15.000 euros por comprar acciones de la empresa OHL con "información privilegiada". Esa es la multa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto este lunes al periodista de El Confidencial Agustín Marco. Según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se trata de "una infracción muy grave".

La sanción, impuesta el 27 de abril de 2022, es firme en vía administrativa, aunque se podrá revisar en la Audiencia Nacional. La infracción está tipificada en la Ley del Mercado de Valores "sobre el abuso de mercado, por la adquisición por cuenta propia de acciones de Obrascón Huarte Laín, S.A. el 7 de marzo de 2019 estando en posesión de información privilegiada relativa a dicha sociedad emisora".

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

Las grandes fortunas han dejado la crisis del covid-19 muy, muy atrás. La recuperación de la economía española es renqueante, por las sucesivas olas de contagios y por la dependencia del turismo. Pero los más adinerados ya están no como antes de la pandemia, sino mucho mejor de como terminaron 2019. Al menos a tenor de lo que muestra la lista de la revista Forbes. Los 100 más ricos de España suman una riqueza de 153.575 millones de euros. Es un 17,7% más de lo que acumulaban en 2020, cuando el cerrojazo de la economía redujo su capital un 11,9%, e incluso un 3,6% superior a los 148.200 millones de euros con los que despidieron 2019. Puede parecer poco, pero son 5.375 millones más. Para hacerse una idea del volumen basta una comparación: en 2019, las fortunas de los 100 más ricos sólo habían conseguido crecer un 1% respecto al año anterior; en 2021 han más que triplicado ese aumento. Si se divide el aumento de riqueza entre los 100 integrantes de la clasificación, cada uno de ellos ha añadido de media 565.000 euros a sus cuentas al día.

Además, el patrimonio de los cinco más pudientes entre los superricos es cada vez mayor. Antes de la pandemia sumaba 78.800 millones de euros; después del coronavirus, su capital se eleva a 83.500 millones. Si en 2019 el dinero de los cinco megamillonarios españoles equivalía al 53,17% de la lista de los 100 de Forbes, este año ya suponen el 54,37%.

Un año más, la cabecera está dominada por Amancio Ortega, con una fortuna de 67.000 millones que, por sí sola, representa el 43,6% de toda la clasificación de Forbes. El dueño de Inditex sufrió una caída de 6.000 millones de euros en 2020, afectada la cotización de su grupo por el parón del consumo. Pero este año ya ha superado en 4.000 millones los 63.000 con que terminó valorando su capital la revista en 2019.

Para calcular el porcentaje de capital que los empresarios poseen en empresas cotizadas y sicavs, Forbes utiliza la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. También recoge datos de activos inmobiliarios.

La segunda de la lista es la hija del fundador de Zara, Sandra Ortega, que igualmente se ha repuesto, con 6.300 millones de euros, del bache –5.600 millones – de 2020, porque en 2019 su fortuna alcanzaba los 6.000 millones.

2020 fue el año de Mercadona

Esa es la tónica entre los 20 primeros de la lista. Menos Juan Roig y su mujer, Hortensia Herrero, Juan Abelló, Manuel Lao y Tomás Olivo, el resto han mejorado sus cifras respecto a 2020. Pero hay que tener en cuenta que la riqueza de Roig y su esposa, los dueños de Mercadona, explotó el año del confinamiento. Este ejercicio, en cambio, ambos han caído en comparación con el anterior, pero aun así superan las cifras de 2019: 3.700 y 2.300 millones de euros, respectivamente. Los demás pertenecen a sectores especialmente dañados por el covid: Tomás Olivo –1.300 millones, un 38% menos que en 2019– es conocido como el rey de los centros comerciales y Manuel Lao –1.300 millones, un 18,75% menos– es el propietario de la empresa de juego Cirsa. El inversor Juan Abelló, el sexto más rico del país, suma un capital de 2.500 millones, 200 menos que el año pasado, pero 300 más de los que tenía antes de la pandemia.

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, cuenta con una fortuna de 3.000 millones de euros, lo que le convierte en el tercer más rico de España tras los Ortega. También ha mejorado respecto a 2020, añade 600 millones a su capital, pero aún no ha recuperado los 4.100 millones de 2019. Sí lo han conseguido sus hermanos. María y Leopoldo, accionistas de la constructora. La primera, la novena más rica de España, posee una riqueza valorada en 2.200 millones de euros, casi un 30% superior a la de 2019. El segundo vuelve a tener los 1.600 millones de 2019 tras perder 200 durante la pandemia. Otro Del Pino, Joaquín, suma 850 millones de euros, sólo 50 millones por debajo de los que tenía hace dos años. Un poco más lejos en la lista –el número 79– se sitúa Fernando del Pino, ex accionista de la empresa familiar y ahora inversor. Tiene una fortuna de 350 millones, 80 más que en 2020, y no aparecía en la lista de 2019.

En total, la familia Del Pino acumula 7.950 millones de euros, por encima de la riqueza de Sandra Ortega.

Un rescate público y un juicio por delito fiscal

Entre los nuevos ricos de este año tras la pandemia destaca el nombre del banquero hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca, que resulta ser el quinto más adinerado del país. Posee una fortuna valorada en 2.700 millones de euros. En diciembre de 2013 Escotet compró Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros.

También se ha estrenado en la lista José María Aristrain, con 950 millones de euros. Accionista de ArcelorMittal, se le juzga estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscalía pide para él una pena de 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros de multa por 15 delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2009: la deuda con Hacienda asciende a 210,98 millones de euros.

José Elías es otro de los nuevos ricos españoles de Forbes. Es accionista de Audax, pero también de los supermercados de congelados La Sirena. Su fortuna alcanza los 900 millones de euros.

Juan Miguel Villar-Mir ya estaba en la lista en 2019, con una riqueza de 850 millones, desapareció de la de 2020 y vuelve este año con 900 millones de euros. El pasado mes de mayo dejó la presidencia de su constructora, OHL, en manos de su hijo.

Las siete mujeres

En el grupo de los 20 megarricos sólo hay siete mujeres. La primera es Sandra Ortega y la segunda, Alicia Koplowitz, ex accionista de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ahora con un grupo de inversiones, Omega Capital. Posee 2.300 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia y después de que ésta no le afectara a su patrimonio el año pasado. Es la séptima persona más adinerada de España.

Les siguen Hortensia Herrero y María del Pino, esposa y hermana de otros dos ricos de la lista, en los puestos octavo y noveno. La número 11 es Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, que suma 1.900 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia. Su prima Carmen Daurella también es accionista de Coca-Cola y, con 950 millones, se sitúa en el puesto 28º de Forbes. Helena Revoredo es la viuda del fundador de Prosegur. Su riqueza asciende a 1.300 millones de euros, casi los que tenía en 2019 tras crecer en 350 millones desde la pandemia.

Florentino y los hoteles, a la espera; Mango y Pronovias, subiendo

¿Quiénes están aún esperando a recuperar los niveles de riqueza prepandemia? Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid es uno de ellos. El duodécimo español más pudiente amasa una fortuna de 1.700 millones, 300 menos que en 2019, pero 200 más que en 2020. El mismo patrón siguen los hermanos Juan María y Francisco Riberas Meray, accionistas de Gestamp, que fabrica componentes para el sector del automóvil. Cada uno de ellos posee 1.300 millones de patrimonio, más que en 2020 pero aún 100 millones por debajo de los que tenían antes del coronavirus.

Afectados por la crisis del turismo, el fundador de los Hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, y el presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxà, aún no han vuelto a cifras prepandemia. La fortuna de Fluxá, el número 22 de la lista, se ha quedado este año en 1.200 millones, cuando en 2019 más que la duplicaba, con 3.000 millones. Escarrer, el número 30, casi recupera los 1.000 millones de antes del covid, tras caer hasta 425 millones en 2020.

Por el contrario, la caída del consumo no parece haber tocado a Isak Andic, el propietario de la cadena de tiendas Mango, que con 1.600 millones de euros es el 14º más rico de España y cuyo patrimonio no ha dejado de aumentar desde los 1.200 millones de 2019. Lo mismo le ha ocurrido a otro empresario de la moda, Alberto Palatchi, el fundador de Pronovias. El vigésimo más pudiente del país, suma 1.300 millones de euros, cuando antes de la pandemia estaba en 950 millones.

Mención aparte merecen los casos de Julio Iglesias, que figura en el puesto 38º de Forbes, con una fortuna de 750 millones de euros, sólo 50 millones menos de los que poseía en 2019 y 2020, o las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil. Presidenta y accionista de El Corte Inglés, respectivamente, figuran en el puesto 52º de la lista. Cada una de ellas tiene 550 millones de euros de capital, por debajo de los 650 que poseían en 2020 pero por encima de los 450 con que aparecían antes del covid.

Finalmente, Carmen Thyssen es más rica que las dueñas de El Corte Inglés, pero un poco menos que el cantante de La vida sigue igual: aparece en el puesto 39º con una fortuna de 750 millones de euros. La pandemia no le hizo perder ni un euro, puesto que en 2020 mantenía los 600 millones del año anterior. Ahora ya es 150 millones más pudiente.

La Policía ha identificado a José Luis Almazán, ex director del Puerto de Melilla y ex secretario de Desarrollo Económico del PP de la Ciudad Autónoma, como la voz que pidió a OHL una aportación de 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009, tras analizar una de las grabaciones que fueron realizadas por el ex ejecutivo de la empresa constructora Paulino Hernández y que forman parte del caso Lezo, informa Europa Press.

En un oficio del pasado 24 de septiembre, adelantado por 'El Periódico de España' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Científica responde a la petición del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de comparar la voz de Almazán en su declaración judicial con dos archivos de audio que corresponderían a esas grabaciones.

Las dos especialistas de la Sección de Acústica Forense de la Comisarla General de Policia Científica que han efectuado el análisis sonoro concluyen que existe "un alto nivel de similitud entre la voz dubitada y la voz indubitada", por lo que estiman que ambas corresponden a Almazán.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los extractos analizados obedecen a los exámenes periciales que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional encargó en su día para identificar a los interlocutores de Hernández, ex director de Zona de Obra Civil de OHL que habría grabado conversaciones comprometedoras que finalmente le fueron incautadas en la entrada y registro de su vivienda.

De acuerdo con los audios revelados en su momento por la Cadena Ser, Hernández grabó en abril de 2009 una reunión con Almazán en la que este último se queja de que OHL habría aplicado un sobrecoste de hasta un 30% para una obra de ampliación del puerto de Melilla y acaba pidiéndole, para dar "cierto gusto" a sus jefes, que aporte 400.000 euros para las elecciones europeas. "No nos pasemos ya, José Luis", le responde.

'El Periódico de España' detalla que la comparativa que llevan a cabo las agentes es precisamente con el audio de esa conversación. Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que, aunque se intuía que Almazán era el interlocutor de Hernández en ese diálogo, este informe de la Policía Científica viene a confirmarlo.

La multa de 61,3 millones de euros impuesta la semana pasada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 12 constructoras, entre ellas las principales del sector, desde ACS hasta Sacyr pasando por Ferrovial y OHL, ha vuelto a revelar las descaradas prácticas que de forma recurrente emplean las empresas para saltarse a la torera las más elementales normas del juego de los mercados. Los directivos de estas compañías amañaban los concursos públicos para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Acordaban cómo presentar las ofertas, tras crear una “bolsa de puntos” para cada tipo de licitación donde se registraban las bajas –ofertas por debajo de un determinado umbral–, excluían de los contratos a otras empresas ajenas al cártel así creado… En total, consiguieron con trampas más de 500 millones de euros en contratos. Además, son reincidentes. La CNMC ya multó con 118 millones de euros a varias de ellas en 2019 por repartirse los contratos del AVE.

Las sanciones, muy cuantiosas, contra los cárteles de empresas para distorsionar la competencia son carne de grandes titulares. Han sido investigados y castigados pactos ilegales entre petroleras, empresas lácteas, de recogida de basuras, concesionarios de automóviles, cementeras, papeleras empresas lácteaspapeleras. Pero los castigos no parecen ser lo bastante disuasorios porque las conductas mafiosas se suceden. Esos mismos titulares se han acostumbrado también a incluir la posterior anulación de las millonarias multas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Tal es así que los cárteles, que hasta que son desmantelados suelen llevar años en funcionamiento –el de las empresas lácteas, por ejemplo, una década, el del AVE 14 años–, parecen no tener miedo alguno al mazo de la CNMC, toda vez que recurrir a los tribunales puede transformar a la larga las trampas en casos de éxito: el 87,8% de las sanciones que el órgano supervisor tiene pendientes de cobro están suspendidas judicialmente. A 23 de septiembre de 2020, de los 1.012 millones de euros que las empresas debían a la CNMC por sanciones en materia de competencia, 889 millones se hallaban a la espera de que un tribunal resolviera.

Son cifras del Tribunal de Cuentas, que fiscalizó en un informe presentado en las Cortes el pasado junio la gestión de las sanciones no sólo de la CNMC, sino también de la CNMV, el Banco de España y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para ello analizó los procedimientos, resoluciones y gestión de cobro en 2017 y 2018. En esos dos años, y sólo en materia de competencia –la CNMC también se encarga de supervisar a los sectores energético, audiovisual, postal y de telecomunicaciones– la Audiencia Nacional dictó 235 sentencias sobre recursos presentados por empresas contra la CNMC, mientras que el Tribunal Supremo firmó 64.

Litigiosidad “muy elevada” y “muy compleja”

De forma que los fallos pueden ser reveladores de la eficacia del trabajo del organismo que preside Cani Fernández desde junio de 2020. De hecho, el Tribunal de Cuentas destaca en su informe la “muy elevada” y “muy compleja” litigiosidad de las sanciones de la CNMC en materia de competencia. De las 127 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en 2017, un total de 76 fueron a favor de las empresas, aunque en otras 31 también se estimaron parcialmente sus demandas. Sólo las 20 restantes confirmaron la sanción de la CNMC. En 2018, la Audiencia Nacional dictó 108 sentencias en este ámbito, de las cuales 28 dieron la razón a las empresas, ocho se la dieron parcialmente, 10 desestimaron sus pretensiones, 40 ordenaban recalcular el importe de la sanción –a la baja– y el resto anulaban el cálculo o tenían otro contenido.

El Tribunal Supremo, por su parte, dictó 20 sentencias en 2017 y 44 en 2018. El Tribunal de Cuentas no las detalla como hace con las de la Audiencia Nacional, pero resume que “la mayoría de ellas confirmaron” la infracción hallada por la CNMC, aunque ordenaban revisar la cuantía de la multa o los criterios del cálculo. En 14 de las sentencias de 2018, relativas a un mismo expediente, el Supremo mandó retrotraer el procedimiento para que la Audiencia Nacional volviera a pronunciarse.

En total, en esos dos años, la CNMC ha tenido que dictar 31 nuevas resoluciones sancionadoras reduciendo los importes de sus multas por orden judicial e incluso ha debido devolver cuantías –se ingresan en el Tesoro Público– si las empresas ya las habían abonado.

La Audiencia Nacional falla más a favor de las empresas

La propia CNMC ha evaluado la revisión judicial que llevaron a cabo tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo entre 2014 y 2018. Y llega a la conclusión de que la Audiencia Nacional falla mucho más a favor de las empresas que el Alto Tribunal, cuyas sentencias son firmes. En esos cuatro años, el Supremo ha anulado el 25,5% de las resoluciones de la CNMC, mientras que en otro 28,5% no confirmó su valoración sobre la existencia de una infracción. La Audiencia Nacional, en cambio, anuló un 26,2% de las resoluciones que revisó y confirmó la existencia de una infracción en el 52% de los casos.

En 2020, la Audiencia Nacional resolvió 91 recursos contencioso-administrativos, correspondientes a 18 sanciones de la CNMC, mientras que el Tribunal Supremo dictó 17 sentencias sobre otras cinco resoluciones en asuntos de competencia. La Audiencia Nacional confirmó la valoración de la CNMC en 53 recursos –el 58%–, aunque en 26 de ellos la sentencia estimaba parcialmente los argumentos de las empresas, y el Tribunal Supremo en 15 –el 88%–. Ocho sentencias ordenaron recalcular importes. Son datos aportados por la memoria del supervisor correspondiente a 2020.

En resumen, puede resultar una buena apuesta para las empresas recurrir en los tribunales una sanción de la CNMC; si no es anulada, puede recortarse su importe de forma satisfactoria. El Tribunal de Cuentas constata que, a 31 de enero de 2020, y sólo en materia de competencia, la CNMC había recibido un total de 403 recursos judiciales, que ponían en tela de juicio sanciones por valor de 1.202,72 millones de euros. Las 12 constructoras recién multadas ya han anunciado su intención de recurrir la resolución de la CNMC, que tachan de “barbaridad” y aseguran que sólo se basa en “especulaciones”, informa Europa Press.

Sólo en lo que va de año, los tribunales ya han anulado una multa de 22,6 millones a Repsol, otra de 29 millones a 20 cementeras, una tercera a cinco colegios de abogados…

Refuerzo jurídico frente a los tribunales

Pese a que la CNMC destaca que la Audiencia Nacional confirma el 75% de sus resoluciones y el Supremo aún más, casi el 83%, también ha intentado reforzar jurídicamente sus actuaciones: resoluciones más robustas, con una base de pruebas más sólida, y extremando las garantías de defensa de las empresas –dar trámite a sus alegaciones–. Por ejemplo, comenzó a llevar a cabo vistas orales, como en los juicios. También existen procedimientos de vigilancia de las resoluciones, que incluyen el seguimiento de la situación judicial y del cobro de las sanciones, así como actuaciones de control para que no se repitan las conductas sancionadas, mediante solicitudes de información e incluso inspecciones. En 2017 y 2018 se concluyeron 29 expedientes de vigilancia de resoluciones de ejercicios anteriores pero, a fecha de 30 de septiembre de 2020, no se había terminado ninguno de los expedientes de vigilancia de las resoluciones dictadas en 2017 y 2018.

Según el Tribunal de Cuentas, los llamados programas de clemencia, por los que se rebaja o se exime de las sanciones a las empresas que denunciaron las prácticas contra la competencia, delatando a sus cómplices y aportando pruebas, también han producido “resultados relevantes” en el desmantelamiento de los cárteles, al apoyar la “actividad investigadora” de la CNMC y su “capacidad para acreditar” los hechos, de forma que no los desmonten después los jueces. Entre los años 2014 y 2018 los delatores han permitido desarticular 12 cárteles.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros a 12 empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018, ha informado Europa Press.

Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr. La sanción más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.

Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Una de las empresas participantes en el cártel, Aceinsa, se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta, quedando exenta además de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.

El principal promotor del Complejo Canalejas, el macro-complejo de lujo en pleno centro de Madrid inaugurado el pasado viernes 25 de septiembre tras ocho años de obras y polémicas, ha dejado su cargo de consejero delegado tanto en OHL Desarrollos, la división de OHL encargada de construir el proyecto, como en el propio Centro Canalejas. Francisco Meliá da la sorpresa solo tres días después del estreno del suntuoso edificio, que cuenta con viviendas, un hotel Four Seasons y un centro comercial -todo de lujo- y que se halla en un lugar privilegiado de la capital, entre la Puerta del Sol, la Plaza de Canalejas y las calles de Carreras de San Jerónimo y de Alcalá. 

El cese ha sido confirmado por OHL a infoLibre. La empresa presidida por los Villar Mir y controlada desde mayo pasado por la familia Mexicana Amodio no ha aclarado sin embargo si Meliá continuará vinculado a OHL, dado que ha dimitido de la división de Desarrollos, una de las más potentes: Meliá sigue estando en el comité de dirección de OHL. Una fuente asegura que el directivo se desvinculará completamente de OHL. Y al frente de Centro Canalejas le sustituirá Javier Cristian Rodríguez. 

Meliá llevaba tres años siendo el cabeza visible del proyecto, que pertenece un 50% a OHL y un 50% a Mohari Hospitality, el vehículo inmobiliario del hijo del fundador de Pokerstars Mark Scheinberg. Ambos han abonado 608 millones en reformar la antigua sede del Banco Español de Crédito y del Banco Hispano Americano, por la que Juan Miguel Villar Mir entonces al frente de OHL abonó 215 millones de euros al Banco Santander en 2012, con Ana Botella en la Alcaldía madrileña.

Metro cortado cuatro meses

Durante estos ochos años ha habido momentos polémicos: de febrero a junio de 2019 la línea 2 -que recorre el centro histórico de Madrid- estuvo cortada durante cuatro meses por las obras, incidencia por la que después el Ayuntamiento de Madrid (con el actual alcalde José Luis Martínez Almeida) reclamó 1,2 millones de euros. Una cantidad que los sindicatos consideraron insuficiente y fruto del "amiguismo", especialmente cuando no todos los madrileños van a poder disfrutar del lujo pero sí padecen las consecuencias en el transporte urbano. 

Los trabajos de reforma también han provocado desalojos de edificios contiguos a lo largo de 2018 debido a diferentes fugas de gas. El pasado viernes consiguió por fin abrir el buque insignia del Centro Canalejas tras retrasarse la apertura desde el pasado 15 de mayo por culpa del coronavirus: el hotel Four Seasons Canalejas, que cuenta con 200 habitaciones aunque de momento solo se comercializan 50. La Suite Real, el antiguo despacho de Mario Conde en Banesto, tiene 400 metros cuadrados y una noche cuesta 20.000 euros. 

El destino del ex CEO

Para coronar el lujo en el que ha estado trabajando el hasta ahora consejero delegado del complejo, habrá 22 pisos de lujo que ya se han vendido por cantidades que oscilan entre los 2,5 y los 10,5 millones de euros, pero que tendrán los mismos servicios que el hotel Four Seasons en una nueva modalidad de explotación inmobiliaria hasta ahora poco común. Y por último, la denominada Galería Comercial Canalejas, que contará con 40 tiendas de lujo y 15 restaurantes. La galería abrirá a lo largo del primer semestre de 2021. En total, 50.000 metros cuadrados de complejo.

¿Por qué el consejero delegado se baja del proyecto justo cuando se inaugura? Según El Confidencial, el israelí Mark Scheinberg y dueño de la otra mitad de Canalejas a través del grupo Mohari, se habría hecho con los servicios de Francisco Meliá para montar un fondo de inversión en España; también para gestionar los intereses de Scheinberg en Canalejas. Por lo que puede que el dimitido Meliá no termine yéndose muy lejos del complejo prohibitivo. 

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha trasladado al número 5 dos cadenas de correos electrónicos hallados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en el campus de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Los correos habían sido descubiertos en un pendrive intervenido a Javier López Madrid. Y resulta que uno de ellos apunta al exministro Josep Piqué, tal y como ha revelado la Cadena Ser.

En la primera de las cadenas de correos, escrita entre el 7 y el 8 de abril de 2015, el que era entonces presidente-director general de la actividad de OHL en España, Rafael Martín de Nicolás, comunica a Josep Piqué, entonces vicepresidente de OHL, que se han presentado en UTE con Acciona al concurso para la adjudicación de uno de los proyectos estrella primero de Esperanza Aguirre y luego de su sucesor Ignacio González. Martín de Nicolás entiende que tienen muchas posibilidades para la adjudicación fruto de las “conversaciones mantenidas previamente” con los servicios técnicos. Sin embargo, cree que sería “muy importante hacer gestiones al más alto nivel”. Y en este punto pone sobre la mesa el nombre del por entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Piqué reenvía el correo de Martín de Nicolás a Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, preguntándole “¿cómo lo ves?”. Este último le responde con un “Pep, ya lo hice en su momento, pero se lo vuelvo a comentar y te digo", en referencia supuestamente a Ignacio González. “Gracias”, le contesta el exministro.

La segunda cadena de correos es del 29 de abril de 2015. Piqué recibe un email de Rafael Martín de Nicolás y lo reenvía a Javier López Madrid. En él Martín de Nicolás comunica a al exministro que han sido informados “muy confidencialmente” de que su oferta era “la mejor”, pero que dos de los cinco miembros de la Mesa de Contratación entendían que la UTE OHL-Acciona incumplía el pliego de condiciones.

Martín de Nicolás explica a Piqué que habían entregado a la Mesa “una nota por conducto extraoficial” en la que demostraban que no incumplían el contrato y le pide “la misma confidencialidad” a la hora de hablar del asunto. Para la UCO, estos correos “pudieran ser indicativos de posibles intentos de manipulación de la adjudicación” del contrato, por valor de 771 millones de euros.

La Mesa de Contratación propuso finalmente adjudicar la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid a la UTE OHL-Acciona, pero Cristina Cifuentes relevó en la presidencia de la Comunidad a Ignacio González y el proyecto quedó en suspenso.

La cadena Ser ha hablado con Josep Piqué, quien “no recuerda” haber remitido los correos y asegura que “jamás se le pasó por la cabeza” amañar el contrato. A

La cadena Ser ha accedido a las 23 grabaciones inéditas del exdirectivo de la empresa constructora OHL Paulino Hernández, que detallan el supuesto pago de comisiones ilegales de hasta 38.6 millones de euros entre 2003 y 2014. Los directivos cuentan en esa grabaciones cómo las comisiones se entregaban en paquetes de 10.000 euros, con los que se sobornó a al menos once políticos de distintos partidos. Las grabaciones han resultado determinantes para investigar este caso de corrupción que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en una pieza separada del caso Lezo.

Hernández, conocido como el Villarejo de OHL, realizaba grabaciones de aquellas conversaciones que mantenía con políticos o funcionarios. En una de ellas, en la que está también el exdirectivo de OHL, Felicísimo Ramos, cuenta el dinero que van a pagar a un funcionario a cambio de una adjudicación pública: hasta 85.000 euros. "Veinte, treinta, cuarenta, setenta... [...] y luego te voy a dar hasta 85", se escucha decir en la grabación. Ramos, conocido como el Bárcenas de OHL porque anotaba todas las mordidas en un Excel intervenido por la UCO de la Guardia Civil, dialoga en otra grabación con Paulino Hernández y ambos desvelan la mecánica de los pagos: "Un tercio a la tramitación, otro tercio a la aprobación y el tercero al cobro", señala la Ser.

Hernández también grabó en abril de 2009 una reunión con el exdirector del puerto de Melilla (PP), José Luis Almazán. El político se queja, según se escucha en la grabación, del sobrecoste de hasta un 30% que ha presentado la empresa para una obra del puerto. Almazán pide quedarse a solas con el directivo de OHL y le dice que necesita "dos cosas": darle "cierto gusto" a sus jefes y que OHL abone "400.000 euros para las europeas del PP" que iban a tener lugar en junio de ese año.  Hernández acepta la petición del político del PP, que le insiste en la urgencia del pago para "que no me den más el coñazo".

Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha pedido un informe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL, empresa en la que Javier López Madrid aparece como administrador único, en busca de una transferencia de 718.648 euros procedente de una sociedad luxemburguesa que podría haber estado recibiendo dinero de la filial mexicana de OHL para pagar sobornos a cambio de obra pública, según informa Euroa Press.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado requiere a la AEAT "para que informe de las cuentas bancarias de las que sea titular la entidad Financiera SIA Capital" con la finalidad de identificar esa transferencia "realizada por la empresa luxemburguesa Lendir Investments SA el 10 de noviembre de 2010 o en fecha próxima".

"En el mes de noviembre de 2010 esa sociedad luxemburguesa recibió 3,4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana (de OHL), presuntamente, para financiar el pago de comisiones", detalla el auto judicial, que se enmarca en la octava pieza separada del caso Lezo e investiga sobornos por un importe cercano a 40 millones de euros.

El instructor del caso Lezo dispone, asimismo, que el procedimiento por el que ya han prestado declaración varios ex trabajadores de la multinacional, se dirija contra seis personas "que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismos o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

Políticos del PP, el PSOE y CC

Entre estas seis personas se encuentran: el exdirector de la extinta GIASA (actual Agencia de Obra Pública de Andalucía), Abelardo Genaro Moya (del PSOE); el exdirector de la Autoridad Portuaria de Melilla, José Luis Almazán (del PP); y el exdirector del Puerto de Cádiz Albino, Pardo Rodríguez. Todos ellos citados a declarar los días 12 y 13 de junio en la Audiencia Nacional.

El procedimiento también va contra: el exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento, bajo gobierno del PP, Luis Manuel Bruno Romero; el ex consejero canario y ex senador por CC Antonio Ángel Castro Cordobez; y el expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pedro Suárez Trenor (de Coalición Canaria). Aunque aún no se ha programado la fecha en la que estas tres personas deberán acudir a declarar.

Todas estas personas ostentaban cargos públicos cuando se adjudicaron los 12 contratos de obra con OHL que la Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira por la sospecha de que hubiesen mediado comisiones para conseguir los contratos y sobre los que el juez pide a las autoridades competentes que remitan la documentación. El más antiguo es de 2001 y el más reciente, de 2013.

Variantes, puentes, muelles

En concreto, pide a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento documentación sobre el proceso de adjudicación, contratación y certificación de tres expedientes que corresponden a tramos en la N-630, la A-7 y la A-44. Mientras, requiere a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife información similar sobre las obras de ampliación de los puertos de La Estaca y La Granadilla.

Asimismo, el juez le pide información a: la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre el contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE),en la que estaba OHL, para la ampliación del muelle de Marqués de Comillas; a la de Almería, sobre el muelle de Poniente; y a la de Melilla, sobre la adjudicación a la empresa SATO de un proyecto de calado en el muelle Ribera II.

El auto también se ha remitido a la entidad Gestión de Infraestructuras de Andalucía SA para que informe sobre otros tres expedientes de obras adjudicadas a OHL, como un puente en Río Genil, la renovación del firme en la A-92 o una variante en la A-334; y a la Consejería de Transportes de Canarias por otro contrato de infraestructuras con la constructora.

Según han informado fuentes jurídicas, así lo ha justificado Martín de Nicolás cuando la Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el interrogatorio grabaciones intervenidas por los investigadores en los que se le escucha hablando de una obra y calculando un porcentaje del 3%, unos 39 millones de euros.

Martín de Nicolás se ha reconocido en las grabaciones, mientras que el exdirector de obra civil de la compañía Joaquín Jiménez no ha aclarado este extremo. Por su parte, Rosa María Corral, todavía directora del departamento de control de gestión en España de OHL, y el que fuera técnico jefe de producción y obras Francisco Navarrete han dicho no reconocerse, según las fuentes consultadas.

Investigación de dos años

Los cuatro han comparecido en calidad de imputados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga desde hace dos años, en el marco del caso Lezo, la existencia de presuntas comisiones irregulares pagadas por la constructora OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública en distintos puntos de España.

Martín de Nicolás ha ofrecido una explicación sobre las grabaciones intervenidas, pero ha negado en todo momento que en la empresa funcionase un sistema de pago de comisiones a cambio de obra pública. El resto de investigados se han pronunciado en los mismos términos, según han indicado las fuentes jurídicas consultadas.

Las pesquisas de esta pieza, instadas por Fiscalía Anticorrupción, parten de la documentación intervenida en los registros que se llevaron a cabo en la constructora en la primavera de 2017, en concreto a raíz del presunto pago de una comisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio de la adjudicación del tren de cercanías a Navalcarnero.

Tras dos años de investigaciones, García Castellón levantó a finales del pasado marzo el secreto de actuaciones sobre esta pieza y tomó declaración a dos de los supuestos implicados, directivos retirados ya de OHL por supuestas mordidas a funcionarios públicos para obtener las adjudicaciones. Uno de ellos ya estaba investigado en el caso Lezo.

De acuerdo al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil difundido por El Confidencial, la empresa habría gastado más de 40 millones de euros en estas prácticas desde 2003 para conseguir grandes contratos de obra pública como el ya objeto de investigación en Lezo para la construcción del cercanías.

OHL: nadie ha sido condenado por corrupción

Tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, OHL aseguró que "tiene un absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de buen gobierno y el respeto a la ley en el desarrollo de su actividad".

Según indicó en un comunicado, "mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción".

Moody's ha bajado un escalón la calificación crediticia de OHL, desde 'B3' hasta 'Caa1', con lo que deja el rating de la constructora en grado especulativo, el considerado como 'bono basura', según informó la firma y recoge Europa Press. La agencia de calificación de riesgo atribuye esta rebaja a los "pobres resultados" presentados por OHL al cierre de los nueve primeros meses, que arrojaron una pérdida de 1.335 millones de euros, y al empeoramiento de la rentabilidad de su negocio constructor.

Moody's también señala el "inesperado" consumo de recursos que todo el negocio del grupo -y no sólo los proyectos fallidos- registró en este periodo, que ha llevado a que la "fuerte" situación de liquidez que logró con la venta de su división de concesiones se haya visto "rápidamente" reducida. Además, Moody's apunta que "la posibilidad de que la generación de caja [de OHL] mejore en los próximos trimestres sigue siendo muy limitada".

La rebaja de calificación de Moody's tiene lugar tras el desplome que OHL viene registrando en Bolsa, donde la constructora acumula un descenso del 86% en lo que va de año, que le ha llevado a perder la cota del euro por acción y a ahondar en nuevos mínimos históricos.

Moody's es la agencia de calificación que rebajó hasta en tres ocasiones la nota de OHL en la segunda mitad del año 2016, ante los problemas de endeudamiento que entonces presentaba la compañía. OHL puso en marcha en ese annus horribilis un plan de saneamiento y ajuste que aún sigue en marcha. En virtud de este plan, la empresa ha venido realizando una cascada de ventas de activos y negocios que tuvo su punto culminante a comienzos de este año con la desinversión del negocio de concesiones. Tras esta operación, quedó reconvertida en constructora y Moody's le subió un puesto la nota.

Negociación abierta con bancos

En la actualidad, tras cambiar cuatro veces de consejero delegado, la nueva dirección de la compañía que dirige José Antonio Fernández Gallar ha realizado una profunda revisión de la cartera de contratos del grupo, identificando proyectos que no tienen posibilidad de realización, lo que se ha llevado a computar nuevas pérdidas.

Ante esta nueva rebaja de Moody's, OHL destaca su "holgada posición de liquidez" de 1.046 millones, que le otorga una posición de caja de 345 millones. No obstante, fuentes de la compañía informaron de que tiene abierta una negociación con bancos "para seguir garantizándose emisiones de avales y líneas de crédito en el negocio constructor".

La firma que preside Juan Villar Mir considera que su posición de caja le dota de la "estabilidad necesaria" para que el nuevo equipo directivo ejecute su plan de negocio para retornar a la empresa a "la rentabilidad y la generación de caja en el horizonte de 2020" y así "garantizar su viabilidad futura".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de abrir expediente sancionador a siete de las mayores constructoras del país por montar un cártel para repartirse contratos de obra pública. Según los “indicios racionales” con que dice contar el órgano regulador, Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL y Sacyr constituyeron un grupo “estable y formal” que intercambiaba información y preparaba las ofertas técnicas para presentarse a concursos de obras licitados por las administraciones.

En enero de 2017 Competencia decidió intensificar su campaña contra el fraude en los concursos públicos. Según sus cifras, el volumen de dinero que suponen los contratos públicos supera el 15% del PIB, unos 175.000 millones de euros. Y la falta de competencia en esas licitaciones ocasiona sobrecostes de 40.000 millones de eurossobrecostes de 40.000 millones de euros anuales. Los acuerdos secretos e ilegales entre las empresas que pujan por los contratos terminan elevando artificialmente el precio por el que se adjudican. También se impide que gane el concurso y preste el servicio el mejor postor.

Desde 2015 la CNMC ha impuesto multas por valor de 293,44 millones de euros a empresas que amañaron concursos públicos. Es el 31,2% de los 940,45 millones de euros con que el órgano regulador ha sancionado a cárteles por todo tipo de comportamientos contra la competencia.

No importa el sector. Las empresas intentan repartirse el mercado y los concursos públicos más dispares. El pasado mes de mayo Competencia multó con 7,12 millones de euros a cinco empresas, y a tres de sus directivos, por intercambiar información sensible para hacerse con contratos de publicidad institucional basados en el Acuerdo Marco que habían firmado con la Administración General del Estado. Un acuerdo marco es una forma de contratación centralizada: las administraciones establecen unas condiciones previas comunes a todos los contratos y preseleccionan una lista de candidatos que las cumplen. Después, esos candidatos pujan por los contratos basados en ese acuerdo. Pues bien, pese a haber sido preseleccionados, las empresas quisieron asegurarse el reparto entre ellas de los contratos colaborando en lugar de compitiendo.

Otro tanto ocurrió con las 34 empresas de transporte escolar de Baleares que fueron sancionadas por la CNMC en marzo de 2017 con 3,16 millones de euros. Fijaban precios mínimos y se repartían las rutas de transporte escolar, encareciendo los concursos convocados por la Consejería de Educación de las islas. Así, sólo se presentaba una empresa por cada ruta, que además ofertaba el precio máximo de licitación.

Igualmente se concertaron ilegalmente para acordar precios 13 empresas hormigoneras asturianas que se presentaban a contratos de obras públicas. Entre ellas, la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias, para la que crearon una Unión Temporal de Empresas (UTE) que la CNMC tachó de “innecesaria” en el expediente que multó a estas compañías con 6,12 millones de euros. El acuerdo secreto para repartirse el mercado público del hormigón asturiano duró nada menos que 15 años.

Copando el mercado y fijando márgenes por contrato

Pero la mayor multa por manipular concursos públicos la impuso Competencia a ocho fabricantes de pañales para la incontinencia en adultos, 130 millones de euros, en mayo de 2016. El cártel había durado 18 años. Durante ese tiempo las empresas consiguieron fijar el precio de venta a los distribuidores mayoristas de los pañales, que son financiados por el Sistema Nacional de Salud y adquiridos en las farmacias a precio reducido por los usuarios. La cuota de mercado de estos ocho fabricantes llegó a ser del 95%, según destacó la CNMC en su expediente sancionador.

Considerable fue también la sanción impuesta a 39 empresas dedicadas a la gestión de residuos urbanos, entre las que se encuentran las filiales de algunas de las principales constructoras españolas, desde FCC hasta ACS pasando por Ferrovial y Sacyr. Todas ellas se repartían licitaciones en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, así como otras convocadas por distintas administraciones en el País Vasco, Málaga, Ceuta y Melilla. Entre diciembre de 2017 y enero de este año, la Audiencia Nacional anuló las multas, pero como lo hizo cuestionando “la forma pero no el fondo de las conductas anticompetitivas”, el pasado mayo la CMNC volvió a abrir expediente sancionador a estas empresas y 12 más por el mismo motivo, aunque con una investigación “individualizada” de las infracciones.

Las obras del AVE tampoco fueron ajenas a las prácticas fraudulentas de algunas compañías. Competencia sancionó a cuatro de ellas con 5,64 millones de euros en 2016. También en este caso utilizaron de forma ilegal una UTE, a la que se adjudicaron el 74% de los contratos de desvíos ferroviarios durante 15 años.

Incluso las mudanzas internacionales que contratan los ministerios y organismos públicos para el traslado de los funcionarios se vieron afectadas por distorsiones en la competencia. La CNMC multó a 15 empresas de este sector con cuatro millones de euros. En virtud del acuerdo ilegal entre ellas, se aplicaban un margen de 12.000 euros de beneficio neto por operación, que en algunos casos superaba la mitad del precio presupuestado.

En buena parte de estos conciertos fraudulentos han colaborado –y han sido sancionadas por ello– asociaciones patronales de cada sector implicado. Así fue con la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT), que convocaba y organizaba las reuniones del cártel para las rutas escolares, e incluso recibía las ofertas de las empresas en sobre abierto y las presentaba en la Consejería de Educación, asegura Competencia. O con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que utilizó un grupo de trabajo para fijar los precios de venta de los pañales para adultos. La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), la Associació Catalana D'empreses de Serveis de Residus (Aceser) y la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (Arema) fueron cómplices de las prácticas ilegales de las gestoras de residuos urbanos multadas por la CNMC, con recomendaciones a sus miembros para no robarse clientes entre ellos o boicotear determinadas licitaciones.

De Repsol a Mercedes pasando por Puleva

En cualquier caso, las multas más abultadas por cárteles se las han llevado también las mayores compañías españolas. Las petroleras Repsol, Cepsa y BP fueron sancionadas en 2015 con 32 millones de euros por incumplir una resolución anterior de Competencia, dictada en 2009, que las penalizaba por fijar de forma indirecta el precio de los combustibles en algunas estaciones de servicio. En 2015 las principales marcas de automóvil, desde Citroën hasta Ford y Mercedes, BMV, Fiat o Volvo, fueron multadas con 171 millones de euros por intercambiar de forma “sistemática” información “confidencial comercialmente sensible” a través de dos consultoras: datos sobre venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, así como sobre reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales. También se concertaron para fijar los precios de la leche e incluso mantener cautivos a los ganaderos que se la suministraban ocho grandes industrias lácteas –entre ellas Puleva, Nestlé, Pascual, Central Lechera Asturiana–, que fueron sancionadas con 88 millones de euros por distorsionar la competencia durante una década.

El desenlace de expedientes como el que acaba de abrirse a las grandes constructoras y las sanciones que pueden conllevar es variado. Las empresas suelen recurrirlas en los tribunales. Y muchas veces ganan. Sólo en 2017 la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo anularon multas impuestas por la CNMC entre 2012 y 2015 por importe de 231,6 millones de euros. Ese año la Audiencia Nacional estimó el 65% de los recursos presentados por las empresas; el Supremo, el 15%. Antes, entre 2007 y 2016, el 47% de las sentencias de ambos tribunales daban la razón a las recurrentes. A Telefónica la Audiencia Nacional le anuló dos multas por importe de 46,5 millones y 25,78 millones de euros. A Repsol, otras dos que sumaban 42,59 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra las grandes constructoras del país tras detectar "indicios racionales" de que constituyeron un cártel para intercambiar información y restringir la competencia en la licitación de obras de infraestructuras públicas.

Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr e Isolux CorsánACSFCCOHLSacyr, a través de sus respectivas filiales constructoras, son las siete compañías investigadas por el 'superregulador', que ha llevado a cabo inspecciones en las sedes y oficinas de cuatro de ellas.

La CNMC explica que el expediente tiene su origen en "determinada documentación" encontrada durante la instrucción de otra investigación que, además, no tiene nada que ver con el caso investigado.

Así, ante esta información, y la documentación recabada en los registros, el órgano que preside José María Marín Quemada concluyó que "existen indicios racionales" de que estas compañías cometieron "posibles infracciones" de la Ley de Competencia.

Reuniones semanales

Según la CNMC, estas siete constructoras habrían constituido un grupo "estable y formal" en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.

De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos.

Para el 'superregulador', estas prácticas suponen la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.

La investigación de los cárteles constituye uno de los principales objetivos de la CNMC, al considerar que presentan "graves consecuencias" para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

No obstante, la comisión recuerda que a partir de ahora se inicia un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente, cuya apertura de un expediente no prejuzga el resultado final de esta investigación.

'Cartel' de las basuras

En cuanto a las grandes constructoras, se enfrentan a este expediente después de que algunas de ellas estén también incluidas en el expediente sobre el denominado 'cartel de las basuras' que la CNMC decidió reabrir el pasado mes de mayo después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que dictó en 2015 por la que impuso una histórica multa de 98 millones.

En este caso, el primero en el que el 'superregulador' reabre un expediente, la investigación afecta a un total de 51 compañías, entre las que figuran FCC, Sacyr, Ferrovial y Urbaser, exfilial de ACS actualmente en manos de un grupo chino.

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea requirió este martes a la constructora OHL el listado con la composición de su consejo de administración desde el año 2007 al 2017 así como un organigrama completo de la empresa durante los años 2007 y 2008, en el marco de la investigación vigente por la adjudicación presuntamente irregular del proyecto de tren de Navalcarnero (Madrid), informó Europa Press.

En su providencia, con fecha de 14 de junio, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la batería de diligencias solicitada por el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid de cara a esclarecer si se produjo el pago de una mordida de 1,5 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para adjudicarse en este proyecto fallido en el año 2007.

De este modo, solicita los informes encargados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de OHL al objeto de que se analice si se había producido alguna irregularidad legal en el procedimiento de licitación del proyecto ferroviario para los municipios de Móstoles y Navalcarnero.

En concreto, le reclama tres estudios con fecha de mayo, junio y julio de 2017, respectivamente, relacionados el primero de ellos con un informe preliminar sobre la legalidad de la licitación; el segundo relativo a un estudio complementario sobre este asunto y el tercero centrado en las características del proceso de ejecución.

Declaración judicial de Villar Mir

A estos documentos se refirió el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ante el magistrado De Egea el pasado mes de mayo cuando fue preguntado por el proyecto que se investiga en la causa Lezo. En su declaración, el empresario negó el pago de mordidas y dijo que cuando se enteró de que se había producido este pago encargó una investigación interna al sospechar que alguna persona desde dentro de la multinacional habría desviado dicha cuantía en beneficio propio.

Por ello, el juez también solicita el informe elaborado por el Consorcio de Transportes al que también hizo referencia Villar Mir en dependencias judiciales y la composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la compañía entre la década de 2007 al 2017.

OHL y su política cero con la corrupción

Desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que su yerno Javier López Madrid, también investigado en la causa, tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) fue nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos fueron ejecutados con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".

El fundador y expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, acaba de declarar ante el juez del caso Lezo que las transferencias que la empresa hizo en 2007 a una cuenta suiza de la compañía panameña Lauryn Group le parecieron anormales, según fuentes presentes en la comparecencia. El empresario sostiene que se enteró de esas transferencias hace un año.

Los investigadores manejan la hipótesis de que parte de que 1,4 millones de los los 2,5 que en noviembre 2007 transfirió OHL a esa sociedad ocultaban en realidad el pago de un soborno destinado a Ignacio González por la adjudicación que la empresa de Villar Mir había logrado del Gobierno madrileño para la construcción del tren a Navalcarnero.

OHL ha negado en todo momento la existencia de ese soborno. Y sostiene que las transferencias a Lauryn Group iban destinadas a pagar deudas contraídas por servicios que había prestado el empresario Adrián de la Joya, titular de la compañía panameña.

Ante el juez Manuel García Castellón también declarará esta mañana Javier López Madrid, yerno de Villar Mir e igualmente imputado en la causa. Ambos ya habían comparecido en septiembre.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga el caso Lezo sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, ha vuelto a citar a declarar como investigados el próximo 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero, informa Europa Press.

Están llamados a declarar en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo relacionada con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con esta adjudicación en el año 2007.

Ambos declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por estos hechos el pasado mes de septiembre. Al respecto, Villar Mir negó ante el magistrado haber tenido participación alguna en el presunto pago de la mordida al cabecilla de la trama para este proyecto fallido que pretendía unir los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.

En relación con López Madrid, el magistrado que comenzó investigando la causa, Eloy Velasco, expuso que éste le dio al exmandatario regional "unos detalles muy concretos" sobre el pago de la comisión que se efectuó desde México a una cuenta en Suiza, según consta en el auto en el que decretó su ingreso en prisión provisional. El empresario quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros.

De acuerdo con el auto del pasado mes de abril, el cuaderno de López Madrid recogía fechas próximas a la adjudicación del contrato y anotaciones de que había que darle los detalles del operativo al entonces consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmarlo.

Incriminado adrede

González contó al exministro Eduardo Zaplana que López Madrid le dijo que había efectuado el pago de la comisión, de acuerdo con el auto del magistrado Velasco, ahora en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El empresario, por su parte, le acusó de incriminarle adrede a sabiendas de que sus llamadas estaban siendo registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación judicial vigente.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group, unos pagos que la UDEF ligaba a supuestas irregularidades de licitación y adjudicación de la concesión del cercanías.

El empresario Juan Miguel Villar Mir sigue formando parte del consejo de administración del Banco Santander y no considera que deba presentar su dimisión a pesar de su segunda imputación por corrupción, conocida este jueves. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, lo citó a declarar el próximo martes 6 de febrero en el marco del caso Púnica. El magistrado le pedirá que explique los vínculos entre las presuntas donaciones a la caja b del PP de Madrid por parte de la constructora OHL –que presidió desde su creación en 1999 hasta junio de 2016– y la adjudicación de obra pública. También declarará su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba imputado en esta causa.

Consultado por infoLibre, un portavoz autorizado del Banco Santander asegura que los servicios jurídicos de la entidad "analizarán" esta nueva circunstancia relativa a Villar Mir y que el resultado de este análisis se presentará a la comisión de nombramientos, aunque la última palabra la tendrá el consejo de administración. No obstante, no precisó en qué fecha se analizará el caso ni tampoco qué criterios concretos sigue este órgano a la hora de tomar una decisión de este calado. 

Sí existe un reciente precedente. Tras ser imputado en mayo de 2017 en la trama Lezo por su relación con el presunto pago de 1,4 millones en Suiza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio del contrato que su empresa logró para la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero, el consejo de administración del Banco Santander determinó que Villar Mir conservaba la "honorabilidad" e "idoneidad" necesaria para el ejercicio de su cargo en la entidad. 

El empresario forma parte del consejo de administración del Banco Santander desde mayo de 2013. En este tiempo se ha embolsado un total de 657.000 euros: 71.000 en 2013, 105.000 en 2014, 246.000 en 2015 y 235.000 en 2016. Hasta el 31 de enero de 2017, Villar Mir también formaba parte del órgano de dirección de la gestora de autopistas Abertis. Un mes antes también había abandonado el asiento que tenía en el consejo de la inmobiliaria Colonial. 

Situación judicial 

Tras conocerse su segunda imputación, fuentes de OHL recordaron que Villar Mir dejó la presidencia de la constructora en junio de 2016 y que en la actualidad no ocupa ningún puesto en la empresa. No obstante, sí sigue presidiendo el Grupo Villar Mir, que tiene el 51,12% de las acciones de OHL a través de la inmobiliaria Espacio. Según esas mismas fuentes, OHL "mantiene una política de tolerancia cero" con la corrupción y, desde su fundación "ningún directivo ni empleado del grupo ha sido condenado por ningún supuesto de corrupción".

Sin embargo, de manera reciente el nombre de Juan Miguel Villar Mir ha estado ligado a varias investigaciones sobre la presunta financiación del PP. La última, en el marco de la operación Púnica. El juez García Castellón lo ha citado a declarar para que dé explicaciones sobre adjudicaciones públicas a OHL y los posibles amaños en la concesión de obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte. De forma indiciaria, el juez le atribuye a él y a los otros cuatro citados a declarar el mismo día la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsificación.

El magistrado considera que existen adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004 –cuando la presidía Francisco Granados– en las que se ha evidenciado "la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones". Entre esas sociedades "amigas", García Castellón cita "las empresas de Juan Miguel Villar Mir". Por otro lado, el juez recuerda que OHL se ha identificado como empresa que presuntamente donó dinero al PP de Madrid, unos hechos que también se investigan en la pieza sobre la financiación irregular de esta formación.

El juez otorga un papel destacado en esta trama a su yerno Javier López Madrid, que fue consejero de OHL hasta mayo de 2017. Considera que participó en los amaños al ayudar a la empresa Obrum –vinculada al "conseguidor" de la Púnica David Marjaliza– aportando "las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir" para que pudiera presentarse a los concursos formando una UTE con otras empresas. Según el juez, López Madrid siguió con esta dinámica entre 2004 y 2011, cuando Granados era consejero de Presidencia e Interior.

Aunque ya no forma parte del consejo de administración de OHL, el yerno de Villar Mir sigue dirigiendo Ferroglobe, que es la división de electrometalurgia del Grupo Villar Mir. Todo ello a pesar de que ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid al considerar probado que se apropió indebidamente de 35.988 euros al gastarlos con la tarjeta opaca de la entidad.

Tanto López Madrid como Villar Mir también están siendo investigados en el curso de la trama Lezo por el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por maniobrar para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid), una obra que nunca se llegó a realizar. En su declaración ante el juez el pasado septiembre, Villar Mir negó conocer los pormenores del desarrollo de este concurso al que concurrió su empresa, puesto que, como presidente del grupo, no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora.

Gobierno corporativo 

El reglamento del consejo de administración del banco que dirige Ana Patricia Botín [consultar, aquí] establece que sus miembros "deberán comunicar cuanto antes aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados".

Por otro lado, dispone que deberán dimitir si este órgano, previo informe de la comisión de nombramientos, lo considera conveniente "en los casos que puedan afectar negativamente a su funcionamiento o al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando se hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos".

De esta forma, la entidad asume la recomendación número 22 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que insta a las compañías que tributan en bolsa a establecer reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados.

El documento del supervisor bursátil [consultar, aquí] también establece que en el caso de que un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración debe examinar el caso y decidir si procede o no que siga en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo.

Las citadas son recomendaciones que la CNMV hace a las sociedades cotizadas y, por tanto, no son de obligado cumplimiento. No obstante, la circular 5/2013 [consultar, aquí], que detalla cuál tiene que ser el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo que las compañías tienen que presentar, sí exige a las sociedades que incluyan en esos informes las "explicaciones oportunas" cuando no cumplan o cumplan parcialmente con las recomendaciones.

OHL aprobará este martes, 9 de enero, en junta extraordinaria de accionistas, la venta de OHL Concesiones al fondo australiano IFM acordada el pasado mes de octubre por 2.235 millones de euros.

La asamblea de la compañía controlada por el Grupo Villar Mir ratificará asimismo el pago de un bonus extraordinario de 18 millones de euros a su actual consejero delegado, Juan Osuna, en "reconocimiento" a su "trabajo y liderazgo" en esta operación.

La venta de OHL Concesiones se suma al listado de desinversiones que OHL ha realizado en el marco del plan de saneamiento y reestructuración que lanzó en el verano de 2016 para reducir su deuda y volver a la rentabililidad.

La constructora prevé cerrar en el primer trimestre de este año esta desinversión, acordada en octubre. Una vez se apruebe ahora en junta, quedará pendiente de lograr autorización de las autoridades de competencia mexicanas y un waiver, esto es, una dispensa temporal en el cumplimiento de determinados 'covenants' financieros.

Su conclusión también está a expensas del lanzamiento por parte de IFM de una OPA sobre OHL México, la firma cotizada a través de la que OHL Concesiones tiene siete autopistas en el país. En concreto, la oferta se formulará sobre el 13,99% de esta firma que aún se negocia en Bolsa.

OHL tiene asegurada luz verde de su junta luz verdea la venta, dado que el accionista de control, el Grupo Villar Vir, ya ha manifestado su respaldo y su voto favorable a la operación.

La constructora asegura que con la desinversión de concesiones liquidará toda su deuda con recurso, de unos 991,8 millones, el 38,2% del pasivo total, y se dotará de una posición positiva de tesorería. Por el momento, tras su anuncio, Moody's, la agencia que el pasado año rebajó en hasta tres ocasiones la nota de OHL, ya la ha elevado en un escalón y la ha sacado así del bono basura.

No obstante, OHL se quedará con su originario negocio constructor, principalmente enfocado al exterior, y su actividad de servicios.

Bonus para el primer ejecutivo

La junta extraordinaria de la compañía también aprobará el pago de un bonus extraordinario de 18 millones a su consejero delegado por su "determinante" participación en esta venta.

Juan Osuna fue nombrado nuevo consejero delegado de OHL el pasado 25 de octubre tras la renuncia al cargo de Tomás García Madrid, pero hasta entonces ocupó el puesto de primer ejecutivo de OHL Concesiones desde la constitución de esta filial en 2002.

Según el orden del día, este bonus será "extraordinario" y se devengará y pagará de una sola vez en el momento en que el grupo reciba el importe de la venta.

El pago cuenta con el visto bueno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de OHL, al estimar que Osuna tuvo una "determinante" participación para cerrar esta operación, "de carácter significativo y transformacional para el grupo y cuyo resultado redundará de forma sustancial y positiva para la sociedad y sus accionistas".

Jesús Trabada, que fue consejero delegado de la ya desaparecida Mintra, la entidad pública madrileña responsable hasta 2011 de las grandes infraestructuras regionales, acusó en abril a Ignacio González de haberle dado instrucciones para favorecer la contratación de determinadas empresas constructoras, aunque no aportó nombres ni detalles. Así lo constata el acta de su declaración ante la UCO como investigado en el caso Lezo, a la que infoLibre ha tenido acceso.

Persona de confianza de Francisco Granados, durante años máximo rival de Ignacio González por el control del PP madrileño y hoy principal investigado en el otro gran caso de corrupción que atenaza al PP de Madrid, la Operación Púnica, Trabada lanzó su acusación cuando los agentes que le interrogaron el 20 de abril formularon la siguiente pregunta: si en alguna ocasión había recibido "instrucciones de Ignacio González para favorecer la contratación o emitir informe técnico favoreciendo los intereses de alguna empresa constructora".

La respuesta literal de Trabada, que había llegado a la cúpula de Mintra en 2003,  fue esta: "Que sí, que las ha recibido, que no lo puede probar ya que fue en una conversación verbal, que no se llevó a cabo y que este hecho pudo ser el detonante por el que dejó de ser consejero delegado de Mintra". Su cese al frente de Mintra trascendió el 2 de julio de 2011. El día 28 de ese mismo mes, el Gobierno de Esperanza Aguirre liquidó la entidad pública. Seis años después, Mintra figura entre los organismos disueltos en cuyos contratos bucean los investigadores de Lezo y Púnica.

Pero que Trabada señalara de manera directa al expresidente madrileño –en 2011, todavía vicepresidente– no fue óbice para que cuando la UCO se interesó por una de las principales adjudicaciones bajo sospecha, la del tranvía Móstoles-Navalcarnero a OHL, el interrogado remarcase que todo, absolutamente todo, se había hecho con arreglo a la ley. OHL "presentó la mejor oferta", en ningún caso fue beneficiada y "no tiene conocimiento" de que pagase algún tipo de comisión a cambio de ese contrato.

Tras su salida de Mintra, Trabada se erigió en cabeza visible de la empresa Bustrem PM, dedicada a la asesoría internacional en transporte público. En Bustrem invirtió formalmente Ignacio Palacios Arazuri, jefe de gabinete de Francisco Granados y considerado por los investigadores como uno de sus testaferros. También adquirió una participación una hermana del empresario Javier López Madrid. Es decir, el yerno de Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL. 

Uno de los asuntos bajo investigación en el caso Lezo es la supuesta comisión de 1,4 millones que OHL  habría pagado a Ignacio González peor la concesión del tranvía a Navalcarnero y en cuyo envío a Suiza habría desempeñado un papel clave López Madrid.

Tanto González como Villar Mir han negado de manera tajante que tal soborno existiera. En una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se quejó ante Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y también investigado en la causa, de que había sido víctima de "una cacería" emprendida en 2008 por el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, con el consentimiento de Mariano Rajoy. Esa conversación tuvo lugar en su despacho el 17 de enero de 2017. ¿Sabía entonces González que estaba sometido a vigilancia?  Es una incógnita. En mayo, el diario El Mundo publicó que lo sabía desde octubre de 2016.