La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Como ya avanzó la actual fiscala general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia, o el de un proceso con todas las garantías.

Reprocha la Fiscalía al Supremo que haya escogido la interpretación "más desfavorable" para condenar a García Ortiz y vuelve a cargar contra el registro que ordenó el juez Ángel Hurtado a su despacho, una "indiscriminada medida de injerencia" que "no estaba justificada" y en la que se basa "uno de los indicios que sustentan la condena", en referencia al borrado de las conversaciones del exfiscal general.

Álvaro García Ortiz, que estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado por la filtración a la prensa de un correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre la investigación a González Amador. En ambas acciones vio el Supremo revelación de secretos.

La Fiscalía, que también recurre el auto del Supremo que rechazó la nulidad de su sentencia, argumenta que el alto tribunal no tuvo en cuenta el "valor exculpatorio" de "contundentes testimonios" de periodistas en favor de García Ortiz, que actualmente ejerce de fiscal en la Sala de lo Social del alto tribunal.

Se refiere el recurso a los periodistas que negaron haber conocido el citado correo de mano del fiscal general, y critica también el "giro argumental sorpresivo" del Tribunal Supremo al condenarle, ya que en un principio "descartó expresamente" la publicación de la mencionada nota de prensa, y después la incluyó en el castigo. Eso, dice, fue "una imputación novedosa de la que el acusado no ha podido ni tenía por qué defenderse".

Por último, cuestiona asimismo la interpretación del delito de revelación de secretos reservados, "que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público". Esto, subraya, es contrario a la jurisprudencia del Supremo, "que es rectificada de forma sorpresiva e imprevisible". Dicha interpretación, según la Fiscalía, conduce "a resultados axiológicamente incompatibles con el papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz".

La Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente, y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.

El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso —paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio—, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.

En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".

Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".

Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".

El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".

En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.

El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante, informa EFE

La cita de este miércoles, que se ha alargado dos horas y media, es la tercera vista de estas características que convoca el juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Y es la segunda vez que el juez Peinado cita en esta causa un Miércoles Santo; el año pasado acudió a Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados —su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés—, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han expuesto la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, que han solicitado practicar más diligencias, según las fuentes.

A la salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante esta vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo por entender que no hay ningún indicio.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado la abogada, y ha añadido que la acusación popular unificada ha pedido pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.

Investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha aupado a los dos fiscales más cercanos al exfiscal general Álvaro García Ortiz en la Secretaría Técnica para puestos claves en el Supremo: Ana García León será una de las jefas de la sección Penal, adonde también llega como fiscal Diego Villafañe.

Este viernes se ha celebrado un Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, centrado en 19 nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal, para los que han concurrido 86 candidatos, si bien las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.

El interés estaba, por encima de todo, en las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones penales del Supremo que se disputaban algunos fiscales del equipo de García Ortiz con dos fiscales del procés, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han sido designados siendo dos de los tres más altos en el escalafón.

Además de García León, que fue la mano derecha de García Ortiz cuando ostentó la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal y a María Farnés Martínez, hasta la fecha fiscal superior de Canarias.

Para las tres plazas para la sección penal del Supremo, ha designado a Diego Villafañe, el número 2 de García Ortiz en la Secretaría Técnica que llegó a estar imputado en la causa por la que más tarde fue condenado el ex fiscal general; a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca.

En cuanto al resto de jefaturas, la fiscala general ha designado a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios; y ha renovado en su puesto a la exfiscala general María Jose Segarra como fiscala de sala de personas con discapacidad y mayores.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde 2021 estaba en la Secretaría Técnica e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal.

En la Audiencia Nacional, Peramato ha elegido como fiscala a Beatriz López, que también procede de la Secretaría Técnica y en Antidroga a Marcelo Juan de Azcárraga, que ya trabajaba en esta área desde 2024.

Además la vacante en Anticorrupción ha sido para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue una de las dos fiscales que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz el 14 de marzo de 2024 sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso.

Un juzgado ha requerido al líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado, Alvise Pérez, a que elimine de sus redes sociales contenidos que publicó amenazando al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por él si no dimitía y a que cese de publicar nuevos contenidos de la misma índole.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares que Landaluce incluyó en la demanda que interpuso contra Pérez el pasado mes de diciembre, después de que éste amenazara en mensajes de Telegram con difundir informaciones contra el alcalde si éste no dimitía.

Alvise fue también quien, en ese mismo canal, difundió un año antes pantallazos de conversaciones de WhatsApp en los que dos concejalas de su equipo comentaban que les había "tocado el culo" o "metido mano" debajo de la mesa.

Esas mismas conversaciones fueron la base con la que el PSOE de Algeciras denunció el pasado mes de diciembre a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó el asunto al considerar que los pantallazos no pueden servir de base para investigar tales delitos.

En tanto se resuelve la demanda principal del alcalde contra Alvise Pérez, el juzgado ha aceptado una parte de las medidas cautelares solicitadas por Landaluce.

Así acuerda requerir al líder de SALF para que "cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción de nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones" relacionados con el alcalde de Algeciras que guarden relación con el objeto de la demanda, hasta que recaiga resolución firme en el proceso principal o se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares.

Además, le impone la eliminación de las publicaciones difundidas en su canal de Telegram los pasados 17 y 18 de diciembre ya que contienen "imputaciones directas y reiteradas" de "conductas de agresiones o acoso sexual y otros delitos", aludiendo a que tenía "material probatorio de agresiones sexuales cometidas por el actor, incluso contra familiares de personas del entorno político de éste, de irregularidades relacionadas con la gestión del dinero público del consistorio e incluso de un homicidio cometido durante la construcción de una vivienda".

"Tales imputaciones, que se difunden en un canal público en la red social Telegram que cuenta con más de 650.000 seguidores, suponen un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor, y se realizan sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna, con el único fin de atentar contra la reputación de un rival político", apunta el auto.

El juez entiende que de no adoptarse la medida cautelar solicitada "el transcurso del tiempo hasta la finalización del procedimiento, en caso de dictarse sentencia estimatoria, podría hacer inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor" del alcalde "ante la continua difusión de mensajes por el demandado como los que son objeto de autos".

La Fiscalía quiere poner fin a los vientres de alquiler, cargando contra uno de sus principales sustentos: las agencias que difunden, promocionan y blindan esta práctica. Y lo hace enarbolando como principal bandera la estrategia de la publicidad ilícita. Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Igualdad el bloqueo del acceso desde el territorio español a las páginas web de hasta trece agencias dedicadas expresamente a publicitar vientres de alquiler, al considerar que ofrecen y realizan "prácticas comerciales de gestación subrogada" declaradas ilegales en nuestras fronteras. 

Fuentes del departamento de Ana Redondo reiteran su "alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva" y confirman que el Instituto de las Mujeres tiene "el mandato de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, lo que incluye actuar frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". 

Las mismas fuentes subrayan, no obstante, que el ministerio no tiene "capacidad administrativa de bloquear webs", así que la mañana del jueves ha dado traslado a la Abogacía del Estado de la petición realizada por la Fiscalía. Aunque es pronto para concretar acciones, una posibilidad que no descartan las fuentes consultadas por infoLibre pasa por demandar a las compañías señaladas, pero todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. El Instituto de las Mujeres ha pedido a la Abogacía del Estado "asesoría y una reunión, si fuera preciso", puntualizan las mismas voces. 

Lo cierto es que en noviembre del año pasado la Fiscalía sí cerró por primera vez distintos sitios online de idéntica naturaleza, pero con sede en España. Como esa clausura no puede replicarla respecto a las webs extranjeras, lo que busca ahora es limitar su acceso desde aquí, haciendo un llamamiento a las instituciones. La Fiscalía ya había anunciado entonces que ese sería su próximo paso: la fiscala de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, reconoció en rueda de prensa que existen "multitud" de páginas web internacionales que promocionan esta práctica ilegal a través de delegaciones nacionales. En aquel momento, la propia fiscala deslizó que tendrían que ser las administraciones quienes tomaran cartas en el asunto.

Pero no parece tan sencillo. "El Instituto de las Mujeres ya ha ido por la vía legal hasta donde se le ha permitido con las empresas que ellos señalaron" y sus acciones ni siquiera han derivado necesariamente en el cierre de las webs, señalan las fuentes pulsadas, quienes reiteran las dificultades de poder clausurar sitios online, especialmente con dominio en el extranjero. 

Las trece empresas que están ahora en el punto de mira son Success-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultatns, Surrogacy Network, Betaplus Fertility,Miracle Surrogacy y Invest Medical LLC. Algunas tienen su sede en Estados Unidos, y otras en México e incluso en Israel.

Núria González, abogada y autora del libro Vientres de alquiler. La mala gente (2021, Luz y taquígrafos), celebra los pasos adelante en la batalla contra la gestación subrogada, pero expresa dudas respecto al impacto real del cierre de las páginas web. "Todo suma, pero hay herramientas suficientes para que no se produzca esa publicidad. Muchos de los contratos se firman aquí, lo que sería interesante es seguir el rastro de esos pagos", argumenta la letrada. 

Lo dice con conocimiento de causa. A través de su asociación feminista L'Escola, la abogada solicitó en octubre del año pasado a la Fiscalía que investigara la denuncia de catorce parejas españolas contra una empresa mexicana que promocionaba vientres de alquiler, por un supuesto delito de estafa. La agencia tenía sede en Madrid y se presentaba como "líder del sector", ofreciendo servicios de consultoría y acompañamiento. González pidió que se tirara del hilo, pero su denuncia fue archivada. 

La experta sí cree que el anuncio tiene un impacto simbólico, pero expresa dudas respecto a que suponga un cambio de paradigma. En esa línea, la abogada traza un símil con las medidas en torno a la prostitución. "Se prohibieron los anuncios de prostitución en los periódicos, pero ¿qué impacto ha tenido eso en la industria?", se pregunta.

"El mensaje es correcto, pero necesitamos una acción contundente", exclama. "La Fiscalía tiene que investigar las denuncias que ya se han presentado y prohibir esta práctica. Tiene herramientas y tiene los argumentos". 

Cuando Núria González señala que las instituciones tienen las herramientas y los argumentos para tomar medidas efectivas y garantistas contra los vientres de alquiler, se refiere a dos cuestiones concretas: la legislación como herramienta; la jurisprudencia como argumento.

El décimo artículo de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde el año 2006, califica como "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". 

El artículo 221 del Código Penal castiga a quien "mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco" y también persigue a "la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero".

Y en la reforma de la ley del aborto, se incluyó la gestación por sustitución como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres y entre las medidas de prevención se introdujo expresamente la prohibición de la publicidad. 

En abril de 2025, además, el Gobierno aprobó una instrucción para prohibir la inscripción consular de los bebés nacidos a partir de esta práctica.

En cuanto a los argumentos, la letrada mira directamente hacia una institución muy concreta: el Tribunal Supremo. Hace más de una década, el tribunal se pronunció por primera vez de forma crítica contra los vientres de alquiler, reconociéndolo como una práctica que vulnera "la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación" y permitiendo a "determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza".

Es, en términos generales, la estela que han ido siguiendo los magistrados a lo largo del tiempo. En diversas sentencias dictadas en los últimos años, el Supremo ratifica su postura y reitera que los vientres de alquiler atentan contra "los más elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño". Pero además, los jueces han puesto la lupa también sobre el hecho de que las agencias de intermediación puedan actuar y publicitarse "libremente". Lo hacen, añadían en una de sus sentencias más recientes, "sin ninguna traba", promocionando su actividad a pesar de que la ley considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución".

Pero los argumentos no sólo vienen de los tribunales españoles, sino que cada vez son más habituales en el plano internacional. Naciones Unidas también lo cataloga como una forma de "explotación de las mujeres" y asegura que "refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y a los niños a graves violaciones de los derechos humanos", según un informe publicado en agosto del año pasado por la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que lleve a cabo medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada, informa EFE.

Según un comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.

Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan Sucesss-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations o Surrogacy Beyond Borders.

La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado haber recibido el escrito de la Fiscalía, pero han recordado que, si bien el Instituto de las Mujeres tiene competencias para iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, no tiene capacidad administrativa para bloquear páginas webs.

"Igualdad ha recibido el escrito en la tarde de este lunes y mañana lo analizará con Abogacía del Estado, que desde hace más de un año está trabajando intensamente en este asunto en vía judicial", han subrayado desde el ministerio.

Asimismo, el departamento dirigido por Ana Redondo ha asegurado que el Instituto de las Mujeres ya puso en conocimiento de la Abogacía del Estado la existencia de publicidad de servicios de gestación subrogada en cuatro empresas para que ejerciera acciones por vía judicial para la cesación de dicha actividad. El ministerio ha defendido que en los últimos años ha demostrado "un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva".

Concretamente, las fuentes han apuntado que el año pasado se realizaron dos "actuaciones clave" en este sentido: el Gobierno modificó la instrucción para hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler y el Instituto de las Mujeres elaboró un informe sobre identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad. 

Las autoridades francesas registraron este martes los locales de la red social estadounidense X y convocaron a su propietario, Elon Musk, a comparecer ante la Justicia para un interrogatorio, anunció la Fiscalía gala en un comunicado que recoge EFE.

"Se ha llevado a cabo un registro (...) por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025", anunció la Fiscalía, que precisó además que dejará de publicar en dicha red social.

La investigación, en manos de la Dirección General de la Gendarmería (Policía) Nacional (DGGN), se produce tras la recepción de dos denuncias, el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025.

La investigación se amplió tras otras denuncias que señalaban el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial de Grok en la plataforma X, que habría provocado "la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual".

Entre los cargos penales que se investigan, la Fiscalía citó el de "complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico", "atentado contra la representación de la persona (deepfakes de carácter sexual)", "extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada" y el de manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

La Fiscalía aclaró que ha decidido convocar a los responsables de la plataforma X, entre ellos a Musk, a través de la figura legal del "interrogatorio libre" que permite comparecer ante la Justicia sin estar detenido. Se trata de un paso procesal formal para saber si finalmente se imputa formalmente al magnate. Para no acudir a este tipo de "interrogatorio libre" es necesario presentar una justificación válida.

La convocatoria de Musk está fijada para el próximo 20 de abril, la misma fecha en la que debería presentarse Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, el hombre que murió por disparos de agentes de inmigración la pasada semana en Mineápolis.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, realizó el anuncio durante una comparecencia de prensa para anunciar la publicación de nuevos documentos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

"Por lo tanto, espero que esa investigación avance teniendo en cuenta esos parámetros", agregó.

Agentes de inmigración mataron el pasado sábado a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Mineápolis.

Los videos difundidos muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres durante el operativo, antes de ser reducido por los agentes, desarmado y disparado por la espalda cuando se encontraba en el suelo sometido.

Blanche dijo durante la comparecencia que "un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia", pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como "un evento trágico".

El fiscal adjunto detalló que se trata de una investigación diferente a la que conduce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria, Kristi Noem, quien ha recibido muchas críticas por lo ocurrido en Minesota.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que el caso de Renée Good no dio lugar a una investigación de derechos civiles, Blanche respondió que en Estados Unidos ocurren miles de tiroteos y que no en todos ellos se investigan posibles violaciones de derechos civiles.

"Tiene que haber circunstancias o hechos, o quizás hechos desconocidos, pero sin duda circunstancias que justifiquen una investigación.(...) Esto no significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal, la división de derechos civiles intervenga", explicó.

La Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, la investigación pretende acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública, después de que Osakidetza haya reconocido que ha administrado 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, la gran mayoría bebés.

El consejero ha precisado que, de las 253 personas afectadas por la primera vacuna hexevalente caducada que fue detectada, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que la Osakidetza había previsto revacunar. 

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi había recomendado inicialmente volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, pero replanteó la situación después de que el Gobierno Vasco recibiera ayer un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses, y también a algún adulto con problemas inmunológicos.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.

La nuevas incidencias registradas por la Osakidetza corresponden a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 29 casos potenciales, todos ellos sin riesgo de efectos adversos para la salud de las personas afectadas.

Esta segunda incidencia, de la que han tenido conocimiento este jueves a través de una madre, está relacionada con la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que se administra a los cuatro años de edad, y la tercera, con la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), ha sido comunicada esta la mañana de este jueves por la unidad de farmacia de una OSI.

Sobre los posibles afectados con estas dos nuevas vacunas detectadas, Martínez ha apuntado que la forma de proceder es identificar a esos pacientes "uno a uno", confirmar que han sido vacunados y evaluar el "nivel de registro" que han tenido en el sistema, cotejándolo con la cartilla de vacunación, que refleja tanto el número de lote como la fecha de caducidad real.

Por último, ha anunciado que se ha creado un Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas, con el objetivo de "esclarecer lo sucedido" en los casos detectados, así como impulsar una "investigación más estructural de la gestión y trazabilidad" de todas las vacunas que administra Osakidetza y "medidas correctoras para incrementar la seguridad del paciente".

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias por las denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA que le trasladó la Universidad de Barcelona (UB), informa EFE. Los abusos de Flecha salieron a la luz en una investigación conjunta de infoLibre con elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE.

La Fiscalía ha informado en un comunicado de que la "Sección especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos, ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por el Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona tras la denuncia de 16 integrantes del grupo de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All) contra Ramón Flecha".

Señala también que en dichas diligencias se ha encomendado la investigación a un equipo conjunto policial de Mossos d´Esquadra especializado, la Unidad Central de Agresiones Sexuales, y al Área Central de Análisis y Elaboración de inteligencia de la Comisaría General de Información, "con experiencia en delitos contra la libertad sexual y en el análisis de dinámicas de control coercitivo y estructuras grupales cerradas".

La UB informó el pasado 22 de diciembre de que había traslado las denuncias a la Fiscalía tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes, que han aumentado ahora a dieciséis.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

El CREA fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual. Un día después de que la Universidad de Barcelona trasladara a Fiscalía las denuncias, el 23 de diciembre, el CREA anunció su disolución "de forma inmediata" con el objetivo de evitar "más perjuicios a sus miembros".

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona comunicó su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa.

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado por el momento la petición del abogado de Julio Iglesias de que se acepte su personación en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia.

Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE este lunes, no procede de momento dar ese paso, ya que ahora se trata de determinar si la Audiencia Nacional es competente para investigar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en la República Dominicana y Bahamas.

El letrado de Iglesias, José Antonio Choclán, ha pedido el archivo de las diligencias preprocesales que ha abierto la Fiscalía, declaradas secretas, pero también que se le dé acceso a la investigación.

Eso ocurrirá, en todo caso, si se determina que la Audiencia Nacional es competente para investigar y si se otorga a Iglesias la condición de sospechoso, algo que no se está dirimiendo por el momento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional argumenta que "no toda sospecha que se cierna" sobre una persona ni toda pesquisa dirigida a corroborar su veracidad "justifican la atribución de la condición de persona sospechosa". Y es cuando se le concede esa condición de persona sospechosa cuando la Fiscalía debe informarle de las diligencias abiertas para que pueda ejercer su derecho de defensa.

El abogado de Iglesias reclamaba personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia, con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, "que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía".

De este modo, añade, se podría acreditar "la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por Women's Link, presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias.

En una rueda de prensa, el equipo legal de Women's Link ha anunciado que el Ministerio Público les tomará declaración y que, además, lo harán en calidad de testigos protegidos.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, ha calificado sendas decisiones como "un paso muy importante en la búsqueda de la justicia" de ambas mujeres, al tiempo que ha dejado claro que "las autoridades están respondiendo de forma ágil".

Asimismo, ha revelado que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien ha evitado mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.

En cuanto a las dos denunciantes, no hay fecha prevista para esas declaraciones que podrían ser por medios telemáticos habida cuenta de que no residen en España. "Esos detalles no los tenemos y se tratan con cierta reserva", ha añadido la letrada Gema Fernández, quien no duda de que el caso es "competencia" de la Justicia española.

Desde Fiscalía, por su parte, insisten en el secreto de las diligencias para no dar más detalles de su actuación, que son preprocesales, es decir, que no está judicializado. Al respecto, el Ministerio Público debe decidir si los hechos tienen relevancia penal, para lo cual dispone, según la letrada, de seis meses antes de determinar si archiva o formula una querella.

La denuncia ante la Fiscalía se hizo para que sea el Ministerio Público el que "lidere la acción penal" en caso de que entienda que existen indicios de delito, ha añadido la abogada. De lo contrario, no descartan otros escenarios, como que sea la propia organización la que formule directamente una denuncia ante un juzgado.

Ríos ha explicado que las dos decisiones de la Fiscalía formaban parte de las medidas de protección que habían solicitado en su denuncia, porque Julio Iglesias "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes", ha afirmado, derivado de su influencia y de su poder económico.

Además, temen que el cantante intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra.

Esas medidas de protección son las siguientes: que se evite el contacto entre las denunciantes y sus familiares con el cantante y su entorno; que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las mujeres; que se tome declaración a ambas mujeres con las condiciones adecuadas y que las medidas eviten la revictimización de las trabajadoras que aún siguen empleadas por el cantante.

Por su parte, Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, ha explicado que la ONG está llevando a cabo investigaciones que demuestran que lo que les ha ocurrido a esas dos mujeres no es un caso aislado, sino que obedece a "un patrón" detectado en otros países y que afecta principalmente a mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza.

La entidad ha observado que, en los sectores analizados, operan "estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible", que además están favorecidas por políticas migratorias que hacen que la vida de las víctimas dependan de sus empleadores: "Cuanto más precario es el estatus migratorio de muchas de estas personas, más riesgo hay de explotación", ha apuntado.

Los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, según la denuncia.

Las situaciones denunciadas habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan el diario.es y Univisión, los medios que han llevado a cabo la investigación.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por Women's Link, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias, coinciden al señalar que han denunciado para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.

Así lo recoge Amnistía Internacional (AI) en un comunicado remitido esta noche a EFE, en el que se indica que, según la denuncia, estas mujeres "habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021 mientras laboraban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas".

"Según su testimonio, el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

El 5 de enero, continúa la nota, "se pusieron en conocimiento de la Fiscalía hechos que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como "un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores".

Amnistía Internacional refiere que durante cerca de cinco años, las denunciantes "no hablaron de lo sucedido por temor a represalias profesionales, a la falta de canales seguros de denuncia y a una cultura que históricamente ha desestimado y desacreditado las voces de las sobrevivientes".

Una de las trabajadoras denunciantes afirma, según recoge AI en su nota que: "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma: por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país [República Dominicana]: para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias”.

El propósito de la otra denunciante "es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”. De acuerdo con los testimonios, añade AI en su comunicado, "sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado".

Tras conocer los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue. “La violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras remuneradas del hogar es una grave violación de derechos humanos. La falta de protección efectiva coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que los Estados no pueden seguir ignorando”, señala Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España.

La apertura de las diligencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se conoce el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los medios eldiario.es y Univisión Noticias, responsables de la investigación periodística, han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror", donde el cantante (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo,

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

El artículo, firmado por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales. La Agencia EFE también ha tratado de obtener la versión del entorno del Iglesias sin éxito.

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha dado su visto bueno para que Álvaro García Ortiz se reincorpore a la Fiscalía, es decir, que no será expulsado ni suspendido como fiscal tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado, informa EFE.

De hecho, esta decisión permite a García Ortiz incorporarse como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo, una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.

La Inspección debía estudiar cómo afectaba la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo veía "excesivo", aunque reconocía que "las consecuencias extraprocesales de la condena" no era competencia suya.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dado luz verde a su reingreso a la carrera fiscal después de que la Inspección haya concluido que no tiene que abandonar su puesto como fiscal.

Las fuentes han señalado que el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado porque se impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos años, "sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales". Han añadido que "esa concreción es particularmente relevante", puesto que los tribunales están obligados a indicar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación.

Dicho de otra forma, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público inhabilitará para el ejercicio del cargo de fiscal cuando así se establezca de forma expresa en la sentencia firme, precisan las fuentes.

En un plano técnico, el artículo 44 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que "los que hayan sido condenados por delito doloso" serán expulsados de la carrera, si bien en los casos "en los que la pena no fuera superior a seis meses, el fiscal general del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años".

Este párrafo se introdujo en 2007 en una reforma cuya exposición de motivos explicó que se hizo para adaptar para los fiscales la posibilidad ya existente para los jueces de que la sanción de separación de la carrera por haber perpetrado un delito doloso "pudiera ser flexibilizada por el fiscal general en determinados casos menos graves". Pese a todo, el texto final omitió la referencia a que la condena por delito doloso lo fuera a pena de prisión.

Al respecto, la Inspección Fiscal concluyó en 2017 que se debía hacer "una interpretación integradora" de su redacción en línea con el articulado que afecta a los jueces, es decir, que solo perdieran la condición de fiscal cuando la condena de prisión fuera superior a los seis meses.

Desde entonces, la Fiscalía ha asumido este criterio hasta el punto de que existen más precedentes de fiscales condenados por delito doloso que no han sido expulsados de la carrera, apuntan las fuentes. Esta línea coincide con el criterio del propio Tribunal Supremo que en una sentencia de 2017 señaló que "que quienes perteneciendo a la Carrera Judicial o a la Carrera Fiscal sean condenados por delito doloso solamente perderán necesariamente su condición si se les impone una pena privativa de libertad superior a seis meses".

Aquella sentencia añadió que "si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal", que es el criterio que se ha aplicado a García Ortiz.

Pese a la conmoción generada por el cuestionado proceso y la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz por desmentir un bulo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, los cinco magistrados que apoyaron el fallo intentaron, en la redacción de su controvertida resolución, que la inhabilitación no acabara con la carrera del hasta entonces fiscal general del Estado. Esos cinco miembros del tribunal, tras recordar que las responsabilidades disciplinarias derivadas del delito de revelación de datos reservados por el que le condenaron no les correspondía dirimirlas a ellos, quisieron encapsular esa inhabilitación en el cargo concreto de máximo responsable de la Fiscalía. Esa concesión y el hecho de que el jefe del Ministerio Público no forme parte de su estructura orgánica –un magistrado o un jurista prestigioso puede serlo– han permitido a su sucesora, Teresa Peramato, rehabilitarlo en su categoría de fiscal de Sala.

El pasado 17 de diciembre, la Sala de lo Penal del Supremo notificó la apertura de la ejecución de la sentencia a la inspección fiscal. Se trata del organismo que debe analizar si la condena a inhabilitación como fiscal general de García Ortiz debe comportar, además de las penales, alguna consecuencia disciplinaria. Fuentes fiscales explican que el procedimiento es que la inspección elabore un informe sobre el caso concreto para que la nueva fiscala general, Teresa Peramato, decida en última instancia. La decisión de darle como nuevo destino la sección Social (la que lleva los asuntos laborales y relativos a la Seguridad Social) de la Fiscalía del Tribunal Supremo indica que Peramato no ve razones para que su antiguo jefe no siga ejerciendo sus funciones como fiscal.

La sentencia del Supremo que lo expulsó de la cúspide del Ministerio Fiscal es la que, sorprendentemente, "ha echado un capote" para que las consecuencias del fallo no sean más drásticas, según fuentes fiscales. "Estamos juzgando un concreto hecho, no una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración", decía la sentencia tratando de limitar los daños. "Por otra parte, ese concreto hecho se produce [...] con el deseo prevalente, lo que no anula su antijuricidad, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba", prosigue en su fundamento jurídico sexto, el que versaba sobre la pena concreta que debía cumplir.

Ese mismo pasaje añadía después: "La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae". Y acto seguido: "Se concreta [...] exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: fiscal general del Estado". "Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal", es decir dejando de lado la responsabilidad disciplinaria, cuya decisión recae sobre Peramato, "es proporcionada esa acotación", proseguía la resolución, que apuntaba: "No es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado". "No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano [el de la inspección fiscal y la nueva fiscala general]; tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada al cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros".

La reincorporación del ex fiscal general al Tribunal Supremo, el destino que le corresponde como fiscal de Sala, indica, según las fuentes consultadas, que Peramato se habría apoyado en esos argumentos de la Sala de lo Penal para bendecir su vuelta. Su antecesor en el cargo, además, ha reclamado al Alto Tribunal la suspensión de su condena, lo que, en caso de aceptarse, podría retrasar aún más –al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amparo– la decisión sobre las consecuencias disciplinarias de su inhabilitación penal. En caso de que la deniegue, la nueva fiscala general tendría que tomar una decisión. Y lo que decida es susceptible se ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que tiene la última palabra.

El texto de la sentencia, sin embargo, da margen para orillar las consecuencias más drásticas que podría haber acarreado la condena. El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condición de fiscal se pierde en caso de "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". El 44 considera incapacitados para serlo a "los que hayan sido condenados por delito doloso", aunque el mismo precepto permite al jefe del Ministerio Público –a Peramato en este caso– sustituir la expulsión "atendiendo a la entidad del delito", "por la sanción de suspensión de hasta tres años". El Supremo resta entidad al supuesto delito del ex fiscal general al considerar que la inhabilitación es solo para ese alto cargo, ninguno más. También concede que la infracción penal que apreció se cometió para defender al Ministerio Público lo que, en principio, frenaría nuevas sanciones.

Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado.

Fuentes fiscales confirman a EFE la noticia, adelantada por El Mundo, de que el que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.

García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo sin saber aún qué ocurrirá con su futuro en la carrera fiscal.

La Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo ve "excesivo", aunque reconoce que "las consecuencias extraprocesales de la condena" no es competencia suya.

El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.

En este sentido, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, tiene de plazo hasta mañana para presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, un paso que escasamente prospera en el Supremo pero que es preceptivo para agotar la vía jurisdiccional y poder así acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Quien sí ha presentado ya ese incidente ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido al alto tribunal que anule la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

En el escrito, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo, sigue en buena parte los razonamientos recogidos en sus votos particulares por las dos magistradas que se opusieron a la condena.

Sánchez Conde cree que la sentencia debe ser anulada, entre otras cosas, porque vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al prescindir del testimonio de los periodistas que declararon en la vista y que acreditaron que estaban en posesión del correo de 2 de febrero de 2024 -el que filtró, según la sentencia- con anterioridad a que lo tuviera el fiscal general.

Y recuerda que la difusión de la nota de prensa, en la que la Fiscalía trataba de desmentir una versión "sesgada y falaz" de la negociación entre González Amador y los fiscales que le investigaban por fraude fiscal, había quedado fuera de los hechos imputables, ya que la propia sala la había considerado no punible.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) fue el primero en denunciar a la Fiscalía por el desmentido de un bulo aireado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de esta, el comisionista Alberto González Amador. Inmediatamente después de acabar el juicio que terminó con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tres magistrados acudieron a la sede de ese colegio profesional para impartir un curso pagado por la institución. Y a solo nueve días de conocerse el fallo condenatorio, en pleno proceso contra el jefe del Ministerio Público, el Gobierno de Ayuso convirtió el centro de estudios del ICAM en una universidad privada adscrita a la Complutense.

Dos asociaciones progresistas de abogados –la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Libre de la Abogacía (ALA)– han denunciado públicamente por esos hechos la falta de neutralidad del ICAM y han acusado a su decano, Eugenio Ribón, de poner la institución al servicio de intereses partidistas, en concreto los de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A las denuncias de ambos colectivos se suma la de Defiéndete en derecho, otra asociación que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales, las garantías democráticas y el Estado de derecho. ADADE es conocida por actuar como acusación popular en causas de corrupción como Gürtel, Koldo, Púnica, Lezo o Kitchen.

ADADE y Defiéndete en derecho consideran que el ICAM se ha convertido "en punta de lanza partidista". Las dos asociaciones ven "insólito" el apoyo del colegio a González Amador, "un particular que habiendo reconocido sus deudas con Hacienda, está procesado". Ambas organizaciones recuerdan que el ICAM fue el único colegio de toda España que decidió acusar a García Ortiz, para el que pidió cuatro años de cárcel (el Consejo General de la Abogacía Española, que engloba a todos, rechazó hacerlo). Los colectivos subrayan la "singular circunstancia de la simultaneidad de la posición como acusación del ICAM y la concesión de una universidad privada por la Comunidad de Madrid, con absoluta falta de transparencia".

Tanto ADADE como Defiéndete en derecho se suman a ALA. La asociación de abogados progresistas ya denunció durante el juicio al fiscal general "la inusitada celeridad en la respuesta" de la dirección del colegio, que denunció a la Fiscalía solo seis días después del desmentido oficial de Ayuso y su entorno difundido por el Ministerio Público. ALA también criticó entonces el "desorbitado y sobreactuado protagonismo" del equipo de Ribón, que afirmó actuar "no solo en nombre de la abogacía madrileña", sino "en nombre de la sociedad en su conjunto". La asociación progresista aseguró que el colegio se había posicionado de forma innecesaria conforme a las tesis de la defensa de González Amador, apuntando incluso a una operación diseñada desde la presidencia del Gobierno que el Supremo descartó desde el primer momento.

El ICAM y su decano mantuvieron una actitud especialmente beligerante contra la Fiscalía y su máximo responsable desde el primer momento por la supuesta revelación en una nota de prensa de unas negociaciones de conformidad del novio de Ayuso en las que confesaba la comisión de dos delitos fiscales. Pero, tanto en la instrucción como durante el juicio al jefe del Ministerio Público, se demostró que la primera filtración de esas conversaciones había partido del propio González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso. Sin embargo, el colegio mantuvo "un clamoroso silencio" sobre este chivatazo, como recuerda ALA. El Estatuto General de la Abogacía establece que "el deber de secreto profesional del profesional de la abogacía comprende todas las comunicaciones que, como profesional de la abogacía, haya recibido en su ejercicio profesional".

De las tres asociaciones que denuncian la politización de la institución, ADADE y Defiéndete en derecho solicitan al colegio "que vuelva a los cauces de la debida neutralidad política y la defensa de los intereses profesionales de los abogados". También reclaman que se les entregue "el expediente completo que llevó a la personación como acusación del ICAM contra el fiscal general" y que se convoque "una asamblea extraordinaria para debatir sobre esta actuación del colegio". Y avisan de que, si no se atienden sus peticiones, solicitarán "la inmediata dimisión" de Ribón "por la absoluta falta de neutralidad del colegio bajo su mandato".

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido a la Sala Penal que anule la condena impuesta al exfiscal general Álvaro García Ortiz, al considerar que vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal. La información, adelantada por El Español, recoge un duro escrito en el que la número dos de la Fiscalía acusa al Alto Tribunal de haber “creado un tipo delictivo” inexistente para poder sostener la condena por revelación de secretos.

El incidente de nulidad es el último trámite antes de que la causa pase al Tribunal Constitucional. En la práctica totalidad de las ocasiones es rechazado por el Supremo, que confirma su criterio expresado en la sentencia que se intenta anular. El valor del escrito de la número dos de la Fiscalía es que avanza cuáles son los razonamientos que el Ministerio Público mantendrá ante el Tribunal Constitucional cuando García Ortiz presente su recurso de amparo.

La sala "considera típica una conducta que excede del código penal, crea un tipo delictivo, lo que le está vedado y por ello vulnera el principio de legalidad penal" porque el secreto ya estaba divulgado antes de que desde la Fiscalía General se hiciera pública una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que fue la fiscalía quien había ofrecido un pacto al novio de Ayuso cuando todo sucedió al revés.

Según Sánchez Conde, el delito aplicado no puede extenderse a la difusión de datos que ya eran públicos y que habían sido divulgados previamente por una pluralidad de medios de comunicación. La fiscal asume el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo y cuestiona la valoración de la prueba realizada por la Sala, en especial al ignorar los testimonios de varios periodistas que afirmaron haber tenido acceso al correo electrónico objeto de la causa antes que García Ortiz. Ese correo, filtrado a la Cadena SER, contenía la admisión de dos delitos fiscales por parte del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El escrito subraya además que la sentencia pasa por alto que el correo del 2 de febrero de 2024 estaba en poder de múltiples actores institucionales —incluida la Fiscalía Superior de Madrid y la Abogacía del Estado— y que parte de su contenido ya había sido publicado por La Sexta horas antes de la emisión radiofónica. Para la teniente fiscal, la Sala altera el objeto del proceso al considerar delictiva también la nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo, pese a que la información que contenía era ya de dominio público y nunca fue formalmente imputada durante la instrucción.

El incidente de nulidad considera que la sentencia prescinde "sin explicación alguna del análisis del testimonio de muchos testigos de descargo y también omite todas las corroboraciones documentales de las informaciones que se desprendían del testimonio de los periodistas y del extremo de que no hubo en aquella noche ningún contacto telefónico del señor García Ortiz con ningún periodista" para sustentar la condena.

Los periodistas que declararon como testigos acreditaron que estaban en posesión del correo investigado antes de que lo recibiera García Ortiz. Es decir, "cuando el correo llegó al fiscal general del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado, aunque la sentencia lo omite", reza el escrito.

Desde una perspectiva de garantías democráticas, Sánchez Conde advierte de que extender el delito de revelación de secretos a hechos que exceden claramente el tenor literal del artículo 417 del Código Penal supone una vulneración del principio de legalidad y abre una peligrosa puerta a interpretaciones expansivas del derecho penal. También cuestiona la condena civil impuesta a García Ortiz y la obligación de pagar costas, recordando que las críticas públicas hacia González Amador están amparadas por la libertad de información y deben ser soportadas por quien tiene relevancia pública por su vínculo con un alto cargo político. Un reproche jurídico que, más allá del caso concreto, interpela al equilibrio entre poder judicial, libertad de prensa y Estado de derecho.

La Fiscalía ha pedido a un juzgado que inste al Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), liderado por el popular Xavier García-Albiol, a aclarar de forma urgente si ha ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los inmigrantes desalojados hace una semana del antiguo instituto B9.

Decenas de migrantes subsaharianos que siguen sin alternativa habitacional tras el desalojo de este edificio siguen dispersados en distintas localizaciones mientras el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales trabajan para buscar soluciones.

Según ha adelantado 3Cat y han confirmado a EFE fuentes judiciales, la Fiscalía ha pedido al juzgado que autorizó el desalojo que requiera de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona que detalle si está dando cumplimiento al mandato judicial relativo a que los servicios municipales presten la "atención adecuada" a los sintecho desalojados, así como las previsiones de "procurar en breve" un recurso habitacional a las personas que desde entonces permanecen en la calle.

La Fiscalía ha planteado esta petición ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que autorizó el desalojo que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de diciembre en el edificio del B9 de Badalona, en el que llegaron a vivir unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos.

En concreto, según han detallado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que requiera de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona para que entregue un informe sobre las incidencias producidas durante el desalojo y de qué modo está dando cumplimiento al mandato del juzgado para que los servicios sociales presten la "atención adecuada" a los sintecho desalojados.

Además, según las fuentes, la Fiscalía también solicita que el juzgado ordene al Ayuntamiento de Badalona a concretar en su informe las previsiones de procurar "en breve" un recurso habitacional a las personas que desde el desalojo llevan varios días en la calle.

De hecho, desde hace casi una semana, Badalona sigue viviendo momentos de tensión por las consecuencias del macrodesalojo ejecutado por orden judicial y promovido por el consistorio de Xavier García Albiol, quien desde el primer momento dejó claro que no movilizaría recursos para dar acogida alternativa al grueso de los inmigrantes que se quedaban sin un techo.

Un numeroso grupo de desalojados se encuentra ubicado en tiendas de campaña debajo del puente de la autopista C-31, a donde se dirigieron este pasado fin de semana para resguardarse de las lluvias. Las entidades sociales y también algunos vecinos solidarizados con su situación les han llevado comida, agua y mantas. Esta misma tarde ha comenzado un dispositivo en el puente de la C31 donde participan los servicios sociales, municipales y de la Generalitat, y otras entidades para buscar una alternativa a estas personas, aunque han dejado claro que podrá tardar horas.

El fin de semana, un acuerdo entre administraciones y entidades sociales posibilitó la atención a una quincena de los desalojados en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist, pero decenas de vecinos lo impidieron.

El dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, y con el apoyo económico de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, no pudo entregar materiales y recursos al grupo de inmigrantes ante la tensión de los vecinos que protestaban a las puertas de la parroquia.

Paralelamente, una quincena de los inmigrantes desalojados del B9 han dormido las últimas noches en el antiguo albergue Can Bonfí Vell. Fuentes del Govern han confirmado que, después de una mediación que se ha alargado durante toda la noche y a lo largo de este martes junto a las entidades sociales de Badalona y la Sindicatura de Greuges, estas personas han sido realojadas en otros equipamientos.

Por otro lado, la Guardia Urbana badalonesa ha desplegado un dispositivo policial para impedir que un tercer grupo buscase cobijo en el instituto Ventura Gassol, situado en el barrio de Montigalà.

En su última rueda de prensa del año, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su ejecutivo está trabajando "con discreción" para "cumplir la ley", garantizar la convivencia y resolver la situación de los desalojados.

En este contexto, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha insistido este martes en relacionar a los desalojados del B9 con la delincuencia y se ha negado a abrir un albergue cerrado, Can Bofí Vell, para cobijar a los sintecho alegando que el edificio no está en buenas condiciones.

Illa ha dicho que no quiere entrar "en ninguna polémica" con el alcalde de Badalona, con el que sí que ha hablado sobre la situación: "Lo que tenía que decirle ya se lo he dicho en privado", ha señalado. Eso sí, ha alertado de que "la irresponsabilidad no sale gratis y tiene consecuencias", tras las manifestaciones de vecinos en contra de los desalojados, alentados por los discursos de Albiol.

En este contexto, Illa ha hecho un "llamamiento a la serenidad y a la calma, especialmente a los vecinos de Badalona". El presidente catalán ha señalado que la prioridad del Govern es "resolver la situación" de las personas sintecho, algo que ha dicho que está haciendo la Generalitat con "discreción y trabajo".

Desde Cáritas han confirmado a EFE que junto al departamento de Derechos Sociales han conseguido ya alojar a 52 personas vulnerables en otros recursos y que otras siete personas también se prevé que tengan un techo en las próximas horas.

Esta organización ha dejado claro en un comunicado que la prioridad de las entidades sigue siendo garantizar la seguridad, la dignidad y la intimidad de todas las personas afectadas.

También la plataforma Lafede.cat ha mostrado su rechazo a los "discursos racistas" y ha mostrado su "apoyo explícito tanto, a las personas que ahora mismo se encuentran en situación de calle en medio de un temporal de frío y lluvia con los peligros que supone para su salud". Las entidades han querido asimismo agradecer a todos los vecinos de Badalona que están mostrando su solidaridad con los inmigrantes criminalizados.