Mientras Europa y las dos orillas del Mediterráneo siguen ardiendo, se multiplican los debates sobre lo que se debe hacer en materia de incendios y por qué no se hace. Se olvida a menudo que sabemos mucho. Tanto, que hasta sabemos lo que no sabemos, que es el máximo del conocimiento. 

El actual documento del Pacto de Estado frente a la emergencia climática que propone el Gobierno ya recoge muchas de las propuestas que estos días se han podido escuchar en los medios de comunicación como si fueran algo novedoso. En concreto, el eje 2, titulado “Extensión de un modelo de gestión forestal del siglo XXI, adaptado a la realidad climática, territorial y económica” incluye medidas como: “la gestión activa y anticipatoria de los montes frente al riesgo de incendios forestales, por ejemplo, mediante tratamientos silvícolas preventivos como quemas prescritas y el uso planificado del fuego de baja intensidad, mejora de la prevención, a través de la ganadería extensiva y el pastoreo, y la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales”, o también la “Extensión del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mediante el impulso a la biomasa térmica sostenible, la construcción en madera, la diversificación hacia nuevos productos forestales, la creación de nuevas cadenas de valor en el ámbito local y el apoyo a los sistemas de certificación sostenible”, o el “Establecimiento de incentivos por servicios ecosistémicos para el sector e incorporación en mayor medida de la gestión forestal sostenible en las ayudas agrarias europeas”, o el “Desarrollo de un paisaje forestal multifuncional, adaptado a los distintos riesgos y que cree valor en el territorio”, o las “Reforestaciones más innovadoras y resilientes, orientadas a la funcionalidad” y un “Modelo de gobernanza colaborativa y participativa para la gestión forestal desde lo local.” 

Obsérvense las comillas que acompañan a las líneas que describen esas medidas, porque son citas literales del proyecto de Pacto de Estado y coinciden con muchas de las propuestas que estos días se han ido oyendo en los medios de comunicación por parte, curiosamente, de los que luego se niegan a sentarse para negociar este dicho Pacto. No sólo eso, sino que la Evaluación de Riesgos e Impactos Derivados del Cambio Climático (ERICC), tiene ya un detallado diagnóstico de los riesgos del sector forestal, base de las estrategias a seguir. 

Por otro lado, no es cierto que no se esté haciendo nada. Lo que ocurre es que la realidad es más dura de lo que pudiera preverse: muchas de las cosas que se hacen no están dando el resultado previsto. Nos enfrentamos a incendios diferentes, de una magnitud y características desconocidas hasta ahora. Si el clima cambia, los fuegos también, y la forma de afrontarlo igualmente. ¿Cómo hacerlo? Desde una radical honestidad intelectual: reconociendo que es la primera vez que nos enfrentamos a desafíos de esta magnitud y que la única forma de hacerlo es experimentando, ensayo-error, vigilancia, control y evaluación, como sabe la ciencia. 

Valga un ejemplo: el proyecto Mosaico desarrollado en Extremadura. La iniciativa surgió tras un gran incendio forestal en la Sierra de Gata en el año 2015. Este siniestro levantó un movimiento social destinado a promover la recuperación de los usos tradicionales de la tierra para lograr un paisaje en mosaico más resistente a los incendios, cada vez más frecuentes, y luchar contra la despoblación.

La iniciativa fue lanzada por la Universidad de Extremadura y cuenta con la financiación de la Junta de Extremadura, distintos programas europeos y la Secretaría de Estado de Reto Demográfico (Ministerio de Transición Ecológica). La clave, además, es que cuenta con la participación de ayuntamientos, agricultores y ganaderos de la zona. Su objetivo no es otro que preparar los territorios para hacer frente a las amenazas que genera el cambio climático. O, como se dice ahora, mejorar la resiliencia del territorio. Lo hace mediante una estrategia participativa enfocada a reducir el riesgo de incendios, mejorar la valorización económica, promover el desarrollo sostenible en la zona y asegurar los recursos territoriales. La solución es conocida: se trata de crear una configuración agroforestal en mosaico para prevenir eficazmente la propagación de incendios. El proyecto ha conseguido reducir un 15% el tamaño de los incendios. Podrá parecer poco, pero es un porcentaje muy relevante y podría ser mayor si se implementaran una serie de cambios legislativos para facilitar la gestión. 

Mosaico es referencia en el mundo, y recibe habitualmente la visita de expertos e investigadores interesados por la metodología y los resultados alcanzados. Tanto, que han creado una red internacional para colaborar y compartir conocimiento. He aquí un ejemplo -hay más- de cómo la buena política salva vidas: aplicando criterios científicos en un proceso de diálogo y colaboración con las gentes de los territorios y el apoyo institucional. 

Quizá, si difundimos más este tipo de iniciativas, consigamos acabar con el discurso del “todos son iguales, nadie hace nada” que tan ligeramente enarbolan los populismos y la ultraderecha. No es cierto: hay decenas, cientos, miles de personas de toda condición (científicos, políticos —sí, también políticos—, ganaderos, agricultores, ecologistas, entidades sociales y ambientales…) que están haciendo lo que está en sus manos. Cosa distinta es que no sea fácil, pero en ello están, estamos. 

España se enfrenta a un desafío existencial. Los episodios de clima extremo, que desembocan en riadas más destructivas e incendios devastadores, son cada vez más frecuentes. Los daños materiales se multiplican, así como la pérdida de vidas humanas.

En esa evidencia, avalada por la ciencia, se apoyó el año pasado el Gobierno para proponer un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, redactado con la ayuda de expertos en clima y protección civil. Es un documento pensado para durar más allá de una legislatura, lo que exigiría la implicación del PP en definir las acciones necesarias para protegernos de los desastres naturales que están por venir.

Pero el PP cuestiona el punto de partida: que España vive una “emergencia climática”, con diagnóstico científico contundente y cifras de impacto. Un hecho a partir del cual el Gobierno reclama una respuesta coordinada, multisectorial y de largo plazo, que se traduciría en aplicar el conocimiento científico en todas las políticas públicas, con paneles de expertos, evaluación de riesgos sectoriales y un registro abierto de datos climatológicos. Ese peso de la ciencia del clima, sin embargo, es difícil de asumir para un partido como el que lidera Alberto Núñez Feijóo, que relativiza el cambio climático o lo presenta como agenda ideológica.

De ahí que, pese a la urgencia, durante el último año haya sido imposible no ya el acuerdo, sino el diálogo entre el Gobierno y el PP. Tras el intercambio de acusaciones —el Ejecutivo habla de negacionismo climático del PP, y Feijóo califica la propuesta de Sánchez de “cortina de humo” para tapar casos de corrupción—, se libra una batalla ideológica y técnica que hoy por hoy deja la propuesta —en la que debería basarse nuestra respuesta como país a estas catástrofes— reducida a un documento estéril.

Del análisis de la hoja de ruta del Ejecutivo, de diciembre de 2025, y del Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención del PP, de agosto del mismo año, se desprende que las diferencias no son semánticas, sino que responden a dos formas opuestas de entender el territorio, la economía rural y la autoridad del Estado.

El primer gran abismo entre ambas propuestas reside en el modelo de gestión forestal. El Gobierno impulsa un “modelo de gestión forestal del siglo XXI” que incorpora quemas prescritas, uso planificado del fuego de baja intensidad y ganadería extensiva como herramientas de prevención, junto con incentivos por servicios ecosistémicos y mayor peso de la gestión sostenible en las ayudas agrarias europeas.

En esa línea, propone pagos por servicios ecosistémicos —gestión forestal, pastoreo, ganadería extensiva, agricultura regenerativa— y apoyo prioritario a la ganadería extensiva, incluidas las ayudas europeas, la valorización de razas autóctonas y la trashumancia.

Este giro hacia un modelo rural “verde” y hacia la condicionalidad climática de ayudas y seguros es lo que explica la resistencia del PP y Vox, porque choca con discursos que defienden sin matices la agricultura y ganadería intensivas o que recelan de condicionar ayudas al desempeño ambiental.

Para el PP, esta visión peca de proteccionismo y asfixia al medio rural. El partido defiende monetizar el monte, bajo la idea de que “el monte que se utiliza arde menos”, y exige una modificación profunda de la Ley de Montes del Estado para flexibilizar los aprovechamientos y permitir cambios de uso.

El PP argumenta que la regulación europea, centrada en la protección estricta, ha reducido la limpieza de montes y la cabaña ganadera extensiva, factores que considera clave para frenar el fuego, aunque, según los expertos consultados, esa relación no tiene base real. De ahí construyen un discurso que contrapone un supuesto monte “contemplativo” a un monte “productivo”.

Para el Gobierno, hace falta una agenda de salud climática: red estatal de refugios climáticos, rehabilitación energética de viviendas vulnerables, el binomio salud-clima en la planificación urbanística y una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con valores límite de exposición térmica y mecanismos de “cese de actividad climático” para autónomos.

Es una agenda que vincula clima, salud, trabajo y justicia social, con especial atención a la población vulnerable, mujeres y colectivos precarizados, algo incómodo para quienes se oponen a reforzar regulaciones laborales y ambientales, como el PP y Vox.

El proyecto nace con referencia a la necesidad de acelerar la transición ecológica, la neutralidad climática y el abandono progresivo de los combustibles fósiles, con marcos financieros europeos que prioricen adaptación y resiliencia. También plantea la “adaptación permanente del sistema tributario al nuevo contexto climático” y la creación de fondos con recursos nacionales y autonómicos. Es decir, vincula fiscalidad y clima, una combinación que ambos partidos rechazan explícitamente.

El PP prefiere hablar solo de ayudas económicas y fiscalidad: exige la exención total de impuestos e intereses para las ayudas, indemnizaciones o préstamos públicos recibidos por los afectados, y una automatización de las ayudas que se concedan sin necesidad de solicitud previa cuando la administración ya tenga los datos.

Existe, además, una diferencia en el alcance de la protección a la propiedad privada. Mientras el Gobierno se centra en la “población más vulnerable” y la “justicia social”, el PP garantiza por escrito que “nadie se quedará sin su vivienda habitual ni su segunda vivienda”, sin distinguir entre primera y segunda residencia.

La respuesta punitiva del PP es reveladora. El plan de Feijóo propone un Registro Nacional de Pirómanos y pulseras telemáticas para los condenados durante los meses de máximo riesgo, una medida sin equivalente en el documento del Gobierno, centrado en crear una Agencia Estatal de Protección Civil y un Cuerpo Facultativo de Técnicos.

Para el PP, el enfoque del Ejecutivo es demasiado burocrático. Los populares exigen más plantillas del Seprona y nuevos batallones de la UME. Mientras el Gobierno propone “interoperabilidad de datos y gemelos digitales” para simular emergencias, el PP reclama más agentes en el terreno y liderazgo de profesionales con “acreditada experiencia”.

La sombra de las catástrofes recientes, especialmente la dana de 2024, alimenta una desconfianza institucional que parece insalvable. El PP afirma que el Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil que el Gobierno dice haber activado en crisis previas “no existe” en la realidad, una acusación que dinamita cualquier consenso sobre la “Gobernanza del Pacto”.

La propuesta de Sánchez incluye la profesionalización de la lucha contra las emergencias, con un Cuerpo Facultativo de Técnicos especializado en emergencias climáticas, una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias con catálogo nacional de capacidades e IA para predicción de riesgos, y el refuerzo de la Escuela Nacional de Protección Civil. Un diseño que aumentaría el peso del Estado central y vincula protección civil a una narrativa de justicia social, algo incompatible con la retórica competencial de PP y Vox.

Existe también un choque narrativo sobre las causas y soluciones a largo plazo. La lucha contra la desinformación climática, que también recoge el documento del Gobierno, es uno de los asuntos más sensibles: define la desinformación como un “obstáculo directo” para la cultura de prevención.

Por eso propone campañas de alfabetización climática, protocolos oficiales durante las alertas, verificación rápida de casos virales y una red de protección frente al acoso a científicos y meteorólogos, además de apoyo al periodismo ambiental de calidad.

Ese planteamiento choca con narrativas como las de la derecha, que presentan la verificación climática como “censura” o la acción contra bulos como control ideológico de medios y redes.

La realidad es la de una España que sufre un calentamiento un 20% más rápido que la media global y que pierde el 6% de su producción agraria anual por eventos extremos. La urgencia es real, pero la solución política sigue estancada.

El PP asegura que no puede aceptar el pacto porque considera que ignora la realidad económica del monte, impone una supuesta burocracia verde que asfixia a los ayuntamientos —uno de los bulos más difundidos estos días por el PP y la extrema derecha—, carece de una política punitiva eficaz contra los pirómanos y se asienta sobre una estructura de mando en la que el PP no cree.

La distancia entre el plan del PP y la propuesta de pacto de Estado del Gobierno deriva de dos visiones de país que, por ahora, parecen incapaces de encontrarse entre las cenizas de un verano asfixiante.

Pedro Sánchez ha situado la emergencia climática y la oleada de incendios que afecta a buena parte del país en el centro de su balance del curso político. El presidente del Gobierno ha reclamado unidad entre administraciones para afrontar tanto la prevención como la recuperación de las zonas afectadas y ha cargado contra los discursos de Vox y de algunos dirigentes del PP que niegan o minimizan los efectos del cambio climático.

“El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática”, ha advertido Sánchez durante su comparecencia desde el Palacio de la Moncloa. A su juicio, cuestionar las evidencias científicas no contribuye a proteger a la población, sino que aumenta su vulnerabilidad ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes. “La emergencia climática mata y el negacionismo desarma” a quienes trabajan para prevenir y combatir los incendios, ha resumido.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática, una propuesta que, por el momento, no cuenta con el respaldo de las comunidades gobernadas por el PP. Sánchez ha apelado directamente a las administraciones autonómicas y locales para que dejen a un lado sus diferencias políticas y participen en un acuerdo común que refuerce la prevención, la respuesta ante las catástrofes y la reconstrucción posterior.

Para defender la urgencia de ese pacto, el presidente ha recordado los incendios registrados en provincias como Almería, Guadalajara, Madrid, Ávila y Castellón. Según los datos ofrecidos durante su comparecencia, más de 170.000 hectáreas han ardido en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la del ejercicio anterior. Sánchez también ha señalado que los incendios han dejado ya una decena de víctimas mortales cuando todavía quedan por delante agosto y septiembre, dos de los meses de mayor riesgo.

“¿Qué más tiene que pasar para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país?”, se ha preguntado. El presidente ha insistido en que negar la dimensión del problema o las advertencias de la comunidad científica debilita la capacidad de respuesta del país y genera una falsa sensación de seguridad.

Sánchez también ha advertido de que los próximos días serán “especialmente complejos” por el aumento progresivo de las temperaturas, que dificultará las tareas de extinción y elevará el riesgo de nuevos incendios en distintos puntos de España. Ante ese escenario, ha asegurado que el Gobierno seguirá movilizando, en coordinación con el resto de las instituciones, todos los medios necesarios “hasta apagar la última llama”.

El Consejo de Ministros ha aprobado además la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil de los territorios perjudicados por los incendios. Esta medida permitirá activar ayudas para hacer frente a los daños personales y materiales ocasionados por el fuego.

El presidente también ha destacado que la España de hoy es la que crea la mitad de los puestos de trabajo que se generan en la Unión Europea, "muy distinta" a la España de hace una década que condenaba a la ciudadanía al "paro crónico o al exilio".

"Batir cada poco tiempo récords de empleo se ha convertido en la norma", ha afirmado el presidente tras conocerse este martes que el mercado laboral marcó un nuevo máximo en 22,7 millones de ocupados de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre.

Sánchez ha subrayado que ya son seis encuestas de población activa consecutivas en las que el empleo crece por encima del medio millón de empleos anuales, lo que considera un éxito de los empresarios, los autónomos, los trabajadores, las instituciones y todo el país.

Asimismo, ha destacado que la tasa de paro ha vuelto a descender del 10%, el nivel más bajo en 18 años, y que se está logrando generando empleo en sectores de alto valor añadido como la información y las telecomunicaciones, o las actividades científico-técnicas. "No solo es cuestión de cantidad, sino de calidad", ha incidido el presidente, que lo ha atribuido a una reforma laboral que ha favorecido que la temporalidad haya caído 11 puntos.

Todo ello "en un contexto muy complejo para la economía europea", que España está capeando creando valor añadido, tras dejar atrás "burbujas como la de la vivienda" y el empleo precario, y mejorando al mismo tiempo la salud de las cuentas públicas.

Respecto al crecimiento económico, ha hecho hincapié en la mejora de las previsiones internacionales para España este 2026, en un momento en el que la economía española está creciendo "cinco veces más que la italiana, cuatro veces más que la alemana y tres veces más que la francesa". 

El presidente del Ejecutivo también ha ratificado que “queda un año para culminar esta legislatura” y las reformas pendientes, y ha pedido a los ciudadanos que se sientan orgullosos de un país “que tiene las cosas muy claras, que defiende la convivencia y la paz, que juega limpio y que construye una sociedad mejor”.

Sánchez ha vuelto a dejar claro que no contempla un adelanto electoral y ha subrayado que las legislaturas duran cuatro años también cuando las elecciones las gana la izquierda.

Tras pedir que se asuman los resultados electorales, ha insistido en que “queda mucho camino por delante” y ha garantizado que su equipo tiene “los objetivos muy claros” tras ocho años de gobierno: “Somos el Gobierno de la gente, somos el Gobierno de coalición progresista, y este es el Gobierno de España”.

Ante las vacaciones estivales, ha pedido a los españoles que viajen al extranjero que se fijen en la “admiración” que genera el país, y no solo por la selección de fútbol, y que se sientan orgullosos del mismo.

Sánchez ha defendido la agenda “del sentido común” que está llevando a cabo el Ejecutivo en un contexto “nada fácil” y marcado por una incertidumbre internacional “casi permanente”.

Ha recordado que llegó a la Moncloa tras una “década de recortes” del Ejecutivo del PP, en la que también se cercenaron “los derechos laborales y las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras”, y se ha mostrado convencido de que el país está “infinitamente mejor”.

Estamos exactamente donde dijimos que no queríamos volver a estar. Con media España ardiendo. Hablando otra vez de incendios de “difícil capacidad de extensión” —algo que no suena nada bien—, incendios imposibles de controlar, de evacuaciones, de pueblos confinados y de llamas capaces de devorar miles de hectáreas en apenas unas horas. Un paisaje que nos prometimos no volver a contemplar. Lo peor es que sabíamos que iba a ocurrir.

Volvemos a ver a decenas de vecinos abandonar sus casas con lo puesto. Salen con lo imprescindible, aunque nadie sabe realmente qué es lo imprescindible cuando tienes apenas unos minutos para escapar y la posibilidad de no volver jamás. ¿Qué se salva primero? ¿Los documentos? ¿Las fotografías? ¿El álbum familiar? ¿La manta que tejió tu madre? ¿Los juguetes de tus hijos? Toda una vida cabe entre cuatro paredes y, de repente, descubres que no existe el tiempo suficiente para decidir qué merece acompañarte y qué se quedará atrás. “El infierno se acerca”, decía hace unos días un vecino. Supongo que es lo que piensas cuando ves cómo el fuego avanza hacia tu casa.

Sabíamos que esto volvería a pasar y, aun así, aquí estamos otra vez. En el momento de reclamar más medios, más prevención, más coordinación entre administraciones. De escuchar a alcaldes denunciando que sus municipios han tenido que defenderse prácticamente solos y a agricultores enfrentándose con sus tractores a un enemigo contra el que poco pueden hacer. Los cortafuegos ya no bastan cuando el fuego es capaz de superarlos, de avanzar a una velocidad de vértigo, de saltar carreteras, impulsado por el viento y por unas temperaturas extremas que han dejado de ser excepcionales.

Y todavía no ha terminado julio. Queda todo agosto por delante. Basta salir unos kilómetros de las grandes ciudades para comprender la dimensión del problema. La España que solemos olvidar durante el resto del año, la que vive pegada al monte, la que cultiva la tierra, la que mantiene vivo el medio rural, sabe que ese paisaje se convierte en un inmenso polvorín. Campos recién segados, monte bajo acumulado durante años, miles de hectáreas esperando una chispa para convertirse en una tragedia.

El calor forma parte del problema, pero no explica por sí solo lo que está ocurriendo. Lo que sí sabemos es que los veranos extremos, las olas de calor prolongadas y las noches tropicales son ya la nueva normalidad. La pregunta, por tanto, no es si volveremos a tener grandes incendios. La pregunta es por qué seguimos comportándonos como si fueran algo extraordinario y no un escenario para el que deberíamos llevar años preparándonos.

En los últimos grandes incendios, los equipos de extinción han tenido que tomar una decisión dramática: dejar arder parte del monte para concentrar todos los esfuerzos en salvar los pueblos. Proteger las casas antes que el territorio. Era la única decisión posible. Pero quienes regresen a esas viviendas en los próximos días se encontrarán rodeados por kilómetros de tierra negra, árboles convertidos en esqueletos y un silencio y un olor que tarda décadas en desaparecer.

Pedro Sánchez planteaba esta semana un gran pacto de Estado para reforzar la prevención y la respuesta frente a los incendios. La propuesta llega en un momento de máxima polarización política y cuesta imaginar que llegue a algo en un clima donde cualquier acuerdo se interpreta antes como una victoria o una derrota partidista que como una necesidad.

La prevención nunca ha dado votos. No inaugura infraestructuras, no ofrece fotografías espectaculares ni ocupa portadas. Su éxito consiste precisamente en que no pase nada. Y eso tiene un enorme problema político: es mucho más sencillo hacerse la foto en el puesto de mando, explicando los medios que se han desplegado, que justificar inversiones destinadas a evitar una catástrofe que todavía no existe.

A la vuelta de vacaciones esto dejará de estar en el debate político, si es que en algún momento ha llegado a estar. Hasta el próximo verano. Hasta que otro incendio vuelva a poner un pueblo contra las cuerdas y repitamos exactamente las mismas preguntas, las mismas promesas y las mismas declaraciones solemnes.

Quizá el mayor fracaso no sea que los incendios regresen cada verano. El verdadero fracaso es que nuestra memoria dure menos que las cenizas.

“Este Gobierno no tiene credibilidad. Lo único que ha hecho es romper los pactos que había en materia de defensa y de asuntos exteriores. Está especializado en construir muros. No tiene ninguna voluntad de hacer ningún pacto de Estado”. Con esta contundencia, sin dudar, despachó el lunes Alberto Núñez Feijóo la oferta del presidente Pedro Sánchez para que participase en un gran acuerdo en torno a la emergencia climática. Una iniciativa a la que el Gobierno llamó a todos los partidos, especialistas, científicos y comunidades autónomas, para definir de común acuerdo medidas a corto, medio y largo plazo para que España pueda hacer frente a sus vulnerabilidades en esta materia, que hace menos de un año causaron 228 muertos en València y que este verano han arrasado una cifra sin precedentes de hectáreas de monte. Exactamente lo que los ciudadanos, los expertos y muchas administraciones están demandando tras lo ocurrido con los incendios.

Pero Feijóo zanjó la oferta sin hacer referencia siquiera al contenido de la propuesta de Sánchez. El líder del PP ni se molestó en pronunciarse sobre lo que el presidente acababa de poner encima de la mesa: la implementación de un fondo permanente para reconstrucción, la ampliación y consolidación de medios técnicos y humanos activos durante todo el año; la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias; la aprobación de un modelo de gestión forestal adaptado al siglo XXI; el diseño de una estrategia nacional sobre el agua; la creación de una red de refugios climáticos y de adaptación urbana; la preparación de incentivos económicos y fiscales para el medio rural; el fomento de prácticas agrícolas sostenibles; la promoción de una cultura cívica de prevención desde la educación; y la aceleración de la transición ecológica con impulso europeo.

Lo ocurrido con este pacto, que el PP se niega a discutir no por su contenido sino porque lo propone el Gobierno, es sintomático de hasta dónde ha llegado el desencuentro entre el principal partido de la oposición y el Ejecutivo. Y de sus consecuencias. Porque muestra hasta qué punto la prioridad de Feijóo en este momento es el asedio a Pedro Sánchez: en todas partes, en todas las cosas y todo el tiempo.

En abril de 2022, al término de su primera reunión con el presidente, nada más sustituir a Pablo Casado al frente del PP, Feijóo dijo que ponía “el contador a cero”. Pero casi inmediatamente se hizo evidente que el nuevo líder de los conservadores españoles solo estaba dispuesto a hablar de lo suyo, empezando por rebajas generalizadas de impuestos para afrontar la recesión económica que, según él, estaba a punto de llegar y que nunca hizo acto de presencia.

Es verdad, en todo caso, que Sánchez no se lo puso fácil. En Génova escuece especialmente que el presidente del Gobierno no comparta con Feijóo, antes de hacerlas realidad, ninguna de sus iniciativas en materia de política exterior, desde el abandono del Sáhara al reconocimiento de Palestina. O que tome compromisos en materia de política de defensa, sobre todo en relación con la OTAN, sin consultarle.

Pero él tampoco está por la labor. Hace pocos meses, en el marco del debate abierto con ocasión de la necesidad de incrementar el gasto militar para cumplir los compromisos suscritos con la OTAN —y que se remontan al Gobierno de Mariano Rajoy—, Feijóo tardó bien poco en descartar un acuerdo con Sánchez. “Si lo que pretende es que el PP sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese”, le advirtió al presidente en el Congreso.

Entonces ya estaba claro, como corroboró su equipo ese día, que el PSOE “no puede contar con el PP en ningún caso”. Ni siquiera en un asunto en que ambos partidos están básicamente de acuerdo y que estaba promoviendo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que pertenece a la familia política del gallego.

Detrás de esta negativa a firmar cualquier acuerdo con el Gobierno está la decisión de Feijóo de aceptar la estrategia de guerra total que le han marcado Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid desde que en las elecciones de 2023 fue incapaz de reunir una mayoría suficiente para poder gobernar.

Fue esa, precisamente, la última vez que Feijóo se mostró dispuesto a pactar con el PSOE, pero solo a cambio de que los socialistas le hiciesen presidente. Entonces ofreció nada menos que seis pactos: de regeneración democrática, por el estado de bienestar, por el saneamiento económico, por las familias, por el agua y por el territorio.

Es verdad que en estos años, con todo, los dos grandes partidos sí se pusieron de acuerdo en algunas materias objeto de controversia, fundamentalmente nombramientos como la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución para eliminar la referencia a personas disminuidas, o la reforma electoral para derogar el voto rogado.

Pero eso apenas puede disimular la evidencia: la falta de diálogo ha enterrado en los cajones asuntos de enorme trascendencia que el Gobierno y el PP han sido incapaces de sacar de la batalla política. Desde la política migratoria, convertida en un arma arrojadiza, hasta la reforma —pendiente desde hace años— del modelo de financiación autonómica, que Feijóo se niega a negociar con el Gobierno con el argumento de que debe pactarse con las comunidades autónomas y no con el principal partido de la oposición.

Lo mismo ha ocurrido en materia de vivienda, que todo el mundo coincide en señalar como el principal problema de los españoles. Y un desencuentro que podría basarse en el enfoque diferente que ambas partes tienen de las soluciones —el Gobierno cree en la intervención del mercado y el PP apuesta por la receta tradicional de poner suelo público a disposición del sector del ladrillo—, pero que en realidad se alimenta de la crispación. El propio Feijóo descartó en su momento abrir un diálogo con el argumento de que el Gobierno estaba tratando de boicotear la investigación abierta a la esposa del presidente.

No habrá hueco tampoco para otras propuestas sobre las que el PP no quiere hablar, como un pacto de Estado por las personas LGTBI, que el Gobierno ha planteado después como un gran acuerdo contra los discursos de odio, ni sobre la salud mental.

Lo habitual es que sea el principal partido de la oposición el que persiga pactos de Estado. Es una manera de atraer al Gobierno a sus posiciones e intervenir de manera constructiva en la política. La última vez que los pactos de Estado prosperaron en España fue con el PSOE en la oposición. Un buen ejemplo es el pacto antiterrorista, propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero con José María Aznar en el Gobierno. O el pacto antiyihadista, promovido por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy ya con Sánchez como líder del PSOE.

Ocurrió lo mismo con el pacto antitransfuguismo, promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998 y que el PP abandonó en 2021, cuando le resultó conveniente para impedir una moción de censura en Murcia. Feijóo nunca regresó al pacto.

Lo cierto es que pactos de Estado dignos de tal nombre con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977, solo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.

La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el Gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la presidencia, y el primer Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

La creación de una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, la dotación de más recursos permanentes por parte de todas las administraciones públicas, el reforzamiento del mundo rural y la instauración de una cultura cívica de protección son algunas de las principales medidas en la propuesta del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pacto se plantea "con espíritu de acuerdo, actitud de escucha y con humildad" e irá al próximo Consejo de Ministros, ha dicho el presidente, que ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas".

Durante su intervención, Sánchez ha señalado que la política de prevención de incendios "ha sido claramente insuficiente", al analizar las causas de los fuegos que han arrasado España este mes de agosto. Junto a esa prevención deficiente, ha mencionado como causas "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que ha convertido los incendios en "cada vez más virulentos".

Tras "la peor ola de incendios de nuestra historia reciente", el Gobierno, ha dicho, tiene "tres prioridades claras": "extinguir los incendios aún activos, transferir las ayudas y hacer lo que haga falta para que esta tragedia no vuelva a repetirse".

Sánchez ha señalado que "hay que mirar a largo plazo con respuestas inmediatas" y que por ello el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado". "Aquellos que quieran participar van a tener la ocasión", ha dicho sobre las aportaciones de los distintos sectores, y ha mencionado a los partidos y administraciones, a la comunidad científica y a los grupos ecologistas, entre otros. "Queremos un pacto de Estado que trascienda. No polaricemos con esto, dejemos ese asunto al margen de las disputas", ha pedido el presidente.

Sánchez ha avanzado los puntos sobre los que echará a andar la propuesta de pacto y ha comentado sobre la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias que, además del papel esencial de las administraciones locales, la lucha contra el cambio climático funcionará mejor "cuantos más instrumentos de coordinación" estén disponibles.

Varios apartados de la propuesta inciden en la importancia del mundo rural. "Nuestros pueblos deben estar en primera linea de la batalla y necesitan más apoyo", ha afirmado.

En este sentido, las administraciones deben comprometerse, ha destacado Sánchez, a aumentar "los recursos técnicos y humanos frente a los fenómenos extremos", con "equipos estables dotados de maquinaria adecuada". "De nada sirve ahorrarse un euro en prevención si hay que gastar cien en la respuesta y mil en la recuperación", ha añadido.

El presidente ha destacado que el gasto de no prevenir y mitigar estos fenómenos ha obligado al Estado a desembolsar en cinco años "32.000 millones de euros, una cifra que puede parecer abstracta pero que es el presupuesto invertido en educación en ese tiempo". "Además, ha causado la muerte por calor de 20.000 personas, el doble de victimas que por accidentes de tráfico", ha apuntado.

La emergencia, ha advertido, no se limita al fuego en verano, tras recordar que también se deja ver con episodios extremos de otra índole, como las nevadas de Filomena o lluvias torrenciales y danas tan catastróficas como la de València.

Otros puntos del pacto se refieren, ha explicado Sánchez, a un modelo de gestión forestal "adaptado al siglo XXI", a la actualización de los planes hidrológicos, a la creación de refugios climáticos y a la creación de "una cultura cívica de prevención, protección y reacción".

También ha hablado de "exigir a la Unión Europea una mayor acción, porque no puede haber más excusa ni más pausas".

El objetivo, ha indicado, es "movilizarse como sociedad ante un frente común que trasciende las ideologías". 

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha abierto el acto, ha afirmado que el cambio climático puede llevar a España a "un modelo social y económico insostenible" y que las olas de calor y los incendios "no dejan margen de duda" sobre la urgencia de abordar un pacto de Estado contra esta emergencia: "Nos pisa los talones".

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha añadido que los hechos obligan a pasar de "la discusión teórica a la realidad tangible" y ha subrayado que España es un país especialmente vulnerable. Según la ciencia, ha dicho, si persiste la actual tendencia climática de las últimas décadas en 2050 pasará "de un clima mediterráneo típico a estepario".

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha asegurado que "la lucha contra los efectos del cambio climático solo será posible de la mano de agricultores, ganaderos y silvicultores", que conforman un sector que es a la vez "vulnerable, pero estratégico". "La agricultura y la ganadería son esenciales para mantener vivos nuestros pueblos, generar empleo y cuidar el territorio. Protegerlos es proteger la vida en el medio rural y garantizar nuestro futuro, el de todos, el de las zonas rurales, pero también de las urbanas y del conjunto de España", ha señalado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apelado también al consenso nacional para mejorar "la capacidad de respuesta" del Sistema Nacional de Protección Civil ante la emergencia climática, con el fin de "garantizar la seguridad" de los ciudadanos, porque "los riesgos son ya sistémicos y de gran alcance". En su discurso, el titular de Interior ha destacado que España dispone de "un sistema de protección civil robusto", pero la emergencia climática exige "un paso adelante", con la necesidad de una acción coordinada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios en este país tras adelantar la puesta en marcha de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia y señalar que este problema centrará la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, según recoge EFE. "Tenemos que hacer una apuesta que transcienda las legislaturas. Deben ser políticas de Estado", ha asegurado

El presidente ha comparecido ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Degaña (Asturias), en donde se concentran los mayores esfuerzos de los equipos de extinción en Asturias, y ha dicho sobre esa comisión, que se pondrá en marcha el próximo martes, que será la encargada con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de liderar conjuntamente con el Ministerio del Interior todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado.

Junto a Pedro Sánchez en la visita estaban también personalidades como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

En su declaración, Sánchez ha dado su visto bueno también a una propuesta de Barbón para que la Conferencia de Presidentes y autonómicos que se celebrará en Asturias antes de que finalice el año sea "una pieza importante de ese pacto de Estado contra la emergencia climática" para "definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior".

Sánchez ha destacado que las altas temperaturas de estos días deberían llevar a la reflexión de que "la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada, cada vez más asidua", con efectos "más graves". A su juicio, habría que "redimensionar y redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático", algo en lo que el Gobierno "ha venido trabajando y va a seguir trabajando a lo largo de los próximos meses y años" con este pacto de Estado contra la emergencia climática.

El presidente ha tenido palabras de agradecimiento para la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien ha querido "felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan, tan largos y noches tan, tan largas en la que ha estado a al pie del cañón", después de ser duramente criticada este jueves por el PP.

En su cuarta visita a zonas afectadas por incendios en el país, Sánchez ha destacado "la extraordinaria coordinación y colaboración" del Gobierno central con el Principado de Asturias, gobernado por el PSOE y tras las quejas de otras comunidades el PP estos días, "en lo que es la lucha" contra los fuegos que "están afectando a esta tierra".

Ha enfatizado la importancia de afrontar estas catástrofes con una gestión integral a fin de "reducir, limitar, amortiguar los efectos tan lesivos que tienen los incendios sobre nuestro territorio". También, como viene siendo habitual, ha agradecido a los medios de comunicación "su labor, porque esa información de servicio público que están dando a la ciudadanía en momentos tan difíciles como los que estamos afrontando, es absolutamente necesaria".

Tras lamentar que se produzcan este tipo de "calamidades" en referencia a la oleada de incendios tras hablar de temperaturas nunca vistas durante tanto tiempo, Sánchez ha reiterado, como ya anunció el otro día en su visita a Cáceres, que hará una declaración el próximo martes de zonas afectadas por una catástrofe de Protección Civil.

En este sentido, ha subrayado: "Desde lo público, se pueden poner herramientas, instrumentos efectivos para poder proteger la seguridad de nuestros conciudadanos y también defender nuestro territorio".

Desde el Ejecutivo, ha dicho, se han puesto "todos los efectivos" que tienen a su alcance y ha señalado que ahora mismo hay desplegados por todo el territorio español más de 3.400 miembros de la UME, 500 del Ejército, más de 500 vehículos y la infraestructura "necesaria para combatir a los incendios". Junto a esto, hay también disponibles 6.000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y 10 brigadas de bomberos forestales liderados por el Ministerio de Transición Ecológica, "además de otras capacidades que se están poniendo a disposición de todos los territorios afectados por los incendios".

También ha destacado en la lucha contra los incendios el mecanismo nacional de respuesta, "donde efectivamente se ha ejercido esa solidaridad por parte de otras comunidades autónomas en la transferencia de recursos".

Sánchez ha aprovechado para agradecer una vez más a los países que están contribuyendo a sofocar los fuegos en España mediante el mecanismo de Protección Civil europeo; "están demostrando lo que significa Europa", ha declarado. "Europa es esto, es solidaridad, es compromiso y es estar a las duras y a las maduras. Y hay países que han ejercido y mostrado esa solidaridad, como ha hecho también España en grandes incendios que sufrió, por ejemplo, Portugal o Grecia hace muy pocos años".

Cuando anunció su candidatura para presidir el Partido Popular hace ahora tres años, Alberto Núñez Feijóo aseguró que él "no venía a insultar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino a "ganarle en las urnas". No consiguió lo segundo por la falta de alianzas —pese a ser la primera fuerza en las generales de hace dos años— pero tampoco lo primero, ya que tanto él como otros miembros de su dirección llevan tiempos instalados en el insulto contra el presidente del Ejecutivo, del que han llegado a cuestionar su legitimidad. Para muestra, la reunión interparlamentaria celebrada este pasado fin de semana en Sevilla, en la que Feijóo y su círculo más próximo se dirigieron a Sánchez como "pequeño dictador, "déspota", "autócrata" o "activo tóxico", entre otros.

En su discurso del domingo, el jefe de la oposición cargó contra el "despotismo sanchista" del socialista por no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Todo para Sánchez, pero sin el pueblo", dijo, calificando la posibilidad de prorrogar las cuentas como una decisión propia de "repúblicas bananeras" obviando que actualmente hay varias autonomías presididas por el PP cuya mayoría depende de Vox con las cuentas prorrogadas como Murcia, Aragón, Extremadura, Baleares y Castilla y León. "No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación", afirmó.

Más allá fue su número dos, Cuca Gamarra, que equiparó al presidente del Gobierno, democráticamente elegido, con un "pequeño dictador": "Deje de actuar como un pequeño dictador y empiece a respetar los contrapoderes y la voluntad de la mayoría", dijo en el discurso de apertura del evento, en el que también denunció que la democracia española está "en peligro" por la dependencia del Gobierno de las "minorías" representadas en el Congreso. Así, concluyó que Sánchez "pisotea" el Estado de derecho y "huye" del Parlamento: "Frente a este deterioro democrático, esta corrupción y degradación, el PP es la solución", señaló

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que intervino en una de las mesas redondas organizadas también ese sábado, siguió esa misma línea y acusó al presidente del Gobierno de querer "impedir la alternancia política" y de "desertar del constitucionalismo": "Nunca antes en España había gobernado el que había perdido las elecciones", dijo, obviando que España es un sistema parlamentario y no presidencialista. Además, también afirmó que Sánchez es un "elemento tóxico" porque lo "contamina absolutamente todo"

En esa misma mesa intervino también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que definió a Sánchez como un "autócrata" sin credibilidad en la Unión Europea al que sus colegas han "calado", pese a que es el principal referente de la socialdemocracia en la actualidad. Montserrat le presentó como un político "sin escrúpulos", que "miente sin pestañear y desprecia el control institucional", "no respeta la separación de poderes" y que "convierte a la Fiscalía General en un brazo político y a la prensa en enemiga".

Una serie de apelativos que contrastan con lo que decía Feijóo a su llegada a Madrid sobre los insultos: "Son la ausencia de razones, y a mí no me gusta practicarlos" —afirmaba en una entrevista en El Mundo—, pero que no son una novedad en el PP, ya que en este último año Feijóo ha equiparado en varias ocasiones al presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco y se llegó a referir a él como un "caudillo" en su propio partido. Sobre Sánchez también ha llegado a afirmar que tiene "dosis de narcisismo impropias de una persona madura" y que le sobra "soberbia y arrogancia": "Hoy han podido ver todos los españoles, lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está", afirmó en el reciente debate sobre el aumento del gasto en defensa.

En ese debate Feijóo apeló a firmar un pacto de Estado sobre el presupuesto militar que, precisamente, el PP ha enfriado en la interparlamentaria celebrada en Sevilla. Aunque hace tres años el conservador se presentó como un político dispuesto a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno de Sánchez, decidido a "sacar la política española del enfrentamiento" y convencido de que no iba a participar del "entretenimiento infantil", ha liderado una oposición sin tregua a Sánchez en todos los frentes con escasos acuerdos con el Ejecutivo más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a instancias de la Comisión Europea, y la del Tribunal Constitucional (TC), un órgano al que ahora acusa de estar al servicio de Sánchez, el consejo de administración de RTVE, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la ley para los enfermos de ELA.

La llamada a la negociación de pactos de Estado ha sido una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque, teóricamente, deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

Tras las elecciones del 23J ofreció seis de estos pactos de Estado —y un acuerdo imposible a Sánchez en que el PSOE debía apoyarle a cambio de dejarle gobernar durante dos años para después convocar elecciones— sobre regeneración democrática, Estado de Bienestar, saneamiento económico, por las familias, un pacto nacional del agua y un acuerdo el clave territorial. En esta legislatura ha demostrado que la forma que tiene el líder del PP de entender los pactos de Estado es firmarlos con sus propias condiciones, pero cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de esos acuerdos, Feijóo se echa atrás. Bajo su liderazgo, únicamente se ha reeditado el pacto contra la violencia machista, pero no se ha alcanzado ningún otro gran acuerdo.

Los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 solo ha habido ocho, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. La mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa. Ninguno con Rodríguez Zapatero ni con Sánchez.

El último, a propósito de la violencia machista, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Hace apenas un mes se renovó con el visto bueno de todas las formaciones a excepción de Vox, en línea con sus tesis negacionistas sobre la violencia contra las mujeres.

Hay uno de esos pactos, promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que el PP abandonó en 2021. Se trata del Pacto de Estado contra el transfuguismo, que se amplió en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno de los conservadores. Un año después, sin embargo, el PP lo incumplió tras el intento de moción de censura en Murcia que su presidente, Fernando López Miras, impidió precisamente cooptando a miembros de otros partidos a los que acabó colocando en su Gobierno. La comisión de seguimiento del pacto tildó de “tránsfugas” a los exmiembros de Ciudadanos que cambiaron de caballo después de haber firmado dicha moción. El PP trató de hacer lo mismo en la votación de la reforma laboral con los dos diputados de UPN, pero la equivocación del diputado Alberto Casero les llevó a aprobar la normativa con un solo voto de diferencia.

El Congreso de los Diputados ha aprobado el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el apoyo de todos los partidos menos Vox, y ha dotado a España de una nueva hoja de ruta para combatir todas las violencias contra las mujeres, incluidas la económica, la digital y la vicaria, informa EFE.

El dictamen del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género contiene 461 medidas, que duplican y actualizan el contenido del primer pacto firmado en 2017.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha elogiado el gran consenso parlamentario alcanzado "para transformar una sociedad patriarcal y machista en una sociedad democrática, igualitaria y justa", algo que no es sencillo en "un contexto histórico de recorte de libertades" y negación de la violencia.

"El carácter valioso de la vida de las mujeres, de cada una de las mujeres, la convicción profunda de que la vida humana es digna de ser vivida en libertad e igualdad nos mueve a este acuerdo para poner a todas las instituciones y a todos los instrumentos de los que dispone el Estado al servicio de una sociedad libre de violencias machistas", ha destacado Redondo.

Dialogar sí, pero sobre lo que el PP quiere. ¿Pactos de Estado? Por supuesto, pero con los contenidos que defiende la derecha. Alberto Núñez Feijóo lleva año y medio, desde que se puso a los mandos de la sede de la calle Génova, proponiendo al presidente del Gobierno que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo sobre una amplia gama de asuntos. Pero cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de esos acuerdos, Feijóo se echa atrás.

En Galicia conocen bien esta estrategia. Cuando estaba en la oposición, entre 2006 y 2009, desarrolló una política de oposición frontal al Gobierno bipartito formado por PSOE y BNG fundada sobre un lenguaje conciliador que nunca dio ningún fruto. Más bien todo lo contrario. De hecho, desembocó en la ruptura del consenso básico que siempre había existido en Galicia sobre la lengua e impidió la actualización del Estatuto de Autonomía. ¿La razón? Que PSOE y BNG querían que la exposición de motivos incluyese una referencia a una línea del himno gallego que habla de la “nazón de Breogán” y que tiene carácter oficial.

Ahora que Sánchez propone al líder del PP abrir una negociación entre el PP y el PSOE para intentar alcanzar acuerdos en torno a tres asuntos (la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, los criterios de reparto de la financiación autonómica para los próximos años y la eliminación del término “disminuido” de la Constitución), Feijóo sólo pone pegas.

Por ejemplo, que la negociación entre los dos partidos no se haga en el marco de “una mesa de negociación en los términos acordados con los partidos independentistas”, algo que Sánchez nunca ha planteado. O que encima de la mesa se puedan plantear otras cosas —una hipótesis que el Gobierno acepta de buen grado, según confirmó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría—.

Lo que no se sabe aún es de qué temas quiere hablar Feijóo con Sánchez, más allá de las demandas que pretende trasladarle: renunciar a la amnistía y poner fin a las mesas de diálogo abiertas con los partidos independentistas. La última vez que propuso acuerdos al PSOE fue en septiembre, pero a cambio de que los socialistas le hiciesen presidente. Entonces ofreció seis “pactos de Estado” sobre “regeneración democrática”, Estado de Bienestar, “saneamiento económico”, “familias”, agua y “territorial”.

Sobre lo que sugiere Sánchez, el PP deja poco margen para el acuerdo. Solamente aceptarán cumplir la ley y renovar el CGPJ si el PSOE se pliega a cambiar el sistema de elección de sus miembros. Y para hablar de financiación autonómica, exigen que los socialistas rompan previamente sus acuerdos con Junts y Esquerra.

Únicamente entreabren la puerta a la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49, pero únicamente si “los socios de Sánchez den garantías de que no usarán este cambio para pedir nuevas modificaciones en el texto constitucional”.

La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque PP y PSOE, PSOE y PP, sostienen que deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

Lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 solo ha habido ocho, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

La lista de todos ellos, y al margen de los de la Moncloa de 1977, fruto de unas circunstancias irrepetibles en las que estaba en juego la supervivencia del proyecto democrático, describe los únicos asuntos que PP y PSOE consideran por encima del debate ideológico y sobre los que han conseguido ponerse de acuerdo.

En primer lugar, el desarrollo autonómico. El pacto de 1981 lo firmaron el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en plena agonía de UCD, y el entonces líder del PSOE, Felipe González, apenas unos meses después del fallido intento de golpe de Estado del 23F. El objetivo: armonizar el proceso autonómico y fijar el mapa actual. En 1992, ya con González en la Moncloa y José María Aznar al frente del PP, llegó el segundo pacto en esta materia, destinado a generalizar las competencias sanitarias y educativas que hasta ese momento estaban reservadas a las comunidades históricas —aquellas cuya vocación de autogobierno ya existía en la II República—.

El segundo asunto sobre el que PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo en estas cuatro décadas es el terrorismo. Primero para hacer frente a ETA con una premisa: sacar esta cuestión del debate para fortalecer la posición del Gobierno. Lo propuso el entonces líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se firmó en diciembre de 2000 con Aznar en la Presidencia y a pesar de la oposición inicial del entonces ministro Mariano Rajoy. En los años de gobierno de Zapatero, el PP se opuso sin embargo duramente, incluso con manifestaciones en las calles, , al proceso de diálogo con ETA que derivó finalmente en la renuncia definitiva a la violencia por parte de la banda terrorista. 

El pacto revivió en 2015 para amparar la batalla contra el terrorismo yihadista y lo firmaron el presidente Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a pesar de que los socialistas entonces se oponían a una de las medidas incluidas en él: la creación de la prisión permanente revisable, el eufemismo con el que en España se denomina la pena de cadena perpetua.

Los otros dos asuntos que fueron capaces de suscitar pactos de Estado entre el PP y el PSOE son las pensiones y la violencia de género. El primero de ellos, conocido como Pacto de Toledo, nació en 1995, en las postrimerías de Felipe González como presidente y con Aznar a punto de llegar a la Moncloa. El pacto de Toledo, que hoy se invoca con frecuencia para reclamar una reforma viable del sistema público de pensiones, descapitalizado por los efectos de la crisis de 2008 y una década de recortes, buscaba sentar las bases de las reformas que se consideraban imprescindibles para garantizar el modelo español de seguridad social.

El segundo de estos pactos, el de violencia de género, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Y que tanto PSOE como PP querían reforzar antes de que el coronavirus pusiese patas arriba la legislatura.

Hubo otro pacto, el de la Justicia de 2001, durante el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición: Entonces el PSOE y el PP acordaron poner fin al debate sobre el controvertido sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial modificando una veintena de leyes para cambiar las competencias de los altos tribunales, introducir criterios de productividad en las retribuciones de jueces y fiscales, así como informatizar y reorganizar la oficina judicial para agilizar los procesos. Sin embargo, la derecha lo bloqueó una vez el PSOE llegó en La Moncloa.

Cambiar el modelo territorial español implica una reforma de la Constitución imposible sin el concurso simultáneo de los dos grandes partidos que han dado soporte al sistema durante los últimos 45 años. Y aunque la modernización de la Carta Magna es una necesidad asumida desde hace tiempo por todos los partidos con representación parlamentaria, el alcance de los cambios e incluso la dirección que deben tomar tienen sesgos muy diferentes en cada fuerza política.

En un extremo están los partidos soberanistas a los que, más allá de una delimitación más clara de las competencias, les gustaría que los cambios incluyesen mecanismos para que los habitantes de un territorio pudiesen decidir en referéndum sobre su independencia. Del otro está Vox, la tercera fuerza política en el Congreso, partidaria de recortar drásticamente o incluso suprimir el Estado Autonómico, subordinar las lenguas cooficiales y hasta ilegalizar a los partidos que defienden la independencia de sus territorios.

En medio se mueven las posiciones federalistas del PSOE y de Sumar, la apuesta del PP por la transformación del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial e infinidad de propuestas académicas en las que expertos en derecho constitucional han trasladado desde hace tiempo la necesidad, cada vez más imperiosa, de aclarar el modelo.

El debate ha permanecido velado en los últimos años, pero ha vuelto con toda su fuerza impulsado por un resultado electoral que obliga a los grandes partidos —PP y PSOE— a tomar en consideración las propuestas de las organizaciones políticas que defienden un nuevo modelo o que, en línea con la fractura que tuvo lugar en 2017, cuando el Govern catalán organizó un referéndum y proclamó (durante unos instantes) la independencia, siguen pidiendo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Lo cierto es que la reforma, hoy por hoy, con el reparto de escaños decidido el 23J, no parece posible, entre otras cosas porque el mecanismo para llevarla a cabo está diseñado para hacer de la Carta Magna un documento virtualmente inexpugnable. Pau Bossacoma Busquets, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del consejo académico creado por la Generalitat para guiar y dar forma a un acuerdo de claridad que siente las bases de una propuesta catalana para un referéndum acordado de independencia, es de los que creen que el mecanismo de reforma constitucional traza una ruta infranqueable.

“El arduo camino que traza el [procedimiento fijado en el artículo] 168 [de la Constitución)] genera, al menos, tres tipos de dificultades”. En primer lugar, “una doble supermayoría al cuadrado” [dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado]; “una serie de apelaciones democráticas al pueblo español que incluye elecciones y referéndum de ratificación” y “un sacrificio por parte de los cargos gubernamentales y parlamentarios, puesto que la disolución de las Cortes supone perder sus puestos y escaños. En definitiva, el 168 requiere una compleja conjunción entre los principios y los intereses de las fuerzas que ostentan el gobierno y las de la oposición”, dejó escrito antes de entrar a formar parte del consejo académico que intenta encontrar una llave con la que abrir una puerta jurídica a la autodeterminación de Cataluña.

Sobre lo que no hay duda es acerca de la necesidad de actualizar el modelo. Al menos esa es la opinión más extendida entre los expertos. Algunos creen que es imprescindible una reforma de la Carta Magna, pero otros sostienen que bastaría con aclararlo. 

Esto último es lo que sostiene el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías. “Lo que hay que hacer es aclarar el modelo. La Constitución configura un modelo territorial de corte federal”, pero “ahora tenemos un Estado que no se sabe muy bien si es un Estado centralizado, si es federal, y que depende cotidianamente de lo que decida en cada momento el Tribunal Constitucional”. 

“Hace falta asentar el sistema territorial, aclarar de una vez por todas el mecanismo de financiación para el futuro”, señalar “bien el reparto de competencias” y hacer, en definitiva, todo lo que la Constitución “dejaba en manos del futuro legislador y nunca se ha desarrollado con el suficiente rango como para impedir que sea el tribunal el que tome estas decisiones”, apunta.

No es nada nuevo. Un grupo de juristas capitaneado por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense (Madrid), ya lo sistematizó en 2017, en pleno conflicto del procés, en un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución. 

Esta propuesta aconseja “remitir al estatuto (de autonomía) todo aquello que no afecta al conjunto: organización interna, institucional y territorial; elementos simbólicos e identitarios, derechos reconocidos en el ejercicio de las competencias autonómicas, etc.”. Los estatutos podrían “incluir la denominación de la comunidad que mejor responda a su identidad histórica”, y la Constitución debería remitir también a las normas autonómicas en lo tocante a “la organización de instituciones propias y la organización del territorio” y también a “las cuestiones simbólicas vinculadas a la identidad”.

Los estatutos, según estos juristas, deberían desligarse de la tutela del Congreso y el Senado y requerir únicamente “la aprobación del parlamento de la comunidad autónoma”, un cambio que de haber existido en 2010 hubiese impedido la modificación del Estatut no decidida en Cataluña que está en el origen mismo del procés, como recordó esta semana el propio líder de Junts, Carles Puigdemont.

“La ‘norma institucional básica’ de una comunidad autónoma no puede ser una ley orgánica más. Por ello, sería conveniente configurar al estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”, señala la propuesta académica de reforma de 2017. Una figura que también “debería quedar despojada de su carácter de ley orgánica pero también de su función en la distribución de competencias, que correspondería a la Constitución”, limitada a “cuestiones internas de la comunidad que no afectan a las restantes”.

Al mismo tiempo, proponen, la Constitución debería “incluir normas fundamentales del sistema de financiación, con aproximación a la atribución de recursos según las capacidades de ingreso y criterios de solidaridad, incluyendo los principios de igualdad social y de ordinalidad”, con el objetivo de poner fin a “una deficiente participación de los territorios en la concreción del modelo” vigente.

Esta propuesta asume también la necesidad de cambiar el funcionamiento del Senado, que es lo único sobre lo que se ha pronunciado favorablemente el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La idea, básicamente, es que la Cámara Alta decida sobre “la legislación del Estado que afecta a las comunidades, especialmente para las leyes básicas que desarrollan y ejecutan” éstas, y “codecidir la financiación”. ¿Cómo se elegiría? Ahí también hay discusión. Hay a quien le gusta más que los senadores sean de designación de los gobiernos autonómicos y quien prefiere que sean elegidos por los parlamentos de cada territorio apra garantizar una mayor representatividad.

Hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial, siguiendo el modelo alemán, para que deje de ser un hemiciclo redundante y virtualmente inútil, sigue siendo la principal asignatura pendiente de la arquitectura constitucional española. Hacer realidad esta reforma era uno de los elementos más destacados de la propuesta aprobada por el Consejo de Estado en 2006.

De 2017 data el último intento formal de evaluar la posibilidad de una actualización de la Carta Magna: una comisión de estudio en el Congreso, a cuya creación accedió Mariano Rajoy después de que Pedro Sánchez diese el apoyo del PSOE a la intervención de la autonomía catalana, pero que agotó sus días sin llegar a ninguna conclusión.

Como tampoco ha tenido nunca desarrollo, a falta de un interlocutor dispuesto a sentarse a negociar por parte del PP, la propuesta federal que el PSOE acuñó en Granada en 2013 bajo la batuta de Alfredo Pérez Rubalcaba y que sigue vigente a día de hoy. Con el apoyo, entre otros, del barón socialista que con más ahínco se opone ahora a cualquier cosa que tenga que ver con una evolución del Estado autonómico: Emiliano García-Page.

El discurso territorial que defiende en estos momentos el PSOE tomó cuerpo en julio de 2013. La decisión del PSC de defender, en septiembre de 2012, el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” abrió una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura. Rubalcaba lideró la tarea de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España. “Un proyecto para seguir juntos”, en palabras del propio Rubalcaba.

Aquella declaración reivindicaba el Estado de las Autonomías, pero reconocía la existencia de “disfunciones” en su funcionamiento. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.

En Granada el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

Fue el PSOE del recién fallecido Rubalcaba, el mismo dirighente qu ahora invoca el PP para arremeter contra el diálogo territorial, el que levantó en Ferraz la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que establezca un sistema de financiación autonómica que dé estabilidad al modelo, que incorpore los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad y que establezca mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.

Cambiar la Carta Magna, en todo caso, recuerda Urías, “debería hacerse con un consenso amplio”. No hace falta unanimidad, precisa, pero sí que al menos el 70% del Congreso se pronuncie a favor. “El problema es que no hemos sido capaces de reformar la Constitución y se está quedando antigua”, advierte.

Y aunque “España de por sí ya es un modelo federal, en la medida en que hay competencias autonómicas que están por encima de las competencias estatales”, el problema, apunta Urías, es que en España hay un desequilibrio social, “yo creo que como nunca antes, en cuanto a la percepción de la necesidad de autogobierno”. 

En algunos territorios periféricos, se explica, hay mucha sensación de que es importante el autogobierno. “Son básicamente Galicia, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Quizás en Canarias también”, añade. En cambio, otros territorios como Andalucía, Valencia o Baleares, que desarrollaron “un sentimiento identitario” durante los primeros años de la democracia, “lo han ido perdiendo". Y después está “la España central”, donde “nunca lo ha habido”. Es el caso, dice, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o La Rioja, que “se han convertido en comunidades autónomas sin querer serlo”. La consecuencia es que “tenemos dos Españas que conviven y es difícil dar respuesta a dos tensiones tan diferentes”.

Para lo que no hay hueco en una eventual reforma, explica Joaquín Urías, es para el sueño independentista de una regulación del derecho a la autodeterminación. “Yo creo que no es un tema que pueda incluir la Constitución. La Constitución española explica cómo funciona el sistema jurídico en España. Quien no sea España, pues no está afectado por esa Constitución. No creo que la Constitución tenga que prever nada parecido al derecho a la autodeterminación, ni a la secesión, ni nada de eso. Esos mecanismos son extrajurídicos. Puede pasar que en un territorio en algún momento la población no quiera seguir siendo española y habrá que ver cómo lo resolvemos, pero evidentemente eso no tiene por qué estar previsto”.

Los soberanistas, al menos los que no abogan directamente por la ruptura, como el PNV, creen que sí es posible. De hecho, eso es, en parte, lo que está detrás de la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de convocar una Convención Constitucional limitada a pactar una reinterpretación del modelo territorial establecido en la Carta Magna a través de la cual conseguir “el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. 

Lo que busca el lehendakari es una “forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política” a través de una “interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado”. En particular en las comunidades “que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978” (Galicia, Euskadi, Cataluña y Navarra).

Alberto Núñez Feijóo extiende una mano para pedir pactos de Estado al Gobierno mientras usa la otra para enterrar, definitivamente, uno de los que históricamente han intentado poner freno a la compraventa de voluntades políticas: el pacto antitransfuguismo.

El Partido Popular de Navarra, con las bendiciones de la calle Génova, se reunirá este martes en Pamplona con los diputados en el Congreso Sergio Sayas y Carlos Adanero para “analizar de manera formal su posible integración en la estructura del PP”.

Sayas y Adanero son dos tránsfugas: diputados que han sido expulsados por indisciplina del partido que les llevó al Congreso, en este caso UPN, y que no han renunciado a sus escaños. Ficharlos, como pretende hacer el PP, supone una flagrante violación del pacto antitransfuguismo que este partido firmó, aunque en abril de 2021 decidiese abandonarlo después de ser amonestado por haberlo incumplido para frustrar la moción de censura con la que PSOE y Ciudadanos intentaron acabar con la presidencia de Fernando López Miras.

El pacto en cuestión, uno de los pocos acuerdos de Estado suscritos por todos las formaciones políticas en los últimos cuarenta años, prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sayas y a Adanero en el PP incumplirá el pacto contra el transfuguismo, a menos que previamente renuncien a sus escaños en el Congreso.

Génova quiere ficharles para “trabajar de forma coordinada en la configuración de un proyecto competitivo que frene los ataques a una comunidad en la que gobierna el PSOE gracias al apoyo expreso de Bildu”. La voluntad de entendimiento entre la plataforma de los dos diputados navarros y el PP de Navarra “es amplia”, aseguran. “El objetivo es aglutinar el voto de centro derecha, pero también lograr el de aquellas personas que no quieran para la comunidad foral un Gobierno del partido de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Arnaldo Otegi”.

Sergio Sayas y Adanero fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno. Aquella votación está todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional decida si aquel voto equivocado debió contabilizarse o no.

La traición de Sayas y Adanero a su partido fue interpretada en su día como una decisión instigada por el PP, gobernado entonces por Pablo Casado y Teodoro García Egea, con el que ambos habían hablado en los días precedentes. Los tránsfugas, sin embargo, siempre han negado que cambiasen su voto alentados por el PP y a cambio de ingresar en este partido, circunstancia que ahora parece estar a punto de producirse.

Que el PP volviese al pacto antitransfuguismo fue una de las propuestas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la reunión que ambos mantuvieron en Moncloa en abril de 2022, poco después de que el principal partido de la oposición consumase su abrupto cambio de liderazgo. 

Feijóo nunca respondió, ni a favor ni en contra, pero el fichaje de Sayas y Adanero confirma que no tiene la menor intención de volver a aquel pacto, suscrito con el fin de limitar una práctica cuyos “efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas” y que “no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

La entrada de ambos tránsfugas, alineados en posiciones más próximas a Vox que del PP —los dos cosechan con frecuencia aplausos de la bancada ultra gracias a la dureza de sus intervenciones contra el Gobierno—, demuestra que al líder del PP le vale todo con tal de engrosar sus filas. A falta de una amalgama mejor, el hilo conductor que une a los dos exdiputado de UPN con los sorayistas que Feijóo empezó a recuperar la semana pasada, encabezados por Borja Sémper e Íñigo de la Serna, ambos ideológicamente más templados, así como con los dirigentes de Ciudadanos que Génova está tratando de captar a pesar de la incomodidad de Isabel Díaz Ayuso, no es otro que el deseo, común a todos ellos, de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Con el fichaje de Sayas y Adanero, Feijóo asume otra línea de actuación de Casado: la voluntad de no ponerse límites a la hora de forzar mayorías. La anterior dirección del PP fue quien instigó con éxito la compra de diputados de Ciudadanos a cambio de cargos públicos para dinamitar la moción de censura contra López Miras. 

Una actuación que en su día motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

A Alberto Núñez Feijóo le gusta hacerse el recién llegado. Este viernes, tras presidir por primera vez una reunión conjunta de los diputados y senadores del PP, a los que se dirigió como un “senador novato” y no como un político en activo desde hace treinta años, la mitad de ellos en cargos de responsabilidad, volvió a tratar de tomar distancia del clima de crispación que domina la legislatura como si su partido nada tuviera que ver con él.

Como hiciera durante las semanas previas al congreso extraordinario que legalizó la defenestración de Pablo Casado y su propia elección como líder del PP, Feijóo volvió este viernes a tratar de alejarse del enfrentamiento y la agresividad que se han apoderado de la mayoría de los debates en el Congreso. No cree, aseguró, en “los circos parlamentarios” ni en “el teatro” en el que, según él, ha convertido el Gobierno la política en España, porque primero “insulta” a su partido y después le pide apoyo. “Conmigo que no cuenten” para eso, proclamó.

¿A qué insultos se refiere? Las veces que el líder del PP ha roto su aparente tono moderado para aumentar los decibelios en sus críticas al Ejecutivo en los últimos dos meses son tantas como las ocasiones en las que el presidente del Gobierno les ha echado en cara su largo historial de casos de corrupción, muchos de ellos todavía pendientes de juicio, y sobre todo la utilización de los aparatos del Estado para intentar hacer desparecer pruebas del cobro de dinero fraudulento. Que Sánchez hablase en el Congreso, al menos en dos ocasiones, de un partido “de mangantes”, indigna especialmente a Feijóo. 

“No oculto que me ha sorprendido muchísimo”, confesó el miércoles en una rueda de prensa en el Senado. “Porque entendí que después de la reunión en Moncloa”, la primera y única que han mantenido desde que el expresidente gallego se convirtió en jefe de la oposición, “ese tipo de calificativos no se iban a volver a utilizar en el hemiciclo”. “Al menos dedicamos buena parte de las tres horas” que duró aquel encuentro “a hablar de la vuelta al respeto institucional”. 

Que Sánchez haya pasado en las últimas semanas a la ofensiva recordando —a veces con todo lujo de detalles, como ocurrió en el debate que tuvo lugar este jueves en el Congreso en torno al CNI y el espionaje sufrido por el presidente y dos de sus ministros— desde el caso Gürtel a la Operación Kitchen “me desagradó profundamente”, admite Feijóo.

De hecho, ese es uno de los motivos, si no el principal, que ha movido al presidente del PP a dar orden de congelar, al menos hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las que se había comprometido en su reunión con Sánchez del pasado 7 de abril. El retraso en la renovación de este órgano está afectando a numerosos nombramientos en diferentes salas judiciales, entre ellas algunas del Tribunal Supremo, y amenaza con comprometer también, a partir del 12 de junio, el nombramiento de miembros del Constitucional.

El eurodiputado Esteban González Pons, encargado de la política institucional del PP y responsable de negociar el CGPJ con el Gobierno lo dejó claro el jueves en un apunte en Twitter:

Cada vez que Feijóo endurece su tono, recupera argumentos de Pablo Casado. Se queja de recibir “insultos” por parte del Gobierno pero él mismo ha dejado de hablar del PSOE para referirse siempre al “partido sanchista”, como hacia su antecesor. Y las acusaciones que dirigen él y su partido contra el Gobierno no son de pequeño calibre. Desde estar “atado de pies y manos” a la voluntad de quien le robó el contenido de su teléfono móvil —que ellos mismos insinúan que es Marruecos— hasta “mentir” a los españoles y a las autoridades europeas sobre la marcha de la economía española. Esta misma semana, Feijóo acusó a Sánchez de “estar arrodillado todos los días” ante el independentismo.

Pero aún así afirma no estar en eso: “No creo en la política de insultos y trincheras, sino en la de propuestas y en la confrontación honesta”. Las Cámaras, subrayó este viernes, “no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas”.

Los españoles se han cansado de esta forma de hacer política, que atribuye exclusivamente al Gobierno y a sus socios y de la que excluye al PP. Están hartos, dice, de un Ejecutivo que “está más cómodo insultando a la oposición y pactando con aquellos que no tienen más argumento que el insulto al Estado y a los ciudadanos españoles que pactando con el PP.”

Para apoyar la distancia que afirma querer tener con el estado de crispación permanente en el que vive la política española —y que se remonta a la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP, en junio de 2018—, pidió a su partido “ser mejor que los demás” en el “fondo y en la forma”, así como dar a conocer el proyecto del PP por España con “ideas, propuestas y estilos diferentes".

Por eso les emplazó a “no caer en las formas del Gobierno ni en las formas de sus socios” porque el “objetivo de un político no es sobresalir sino plantear cosas y ayudar a transformar la realidad”.

“La calle es el mejor termómetro del descontento y nosotros tenemos que ser los portavoces de esa calle”, pidió a los parlamentarios del PP, ante los que volvió a enumerar sus reproches contra el Gobierno por su “desprecio al orden constitucional y al Estado autonómico”, cuya “cogobernanza se proclama pero no se practica”, y por el “desprestigio populista” a las instituciones. 

Él mismo se rebela, dijo, contra el “servilismo del partido sanchista que sin pudor está sacrificando los intereses de todos en favor de los intereses de los que quieren fracturar lo que es de todos”.

Una de cal y otra de arena. Apenas 24 horas después de convocar de urgencia a la prensa para acusar a Pedro Sánchez de “erosionar los cimientos de nuestra democracia” y haber “dañado a España” con el relevo de la directora del CNI, el PP de Alberto Núñez Feijóo apoyó este jueves en el Congreso la tramitación de la reforma de la ley de Seguridad Nacional de 2015 propuesta por el Gobierno y que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, rechazaba frontalmente.

El supuesto giro tiene una explicación. El nuevo líder de la oposición, que acaba de completar su lento abandono de la Presidencia de la Xunta, quiere transformar la imagen de intransigencia que el PP lleva cultivando casi cuatro años ofreciéndose a pactar, e incluso brindando su apoyo sin un acuerdo previo, en todas las materias que considera “de Estado”, desde el blindaje de la monarquía a la seguridad nacional. 

Si hace apenas dos semanas Feijóo no tuvo ningún problema en ordenar votar en contra de las medidas económicas y sociales del Gobierno para paliar los efectos negativos de la invasión rusa de Ucrania, entre ellos el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como una rebaja de los impuestos asociados al recibo de la luz, esta vez decidió votar a favor de otra propuesta del Ejecutivo en nombre, esta vez, de la seguridad nacional.

La votación supone dar un giro copernicano a la estrategia de Casado. El antecesor de Feijóo tardó apenas unas horas en descalificar íntegramente el proyecto de reforma del Gobierno en cuanto tuvo noticia de su contenido a través de la prensa. 

“Es un auténtico disparate que nos lleva a un sistema que todos queremos evitar. Un sistema que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos”, declaró tajante en julio de 2021. Es una reforma que, según él, permitiría “expropiar bienes” y pedir “casi un servicio obligatorio para la comunidad”, denunció.

No fue el único en usar palabras gruesas. Su portavoz de entonces en el Congreso, Cuca Gamarra, que no sólo sigue en ese puesto sino que Feijóo la ha convertido en la secretaria general del partido, decía en las mismas fechas que el proyecto de reforma dejaría el poder “al arbitrio” de un presidente y de su director del Departamento de Seguridad Nacional que tendrían máximos poderes —suspensión de actividades, requerimiento de bienes, ocupación transitoria e imposición por encima de los derechos y las libertades de los ciudadanos— y mínimos controles. Sánchez “el totalitario”, decía, pasaría a tener “capacidad de expropiar y el control de los medios de comunicación”, por lo que el PP no sólo se disponía presentar “una enmienda a la totalidad” sino que, anunciaba, la recurriría al Tribunal Constitucional en cuanto saliese del Congreso.

Un año después, ni enmienda a la totalidad ni voto en contra. Todo lo contrario. El PP ha respaldado la reforma en una votación que, gracias a Vox y Ciudadanos, el Gobierno ha conseguido sacar adelante con 302 votos a favor y apenas 34 en contra. Ahora Gamarra dice que es una reforma “necesaria” porque permitirá desarrollar aspectos de la ley vigente, sobre todo en un contexto de guerra como la de Ucrania.

Paradójicamente, el PP ha acabado apoyando, sin negociación conocida, la tramitación parlamentaria de una de las reformas que el presidente Sánchez planteó a Feijóo en la entrevista que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado mes de abril. Ahora tendrá la oportunidad de negociar la incorporación de enmiendas que confirmen o desmientan la capacidad de ambas partes de alcanzar acuerdos.

El cambio de posición del PP le hubiese permitido marcar distancias con Vox en nombre de los asuntos de Estado de no haber sido porque los ultras también han cambiado por completo de postura. Ellos también anunciaron hace un año que se opondrían y que denunciarían la reforma ente el Tribunal Constitucional, pero en vez de eso este jueves votaron a favor. Según su portavoz, Javier Ortega Smith, por votar en contra de lo que querían los independentistas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió la reforma argumentando la necesidad de mejorar los mecanismos que permitan hacer frente a crisis y emergencias y de incorporar las “lecciones aprendidas” durante la pandemia.

La modificación incorpora siete nuevos artículos a la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 para regular la contribución de recursos en caso de crisis y crear una reserva estratégica que permita al Estado hacer frente a emergencias como la del covid-19. “No se trata de contar con un instrumento por si llega otra crisis, sino para cuando llegue otra crisis que seguro que vendrá”, avisó.

Bolaños se adelantó a las críticas por invasión de competencias y reivindicó que la norma prevé la participación de las comunidades autónomas en todos los procesos. Lejos de haber “menoscabo” de competencias autonómicas, aseguró que incluso “se refuerzan” en materia de contribución de recursos.

El debate en el Pleno del Congreso se contaminó de las polémicas abiertas en torno al espionaje reconocido por el CNI a dirigentes independentistas y la decisión del Gobierno de destituir a la directora de ese centro después de que se conociese el robo de información de los teléfonos móviles del presidente y de los ministros de Defensa e Interior utilizando el programa Pegasus.

La modificación de la ley de Seguridad Nacional de 2015 que persigue el Gobierno trata de superar siete años en los que la falta de desarrollo ha dejado la norma en papel mojado regulando y organizando la contribución de recursos de las diferentes administraciones públicas y de las comunidades autónomas en situación declaradas de “seguridad nacional”. 

Como ya preveía la norma original, la ley permitirá elaborar un Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional integrando los que tendrán que elaborar los ministerios, las comunidades autónomas y las entidades del sector público y serviría de base a la elaboración de planes de preparación y disposición de esos recursos.

Otro de los cambios hará posible que, cuando detecte un escenario que pudiera derivar en una “situación de interés para la seguridad nacional”, el Consejo de Seguridad Nacional pueda adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos de aplicación puedan ejecutarse lo más rápidamente posible.

La última modificación promovida por el Ejecutivo, resultado de la experiencia acumulada durante la emergencia sanitaria de la covid, regula una reserva estratégica basada en las llamadas capacidades nacionales de producción industrial enfocada en el suministro de recursos esenciales.

En los próximos meses los partidos de la coalición de Gobierno tendrán que seguir apoyándose en las formaciones de la derecha si quieren conseguir que la reforma culmine su tramitación con éxito.

Alberto Núñez Feijóo empezó este jueves en Moncloa a reescribir la estrategia de su antecesor, Pablo Casado reabriendo el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez en todo lo que tiene que ver con pactos institucionales y política exterior. Y aunque está por ver que la negociación se convierta en acuerdo, el cambio de tono y la voluntad de hablar allí donde Casado se negaba incluso a sentarse es evidente.

Lo cual no significa que ninguno de los dos interlocutores, el presidente y el líder de la oposición, hayan desperdiciado la ocasión de marcar sus diferencias. Feijóo, defendiendo sin éxito su propuesta de rebaja temporal y retroactiva —desde enero— de las retenciones en el IPRF para rentas medias y bajas, con el objetivo de compensar las consecuencias de una inflación que en el último mes se aceró a los dos dígitos —una cifra que no se alcanzaba en los últimos cuarenta años—. Y Sánchez, afeando al PP que haya asumido las tesis de Vox que niegan la existencia de una violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo y defienden que lo que existe, en realidad, es “violencia intrafamiliar”.

Feijóo tiene claro dónde quiere poner el foco y es en la crisis económica derivada de una recuperación frustrada por las tensiones inflacionistas derivadas de la invasión rusa de Ucrania. A ello dedicó casi toda su rueda de prensa tras la reunión de tres horas con Sánchez en la Moncloa a pesar de que, como él mismo reconoció, ese asunto apenas consumió una parte reducida de la conversación.

El nuevo líder del PP ha dejado en segundo plano la agenda que durante tres años alimentó el núcleo de la oposición de su antecesor, Pablo Casado. Feijóo está dispuesto a abrir conversaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace tres años por la negativa precisamente de Casado a cumplir la ley vigente y que si se demora comprometerá la elección de cuatro miembros del Constitucional el próximo mes de junio.

Pero también para tramitar de la reforma del artículo 49 de la Constitución con el objetivo sustituir el término “disminuido” por el de “persona con discapacidad”, algo a lo que Casado se había negado con la excusa de que este cambio abriría el melón de una modificación más profunda de la Carta Magna, y desbloquear la reforma de la ley electoral con el objetivo de poner fin al voto rogado y facilitar así la participación en las elecciones de los españoles que viven en el extranjero.

El Gobierno también quiere que el PP considere su regreso al pacto antitransfuguismo, del que se autoexcluyó después de haber apuntalado con varios trásfugas la presidencia de Fernando López Miras en la Región de Murcia en marzo de 2021.

Si hay o no acuerdo en estos cuatro asuntos dependerá de las negociaciones que se abren ahora y que con Casado no existían, pero si algo quedó claro este jueves en La Moncloa es que Feijóo está en otra cosa. Su prioridad es denunciar que la inflación que empobrece a los españoles es producto de la mala gestión del Gobierno y que las medidas impulsadas en os últimos días y las que están por llegar no servirán para solucionar el problema.

En su rueda de prensa, Feijóo puso el énfasis en la negativa del Gobierno a adoptar su solución para luchar contra la inflación: una rebaja de las retenciones en el IRPF temporal y retroactiva —desde enero— para compensar el alza de los precios. La medida, según sus cálculos, costaría entre 3.500 y 3.800 millones y debería completarse con “ayudas directas” que no concretó e “impuestos negativos” para compensar a las personas de bajos ingresos que no tienen la obligación de presentar la declaración del IRPF.

En la misma línea, y pensando en agilizar la utilización de los fondos europeos, defendió dedicar en torno a 5.000 millones a financiar desgravaciones fiscales para los ciudadanos que lleven a cabo inversiones de mejora energética. Pidió también que la Airef lleve a cabo una auditoría para reducir “gasto superfluo” en la administración y planteó pedir a la Unión Europea autorización para reducir el IVA de la luz, del 10% al 4%, y del gas, del 21% al 4%. De la propuesta para limitar el precio de la electricidad, pendiente de aprobación en Bruselas, no dijo una palabra.

Lo cierto es que Feijóo no llevó su propuesta por escrito a la reunión, como reconoció él mismo y confirmó después el Gobierno. Pero se comprometió a hacerlo en los próximos días para tratar de convencer a Sánchez de la bondad de sus medidas.

Feijóo lamentó, eso sí, de que el Gobierno se cierre a cualquier modificación o enmienda del real decreto de medidas anticrisis que aprobó el 29 de marzo y que pronto deberá ser convalidado o rechazado en el Congreso y lo presentó como una negativa de Sánchez a dar “buenas noticias” a las personas con rentas medias y bajas. “Esperaba que a las rentas bajas y medias les pudiésemos aliviar sus cargas fiscales mientras dure este incremento exponencial de la inflación, pero lamentablemente no ha podido ser porque el presidente no ha considerado oportuno iniciar ni siquiera una propuesta alternativa”, enfatizó.

Admitió, no obstante, que algunas de las medidas incluidas en el real decreto le parecen bien, aunque el conjunto sea, en su opinión, “insuficiente”. A eso se agarró a continuación el Gobierno para pedirle que, aunque mantenga la defensa de sus propuesta de rebaja del IRPF o de modificación de los fondos europeos, apoye la convalidación del plan anticrisis en el Congreso.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, compareció para defender una vez más la idoneidad del real decreto de medidas aprobado por el Gobierno y para subrayar que si Feijóo quería que la rebaja del IRPF formase parte de ellas debió trasladarlas al Gobierno a través de la Xunta cuando tuvo oportunidad. 

El real decreto, recordó, incluye rebajas en el precio de los combustibles, la prórroga de las rebajas de impuestos de los que depende el recibo de la luz un incremento del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono social para las familias más necesitadas y medidas concretas por valor de cientos de millones para los sectores del transporte, la producción láctea o la pesca.

En todo caso, Rodríguez valoró la actitud del nuevo líder del PP y el cambio que supone en comparación con Casado, a la espera de que se concreten acuerdos en relación con los asuntos que han quedado pendientes y a pesar de que en materia económica no hubo acercamiento. 

Eso sí, el Gobierno subraya su “preocupación” por la relación del PP con la ultraderecha de Vox y, en particular, por la decisión de Feijóo de asumir el discurso negacionista de los de Santiago Abascal al aceptar diluir la violencia machista en el concepto “violencia intrafamiliar”. Algo que, según Rodríguez, no sólo contradice el pacto contra la violencia de género sino que niega de hecho la existencia de una violencia específica contra las mujeres.

La primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, concluyó sin ningún acuerdo en materia económica pero sí ha permitido marcar distancias con la etapa infructuosa de Pablo Casado. 

El primer partido de la oposición reabre oficialmente desde este jueves las negociaciones con el Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, algo que Casado había bloqueado durante tres años y de las que depende además la actualización, el próximo mes de junio, de cuatro plazas del Tribunal Constitucional.

El PP también se abre, rompiendo así con Casado, a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por “persona con discapacidad”. Feijóo dio por hecho el acuerdo en este punto siempre que se formalice un pacto para limitar la reforma a ese asunto y no implique abrir un debate más general para cambiar la Carta Magna.

“Yo pongo el contador a cero”, aseguró Feijóo para evidenciar que ser abre una etapa nueva, aunque también dejó constancia de su decepción porque Sánchez no haya aceptado sus propuestas en materia económica —fundamentalmente una bajada temporal y retroactiva del IPRF— y no le haya dado explicaciones que justifiquen el cambio de posición de España en relación con el Sáhara. 

En todo caso, subrayó, en los próximos días remitirá por escrito al presidente su propuesta económica en un nuevo intento de convencerle para reducir la carga fiscal de los españoles y tratar de redirigir los fondos europeos para financiar desgravaciones vinculadas a la transición energética y ha valorado que Sánchez se haya competido a que lo ocurrido con el Sáhara —la toma de decisiones en política exterior sin tener en cuenta al PP— “no se repetirá”.

Sánchez sólo mantuvo dos reuniones presenciales y una telemática como el antecesor de Feijóo, Pablo Casado, en lo que va de legislatura. Las presenciales tuvieron lugar en febrero y en septiembre de 2020 y la videoconferencia en abril de ese mismo año. Previamente, se habían reunido al menos hasta en cinco ocasiones entre 2018 y 2019. Nunca alcanzaron un solo acuerdo.

El Gobierno considera por su parte que sería una "imposición" que el nuevo líder del PP quiera incluir una rebaja de impuestos para apoyar el plan de medidas contra las consecuencias de la guerra. Así lo ha afirmado la Portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, después de la reunión. La ministra ha rechazado que Pedro Sánchez no haya pedido el apoyo al PP para plan alegando que esta petición aparece por escrito en el documento de once puntos que le ha entregado el presidente a Feijóo. En cualquier caso, Rodríguez le ha pedido a Feijóo que "recapacite" y lo apoye. Además, ha advertido de que esta propuesta de rebajar el IRPF a rentas medias y bajas sería una "imposición" si por el hecho de que el Gobierno no lo acepte su partido rechaza el plan del Ejecutivo.

La Portavoz ha calificado la reunión de "fructífera" y "provechosa", ha saludado la "buena disposición" de Feijóo, pero le ha acusado de "poca concreción" y de no haber aportado ninguna documentación al encuentro. En este sentido, ha lanzado una pulla al líder coservador al asegurar que entienden que éste necesita un tiempo de asimilación de su nueva responsabilidad.

El nuevo PP todavía no sabe cómo es. O al menos no lo manifiesta. Para saber qué piensan Alberto Núñez Feijóo y su comité de dirección, reunido por primera vez este lunes en la sede nacional del partido, habrá que esperar. 

Eso es al menos lo que se deduce de la primera rueda de prensa que ofreció la nueva número dos del partido, Cuca Gamarra. La que también ha venido siendo la número tres del partido durante el mandato de Pablo Casado no pudo precisar si el PP mantiene el bloqueo decretado por su anterior jefe de filas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o si va a someter a revisión las propuestas y proyectos impulsados hasta la fecha por el antecesor de Feijóo. El PP “mantiene su programa”, se limitó a decir.

La indefinición con la que ha comenzado la nueva etapa es tal que, según Gamarra, Feijóo no llevará ninguna propuesta a la reunión que este jueves mantendrá en La Moncloa con el presidente del Gobierno y en la que previsiblemente Sánchez le emplazará a negociar la renovación del CGPJ y a respaldar el plan de medidas para contener las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania. La ha convocado Sánchez “con un SMS y un tuit” y sin “un orden del día”, subrayó a modo de explicación.

El nuevo líder del PP irá “a escuchar” lo que tenga que decir el presidente y a conocer cuál es su “actitud”, sus “intenciones” y si hay “voluntad de entendimiento”, porque los ciudadanos quieren “acuerdo” y “convivencia”. “Estamos convencidos de que desde ese diálogo y esa búsqueda del encuentro y del acuerdo es como se construye la España que los españoles quieren y anhelan y ahí vamos a estar”, aunque ”no hay que confundir la moderación con la sumisión o el entreguismo”, advirtió.

Gamarra no ha querido explicar si Feijóo acudirá a la entrevista con líneas rojas. Las preguntas de los periodistas pidiéndole que aclarara si el PP mantiene el bloqueo del CGPJ o si exigirá bajadas de impuestos para respaldar el plan anticrisis quedaron sin respuesta. 

infoLibre repasa a continuación siete asuntos sobre los que Alberto Núñez Feijóo se verá obligado a pronunciarse y que definirán hasta dónde llega el perfil de moderado que asegura tener.

Casado decidió bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años, porque no está de acuerdo con la ley vigente. Puso como condición reformar el método de elección, a pesar de que su modelo fue rechazado por la mayoría de los partidos del Congreso. La norma actual, en vigor desde hace casi 37 años, obliga a los partidos a negociar la composición de este órgano: ocho puestos libremente, como establece la Constitución, y doce a partir de las propuestas de jueces y magistrados. Casado pretendía que estos últimos doce fuesen designados directamente por los jueces, sin participación del Congreso. 

El bloqueo del CGPJ afecta no sólo a muchos nombramientos pendientes en los principales tribunales españoles sino al Constitucional, que en junio debe renovar a cuatro de sus miembros, dos a propuesta del Gobierno y otros dos por designación del Consejo. 

Sánchez planteó su plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania como un asunto de Estado en el que debían participar todas las fuerzas políticas del Congreso y en particular el PP porque el compromiso de España con las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia iban a tener, y están teniendo, graves repercusiones en la economía española. Está en peligro la recuperación económica tras la pandemia, que ni siquiera había llegado a despegar del todo. 

El plan pilló al PP en plena transición de poder y fue aprobado por el Gobierno sin negociar su contenido. Ya está en vigor pero tiene que ser convalidado por el Congreso y, aunque a Feijóo no le gusta, de momento no ha dicho que su partido vaya a votar en contra. 

El presidente de la Xunta quiere que el texto incluya rebajas generalizadas de impuestos y reducción de gasto, pero no ha entrado en detalles sobre los ingresos de los que quiere privar al Estado ni acerca de qué actuaciones públicas quiere suprimir eliminando partidas presupuestarias. Tampoco ha explicado qué mecanismo quiere utilizar: si una reforma del Real Decreto que se va a debatir en el Congreso o la aprobación de un plan complementario.

El PP de Casado se unió a Vox contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en trámite parlamentario y más conocida como ley Mordaza desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la modificó para reducir las protestas contra sus recortes. Y lo hizo sobre la base de afirmaciones falsas, como que determinadas modificaciones van a perjudicar el trabajo de los agentes y a desprotegerles, o que ya no será necesario comunicar previamente las manfestaciones.

La reforma pondrá fin a uno de los artículos más polémicos de la ley: la prohibición de grabar a los agentes de policía y guardias civiles en su trabajo profesional, una demanda unánime de los medios de comunicación.

Alberto Nuñez Feijóo no comparte el conservadurismo moral de muchas de las posiciones políticas de Casado. De hecho, el mismo día en que su antecesor al frente del PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Eutanasia, el presidente de la Xunta activó los mecanismos para garantizar que en Galicia se cumplía ese derecho y que los interesados pudiesen iniciar el trámite de forma “inmediata”, todo lo contrario de lo que hizo su homóloga madrileña Isabel Díaz Ayuso. 

Feijóo tendrá que aclarar definitivamente qué piensa sobre la ley. Y decidir si su partido mantiene o retira el recurso de inconstitucionalidad contra el derecho a morir dignamente.

El actual modelo de financiación autonómica caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación. Ahora hay una propuesta encima de la mesa, redactada por el Ministerio de Hacienda a partir de aportaciones de expertos y peticiones de las Comunidades Autónomas, pero para pactar un nuevo sistema es necesario, según la ministra María Jesús Montero, que PSOE y PP pongan primero de acuerdo a sus respectivos barones antes de sentarse a negociar entre sí, porque el nuevo modelo debe aprobarse en el Congreso de los Diputados.

En este capítulo, Feijóo se alineó con las comunidades más despobladas y con población más envejecida: Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, La Rioja y Extremadura. A los barones del PSOE también les va a resultar muy difícil ponerse de acuerdo, pero la cosa no será fácil tampoco para los del PP, porque Andalucía, Madrid y Murcia, gobernadas por este partido, están en las antípodas de lo que hasta ahora había venido defendiendo el presidente de la Xunta y reclaman un reparto más ajustado a la población real. 

A Feijóo no le gustan las iniciativas para impulsar la memoria histórica, pero su punto de visto a la hora de abordar este asunto es mucho menos radical que el de Casado. En julio del año pasado esas diferencias quedaron patentes cuando el hasta ahora presidente del PP describió la guerra civil española como “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”, desatando la indignación de los historiadores. En aquella ocasión, Feijóo no tuvo dudas a la hora de distanciarse de su líder: “La Guerra Civil fue un golpe de Estado, con independencia de que el Gobierno de la época estaba en una situación de desgobierno. Con independencia de que nuestro país tuviese unas tensiones enormes territoriales e ideológicas, y con independencia de los actos vandálicos y de los asesinatos que se produjeron antes”. Lo que había dicho Casado fue, en su opinión, “una forma muy resumida y probablemente incompleta de explicar las cosas”. 

Feijóo tiene ante sí una oportunidad a la hora de marcar perfil propio. En el Congreso está pendiente de trámite el proyecto de Ley de Memoria Democrática impulsado por el Gobierno, pero la iniciativa permanece atascada porque el Ejecutivo no tiene apoyo suficiente para sacarla adelante. Casado, además, había anunciado que cuando llegara al Gobierno derogaría la legislación actual, que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

Casado pretendía reformar la vigente Ley del Aborto para restringir el derecho que asiste a las mujeres con el fin de interrumpir voluntariamente sus embarazos en las primeras semanas de gestación. El derrocado líder del PP nunca precisó hasta dónde pretendía llegar con esta reforma, pero siempre se manifestó en contra de la ley. 

Feijóo no ha seguido nunca esa línea. Ya en 2014 se manifestó en contra de la reforma que aquel año intentó impulsar el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y manifestó su temor a que las mujeres españolas tuviesen que volver a salir de España para abortar si se aprobase “una legislación muy estricta”. “Tenemos que ser conscientes de que vivimos pegados a Portugal y a mí no me gustaría que haya personas en España que crucen la frontera para realizar actos que en mi país no se admitan, declaró entonces. “Somos ciudadanos de la Unión Europea” y eso “nos exige que nuestra legislación española deba adecuarse al contexto europeo”.

Ahora tendrá una gran oportunidad de probar que sigue pensando lo mismo. Como presidente del PP puede no sólo reorientar la política del partido en esta materia sino ordenar la retirada del recurso de inconstitucionalidad que su formación presentó en 2010 contra la ley vigente y que hoy, más de una década después, el alto tribunal sigue sin ser capaz de resolver.

En abril de 2018 Rajoy suspendió la aplicación de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones que el PP había aprobado en solitario cinco años atrás. A cambio del apoyo del PNV a su proyecto de Presupuestos Generales, el Gobierno popular subió las pensiones según el IPC y retrasó cuatro años la entrada en vigor del factor sostenibilidad, un mecanismo destinado a recortar la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación.

Ese “factor de sostenibilidad” fue eliminado por el Gobierno de Sánchez de común acuerdo con sindicatos y empresarios, pero el PP de Casado impulsó la recuperación de la reforma de 2013, la única que sobre pensiones se ha aprobado hasta ahora sin el consenso de todos los partidos. 

Feijóo, que en su día apoyó la reforma de Rajoy, debe decidir qué camino toma asumiendo o despreciando lo que proponía Casado: alargar la vida laboral, impulsar los sistemas de capitalización mixta –pensiones privadas– e ir a un modelo de reparto en el que las prestaciones se adecúen a los ingresos; es decir, con mecanismos de recorte como los recién derogados.

Unidad para ampliar la mayoría, “moderación” sin “tibieza” y valores incompatibles con la extrema derecha. El primer discurso de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, el más importante de su carrera hasta la fecha, resumió gran parte de las ideas que el presidente de la Xunta ha venido manejando desde que se decidió a convertirse en el sucesor de Pablo Casado y sentó algunos principios con los que quiere dar comienzo a su mandato como nuevo líder de la oposición. Pero sin resolver muchas incógnitas.

“Lo importante ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro”. Rehacer la imagen del PP como un partido unido, sin facciones ideológicas enfrentadas ni territorios disidentes, es la obsesión de Feijóo. Consciente de que todo el mundo le sitúa en el marianismo, el sector que controló el partido durante el mandato de Mariano Rajoy, reivindica por igual a José María Aznar, cabeza visible del ala más derechista del PP. “Quiero que quede constancia de que para mí tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy son mis referentes, mis ayudas imprescindibles”.

“Tenemos que sacar la política española del enfrentamiento” y “de la hipérbole permanente. Mi proyecto es de entendimiento interno: si no te apoyan en casa, mal puedes acreditar entendimiento fuera”. Y hacer crecer el PP como Manuel Fraga. “Lo que hizo fue ensanchar el partido acoger a las gentes, sumar, sumar y sumar. ¿Se puede hacer algo restando? Nuestras vocación es integradora y os propongo que no cambiemos”.

Uno de los empeños principales de Feijóo, como lo fue durante tres años de Casado, es convencer a los suyos y a sus votantes de que es posible reunificar todo el voto del centro derecha y conseguir incluso repetir las mayorías absolutas de José María Aznar en 2000 y de Mariano Rajoy en 2011. “Que nadie intente hacer creer que no se pueden cambiar las cosas”. “Hay hambre, de cambio y yo os pido que cuando regreséis a vuestras casas les digáis a vuestros vecinos que ese cambio ya se ha iniciado”. “España nos está esperando. Siempre lo hace en los momentos difíciles. No podemos conformarnos con lo que hay”. 

“No vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia e su propia ineficacia”, aseguró. “Se trata de mostrar a los españoles que hay otra manera de gobernar”. “Salimos a ganar, ese es nuestro objetivo”. Lograr una “gran mayoría es posible”, repitió. En Galicia “aprendí que si te reúnes con la gente, si escuchas a la gente, si eres capaz de escuchar las críticas, si la gente entendió que formas parte de la gente, la gente te responde”.

La disposición real de Feijóo a alcanzar pactos de Estado con el actual Gobierno está por probar. De momento ha desoído los llamamientos de Pedro Sánchez a alcanzar un acuerdo de Estado para hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada de la invasión de Ucrania, pero eso no le impidió anunciar que lo que va a ofrecer está en otras coordenadas distintas de las de su antecesor: “fiabilidad, madurez, sentido de Estado”, “un rumbo claro”, responsabilidad, sosiego e ilusión”. Y “mientras estemos en la oposición haremos lo posible para que a España le vaya mejor”. 

Pero el apoyo que propone al Gobierno, de momento, esta lejos de representar una oferta susceptible de negociación. El PP estará con Sánchez, dice, pero para “rectificar lo que hace mal”, para “dejar de ocultar los problemas que hay y que vendrán”, para “agilizar las medidas que los españoles necesitan”, para “cesar a los ministros” de Unidas Podemos, para “bajar impuestos a la energía” o para dejar de depender de Esquerra y Bildu. “Qué bueno sería tener un jefe de la oposición, cuando lleguemos al Gobierno”, como él mismo, se jactó. “Qué fácil seria entendernos, construir y avanzar”.

En todo caso, “que no se equivoquen: moderación no es tibieza; diálogo no es sometimiento. Los intereses de España no son los de este Gobierno, por eso no nos van a intimidar ni con presiones” uni con “descalificaciones” ni “propaganda”. “No van a decir al PP qué es lo que tenemos que hacer, que pensar y que decidir en cada momento”. “Por más que les moleste no vamos a dejar de hacer oposición”. 

Aún así, añadió dando una de arena, para distinguirse de los demás el PP va a hacer propuestas “porque sabe gobernar”. Aunque en su discurso no anticipó ninguna. “Si dejo Galicia no es para presentarme a un juego, vengo a hace política seria, si no, no hubiera venido”, dijo más tarde.

No les mencionó por su nombre, pero sí defendió algunas ideas que claramente marcan distancia con la ultraderecha. “Guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de españoles y de patriotas, Guárdense las soflamas y empecemos a trabajar como adultos en la política española. Dejemos de ser más españoles y más patriotas que nadie, aquí cabemos todos”. España, proclamó, es “de todos”, y el PP es el partido “de todos, de todos los que quieran unirse a la España común”.

“No somos un partido de mera contestación, rechazo o consigna. Somos un partido de Gobierno. Y gobernar es moderar la vida política, hacer las reformas que son necesarias con serenidad y tender puentes con los que no piensan como nosotros. No somos un partido del destruyámoslo todo”.

El PP, añadió distinguiéndose de Vox, no es un partido “antieuropeo” —hay que defender Europa de “sus enemigos internos”, destacó— y apoya “la España de las autonomías, la unidad en la diversidad, la nación española”, aunque también un “partido nacional, único, autonomista y que defiende la nación española”. “Querer a España es que se te erice la piel cuando oyes el himno de España”, destacó enfáticamente antes de proclamar su respaldo a Felipe VI: “Yo respeto al jefe del Estado y reivindico sus aportaciones a la nación, sin ninguna duda y sin ninguna enmienda”. “Nuestra soberanía y nuestra integridad territorial no se negocia con nadie”, pero “respeto el Estado Autonómico, que es la garantía de la unidad de la nación”.

En su listado de los valores con los que se identifica citó algunos más, varios de ellos claramente diferentes de los de Vox. Proclamó su respeto a la justicia, aunque no le gusten algunas sentencias, a los agentes sociales y muy expresamente a los sindicatos. Con ellos se comprometió a “negociar y acordar, pero sin acritud. Vamos a firmar acuerdos y, si no es posible, a pactar los desacuerdos”.

Defendió las familias, cualquiera que sea su forma, en clara alusión al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y reafirmó que, además de “en la lengua común de todos los españoles”, también cree en “todas las lenguas que se hablan en España”.“No somos un partido bisagra, que quede claro. Un partido de aspiraciones pequeñas. Somos el partido de las mayorías para gobernar con las mayorías”.

“No nos despistemos”, remarcó. “Nuestra aspiración no es lidera un bloque de unos partidos contra otro, es ofrecer un Gobierno con una mayoría de españoles; si es posible, con la mayor mayoría de españoles”. “Vamos a asumir las críticas, yo el primero. Pero que nadie cuente conmigo”, advirtió, “para participar más de este entretenimiento infantil en el que ha degenerado la política española”.

Eso sí, precisó, en línea con lo que sostiene Vox: no estará “obsesionado”, dijo, con revisar o juzgar el pasado, en referencia a la memoria democrática, ni con la “cuestión de género”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha enviado este lunes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al líder nacional del PP, Pablo Casado en la que les urge a llegar a acuerdos sobre siete pactos de Estado, entre ellos una reforma del sistema educativo, de pensiones y del sistema eléctrico.

En una carta remitida a ambos líderes, Arrimadas les conmina a una serie de pactos de Estado, en los que incluye a Ciudadanos, sobre los siguientes asuntos: educación, empleo, ciencia e investigación, reforma del sistema eléctrico, natalidad y las pensiones de hoy y del futuro, refuerzo del orden constitucional y la regeneración democrática y por la reforma del sistema electoral, ha informado Europa Press. 

"Que liberales, socialdemócratas y conservadores impulsemos grandes pactos de Estado que son muy necesarios", ha pedido Arrimadas, ahora que se ha comprobado que son "perfectamente capaces" de alcanzar pactos "cuando les interesa", ha criticado.

Así, ha pedido a PP y PSOE que utilicen sus escaños para "lo realmente importante" y para hacer algo que beneficie a todos los españoles y no solo a "un puñado de amigos" y a sus "socios". La líder naranja, ha pedido que tomen nota de lo que hacen sus familias políticas en las instituciones europea y trasladen ese "modus operandi" a España.

Pide que no consumen el acuerdo sobre el TC

En esta misma carta, Arrimadas ha criticado las negociaciones y pactos entre ambos partidos para "repartirse puestos en las instituciones del Estado" con "toda opacidad" y "a espaldas del Parlamento" en los que , a su juicio, se ha priorizado el criterio de afinidad ideológica sobre el de mérito y capacidad.

Así, ha lamentado que se haya acordado el nombramiento de 20 personas "próximas a sus formaciones políticas" y a sus aliados para desempeñar funciones "de gran trascendencia" en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Arrimadas ha señalado que le encantaría que "rectificaran" y no acabaran consumándolo.

"Que no sea este reparto y el de RTVE lo único en lo que vayan a ponerse de acuerdo esta legislatura. Han sido incapaces de entenderse en nada en medio de la peor pandemia en un siglo. Sus partidos llevan décadas sin alcanzar pactos de Estado relevantes que serían muy beneficiosos para los españoles", ha añadido.

“No siempre elegimos las circunstancias, son las circunstancias las que nos obligan a elegir. Son los acontecimientos los que motivan y condicionan nuestras actuaciones políticas, empresariales y sociales”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este lunes el curso político con un mensaje acerca de lo posible, justo cuando más está redoblando su demanda de unidad a todas las fuerzas políticas para hacer posible, entre otras, cosas la aprobación de los Presupuestos de 2021.

Un discurso en el que también ha hecho un llamamiento a perseverar en la ruta trazada contra la pandemia: “Por difícil que resulte, nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente definitivamente al virus”.

En una intervención en la que, en contra lo que suele ser habitual, enfatizó repetidamente que el suyo es un “Gobierno de coalición” —utilizó esta expresión hasta ocho veces—, el presidente remarcó entre otras ideas que aunque es verdad que “si España quiere España puede, hemos de querer muchos, cuantos más mejor”, subrayó en referencia a todas las fuerzas políticas y en particular al Partido Popular. Y que, aunque hace falta unidad, su intención sigue siendo completar la legislatura al frente de la coalición PSOE-Unidas Podemos.

“Tenemos por delante 40 meses decisivo de una legislatura crucial”, enfatizó. Un tiempo durante el cual “el Gobierno puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo durante 40 meses de legislatura”, pero “de todos depende que la legislatura además de larga sea fructífera. Y no me cabe duda de que va a ser así”, remachó.

Y unidad, explicó, no significa unanimidad. “No estoy apelando a la unanimidad, quiero que se entienda bien”. La gravedad de la situación” no tiene que servir para que “nadie abandone sus convicciones. El Gobierno de coalición no pide renunciar a las convicciones, sólo acompasarlas al momento excepcional e inédito que nos ha tocado vivir” y pensar en “un bien superior que es la recuperación del país”. “Sé que no cabe esperar a la unanimidad. De sobra sabemos de fuerzas políticas que se autoexcluyen. Pero España necesita a muchos; cuanto más amplia sea la base parlamentaria” de la unidad política “más rápida será la recuperación”.

“Necesitamos un nuevo clima político marcado por la estabilidad y por la unidad”, pidió. Hace falta “una unidad que se imponga sobre los viejos clichés, sobre los viejos hábitos anteriores a la pandemia. Porque nos aguardan retos enormes, retos inimaginables, retos insuperables con las viejas fórmulas, solo abordable con el esfuerzo de todos o cuando menos, al menos el esfuerzo de muchos, el esfuerzo de los más”.  “En estas circunstancias, que nos obligan a elegir, el Gobierno lo tiene claro: elige unidad. No división, no enfrentamiento, no confrontación. Elegimos unidad, unidad y unidad”, repitió.

“España debe entenderse con España, como Europa se entendió con Europa en julio. El desafío es tan ingente que nos debe convocar a todos”, razonó. “Las comunidades autónomas son de los ciudadanos, no de los partidos que las gobiernan circunstancialmente. No hay virus de izquierdas ni de derechas. Hay un virus que nos amenaza a todos”.

“Fuimos capaces de doblegar la curva cuando todos actuamos unidos”, recordó. “Esa es la lección que tenemos que sacar de los últimos meses. Frenamos la ola más feroz y destructiva de la pandemia. Y ahora es el momento en el que además de mantener la batalla contra el virus nos toca relanzar la economía y crear empleo”. “El peor mal de España”, señaló, el presidente, “ha sido siempre no creer en sí misma y debemos desterrar esa desconfianza”. 

“No hay soluciones sin diálogo y no hay diálogo sin entendimiento”, insistió. “Y no hay entendimiento sin política de altura. Es tiempo de acuerdos, es tiempo de encuentros, es tiempo de negociación. Es tiempo también de honestidad”. 

Y es que “cada vez es más obvio que la evolución de la pandemia y sus consecuencias van a seguir afectando durante los próximos meses a la vida cotidiana”, reconoció Sánchez. Nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente por completo al virus y recuperemos plenamente nuestra actividad económica y social”.

“Lo hemos comprobado a lo largo de la lucha contra esta gran pandemia”, explicó. Fuimos capaces de doblegar la curva cuando todos actuamos unidos. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que fuese posible doblegar aquella avalancha de contagiados contando solo con la mitad de los profesionales sanitarios, con la mitad de los militares, con la mitad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a nadie se le pasaría por la cabeza contener al virus, o a cualquier enemigo con una sociedad dividida en dos o con una sociedad enfrentada”.

El rumbo de las naciones

El presidente subrayó que “una gran calamidad como esta pandemia, no cambia el rumbo de las naciones, pero “sí que acelera” un cambio de “rumbo”. Esto es lo que ha pasado con la pandemia, insistió. “Golpeados por esta desgracia como la que vivimos hemos tomado conciencia de que necesitamos acelerar algunas transformaciones que ya necesitábamos”.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno presentará ante las autoridades europeas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia impulsará el crecimiento “por encima” del 2% del PIB “a largo plazo” durante la próxima década, explicó Sánchez. Un plan que “se inspira” en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dará continuidad a las políticas y medidas aprobadas por el Gobierno durante los últimos meses para afrontar la emergencia sanitaria y económica por la pandemia y que tendrá como ejes la transformación digital de la economía, la transición ecológica, una mayor cohesión en favor de la “justicia social” y “un cambio feminista en las mentalidades y reglas sociales”.

El presidente recordó que en los próximos seis años España tendrá que gestionar 140.000 millones de euros, a definir en los próximos tres años, 72.000 millones de ellos en transferencias directas. Unos fondos en los que, para el presidente, “reside una enorme oportunidad de transformar, de corregir y de convertir a la sociedad en más resiliente, desde el punto de vista social y económico”.

La convocatoria se ha producido en un momento clave de la legislatura, justo cuando el Gobierno debe buscar los apoyos que necesita para sacar adelante los que deberían ser los primeros Presupuestos Generales de ña era Sánchez después de dos prórrogas sucesivas de los últimos que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Y en el momento más delicado de la coalición PSOE-Unidas Podemos, cuyos socios discrepan sobre dónde busca apoyos y qué cesiones hacer para conseguirlos. Los de Pablo Iglesias apuestan por revalidar la mayoría progresista que hizo posible la investidura, para lo que es imprescindible dar satisfacción a las demandas de Esquerra. Los del PSOE prefieren a Ciudadanos, precisamente para no tener que ceder ante los independentistas.

Entre los asistentes a la conferencia ha habido empresarios (Florentino Pérez, José Ignacio Sánchez Galán), banqueros (Ana Patricia Botín, José Ignacio Goirigolzarri), representantes de la patronal (Antonio Garamendi), dirigentes sindicales (Pepe Álvarez, Unai Sordo), responsables de empresas tecnológicas, directores de medios de comunicación y representantes de la sociedad civil (James Rhodes), además de la práctica totalidad de los miembros del Gobierno.