Iberdrola ha inaugurado este miércoles la mayor batería de almacenamiento energético del país. La instalación está vinculada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II y cuenta con una potencia de 58 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 120 MWh.

El proyecto se localiza en Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, y supone un avance en el desarrollo del almacenamiento energético, una tarea prioritaria para el sector energético debido al rápido desarrollo de las renovables.

Según ha explicado el CEO de la compañía en España, Mario Ruiz-Tagle, este tipo de infraestructuras permite responder a la nueva demanda que necesita energía firme y contribuye a avanzar en la electrificación de la economía, puesto que permite descargar la electricidad en horas de baja o nula producción renovable, desviando la producción barata a periodos del día con la energía más cara.

El proyecto, desarrollado en Campo Arañuelo, consiste en la incorporación de dos módulos de baterías de ion litio LFP, cada uno con una capacidad de unos 60 MWh, conectados a las plantas solares Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II, que ya estaban en funcionamiento. Gracias a esta integración, las instalaciones ganan flexibilidad y capacidad de gestión.

La inauguración ha reunido a representantes institucionales y de la compañía, entre ellos la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro; así como alcaldes y autoridades de varios municipios de la zona.

Durante el acto, Ruiz-Tagle ha defendido que iniciativas como la de Campo Arañuelo sitúan al sector energético español ante proyectos "pioneros" y ayudan a que "la electrificación avance con firmeza".

El directivo también ha destacado que Iberdrola trabaja desde hace años en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y que ocupa una posición de liderazgo en este ámbito. En este sentido, la energética reúne la mayor parte de la capacidad de almacenamiento con baterías actualmente operativa en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Mercedes Morán, por su parte, ha calificado esta infraestructura como una "inversión de primer nivel" y ha subrayado que proyectos de este tipo consolidan a Extremadura "como un polo energético", al combinar generación eléctrica, innovación tecnológica y estabilidad para el sistema.

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

Trump está de enhorabuena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para cerrar la demanda de 10.000 millones de dólares que este había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) —lo que a afectos de España, equivale a la Agencia Tributaria—, incorporando una cláusula extraordinaria: impedir que la agencia investigue al presidente, su familia y sus empresas.

La disposición, incluida en un documento de una sola página firmado por el fiscal general interino Todd Blanche blinda al presidente frente a futuras auditorías e investigaciones fiscales. La exfiscal de indultos del Departamento de Justicia, Liz G. Oyer, calificó este acuerdo como algo “catastrófico y corrupto”. 

El acuerdo “establece que Trump no puede ser investigado, auditado ni demandado por el Gobierno de los Estados Unidos en el futuro”, afirmó Oyer. Según explicó, la medida convierte a Trump en una figura inviolable ya que no sólo afectaría al Servicio de Impuestos Internos, sino a “cualquier agencia gubernamental”.

Este documento se publicó después de que Trump retirase la demanda que había presentado junto a  sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. y la empresa familiar Trump Organization contra el Departamento del Tesoro, que está bajo a su autoridad,  por filtrar sus declaraciones de la renta de 2016 y 2017. 

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia establecía inicialmente que los demandantes recibirían “una disculpa formal”, pero “ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo”. A cambio, las partes desistían de la demanda. Aunque en ese pacto se habla de que no se entregaría compensación dineraria, no significa que el Departamento de Justicia no vaya a desembolsar nada, ya que una parte del acuerdo consiste en la creación de un fondo.

No obstante, el documento firmado por Blanche compromete a los funcionarios federales a “no emprender ninguna acción pendiente o futura”. Para Oyer, el escrito de Blanche “pondrá fin a las auditorías en curso contra Trump y sus empresas”, aseguró.

La exfuncionaria añadió que el acuerdo “renuncia a nuestro derecho a recaudar cualquier impuesto que Trump y sus empresas deban” y “cede nuestro derecho a intentar recuperar el dinero que robó a los contribuyentes”.

Ese dinero del que habla Oyer rondaría los 100 millones de dólares por los errores en las declaraciones del expresidente como se demostró en las filtradas —en 2016 y 2017 pagó 750 dólares—y como publicó The New York Times.

Para evitar el juicio millonario en el que Trump se enfrentaría al propio Trump —a través del Gobierno—, el pacto al que se ha llegado ha sido la indemnización de 1.776 millones de dólares, en honor al año de la independencia de Estados Unidos. 

Esa indemnización, Trump la ha transformado en un fondo del Departamento de Justicia para compensar a las “víctimas de procesos judiciales politizados durante la presidencia de Joe Biden”. 

Este fondo busca emular al creado por Barack Obama, el Keepseagle, por valor de 760 millones de dólares que buscaba compensar las reclamaciones por racismo institucional de los años anteriores a la época del expresidente.

El Departamento de Justicia afirmó que el fondo permitiría que “las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación”, según el fiscal Todd Blanche.

Entre los beneficiarios estarían los procesados —e indultados por Trump— por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, acusó a Trump de retirar “su falsa demanda contra el IRS a cambio de un fondo opaco, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos”.

“Para que quede claro: si usted es un contribuyente estadounidense, esta medida significa que casi 1.800 millones de dólares de su dinero serán entregados a quienquiera que un comité designado por Trump decida recompensar”, escribió este martes el premio Nobel de Economía Paul Krugman en Substack. “Pocas cosas logran sorprenderme en estos días; aunque esto representa un nuevo récord de degradación en materia de tráfico de influencias, revelando una vez más el absoluto desprecio de Trump por el pueblo estadounidense”.

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, fue mucho más escueto al definirlo como “pura corrupción” y añadir: “¿1.776 millones? ¿El año del 250º aniversario? Se están riendo de todos nosotros”.

Las dudas que se extienden entre los juristas son: ¿Ddónde está el límite del presidente y del Departamento de Justicia? ¿Tiene este departamento capacidad para comprometerse a impedir futuras actuaciones?

La legislación federal prohíbe al presidente, al vicepresidente y a otros altos cargos del Ejecutivo ordenar al IRS que inicie o detenga auditorías específicas. Sin embargo, esa prohibición “parece incluir una excepción: el fiscal general”.

Una persona que posee una vivienda vacacional no valora al turismo en su comunidad de la misma manera que otra que trabaja como empleada en el sector turístico (agente de viajes, recepción de hotel) y a la que le cuesta llegar a fin de mes por el aumento de los precios de alquiler.

Sentirse al margen de las decisiones políticas también puede hacer a las personas más pesimistas a la hora de valorar un nuevo plan de desarrollo turístico. En cambio, si han podido contribuir de alguna manera a ese plan, eso podría hacerlas cambiar de actitud.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la satisfacción con la vida personal. Estar satisfecho con la vida privada, laboral y familiar hace a las personas más optimistas en general, y también a la hora de valorar los impactos del turismo en su comunidad.

Estos son algunos ejemplos que explican por qué algunas personas desarrollan sentimientos negativos hacia el turismo mientras otras se mantienen neutrales o favorables, a pesar de residir en el mismo lugar. Los residentes con opiniones más negativas sobre el turismo tienden a experimentar incomodidad, ira o enfado.

Estas emociones negativas no tienen por qué surgir en todo aquel que opina que el turismo genera impactos negativos. Igualmente, las emociones negativas no siempre se canalizan en protestas, mensajes de odio o grafitis, sino que pueden servir como estímulo para implicarse en propuestas de mejoras y contribuciones significativas desde el conocimiento local.

Un estudio reciente realizado en las Islas Canarias, analiza cómo la ideología política y el tiempo de residencia (o el hecho de ser nativo) también influyen de manera decisiva en las opiniones y sentimientos hacia el turismo.

Entre las conclusiones del estudio está que las personas nacidas en un destino turístico, o que han vivido durante largo tiempo en él, tienden a percibir menos beneficios del turismo que el resto de residentes.

Con el paso del tiempo, los beneficios del turismo —infraestructuras, empleo o servicios— dejan de verse como logros. Sin embargo, el estudio aclara que ser nativo no hace a las personas más pesimistas ni más intolerantes.

En realidad, lo que existe es una erosión del entusiasmo por los grandes avances que favoreció el turismo en los inicios, unida a sensaciones de nostalgia por los cambios acumulados en el estilo de vida y el entorno.

La ideología política define valores y creencias sobre cómo debe organizarse la sociedad, el papel del Estado, el mercado y los individuos. Ser de derechas o de izquierdas también indica en qué tipo de organizaciones se tiene más confianza.

Los resultados de este estudio revelan que la ideología política actúa como un filtro interpretativo de los impactos del turismo. Las personas con una orientación política más conservadora, o de derechas, tienden a percibir más beneficios del turismo. Por el contrario, quienes se sitúan más a la izquierda suelen ser más críticos.

Esto no significa que todos los afiliados a un partido de izquierdas sientan molestia o inconformidad con el turismo. Lo que dice el estudio es que ser de izquierdas podría predecir cómo hacen las personas el balance de costes y beneficios del turismo.

En definitiva, dos residentes pueden llegar a conclusiones distintas sobre la contribución del turismo a su comunidad según su ideología política, su situación personal y sus condiciones como residentes, entre otros factores. Esto implica que no existen mensajes ni políticas universales: las estrategias para mejorar la convivencia entre residentes y turismo deben adaptarse a distintos perfiles sociales, reconociendo que el conflicto no es solo económico o territorial, sino también político y cultural.

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Yen E. Lam González es investigadora postdoctoral en Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró este viernes una visita histórica a Pekín en la que pasó de puntillas por el contencioso de Taiwán y centró sus conversaciones en obtener intercambios económicos que levantan suspicacias en su propio círculo. “China va a invertir cientos de miles de millones con las personas que estaban en la sala. A eso vinimos”, resumió Trump en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

Trump, que fue acompañado por más de una quincena de consejeros delegados de las mayores empresas financieras, tecnológicas o de ingeniería de Estados Unidos, no quiso airear el contenido de temas de índole diplomática, en defensa o ciberseguridad.

Tim Cook, consejero delegado de Apple, Elon Musk (Tesla) y Jensen Huang (Nvidia) tuvieron un papel equivalente al del secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“No sé si las cosas cambiarán tras este viaje, pero lo dudo”, explica a EFE un ejecutivo chino de una empresa tecnológica, que recuerda un chiste que se cuenta en los corrillos: “Nvidia es la única empresa que lidia con sanciones de los dos países”.

En el banquete de gala de anoche, los líderes empresariales estadounidenses acumulaban una capitalización bursátil equivalente a la tercera economía mundial, sin contar con la que habrían añadido los más altos ejecutivos de empresas chinas como ByteDance, Lenovo, Xiaomi o Hisense, también presentes.

Incluso el punto de la agenda referido al conflicto con Irán, transitó, a ojos de los estadounidenses, por esos derroteros. La Casa Blanca y posteriormente Trump destacaron que Xi se ha comprometido a comprar petróleo estadounidense para reducir la dependencia del crudo de Oriente Medio.

Laura Ingraham, líder de opinión del movimiento MAGA, dijo que permitir inversión china en EEUU es una “trampa masiva” y no son pocos los legisladores republicanos que temen que este acercamiento a China acabe siendo un caballo de Troya en sectores en el que los asiáticos son dominantes, como automoción eléctrica o energía renovable.

Trump quiso quitar importancia a puntos que Xi muy hábilmente deslizó en sus discursos, como el hecho de que China es un poder emergente y Estados Unidos uno en declive.

Según Trump, esa reflexión se refería a su predecesor Joe Biden y no a su mandato.

En cuanto al robo de propiedad intelectual y la ciberseguridad, Trump, que no ha llevado teléfono móvil en todo el viaje por motivos de seguridad, dijo que China les espía, pero ellos también y “ellos roban esto y nosotros robamos lo otro”.

La ofensiva del encanto de Xi, que agasajó a Trump con una recepción de honor militar e hizo de guía del estadounidense durante casi dos días enteros, encantó a Trump, que llamó “amigo” a Xi en varias ocasiones.

Al final, el estadounidense despegó sin que se hicieran concretas las promesas de milmillonarias compras chinas y sin que el chiste de Nvidia se haga algo menos cierto: el levantamiento de controles a la exportación de chips avanzados para el desarrollo de inteligencia artificial para tecnológicas chinas sigue en el aire.

Xi dijo que ambos países deben evitar la confrontación y cooperar, y le aseguró a Trump que su visión para hacer EEUU grande de nuevo y sus planes de renacimiento de la nación china son similares.

En septiembre, cuando Xi, visite la Casa Blanca, ambos podrán volver a escenificar la amistad de estos días. Todo dependerá de si la relación no se rompe entre tanto. 

Si nada se tuerce, que es mucho decir, todo parece indicar que a partir de este lunes 18 de mayo podremos pagar con Bizum en todo tipo de establecimientos comerciales conforme se vayan adhiriendo al servicio, ampliándose así las alternativas de las que disponemos los consumidores para pagar por nuestras compras en España.

En una anterior tribuna que titulé “Ni al pagar nos vamos a librar”, anhelaba y alentaba el despliegue de esto que parece que ya, por fin, al menos en España, sí. Así que me parece una noticia (muy) positiva, aunque pueda parecer irrelevante, que además de con dinero en efectivo y con tarjeta, podamos pronto también pagar con Bizum en todas partes.

Creo que no es irrelevante porque la dependencia inercial y autoimpuesta que asumimos en la eurozona durante las más de dos décadas de existencia de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) es, llegados a este punto, absurda. Que durante todo 2025 en la eurozona los pagos con tarjeta siguieran representando el 57% de todos los pagos digitales, y en España el 67% (¡dos de cada tres!) es resultado de no contar con una alternativa a las tarjetas con las que tantas cosas pagamos a diario. Tantas como los más de 9.700 millones de pagos con tarjeta realizados en los más de 2,8 millones de datáfonos solo en España, por más de 286.000 millones de euros, a razón de 29 euros de ticket promedio. Estos datos de pagos con tarjeta que traslado directamente de la web del Banco de España y que este informa al Banco Central Europeo, son proporcionados por Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A. (STMP), operador privado del sistema de pagos con tarjeta en España tras la fusión en 2018 de los tres sistemas existentes entonces (ServiRed, 4B y EURO 6000), del que son accionistas las entidades bancarias.

Al pago con tarjeta le seguían de lejos en 2025, por intensidad de uso, los pagos desde cuenta, tanto en modalidad transferencia (17%) —entre las que ya son mayoritarias las instantáneas como Bizum—, como en adeudos o domiciliaciones (12%).

Es maravilloso que Bizum fuera el medio por el que se ordenaron tres de cada cuatro transferencias instantáneas el año pasado en España, la mayor parte (dos de cada tres) para realizar pagos entre particulares, y casi uno de cada diez para pagos en comercio electrónico. Es maravilloso porque la estrategia de la Comisión Europea y del Eurosistema sobre pagos minoristas sitúa a los pagos desde cuenta en el centro de los objetivos de soberanía y autonomía estratégica de Europa. Dicho de otro modo: es maravilloso que la estrategia de canibalizar los pagos con tarjeta con un medio de pago 100% europeo pueda ser pronto una realidad en España.

“Hacer un Bizum” es posible desde 2016 para pequeños pagos entre amigos y familiares, un espacio hasta entonces cautivo del dinero en efectivo. A partir del 18 de mayo puede ayudarnos también a independizarnos de soluciones norteamericanas de las que no tenemos absolutamente ningún control ni garantía de permanencia del servicio cuando a Trump se le tuerza el gesto.

Y es que el amenazante Gobierno USA puede obligar, por ejemplo, a Visa y Mastercard, empresas norteamericanas, a denegar el servicio a personas como Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios Palestinos ocupados desde 1967, o a casi diez jueces y juezas de la Corte Penal Internacional que han participado en investigaciones contra sus ciudadanos o contra Israel por crímenes de guerra. Su inclusión como "Nacionales Especialmente Designados" o "SDN" en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU implica el bloqueo de sus activos en el país y la prohibición a cualquier persona estadounidense —como Visa o Mastercard— de tratar con ellas.

Por supuesto que pagar con tarjeta seguirá siendo imprescindible o más conveniente durante un tiempo en algunos casos de uso, como cuando paguemos fuera de la eurozona o cuando los turistas extracomunitarios, carentes de una cuenta de pago en la zona SEPA, nos visiten y paguen por sus compras y consumos aquí con sus tarjetas internacionales. Es interesante constatar, hablando de turismo, que dos tercios de las compras pagadas con tarjetas internacionales en España, según STMP, se concentran en cinco provincias: Barcelona (18,6%), Baleares (15,2%) y Madrid (14,4%), Málaga (8,3%) y Alicante (6,5%).

Para que realmente podamos celebrar la independencia europea de las tarjetas gringas son precisos, en mi opinión, cuatro elementos, y en este orden: 1. incentivos correctos; 2. pedagogía sin dejar a nadie fuera; 3. liderazgo de las administraciones públicas; y 4. alcance paneuropeo.

Sobre la importancia de los incentivos correctos, debe quedar claro que cualquiera de las opciones de cobro (efectivo, tarjetas y Bizum) supone un coste para el comercio: por la custodia, gestión, seguridad y fraude en el caso del dinero en efectivo; por el servicio de aceptación de opciones de pago digitales en el caso de las tarjetas y de Bizum. Las estadísticas del Banco de España sobre las tasas de descuento, que son las comisiones que de media pagan los comercios por cada euro de transacción capturada por sus datáfonos, informan de un promedio del 0,38% del importe de cada transacción, con un mínimo de 0,23% (superficies de alimentación) y un máximo de 0,92% para hoteles y transporte de viajeros. Y me llama la atención que las comisiones de las denominadas "Categorías de bajo importe" que agrupa categorías comerciales (excepto autopistas) cuyo importe medio de compras con tarjeta de pago no excede de 15 euros y cuyos precios, en general, están condicionados por un determinado marco regulatorio, como el transporte urbano, son las que soportan las comisiones que más crecen, junto con la categoría de “Caridad y solidaridad”. Y me surge la pregunta de por qué es cuatro veces más caro —para el punto de venta— cobrar con tarjeta un servicio de transporte público que una compra de alimentación en una gran superficie comercial. Este es el tipo de preguntas que creo que toca hacerse a la hora de diseñar las tarifas comerciales para los puntos de venta si queremos que pagar con Bizum prenda.

Sobre la inclusión y la pedagogía, no podemos permitirnos dejar abandonados colectivos cautivos del efectivo y las tarjetas como, por ejemplo, cuentas tuteladas o básicas que no dispongan de servicio Bizum, pero sí de tarjetas de prepago asociadas. Y no creo que deban escatimarse recursos en demostraciones, explicaciones, tutoriales, campañas informativas —también presenciales, por ejemplo, en los centros de mayores— para que la adopción sea un éxito, si es que se quiere que la adopción sea un éxito, claro.

Sobre el liderazgo de las administraciones públicas, creo que deben i) ser las primeras en universalizar el botón de pago con Bizum; ii) negociar “duro” con los prestadores del servicio de aceptación de pago con Bizum para que los incentivos sean correctos; y iii) garantizar que el pago con Bizum funcione como la seda, sin fricciones.

Sobre el alcance paneuropeo de la alternativa a las tarjetas basada en las transferencias instantáneas SEPA, ahora mismo son dos las iniciativas europeas las que afirman estar a tope tras sucesivos gatillazos desde el fallido Proyecto Monnet de 2012, y que solo tendrán sentido interconectadas. Una es el consorcio EuroPA (European Payments Alliance), inicialmente constituido por Italia, Portugal y España (con Bizum); el otro es EPI (European Payments Initiative) y su marca comercial Wero, desplegada en Francia, Alemania y Bélgica.

Estaré expectante a las novedades y a los logros, que seguro serán muchos y rápidos, para contarlos aquí.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia de ello, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario, según informa Efe.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EEUU, no se aplicará ningún arancel".

No está claro bajo qué autoridad elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EEUU. Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EEUU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El director de la Agencia Internacional de la Energía volvió a insistir este martes en que el mundo afronta "la mayor crisis energética de su historia". Pese al escenario extremo que dibuja el mayor portavoz global en esta materia, los hogares y empresas occidentales tienen acceso sin problema a la gasolina, el gas y la electricidad, aunque a un precio notablemente mayor que hace dos meses. Donde realmente se está viviendo ya la escasez es en Asia. Allí, decenas de millones de habitantes ya viven bajo un intenso racionamiento de energía que, a nivel global, ya supera con creces al de la gran crisis económica de 2008.

Desde comienzos de marzo se han multiplicado en Bangladesh y en Corea del Sur las colas interminables de coches y motos para repostar en gasolineras, mientras que en Pakistán se han producido en abril cortes parciales de luz, con fábricas que llegan a estar apagadas durante ocho horas al día por la escasez de gas natural, necesario para producir luz.

El Gobierno de Filipinas declaró en marzo la emergencia nacional energética durante un año, y numerosas aerolíneas regionales han reducido su actividad por el coste del queroseno. En total, siete países asiáticos han impuesto ya el teletrabajo obligatorio, cinco están racionando la venta de combustible y varios de ellos tienen edificios públicos cerrados para ahorrar energía.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), en su informe de abril publicado la semana pasada, ya puso cifras al cierre de Ormuz: pronostica que la demanda global de petróleo caerá en 1,5 millones de barriles diarios en abril, un recorte del 1,5% frente al mes anterior. A lo largo de todo el año se espera una reducción del consumo de 100.000 barriles diarios, que puede parecer pequeña, pero es que un mes antes la IEA calculaba un incremento total de la demanda de 700.000 barriles diarios en 2026.

Los cálculos de expertos de empresas privadas van muchísimo más allá. Un análisis del banco JPMorgan estimaba esta semana que el recorte global de la demanda de petróleo ha sido en abril de 4,3 millones de barriles diarios de crudo, prácticamente tres veces más de lo que calcula la IEA y una cantidad absolutamente astronómica. "Para ponerlo en contexto, en el pico de la crisis económica de 2009, la demanda global se redujo en 2,5 millones de barriles", añaden los analistas del banco estadounidense.

Por regiones, la IEA, un órgano dependiente de la OCDE, asume que la mayor parte del recorte vendrá de los países de Oriente Medio, pero no porque la población no tenga acceso al combustible, sino porque la aviación está prácticamente congelada en Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait debido al conflicto, y el tráfico aéreo se ha desplomado en Emiratos Árabes y Qatar. En el sudeste asiático no deberían escasear por ahora la gasolina ni el diésel de manera generalizada, pero sí el gas natural licuado y el GLP (el gas utilizado para cocinar), que llegan en enormes cantidades desde el Golfo.

El informe de JPMorgan también ubica en Oriente Medio el mayor recorte de consumo energético, seguido de Asia, y matiza que ya se observa una brecha entre países ricos de esa región, que pueden comprar combustibles más caros, como Japón, frente a otros que quedan "desbordados por los precios". Este banco sitúa las siguientes víctimas en África, donde también dependen de materias primas del Golfo. Entre Oriente Medio, Asia y África suman el 87% de la caída de la demanda global de crudo de abril de 4,3 millones de barriles.

Aun así, esa bajada tan brutal del consumo ni siquiera es capaz, según el informe de JPMorgan, de compensar la caída de la producción global de petróleo: sigue habiendo un desajuste de 2,3 millones de barriles diarios entre oferta y demanda. "Esto es demasiado para ser absorbido por países emergentes. Europa y Estados Unidos tendrán que participar [de ese recorte]", valoran los expertos.

Es por ello que esta entidad vaticina que los precios de la energía seguirán subiendo en Occidente, ya que con el coste actual de la gasolina, el gas o la electricidad, los países ricos siguen consumiendo sin prácticamente recortes de demanda. A esto hay que sumar que 16 países europeos subvencionan ya los combustibles debido a la crisis, entre ellos España, una manera de apoyar a la población, pero que mantiene la demanda artificialmente alta, engordando el problema del abastecimiento, según los expertos.

La industria asiática ha colapsado por varios frentes debido a la subida de costes de la energía y las materias primas. La prensa regional recoge, por ejemplo, un desabastecimiento de guantes de goma en hospitales por el encarecimiento de la nafta, un derivado del petróleo necesario para fabricar plásticos. El déficit de nafta afecta, de hecho, a toda clase de cadenas de producción: desde ropa a bolsas de plástico, pasando por la industria del maquillaje o la producción de microchips.

La primera línea del racionamiento recae sobre Asia porque sus países son extremadamente dependientes de los combustibles que salen del estrecho de Ormuz, ahora prácticamente cerrado. India, el país más poblado del mundo, importa históricamente el 90% de su crudo, y más del 40% de esa cifra llegaba hasta ahora de Oriente Medio. También llegaba de esta región el 98% del petróleo que necesita Filipinas, el 61% de Corea del Sur o el 60% de Tailandia.

Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional advierte de que estas naciones no solo dependen enormemente del crudo de Arabia Saudí, Kuwait o Irán, sino que sus economías necesitan quemar mucho más combustible que Occidente para mantenerse en funcionamiento porque apenas tienen energías renovables. La Unión Europea destina poco más del 2% de su PIB a importar gas natural y petróleo, mientras que Asia destina aproximadamente el 4%. En Singapur, Tailandia y Corea del Sur esa dependencia alcanza entre el 6% y el 8% del PIB total.

"Asia es el principal comprador del petróleo y del gas que se transportan a través del estrecho de Ormuz y esto supone un shock directo sobre las refinerías, las plantas eléctricas y las fábricas", escriben Andrea Pescatori y Krishna Srinivasan, colaboradores del FMI. "Las interrupciones en el suministro de fertilizantes, productos petroquímicos, helio o azufre aumentan además el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en la cadena de suministro si el conflicto persiste", añaden.

Naciones Unidas publicó la semana pasada que la guerra en Irán va a vapulear las economías de Asia y del Pacífico, que perderán entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo estima también que 8,8 millones de personas entrarán en el umbral de la pobreza en la región. Como en el análisis del FMI, la ONU enfatiza que la región es extremadamente dependiente del petróleo y calcula que 33 de los 36 países estudiados en Asia y Pacífico son "altamente vulnerables" a la inflación de los combustibles.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

Hoy en día, ahorrar es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos invertir y, para ello, es clave contar con educación financiera. Esto implica aprender a elegir entre productos cada vez más complejos, planificar la jubilación, valorar si realmente necesitamos un seguro o saber detectar posibles estafas.

Pero no se trata solo de tomar decisiones, sino de entenderlas. Es importante analizar si un producto financiero es adecuado para nosotros, conocer su rentabilidad y tener claros sus costes. Desde fondos de inversión y planes de pensiones hasta seguros, de créditos para comprar un coche a una hipoteca, todas son decisiones que conviene tomar con calma y con una base sólida de conocimientos financieros.

Pero esta “competencia financiera” no es la misma en hombres y mujeres. Hay estudios que muestran de manera consistente que las mujeres tienen menos conocimientos financieros que los hombres. Tanto básicos –cálculo de intereses o comprensión de la inflación– como más avanzados– diversificación del riesgo o los mercados financieros–, donde la brecha de género es todavía mayor.

Las causas no pueden atribuirse simplemente a diferencias en capacidad o formación académica. De hecho, la brecha persiste incluso cuando hombres y mujeres tienen niveles educativos similares.

En realidad, la brecha de género financiera parece estar relacionada con factores personales, culturales y laborales. Las trayectorias profesionales, las experiencias pasadas y el nivel de autoconfianza influyen en la forma en que hombres y mujeres se relacionan con las finanzas.

Por ejemplo, los hombres tienden a participar más en los mercados financieros y a asumir inversiones más arriesgadas, mientras que las mujeres suelen concentrarse más en la gestión cotidiana del presupuesto doméstico. Estas diferencias influyen: cuanta más exposición se tiene a decisiones y productos financieros, mayor es el aprendizaje que se genera.

Hemos realizado un estudio para entender cómo deciden formarse en temas financieros los hombres y las mujeres, y qué decisiones toman cuando buscan aprender sobre finanzas.

Consideramos las diferentes formas en que las personas pueden aprender sobre finanzas. Esto incluye la educación formal, como asignaturas o programas académicos, la formación en el trabajo, la participación en cursos o seminarios, y también el aprendizaje por cuenta propia, por ejemplo, leyendo o buscando información en la web.

Los resultados confirmaron que la brecha de género en conocimiento financiero existe, incluso entre personas con niveles educativos similares. Pero, más allá de esta conclusión, el estudio aportó un elemento clave: la diferencia no se explica únicamente por cuánto aprenden hombres y mujeres, sino por las estrategias que utilizan para hacerlo.

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es que alcanzar niveles avanzados de conocimiento financiero no depende solo de las características individuales, sino también de la decisión de utilizar distintas fuentes de aprendizaje. Las personas que recurren a múltiples vías de aprendizaje –por ejemplo, combinando formación formal, experiencia laboral y autoaprendizaje– tienden a alcanzar mayores niveles de conocimiento financiero.

Además, en términos generales, los hombres muestran una mayor tendencia a invertir activamente en su propia educación financiera a través de procesos de aprendizaje informal y autoaprendizaje. Es decir, tienden con mayor frecuencia a buscar cursos especializados, leer sobre inversiones o formarse por iniciativa propia.

Las mujeres, en cambio, suelen adquirir conocimientos financieros principalmente a través de vías estructuradas y accesibles, como la educación formal, la formación proporcionada por el trabajo o el uso de recursos disponibles en internet que no implican un coste económico.

El estudio también demuestra que las experiencias profesionales desempeñan un papel importante en el desarrollo de conocimientos financieros avanzados. Trabajar en ocupaciones donde es necesario utilizar habilidades financieras contribuye significativamente al aprendizaje. Esto sugiere que la participación de las mujeres en determinados sectores o posiciones laborales puede influir indirectamente en sus niveles de alfabetización financiera.

Además, el análisis revela que el nivel de ingresos también tiene un efecto relevante. En este sentido, reducir la brecha salarial de género podría contribuir a disminuir la brecha en conocimientos financieros. A medida que aumentan los ingresos, las personas suelen enfrentarse a decisiones financieras más complejas –como planificar el ahorro, invertirlo o gestionar el patrimonio–, lo que a su vez favorece el aprendizaje y el desarrollo de competencias financieras.

La alfabetización financiera no es solo una cuestión de conocimiento individual. Tiene implicaciones directas para la autonomía económica, la toma de decisiones dentro del hogar y la capacidad de afrontar riesgos financieros a lo largo de la vida.

Reducir la brecha de género en este ámbito no consiste únicamente en ofrecer más información, sino en comprender mejor sus razones y qué barreras pueden estar influyendo en ese proceso.

Tradicionalmente, muchas iniciativas de educación financiera han sido diseñadas como programas generales dirigidos a toda la población. Sin embargo, los estudios sugieren que las estrategias de aprendizaje no son iguales para todos. Son necesarios cursos dirigidos específicamente a mujeres en los que se aborden aspectos clave como la confianza, la elaboración de presupuestos, el ahorro y la inversión.

Además, estos programas deberían incluir formación sobre cómo hablar de finanzas en pareja, fomentar la planificación financiera familiar y promover la toma de decisiones económicas de forma conjunta. Visibilizar las desigualdades existentes y generar conciencia sobre ellas nos ayudará a avanzar hacia su eliminación.

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Elisabet Ruiz Dotras es profesora en finanzas en la UOC - Universitat Oberta de Catalunya. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El regulador del sector eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado este viernes una lista de seis compañías eléctricas que van a ser investigadas por su posible implicación en el apagón del 28 de abril del año pasado. Los funcionarios consideran que estas empresas presuntamente fallaron a la hora de cumplir sus obligaciones de controlar y estabilizar la red eléctrica, y la suma de esos errores contribuyó a que aquella mañana se produjese un cero eléctrico en España y Portugal que duró 16 horas.

Las energéticas señaladas son, ordenadas por número de procedimientos incoados: Iberdrola (7), Endesa (7), Naturgy (5), Red Eléctrica (1), Repsol (1) y Bahía Bizkaia Electricidad (1). Dos de los expedientes atribuidos a Endesa e Iberdrola corresponden a una investigación específica sobre las centrales nuclear de Ascó y Vandellós II, en Tarragona.

De esta manera, el regulador pone el ojo sobre las principales compañías energéticas del país, siendo Iberdrola la mayor comercializadora de España, seguida de Endesa, Naturgy y Repsol. En el caso de Red Eléctrica (REE) se trata del operador del sistema.

Salvo Red Eléctrica, a todas las empresas se las acusa "presuntamente" de saltarse el artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, mientras que al operador se le investiga por incumplir presuntamente el artículo 64.25. La infracción del artículo 65.8 se considera "grave" según esa normativa, mientras que la 64.25 se tipifica como "muy grave".

Según esa normativa, una infracción muy grave se pena con multas de entre 6.000.000 y 60.000.000 euros, mientras que una grave se penaliza con entre 600.000 y 6.000.000 de euros. En ambos casos, la ley recoge también la posibilidad de "inhabilitación de actividades del sector eléctrico", "suspensión de las autorizaciones" o "pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones" durante un periodo de hasta un año (en el caso de infracciones graves) o tres años (muy graves),

"La CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", ha publicado el regulador, aunque añade que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". Tampoco garantiza que estas investigaciones resulten en una acusación concreta a estas compañías.

El artículo 65.8, que presuntamente se han saltado cinco de las seis señaladas, es una versión atenuada de otros tres artículos "muy graves" de la ley del sector eléctrico, que se resumen en que las empresas desconectaron sus instalaciones o no cumplieron con los criterios técnicos necesarios. Cuando esos fallos "no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente" pasarán de juzgarse como "muy graves" a "graves", de manera que se sobreentiende que la CNMC no considera que estas compañías, por sí mismas, pusieron en riesgo la garantía del abastecimiento eléctrico aquel día.

En el caso del artículo 64.25, que presuntamente incumplió Red Eléctrica, supone a su vez fallar en cuatro puntos del artículo 30 de esa ley, la que recoge las obligaciones del operador del sistema. Esos cuatro apartados, resumidos, explican que REE debe "programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica (...) de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad", así como "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".

Tanto la investigación oficial del Ministerio de Transición Ecológica como la llevada a cabo por los expertos independientes europeos concluyeron que docenas de instalaciones eléctricas de generación dejaron de operar correctamente en los instantes previos al apagón. Primero, dos plantas del suroeste de España fallaron, dando lugar a fuertes oscilaciones de frecuencia y tensión en la red. El operador de la red, Red Eléctrica, puso entonces en marcha diversas medidas para paliar esos desajustes, que a su vez provocaron un incremento de la tensión progresivo que terminó tirando la red.

Pero no fueron las únicas. A medida que subió la tensión, se comenzaron a desconectar por seguridad plantas solares y eólicas de todo el país, pero lo hicieron cuando los niveles de esta se situaban todavía por debajo de lo que la normativa obliga a soportar. Esta situación  agravó el problema aún más porque se generó un efecto dominó: aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen.

En concreto, la red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. Según el estudio de los investigadores europeos, publicado en marzo, de las 19 subestaciones eléctricas –los nudos a los que se conectan los generadores de una zona– que se estudiaron, solo seis se apagaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se hallaron datos concluyentes.

Las plantas renovables no son las únicas que fallaron ese día. Las plantas térmicas –principalmente las centrales de gas natural– tenían la obligación de controlar la tensión de la red, pero "algunas" de ellas, según el informe europeo, fallaron a la hora de hacerlo, incumpliendo los procesos de operación de Red Eléctrica y contribuyendo al apagón. Esas instalaciones reciben una remuneración millonaria por ese trabajo, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros–.

La lista de eléctricas investigadas por la CNMC se ha publicado en la tarde del viernes, si bien el regulador ya anunció por la mañana que iniciaba estas investigaciones. La razón para no publicar hasta las 18:00 horas es que debían esperar a que cerrase el Ibex-35, donde cotizan algunas de estas compañías. Una medida tomada para evitar un impacto directo en su valor bursátil.

Las subidas del precio del petróleo en los mercados internacionales se traducen inmediatamente en un encarecimiento del combustible en las gasolineras, y la respuesta del sector petrolero es siempre la misma: si sube la materia prima, no hay más remedio que trasladar esa escalada al surtidor. Sin embargo, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania fue un momento dorado para las grandes energéticas, y lo será también la III Guerra del Golfo.

Los primeros datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) apuntan a que los márgenes de refino –la diferencia entre lo que cuesta comprar un barril y los ingresos por vender el combustible en la gasolinera– se dispararon en el mes de marzo hasta casi un récord en 15 años y se triplicaron respecto a febrero.

En concreto, por cada barril de combustible procesado en el mundo, el refinador ganó de media el mes pasado 21,82 dólares, un 220% más que en febrero y un 168% más que la media de 2025. Con datos de los últimos 15 años, solo en junio de 2022 –en plena crisis por la guerra de Ucrania– las refinerías ingresaron más dinero por barril tratado. Esto significa que las petroleras que tienen su negocio integrado –producción, refino y venta– están incrementando el precio del combustible final muy por encima de lo que sería una subida natural por el encarecimiento del crudo.

"Los márgenes de refino repuntaron de forma generalizada en marzo", valora la agencia en su informe publicado este martes. "Sobre el papel, los márgenes medios mensuales en el noroeste de Europa alcanzaron máximos históricos, superando los niveles registrados en 2022 tras la invasión de Ucrania", añaden los técnicos. Aunque la IEA destaca los márgenes de las compañías noreuropeas, las del sur de Europa o las asiáticas también inflaron sus márgenes en marzo.

Si bien es cierto, el estudio también matiza que sus cálculos podrían "sobreestimar la rentabilidad que la mayoría de refinerías podría alcanzar" porque los precios del mercado de futuros (el conocido como petróleo Brent o WTI) están en este momento por debajo de lo que realmente cuesta el crudo en el mercado al contado.

El refinado de petróleo es el gran negocio dentro del sector del crudo porque supone transformar la materia prima en docenas de productos más complejos, como diésel, gasolina y queroseno, y las pocas empresas que tienen capacidad para realizar esta transformación dentro de Europa pueden hacerse de oro en momentos en los que hay escasez de combustibles.

En marzo, los petroestados del Golfo no tuvieron apenas capacidad para exportar petróleo y productos refinados por el cierre del Estrecho de Ormuz, y las compañías con refinerías en Europa tuvieron un gran margen para incrementar los precios ante la escasez de suministro internacional. En España hay ocho refinerías activas de Repsol (cinco), Moeve (dos) y BP (una), y solo Alemania e Italia tienen un número mayor dentro de la Unión Europea. 

La IEA no tiene acceso a cuál es el margen de refino concreto de cada compañía, pero mensualmente elabora una estimación de lo que podrían estar ganando las refinerías de cada región del planeta en función del tipo de crudo que procesen y de la complejidad de cada una de ellas. Según esa tabla, las del Mediterráneo, entre las que se incluyen las españolas, tuvieron en marzo un margen de beneficio entre 10,53 euros y 18,69 euros, entre tres y siete veces más que el mes anterior. En otras zonas del planeta se registraron en marzo márgenes completamente astronómicos, como los 42 dólares por barril de beneficio para los refinadores del sur de Asia.

Enrique Parra, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y exprofesional del mundo del petróleo, explica que los cálculos de la IEA no se pueden tomar a rajatabla, pero que son una aproximación de lo que podrían estar ganando algunas de estas compañías. "En las refinerías españolas podrían estar procesando siete crudos diferentes a la vez, por lo que esas cifras son una simplificación. Lo que ganan en Cartagena o en Castellón solo lo saben ellos, pero está claro que están ganando mucho más que en meses anteriores", valora.

El experto también matiza que en España las petroleras han realizado costosas inversiones en la última década para poder procesar crudos de todos los tipos –más y menos densos, y más y menos ácidos–, lo que les permite comprar petróleo de todas las regiones y procesar los tipos más rentables (los dulces y ligeros), y esa versatilidad permite a las energéticas españolas maximizar ingresos en momentos de escasez de suministro, como la crisis actual. El profesor añade además que ese margen no es un beneficio íntegro para las empresas, sino que hay que restar a esas cifras el coste de mantener la planta y los trabajadores. 

Para saber qué compañías han apretado más esos márgenes para aprovechar la coyuntura habrá que esperar a que las petroleras presenten sus cuentas de resultados del primer trimestre, que llegarán en las próximas dos semanas. La agencia Reuters adelantó este martes que la británica BP incrementó su margen de refino hasta los 16,9 dólares por barril en el primer trimestre, frente a los 15,2 dólares de los tres meses anteriores, un 11% más. La subida es mucho más comedida de lo calculado por la IEA porque es una media del trimestre, y en 2026, hasta la crisis del Estrecho de Ormuz, había una tendencia de caída en picado de los márgenes en el negocio de refinado.

El combustible de aviones, el queroseno, es la prueba de que el coste del combustible sube mucho más allá de lo que lo hace el coste del crudo. Se ha encarecido mucho más rápido que el resto de carburantes –como la gasolina o el diésel– pese a que se fabrica a partir de la misma materia prima y con un proceso similar. El problema es que, como la demanda del queroseno es menos elástica –la gente está dispuesta a viajar en avión aunque el billete sea algo más caro–, el precio de este combustible se ha más que duplicado en comparación con el mes de febrero, mientras que la gasolina en Europa se ha encarecido un 36% desde la primera semana de marzo (sin contar impuestos).

En Francia, el Gobierno se plantea poner en marcha una normativa temporal para limitar la subida del precio de los combustibles para evitar que las petroleras tengan márgenes de beneficio superiores a los de enero y febrero, mientras que la Comisión Europea plantea un impuesto extraordinario para los conocidos como beneficios caídos del cielo.

Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.

Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.

La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.

Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.

Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.

Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.

“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.

Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.

Cuando Carlos Cuerpo salió el martes por la tarde del Senado, muchos parlamentarios socialistas se quedaron comentando su debut como vicepresidente primero en la sesión de control al Gobierno. Hubo conversaciones en los pasillos, en los despachos y en la cafetería de la Cámara Alta. Su intervención también fue seguida con atención por altos cargos y asesores en el Palacio de la Moncloa y en la sede federal en la madrileña calle de Ferraz.

El veredicto fue más que positivo. El tecnócrata de formas educadas y voz templada gusta cada día más entre los socialistas. Ven al PP perdido con él, como reconocen hasta en privado dirigentes populares. Pero no se trata solo de una cuestión interna, sino que varias fuentes socialistas consultadas destacan que tienen un filón con él ante la calle y los ciudadanos.

Detrás del movimiento de Pedro Sánchez para ascender al ministro de Economía a vicepresidente primero hay una estrategia clara para los socialistas: ensanchar el espacio electoral por el centro. Como señala un veterano dirigente del PSOE cercano al presidente del Gobierno:  “Cuerpo entra como un cuchillo en mantequilla en este tipo de votante. Por la izquierda tampoco se puede subir más y ya está Sánchez. Aunque no parezca tan disruptivo como en otras crisis de Gobierno, el presidente ha vuelto a ser inteligente en la estrategia”.

El PSOE, según las últimas tendencias, está recobrando el pulso. En el último sondeo de 40dB., Pedro Sánchez logra incrementar casi un punto y su apoyo crece en un momento de incertidumbre mundial por la situación en Oriente Medio tras el ataque de hace algo más de un mes de EEUU e Israel a Irán. Pero ese incremento de los socialistas se debe principalmente al trasvase de votos desde su izquierda.

Moncloa y Ferraz siguen teniendo un problema esencial con los indecisos y con los abstencionistas. Hay un mantra en política de que gana quien cala finalmente en el votante del centro. En ese sector, Sánchez va por detrás. En la encuesta de 40dB. publicada el lunes se recoge que, del 1 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha), los españoles se sitúan en un 4,9 de media. En ese punto de la tabla, el Partido Popular tiene ahora mismo una intención de voto del 22,5% frente al 16,5% del PSOE.

Hay un factor muy importante de Cuerpo en esta nueva etapa política: es el ministro mejor valorado por los ciudadanos. De hecho, es el único que aprueba, con un 5,27 de media. El nuevo vicepresidente primero, en este sentido, es el que tiene mejor nota entre los votantes del Partido Popular, con un 3,52. Solo le supera la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que los electores del PP le dan un 3,65.

Asimismo, su figura ha caído muy bien entre las federaciones del PSOE, donde dicen que muchas veces el tablero político está demasiado marcado por la polarización que se vive en Madrid. Como indica un líder autonómico: “Es un muy buen perfil para el voto de centro, pero también para los progresistas. Es un dirigente respetado por todos, con credibilidad, gestión, con datos económicos buenos innegables… Cualquiera se puede sentir representado por él. Por supuesto, es muy moderado en las formas, en tiempos de radicalidad del PP, pero con un calado en las medidas enorme, tanto para empresas como para las familias”.

El estilo de Cuerpo es complementario al de Sánchez, como señalan varios dirigentes socialistas. Y manda varias señales. Así lo analiza otro dirigente territorial del partido: “Tiene un perfil técnico, sólido, con argumentos alejados de los eslóganes y del ruido político, y sustentados en datos e información objetiva”. “Un perfil con visión estratégica, alejada del cortoplacismo político y que atrae a muchos electores que apoyan a quienes defienden al país por encima de intereses partidistas”, apostilla.

Ese perfil, en cambio, de Cuerpo choca con Sumar, el ala más izquierdista del Gobierno. Durante los últimos meses han sido conocidos los choques entre el ministro de Economía y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En las últimas semanas ese duelo se ha recrudecido por el registro horario de las empresas. En ese espacio siempre señalan que el hoy vicepresidente primero “es un neoliberal aunque se ponga zapatillas deportivas”.

Cuerpo no tiene carné del PSOE, aunque siempre se ha posicionado a favor de políticas públicas y de defensa del estado del bienestar. Y, además, varios dirigentes socialistas dicen que la historia personal del propio ministro conecta con muchas familias, especialmente del sur de España: su abuelo tuvo que dejar de estudiar cuando tenía nueve años y se puso a trabajar en una mina y sus padres emigraron a Suiza para buscar un futuro mejor. 

“Aunque el PP esté tratando de machacar a Cuerpo con el supuesto infierno fiscal en España, también hay muchos ciudadanos que saben que sin la educación pública no podrían haber hecho una carrera. Además, su imagen de hombre preparado no tiene parangón ahora mismo en el Partido Popular. Lo van a pasar mal los próximos miércoles”, indica una fuente de la dirección socialista.

¿Y por qué cita los miércoles? En el PSOE hay mucha expectación por los duelos que van a tener en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso el vicepresidente primero y la portavoz del PP, Ester Muñoz. Un diputado señala: “Ella salió esta semana diciendo en el Congreso que había estado más tiempo en un atasco que el casco azul español detenido por Israel en el Líbano. Ese es el nivel. Es que ni se puede definir la comparación entre los dos”.

Este martes, coincidiendo con el primer día de la campaña de la renta, el Partido Popular organizó un acto con un título que dejaba claro el tono de la conversación: Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez. El encuentro tuvo lugar un día después de que el recién estrenado vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abordase su primera sesión de control en el Senado apelando a crear un “tono constructivo” y ofreciendo “mano tendida”. A las acusaciones del PP ha respondido en la tarde de este miércoles el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tachando de "demagogia" la posición de los populares y señalando que "ningún dato avala" el "infierno fiscal" que dibuja el PP.

El buen comportamiento de la economía española a nivel macro y una mejora en las cifras de empleo —a pesar de que la precariedad laboral es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)—, movió a los populares a centrar sus ataques al Gobierno en el ámbito de la fiscalidad durante el evento. Es una posición recurrente en el argumentario de la formación azul y que concretó en seis medidas: bajar el IVA de los alimentos básicos hasta el 5%, ajustar el IRPF a la inflación y reducirlo los cuatro primeros años de trabajo en el caso de los jóvenes, quitar el IVA a la vivienda y a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros anuales, bonificar el impuesto de sucesiones en todas las comunidades y crear un modelo fiscal alternativo. Aunque algunos de estos gravámenes, como el impuesto de donaciones, las transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, corresponden a las competencias de las comunidades autónomas. 

Además de desgranar las medidas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió durante la clausura del acto en el mismo mantra de que "la gente paga más y recibe menos" y que "con menos impuestos se puede recaudar más". También tiró de algunos tópicos polémicos, como el que sostiene que la incidencia de la incapacidad temporal se debe a trabajadores "que no quieren trabajar", un argumento que sustentó en el hecho de que el porcentaje de incidencia baja en los autónomos y sube en la media. Evitó referirse, eso sí, a la mejora de los salarios, atacando ese flanco por la parte que se destina a las cotizaciones sociales y sin mencionar a las empresas, y tampoco hizo referencia a la incidencia de la salud mental en las bajas.

Feijóo también deslizó una crítica a la reciente celebración del Gobierno por los datos del mercado laboral: "Presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle", remarcó.

Desde el Ejecutivo, el responsable de Hacienda aludió a las rebajas del IVA acometidas durante la crisis o a la reducción de los gravámenes sobre la energía para defender que en los últimos años ello había supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros. En el cruce de datos, el Gobierno también ha negado que se hayan acometido más de un centenar de subidas de impuestos y ha desmentido que en Europa la presión fiscal sea menor. De hecho, según Eurostat, la media de la Unión Europea en cuanto a carga fiscal se sitúa en el 40,4%, algo más de tres puntos porcentuales por encima de España (37,3% del PIB).

El evento se abrió con una mesa redonda moderada por Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid que fue al grano desde su primera intervención: "Hoy empieza la campaña de la renta y en un par de días todos vamos a tener que pagar más a Hacienda". Albert se refirió a la inflación como un impuesto más y acusó al Gobierno de utilizarla para recaudar al no deflactarlo del IRPF. Esta crítica alude al fenómeno conocido en la jerga económica como progresividad en frío, que es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Esta polémica ha surgido porque recientemente Hacienda descartaba la posibilidad de ajustar la tarifa estatal del IRPF a la inflación y a la progresión de los salarios. Esto implica que, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación.

La mesa la completaron Emilio Froján, propietario de startup de motos eléctricas; Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, un centro de estudios de orientación liberal, y de un programa de EsRadio; Sergio Mateos, emprendedor, joven ganadero y copropietario de una empresa; Anabel Fernández, fundadora y CEO de la consultora Afford Health; y Marina Fernández, que se presentó como "ama de casa" y madre de familia numerosa.

"En el Instituto Juan de Mariana hemos elaborado una herramienta para eliminar, mediante una motosierra digital, normas y regulaciones que son inútiles", afirmó Llamas, quien fuera, hasta 2023, viceconsejero de Economía en Madrid y uno de los asesores de Isabel Díaz Ayuso en esta materia. No es la primera vez que Llamas hace referencia a la economía de la motosierra, que popularizó el presidente de Argentina, Javier Milei, y al cual ha citado como ejemplo a seguir en otras ocasiones. El economista habló de "derogar el sanchismo" y, entre otras cosas, calificó la regulación de vivienda como un ataque a la propiedad privada y la relacionó con la "inseguridad jurídica". "Han atacado como nunca a la propiedad privada", señaló. Albert, por su parte, acusó al Gobierno de utilizar el dinero de los impuestos para "seguir financiando el independentismo" y para mantenerse "un día más en La Moncloa".

En la jornada también se habló de la baja natalidad y de las dificultades de los jóvenes para formar una familia. Rocío Albert pidió a Marina Fernández que aportara ideas sobre "cómo animar a los jóvenes a tener hijos", una experiencia que, según la consejera, "llena más que cualquier cosa en el mundo". La ponente respondió reclamando un mayor "acompañamiento" social en todo lo relacionado con la maternidad y explicó cómo el encarecimiento de la cesta de la compra afecta en su día a día.

En lo que respecta al campo y la agricultura, se puso el acento en los problemas de relevo generacional que afectan al sector primario y en la carga burocrática. "Actualmente tenemos que hacer un cuaderno de campo digital, pero la media de edad de los agricultores en Soria es de 60 años y muchos no tienen la formación para hacer eso", relató Sergio Mateos y pidió "facilitar esos trámites" para aquellas personas que lo requieran.

Feijóo cerró el acto lamentando que, cada vez que su partido reclama bajadas de impuestos, se les "ridiculiza", y volvió a insistir en el mantra del "infierno fiscal", que todo apunta a que se convertirá en el principal ariete contra el recién estrenado vicepresidente primero del Gobierno.