: hace 20 años eran 45); la actividad estrella del ocio americano son 2 horas y 36 minutos diarios de televisión, mayoritariamente en soledad. Gershuny, el gran contable del tiempo, lo ha medido hasta el disfrute: las actividades que más satisfacción producen —comer acompañado, la visita, la fiesta, las artes— son exactamente aquellas en las que Europa es superpotencia.

Y aquí está el truco que casi nadie mira: esa superioridad no cae del cielo ni viene en los genes. Nuestros ecosistemas culturales son, literalmente, capas acumuladas y ocultas de la productividad. El casco histórico, la plaza sin coches, la fiesta local, la biblioteca, la programación cultural pública, las asociaciones: todo eso es la infraestructura que convierte cada hora liberada por la productividad en bienestar efectivo. Una hora de ocio no vale lo mismo en Sevilla que en un suburbio de Houston, por la sencilla razón de que en un sitio hay dónde y con quién gastarla y en el otro hay un mando a distancia. Cuando Jones y Klenow calcularon el bienestar de las naciones ajustando por ocio, esperanza de vida y desigualdad —el ejercicio que Rafa Doménech, por cierto, conoce bien—, España alcanzaba el 74% del bienestar americano con el 57% de su renta; sospecho que si además ajustaran por la calidad del ocio —quién se lo gasta en sobremesa y quién frente a la pantalla—, la cuenta nos saldría aún mejor. El PIB solo ve la mitad del sistema: registra lo que cuesta producir la vida, pero no lo que la vida rinde. En esa mitad invisible, la que Gershuny llama la economía invisible, Europa gana por goleada —y los ecosistemas culturales y la política cultural que lo refuerza, tan sospechosa siempre de ser cosmética, resulta ser el departamento de I+D de esa ventaja—.

Permítanme ponerme técnico un momento, que también sabemos. Ya Gary Becker mostró que los hogares no consumen productos sino que producen bienestar combinando compras, tiempo e infraestructura: la paella no está en el supermercado, está en la combinación de arroz, domingo y familia. En ese modelo, la utilidad del ocio no depende solo de las horas disponibles, sino de un capital complementario. Llámenlo K: el ecosistema cultural. El patrimonio, el espacio público, el modelo de sociabilidad, la densidad asociativa, la oferta cultural, la fiesta del pueblo. La clave es lo que un economista llamaría, con su habitual talento para el marketing, una derivada cruzada positiva, y que significa que el tiempo libre y el ecosistema cultural se multiplican entre sí: cada hora de ocio rinde más utilidad cuanto más K hay alrededor. Donde K es alto, compensa tomarse las ganancias de productividad en tiempo, porque ese tiempo rinde mucho; donde K es bajo, el ocio rinde poco y compensa seguir trabajando —o dejarse caer por el sustituto barato y solitario, que ya sabemos que son 2 horas y 36 minutos de televisión—. El americano no trabaja más porque sea más virtuoso: trabaja más, en parte, porque su hora libre vale menos, y no la vale porque, aunque sus casas y sus coches son grandes y lustrosos, su ecosistema cultural es raquítico .

Esto responde, de paso, al viejo debate académico sobre por qué Europa trabaja menos. Prescott decía que eran los impuestos; Alesina y los suyos, que los sindicatos y la regulación; Blanchard, más amable, que eran nuestras "preferencias". Pues ni distorsión ni gusto exógeno caído del cielo: la preferencia europea por el tiempo es la respuesta óptima a una infraestructura del ocio distinta, construida durante siglos de ciudad compacta y décadas de política pública. Y esto explica también por qué la capa es oculta: K no aparece en ninguna estadística de productividad —de hecho aparece en negativo, como producto renunciado, como PIB que dejamos de fabricar mientras estamos en la sobremesa—, pero determina la tasa de conversión del tiempo liberado por las variaciones de productividad en bienestar, que es la única tasa que a un ser humano razonable debería importarle. Medimos con lupa lo que cuesta cada hora trabajada y no medimos en absoluto lo que rinde cada hora vivida.

Y que conste que esto no es un supuesto de pizarra: está medido. Gershuny y Sullivan, y las encuestas de usos del tiempo llevan décadas pidiendo a miles de personas que anoten, cada diez minutos, qué hacen y cuánto lo disfrutan — el sueño del viejo hedonímetro de Edgeworth, pero con diarios en lugar de tambores giratorios. El resultado es de una elocuencia incómoda: las actividades mejor valoradas de la existencia humana son precisamente las culturales y sociales —comer fuera, los espectáculos, la fiesta, la visita, jugar con los críos—, y las peor valoradas, buscar trabajo y hacer la colada. La complementariedad entre tiempo y ecosistema cultural no es una hipótesis de economista con agosto libre: es el dato más robusto de 60 años de diarios de uso del tiempo. Europa no ha elegido el ocio contra la productividad; ha construido, sin ponerle nombre, la tecnología que convierte productividad en vida. Mantener sus ecosistemas culturales era esto.

Nada de esto es una invitación a la siesta estratégica. Que Europa tiene deberes en escala, capital riesgo y energía lo dice el informe Draghi y no seré yo quien lo enmiende. Pero la conclusión correcta no es copiar el modelo americano de productividad sin vida, sino jugar nuestra carta: convertir el ecosistema cultural en la clave de bóveda de la competitividad europea. No solo porque sostenga la tasa de conversión de productividad en bienestar —que ya sería bastante—, sino porque además es un insumo productivo de primer orden: donde crece el empleo cultural y creativo crecen el I+D empresarial y la productividad regional, con más intensidad que en la manufactura tecnológica, y pronto aparecerá un documento de la Comisión Europea insistiendo en esta idea. La Brújula de la Cultura ya lo apunta, de momento con más voluntad que munición; desde Econcult llevamos años aportando la munición: sabemos cómo opera el sistema cultural, qué spillovers derrama sobre el resto de la economía y cuánto valen. Por eso, mientras ellos, los Garicano siguen afinando la contabilidad de la divergencia, yo lo tengo decidido desde hace tiempo: yo, del equipo de Krugman. Se está mejor.

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Pau Rausell Köster es economista y profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, director del área de investigación Econcult.

Nota: Este artículo ha sido elaborado en colaboración con la IA en una Escala HAICCS de 4.

Hago repaso de mis compromisos pendientes, entre los que se encuentra esta tribuna, antes de desconectar unos días. Reviso mi chat de Olvidos y Recuerdos donde me voy lanzando cosas que me interesan y que no puedo atender cuando me topo con ellas. Una de ellas es la que traigo hoy aquí.

Por si alguien aún lo duda o cuestiona, la brecha salarial de género existe, y es más o menos sangrante según cómo se calcule.

Es sabido que, en promedio, las mujeres tendemos a estar menos empleadas, que lo hacemos en sectores peor remunerados y más informales, que recibimos menos ascensos y que tomamos más pausas profesionales (para crianza y cuidados). También es sabido que realizamos muchísimo más trabajo no remunerado, vinculado al hogar y la familia, del orden de dos horas más al día que los hombres.

Son muchos millones de horas cuando las pones todas juntas. Todas las horas que todas las mujeres dedican cada día a cuidar, sin remuneración, superan los 44 millones, que al año son 16.000 millones. El reverso de esta realidad es que los hombres dedican cada día más tiempo que ellas al trabajo remunerado: una hora y doce minutos más. Podéis recrearos con estos y muchos otros hallazgos interesantes en esta publicación (ver aquí).  

Confieso que los datos sobre el uso del tiempo citados son antiguos, pero también que son los únicos oficiales disponibles. Corresponden a la Encuesta de Empleo del Tiempo (ETT) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuya última oleada recogió datos de 2010, hace ya más de quince.

Considero que es una encuesta muy esclarecedora a la par que íntima, porque permite conocer a qué actividades dedicamos cada día nuestro tiempo, y cuánto les dedicamos, en España: a trabajar para obtener una remuneración, a cuidar de familiares, a tareas del hogar, a estudiar, a informarnos, a divertirnos, a auto cuidarnos, a hacer deporte o a pasear, y a desplazarnos por obligación. El INE anuncia en su Plan de Actuación para 2026 (ver aquí) que, a más tardar, el 31 de diciembre de este año podremos saber cómo hemos cambiado, si es que hemos cambiado, el uso que hacemos de nuestro tiempo. Y, en concreto, lo que traigo a colación en esta tribuna, si la responsabilidad de los cuidados está mejor repartida hoy que en 2010, porque ese reparto tan descomunalmente desigual del tiempo de trabajo no remunerado que nos hemos asignado como sociedad es causa raíz de muchas otras brechas de género, como la salarial.

En su versión más bruta o de brocha gorda, el cálculo de la brecha salarial combina las diferencias de salario medio bruto y la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, sin tener nada más en consideración, y fue en 2022 en España del 29,6%, seis puntos menos que en 2014 y cinco puntos por debajo de la media de la UE.  

En su versión “sin ajustar”, esto es, sin tener en cuenta las características individuales de las personas y del puesto de trabajo (edad, tipo de contrato, tipo de jornada, experiencia laboral en el empleo actual, nivel de estudios alcanzado, nivel de responsabilidad, sector de actividad, tamaño y control público o privado del empleador), la brecha fue del 9,2% en España y del 12,2% en la UE.

En su faceta “ajustada” o corregida la mide teniendo en cuenta las citadas características individuales, y es capaz de descomponerla en dos partes. Una parte de la brecha salarial que se puede explicar (¿o justificar?) por efectos de esos atributos individuales, que en España apenas contribuyen a explicarla. Otra parte, la “ajustada”, que resulta ser el grueso de la brecha, es la que no se puede explicar más que por efecto de “el hecho de ser mujer”, una más de las omnipresentes caras de la violencia que se ejerce contra las mujeres, en este caso, violencia económica.

El modelo que utiliza Eurostat arroja el siguiente panorama de la brecha salarial en España: decrece en cohortes más jóvenes (1,1% en menores de 25 años; negativa del 0,5% en la cohorte de 25 a 34 años), que contrasta con el 12% para mayores de 55 años y el récord europeo del 32% para mayores de 65 años. La rentabilidad en términos de salario de la educación y la experiencia laboral sigue siendo mayor para los hombres. En situaciones de parcialidad de la jornada laboral, en la que se encuentran el 30% de las mujeres y el 12% de los hombres empleados en España, la brecha salarial es del 14%. Las mujeres que sufren una menor brecha salarial tienden a trabajar en empresas de mayor tamaño y con mejores remuneraciones. Y trabajar en el sector privado es comparativamente peor para las mujeres que hacerlo en el sector público, donde la brecha salarial es del 12,2% y del 7,7%, respectivamente. Todos estos datos los podéis encontrar aquí.

El caso es que hace dos meses, el 7 de junio, venció el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea transpusiéramos la Directiva de Igualdad Salarial (ver aquí) adoptada en 2023, que tiene como objetivo reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, entre hombres y mujeres.

¿Y cómo propone que lo hagamos? La Directiva insta a la adopción de tres innovaciones que, vista la ruidosa resistencia, parecieran ser ultra radicales y revolucionarias, pero no: medidas de transparencia retributiva, mecanismos de control efectivo del cumplimiento de dichas medidas, y vías de reparación para las personas afectadas por los incumplimientos de dichas medidas.

A 7 de agosto, solo Eslovaquia, Italia, Lituania y Malta, de un total de 27 países, han completado a tiempo la transposición de la Directiva de Igualdad Salarial a sus respectivos ordenamientos jurídicos. ¿A qué o a quién esperamos, España?

Cierro tribuna con una recomendación de lectura para el verano: Carrera y familia: El largo viaje de las mujeres hacia la igualdad, de Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Si al tirón de actividad económica que se produce habitualmente en España en verano le sumamos un eclipse, no es de extrañar que los precios y las cifras de ocupación hotelera a principios de agosto se hayan desbocado en algunas regiones. Un análisis reciente del portal inmobiliario Booking señala que en algunas zonas como Soria, León o Palencia, que se encuentran en la franja donde el fenómeno se observará mejor, se han registrado incrementos en las búsquedas de hasta el 500%. Y, como ocurre cuando se impone la ley de oferta y demanda, los precios también se han movido al alza.

Por otro lado, el Ministerio de Economía estima que este fenómeno solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, atraerá a nuestro país casi medio millón de turistas más de lo habitual. De esta estimación, 280.000 serán españoles que se moverán por el territorio para conseguir la mejor perspectiva y 160.000 serán extranjeros que llegarán por nuestras fronteras y se dejarán alrededor de 1.500 euros de media, lejos de los 340 que gastarán los nacionales. En total, casi 348 millones de euros llegarán a la economía, según estima el Gobierno.

“Estamos observando un crecimiento muy significativo de las búsquedas de alojamiento en destinos desde los que el eclipse podrá contemplarse en buenas condiciones”, señala Pilar Crespo, responsable de Booking en España. Es la franja que va desde Asturias, pasando por zonas como Soria o Castellón y Baleares. Las estimaciones apuntan a que las reservas en esta franja se habrían incrementado un 76% y los precios, en torno a un 85%.

Otro informe, en este caso de Analistas Financieros Internacionales (AFI), estima que la distribución del gasto asociado a este evento se repartirá en esa franja, aunque también impactaría significativamente en otras comunidades donde el eclipse no será del 100%. “La Comunitat Valenciana se sitúa muy destacada en primer lugar, con 130,6 millones de euros. A continuación, aparecen Madrid, con 54,76 millones, y Castilla y León, con 37,54 millones. Tras ellas se sitúa un segundo escalón integrado por Aragón, Galicia, País Vasco y Cataluña”, recoge el documento.

Basta con realizar una búsqueda rápida por los portales inmobiliarios para comprobar que los precios por habitación rondan por abajo los 500 euros y sobrepasan los mil en otros casos en regiones tradicionalmente poco turísticas como Soria. En Castellón, los más rezagados pueden encontrar apartamentos por 3.200 euros o habitaciones por 500 euros. Asturias es otra de las ubicaciones estrella y plataformas de comercio hotelero como SiteMinder apuntan a un incremento de precios medio que ronda el 80%. Una noche en la capital asturiana ronda los 400 euros a menos de una semana del eclipse.

Mientras los informes y las estimaciones se suceden, los bares y restaurantes también esperan rentabilizar este fenómeno. Un análisis de CoverManager, sistema de gestión de reservas y eventos, estima en un 32% el incremento de las reservas para comer o cenar en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. Por capitales, León lidera el aumento nacional de comensales con un 112,8% más de reservas previas, seguida por A Coruña (92,7%), Castellón (76,4%), Segovia (71,2%) y Zaragoza (42,1%).

Como ocurre con cualquier acontecimiento capaz de concentrar a cientos de miles de personas en pocos días, el eclipse dejará una factura económica positiva, pero también pondrá a prueba la capacidad de algunos territorios para absorber una demanda extraordinaria justo cuando las protestas por el turismo masivo alzan la voz en zonas como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra un modelo que, según denuncian los vecinos, expulsa a las personas de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

El nombre de Miguel Ángel Rodríguez lleva décadas ligado a la política, pero también a los negocios. Entre su etapa como portavoz del Gobierno de José María Aznar y su regreso a la primera línea como hombre de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso más de veinte años después, MAR desarrolló una extensa trayectoria empresarial: pasó por compañías de publicidad y comunicación, se sentó en varios consejos de administración y construyó su propio grupo de sociedades alrededor de una empresa, Splendens Ibérica.

El rastro está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la publicación oficial en la que quedan registrados los principales movimientos de las empresas españolas y que describe quién las administra, cuándo un directivo entra o sale, qué sociedades se fusionan y cuáles desaparecen. Seguir ese rastro permite reconstruir una trayectoria de más de 40 cargos en cerca de veinte sociedades, según los recuentos mercantiles publicados sobre Rodríguez. Muchos de esos negocios estaban relacionados con terrenos que conoce bien, entre los que destacan la publicidad, los medios, el marketing y la producción audiovisual

Entre otros nombres aparecen Carat España, Secuoya Grupo de Comunicación, iPhone Media o NetThink Iberia, compañías en las que ejerció como consejero e incluso como presidente y vicepresidente. Pero en el centro de su actividad empresarial acabó situándose Splendens Ibérica, su propia sociedad y alrededor de la cual fue agrupando buena parte de sus negocios en el mundo de la comunicación que, según el registro, tiene dos momentos claves. 

El primero se produjo entre 2018 y 2019, cuando Rodríguez simplifica y concentra su estructura empresarial. El segundo llegó a comienzos de 2020, inmediatamente después de convertirse formalmente en alto cargo de la Comunidad de Madrid tras haber asesorado previamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las autonómicas. En enero de 2020, MAR abandona los puestos de administración de sus principales compañías y su hija, Clara Rodríguez Ilárraz, pasa a ocuparlos.

Durante años, los intereses empresariales de Rodríguez estuvieron repartidos entre distintas sociedades. Algunas se dedicaban a actividades audiovisuales, otras a publicidad, libros o inversiones. Pero en septiembre de 2018 comenzó un movimiento para reunir buena parte de ellas bajo un mismo paraguas. Splendens Ibérica pasó entonces a controlar cinco empresas: Aba Libros, Formatos Audiovisuales por Internet, Tinychip, Elestes Inmobiliaria y Splendens Ibérica Televisión. Una estructura que se completó después con Splendens Branding y Peñafiel Estudios de Cine y Televisión.

En octubre de 2019, al quedar definitivamente registrada la absorción de las otras compañías, Rodríguez fue renovado como administrador único de Splendens Ibérica. Entonces, ya había participado como asesor en la campaña de las autonómicas y municipales que llevó a Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a ser la segunda fuerza. Pero todavía no era alto cargo del Ejecutivo madrileño. La operación redujo el número de empresas y simplificó su estructura, pero MAR seguía al frente de la sociedad principal.

Desde que dejó el Gobierno de José María Aznar en 1998 hasta que se incorporó al Gobierno de Ayuso más de dos décadas después, Rodríguez desarrolló durante años una carrera estrechamente relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad. No solo como polémico tertuliano, como ya contó infoLibre en la entrega sobre MAR y los medios. Fue presidente de Carat España, una de las grandes agencias de medios, entre 1999 y 2006 y pasó por los órganos de dirección de distintas compañías.

Un recuento de su historial empresarial publicado en El Español en 2020 elevaba el balance a 42 cargos en cerca de 20 sociedades. No todas estuvieron activas al mismo tiempo ni tuvieron la misma importancia, pero el conjunto dibuja una trayectoria empresarial muy extensa y que le ha dado “mucho dinero”, en palabras de una persona cercana a MAR, que insiste en que el jefe de gabinete de la presidenta accedió a asesorarla y a entrar en su Gobierno por una mezcla de “vocación” , “aburrimiento” y “ambición política”.

Cuando accedió al cargo en 2020, un puesto por el que actualmente cobra unos 100.000 euros brutos anuales, según Transparencia, MAR declaró un patrimonio de 5,7 millones de euros, que se dividía en dos empresas, que son también las dueñas de un patrimonio inmobiliario compuesto por cinco viviendas y una nave industrial por valor de 4,6 millones, mientras que el resto son activos en Bolsa y fondos de inversión (550.000 euros), planes de pensiones y ahorros (283.000) y cuatro vehículos (172.000).

Su última declaración data de 2023 y permite cifrar en al menos seis millones de euros su patrimonio, es decir, 300.000 euros más que cuando entró. El jefe de gabinete de Ayuso puede seguir manteniendo su participación en esas empresas porque la ley madrileña no obliga a un alto cargo a vender todas sus empresas ni todas sus acciones o participaciones cuando llega al Gobierno. Lo que establece como regla general es que debe dedicarse de forma exclusiva a su función pública y que no puede seguir desempeñando al mismo tiempo un trabajo o un cargo en una empresa privada.

En cuanto a propiedades inmobiliarias, en 2004 y 2010, Rodríguez adquirió dos viviendas en Madrid. La primera se valoró en 359.936 euros y la segunda en 400.048 euros. Por último, en 2017, compró una nave industrial en el municipio de Cebolla (Toledo), cuyo valor catastral asciende a 546.238 euros en 2020. Además de los inmuebles a nombre de sus empresas, MAR es copropietario de dos bienes por herencia: una vivienda en Sada (A Coruña), valorada en 36.505 euros y de la que posee 1/4 de la titularidad, y un terreno rústico en Valladolid, con un valor de 421 euros y del que tiene 1/6. 

El jefe de gabinete de Ayuso también declaró ser dueño de una cartera de valores que ascendía a 237.000 euros y de cuatro fondos de inversión, que suman 312.951 euros. En total, 549.951 euros por este concepto. En el apartado de vehículos, MAR declaró cuatro bienes diferentes: un Lexus RX 300, que adquirió en 2014 por 75.000 euros; un Audi Q5 que compró ese mismo año por 30.000 euros; un Lexus CT200H que le costó 22.500 euros en 2016; y una Mercedes Vito que consiguió en 2017 por 45.000 euros. Entre los cuatro desembolsó, por tanto, 172.500 euros.

Europa se acerca poco a poco al invierno con unas reservas subterráneas de gas natural anormalmente bajas. Este viernes el almacenamiento medio de los 27 socios se situaba en el 58,1%, su menor nivel desde hace casi 20 años, con países en una situación realmente complicada como Alemania o Países Bajos, dos grandes consumidores de energía, cuyos depósitos están por debajo de la mitad. España es uno de los países que se desliga de este problema, con sus reservas por encima del 70% de capacidad.

La situación no coge a nadie por sorpresa porque los expertos llevan meses advirtiendo de que este año el mercado del gas estaría especialmente tensionado por la combinación de las guerras de Ucrania e Irán. La disponibilidad global de combustible es menor que otros años, lo que incrementa la competencia y los precios del gas natural. En esa pugna, las empresas gasistas europeas han decidido durante los últimos tres meses esperar a que los precios bajen para abastecerse, pero el verano avanza y el problema parece cada día más profundo.

Jaime Concha, experto en gas natural del medio especializado Energy Intelligence, opina que las energéticas apostaron por que la guerra de Irán se apaciguaría en verano, pero nada apunta a que vaya a ocurrir. "El mercado esperaba que el cierre del Estrecho de Ormuz se resolviese y bajase el precio del gas, pero eso no ha llegado. Cuanto más se extienda esta situación, más difícil será llegar al invierno con un buen aprovisionamiento en países como Alemania", valora el analista.

Posponer las compras de gas ha provocado, además, que el mercado de gas se encarezca todavía más a sabiendas de que la Unión Europea está cada día que pasa en una situación más comprometida. Antes del 1 de diciembre, los Estados miembros deben alcanzar un nivel de abastecimiento del 90% –puede reducirse al 80% si hay problemas de suministro o de precios–, lo que garantiza a los vendedores de gas que los países europeos terminarán por comprarlo tarde o temprano. Desde el 1 de julio, la cotización del gas holandés TTF, el de referencia en Europa, ya se ha encarecido un 30% hasta los 55 €/MWh, y los expertos creen que subirá todavía más.

No obstante, Concha matiza que este problema no se traduce directamente en un desabastecimiento de gas, puesto que los almacenes de gas estratégicos tienen una capacidad limitada que se complementa con compras constantes a lo largo del invierno. La reserva subterránea máxima que puede tener la Unión Europea es de 115.000 millones de metros cúbicos de gas natural, mientras que la demanda total de este combustible en 2025 fue de 340.000 millones de metros cúbicos, tres veces más.

"Unos bajos inventarios no significan de por sí una crisis de abastecimiento de gas en invierno. Son, más bien, una garantía, una ayuda para que los precios de la energía no suban demasiado si sufrimos una sucesión de olas de frío", valora Concha. La agencia Bloomberg calcula que desde al menos 2008 Europa no tiene un nivel tan bajo en sus inventarios de gas. A estas alturas del verano, en los últimos cinco años, los inventarios han estado de media al 75%, casi 20 puntos porcentuales por encima.

Los analistas especializados en gas natural también llevan semanas advirtiendo de que incluso metaneros que se dirigían a Europa –a Francia, por ejemplo–, se han desviado hacia Asia para vender allí su mercancía, dificultando aún más el rellenado. Es habitual en el mercado de materias primas que una venta se cancele y se dirija hacia un nuevo destino si un comprador supera la oferta inicial, y en este momento el precio que se paga en Asia por el gas natural supera al que ofrecen las compañías europeas.

Mientras tanto, la guerra en Irán parece seguir estancada, bloqueando indefinidamente el Estrecho de Ormuz, por donde salía a mar abierto el 20% del gas natural licuado (GNL) que consume el planeta y que principalmente iba destinado a Asia. En la Unión Europea, Italia es el país más vulnerable a este agujero porque un tercio del GNL que importó el año pasado provenía de Catar, un país que ha paralizado por completo sus exportaciones.

Antonia Syn, analista de gas en la consultora Rystad, escribió esta semana en una nota de prensa que "en estos momentos, los mercados del gas se ven sometidos a dos fuerzas opuestas: más demanda por las condiciones meteorológicas frente a una escalada de los riesgos geopolíticos". Mientras las olas de calor asolan Europa e incrementan la demanda de electricidad, la paralización de las conversaciones en Irán mantiene el abastecimiento global de gas en completa incertidumbre, presionando al alza el precio de este combustible.

Justo después de la medianoche del 5 de agosto, veintiocho misiles cayeron sobre Kiev y su región circundante. Las tripulaciones de los sistemas Patriot de Ucrania no interceptaron ninguna de las ojivas balísticas. Por la mañana, 17 personas habían muerto y 44 resultaron heridas. Lo que los misiles alcanzaron importaba tanto como el número de fallecidos. Cayeron sobre el centro de clasificación de Nova Poshta en Kiev, la mayor empresa de transporte de paquetes del país, y en dos complejos de almacenes y una planta de cerámica gestionados por Epicentr, la mayor cadena de bricolaje de Ucrania. Las instalaciones pertenecientes a los grupos de alimentación Novus y Fozzy también sufrieron daños. Epicentr declaró que los misiles habían destruido en minutos lo que le había tardado décadas en construir.

Moscú cuenta una historia diferente. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los sitios ocultaban vínculos militares, y ambas versiones no pueden conciliarse de forma independiente. Pero un solo ataque prueba poco; un patrón prueba mucho. Depósitos de paquetes, almacenes de alimentos, astilleros de suministros de construcción y reservas de alimentos han sido alcanzados semana tras semana a lo largo del verano. Un centro de clasificación postal en Sumy, una terminal en Poltava, una sucursal de carga en Cherníhiv: Nova Poshta por sí sola cuenta con una serie de estos ataques y cifra sus pérdidas por bombardeos en 7,3 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año. Independientemente de lo que Moscú afirme sobre cualquier edificio en particular, el objetivo que revela la secuencia no es la destrucción de un ejército. Es la destrucción de la maquinaria que mantiene viva a una economía civil.

Esa maquinaria es la parte que los analistas militares ignoraron durante un siglo. Las guerras se interpretaban a través del choque de formaciones en el frente. Esta se está librando contra el tejido conectivo situado detrás del frente: la estantería, la furgoneta de reparto, la cámara frigorífica, la fábrica de azulejos. Cuando un misil de largo alcance aterriza en un almacén minorista a cien kilómetros de cualquier trinchera, el objetivo no es una brigada. Es el empleo, el suministro y la base impositiva que financia la defensa del propio Estado.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente Zelenski en tecnología de defensa, lo expresó claramente tras el ataque: el enemigo, escribió en Facebook, está atacando todo sin distinción —almacenes minoristas, tiendas de alimentos, centros logísticos, depósitos de materiales de construcción—. Lo llamó una nueva fase de la guerra de desgaste. La formulación es exacta. El desgaste solía significar el desgaste de soldados y proyectiles. Ahora significa desgastar a las empresas que visten, alimentan y reconstruyen a una nación de 30 millones de habitantes.

La suposición cómoda sobre las economías en tiempos de guerra es que se doblan y se adaptan, que las empresas descentralizadas sortean los daños. Eso se cumple cuando los choques son financieros. Fracasa cuando los propios activos físicos del comercio son el objetivo. Una moneda se puede defender desde un búnker; un centro de distribución de 40.000 metros cuadrados no se puede trasladar bajo tierra. Epicentr calcula que tardará unos dos años en reconstruir sus plantas destruidas y, entretanto, está trasladando parte de la producción de cerámica al extranjero. Multiplíquese eso por una docena de empresas y el resultado no es un bache temporal, sino un vaciamiento lento: inversiones de capital congeladas, empleos borrados lejos de los combates, producción exportada a países donde el techo sigue en pie.

El coste llega por partida doble. Primero para las empresas, que pierden en una hora años de capital acumulado. Segundo para el tesoro público, que debe o bien reemplazar lo destruido o ver cómo desaparecen los ingresos que generaba. Reconstruir un almacén que vuelve a ser arrasado al mes siguiente no es reconstrucción; es un subsidio pagado al atacante. Por eso el argumento de que Ucrania simplemente puede "adaptarse" malinterpreta el problema. La adaptación presupone que el choque es superable a nivel de empresa. Cuando los activos fijos de la empresa son el objetivo, no queda nada con qué adaptarse.

Nada de esto se queda dentro de las fronteras de Ucrania, razón por la cual debería preocupar a los lectores muy lejos de Kiev, incluidos los del Golfo, donde economías enteras se construyen sobre la promesa de que los bienes y el capital se mueven de manera fiable a través de la logística global. La lección que enseñan los ataques de agosto es que los modelos utilizados para fijar el precio del riesgo comercial están mirando la variable equivocada. Durante una generación, las altas esferas corporativas y las aseguradoras clasificaron a los países según índices de estabilidad política: ciclos electorales, riesgo de golpe de Estado, calificaciones soberanas. La variable relevante ahora es la vulnerabilidad física a los ataques de precisión. Un gobierno estable no puede proteger un centro de distribución de un misil balístico disparado a 500 kilómetros de distancia, y la tecnología que ha hecho que tales ataques sean rutinarios sobre Kiev está proliferando, no disminuyendo.

Las aseguradoras ya se están adaptando. Los seguros de riesgo de guerra y de daños materiales para activos en regiones disputadas se están repriciando hacia una inestabilidad permanente, y esa recalibración de precios no se revierte cuando se firma un alto el fuego; es el recuerdo de la vulnerabilidad, y no el estado actual del frente, lo que fija la prima. Para cualquier economía de centro logístico cuya propuesta de valor es que la carga llega a tiempo, ese cambio en la forma en que se valora el riesgo físico no es un problema europeo lejano. Es un anticipo de las preguntas que tarde o temprano se le plantearán a cualquier Estado dependiente de la logística por parte de quienes aseguran su infraestructura.

Los observadores de la ONU le han puesto una cifra a esta tendencia. Las bajas civiles en Ucrania han aumentado cada mes de 2026; la oficina calificó recientemente a julio como el mes más mortífero para los civiles desde abril de 2022, después de que el balance de junio con 293 muertos estableciera su propio sombrío récord. El motor no son los combates en la línea de contacto, sino las armas de largo alcance que alcanzan ciudades que el frente nunca toca: los mismos misiles que convirtieron los almacenes de una cadena de bricolaje en un campo de escombros.

La respuesta internacional se ha centrado en el apartado humanitario: convoyes de ayuda, refugios, fondos de emergencia. Eso trata el síntoma. La herida estructural es la demolición deliberada de la capacidad comercial, y no puede ser vendada con ayuda humanitaria. La respuesta de Zelenski —interceptores o, a falta de ellos, sanciones a la producción de misiles que sigue mayormente intacta— apunta a la única defensa real: no se puede reconstruir lo que sigue siendo golpeado, por lo que la prioridad es evitar que sea golpeado. A falta de eso, Ucrania se enfrenta a una desindustrialización orquestada desde el aire, una que seguirá configurando su economía mucho después de que terminen los disparos. Los países que observan desde una distancia segura deben comprender que no son espectadores de un problema ucraniano. Se les está mostrando, en tiempo real, lo que el próximo tipo de guerra le hace a todo lo que una economía moderna está construida para mover.

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Imran Khalid es analista geoestratégico y columnista de asuntos internacionales.

La grave crisis migratoria y humanitaria abierta en Ceuta no parece haber alterado, por el momento, la marcha de la Bolsa española. Mientras el Gobierno afronta las consecuencias políticas de lo ocurrido en la ciudad autónoma, el IBEX 35 ha abierto este miércoles con una subida del 0,37% y ha marcado un nuevo máximo histórico intradía cerca de los 20.100 puntos.

Los inversores han centrado su atención en factores internacionales, especialmente en la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y en la consiguiente caída del precio del petróleo. Así, el principal índice español ha alcanzado en los primeros compases de la sesión los 20.096,8 puntos y acumula una revalorización del 16,11% desde comienzos de año.

El nuevo máximo llega después de que el IBEX 35 cerrara el martes por primera vez en su historia por encima de los 20.000 puntos. El selectivo avanzó un 0,21%, hasta los 20.023,6 enteros, y encadenó su segundo récord de cierre consecutivo en agosto.

La Bolsa española ya había superado los 20.000 puntos durante las primeras horas del martes, aunque perdió momentáneamente esa cota por la subida del petróleo, que llegó a alcanzar los 86,33 dólares por barril.

La tendencia cambió tras conocerse la posibilidad de un acuerdo para restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que Washington y Teherán podrían alcanzar un pacto de manera inminente.

Las noticias provocaron una fuerte bajada del crudo. Al cierre de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, retrocedía un 3,94%, hasta los 80,47 dólares, mientras que el petróleo estadounidense WTI caía un 4,4% y rondaba los 77 dólares.

La relajación de los precios energéticos impulsó también al resto de las principales bolsas europeas. Milán avanzó un 1,26%; el Euro Stoxx 50, un 0,94%; Fráncfort, un 0,77%; París, un 0,61%; y Londres, un 0,2%.

Wall Street abrió igualmente con ganancias. Al cierre de los mercados europeos, el Nasdaq subía un 2,05%; el Dow Jones, un 1,64%; y el S&P 500, un 1,43%.

Dentro del IBEX 35, ArcelorMittal encabezó las ganancias del martes con un avance del 4,3%. Por detrás se situaron Amadeus, que subió un 2,21%, y Sacyr, con un 1,77%.

En el lado contrario, Acciona cayó un 7,18% después de que una sociedad vinculada a la familia Entrecanales Franco colocara 1,65 millones de acciones de la compañía, equivalentes al 3% de su capital. Acciona Energía perdió un 2,62% y Endesa, un 1,45%.

En otros mercados, el gas natural europeo TTF bajó más de un 4%, hasta los 55,5 euros por megavatio hora. El euro se mantuvo prácticamente estable frente al dólar, mientras que el oro y la plata avanzaron. El rendimiento del bono español descendió hasta el 3,532%.

Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- obtuvieron un beneficio conjunto de 20.164 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un 18% más respecto al mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos este viernes por EFE, solo entre abril y junio, estos seis bancos ganaron 9.349,3 millones de euros, que se suman a los más de 10.800 millones que obtuvieron en los tres primeros meses del año.

El Banco Santander se anotó las mayores ganancias con un beneficio atribuido de 8.973 millones en el mejor primer semestre de su historia, un 31% más que en el mismo periodo de 2025, aunque incluían una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia.

El resultado ordinario, que excluye esa partida excepcional y 250 millones para la reestructuración tras la compra de TSB en Reino Unido, ascendió a 7.328 millones, un nuevo récord y un 15% más, gracias al tirón del negocio, la captación de clientes y el ahorro de gastos.

El grupo que preside Ana Botín ganó 3.518 millones solo en el segundo trimestre y la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE en el argot por sus siglas en inglés) subió al 15,6%.

En segundo lugar figura el BBVA, que obtuvo un beneficio de 6.051 millones en el primer semestre de 2026, un 11,1%, impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13% y del 7% a particulares.

El ROTE alcanzó el 22,2%, pero además de los resultados, el banco que lidera Carlos Torres anunció el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones.

El podio de los beneficios de la gran banca española lo completa CaixaBank, que ganó 3.203 millones en los primeros seis meses del año, un 8,5% más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios. La rentabilidad sobre el capital tangible se situó en el 18% en el primer semestre.

En el caso del Sabadell, el banco obtuvo un beneficio neto de 971 millones de enero a junio, un 0,5% menos, con unas plusvalías netas de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica, aunque los extraordinarios se reducen a 201 millones descontado los gastos del plan prejubilaciones.

Sin tener en cuenta los 79 millones que aportó TSB de enero a abril y los impactos extraordinarios, el beneficio se situó en 691 millones, un 14,1% menos, y el ROTE recurrente en el 13,6%.

Bankinter, por su parte, se anotó un beneficio neto de 605 millones en el primer semestre del año, un 12% más, gracias a la buena evolución del negocio con clientes y el incremento de los ingresos, situando sus ratios de rentabilidad en niveles récord. El RoTE llegó al 20,4%.

Y, por último, este viernes Unicaja reportó un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre del año, un 7% más, impulsado por el crecimiento del margen bruto, la estabilidad de los ingresos recurrentes, la menor dotación de provisiones y la mejora de la calidad del balance.

La rentabilidad, destaca el banco, se mantiene "sólida", con un ROTE ajustado del 12%.

Con la creciente centralidad de la competencia geopolítica, el concepto de seguridad se ha asentado como una dimensión transversal en la gran mayoría de las políticas de la Unión Europea. Esta lógica también ha alcanzado la esfera económica. El término "seguridad económica" ocupa ya un lugar central en el debate comunitario, desde la Estrategia de Seguridad Económica presentada por la Comisión Europea en 2023 hasta el informe Draghi sobre competitividad.

A diferencia de la competencia geopolítica de la Guerra Fría, que operaba entre bloques relativamente estancos con reducida relación comercial, esta nueva etapa de rivalidad se despliega en un contexto de economía globalizada, sustentada en densas y complejas redes de interdependencia. El resurgir de los intereses nacionales por encima de las estructuras multilaterales está configurando un mundo caracterizado cada vez más por la confrontación económica, la coerción y la instrumentalización de las dependencias. Todo ello ha expuesto las profundas vulnerabilidades que padece la UE y que amenazan directamente al proyecto comunitario.

Por ello, hoy resulta insuficiente definir la seguridad desde un prisma únicamente militar. Hace falta adoptar una visión integral que conciba la seguridad como algo transversal, que se juega simultáneamente en el terreno de la defensa, la energía, la industria, las cadenas de valor y la tecnología. Lo que durante décadas se trató como política comercial, con la eficiencia y la obtención de crecientes beneficios como principales objetivos, se ha convertido, nos guste o no, en política de seguridad.

La inserción de este enfoque en la esfera económica suele generar recelo, sobre todo entre los sectores más liberales, que continúan concibiendo el libre mercado como un bien en sí mismo. Sin embargo, este recelo suele ir asociado al error de hacer equivaler seguridad económica con oposición al mercado global. Nada más lejos de la realidad.

La madurez de la UE exige reconocer los beneficios del libre mercado y de la interdependencia económica, pero también asumir que este esquema, en un contexto de rivalidad geopolítica, puede generar vulnerabilidades que rivales sistémicos u otros países, incluso socios, pueden explotar. Lo vemos con ejemplos recientes como la utilización del gas como herramienta de presión por parte de Rusia tras la invasión de Ucrania, las restricciones a la exportación de materias primas críticas impuestas por Pekín como represalia geopolítica, y las estrategias comerciales coercitivas de la administración Trump.

La solución, evidentemente, no pasa por la autarquía. Para una economía abierta como la europea, integrada en cadenas de valor globales de las que depende el bienestar de sus ciudadanos, esa salida no es viable ni deseable. Los costes serían inasumibles. La seguridad económica consiste en evitar la ingenuidad respecto a quién tiene la capacidad de estrangular suministros críticos y actuar en consecuencia, no en levantar muros.

¿Qué implica, entonces, la seguridad económica en tiempos de interdependencia? Implica, en primer lugar, mantener la apertura comercial, pero incorporando las consideraciones de soberanía y resiliencia necesarias para asegurar que la UE pueda moldear su futuro en vez de limitarse a reaccionar ante shocks externos. En segundo lugar, implica asumir que no todas las relaciones comerciales ofrecen el mismo grado de fiabilidad, y que conviene distinguir entre dos tipos de afinidad con nuestros socios. La primera es funcional, es la que mantenemos con actores que comparten el interés en un mercado global, aunque no necesariamente nuestros principios políticos. La segunda es de valores y hace referencia a la que construimos con países comprometidos con las mismas estructuras democráticas y multilaterales. Ambas son necesarias, pero no son intercambiables, debido a que no se pueden depositar las mismas expectativas de fiabilidad y confianza en un socio funcional que en un aliado que comparte nuestros valores.

Pero el objetivo no es solamente reducir vulnerabilidades a través de la diversificación de socios fiables. Un elemento igualmente esencial de la seguridad económica es reforzar nuestra competitividad global y nuestra posición en las cadenas de valor más relevantes. En otras palabras, hay que hacerse imprescindibles en el entramado económico mundial. Un actor del que otros dependen tiene mucha más capacidad de disuasión y negociación que otro que simplemente ha diversificado sus proveedores, pero carece de relevancia en las estructuras de producción mundial. Europa ya cuenta con activos de este tipo como las máquinas de fotolitografía que emplean tecnologías de luz ultravioleta extrema, sin la cual Estados Unidos ni China pueden fabricar los semiconductores más avanzados.

Todo ello solo es posible a escala comunitaria. Los Estados miembros por sí solos carecen de la masa crítica necesaria para disuadir a terceros de guerras comerciales o presiones económicas. Una respuesta fragmentada a este nuevo contexto solo se traducirá en duplicidades e ineficiencias que acabarán por erosionar el mercado común europeo, que es, precisamente, el principal activo estratégico del bloque.

Esta nueva orientación de la política económica europea, pasando de una lógica basada en la eficiencia a otra diferente, que incluye también la seguridad, comportará costes a corto y medio plazo. Relocalizar industria crítica en la Unión Europea o en países afines, reducir importaciones de productos esenciales procedentes de actores no fiables, aunque los vendan más baratos, o construir capacidades propias en sectores estratégicos no saldrá barato.

No obstante, la alternativa es no hacer nada y esperar a que nadie explote nuestras vulnerabilidades. Esta posición resulta difícil de sostener cuando incluso el mayor aliado de la historia de la UE trata de obtener beneficios políticos coaccionándonos económicamente. Como todo, las posibilidades de que la Unión Europea sobreviva a un contexto tan competitivo pasan por asumir un papel proactivo que no nos deje desprotegidos ante factores externos. Pasan, en definitiva, por dejar de confundir apertura con indefensión.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

En la madrugada de este domingo, en plena celebración de la victoria de España en el Mundial, un joven sale de un bazar con varias bocinas en la mano y las reparte entre sus amigos: “Me ha cobrado lo que ha querido”, dice sin dejar de sonreír. Inmediatamente retoma los cánticos futbolísticos a coro con sus compañeros sin darle mayor importancia a lo que ha pagado, que ha sido algo más de lo conveniente. Un día es un día, pero ¿qué impacto tiene a nivel económico un evento como este, con millones de personas dispuestas a gastar un poco más y con empresas preparadas para aprovechar el tirón? ¿En qué sectores se nota más la ola de euforia?

Aunque hay mucha literatura acerca del impacto económico de este tipo de eventos en los países organizadores, no hay tanta cuando se trata de los países que ganan un gran evento deportivo, explica Mario Sorribas-Fierro, profesor de OBS Business School. Sin embargo, cita tres factores que se deben tener en cuenta: el consumo interno, el turismo, la promoción de la marca España y las exportaciones. “En cuanto al consumo de los hogares, en el ámbito de la hostelería se habla de unos ingresos de alrededor de 130 millones en estos poco más de 40 días”, aunque aquí, matiza, es difícil separarlo de otras variables y atribuirlo solo al Mundial de fútbol, y tampoco todo ese dinero es una inyección neta a la economía “porque habría que restarle la bajada en la productividad del día de hoy”, concluye.

En esto coincide también David Echeverry, profesor de economía de la Universidad de Navarra. Para Echeverry el efecto económico para el país ganador es “ambiguo”, ya que “en regiones muy apegadas al fútbol la gente suele pedirse días libres y ello repercute en una menor productividad”, pero matiza que una gran victoria también puede servir de escaparate y animar el consumo, el comercio o incluso el turismo. “Es el poder de las narrativas sobre los efectos económicos, como lo llamaba el premio Nobel de Economía Robert Shiller. España es un buen ejemplo para analizar, porque su victoria y su papel como anfitrión en el próximo Mundial hará que más países del mundo se interesen a nivel turístico e incluso comercial”, concluye Echeverry.

De hecho, la otra parte que se debe observar es precisamente esa, las visitas y el refuerzo de la marca de país. “Un estudio de 2024 señala que los países que ganan el Mundial consiguen un aumento en las llegadas turísticas, aunque ese impacto es mayor cuanto más desconocido es el país; sí cabe esperar que la actividad de influencers y la promoción de un hito deportivo como este atraiga más actividad”, apunta Sorribas-Fierro.

Finalmente, en el comercio internacional también podría verse algún cambio. “Se dice que los países que ganan el Mundial ven aumentar entre un 0,25% y un 0,5% su PIB en los dos trimestres siguientes”, señala el profesor de OBS Business School. Algo, explica, que viene dado por el efecto de promoción internacional que puede llegar a tener una victoria a nivel global. “Es un efecto psicológico asociado que dura un tiempo y que puede suponer gran cantidad de dinero”, concluye. Las cantidades, matiza, son mucho más difíciles de obtener y requerirán ver la evolución a medio plazo.

Durante las semanas que ha durado el Mundial de fútbol se han sucedido las estimaciones sobre el impacto que puede tener en el consumo, el comercio, las importaciones, etc. Aunque para saberlo con cifras redondas habrá que esperar, ya se han dado algunas cifras. En Estados Unidos, que acogió la mayoría de los partidos, el Bank of America estimó que el evento habría movido unos 40.000 millones de dólares, la mitad de ellos dentro del país y el resto repartido en los otros dos países anfitriones: México y Canadá.

Por otro lado, de acuerdo con los cálculos de Bloomberg, el torneo ha sido uno de los más rentables de la historia, con unos ingresos para la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de más de 13.100 millones de euros, superando en más de 1.700 millones las previsiones que se habían calculado previamente. La agencia económica estima también que solo la publicidad de las pausas de hidratación habría procurado unos ingresos en torno a 500 millones de dólares, si se tiene en cuenta que un anuncio de 30 segundos en estos huecos publicitarios se movía en una franja de entre 250.000 y 750.000 dólares.

Además de mirar menos los precios, como le ocurría en la noche del domingo al joven con cuya historia comienza este artículo, hay otro factor que los expertos destacan y es que con la euforia de estos grandes eventos también bajamos la guardia en lo que tiene que ver con las compras por internet y nos exponemos más al fraude, con el consiguiente impacto económico. “Los atacantes aprovechan la emoción, la urgencia y el interés que generan estas ocasiones para engañarnos mediante invitaciones falsas, cambios de fecha, promociones inexistentes o supuestas celebraciones exclusivas”, explica José Manuel Moreno, director de Ciberseguridad de la tecnológica NTT DATA. “Y no hace falta ser un fanático del deporte para caer en la trampa: cualquiera puede recibir un mensaje aparentemente legítimo y terminar haciendo clic en un enlace malicioso o visitando un sitio fraudulento”, concluye. De hecho, según sus datos, el 20% de la criminalidad registrada en España en 2025 tenía que ver con estafas realizadas por medio de ciberdelitos.

En la estimación económica también es relevante el premio que se llevan los ganadores. En conjunto, la FIFA anunció que repartiría 655 millones de dólares en premios en metálico a las federaciones, un 50% más que en la edición anterior. La prima del país ganador, es decir, de España, será de 50 millones de dólares, 33 millones se irán a Argentina y 29 millones para Inglaterra. Del quinto al octavo, reciben 19 millones. Del noveno al decimosexto, las federaciones perciben 15 millones y la cifra se va reduciendo hasta llegar a los nueve millones para los que menos se llevan.

De esas asignaciones salen el dinero de las federaciones nacionales y las primas de los jugadores. Tal y como adelantó Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE, el acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que los futbolistas se lleven el 45% de esa cantidad como premio por su victoria, lo que les dejará un total de 750.000 euros por jugador.

Las tensiones geopolíticas, la carrera por incrementar el gasto en defensa o el desafío demográfico y la sostenibilidad del sistema son cuestiones que están afectando a todos los países europeos. La pasada semana, Ursula von der Leyen lanzó una advertencia a los gobiernos europeos: sin nuevas fuentes de ingresos, habrá recortes. La presidenta de la Comisión Europea señaló que los países debían encontrar nuevas vías para abastecer las arcas comunitarias o, de lo contrario, apuntaba a la posibilidad de reducir partidas de gasto comunitario con recortes de hasta un 40%. El fantasma de la austeridad, los recortes recientes en países como Alemania y el abordaje que se propone desde lo político para algunos de estos desafíos, hacen que se empiecen a contraponer distintos enfoques económicos para atajar estos problemas. Y parece que es en el modelo alemán donde se miran algunas propuestas del Partido Popular.

En España, con las elecciones generales resonando ya en los argumentarios de los partidos, las propuestas empiezan a asomar y este martes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le escapó una muy polémica acerca de reducir el salario de los trabajadores que estén de baja. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quiere que le diga”, señalaba Feijóo en un encuentro con empresarios. “Este asunto tenemos que retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Si no, pues qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”, remataba. La tromba de reacciones no se hizo esperar y tanto el Gobierno como los sindicatos criticaron duramente sus declaraciones.

Pero lo cierto es que, a nivel europeo, Alemania –que ha dado un giro de austeridad en su política reciente– está diseñando ideas similares. El Gobierno de coalición de Friedrich Merz presentó un paquete de reformas para revitalizar la economía que contenía la posibilidad de suspender los certificados de baja laboral emitidos por teléfono y contemplaba introducir bajas parciales, es decir, la posibilidad de que un médico conceda bajas que impliquen trabajar el 75%, el 50% o el 25% del horario laboral. También allí se ha deslizado la idea de que detrás del aumento de las bajas puede haber fraude. “No aceptaremos el drástico aumento de las bajas por enfermedad desde el inicio de la pandemia”, señaló Merz. El discurso de Feijóo sobre el absentismo esta semana apuntaba en la misma dirección y se alineaba con el que desde hace tiempo mantienen las patronales. De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llegó a hablar de “profesionales del absentismo” que, en su opinión, “acumulaban bajas de larga duración”.

Cabe destacar que lo que se considera como absentismo es un cajón de sastre que mezcla cosas distintas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos profesionales. Más allá de la idea que se ha tratado de deslizar sobre el fraude, un problema del que no existen datos, hay factores que explican que España sea uno de los países con peores cifras de la Unión Europea: las listas de espera en la sanidad pública (121 días) y el aumento de la edad media de los trabajadores.

Pero las coincidencias del discurso de Feijóo con el modelo alemán no se limitan a las bajas. El país germano, que aprobó sus presupuestos para 2027 este lunes, ha entrado en una espiral de recortes que va desde cambiar el modelo de pensiones a una mayor austeridad en gasto sanitario. En el ámbito de las pensiones, el Partido Popular ha propuesto varias medidas encaminadas a fomentar planes privados de jubilación o reducciones sobre la cuota de autónomos cuando se cuente con uno de estos productos. Una de las medidas planteaba una reducción de cuotas para los autónomos que tengan más de 42 años y hagan aportaciones a un plan de pensiones privado. Otra idea que también exploraron los populares era incentivar las aportaciones a estos planes con beneficios fiscales. La propuesta de Alemania no es idéntica, pero sí incluye la creación de una pensión privada y obligatoria complementaria a la pública, a la que los trabajadores y las empresas aportarán el 2% de su salario anual. Además, Berlín ha ido más allá y ha planteado un aumento en la edad de jubilación que a partir de 2027 será de 67 años y se vinculará a la esperanza de vida, pudiendo llegar hasta los 70 años en lo sucesivo.

La "sintonía" entre Feijóo y Mertz es algo que el propio partido ha puesto en valor. "Ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional", señala una nota de prensa publicada en septiembre del año pasado con motivo de una reunión entre ambos políticos.

La polémica generada por las declaraciones de Feijóo ha servido a la izquierda para atacar a la agrupación popular, señalando que su hipotética victoria en unas elecciones conllevaría políticas más austeras. El presidente del Gobierno hacía referencia a ello en sus redes sociales, señalando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". Otros miembros del PP trataban de salir al paso de las declaraciones, matizando que Feijóo no había "dicho nada de recortes" o que simplemente se refería a quienes cometían fraude (algo de lo que no hay datos contrastables, ya que la certificación la emite un médico). También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atacaba las declaraciones en los mismos términos: "Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno", escribía en Bluesky.

El país germano enfrenta una situación económica delicada. Las repercusiones de la guerra de Irán, el aumento en los precios de la energía y un crecimiento estimado para este año de apenas un 0,5% están lastrando a la principal economía de la Unión Europea. Si a ello se suma el compromiso de avanzar en defensa y las inversiones que esto conlleva, la situación adquiere un cariz aún más complejo.

El gasto militar ha sido una de las piedras angulares sobre las que se ha diseñado su proyecto de presupuestos. De hecho, el Ministerio de Defensa aumentará su atribución en un 27,9% con respecto al año anterior y la deuda contraída en este ámbito representa actualmente el 50% del total. En 2027, el presupuesto estimado para el rearme ascenderá a 109.700 millones. Para ponerlo en contexto, España gastó en 2025 alrededor de 33.000 millones.

Las razones detrás de la política económica alemana, señaló su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, son diseñar un modelo que no se vea tan afectado por las sucesivas crisis internacionales y mejorar la defensa frente a las amenazas de Rusia. "Damos tumbos de una crisis a otra", lamentó el ministro germano en la presentación de su proyecto de presupuestos.

La industria electrointensiva lleva años denunciando la paradoja que vive España con los precios de la luz. Por una parte, el país produce una energía mucho más barata y limpia que la mayoría de sus vecinos europeos. Sin embargo, a final de mes, la factura que pagan estos fabricantes es mayor que la de la competencia porque soporta costes extra y más impuestos, al mismo tiempo que recibe menos ayudas.

Fabricantes de metales, de vidrio o de gases industriales, algunos de los sectores con mayor consumo eléctrico en España, han pagado de media en 2026, hasta junio, un 8% más por la luz que sus rivales alemanes, según calcula la consultora británica Aurora Energy Research. La brecha es todavía mayor con Francia, donde el recibo ha sido un 49% más barato para estas fábricas. En concreto, un consumidor electrointensivo español ha pagado en la primera mitad del año de media 72 euros/MWh por la luz, frente a 66 euros/MWh en Alemania o 37 euros/MWh en Francia.

El producto base, la electricidad, tiene un precio relativamente asequible en España, pero la clave está en que a ese coste hay que sumarle otros extra que terminan rompiendo la balanza, como resumió en una presentación celebrada este jueves Maria Pérez-Tabernero, analista de Aurora. "Aunque el coste medio de la luz no es tan alto en España, perdemos competitividad al añadir todos los componentes al recibo. O dicho de otra manera, hay un desacoplamiento entre el precio de la luz y el precio final que pagan los electrointensivos", afirmó.

Por una parte, España incorpora sobre el precio de la luz el coste de las restricciones técnicas del sistema, las medidas que cada día ejecuta el operador del sistema, Red Eléctrica, para mantener estable la tensión. La inestabilidad creciente de la red eléctrica en los últimos años –siendo el apagón de abril de 2025 el máximo exponente– ha encarecido drásticamente este servicio, hasta llegar a suponer el año pasado un 16,1% del precio base de la luz. También hay que sumar los peajes y cargos de la red, que son excepcionalmente altos en España por el histórico déficit de tarifa que arrastra el país y por los pagos a las primeras renovables acogidas al programa Recore.

La suma de los servicios de ajuste, los peajes, los cargos y el impuesto especial sobre la electricidad añade 28 euros/MWh al coste de la factura de la luz para las empresas electrointensivas españolas. Los datos no están totalmente actualizados porque en marzo el Gobierno rebajó un 80% los peajes a los electrointensivos para compensar el pico en los precios de la luz por la guerra de Ucrania, pero incluso con esa reducción, la diferencia con los principales socios europeos sigue siendo notable. En Alemania solo pagan por estos conceptos 4 euros/MWh y en Francia, 2 euros/MWh. Es aquí donde comienza el desequilibrio.

Pero además hay que sumar que la industria de los gigantes europeos disfruta de un mecanismo de ayuda en la factura mucho más cuantioso que en España. La Comisión Europea permite a los estados miembros utilizar una parte de sus ingresos por el mercado de emisiones de CO2 –el conocido como sistema ETS– para apoyar a sus fábricas electrointensivas a pagar el recibo de la luz. Como el ETS encarece la electricidad y penaliza a la industria, parte del dinero recaudado por esa vía se destina a subvencionar a esas empresas y evitar que sectores susceptibles de mudarse a terceros países, como las fábricas de azulejos, abandonen la Unión Europea.

El problema es que España, según se observa en los cálculos de Aurora, destina menos recursos que sus competidores europeos a estas compensaciones. Al fin y al cabo, ese fondo nacional del mercado de emisiones es limitado, y se utiliza también financia programas de eficiencia energética en oficinas y fábricas, instalación de paneles solares en zonas rurales o sustitución de calderas contaminantes, entre otras actuaciones.

Alemania ha dedicado este año, hasta junio, parte de este fondo nacional proveniente del ETS para descontar 39 euros/MWh en la factura a su industria electrointensiva, y Francia lo ha hecho con 27 euros/MWh, mientras que España ha rebajado 18 euros/MWh a sus fabricantes, rompiendo definitivamente la balanza.

La patronal reclama cambios

El cálculo de la consultora para este semestre coincide con las cifras que da la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), formada por fabricantes electrointensivos españoles, que lleva años pidiendo equiparar costes con otros países del entorno. Este paso, argumentan, es imprescindible para que despegue la industria y aumente el consumo de luz en la península, que lleva seis años cayendo a un ritmo del -0,6%. 

"En otros países tienen una factura mucho más competitiva", se queja Pedro González, director general de AEGE. "El precio de la luz en Francia es similar al nuestro, pero como se ahorran los servicios de ajuste y tienen compensaciones por las emisiones, la diferencia de competitividad es brutal. Y por el lado de Alemania, teniendo la luz un 50% más cara, terminan pagando menos que aquí", subraya el portavoz.

Su propuesta es que el Gobierno lleve al máximo las compensaciones de factura que permite el sistema de emisiones ETS, que en este momento supone en España dos tercios de la compensación máxima permitida, con unos 600 millones de euros en 2026. También propone suprimir cuanto antes el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que originalmente era del 7%, una medida que el Gobierno ya confirmó a finales de junio que está en marcha, con una rebaja temporal hasta el 5% que se irá incrementando progresivamente hasta su desaparición definitiva en 2028. Por último, el director de la patronal solicita una reforma completa de los peajes de la electricidad, aunque esta exigencia parece completamente descartada por ahora.

España ha pasado a ser este año el destino número uno del gas ruso que llega a Europa en barcos metaneros. Su gran capacidad del almacenamiento en puerto y unos precios atractivos han provocado un fuerte repunte de las descargas cuando apenas quedan seis meses para que se prohíba en la Unión Europea toda compra de gas natural proveniente de Rusia, una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. 

Mientras Francia ha reducido drásticamente sus compras de combustible a empresas ligadas a Moscú frente a 2025 y ha perdido así su tradicional liderazgo, España ha incrementado todavía más estas importaciones hasta situarse en el primer puesto del continente. 

Según un informe publicado hace una semana por ACER, la agrupación de reguladores energéticos europeos, entre enero y abril de 2026 España recibió de Rusia 23,2 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado (GNL), que llega en forma líquida transportado en metaneros y tiene que regasificarse al llegar a puerto. Se trata de un 32% más que en las mismas fechas del año anterior.

En los siguientes puestos se situaron Bélgica (18,6 TWh), Francia (18,5 TWh), Países Bajos (7,7 TWh) y Portugal (1,1 TWh). En el mismo cuatrimestre de 2025, España ocupó el segundo puesto porque Francia compró a Rusia 38,5 TWh de gas, pero en un año ha recortado la cifra a la mitad. Sin embargo, en volumen absoluto importado, Hungría superó a España en ese periodo porque adquirió a Rusia 24,7 TWh de gas por tubería. En conjunto, la Unión Europea importó entre enero y abril de 2026 un 11% más de GNL de Rusia que en 2025, lo que representa el 12% de sus compras totales, solo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras de Enagás, el operador de la red gasista española, llevan meses mostrando la creciente llegada de gas ruso a España. En marzo se registró un récord histórico de 9,8 TWh, rozando las importaciones de Estados Unidos y de Argelia, los proveedores principales de la península ibérica. Este pico llegó semanas después del inicio de la guerra en Irán, con los precios del gas disparados en el mercado europeo y en medio de una disputa global por asegurarse el abastecimiento.

Expertos europeos que monitorizan este comercio opinan que este giro es inaceptable porque supone incrementar la financiación de la campaña rusa en Ucrania, ya que el Kremlin ingresa ingentes cantidades de dinero a través de los impuestos que cobra sobre las ventas de combustibles. 

"Resulta escandaloso que algunos países de la UE sigan aumentando sus compras de gas ruso a pesar de que el bloque se ha comprometido a poner fin a su dependencia. Si la UE se toma en serio sus compromisos, debería poner fin a estas importaciones lo antes posible, en lugar de esperar hasta el último momento", opina Isaac Levi, portavoz del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), una organización que monitoriza desde 2022 los beneficios de Rusia por la venta de gas y crudo. Según sus cálculos, Europa ya ha pagado por gas a Rusia este año más de 8.000 millones de euros.

Ignacio Urbasos, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, señala que la causa principal de este incremento en la importación es el ligero encarecimiento del gas natural en el mercado ibérico frente a países como Francia o Países Bajos, lo que hace más atractivo para los traders internacionales –el nombre que reciben las compañías de compraventa de combustible– llevar el combustible que compran a Rusia hasta España y venderlo ahí.

"Cuando el gas es más caro en la península, llega más combustible ruso por una cuestión oportunista. El beneficio que obtienen aquí los intermediarios es mayor que si lo venden en otros puertos europeos", afirma el experto. La diferencia de precio sigue vigente este mismo miércoles, cuando el gas natural PVB (el del mercado ibérico) vendido para el día siguiente costaba 48,97 euros/MWh, mientras que el PEG (Francia) cotizaba a 47,70 euros/MWh y el TTF (Países Bajos) a 48,10 euros/MWh. La diferencia es pequeña, pero a esa escala comercial supone un factor clave.

La importación de gas no implica que sea consumido en España ni que sea adquirido para consumo interno, recalca el informe de ACER. Como la península ibérica es la región con más plantas regasificadoras de Europa (siete de España y una de Portugal), es habitual que se utilice como puerta de entrada para el GNL, para luego exportarlo por tubería a otros países de la región. De hecho, los últimos datos de Enagás, el gestor de la red gasista, calcula que entre enero y mayo la demanda española de gas creció entre enero y mayo un 1,7% respecto a 2025, un porcentaje mucho menor que el repunte de descargas.

Al mismo tiempo, España es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de GNL del continente, con 23.300 GWh, un tercio del total de los Veintisiete, de manera que esos tanques ubicados en puertos se utilizan a menudo como almacenes temporales para después inyectar el combustible en otros metaneros y que su viaje continúe por el mundo. Alrededor del 12% del gas que pasa por España se consume en el extranjero. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica opinan que esta es precisamente la causa de que se disparasen las compras en invierno y primavera. "El aumento de descargas en España responde a una reasignación logística temporal dentro de la UE por la necesidad de los traders internacionales de almacenar el GNL que no puede absorber la demanda de la UE y que tampoco pueden desviar a otros destinos", señalan fuentes de esta cartera.

En todo caso, España está comprometida con cesar todas las importaciones antes del 1 de enero de 2027. En marzo, Transición Ecológica envió a Bruselas su plan de diversificación de suministro gasista, como el resto de socios europeos, pero el documento es confidencial. En todo caso, será la principal gasista de España, Naturgy, la que tendrá que gestionar la ruptura de esta relación, ya que importa cada año de este país 3.000 millones de metros cúbicos de GNL, aunque no es la única compañía que lo hace.

Aunque los datos de ACER solo abarcan de enero a abril, España volvió a importar en mayo desde Rusia una gran cantidad de GNL ruso, por lo que ese pico comercial que se observa en las cifras del primer cuatrimestre no fue puntual. Según Enagás, en mayo se importaron de Rusia 8,72 TWh de gas licuado, el 27,8% del total ese mes, superando incluso las compras a Estados Unidos y solo por detrás de Argelia.

Las cifras recogidas por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un centro estadounidense, evidencian además que ese combustible de Rusia está entrando, como es habitual, por el puerto de Bilbao, la regasificadora más cercana al norte de Europa. Durante el primer semestre de 2026, el ratio de utilización de esta planta alcanzó el 79%, mientras que un año antes era del 66%. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del IEEFA, considera normal este repunte temporal de las descargas de gas ruso, ya que siempre que se restringe alguna ruta comercial, los meses anteriores todo el que puede aprovecha para comprar hasta el último día. "Ya pasó cuando se cerró el paso de gas por la tubería de Ucrania. Que en los meses anteriores se registró un pico. Mientras sea legal, seguirán haciéndolo", resume.

Se espera además que el comercio de GNL se dispare en Europa en los próximos cuatro meses, ya que los almacenes de gas natural se encuentran excepcionalmente bajos, rozando el mínimo histórico de los últimos cinco años. Otro informe publicado este martes, también por ACER, advierte de que llegar al 90% de llenado para el 1 de noviembre, de cara al invierno, requerirá recargas adicionales frente a otros años. Esas compras previsiblemente serán más caras que el año pasado por impacto del conflicto de Irán en los precios de la energía.

A finales de enero de 2026, los socios europeos aprobaron definitivamente que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibida cualquier importación de GNL ruso, incluso el que solo haga escala en un puerto europeo para acabar fuera de la UE. Para evitar disrupciones profundas en países del este del continente, el gas por tubería podrá seguir fluyendo desde Rusia hasta el 30 de septiembre de 2027.