Las tensiones geopolíticas, la carrera por incrementar el gasto en defensa o el desafío demográfico y la sostenibilidad del sistema son cuestiones que están afectando a todos los países europeos. La pasada semana, Ursula von der Leyen lanzó una advertencia a los gobiernos europeos: sin nuevas fuentes de ingresos, habrá recortes. La presidenta de la Comisión Europea señaló que los países debían encontrar nuevas vías para abastecer las arcas comunitarias o, de lo contrario, apuntaba a la posibilidad de reducir partidas de gasto comunitario con recortes de hasta un 40%. El fantasma de la austeridad, los recortes recientes en países como Alemania y el abordaje que se propone desde lo político para algunos de estos desafíos, hacen que se empiecen a contraponer distintos enfoques económicos para atajar estos problemas. Y parece que es en el modelo alemán donde se miran algunas propuestas del Partido Popular.

En España, con las elecciones generales resonando ya en los argumentarios de los partidos, las propuestas empiezan a asomar y este martes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le escapó una muy polémica acerca de reducir el salario de los trabajadores que estén de baja. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quiere que le diga”, señalaba Feijóo en un encuentro con empresarios. “Este asunto tenemos que retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Si no, pues qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”, remataba. La tromba de reacciones no se hizo esperar y tanto el Gobierno como los sindicatos criticaron duramente sus declaraciones.

Pero lo cierto es que, a nivel europeo, Alemania –que ha dado un giro de austeridad en su política reciente– está diseñando ideas similares. El Gobierno de coalición de Friedrich Merz presentó un paquete de reformas para revitalizar la economía que contenía la posibilidad de suspender los certificados de baja laboral emitidos por teléfono y contemplaba introducir bajas parciales, es decir, la posibilidad de que un médico conceda bajas que impliquen trabajar el 75%, el 50% o el 25% del horario laboral. También allí se ha deslizado la idea de que detrás del aumento de las bajas puede haber fraude. “No aceptaremos el drástico aumento de las bajas por enfermedad desde el inicio de la pandemia”, señaló Merz. El discurso de Feijóo sobre el absentismo esta semana apuntaba en la misma dirección y se alineaba con el que desde hace tiempo mantienen las patronales. De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llegó a hablar de “profesionales del absentismo” que, en su opinión, “acumulaban bajas de larga duración”.

Cabe destacar que lo que se considera como absentismo es un cajón de sastre que mezcla cosas distintas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos profesionales. Más allá de la idea que se ha tratado de deslizar sobre el fraude, un problema del que no existen datos, hay factores que explican que España sea uno de los países con peores cifras de la Unión Europea: las listas de espera en la sanidad pública (121 días) y el aumento de la edad media de los trabajadores.

Pero las coincidencias del discurso de Feijóo con el modelo alemán no se limitan a las bajas. El país germano, que aprobó sus presupuestos para 2027 este lunes, ha entrado en una espiral de recortes que va desde cambiar el modelo de pensiones a una mayor austeridad en gasto sanitario. En el ámbito de las pensiones, el Partido Popular ha propuesto varias medidas encaminadas a fomentar planes privados de jubilación o reducciones sobre la cuota de autónomos cuando se cuente con uno de estos productos. Una de las medidas planteaba una reducción de cuotas para los autónomos que tengan más de 42 años y hagan aportaciones a un plan de pensiones privado. Otra idea que también exploraron los populares era incentivar las aportaciones a estos planes con beneficios fiscales. La propuesta de Alemania no es idéntica, pero sí incluye la creación de una pensión privada y obligatoria complementaria a la pública, a la que los trabajadores y las empresas aportarán el 2% de su salario anual. Además, Berlín ha ido más allá y ha planteado un aumento en la edad de jubilación que a partir de 2027 será de 67 años y se vinculará a la esperanza de vida, pudiendo llegar hasta los 70 años en lo sucesivo.

La "sintonía" entre Feijóo y Mertz es algo que el propio partido ha puesto en valor. "Ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional", señala una nota de prensa publicada en septiembre del año pasado con motivo de una reunión entre ambos políticos.

La polémica generada por las declaraciones de Feijóo ha servido a la izquierda para atacar a la agrupación popular, señalando que su hipotética victoria en unas elecciones conllevaría políticas más austeras. El presidente del Gobierno hacía referencia a ello en sus redes sociales, señalando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". Otros miembros del PP trataban de salir al paso de las declaraciones, matizando que Feijóo no había "dicho nada de recortes" o que simplemente se refería a quienes cometían fraude (algo de lo que no hay datos contrastables, ya que la certificación la emite un médico). También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atacaba las declaraciones en los mismos términos: "Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno", escribía en Bluesky.

El país germano enfrenta una situación económica delicada. Las repercusiones de la guerra de Irán, el aumento en los precios de la energía y un crecimiento estimado para este año de apenas un 0,5% están lastrando a la principal economía de la Unión Europea. Si a ello se suma el compromiso de avanzar en defensa y las inversiones que esto conlleva, la situación adquiere un cariz aún más complejo.

El gasto militar ha sido una de las piedras angulares sobre las que se ha diseñado su proyecto de presupuestos. De hecho, el Ministerio de Defensa aumentará su atribución en un 27,9% con respecto al año anterior y la deuda contraída en este ámbito representa actualmente el 50% del total. En 2027, el presupuesto estimado para el rearme ascenderá a 109.700 millones. Para ponerlo en contexto, España gastó en 2025 alrededor de 33.000 millones.

Las razones detrás de la política económica alemana, señaló su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, son diseñar un modelo que no se vea tan afectado por las sucesivas crisis internacionales y mejorar la defensa frente a las amenazas de Rusia. "Damos tumbos de una crisis a otra", lamentó el ministro germano en la presentación de su proyecto de presupuestos.

La industria electrointensiva lleva años denunciando la paradoja que vive España con los precios de la luz. Por una parte, el país produce una energía mucho más barata y limpia que la mayoría de sus vecinos europeos. Sin embargo, a final de mes, la factura que pagan estos fabricantes es mayor que la de la competencia porque soporta costes extra y más impuestos, al mismo tiempo que recibe menos ayudas.

Fabricantes de metales, de vidrio o de gases industriales, algunos de los sectores con mayor consumo eléctrico en España, han pagado de media en 2026, hasta junio, un 8% más por la luz que sus rivales alemanes, según calcula la consultora británica Aurora Energy Research. La brecha es todavía mayor con Francia, donde el recibo ha sido un 49% más barato para estas fábricas. En concreto, un consumidor electrointensivo español ha pagado en la primera mitad del año de media 72 euros/MWh por la luz, frente a 66 euros/MWh en Alemania o 37 euros/MWh en Francia.

El producto base, la electricidad, tiene un precio relativamente asequible en España, pero la clave está en que a ese coste hay que sumarle otros extra que terminan rompiendo la balanza, como resumió en una presentación celebrada este jueves Maria Pérez-Tabernero, analista de Aurora. "Aunque el coste medio de la luz no es tan alto en España, perdemos competitividad al añadir todos los componentes al recibo. O dicho de otra manera, hay un desacoplamiento entre el precio de la luz y el precio final que pagan los electrointensivos", afirmó.

Por una parte, España incorpora sobre el precio de la luz el coste de las restricciones técnicas del sistema, las medidas que cada día ejecuta el operador del sistema, Red Eléctrica, para mantener estable la tensión. La inestabilidad creciente de la red eléctrica en los últimos años –siendo el apagón de abril de 2025 el máximo exponente– ha encarecido drásticamente este servicio, hasta llegar a suponer el año pasado un 16,1% del precio base de la luz. También hay que sumar los peajes y cargos de la red, que son excepcionalmente altos en España por el histórico déficit de tarifa que arrastra el país y por los pagos a las primeras renovables acogidas al programa Recore.

La suma de los servicios de ajuste, los peajes, los cargos y el impuesto especial sobre la electricidad añade 28 euros/MWh al coste de la factura de la luz para las empresas electrointensivas españolas. Los datos no están totalmente actualizados porque en marzo el Gobierno rebajó un 80% los peajes a los electrointensivos para compensar el pico en los precios de la luz por la guerra de Ucrania, pero incluso con esa reducción, la diferencia con los principales socios europeos sigue siendo notable. En Alemania solo pagan por estos conceptos 4 euros/MWh y en Francia, 2 euros/MWh. Es aquí donde comienza el desequilibrio.

Pero además hay que sumar que la industria de los gigantes europeos disfruta de un mecanismo de ayuda en la factura mucho más cuantioso que en España. La Comisión Europea permite a los estados miembros utilizar una parte de sus ingresos por el mercado de emisiones de CO2 –el conocido como sistema ETS– para apoyar a sus fábricas electrointensivas a pagar el recibo de la luz. Como el ETS encarece la electricidad y penaliza a la industria, parte del dinero recaudado por esa vía se destina a subvencionar a esas empresas y evitar que sectores susceptibles de mudarse a terceros países, como las fábricas de azulejos, abandonen la Unión Europea.

El problema es que España, según se observa en los cálculos de Aurora, destina menos recursos que sus competidores europeos a estas compensaciones. Al fin y al cabo, ese fondo nacional del mercado de emisiones es limitado, y se utiliza también financia programas de eficiencia energética en oficinas y fábricas, instalación de paneles solares en zonas rurales o sustitución de calderas contaminantes, entre otras actuaciones.

Alemania ha dedicado este año, hasta junio, parte de este fondo nacional proveniente del ETS para descontar 39 euros/MWh en la factura a su industria electrointensiva, y Francia lo ha hecho con 27 euros/MWh, mientras que España ha rebajado 18 euros/MWh a sus fabricantes, rompiendo definitivamente la balanza.

La patronal reclama cambios

El cálculo de la consultora para este semestre coincide con las cifras que da la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), formada por fabricantes electrointensivos españoles, que lleva años pidiendo equiparar costes con otros países del entorno. Este paso, argumentan, es imprescindible para que despegue la industria y aumente el consumo de luz en la península, que lleva seis años cayendo a un ritmo del -0,6%. 

"En otros países tienen una factura mucho más competitiva", se queja Pedro González, director general de AEGE. "El precio de la luz en Francia es similar al nuestro, pero como se ahorran los servicios de ajuste y tienen compensaciones por las emisiones, la diferencia de competitividad es brutal. Y por el lado de Alemania, teniendo la luz un 50% más cara, terminan pagando menos que aquí", subraya el portavoz.

Su propuesta es que el Gobierno lleve al máximo las compensaciones de factura que permite el sistema de emisiones ETS, que en este momento supone en España dos tercios de la compensación máxima permitida, con unos 600 millones de euros en 2026. También propone suprimir cuanto antes el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que originalmente era del 7%, una medida que el Gobierno ya confirmó a finales de junio que está en marcha, con una rebaja temporal hasta el 5% que se irá incrementando progresivamente hasta su desaparición definitiva en 2028. Por último, el director de la patronal solicita una reforma completa de los peajes de la electricidad, aunque esta exigencia parece completamente descartada por ahora.

España ha pasado a ser este año el destino número uno del gas ruso que llega a Europa en barcos metaneros. Su gran capacidad del almacenamiento en puerto y unos precios atractivos han provocado un fuerte repunte de las descargas cuando apenas quedan seis meses para que se prohíba en la Unión Europea toda compra de gas natural proveniente de Rusia, una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. 

Mientras Francia ha reducido drásticamente sus compras de combustible a empresas ligadas a Moscú frente a 2025 y ha perdido así su tradicional liderazgo, España ha incrementado todavía más estas importaciones hasta situarse en el primer puesto del continente. 

Según un informe publicado hace una semana por ACER, la agrupación de reguladores energéticos europeos, entre enero y abril de 2026 España recibió de Rusia 23,2 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado (GNL), que llega en forma líquida transportado en metaneros y tiene que regasificarse al llegar a puerto. Se trata de un 32% más que en las mismas fechas del año anterior.

En los siguientes puestos se situaron Bélgica (18,6 TWh), Francia (18,5 TWh), Países Bajos (7,7 TWh) y Portugal (1,1 TWh). En el mismo cuatrimestre de 2025, España ocupó el segundo puesto porque Francia compró a Rusia 38,5 TWh de gas, pero en un año ha recortado la cifra a la mitad. Sin embargo, en volumen absoluto importado, Hungría superó a España en ese periodo porque adquirió a Rusia 24,7 TWh de gas por tubería. En conjunto, la Unión Europea importó entre enero y abril de 2026 un 11% más de GNL de Rusia que en 2025, lo que representa el 12% de sus compras totales, solo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras de Enagás, el operador de la red gasista española, llevan meses mostrando la creciente llegada de gas ruso a España. En marzo se registró un récord histórico de 9,8 TWh, rozando las importaciones de Estados Unidos y de Argelia, los proveedores principales de la península ibérica. Este pico llegó semanas después del inicio de la guerra en Irán, con los precios del gas disparados en el mercado europeo y en medio de una disputa global por asegurarse el abastecimiento.

Expertos europeos que monitorizan este comercio opinan que este giro es inaceptable porque supone incrementar la financiación de la campaña rusa en Ucrania, ya que el Kremlin ingresa ingentes cantidades de dinero a través de los impuestos que cobra sobre las ventas de combustibles. 

"Resulta escandaloso que algunos países de la UE sigan aumentando sus compras de gas ruso a pesar de que el bloque se ha comprometido a poner fin a su dependencia. Si la UE se toma en serio sus compromisos, debería poner fin a estas importaciones lo antes posible, en lugar de esperar hasta el último momento", opina Isaac Levi, portavoz del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), una organización que monitoriza desde 2022 los beneficios de Rusia por la venta de gas y crudo. Según sus cálculos, Europa ya ha pagado por gas a Rusia este año más de 8.000 millones de euros.

Ignacio Urbasos, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, señala que la causa principal de este incremento en la importación es el ligero encarecimiento del gas natural en el mercado ibérico frente a países como Francia o Países Bajos, lo que hace más atractivo para los traders internacionales –el nombre que reciben las compañías de compraventa de combustible– llevar el combustible que compran a Rusia hasta España y venderlo ahí.

"Cuando el gas es más caro en la península, llega más combustible ruso por una cuestión oportunista. El beneficio que obtienen aquí los intermediarios es mayor que si lo venden en otros puertos europeos", afirma el experto. La diferencia de precio sigue vigente este mismo miércoles, cuando el gas natural PVB (el del mercado ibérico) vendido para el día siguiente costaba 48,97 euros/MWh, mientras que el PEG (Francia) cotizaba a 47,70 euros/MWh y el TTF (Países Bajos) a 48,10 euros/MWh. La diferencia es pequeña, pero a esa escala comercial supone un factor clave.

La importación de gas no implica que sea consumido en España ni que sea adquirido para consumo interno, recalca el informe de ACER. Como la península ibérica es la región con más plantas regasificadoras de Europa (siete de España y una de Portugal), es habitual que se utilice como puerta de entrada para el GNL, para luego exportarlo por tubería a otros países de la región. De hecho, los últimos datos de Enagás, el gestor de la red gasista, calcula que entre enero y mayo la demanda española de gas creció entre enero y mayo un 1,7% respecto a 2025, un porcentaje mucho menor que el repunte de descargas.

Al mismo tiempo, España es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de GNL del continente, con 23.300 GWh, un tercio del total de los Veintisiete, de manera que esos tanques ubicados en puertos se utilizan a menudo como almacenes temporales para después inyectar el combustible en otros metaneros y que su viaje continúe por el mundo. Alrededor del 12% del gas que pasa por España se consume en el extranjero. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica opinan que esta es precisamente la causa de que se disparasen las compras en invierno y primavera. "El aumento de descargas en España responde a una reasignación logística temporal dentro de la UE por la necesidad de los traders internacionales de almacenar el GNL que no puede absorber la demanda de la UE y que tampoco pueden desviar a otros destinos", señalan fuentes de esta cartera.

En todo caso, España está comprometida con cesar todas las importaciones antes del 1 de enero de 2027. En marzo, Transición Ecológica envió a Bruselas su plan de diversificación de suministro gasista, como el resto de socios europeos, pero el documento es confidencial. En todo caso, será la principal gasista de España, Naturgy, la que tendrá que gestionar la ruptura de esta relación, ya que importa cada año de este país 3.000 millones de metros cúbicos de GNL, aunque no es la única compañía que lo hace.

Aunque los datos de ACER solo abarcan de enero a abril, España volvió a importar en mayo desde Rusia una gran cantidad de GNL ruso, por lo que ese pico comercial que se observa en las cifras del primer cuatrimestre no fue puntual. Según Enagás, en mayo se importaron de Rusia 8,72 TWh de gas licuado, el 27,8% del total ese mes, superando incluso las compras a Estados Unidos y solo por detrás de Argelia.

Las cifras recogidas por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un centro estadounidense, evidencian además que ese combustible de Rusia está entrando, como es habitual, por el puerto de Bilbao, la regasificadora más cercana al norte de Europa. Durante el primer semestre de 2026, el ratio de utilización de esta planta alcanzó el 79%, mientras que un año antes era del 66%. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del IEEFA, considera normal este repunte temporal de las descargas de gas ruso, ya que siempre que se restringe alguna ruta comercial, los meses anteriores todo el que puede aprovecha para comprar hasta el último día. "Ya pasó cuando se cerró el paso de gas por la tubería de Ucrania. Que en los meses anteriores se registró un pico. Mientras sea legal, seguirán haciéndolo", resume.

Se espera además que el comercio de GNL se dispare en Europa en los próximos cuatro meses, ya que los almacenes de gas natural se encuentran excepcionalmente bajos, rozando el mínimo histórico de los últimos cinco años. Otro informe publicado este martes, también por ACER, advierte de que llegar al 90% de llenado para el 1 de noviembre, de cara al invierno, requerirá recargas adicionales frente a otros años. Esas compras previsiblemente serán más caras que el año pasado por impacto del conflicto de Irán en los precios de la energía.

A finales de enero de 2026, los socios europeos aprobaron definitivamente que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibida cualquier importación de GNL ruso, incluso el que solo haga escala en un puerto europeo para acabar fuera de la UE. Para evitar disrupciones profundas en países del este del continente, el gas por tubería podrá seguir fluyendo desde Rusia hasta el 30 de septiembre de 2027.

Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en la agenda laboral de la patronal uno de sus principales ejes de oposición al Gobierno. El último ejemplo llegó este martes, cuando el conservador calificó el absentismo laboral como un “cáncer” y defendió que los trabajadores de baja cobren menos, incluso si para ello debe reformar la normativa “con o sin acuerdo” con sindicatos y empresarios. La ofensiva no surge del vacío: la CEOE venía elevando desde hace meses el tono contra el coste de las bajas y reclamando más papel para las mutuas, menor carga para las empresas y medidas urgentes contra la incapacidad temporal.

Feijóo hizo esas declaraciones en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao para tratar de atraer a las élites económicas tras su reciente visita al Cercle d’Economia el pasado junio, aunque luego desde Génova se vieron obligados a reconocer que no habían “sido capaces de explicarlo bien” y a aclarar que únicamente se refieren a “casos de fraude”. Con todo, lo cierto que Feijóo no hizo más que replicar la tesis de Antonio Garamendi, presidente de la patronal, quien lleva meses señalando el absentismo como “el gran drama de España” y remarcando que “1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días”. Lo que omite en su discurso es que la mayoría de esas ausencias se producen como consecuencia de bajas médicas acreditadas (el 80%, según Randstad) o porque los trabajadores estén disfrutando de un permiso retribuido, como puede ser el de paternidad y maternidad, una mudanza o el cuidado de un menor.

De esta manera, el líder de la oposición busca congraciarse con el empresariado español tras la convulsa etapa anterior. El apoyo de la patronal a la reforma laboral deterioró las relaciones entre la CEOE y el PP, contrario al acuerdo pese a asegurar que en realidad no modificaba nada sustancial de la normativa que había puesto en marcha Mariano Rajoy diez años antes. Entonces Pablo Casado estaba al frente del partido y defendió votar ‘no’ con la esperanza de que el Gobierno cosechase una derrota en el Congreso —el Ejecutivo no contaba para esta iniciativa con el apoyo de ERC ni Bildu— y provocar así una crisis en el Ejecutivo de consecuencias impredecibles. La paradoja fue que, cuando se votó aquella reforma en el Congreso en febrero de 2022, salió adelante por la mínima y gracias al error de un diputado del PP.  

Feijóo, como es habitual en él, no concretó en ese foro en Bilbao qué cambios quiere introducir en la normativa laboral en el supuesto de que llegue a formar gobierno después de las generales. Los empresarios también están planteando, entre otras cuestiones, una reducción de las cotizaciones sociales, lo que afectaría a las futuras pensiones. Y, por supuesto, una mayor flexibilidad en la legislación para adaptar los horarios laborales, implementar modalidades de trabajo a la carta, facilitar la contratación a tiempo parcial y promover la movilidad funcional y geográfica de los empleados. También defienden una simplificación de la normativa laboral, la armonización de las regulaciones territoriales y la reducción de los costes asociados al despido.

El movimiento de Feijóo encaja en una pauta más amplia. En los últimos años, el PP ha terminado colocándose en el mismo lado que CEOE y Cepyme en casi todos los grandes debates laborales impulsados por el Ministerio de Trabajo liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, entre ellos la reducción de la jornada, la subida del salario mínimo, el refuerzo del registro horario, la ampliación de permisos retribuidos y la reforma del despido improcedente, entre otras cuestiones.

El caso más evidente fue la reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. CEOE y Cepyme rechazaron la medida por los “graves perjuicios” que, a su juicio, ocasionaría al tejido empresarial, la economía y el empleo. El PP trató de abrir el debate en un primer momento pero después votó en el Congreso para tumbar el proyecto de ley mediante enmiendas a la totalidad junto a Vox y Junts. Tras la votación, las patronales agradecieron el rechazo parlamentario y llamaron a devolver la materia a la negociación colectiva. La única contrapropuesta del PP en ese sentido fue “un banco de horas" tras el rechazo explícito de figuras como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La posición del PP no fue solo un voto en contra. El partido justificó su rechazo con argumentos muy próximos a los empresariales:, la baja productividad, el absentismo, el impacto sobre las pymes y la necesidad de pactar sector por sector antes que imponer una norma general. Tras el portazo de la patronal a su “banco de horas”, los conservadores anunciaron que apostaban por medidas dedicadas a las empresas como la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" o beneficios a las empresas a la hora de conceder contratos públicos para las que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de la ley. 

Otro frente recurrente en el que el PP se ha alineado con la patronal es el salario mínimo interprofesional. Los empresarios han rechazado varias subidas aprobadas por el Gobierno y han acusado al Ejecutivo de actuar con arbitrariedad o sin criterios técnicos. Para 2026, CEOE y Cepyme propusieron una subida hasta el 1,5%, muy por debajo de las reclamaciones sindicales. El PP, por su parte, rechazó apoyar la propuesta de Yolanda Díaz si no había acuerdo entre patronal y sindicatos, convirtiendo el aval empresarial en condición política. “El incremento indiscriminado del SMI, lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno”, planteó el líder de la oposición en junio del pasado año.

El registro horario digital ofrece otro ejemplo. Tras el bloqueo de la reducción de jornada, Trabajo mantuvo su intención de reforzar el control horario. La CEOE avisó de que llevaría el nuevo registro a los tribunales al considerar que vulnera principios legales y dispara costes empresariales. El PP ya había contribuido a tumbar la ley que incluía ese refuerzo, y el debate posterior volvió a incidir en ello. Por una parte, el Gobierno y los sindicatos defendiendo más control sobre las horas extra y, por otra, la patronal y la derecha denunciando las costosas cargas para las empresas.

Otra de las cuestiones claves para la patronal tiene que ver con el despido improcedente. El Consejo de Europa volvió a pedir a España en junio que reforme su indemnización por despido porque considera que la regulación actual vulnera la Carta Social Europea. Trabajo abrió una mesa para abordar la reforma, pero la CEOE se levantó de la negociación y defendió mantener el esquema actual tras el fallo del Tribunal Supremo contrario a incrementar indemnizaciones por vía judicial. En el Congreso, una proposición no de ley de Sumar para reformar el despido salió adelante por un error de voto del PP, pero contó con el rechazo de los conservadores.

La ampliación del permiso por fallecimiento de familiar hasta diez días también separó a Trabajo y sindicatos de CEOE y Cepyme. La patronal rechazó la iniciativa por su coste para las empresas y el acuerdo acabó cerrándose sin su apoyo. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, calificó la medida como una “cortina de humo” y una “tomadura de pelo”, aunque evitó entrar en el fondo de la cuestión para arremeter contra el Gobierno.

Las demandas laborales no son las únicas en las que el PP coincide con la CEOE. Tras su llegada a la presidencia del partido, Feijóo colocó la rebaja fiscal en el centro de su oposición. En 2022, tras reunirse con Garamendi, dijo que PP y CEOE compartían la preocupación por la inflación y defendían bajar impuestos. Garamendi venía reclamando menos presión fiscal, bajar el Impuesto de Sociedades y el IRPF, eliminar el de patrimonio y evitar nuevos tributos a la banca, las energéticas o las grandes fortunas, una postura en la que coinciden con las demandas del PP.

En clave fiscal, el PP también votó en contra de los nuevos gravámenes a la banca y las energéticas —pese a su amplio margen de beneficios—  por su impacto sobre la inversión y seguridad jurídica, en palabras de sus portavoces, y a lo largo de la legislatura ha mantenido una ofensiva contra el impuesto sobre el patrimonio y las grandes fortunas, especialmente desde las comunidades autónomas gobernadas por la formación conservadora. 

A esto se le suma la oposición de la patronal inmobiliaria sobre la limitación de precios. Su postura es que este tipo de medidas reduce la oferta y sube los alquileres, un argumento que también defiende el PP. Feijóo rechazó la ley de vivienda por “intervencionista” y el PP impulsó en el Congreso una iniciativa para derogar la norma alegando inseguridad jurídica, caída de oferta y aumento de ocupación. Ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha decretado las zonas tensionadas que permitirían el control de precios.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cimentó su prestigio político sobre la ética, en ningún caso sobre la socialdemocracia. Las políticas económicas de sus dos Gobiernos se construyeron sobre la base de un neoliberalismo incomprensible e injustificable en una formación de izquierdas. Lejos de representar dos modelos económicos opuestos, Felipe González y Aznar aplicaron políticas económicas propias de la derecha estadounidense, encaminadas a transferir activos públicos estratégicos a un puñado de grandes bancos, corporaciones eléctricas, constructoras y grandes inversores. Zapatero no cuestionó nada de eso; al contrario, lo asumió plenamente e incluso nombró ministros que habían formado parte de los Gobiernos de Felipe González, que continuaron operando con las mismas lógicas neoliberales. Si bien durante sus dos mandatos se produjeron avances sociales como la ley contra la violencia de género, la ley antitabaco y la ley de matrimonio homosexual, en cuanto la situación económica se deterioró, Zapatero hizo honor a la trayectoria neoliberal del PSOE, optando por hacer recaer el peso de la crisis financiera de 2008 sobre la ciudadanía y no sobre los bancos que la habían causado.

Con el fin de cumplir las exigencias de los mercados financieros y bajo la presión directa de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, Zapatero recortó en un 5% el salario de los funcionarios, congeló las pensiones, aprobó la reforma que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, redujo en 6.045 millones de euros la inversión pública, eliminó el cheque-bebé, recortó en 600 millones de euros la ayuda al desarrollo, abarató el despido, permitió que se incumplieran parcialmente los convenios y algunas obligaciones salariales de las empresas y reformó el artículo 135 de la Constitución sin referéndum y por el procedimiento de urgencia con el fin de dar prioridad al pago de la deuda pública (en manos de tenedores privados) antes que a la inversión social. Zapatero compartió con González y Aznar los fundamentos económicos del consenso neoliberal, de manera que nunca podremos verlo como un socialdemócrata. Zapatero solo puede ser esa pretendida “referencia ética de la izquierda” para aquellos que desconocen o deliberadamente ignoran la historia reciente de España.

El sistema mediático, académico y político nos dice que Zapatero fue un socialdemócrata. Todo esto tiene que ver con el desplazamiento de la línea ideológica hacia la derecha con el fin de que percibamos a formaciones como el PSOE, que defienden y practican políticas económicas de derecha, como si fueran partidos de izquierda, y a formaciones socialdemócratas como Esquerra Republicana de Catalunya, Sumar o Más Madrid como si fuesen peligrosísimos partidos comunistas cuya gestión destruirá la economía y acabará con las libertades. Esto es resultado de décadas de hegemonía cultural y mediática de una derecha que solo admite izquierdas domesticadas incapaces de corregir las injusticias sociales y la desigualdad.

Punto y aparte es la relación de Zapatero con la autocracia de Venezuela. Resulta más que difícil explicar que los mismos criterios sobre autoritarismo y vulneración de los derechos humanos que sirven para condenar históricamente y sin ambigüedad el franquismo (ausencia de tribunales justos y de libertad de expresión, partido único, encarcelamiento, tortura o asesinato de disidentes políticos, muerte civil de opositores al régimen, culto a la personalidad del líder, etcétera), se ignoren para continuar exculpando al castrismo, al régimen de Nicaragua o a la actual Venezuela. Hay una parte de la izquierda que defiende un estándar ético intransigente con los fascismos del pasado siglo, mientras se niega de manera sistemática a condenar las violaciones de los derechos humanos que se producen en estos países.

Causa una indignación sin límite escuchar a un expresidente de una democracia plena como España presumir de ser amigo de alguien con el perfil político de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. Zapatero tal vez no llegue a imaginar que, durante las muchas noches que ha pernoctado en Caracas en los últimos años, a escasos kilómetros, en el centro de El Helicoide (la prisión más temida del régimen) se torturaba a presos políticos, tal como han denunciado organizaciones de defensa de los derechos humanos como Foro Penal, PROVEA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mencionar ese aprecio sincero por quienes, en definitiva, son los máximos responsables de esas torturas y hacerlo con esa solemnidad y convicción tan propias del personaje es motivo más que suficiente para que dejemos de verle como una referencia ética, especialmente quienes aspiramos a mantener un mínimo de coherencia moral y política.

Otro tanto podemos decir del silencio de Zapatero sobre el fraude electoral en Venezuela en 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro ganador sin mostrar las actas de las mesas, requisito imprescindible para acreditar cualquier resultado. La represión posterior se saldó con al menos 12 muertos. Que alguien con un conocimiento tan profundo de la realidad venezolana se muestre incapaz de condenar algo tan grave como el robo de unas elecciones supone una complicidad con una autocracia corrupta que deslegitima su papel de mediador.

En la misma línea, no puedo dejar de señalar la anomalía de que un presidente del Gobierno acepte unas joyas sin cuestionar su procedencia y sin cederlas a Patrimonio Nacional (tal como obligaba la normativa), y que se nos dé la peregrina excusa de que en 2007 los estándares morales eran diferentes a los de 2026, como si la ética y la transparencia fuesen atributos del Estado de derecho solo presentes en nuestros días. Zapatero eludió el Código de Buen Gobierno que él, y no otro presidente posterior, había aprobado en 2005. No es admisible que la Policía Nacional encuentre en su despacho joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros sin respaldo documental. Las democracias no sucumben únicamente ante aquellos que quieren imponer proyectos totalitarios, sino ante quienes, investidos de una supuesta autoridad moral, convierten la ley en una obligación para todos menos para ellos mismos.

---------------------

Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Ese calificativo lo conocí viendo hace unos mil años Gru, mi villano favorito, o como se llamara la primera de la saga de los minions, esos graciosos caracteres cuya misión en la vida es la de obedecer y contribuir a los propósitos de un líder o lideresa, cuanto más perversos, mejor.

Dr. Nefario es como nuestro Dr. Bacterio. Me encantó el nombre porque hasta entonces no lo había oído o leído, al menos en castellano. Del latín nefarius, es un adjetivo que como primera acepción la RAE asocia a “sumamente malvado”.

Siento que vivimos en tiempos nefarios. No digo que sean los peores de la historia de la Humanidad. Sí digo que los siento innecesaria y exageradamente hostiles y violentos. A todos los niveles y en todas partes. Claro que coincide con una agotadora etapa en la que todo está escorado a estribor y en la que las asimetrías (las preexistentes y las nuevas) son cada vez más abismales. O seré yo, que lo veo todo torcido. O que creo entender por qué lo está y cómo podría enderezarse. No sé el motivo concreto de esta desazón que ya he compartido antes en estas Tribunas.

Sí noto qué “cosas” la despiertan cuando está distraída (no preocuparse, no me resulta incapacitante sino todo lo contrario, me despoja de la pereza y me moviliza). Cosas como la política nefaria de la que hemos sido testigos estos días pasados, sustentada en no sé qué motivaciones, que condena a nuestros hijos e hijas, escolares, a cocerse vivas en sus aulas.

Hace escasos días acabó el curso escolar 2025-26, e iniciará el próximo en septiembre con otra vuelta al cole con mucho más calor de “lo normal” a unos equipamientos públicos carentes de las más básicas medidas de climatización en la comunidad autónoma más próspera, donde reside la capital del Reino en un ya bastante avanzado siglo XXI. Yo fui a principios de los 90 del siglo XX a un instituto público en València que está hoy tal como estaba entonces: sin sombras y espacios frescos en los grises patios asfaltados y sin climatización en el interior, exactamente como manifiesta el profesorado allí movilizado por este y otros muchos motivos. Mis hijos van, unos treinta años después de aquello, a un instituto público en Madrid que da penita verlo: imagen de la precariedad institucionalizada de los equipamientos escolares públicos.

Centros escolares que están climáticamente infraadaptados y digitalmente hiperequipados. Con pantallas digitales en todas las aulas, ordenadores personales, tabletas, wifi, Kahoot, aulas virtuales, pdfs, correos electrónicos, etc. Todo estupendo y fenomenal. Muchos recursos públicos invertidos en afrontar una transición digital que nadie discute, porque vivimos conscientemente en ella.

Sin embargo, a la transición climática, a adaptar los equipamientos y los espacios públicos a la situación de emergencia climática que, a pesar de la aplastante evidencia, muchas sí cuestionan, “ni un duro”.

Si ya hay uno, o a lo sumo dos, ventiladores por aula –en muchos centros financiados por las familias organizadas en AFA y AMPA–, folios suficientes para fabricar abanicos personalizados y persianas en las ventanas para estudiar en penumbra, para qué quieren toldos y soluciones de confort climático, de esas de las que disponemos en nuestros centros de trabajo y que procuramos y desde luego aspiramos a tener en nuestros hogares. Qué es eso de que los patios de las escuelas, coles e institutos públicos dispongan de zonas de sombra, de fuentes de agua, de árboles o plantas… Qué es eso de demandar comodidades excesivas que nuestros hijos e hijas –“que no son de mantequilla” no merecen disfrutar. Qué es eso de querer mitigar los efectos del calor sofocante si señores que legislan desde espacios perfectamente aclimatados nos explican a cientos de miles de familias que el calor extremo no solo curte, inspira y hace fuerte a la infancia, sino que "siempre ha hecho calor". Que necesitar y querer estar fresquito es woke.  

Cuando además “cruzas” la prevalencia de la ausencia de confort térmico en los centros escolares públicos con la prevalencia de la pobreza infantil, que entre otras variables se caracteriza por una ausencia de confort térmico en hogares vulnerables, estamos condenando entre todas y todos, a través de las decisiones de quienes administran los recursos públicos, a muchos niños y niñas, durante toda su larga etapa escolar, a estar institucionalizados en espacios no adaptados a las altas temperaturas, que provocan riesgo de sufrir golpes de calor, obviando en esta tribuna otras inversiones imprescindibles para garantizar, por ejemplo, la accesibilidad universal, que también brilla por su ausencia.

Los centros escolares públicos tienen que ser los espacios más apetecibles, saludables y cómodos de todos los equipamientos públicos. Que no se destinen recursos de nuestros impuestos a este propósito, y sin embargo se destinen a, qué sé yo, que estas mismas niñas y niños puedan ir gratis a los toros porque para esa barbaridad sí se ha decidido destinar dinero, es nefario. Que personas adultas con tanta responsabilidad y exposición pública desprecien y hagan burla, con redoble de ironía y sarcasmo, del sufrimiento de cientos de miles de menores escolares sofocados por su inacción directa, es nefario. Rechazar una Iniciativa Legislativa Popular autonómica respaldada hace exactamente un año por más de 72.000 firmas es política nefaria.     

Hace unas semanas sufrí un golpe de calor. Ojo con esto, que son palabras mayores y nos puede pasar a cualquiera si no estamos alerta y no ejercemos un autocuidado consciente. Y ojo especialmente si tenemos el termostato un poco averiado, como me pasa a mí y a muchísimas mujeres con una menopausia desbocada que provoca sus propias olas de calor internas e intensas, unos sofocos que no se los deseo yo a nadie. Como tampoco le deseo a nadie, y mucho menos a nuestros niños y jóvenes, ni a nuestros mayores institucionalizados en residencias, tener que habitar, porque están obligados a ello, en un espacio público innecesariamente abrasador y hostil.

____________________

Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Más de 70 países en todo el mundo, desde Francia a China, pasando por Australia o Brasil, han gastado miles de millones de euros de dinero público para suavizar el impacto de la crisis energética. Ya pasó en Europa tras la invasión de Ucrania y la escasez de gas natural, pero ahora el shock es global y líderes de todos los rincones han recurrido a esta medida fácil y rápida, pero muy controvertida entre los economistas. Reducir artificialmente el precio del combustible es muy caro, incentiva su consumo en tiempos de escasez, ayuda más a las rentas altas que a las bajas y desincentiva que ciudadanos y empresas apuesten por el autoconsumo solar o el ahorro energético.

España es, de hecho, el país de la Unión Europea que más ha gastado en subsidiar la energía para evitar que esa subida de precios se traslade al resto de la economía. El Gobierno ha destinado desde marzo 4.747 millones de euros a rebajar el IVA en las gasolineras, la luz y el recibo del gas, así como a abaratar 20 céntimos el combustible profesional. Según una comparativa europea del think tank Bruegel, el segundo país que más dinero ha dedicado es Alemania, con 1.600 millones de euros.

No todas esas rebajas siguen disponibles en España. En el caso de la electricidad y el gas, el IVA ya ha vuelto a la normalidad, pero continuarán recortados hasta el 30 de junio el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como el IVA de las gasolineras y el impuesto sobre hidrocarburos.

Parchear la situación a base de dinero público es el recurso rápido y fácil para una crisis así, pero que conlleva muchos problemas de fondo, opina Diego Rodríguez, investigador de Fedea y doctor en Economía. "Tiene sentido que la hayan activado durante solo tres meses, pero no cumple el criterio que propondría cualquier economista: que se destine a los consumidores vulnerables".

Como la ayuda no hace distinción por renta, llega a todos los bolsillos, pese a que son las rentas bajas las que realmente dependen de esta subvención para poder seguir cogiendo el coche, poniendo la calefacción o encendiendo el aire acondicionado. Según un estudio reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los deciles superiores de renta son los que más porcentaje de la ayuda disfrutan sobre su coste total, especialmente en la gasolina y el diésel. 

Por ejemplo, los tres deciles más bajos –el 30% de los hogares españoles con menos renta– reciben el 20,3% de las ayudas totales al combustible, según la AIReF, mientras que los tres deciles más altos se benefician del 39%, casi el doble. "La razón es sencilla y directa: consumen más energía", resumen los autores.

Tanto la AIReF como Diego Rodríguez reclaman que las futuras ayudas estén ajustadas por nivel de renta, pero es cierto que no hay manera fácil. El experto de Fedea habla de una fórmula recurrente, una compensación en la declaración de la renta del año siguiente, aunque con el impedimento obvio de que la cobertura llegaría un año tarde. "No es fácil encontrar una solución, pero desde luego habría que reflexionar para estar preparados en el futuro", dice el investigador.

La AIReF, por su parte, plantea "la creación de un registro de hogares actualizado o el desarrollo de sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la Agencia Tributaria", una manera de tener clasificada a la población por renta y poder después dar ayudas clasificadas por estratos.

La segunda crítica es que estas ayudas reducen la sensación de escasez de combustibles que hay en la economía global, haciendo que la demanda no caiga a la misma velocidad que la oferta. En este momento se producen cada día unos 14 millones de barriles menos de lo habitual debido al cierre casi completo del Estrecho de Ormuz, lo que equivale a aproximadamente el 14% del consumo mundial, pero esa tensión en la oferta no se traslada al surtidor porque la gasolina y el diesel tienen un precio artificialmente bajo.

"Los precios del combustible subvencionado no muestran realmente el problema que hay de suministro. Estamos alterando el balance del mercado", opina Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del Instituto de la Economía de la Energía y el Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés).

El resultado es que en los países ricos, con más capacidad para soportar con dinero estas subvenciones y donde la población tiene más renta, la caída del consumo está lejos de reflejar el agujero real. Según datos de la consultora Argus, en el segundo trimestre de 2026 Europa reducirá su demanda de crudo en 300.000 barriles diarios, mientras que la de Asia-Pacífico recortará unos 3.000.000 en ese periodo, un recorte diez veces mayor. La diferencia también radica en que Asia depende mucho más del petróleo de Oriente Medio que Europa.

En todo caso, los descuentos españoles no han sido suficientes para devolver el coste del litro a su situación previa a la guerra de Irán y el golpe se ha notado igualmente. En el mes de abril la demanda de combustible en gasolineras en España cayó un 5,2% frente al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de Eurostat. Menos que en otros países, como Alemania (-10%), Bélgica (-8,9%) o Noruega (-12,2%), pero en la línea de Francia (-4,1%). En el conjunto de la UE, la demanda de combustible cayó en abril un 3,5% respecto a ese mes de 2025.

En cuanto a la demanda eléctrica, en España se mantuvo sin cambios en mayo frente al año pasado, con un incremento del 0,1% una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, según Red Eléctrica. El consumo de gas también estuvo casi congelado en mayo, con una caída del 1% interanual, si bien se desplomó un 6,3% en el apartado de hogares e industria, compensado por una subida del consumo de cisternas para almacenamiento.

Por último, muchos grupos ecologistas y defensores de las energías limpias critican que estas ayudas vuelven a ser un ejemplo más de cómo los países ricos siguen incentivando el uso de combustibles fósiles a pesar de la emergencia climática.

Argumentan que, tanto la crisis derivada de la invasión de Ucrania –que llegó a encarecer el gas más de diez veces– como la actual son la mejor oportunidad para invertir en autoconsumo fotovoltaico, baterías y en medidas de eficiencia energética, porque es ahora cuando más dinero permiten ahorrar, pero en su lugar se destinan miles de millones al petróleo y al gas. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en 2022 y 2023, la Unión Europea gastó en subvenciones a combustibles y electricidad unos 250.000 millones de euros. 

Por ejemplo, tras conocerse en marzo el paquete español contra la crisis, Greenpeace reaccionó diciendo que "el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas". "Está demostrado que estas medidas son ineficaces socialmente, dañan el clima, y costarán miles de millones al contribuyente", añadió también.

Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).

Esta misma semana, Bizkaia avanzaba en la tramitación de una tasa turística que comenzará a aplicar en enero de 2027. En mayo, el ejecutivo de Asturias daba forma a un gravamen para las pernoctaciones y, en enero, el Partido Socialista catalán, ERC y los Comunes anunciaron un acuerdo para aumentar la tasa turística en Barcelona. En el otro extremo, regiones como Madrid se han negado sistemáticamente a aplicarla y en la Comunitat Valenciana el debate enfrenta a Gobierno y oposición. El PSPV y Compromís habían pedido al Ejecutivo valenciano que la implantase para que los municipios que lo consideraran se pudieran acoger a ella, pero el presidente de la región, Juan Francisco Pérez Llorca (PP), afirmaba en mayo que la tasa “deteriora la imagen de la Comunidad”.

La ecotasa es un impuesto que se suele aplicar sobre las pernoctaciones hoteleras y que recaudan las comunidades y los ayuntamientos. La idea de fondo es gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en servicios públicos e infraestructuras cuando la población se multiplica por el turismo. La primera comunidad que la aplicó fue Cataluña en 2012 –que recaudó 90 millones en 2024, según los últimos datos disponibles– con una cuantía que varía en función de la categoría del establecimiento. Y algunas ciudades como Barcelona han optado incluso por incrementarla. De hecho, desde abril, el importe de esta tasa es un 25% superior a las cuantías originales en la Ciudad Condal y se podrá ampliar progresivamente de aquí a 2029 hasta llegar a los 15 euros por persona y noche.

Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, son las regiones que más turistas acogen, si atendemos a las estadísticas de movimientos turísticos en fronteras que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ni Canarias, gobernada por Coalición Canaria; ni Valencia, ni Andalucía y tampoco Madrid, todas ellas del Partido Popular, aplican esta tasa. Sí lo hacen, en cambio, las Islas Baleares, gobernadas por el PP, pero donde se multiplican las protestas sociales por los efectos del turismo masivo.

En el caso de Asturias, la polémica se ha avivado con la proximidad del verano por la oposición de la patronal turística, que criticaba duramente la medida: “Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación del gravamen”, señalaba OTEA este martes. Por otro lado, también recibía quejas de algunos ayuntamientos que pedían tener un papel más relevante en el diseño de la tasa. Frente a estas posiciones, también ha comenzado a crecer el malestar social de la mano de asociaciones y vecinos que denuncian una masificación turística y tensión en los servicios públicos cuando llega la temporada alta.

En este contexto, el Principado ha decidido avanzar en la aplicación de este gravamen. Sostienen que la tasa no tendrá impacto en la ocupación y “sí generará un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permitirán reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, valora Gimena Llamedo, la consejera de Turismo. La tarifa, cuyo diseño ha aprobado el Principado y será de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, será de entre 0,50 y 3 euros por noche, dependiendo de las estrellas del alojamiento.

Un poco por encima de estos importes se sitúa la que está diseñando el Gobierno vasco, que será obligatoria a partir de este verano y va desde un mínimo de 2,25 euros hasta 7,50 euros por noche, dejando exentos a los menores de edad. La aplicación más reciente en esta comunidad es la que ha tramitado Bizkaia, pero también Álava y Gipuzkoa la asumen.

La tasa turística tiene recorrido en otros países europeos, aunque en España se esté reclamando con más fuerza ahora. Francia o Italia gravan las estancias turísticas a nivel nacional y Países Bajos destaca por tener uno de los recargos más altos, con un 12,5% sobre el coste del alojamiento en Ámsterdam. En España, el Ministerio de Industria y Turismo ha tratado de promocionar el gravamen en diversas ocasiones alegando que no reduce la ocupación, pero sigue existiendo resistencia al respecto. Por ejemplo, el consistorio de Madrid rechazaba la idea, propuesta desde Más Madrid, por considerar que no era necesaria. También Cantabria, gobernada por el PP, la rechazaba pese a que localidades de gran afluencia como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas no la viesen con malos ojos. Sin embargo, sin un marco autonómico es imposible implantarla.

El turismo es un motor económico a nivel nacional, pero cada vez hay más voces que piden una regulación. “El reto ya no es cuántos turistas tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar esta enorme magnitud y esta industria tan potente para España”, explica Javier Blanco, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De un lado, está el problema de los recursos y el impacto del turismo en el medio ambiente, de otro, las dinámicas de mercado que arrastra, como la proliferación de viviendas turísticas que agravan el problema de la vivienda. Estas dinámicas han abierto espacio para una consideración más crítica sobre el impacto del turismo y han generado espacios donde se reclaman estas tasas turísticas.

Canarias es un caso paradigmático. Si bien el Gobierno de Canarias no ha abierto la puerta a su aplicación, algunos municipios se han declarado en rebeldía. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento de Mogán (21.000 habitantes) estableció una tasa de 0,15 euros que se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una demanda de la patronal turística, pero que le ha valido una recaudación de 721.769 euros hasta mayo. “No podemos seguir sosteniendo este modelo únicamente con los impuestos de los residentes”, señalaba la alcaldesa, Onalia Bueno, en declaraciones a la SER. “Cuando voy a Portugal pago 3 euros, en Barcelona otra cantidad… Cataluña tiene hasta 8 euros”, señalaba para defender que no afectaría a la competitividad del sector y remarcaba que lo lógico es que el Gobierno de Canarias lo hubiera impulsado a nivel autonómico.

La vivienda turística y la incidencia de esta en los precios de los alquileres es otro de los grandes argumentos que se suelen dar para defender medidas de control del turismo como la ecotasa. Las viviendas de uso vacacional también están sujetas a la tasa y en Canarias han sido el detonante de muchas protestas. De hecho, un estudio reciente encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales Geas 7, señala que el 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico y un 47,6% sostiene que la llegada de turistas está muy relacionada con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal problema.

Con estos mimbres empieza a ganar intensidad el debate sobre la tasa turística, que tiene como trasfondo un debate más amplio relacionado con cómo se gestiona un sector que año tras año firma cifras récord. El año pasado, España recibió 97 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que en el ejercicio previo, y el propio Ministerio de Turismo consideraba que el hito de los 100 millones se podría alcanzar, previsiblemente, en este año.

La agenda del reencuentro avanza entre España y México. A toda vela. A pesar del conflicto que quiso provocar la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Ahora esa relación recobra fuerza con dos visitas al más alto nivel: el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, está de viaje desde este martes en el país norteamericano y Felipe VI se trasladará hasta allí para asistir el día 26 a un partido de la selección española en el campeonato mundial de fútbol.

España y México caminan de nuevo de la mano tras años de enfriamiento de las relaciones. En el Gobierno de Pedro Sánchez le dan la máxima importancia a esta conexión en un momento mundial crucial, en el que pocas grandes naciones tienen Administraciones progresistas. Y los dos países, asimismo, comparten la defensa de un orden multilateral frente a un Donald Trump que trata de dinamitar la diplomacia que ha reinado desde el final de la II Guerra Mundial.

Los dos países se han vuelto a dar la mano como se escenificó con el primer viaje de Sheinbaum a España el pasado mes de abril para participar en Barcelona en la cumbre a favor de una alianza por la paz, en la que Pedro Sánchez ejerció como anfitrión y a la que asistieron otros líderes progresistas como Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) o Yamandú Orsi (Uruguay).

Ahora, en un contexto de incertidumbre y con Trump en plena amenaza arancelaria, los dos países quieren profundizar en las relaciones económicas. Cuerpo está desde este martes en México, con reunión incluida con Sheinbaum. Al vicepresidente primero le acompañan hasta 65 empresarios para buscar oportunidades de negocio.

Asimismo, Cuerpo supone un enlace de la UE con México. Se trata de la primera visita de un ministro de un Estado de la Unión Europea a este país desde la firma el pasado día 22 del Acuerdo Global Modernizado entre Bruselas y el Gobierno mexicano, que supone la actualización más ambiciosa de la relación bilateral en los últimos 25 años. Este pacto supone la liberalización de más del 85% de las líneas arancelarias y deja libres de aranceles al 99% de los productos intercambiados.

España quiere ahondar con México en la relación económica en varias áreas, con la vista puesta especialmente en la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros y la economía digital. En el Ministerio de Economía recuerdan que España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave.

Asimismo, México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina con más de 10.300 empresas con negocios allí. A la vez, ponen de relieve en el departamento de Cuerpo, que México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un volumen acumulado cercano a los 35.000 millones de euros. Otro dato en el que incide el Gobierno es que el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios se ha incrementado más de un 44% desde la pandemia, a pesar de los vaivenes que está sufriendo la economía mundial por la situación geopolítica.

Cuerpo se ha convertido en el gran embajador de la economía española. Y su posición se ha reforzado desde que Sánchez lo elevó a vicepresidente primero tras la salida de María Jesús Montero para competir en las elecciones andaluzas. El también ministro de Economía le da máxima importancia a la escena internacional, como el presidente, y ha forjado relaciones con otras Administraciones desde que la época en la que ocupaba el puesto de secretario general del Tesoro.

El vicepresidente primero ya estuvo viajó junto a FelipeVI a Canadá a finales de mayo. Un país estratégico también en estos momentos con su primer ministro, Mark Carney, como una de las figuras clave para frenar a Trump y defensor de la alianza de potencias medias en el nuevo orden mundial. Asimismo, el ministro español de Economía tiene previsto hacer un viaje a California, un Estado dominado por los demócratas y cuyo gobernador, Gavin Newsom, ha forjado una relación sólida con Sánchez.

La visita de Cuerpo sirve de prólogo para el desplazamiento de Felipe VI, que ha aceptado la invitación de Sheinbaum para asistir al Mundial de fútbol. El monarca estará el día 26 en la ciudad mexicana de Guadalajara para apoyar frente a Uruguay a la selección española, que ya habrá participado previamente en dos partidos en el estadio de Atlanta (Estados Unidos).

El viaje de Felipe VI supone restablecer los puentes entre México y la Casa Real, después de un periodo de años en el que el Gobierno de Sheinbaum lleva exigiendo que el monarca pida perdón por los episodios violentos de la conquista, un tema muy sensible para su Gobierno y su electorado. El rey reconoció durante la inauguración de una exposición hace unas semanas que hubo “mucho abuso y controversias éticas” en aquella época.

Felipe VI ha estado dos veces ya como monarca en México: en 2015 junto a la reina Letizia y en 2018 con motivo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, fue él quien, un año después, pidió por carta a Zarzuela que se pidiera perdón por los abusos durante la conquista. Posteriormente, Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión, algo que provocó que no acudiera ningún miembro del Gobierno español.

Ahora las dos Administraciones vuelven a alinearse. Además, está el horizonte temporal de la celebración en Madrid de la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre. La ausencia de México desluciría totalmente una cita en la que España ejerce de anfitriona. 

De esta manera, el rey llevará un mensaje diferente al de la presidenta Ayuso, que se dedicó a reivindicar la figura de Hernán Cortés durante su reciente estancia en México, donde incluso llegó a decir que había corrido riesgo físico después de su choque con Sheinbaum. La presidenta madrileña no ha aclarado ni siquiera qué hizo los días en los que no tuvo agenda oficial. 

¿Sabías que la Constitución española establece que, bajo el principio de igualdad, todos sus ciudadanos deben contribuir, de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de los gastos públicos? Pues hemos observado que hay algunos que no están cumpliendo esta norma y, además, están abusando de nosotros.

Imaginemos que tenemos un mineral precioso enterrado en nuestro jardín y nadie nos paga nada por extraerlo, venderlo o acumularlo. Algo parecido ocurre hoy con los datos digitales: tienen un valor económico enorme, se extraen masivamente y, sin embargo, las operaciones que los rodean no suelen pagarse ni someterse a tributación.

Cada vez que aceptamos las cookies en una web, usamos una red social o consultamos un mapa en el móvil generamos datos que las empresas aprovechan como materia prima. Nuestra investigación demuestra que este patrimonio digital invisible permanece, en gran medida, fuera del radar de los impuestos.

Pongamos un simple ejemplo: si accedemos a un periódico online aparecerá un mensaje diciéndonos que, si aceptamos el uso de cookies, podremos seguir navegando gratuitamente. Si, por el contrario, preferimos que no se nos monitoree mientras navegamos, podemos pagar una suscripción antiseguimiento.

Ahora miremos dónde está el truco: si no permitimos que la empresa se quede con nuestros datos deja de enriquecerles unos 2,5 euros al mes. Así que nos dicen que contratemos el servicio por esa misma cuantía para poder navegar sin ser muy monitoreados (porque lo seguiremos siendo igual). Eso sí, si pagamos con dinero los 2,50 euros incluyen el IVA. Si pagamos con los datos, no.

La Comisión Europea calculó que la aplicación de su ley de datos podría generar hasta 270.000 millones de euros adicionales de PIB para los países miembros antes de 2028. Una cifra que ilustra por qué hablar de datos es hablar de patrimonio, de riqueza real, y, en última instancia, de una brecha fiscal que los sistemas tributarios aún no han cerrado.

Este artículo explica qué son los datos digitales desde una perspectiva patrimonial y jurídica, cómo se intenta valorarlos y por qué el régimen fiscal actual genera una desconexión preocupante entre la economía digital y el sostenimiento del gasto público.

Durante siglos, el derecho patrimonial giró en torno a cosas tangibles: tierras, edificios, maquinaria. Incluso el concepto jurídico de “bien” se modeló sobre la idea de algo que se puede tocar y transferir físicamente. Los bienes digitales rompen esa lógica por completo.

Los bienes o activos digitales son parte del patrimonio de las personas físicas y de las personas jurídicas, pero a la dificultad de glosarlos se suma la complejidad de calificarlos. Respecto a lo que debe entenderse como bien, ya en 1978 el jurista José Castán Tobeñas defendía la existencia de “entidades” –materiales o inmateriales– capaces de satisfacer una utilidad económica a las personas.

Los datos, bienes digitales de inmaterialidad manifiesta, cumplen con el criterio de Tobeñas ya que se recopilan, se procesan, se intercambian y se monetizan. No perdamos de vista que a efectos tributarios los que no son bienes deben ser calificados como prestaciones de servicios.

No son pocos los investigadores que definen a los datos como el “oro negro” de la economía del siglo XXI. Pero, para poder someter a impuestos este oro, debe poder valorarse de alguna forma.

El Ministerio de Economía francés se refería, ya en 2013, a los datos personales como “la divisa más preciada del milenio”, que resulta ser gratuita para el mercado digital, por lo que las empresas se enriquecen sin pagar impuestos ni contribuir al esfuerzo colectivo del territorio donde residen los usuarios.

También en España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recoge, en su espacio sobre los datos, una reflexión sobre cuál es el valor de los datos. Basándose en el estudio británico “Transforming Highways England’s approach to data”, admite la diversidad de mecanismos para valorar los datos a efectos empresariales, no así a efectos legales.

Aceptado ya que los datos son patrimonio digital y que tienen valor, en la normativa tributaria actual no tienen un encaje concreto pues la falta de definición jurídica impide su calificación clara y cuantificación correcta.

Pese a este vacío legal, los mercados no esperan. Las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas incorporan, implícitamente, el valor de sus repositorios de datos, ya sean abiertos y gratuito, como el de Common Crowl, o privados (cerrados) y onerosos como los de medios de comunicación.

La inteligencia artificial se alimenta de cantidades ingentes de datos y hay una lucha constante por hacer respetar la titularidad de dichos datos, que son usados gratuitamente al estar publicados en internet. En muchas ocasiones se vulneran los derechos de autor de los usuarios pues, al aceptar las condiciones de uso de las plataformas, aunque mantengan la propiedad de la información que introducen, les otorgan ilimitadamente derechos sobre los datos, que luego usan y copian indefinidamente con la sola contraprestación de haber dado acceso a la plataforma y sus contenidos.

La tenencia de estos datos puede condicionar, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones societarias de plataformas y páginas web, ya que, a menudo, estas operaciones se deciden en función del tamaño y calidad de las bases de datos de las empresas. Los inversores lo saben y conocen este valor, que no se verá incluido en su justa medida en el valor de las empresas.

Este desajuste entre la existencia de un valor y su falta de reconocimiento en el tráfico económico conlleva que aquellos que quieran pagar impuestos por su tráfico no puedan hacerlo con la seguridad jurídica exigible. Además, quienes no quieren pagar impuestos se estén enriqueciendo injustamente sin contribuir al sostenimiento de los gastos públicos como el resto de contribuyente.

Sus datos valen millones, sí, pero no tributan.

--------------------

Ana Cediel es profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de Lleida

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha ampliado aún más la brecha entre las ofertas comerciales de las compañías gasistas y la tarifa regulada del gas –la conocida como TUR, por tarifa de último recurso–, hasta el punto de que ya son entre un 50% y un 100% más caras que la versión topada por el Gobierno. Aun así, la TUR sigue siendo minoritaria en España y la tienen contratada el 39% de los consumidores.

Un hogar estándar español, con un consumo medio de 6.000 kWh de gas al año para calefacción y agua caliente, pagaría al año 352,64 euros si tuviese en este momento contratada la TUR, según el comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Si ese mismo cliente optase por una tarifa comercial, no encontraría ahora ninguna por menos de 524,52 euros al año, un 49% más. Tres de las cuatro mayores compañías del país (Naturgy, TotalEnergies y Endesa) tienen sus ofertas en alrededor de los 640 euros, un 80% por encima. Y la tarifa más cara del mercado es, en este momento, de 785 euros, más del doble que la versión de último recurso.

Un hogar sin calefacción con gas, con un consumo medio de 2.400 kWh, también tendría un descuento similar. La TUR se quedaría en este caso en 155,65 euros al año, mientras que la comercializadora más barata se queda en 224,76 euros (+45%), las grandes compañías en alrededor de 280 euros (+80%) y la oferta más cara alcanza los 408 euros (+160%).

Los expertos en energía recomiendan encarecidamente cambiarse a una TUR en este momento debido a ese choque de precios. "A mí me duele ya la boca de recomendarlo. Lo siguiente es poner anuncios en la tele, pero evidentemente nadie va a pagarlos porque no interesan", reconoce Soledad Montero, encargada de Energía en la organización de consumidores CECU. Explica también que las empresas se aprovechan de que la gente cree que la TUR significa quedar desprotegidos frente a averías o que es una tarifa de segunda, pero nada más lejos de la realidad.

La brecha de precio entre la tarifa de último recurso y las ofertas comerciales radica en que la primera está regulada por el Gobierno desde su creación en 2009. Por lo tanto, el coste del gas natural en la factura TUR depende de una fórmula que es pública y que limita las subidas y las bajadas bruscas de precio.

En concreto, su coste varía en función de la cotización del petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa. El precio de la TUR se divide en dos partes, una fija que se actualiza una vez al año, y una variable, que cambia cada trimestre.

La TUR tuvo además entre 2022 y mediados de 2024 un límite temporal que impedía aumentar más de un 15% el coste del gas en las revisiones trimestrales, lo que hizo que fuese todavía más atractiva que las tarifas comerciales, que subieron drásticamente debido a la crisis del gas por la guerra de Ucrania.

Aunque ese tope temporal ya caducó, en este momento la configuración del precio de la TUR hace que sea imbatible frente a las ofertas comerciales, cuyo precio depende de la política de cada compañía, de lo que le cueste aprovisionarse de gas, de lo que gaste en publicidad y de su margen de beneficio. 

De hecho, la última actualización de la TUR tuvo lugar el 1 de abril, en plena escalada de precios de la energía por la guerra de Irán, cuando el gas se había encarecido casi un 70% en los mercados internacionales.

Sin embargo, la TUR pegó un bajón del 7,8% (sin contar el descuento temporal del IVA) debido a que en el primer y en el cuarto trimestre del año se introduce una variable extra en el cálculo del precio –además del petróleo Brent– llamada gas estacional, que depende de la cotización de los futuros del gas natural en el mercado británico. Como en abril se eliminó esa variable, el precio de la TUR se abarató de un día para otro, pese a que el gas natural era el más caro de los últimos dos años.

La subida del gas en los mercados internacionales sí se ha notado, sin embargo, en las ofertas libres de gas natural de las compañías, debido a que estas empresas han tenido que aprovisionarse de combustible a precios más caros, trasladando la subida a sus tarifas.

La brecha económica entre la TUR y las tarifas comerciales no es nueva. La CNMC recoge que la versión regulada por el Gobierno ya fue más barata que cualquier otra en 2022, 2023, 2024 y 2025. Hace un año, en abril de 2025, la TUR era igualmente entre un 31% y un 94% más barata que la competencia para un hogar estándar.

"La diferencia de precio es obvia y se repite cada año, pero no parece que preocupe a las compañías porque el número de cambios a la TUR es increíblemente bajo", opina José Luis Sancha, experto en energía de la Universidad Pontificia Comillas. Entre 2022 y 2024 sí trasladaron a la tarifa regulada 1,5 millones de hogares españoles, doblando el número total hasta 3,1 millones, pero desde entonces la cifra prácticamente no ha cambiado.

El cálculo que hace la CNMC para la TUR (352 euros al año para un consumo de 6.000 kWh) no es en realidad definitivo, ya que no tiene en cuenta las revisiones de precios trimestrales de julio y de octubre. En julio es probable que apenas varíe porque las variables que lo componen apenas han cambiado desde abril, pero en octubre se recupera la variable del gas estacional, que repercute de manera más fiel que el petróleo Brent el encarecimiento del gas natural en el mercado internacional, de manera que se espera una subida de la tarifa regulada.

Para cambiar de una tarifa libre a la versión regulada basta con llamar a la comercializadora de destino y ella se encarga de gestionar el cambio, que es gratuito si el cliente no tiene permanencia. La principal diferencia es que la TUR no puede contratarse con cualquier compañía, solo con Comercializadora Regulada G&P (Naturgy), Energia XXI (Endesa), Curenergia Comercializador (Iberdrola) y Baser Cur (TotalEnergies), pero el precio es el mismo en las cuatro.

Iberdrola ha inaugurado este miércoles la mayor batería de almacenamiento energético del país. La instalación está vinculada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II y cuenta con una potencia de 58 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 120 MWh.

El proyecto se localiza en Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, y supone un avance en el desarrollo del almacenamiento energético, una tarea prioritaria para el sector energético debido al rápido desarrollo de las renovables.

Según ha explicado el CEO de la compañía en España, Mario Ruiz-Tagle, este tipo de infraestructuras permite responder a la nueva demanda que necesita energía firme y contribuye a avanzar en la electrificación de la economía, puesto que permite descargar la electricidad en horas de baja o nula producción renovable, desviando la producción barata a periodos del día con la energía más cara.

El proyecto, desarrollado en Campo Arañuelo, consiste en la incorporación de dos módulos de baterías de ion litio LFP, cada uno con una capacidad de unos 60 MWh, conectados a las plantas solares Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II, que ya estaban en funcionamiento. Gracias a esta integración, las instalaciones ganan flexibilidad y capacidad de gestión.

La inauguración ha reunido a representantes institucionales y de la compañía, entre ellos la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro; así como alcaldes y autoridades de varios municipios de la zona.

Durante el acto, Ruiz-Tagle ha defendido que iniciativas como la de Campo Arañuelo sitúan al sector energético español ante proyectos "pioneros" y ayudan a que "la electrificación avance con firmeza".

El directivo también ha destacado que Iberdrola trabaja desde hace años en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y que ocupa una posición de liderazgo en este ámbito. En este sentido, la energética reúne la mayor parte de la capacidad de almacenamiento con baterías actualmente operativa en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Mercedes Morán, por su parte, ha calificado esta infraestructura como una "inversión de primer nivel" y ha subrayado que proyectos de este tipo consolidan a Extremadura "como un polo energético", al combinar generación eléctrica, innovación tecnológica y estabilidad para el sistema.

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

Trump está de enhorabuena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para cerrar la demanda de 10.000 millones de dólares que este había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) —lo que a afectos de España, equivale a la Agencia Tributaria—, incorporando una cláusula extraordinaria: impedir que la agencia investigue al presidente, su familia y sus empresas.

La disposición, incluida en un documento de una sola página firmado por el fiscal general interino Todd Blanche blinda al presidente frente a futuras auditorías e investigaciones fiscales. La exfiscal de indultos del Departamento de Justicia, Liz G. Oyer, calificó este acuerdo como algo “catastrófico y corrupto”. 

El acuerdo “establece que Trump no puede ser investigado, auditado ni demandado por el Gobierno de los Estados Unidos en el futuro”, afirmó Oyer. Según explicó, la medida convierte a Trump en una figura inviolable ya que no sólo afectaría al Servicio de Impuestos Internos, sino a “cualquier agencia gubernamental”.

Este documento se publicó después de que Trump retirase la demanda que había presentado junto a  sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. y la empresa familiar Trump Organization contra el Departamento del Tesoro, que está bajo a su autoridad,  por filtrar sus declaraciones de la renta de 2016 y 2017. 

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia establecía inicialmente que los demandantes recibirían “una disculpa formal”, pero “ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo”. A cambio, las partes desistían de la demanda. Aunque en ese pacto se habla de que no se entregaría compensación dineraria, no significa que el Departamento de Justicia no vaya a desembolsar nada, ya que una parte del acuerdo consiste en la creación de un fondo.

No obstante, el documento firmado por Blanche compromete a los funcionarios federales a “no emprender ninguna acción pendiente o futura”. Para Oyer, el escrito de Blanche “pondrá fin a las auditorías en curso contra Trump y sus empresas”, aseguró.

La exfuncionaria añadió que el acuerdo “renuncia a nuestro derecho a recaudar cualquier impuesto que Trump y sus empresas deban” y “cede nuestro derecho a intentar recuperar el dinero que robó a los contribuyentes”.

Ese dinero del que habla Oyer rondaría los 100 millones de dólares por los errores en las declaraciones del expresidente como se demostró en las filtradas —en 2016 y 2017 pagó 750 dólares—y como publicó The New York Times.

Para evitar el juicio millonario en el que Trump se enfrentaría al propio Trump —a través del Gobierno—, el pacto al que se ha llegado ha sido la indemnización de 1.776 millones de dólares, en honor al año de la independencia de Estados Unidos. 

Esa indemnización, Trump la ha transformado en un fondo del Departamento de Justicia para compensar a las “víctimas de procesos judiciales politizados durante la presidencia de Joe Biden”. 

Este fondo busca emular al creado por Barack Obama, el Keepseagle, por valor de 760 millones de dólares que buscaba compensar las reclamaciones por racismo institucional de los años anteriores a la época del expresidente.

El Departamento de Justicia afirmó que el fondo permitiría que “las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación”, según el fiscal Todd Blanche.

Entre los beneficiarios estarían los procesados —e indultados por Trump— por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, acusó a Trump de retirar “su falsa demanda contra el IRS a cambio de un fondo opaco, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos”.

“Para que quede claro: si usted es un contribuyente estadounidense, esta medida significa que casi 1.800 millones de dólares de su dinero serán entregados a quienquiera que un comité designado por Trump decida recompensar”, escribió este martes el premio Nobel de Economía Paul Krugman en Substack. “Pocas cosas logran sorprenderme en estos días; aunque esto representa un nuevo récord de degradación en materia de tráfico de influencias, revelando una vez más el absoluto desprecio de Trump por el pueblo estadounidense”.

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, fue mucho más escueto al definirlo como “pura corrupción” y añadir: “¿1.776 millones? ¿El año del 250º aniversario? Se están riendo de todos nosotros”.

Las dudas que se extienden entre los juristas son: ¿Ddónde está el límite del presidente y del Departamento de Justicia? ¿Tiene este departamento capacidad para comprometerse a impedir futuras actuaciones?

La legislación federal prohíbe al presidente, al vicepresidente y a otros altos cargos del Ejecutivo ordenar al IRS que inicie o detenga auditorías específicas. Sin embargo, esa prohibición “parece incluir una excepción: el fiscal general”.

Una persona que posee una vivienda vacacional no valora al turismo en su comunidad de la misma manera que otra que trabaja como empleada en el sector turístico (agente de viajes, recepción de hotel) y a la que le cuesta llegar a fin de mes por el aumento de los precios de alquiler.

Sentirse al margen de las decisiones políticas también puede hacer a las personas más pesimistas a la hora de valorar un nuevo plan de desarrollo turístico. En cambio, si han podido contribuir de alguna manera a ese plan, eso podría hacerlas cambiar de actitud.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la satisfacción con la vida personal. Estar satisfecho con la vida privada, laboral y familiar hace a las personas más optimistas en general, y también a la hora de valorar los impactos del turismo en su comunidad.

Estos son algunos ejemplos que explican por qué algunas personas desarrollan sentimientos negativos hacia el turismo mientras otras se mantienen neutrales o favorables, a pesar de residir en el mismo lugar. Los residentes con opiniones más negativas sobre el turismo tienden a experimentar incomodidad, ira o enfado.

Estas emociones negativas no tienen por qué surgir en todo aquel que opina que el turismo genera impactos negativos. Igualmente, las emociones negativas no siempre se canalizan en protestas, mensajes de odio o grafitis, sino que pueden servir como estímulo para implicarse en propuestas de mejoras y contribuciones significativas desde el conocimiento local.

Un estudio reciente realizado en las Islas Canarias, analiza cómo la ideología política y el tiempo de residencia (o el hecho de ser nativo) también influyen de manera decisiva en las opiniones y sentimientos hacia el turismo.

Entre las conclusiones del estudio está que las personas nacidas en un destino turístico, o que han vivido durante largo tiempo en él, tienden a percibir menos beneficios del turismo que el resto de residentes.

Con el paso del tiempo, los beneficios del turismo —infraestructuras, empleo o servicios— dejan de verse como logros. Sin embargo, el estudio aclara que ser nativo no hace a las personas más pesimistas ni más intolerantes.

En realidad, lo que existe es una erosión del entusiasmo por los grandes avances que favoreció el turismo en los inicios, unida a sensaciones de nostalgia por los cambios acumulados en el estilo de vida y el entorno.

La ideología política define valores y creencias sobre cómo debe organizarse la sociedad, el papel del Estado, el mercado y los individuos. Ser de derechas o de izquierdas también indica en qué tipo de organizaciones se tiene más confianza.

Los resultados de este estudio revelan que la ideología política actúa como un filtro interpretativo de los impactos del turismo. Las personas con una orientación política más conservadora, o de derechas, tienden a percibir más beneficios del turismo. Por el contrario, quienes se sitúan más a la izquierda suelen ser más críticos.

Esto no significa que todos los afiliados a un partido de izquierdas sientan molestia o inconformidad con el turismo. Lo que dice el estudio es que ser de izquierdas podría predecir cómo hacen las personas el balance de costes y beneficios del turismo.

En definitiva, dos residentes pueden llegar a conclusiones distintas sobre la contribución del turismo a su comunidad según su ideología política, su situación personal y sus condiciones como residentes, entre otros factores. Esto implica que no existen mensajes ni políticas universales: las estrategias para mejorar la convivencia entre residentes y turismo deben adaptarse a distintos perfiles sociales, reconociendo que el conflicto no es solo económico o territorial, sino también político y cultural.

---------------------------------

Yen E. Lam González es investigadora postdoctoral en Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró este viernes una visita histórica a Pekín en la que pasó de puntillas por el contencioso de Taiwán y centró sus conversaciones en obtener intercambios económicos que levantan suspicacias en su propio círculo. “China va a invertir cientos de miles de millones con las personas que estaban en la sala. A eso vinimos”, resumió Trump en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

Trump, que fue acompañado por más de una quincena de consejeros delegados de las mayores empresas financieras, tecnológicas o de ingeniería de Estados Unidos, no quiso airear el contenido de temas de índole diplomática, en defensa o ciberseguridad.

Tim Cook, consejero delegado de Apple, Elon Musk (Tesla) y Jensen Huang (Nvidia) tuvieron un papel equivalente al del secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“No sé si las cosas cambiarán tras este viaje, pero lo dudo”, explica a EFE un ejecutivo chino de una empresa tecnológica, que recuerda un chiste que se cuenta en los corrillos: “Nvidia es la única empresa que lidia con sanciones de los dos países”.

En el banquete de gala de anoche, los líderes empresariales estadounidenses acumulaban una capitalización bursátil equivalente a la tercera economía mundial, sin contar con la que habrían añadido los más altos ejecutivos de empresas chinas como ByteDance, Lenovo, Xiaomi o Hisense, también presentes.

Incluso el punto de la agenda referido al conflicto con Irán, transitó, a ojos de los estadounidenses, por esos derroteros. La Casa Blanca y posteriormente Trump destacaron que Xi se ha comprometido a comprar petróleo estadounidense para reducir la dependencia del crudo de Oriente Medio.

Laura Ingraham, líder de opinión del movimiento MAGA, dijo que permitir inversión china en EEUU es una “trampa masiva” y no son pocos los legisladores republicanos que temen que este acercamiento a China acabe siendo un caballo de Troya en sectores en el que los asiáticos son dominantes, como automoción eléctrica o energía renovable.

Trump quiso quitar importancia a puntos que Xi muy hábilmente deslizó en sus discursos, como el hecho de que China es un poder emergente y Estados Unidos uno en declive.

Según Trump, esa reflexión se refería a su predecesor Joe Biden y no a su mandato.

En cuanto al robo de propiedad intelectual y la ciberseguridad, Trump, que no ha llevado teléfono móvil en todo el viaje por motivos de seguridad, dijo que China les espía, pero ellos también y “ellos roban esto y nosotros robamos lo otro”.

La ofensiva del encanto de Xi, que agasajó a Trump con una recepción de honor militar e hizo de guía del estadounidense durante casi dos días enteros, encantó a Trump, que llamó “amigo” a Xi en varias ocasiones.

Al final, el estadounidense despegó sin que se hicieran concretas las promesas de milmillonarias compras chinas y sin que el chiste de Nvidia se haga algo menos cierto: el levantamiento de controles a la exportación de chips avanzados para el desarrollo de inteligencia artificial para tecnológicas chinas sigue en el aire.

Xi dijo que ambos países deben evitar la confrontación y cooperar, y le aseguró a Trump que su visión para hacer EEUU grande de nuevo y sus planes de renacimiento de la nación china son similares.

En septiembre, cuando Xi, visite la Casa Blanca, ambos podrán volver a escenificar la amistad de estos días. Todo dependerá de si la relación no se rompe entre tanto. 

Si nada se tuerce, que es mucho decir, todo parece indicar que a partir de este lunes 18 de mayo podremos pagar con Bizum en todo tipo de establecimientos comerciales conforme se vayan adhiriendo al servicio, ampliándose así las alternativas de las que disponemos los consumidores para pagar por nuestras compras en España.

En una anterior tribuna que titulé “Ni al pagar nos vamos a librar”, anhelaba y alentaba el despliegue de esto que parece que ya, por fin, al menos en España, sí. Así que me parece una noticia (muy) positiva, aunque pueda parecer irrelevante, que además de con dinero en efectivo y con tarjeta, podamos pronto también pagar con Bizum en todas partes.

Creo que no es irrelevante porque la dependencia inercial y autoimpuesta que asumimos en la eurozona durante las más de dos décadas de existencia de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) es, llegados a este punto, absurda. Que durante todo 2025 en la eurozona los pagos con tarjeta siguieran representando el 57% de todos los pagos digitales, y en España el 67% (¡dos de cada tres!) es resultado de no contar con una alternativa a las tarjetas con las que tantas cosas pagamos a diario. Tantas como los más de 9.700 millones de pagos con tarjeta realizados en los más de 2,8 millones de datáfonos solo en España, por más de 286.000 millones de euros, a razón de 29 euros de ticket promedio. Estos datos de pagos con tarjeta que traslado directamente de la web del Banco de España y que este informa al Banco Central Europeo, son proporcionados por Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A. (STMP), operador privado del sistema de pagos con tarjeta en España tras la fusión en 2018 de los tres sistemas existentes entonces (ServiRed, 4B y EURO 6000), del que son accionistas las entidades bancarias.

Al pago con tarjeta le seguían de lejos en 2025, por intensidad de uso, los pagos desde cuenta, tanto en modalidad transferencia (17%) —entre las que ya son mayoritarias las instantáneas como Bizum—, como en adeudos o domiciliaciones (12%).

Es maravilloso que Bizum fuera el medio por el que se ordenaron tres de cada cuatro transferencias instantáneas el año pasado en España, la mayor parte (dos de cada tres) para realizar pagos entre particulares, y casi uno de cada diez para pagos en comercio electrónico. Es maravilloso porque la estrategia de la Comisión Europea y del Eurosistema sobre pagos minoristas sitúa a los pagos desde cuenta en el centro de los objetivos de soberanía y autonomía estratégica de Europa. Dicho de otro modo: es maravilloso que la estrategia de canibalizar los pagos con tarjeta con un medio de pago 100% europeo pueda ser pronto una realidad en España.

“Hacer un Bizum” es posible desde 2016 para pequeños pagos entre amigos y familiares, un espacio hasta entonces cautivo del dinero en efectivo. A partir del 18 de mayo puede ayudarnos también a independizarnos de soluciones norteamericanas de las que no tenemos absolutamente ningún control ni garantía de permanencia del servicio cuando a Trump se le tuerza el gesto.

Y es que el amenazante Gobierno USA puede obligar, por ejemplo, a Visa y Mastercard, empresas norteamericanas, a denegar el servicio a personas como Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios Palestinos ocupados desde 1967, o a casi diez jueces y juezas de la Corte Penal Internacional que han participado en investigaciones contra sus ciudadanos o contra Israel por crímenes de guerra. Su inclusión como "Nacionales Especialmente Designados" o "SDN" en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU implica el bloqueo de sus activos en el país y la prohibición a cualquier persona estadounidense —como Visa o Mastercard— de tratar con ellas.

Por supuesto que pagar con tarjeta seguirá siendo imprescindible o más conveniente durante un tiempo en algunos casos de uso, como cuando paguemos fuera de la eurozona o cuando los turistas extracomunitarios, carentes de una cuenta de pago en la zona SEPA, nos visiten y paguen por sus compras y consumos aquí con sus tarjetas internacionales. Es interesante constatar, hablando de turismo, que dos tercios de las compras pagadas con tarjetas internacionales en España, según STMP, se concentran en cinco provincias: Barcelona (18,6%), Baleares (15,2%) y Madrid (14,4%), Málaga (8,3%) y Alicante (6,5%).

Para que realmente podamos celebrar la independencia europea de las tarjetas gringas son precisos, en mi opinión, cuatro elementos, y en este orden: 1. incentivos correctos; 2. pedagogía sin dejar a nadie fuera; 3. liderazgo de las administraciones públicas; y 4. alcance paneuropeo.

Sobre la importancia de los incentivos correctos, debe quedar claro que cualquiera de las opciones de cobro (efectivo, tarjetas y Bizum) supone un coste para el comercio: por la custodia, gestión, seguridad y fraude en el caso del dinero en efectivo; por el servicio de aceptación de opciones de pago digitales en el caso de las tarjetas y de Bizum. Las estadísticas del Banco de España sobre las tasas de descuento, que son las comisiones que de media pagan los comercios por cada euro de transacción capturada por sus datáfonos, informan de un promedio del 0,38% del importe de cada transacción, con un mínimo de 0,23% (superficies de alimentación) y un máximo de 0,92% para hoteles y transporte de viajeros. Y me llama la atención que las comisiones de las denominadas "Categorías de bajo importe" que agrupa categorías comerciales (excepto autopistas) cuyo importe medio de compras con tarjeta de pago no excede de 15 euros y cuyos precios, en general, están condicionados por un determinado marco regulatorio, como el transporte urbano, son las que soportan las comisiones que más crecen, junto con la categoría de “Caridad y solidaridad”. Y me surge la pregunta de por qué es cuatro veces más caro —para el punto de venta— cobrar con tarjeta un servicio de transporte público que una compra de alimentación en una gran superficie comercial. Este es el tipo de preguntas que creo que toca hacerse a la hora de diseñar las tarifas comerciales para los puntos de venta si queremos que pagar con Bizum prenda.

Sobre la inclusión y la pedagogía, no podemos permitirnos dejar abandonados colectivos cautivos del efectivo y las tarjetas como, por ejemplo, cuentas tuteladas o básicas que no dispongan de servicio Bizum, pero sí de tarjetas de prepago asociadas. Y no creo que deban escatimarse recursos en demostraciones, explicaciones, tutoriales, campañas informativas —también presenciales, por ejemplo, en los centros de mayores— para que la adopción sea un éxito, si es que se quiere que la adopción sea un éxito, claro.

Sobre el liderazgo de las administraciones públicas, creo que deben i) ser las primeras en universalizar el botón de pago con Bizum; ii) negociar “duro” con los prestadores del servicio de aceptación de pago con Bizum para que los incentivos sean correctos; y iii) garantizar que el pago con Bizum funcione como la seda, sin fricciones.

Sobre el alcance paneuropeo de la alternativa a las tarjetas basada en las transferencias instantáneas SEPA, ahora mismo son dos las iniciativas europeas las que afirman estar a tope tras sucesivos gatillazos desde el fallido Proyecto Monnet de 2012, y que solo tendrán sentido interconectadas. Una es el consorcio EuroPA (European Payments Alliance), inicialmente constituido por Italia, Portugal y España (con Bizum); el otro es EPI (European Payments Initiative) y su marca comercial Wero, desplegada en Francia, Alemania y Bélgica.

Estaré expectante a las novedades y a los logros, que seguro serán muchos y rápidos, para contarlos aquí.

____________________

Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia de ello, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario, según informa Efe.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EEUU, no se aplicará ningún arancel".

No está claro bajo qué autoridad elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EEUU. Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EEUU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

___________

Pepe Álvarez es secretario general de UGT.