El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el juez ha citado a ambos a declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Pedraz ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que solicitara la imputación de Mercedes González y de Manuel Llamas por esos mismos delitos.

Fuentes de Interior aseguran que el ministro Marlaska "mantiene su confianza" en ambos y que "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

La acusación popular unificada en esta causa, que encabeza el PP, pidió ayer la imputación de ambos y del ex director general del instituto armado, Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.

Estas nuevas imputaciones se producen tras las declaraciones que prestaron como testigos la semana pasada varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.

Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Según la investigación, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

En sus informes la UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díaz y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicados en el diario El Mundo.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala el informe.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, ha ratificado ante la jueza que investiga por presunta revelación de secretos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que él envió a Rodríguez una foto que le mandó un vecino que vio a dos informadores cerca del edificio, al que ha identificado, y ha aportado más fotos que recibió aquel día.

El novio de la presidenta regional ha declarado como testigo este martes ante la magistrada que investiga si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en revelación de secretos al enviar datos personales de dos periodistas de 'El País' a un chat, junto a una foto, asegurando que los informadores habían estado en el edificio en el que viven la presidenta y su pareja, y habían molestando a vecinos.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

González Amador ha llegado poco antes de las nueve de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha entrado por la parte trasera sin hacer declaraciones, y ha salido por la puerta principal también sin contestar a las preguntas de los periodistas sobre su testifical en este causa y también sobre los procedimientos en los que se le investiga a él, por presunto fraude fiscal y por presunta corrupción en los negocios.

Su declaración ha durado unos 20 minutos y, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó ante la jueza que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

Otras fuentes han precisado que González Amador ha identificado a ese vecino y ha contado que aquel día varios vecinos comentaron en un chat que había periodistas en las cercanías, y que recibió más fotos que ha aportado a la jueza.

Fuentes de la defensa de Miguel Ángel Rodríguez han asegurado que la testifical de González Amador "demuestra la inocencia" del investigado, sin precisar más detalles.

Según la denuncia que investiga la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos y relató que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

Una vez más, Juan Carlos Peinado juega con los tiempos para fijar de nuevo todos los focos sobre él. A la misma hora que el árbitro pitaba en Atlanta (EEUU) el inicio del primer partido de la selección española de fútbol en el Mundial, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés estaban citados en el Tribunal de Instancia de Madrid para la audiencia previa al juicio con jurado que el instructor ha diseñado para ellos. Pero, en realidad, la última palabra en esta investigación penal que el fiscal del caso ha calificado directamente de "irracional" la tiene la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir sobre el procesamiento de todos ellos. La cita del juez venía, esta vez, con amenaza: mandar a la Policía a buscar a los procesados si solo se presentaban sus abogados. Además, advirtió de que podría tomar alguna medida cautelar en una causa en la que el fiscal no acusa.

Se trata del último gesto histriónico del instructor. El anterior fue asegurar en el auto equivalente al procesamiento de todos ellos que en La Moncloa no se había visto un caso de corrupción similar "desde el reinado de Fernando VII". "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", se atrevió a escribir. Peinado, que está a punto de jubilarse, sabe que ya no hay tiempo para que el Consejo General del Poder Judicial pueda actuar contra él por la vía disciplinaria.

Los clímax anteriores de su causa fueron su insólita toma de declaración como testigo al presidente del Gobierno –rechazando que pudiera hacerlo por escrito– para que hiciera lo que era su derecho, negarse a declarar contra su esposa, pero someterlo a la pena del telediario. O la petición de una tarima para estar en una posición más alta que la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que también interrogó en su despacho oficial. Después quiso quiso que el Supremo lo juzgara, pero sus magistrados desautorizaron radicalmente sus intenciones: "No existe ni un solo indicio".

El relato más detallado de la excentricidad de esta instrucción de dos años iniciada con una denuncia hecha de recortes de periódico del pseudosindicato ultra Manos Limpias lo elaboró el fiscal José Manuel San Baldomero en su último recurso ante la Audiencia, el que impugnaba el auto que ponía fin a la investigación. "Esta resolución de 11 de abril", afirmaba el fiscal de delitos económicos, "es el resultado de la instrucción" en la que "a la vista de las resoluciones judiciales [...] no hemos entendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias", proseguía.

El representante del Ministerio Público advirtió en su escrito de que el juez cambia los hechos, los argumentos e incluso las referencias a sentencias del Supremo para justificar los delitos que aprecia. "Fruto de las alegaciones sobre insuficiencias o carencias de ciertos elementos o requisitos del tipo [el delito], se acude a nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas", señala San Baldomero. Y el juez Peinado lo hace "siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación [por un delito] o sea por otro".

San Baldomero acusaba a Peinado en su recurso de actuar, durante todo el caso, con un objetivo extraprocesal: el de causar daño a un imputado. Porque el auto recurrido, según sostenía el escrito, contiene "constantes y retiradas referencias a la fase procesal en que nos encontramos", es decir, la instrucción, donde no se necesita acreditar pruebas sino que basta con exponer indicios. "Para tratar de solventar los problemas derivados de la ausencia de indicios mínimos y apuntando que son al menos bastantes para continuar el procedimiento", Peinado está "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", prosigue.

Al auto de transformación de la causa en un procedimiento del tribunal del jurado redactado por el juez de instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, el representante del Ministerio Público lo calificaba de "irracional" porque mezclaba los elementos de los distintos delitos que imputaba a los procesados e introducía de nuevo aspectos que Peinado tuvo que sacar de su investigación, como los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea al ser financiados con fondos de la UE, investigación en la que Begoña Gómez no fue llamada a declarar como imputada el pasado marzo, sino en calidad de testigo.

Además de las tomas de declaración a Sánchez y Bolaños –"tan aparatosas en su realización como parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos"– el fiscal del caso citaba otras actuaciones excéntricas del juez. "Personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad", "un sinfín de testigos, imputaciones sin justificación y posteriormente dejadas sin efecto y cuyos testimonios se utilizaban en la propia imputación". 

También le dedicaba espacio a la "exposición razonada fallida" contra el ministro que el Tribunal Supremo descartó de plano al no encontrar "el más mínimo respaldo indiciario". "Entradas y registros sin justificación, posteriormente anuladas [como la de Barrabés]; meses sin resolver recursos a la par que se acordaban diligencias, algunas posteriormente anuladas; insistencia, persistencia en investigaciones sobre extremos rechazados...", relata. "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

"Hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", según San Baldomero, que acusaba a Peinado de presumir cualquier actividad de la esposa de Sánchez "como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara" y convirtiendo cualquier conexión con otras personas en "una suerte de contaminación que extendiera dicho carácter delictivo". "La mera relación conyugal de Begoña Gómez" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad", advertía San Baldemero que, en definitiva, veía en la causa de Peinado nada menos que un proceso ad hominem.

El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a que el Gobierno conceda el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados que juzgaron a García Ortiz consideran "por mayoría" que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que se le otorgue esta medida de gracia, y destacan la gravedad de unos hechos que tuvieron una "afectación importante de la institucionalidad" de la Fiscalía.

En su informe, preceptivo pero no vinculante, resaltan además que no han visto en el condenado una actuación posterior que "suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

"Se indultan las penas; no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas sino sólo las que están en ejecución (...). En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado", precisa la Sala.

Contravenir "la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad" de las actuaciones de la Fiscalía es para los magistrados "un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

El informe desfavorable subraya además la "sustancial falta de contenido del indulto" y apunta a que los ciudadanos que pidieron al Ejecutivo esta medida de gracia -entre ellos un fiscal y una magistrada ya jubilados- "no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública".

Tras dos semanas de juicio, Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, así como al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya abonó.

El tribunal, con dos magistradas de siete en contra, le consideró responsable de un delito de revelación de secretos por filtrar información reservada del procedimiento por presunto fraude a Hacienda abierto contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras la sentencia -que García Ortiz y el Ministerio Público recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional, tres ciudadanos solicitaron al Gobierno el indulto para el ex fiscal general del Estado, ahora destinado en Fiscalía de lo Social en el Supremo.

El informe del tribunal sentenciador llega después de que hace unos meses la Fiscalía sí apoyase un indulto parcial a García Ortiz, en concreto respecto a la pena de inhabilitación.

Tras estos informes, la pelota llega al tejado del Ejecutivo, que, según la ley que regula el indulto, de 1870, tiene facultad discrecional y no está obligado a explicar o justificar los motivos por los que otorga esta medida de gracia.

Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.

La petición de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen al instructor de la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya sido este quien la curse, ha generado, como mínimo, desconcierto en la cúpula de la Fiscalía. Fuentes oficiales del organismo que dirige Teresa Peramato rechazan pronunciarse sobre aspectos concretos de una investigación en curso y aseguran que actuarán con la máxima colaboración con el juez. Pero algunos fiscales consultados consideran que esa forma de actuar podría trasladar a los ciudadanos una sombra de sospecha sobre la Fiscalía General o, al menos, una falta de confianza de esa fiscalía especial en sus superiores.

El auto notificado el pasado lunes por Pedraz se hacía eco de las diligencias solicitadas por las fiscales del caso. Entre ellas se encontraba una petición de información a la Fiscalía General del Estado "para que informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García Izaguirre [el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos] que hubiera recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas". También solicitaba información sobre las "reuniones mantenidas" en la sede de la máxima jefatura del Ministerio Público entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, que actuaba junto a ella, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados y el abogado del comisario jubilado relacionado con las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, José García Cabrera. "En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", añadía.

El principal informe policial de la UCO que consta en el sumario de la causa dedica un capítulo a las supuestas gestiones prometidas por Leire Díez y su grupo con la Fiscalía General. Los agentes reflejan cómo la fontanera y sus supuestos cómplices habría ofrecido a sus interlocutores beneficios en los procedimientos en los que estaban incursos –como en el caso de Villarejo o Francisco Martínez en Tándem o Kitchen–. En otras ocasiones aparece como destinataria de escritos o denuncias de la trama, como los relacionados con la instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, o las denuncias contra la propia UCO y sus agentes. "Desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización", dice el documento policial, sus integrantes tendrían "capacidad demostrada (...) para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio fiscal general del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz", añade.

Varios fiscales consultados aseguran que lo más habitual es que, cuando una fiscalía –la del Supremo, Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional o cualquiera de las provinciales– necesita información para una causa que investiga o en la que participa, lo normal es recurrir al fiscal jefe para que se ponga en contacto con su homónimo del departamento al que se requieran los datos a través de un oficio. Esas mismas fuentes aseguran que, de ese modo, la fiscalía que requiere la información la puede aportar directamente al juez a través de sus escritos e informes para que la incluya en la causa. Lo normal, sostienen, hubiera sido que las fiscales anticorrupción hubieran recurrido a los cauces internos del Ministerio Público y solo en el muy hipotético caso de que no consiguieran por esa vía lo solicitado, recurrieran directamente al juez. "Lo contrario parece una muestra clara de desconfianza a los compañeros", dice uno de los consultados. Otros sostienen que esa forma de actuar "lanza sospechas" sobre la cúpula de la Fiscalía en un momento en que la institución se encuentra muy dividida tras la condena del anterior fiscal general por desmentir un bulo.

Anticorrupción también ha pedido a Pedraz que sea él quién exija a otra fiscalía, en este caso la Fiscalía Superior de Extremadura, toda la documentación sobre la denuncia presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada –instrumentalizado supuestamente por el grupo de Leire Díez– contra Biedma, la instructora de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por su contratación como responsable de los conservatorios de esa provincia, cuyo juicio ha concluido este martes. Según las fuentes fiscales consultadas, también en este caso hubiera bastado con recurrir a los cauces internos habituales. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal de Sala jefe Alejandro Luzón, depende jerárquicamente, como todas las fiscalías especiales, autonómicas o provinciales, en última instancia, de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y está sometida, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a sus instrucciones.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll no pisó suelo español más de 183 días durante todo 2011. Y, por tanto, no hubo infracción tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante en el último pulso que mantenía con Hacienda, pleito que aún seguía vivo tras la condena de tres años por fraude fiscal que pactó con Fiscalía y Abogacía del Estado a finales de 2023. Y ha obligado al fisco a devolver las cantidades ya abonadas. Una nueva derrota judicial de la Agencia Tributaria que se suma a otras tantas experimentadas a lo largo de los últimos años contra la very important people. Solo en el último lustro, los tribunales han librado a deportistas, artistas o actrices de pagar más de 80 millones de euros en sanciones tributarias, si bien una parte destacable se corresponde, precisamente, con el pleito de Shakira.

La Hacienda española actuó contra la cantante al considerar que tenía que haber tributado en 2011 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio. Ella alegaba que residía fuera de España. La Agencia Tributaria, que era residente fiscal en nuestro país. Finalmente, los magistrados han dado la razón a Shakira al entender que no queda "acreditado" que la cantante permaneciera durante aquel año en nuestro país más de 183 días, mínimo necesario para determinar que tiene su residencia habitual en nuestro territorio. Tampoco que tuviera aquí el núcleo de intereses económicos ni conexión familiar con residentes. Pese a su relación con el futbolista Gerard Piqué, la sala resalta que no había "vínculo conyugal" o "hijos menores".

"Es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho", sentencian los magistrados. El tribunal, en definitiva, concluye que no hubo fraude fiscal en 2011, algo que la cantante sí reconoció para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 –el pacto suscrito con el Ministerio Público lo cifraba en 14,5 millones de euros–. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que la Agencia Tributaria ya ha anunciado que pretende recurrir ante el Tribunal Supremo, obliga al fisco a devolver a la cantante "las cantidades ingresadas". La cuantía del litigio asciende a 55 millones de euros. Su propia defensa, sumando intereses y costas, calcula que a la artista tendrán que devolverle 60 millones. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, por su parte, rebaja la posible devolución a los 35 millones.

El de Shakira es el último capítulo de una guerra contra el fisco en la que han jugado un papel preponderante los deportistas de élite. Piqué, expareja de la cantante, ya logró en 2021 que la justicia le diera la razón en su pulso contra la Agencia Tributaria. Tras fracasar en la Audiencia Nacional, el futbolista elevó su caso al Supremo, que terminó anulando la sanción de 2,1 millones de euros que Hacienda le impuso por el IRPF de 2008, 2009 y 2010. En su sentencia, el Alto Tribunal concluyó que el entonces defensa del FC Barcelona no simuló contratos para gestionar sus derechos de imagen y que las cotizaciones que abonó a la Seguridad Social británica mientras jugaba en el Manchester United contaban como "gasto deducible".

Varios han sido los jugadores culés que han torcido el brazo a Hacienda en los tribunales. En 2022, por ejemplo, Andrés Iniesta consiguió que se anulasen varias liquidaciones de impuestos en las que le pedían el pago de 2,21 millones de euros. Ese mismo año, Xavi Hernández y Carles Puyol lograron lo mismo con reclamaciones por 1,32 y 1,71 millones de euros, respectivamente. Ya en 2024, Iniesta consiguió ganar un par de pleitos más relacionados con la cesión de derechos de imagen o los pagos del club blaugrana a su agente, sentencias que le libraron de pagar, al menos, otros 4 millones de euros. A estos hay que añadir un triunfo adicional de Puyol, que consiguió que la Audiencia Nacional le eximiese de pagar 2,5 millones por el IRPF de 2010 a 2013.

Ese mismo año, el exfutbolista Daniel Alves ya acumulaba, según La Vanguardia, una serie de victorias judiciales que obligaban a la Agencia Tributaria a devolverle 9,2 millones de euros. Un gol por la escuadra que le ha metido también al fisco español en los tribunales Xabi Alonso, que en 2019 resultó absuelto de un delito contra la Hacienda Pública por la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a una empresa radicada en la isla de Madeira –la Administración le reclamaba 2,5 millones de euros– y que en 2025 logró otra victoria que le libró de pagar otros 288.000 euros. O el exjugador del Real Madrid James Rodríguez, a quien la Audiencia Nacional ha ordenado que se le devuelvan más de 3 millones porque ha podido acreditar que en el ejercicio bajo la lupa había residido 202 días en Mónaco.

También han conseguido algunas sentencias favorables en el último lustro desde el extenista Juan Carlos Ferrero, a quien el Supremo libró de pagar casi 275.000 euros por haber gestionado los derechos de imagen a través de una sociedad especializada no controlada por él, hasta el expiloto de motociclismo Daniel Pedrosa, a quien la Agencia Tributaria tuvo que devolver 2,4 millones de euros más los intereses. Y también alguna actriz. El año pasado, sin ir más lejos, la Audiencia Nacional absolvió a la intérprete Ana Duato en el caso Nummaria al no haber "acreditación suficiente" de que conociera que "estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario". Hacienda le reclamaba 1,1 millones de euros.

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la concesión de un indulto parcial al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en concreto respecto a la pena de dos años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba, que le impuso el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha emitido un informe después de que dos ciudadanos pidieran en diciembre al Gobierno el indulto total de García Ortiz, condenado el pasado mes de noviembre por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La teniente fiscal apoya que se perdone la pena de inhabilitación especial que quede por cumplir cuando se conceda el indulto, una medida de gracia que tendría, según señala, "efectivos limitados" pues solo se minoraría la duración y se acortarían los plazos para cancelar los antecedentes penales.

El informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal o que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

A los delitos también se les pasa el arroz, se les va el santo al cielo, se les marcha un tren que no volverá a pasar. La Justicia es ciega, pero debería andarse con ojo, porque se le escapan los caracoles, sobre todo cuando los investigados son ricos y poderosos, es decir que tienen abogados capaces de convertir la ley en la trampa y lograr que dos más dos sea igual a lo que le convenga a su cliente. La Audiencia Nacional exonera a Jordi Pujol del juicio contra él y su familia por la fortuna que tenían oculta y cuya procedencia no se ha llegado aún a esclarecer, debido a su deterioro cognitivo, fácil de entender a sus noventa y cinco años de edad. Se fue de rositas. ¿Les parece poco? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tampoco va a procesar a Mazón.

La antigua cúpula del Partido Popular tampoco parece que vaya a pagar ningún precio por haber usado el Ministerio del Interior, a la policía y probablemente al CNI para que intentasen destruir las pruebas que tenía contra ella el tesorero de su partido. Visto el resultado, no debieron de reclutar tampoco a los más listos. Y eso que lo intentaron todo, desde mandarle a casa a un ladrón disfrazado de cura hasta destruir su ordenador a martillazos, y como no funcionó, tiraron de las fuerzas de seguridad para que les sacasen las castañas del fuego. Pero algún juez muy colega no se vio capaz de establecer relación alguna entre el presidente Mariano Rajoy y M. Rajoy, o sea que si es blanco y en botella debe de ser un bidón de petróleo.

Así que ni el jefe del Gobierno de entonces, ni sus vicepresidentas, ni sus colaboradores más cercanos tuvieron nada que ver con ese asunto, o no se puede demostrar que lo tuvieran, o las grabaciones e indicios que parecen probarlo a las claras no les parecen suficientes a quienes les investigan, aunque, la verdad, durante el proceso algún miembro del tribunal ha parecido más su guardaespaldas que su jueza… Así que más de lo mismo para los máximos responsables políticos de aquel Ejecutivo tramposo: quedarán impunes, se han lavado las manos y se marcharán por donde han venido.

Y mientras, los relojes que van tan lentos hacia la derecha, lo hacen muy deprisa hacia la izquierda: si comparas los delitos de los que se acusaba al fiscal general del Estado con los que implica el lodazal de la Kitchen, y ves lo fino que han hilado en unas cosas y lo ciegos que parecen a la hora de vigilar otras, y cada vez que oyes eso del respeto por la Justicia… te tienes que reír. Lo contrario sería echarte a llorar y no merece la pena, que esto son cuatro días y ninguno vuelve.

Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, dos de los cuales fallecieron en diciembre, ha muerto en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI.

El fallecimiento, que ha adelantado Diario de Burgos y han confirmado a EFE fuentes del centro hospitalario, se ha producido como consecuencia de las lesiones provocadas por una sobredosis del fármaco, un caso que investiga la justicia por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.

Los cinco pacientes oncológicos afectados, por lo que el Hospital Universitario de Burgos reconoció en enero como un "error humano", recibieron en diciembre una dosis seis veces mayor a la pautada como consecuencia de un fallo en la disolución del fármaco, que provocó un exceso de concentración.

Dos de los pacientes fallecieron ese mismo diciembre, a los que se suma este tercero que ha muerto tras pasar cuatro meses ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Burgos; los otros dos afectados ya han sido dados de alta.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1, tras recibir denuncia de la Fiscalía de Burgos, incoó en marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de los pacientes.

En su escrito explica que los hechos recogidos por el Ministerio Fiscal -que a su vez recibió dos denuncias de afectados y otra del Defensor del Paciente- "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia", que corresponde investigar en sede judicial.

Además, la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas, la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros afectados.

La Fiscalía dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

Por ese motivo, el Tribunal ha pedido como parte de las diligencias previas información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario, quienes ya en diciembre confirmaron que se harían cargo de las indemnizaciones si bien todavía no han dado datos al respecto.

La denuncia de la Fiscalía recoge que el hospital implantó el 2 de diciembre de 2025 un nuevo sistema de prescripción electrónica en Oncología y Hematología, para sustituir la prescripción médica habitual que era manual o a través de orden médica informatizada.

Dicho cambio requirió la configuración de una base de datos en la que la empresa responsable del nuevo programa volcó de manera automática los datos generales de los medicamentos oncológicos, si bien la Fiscalía recoge que la mayor parte de esos datos fueron revisados por farmacéuticos del hospital.

Fiscalía afirma que los farmacéuticos revisaron unos 2.000 principios activos, entre ellos, 400 fichas de medicamentos oncológicos, incluido Cabizitaxel, que se incorporaron a la base de datos del nuevo sistema de prescripción electrónica, y los protocolos de tratamiento.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa.

Según informa en un comunicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.

El fiscal pide que se acuerde "respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 LECRIM, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

Subsidiariamente —como segunda opción— solicita el sobreseimiento provisional "al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa". Por el momento no ha trascendido más sobre el contenido de este recurso ante la Audiencia madrileña.

Además la Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y añade que, en caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al fiscal, nuevamente, para que formule escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Y dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —con un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.

Este lunes la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, presentó su escrito de conclusiones, en el que solicita para Begoña Gómez 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Paralelamente el letrado de Begoña Gómez presentó un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

En este escrito el abogado Antonio Camacho ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha trasladado a la Fiscalía una denuncia interpuesta contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por supuestos delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones por la retención de un casco azul español en el Líbano.

El magistrado ha incoado diligencias previas y dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de este órgano y sobre las diligencias solicitadas en la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción número 6 determina que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La denuncia se interpone por presuntos crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra el primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como máxima autoridad de la cadena de mando política y militar, y contra Herzi Halevi en su condición de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y superior jerárquico de las unidades implicadas.

También se denuncia al comandante del comando norte de las IDF, como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano al ocurrir los hechos, y a "cuantos otros militares y autores materiales".

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril de 2026 en el sur del Líbano, donde un soldado español de la misión de paz de la ONU fue retenido por el ejército israelí, que interceptó su convoy. Luego fue liberado.

Iustitua Europa ha considerado "un hecho histórico, sin precedentes" la apertura de diligencias previas, que podrían dar lugar a que se investigue al primer ministro israelí por un incidente en el que el casco azul "fue extraído violentamente de su vehículo y retenido ilegalmente, sufriendo un trato degradante".

Para el presidente de esta formación, Luis Pardo, se trata de "una flagrante violación" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y del derecho internacional humanitario, al suponer "un ataque directo a la autoridad de las Naciones Unidas y a la protección reforzada que ampara al personal de mantenimiento de la paz".

Para Iustitia Europa la competencia de la Audiencia Nacional se sustenta en el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un ciudadano español, y en el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes de guerra, tal y como establece el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El mismo magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazó el pasado mes de octubre, archivándola, una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, en junio de 2025.

Ese auto del juez, que se apoyó en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, consideró que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal, y se remite a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya está siendo investigado Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad.

A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el encaje de la ley de amnistía en los tratados antes de dirimir los amparos de Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas a los que el Supremo se negó a aplicar esa norma, el próximo choque entre el Constitucional y el Alto Tribunal ya está servido. Tanto la Fiscalía como su anterior máximo responsable, Álvaro García Ortiz, han presentado sus recursos contra la polémica sentencia de la Sala Penal que lo inhabilitó como fiscal general. Antes de que el tribunal de garantías se pronuncie sobre su admisión, las quinielas sobre abstenciones y recusaciones ya se han disparado. Y el presidente, Cándido Conde-Pumpido, la ponente, la progresista María Luisa Segoviano, y el conservador José María Macías están en algunas de ellas.

El primero de los recursos en llegar al Constitucional fue el presentado por la Fiscalía, elaborado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde –la número dos del cuerpo solo por detrás de la fiscala general, Teresa Peramato–. La magistrada a la que correspondió la ponencia del caso fue la progresista María Luisa Segoviano. El pasado lunes se presentó también el escrito del propio García Ortiz, elaborado por la Abogacía del Estado, que se ha encargado de su defensa durante todo el caso. Fuentes de la máxima instancia española en protección de los derechos fundamentales aseguran que, antes de que comiencen las deliberaciones, ambos recursos de amparo se acumularán y que será Segoviano la ponente de ambos.

Antes de que se decida sobre la admisión a trámite de ambos recursos ya hay apuestas sobre las abstenciones y recusaciones que se puedan producir. Algunas fuentes en el Constitucional dan por hecha la de su presidente, Conde-Pumpido. Esa hipotética decisión de apartarse se basaría, como en el caso de recursos anteriores planteados por los fiscales Eduardo Esteban y Dolores Delgado, por la relación jerárquica que tuvo con ellos mientras el presidente del TC fue fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, parte del sector progresista considera que no existe causa de abstención y recusación porque, mientras Conde-Pumpido dirigió la Fiscalía (entre el 23 de abril de 2004 y el 19 de diciembre de 2011), García Ortiz fue fiscal delegado de Medio Ambiente en A Coruña y Galicia, sin contar con ningún cargo en la Fiscalía General del Estado.

Esas mismas fuentes recuerdan que durante el proceso seguido en el Supremo contra el exjefe de la Fiscalía, otro ex fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, no tuvo el menor reparo en participar en el caso como magistrado de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, pese a que García Ortiz había formado parte como miembro electivo del Consejo Fiscal durante su mandato. También participó en en la causa el expresidente de la Sala, Manuel Marchena, fiscal de carrera que formó parte y llegó a dirigir la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado –el principal órgano asesor del fiscal general– con Conde-Pumpido y previamente con Jesús Cardenal, Juan Ortiz Úrculo y Eligio Hernández.

Otra de las señaladas tras la llegada de los recursos de amparo es la propia ponente. Segoviano acudió a la toma de posesión de la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, y allí saludó al fiscal general saliente dándole dos besos y deseándole mucho ánimo. En medios de derechas, ese episodio ha sido presentado como una supuesta muestra de falta de apariencia de imparcialidad. Segoviano, por el momento, no se ha apartado del caso. Sus compañeros, sin embargo, dan por hecho que alguna de las acusaciones contra García Ortiz –el novio de Ayuso, Alberto González Amador; el colegio de abogados de Madrid; la asociación de fiscales conservadora APIF y Manos Limpias– la recusarán. Fuentes del tribunal vaticinan que la petición no tendría ningún recorrido.

Otro de los magistrados del Constitucional que ha tenido que pronunciarse previamente sobre García Ortiz es el halcón conservador José María Macías. En su anterior cargo, el de vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, Macías se pronunció en dos ocasiones sobre la idoneidad de García Ortiz para ocupar la plaza de fiscal general. En la primera, el órgano de gobierno de los jueces se pronunció a favor, mientras que en la segunda, los conservadores (entre ellos Macías) provocaron un voto en contra que no impidió que el ex fiscal general accediera de nuevo al cargo.

Fuentes del tribunal de garantías vaticinan que, en caso de que sea recusado, la moción tampoco prosperará, ya que el Consejo solo analiza si el candidato cumple los requisitos legales para acceder al cargo. Otras fuentes consultadas consideran que el hecho de que, pese a que los méritos de García Ortiz permanecieron inalterados, el Consejo aprobara sobre ellos dos informes contrarios, podría demostrar cierta animadversión de Macías hacia él.

Otro de los magistrados cuestionados para formar parte del tribunal en este caso es Juan Carlos Campo, por su pasado como ministro de Justicia. Sin embargo, durante su paso por el Ministerio, la fiscala general del Estado propuesta por el Gobierno fue Dolores Delgado. Fue Delgado, ya como fiscal general, la que ascendió a García Ortiz en 2021 al cargo de fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Así pues, en caso de que fuera recusado, las fuentes consultadas consideran que la petición tendría pocas posibilidades de prosperar.

El calendario que se maneja en el Constitucional para el caso prevé que la decisión sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo –algo que se da por hecho– se producirá en mayo. Será en ese momento cuando se presenten las eventuales abstenciones y recusaciones, que tendrán que ser instruidas y votadas después del verano. La deliberación de la sentencia y el fallo tendría lugar, previsiblemente, al final de este año o principios del siguiente. La mayoría progresista en el Pleno está garantizada, porque incluso en el caso de que el presidente y la ponente –ambos progresistas– no formaran parte de él, la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, tendría voto de calidad para resolver un hipotético empate entre sensibilidades.

España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Como ya avanzó la actual fiscala general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia, o el de un proceso con todas las garantías.

Reprocha la Fiscalía al Supremo que haya escogido la interpretación "más desfavorable" para condenar a García Ortiz y vuelve a cargar contra el registro que ordenó el juez Ángel Hurtado a su despacho, una "indiscriminada medida de injerencia" que "no estaba justificada" y en la que se basa "uno de los indicios que sustentan la condena", en referencia al borrado de las conversaciones del exfiscal general.

Álvaro García Ortiz, que estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado por la filtración a la prensa de un correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre la investigación a González Amador. En ambas acciones vio el Supremo revelación de secretos.

La Fiscalía, que también recurre el auto del Supremo que rechazó la nulidad de su sentencia, argumenta que el alto tribunal no tuvo en cuenta el "valor exculpatorio" de "contundentes testimonios" de periodistas en favor de García Ortiz, que actualmente ejerce de fiscal en la Sala de lo Social del alto tribunal.

Se refiere el recurso a los periodistas que negaron haber conocido el citado correo de mano del fiscal general, y critica también el "giro argumental sorpresivo" del Tribunal Supremo al condenarle, ya que en un principio "descartó expresamente" la publicación de la mencionada nota de prensa, y después la incluyó en el castigo. Eso, dice, fue "una imputación novedosa de la que el acusado no ha podido ni tenía por qué defenderse".

Por último, cuestiona asimismo la interpretación del delito de revelación de secretos reservados, "que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público". Esto, subraya, es contrario a la jurisprudencia del Supremo, "que es rectificada de forma sorpresiva e imprevisible". Dicha interpretación, según la Fiscalía, conduce "a resultados axiológicamente incompatibles con el papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz".

La Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente, y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.

El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso —paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio—, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.

En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".

Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".

Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".

El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".

En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.

El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante, informa EFE

La cita de este miércoles, que se ha alargado dos horas y media, es la tercera vista de estas características que convoca el juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Y es la segunda vez que el juez Peinado cita en esta causa un Miércoles Santo; el año pasado acudió a Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados —su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés—, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han expuesto la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, que han solicitado practicar más diligencias, según las fuentes.

A la salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante esta vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo por entender que no hay ningún indicio.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado la abogada, y ha añadido que la acusación popular unificada ha pedido pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.

Investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha aupado a los dos fiscales más cercanos al exfiscal general Álvaro García Ortiz en la Secretaría Técnica para puestos claves en el Supremo: Ana García León será una de las jefas de la sección Penal, adonde también llega como fiscal Diego Villafañe.

Este viernes se ha celebrado un Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, centrado en 19 nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal, para los que han concurrido 86 candidatos, si bien las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.

El interés estaba, por encima de todo, en las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones penales del Supremo que se disputaban algunos fiscales del equipo de García Ortiz con dos fiscales del procés, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han sido designados siendo dos de los tres más altos en el escalafón.

Además de García León, que fue la mano derecha de García Ortiz cuando ostentó la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal y a María Farnés Martínez, hasta la fecha fiscal superior de Canarias.

Para las tres plazas para la sección penal del Supremo, ha designado a Diego Villafañe, el número 2 de García Ortiz en la Secretaría Técnica que llegó a estar imputado en la causa por la que más tarde fue condenado el ex fiscal general; a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca.

En cuanto al resto de jefaturas, la fiscala general ha designado a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios; y ha renovado en su puesto a la exfiscala general María Jose Segarra como fiscala de sala de personas con discapacidad y mayores.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde 2021 estaba en la Secretaría Técnica e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal.

En la Audiencia Nacional, Peramato ha elegido como fiscala a Beatriz López, que también procede de la Secretaría Técnica y en Antidroga a Marcelo Juan de Azcárraga, que ya trabajaba en esta área desde 2024.

Además la vacante en Anticorrupción ha sido para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue una de las dos fiscales que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz el 14 de marzo de 2024 sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso.

Un juzgado ha requerido al líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado, Alvise Pérez, a que elimine de sus redes sociales contenidos que publicó amenazando al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por él si no dimitía y a que cese de publicar nuevos contenidos de la misma índole.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares que Landaluce incluyó en la demanda que interpuso contra Pérez el pasado mes de diciembre, después de que éste amenazara en mensajes de Telegram con difundir informaciones contra el alcalde si éste no dimitía.

Alvise fue también quien, en ese mismo canal, difundió un año antes pantallazos de conversaciones de WhatsApp en los que dos concejalas de su equipo comentaban que les había "tocado el culo" o "metido mano" debajo de la mesa.

Esas mismas conversaciones fueron la base con la que el PSOE de Algeciras denunció el pasado mes de diciembre a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó el asunto al considerar que los pantallazos no pueden servir de base para investigar tales delitos.

En tanto se resuelve la demanda principal del alcalde contra Alvise Pérez, el juzgado ha aceptado una parte de las medidas cautelares solicitadas por Landaluce.

Así acuerda requerir al líder de SALF para que "cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción de nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones" relacionados con el alcalde de Algeciras que guarden relación con el objeto de la demanda, hasta que recaiga resolución firme en el proceso principal o se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares.

Además, le impone la eliminación de las publicaciones difundidas en su canal de Telegram los pasados 17 y 18 de diciembre ya que contienen "imputaciones directas y reiteradas" de "conductas de agresiones o acoso sexual y otros delitos", aludiendo a que tenía "material probatorio de agresiones sexuales cometidas por el actor, incluso contra familiares de personas del entorno político de éste, de irregularidades relacionadas con la gestión del dinero público del consistorio e incluso de un homicidio cometido durante la construcción de una vivienda".

"Tales imputaciones, que se difunden en un canal público en la red social Telegram que cuenta con más de 650.000 seguidores, suponen un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor, y se realizan sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna, con el único fin de atentar contra la reputación de un rival político", apunta el auto.

El juez entiende que de no adoptarse la medida cautelar solicitada "el transcurso del tiempo hasta la finalización del procedimiento, en caso de dictarse sentencia estimatoria, podría hacer inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor" del alcalde "ante la continua difusión de mensajes por el demandado como los que son objeto de autos".

La Fiscalía quiere poner fin a los vientres de alquiler, cargando contra uno de sus principales sustentos: las agencias que difunden, promocionan y blindan esta práctica. Y lo hace enarbolando como principal bandera la estrategia de la publicidad ilícita. Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Igualdad el bloqueo del acceso desde el territorio español a las páginas web de hasta trece agencias dedicadas expresamente a publicitar vientres de alquiler, al considerar que ofrecen y realizan "prácticas comerciales de gestación subrogada" declaradas ilegales en nuestras fronteras. 

Fuentes del departamento de Ana Redondo reiteran su "alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva" y confirman que el Instituto de las Mujeres tiene "el mandato de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, lo que incluye actuar frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". 

Las mismas fuentes subrayan, no obstante, que el ministerio no tiene "capacidad administrativa de bloquear webs", así que la mañana del jueves ha dado traslado a la Abogacía del Estado de la petición realizada por la Fiscalía. Aunque es pronto para concretar acciones, una posibilidad que no descartan las fuentes consultadas por infoLibre pasa por demandar a las compañías señaladas, pero todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. El Instituto de las Mujeres ha pedido a la Abogacía del Estado "asesoría y una reunión, si fuera preciso", puntualizan las mismas voces. 

Lo cierto es que en noviembre del año pasado la Fiscalía sí cerró por primera vez distintos sitios online de idéntica naturaleza, pero con sede en España. Como esa clausura no puede replicarla respecto a las webs extranjeras, lo que busca ahora es limitar su acceso desde aquí, haciendo un llamamiento a las instituciones. La Fiscalía ya había anunciado entonces que ese sería su próximo paso: la fiscala de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, reconoció en rueda de prensa que existen "multitud" de páginas web internacionales que promocionan esta práctica ilegal a través de delegaciones nacionales. En aquel momento, la propia fiscala deslizó que tendrían que ser las administraciones quienes tomaran cartas en el asunto.

Pero no parece tan sencillo. "El Instituto de las Mujeres ya ha ido por la vía legal hasta donde se le ha permitido con las empresas que ellos señalaron" y sus acciones ni siquiera han derivado necesariamente en el cierre de las webs, señalan las fuentes pulsadas, quienes reiteran las dificultades de poder clausurar sitios online, especialmente con dominio en el extranjero. 

Las trece empresas que están ahora en el punto de mira son Success-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultatns, Surrogacy Network, Betaplus Fertility,Miracle Surrogacy y Invest Medical LLC. Algunas tienen su sede en Estados Unidos, y otras en México e incluso en Israel.

Núria González, abogada y autora del libro Vientres de alquiler. La mala gente (2021, Luz y taquígrafos), celebra los pasos adelante en la batalla contra la gestación subrogada, pero expresa dudas respecto al impacto real del cierre de las páginas web. "Todo suma, pero hay herramientas suficientes para que no se produzca esa publicidad. Muchos de los contratos se firman aquí, lo que sería interesante es seguir el rastro de esos pagos", argumenta la letrada. 

Lo dice con conocimiento de causa. A través de su asociación feminista L'Escola, la abogada solicitó en octubre del año pasado a la Fiscalía que investigara la denuncia de catorce parejas españolas contra una empresa mexicana que promocionaba vientres de alquiler, por un supuesto delito de estafa. La agencia tenía sede en Madrid y se presentaba como "líder del sector", ofreciendo servicios de consultoría y acompañamiento. González pidió que se tirara del hilo, pero su denuncia fue archivada. 

La experta sí cree que el anuncio tiene un impacto simbólico, pero expresa dudas respecto a que suponga un cambio de paradigma. En esa línea, la abogada traza un símil con las medidas en torno a la prostitución. "Se prohibieron los anuncios de prostitución en los periódicos, pero ¿qué impacto ha tenido eso en la industria?", se pregunta.

"El mensaje es correcto, pero necesitamos una acción contundente", exclama. "La Fiscalía tiene que investigar las denuncias que ya se han presentado y prohibir esta práctica. Tiene herramientas y tiene los argumentos". 

Cuando Núria González señala que las instituciones tienen las herramientas y los argumentos para tomar medidas efectivas y garantistas contra los vientres de alquiler, se refiere a dos cuestiones concretas: la legislación como herramienta; la jurisprudencia como argumento.

El décimo artículo de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde el año 2006, califica como "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". 

El artículo 221 del Código Penal castiga a quien "mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco" y también persigue a "la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero".

Y en la reforma de la ley del aborto, se incluyó la gestación por sustitución como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres y entre las medidas de prevención se introdujo expresamente la prohibición de la publicidad. 

En abril de 2025, además, el Gobierno aprobó una instrucción para prohibir la inscripción consular de los bebés nacidos a partir de esta práctica.

En cuanto a los argumentos, la letrada mira directamente hacia una institución muy concreta: el Tribunal Supremo. Hace más de una década, el tribunal se pronunció por primera vez de forma crítica contra los vientres de alquiler, reconociéndolo como una práctica que vulnera "la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación" y permitiendo a "determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza".

Es, en términos generales, la estela que han ido siguiendo los magistrados a lo largo del tiempo. En diversas sentencias dictadas en los últimos años, el Supremo ratifica su postura y reitera que los vientres de alquiler atentan contra "los más elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño". Pero además, los jueces han puesto la lupa también sobre el hecho de que las agencias de intermediación puedan actuar y publicitarse "libremente". Lo hacen, añadían en una de sus sentencias más recientes, "sin ninguna traba", promocionando su actividad a pesar de que la ley considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución".

Pero los argumentos no sólo vienen de los tribunales españoles, sino que cada vez son más habituales en el plano internacional. Naciones Unidas también lo cataloga como una forma de "explotación de las mujeres" y asegura que "refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y a los niños a graves violaciones de los derechos humanos", según un informe publicado en agosto del año pasado por la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que lleve a cabo medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada, informa EFE.

Según un comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.

Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan Sucesss-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations o Surrogacy Beyond Borders.

La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado haber recibido el escrito de la Fiscalía, pero han recordado que, si bien el Instituto de las Mujeres tiene competencias para iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, no tiene capacidad administrativa para bloquear páginas webs.

"Igualdad ha recibido el escrito en la tarde de este lunes y mañana lo analizará con Abogacía del Estado, que desde hace más de un año está trabajando intensamente en este asunto en vía judicial", han subrayado desde el ministerio.

Asimismo, el departamento dirigido por Ana Redondo ha asegurado que el Instituto de las Mujeres ya puso en conocimiento de la Abogacía del Estado la existencia de publicidad de servicios de gestación subrogada en cuatro empresas para que ejerciera acciones por vía judicial para la cesación de dicha actividad. El ministerio ha defendido que en los últimos años ha demostrado "un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva".

Concretamente, las fuentes han apuntado que el año pasado se realizaron dos "actuaciones clave" en este sentido: el Gobierno modificó la instrucción para hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler y el Instituto de las Mujeres elaboró un informe sobre identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad.