El exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han destacado el "rol decisivo" del exvicealcalde en la financiación irregular: "Se prevalió de su posición" en el Ayuntamiento y tenía una participación "relevante y activa" en las irregularidades cometidas

Así, Grau, que durante el procedimiento se definió como una "víctima", ha sido condenado a esta pena de prisión por un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Además, estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento con un total de 388.150 euros, tal y como se desprende de la resolución de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

Así mismo, a Grau –para quien Fiscalía reclamaba nueve años y dos meses de prisión por malversación, cohecho y falsedad documental– se le ha condenado por un delito continuado de cohecho con la atenuante analógica de dilaciones indebidas al pago de una multa de cinco millones de euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público.

Por su parte, al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas se le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel como cooperador necesario de un delito de malversación y se le han fijado ocho años de inhabilitación. También deberá indemnizar al consistorio, conjunta y solidariamente con Grau, en un total de 210.000 euros.

Los otros dos acusados en esta pieza, el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, y la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García-Fuster, han sido absueltos por falta de pruebas, tal y como se desprende de la resolución que es recurrible ante el Tribunal Supremo en casación.

El tribunal considera probado que Grau, condenado en 2022 a nueve meses de prisión por aceptar relojes de alta gama por parte de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015, desvió fondos de la Fundación Turismo (FTVBC) y de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo, entidades que recibían aportaciones económicas del consistorio, para sufragar gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007.

La FTVBC, entidad de carácter privado financiada con aportaciones municipales y destinada a la promoción turística de la ciudad de Valencia, abonó al menos 210.000 euros la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC), según contempla la Audiencia.

Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de Valencia y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa. La sentencia mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau –investigado también en el conocido como caso Azud– y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos.

La resolución también considera probado LPC recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado.

Estos empresarios hicieron dichos pagos para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal" a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (…) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales", según detalla la sentencia.

El tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación Local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento".

En todo caso, lo hicieron –prosigue la Sala– "en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal".

Según la sección segunda de la Audiencia de Valencia, en esa acción, "cuanto menos colaboró en la comisión de los hechos" el entonces director gerente de FTVBC, pues autorizó los pagos y "no cabe plantear como hipótesis razonable" que lo hiciera "por error o engañado", sino que su colaboración fue "necesariamente consciente de su finalidad".

Sin embargo, el tribunal difiere de los hechos acusatorios en la campaña de 2011. Entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales. "La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados.

Así, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del grupo municipal popular se efectuaron "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal, añade el Tribunal.

En este caso, a diferencia del año 2007, no se ha contado con testimonios de trabajadores que ofrecieran información que permitiera afirmar que los pagos no se correspondían con trabajo alguno. En 2007 se contaba con información adicional que permitía excluir las dudas racionales: había un testimonio incriminatorio –Jesús Gordillo, exasesor de Grau–, documentación que atribuía a empresas aportaciones concretas a financiar la campaña y testimonios de trabajadores que corroboraban la hipótesis de que las facturas existentes o los pagos efectuados tenían el fin ilícito afirmado por las acusaciones. En el presente caso, en cambio, la prueba existente no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València ante la "notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito que ha dado lugar a la formación" de este procedimiento, ha informado Europa Press.

De este modo, la sala estima el recurso de apelación interpuesto por estas 13 personas contra el auto del pasado mes de octubre por el que el juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Taula, procesó a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal conservador en el Ayuntamiento por un delito de blanqueo, en el conocido como 'pitufeo' o pieza A, en las elecciones municipales de 2015.

Con esta decisión, contra la que no cabe recurso, el tribunal sobresee provisionalmente la causa para los exediles María Jesús Puchalt; Francisco Lledó; Vicente Igual; Lourdes Bernal; Félix Crespo y Beatriz Simón, y los asesores María Dolores Cubells; Juan Pedro Gómez Cerón; Ignacio Pou Santonja; José Navarro; Andrés Rodríguez Guisado y Manuel Mas.

Para los magistrados, según el auto consultado por Europa Press, "puesto de relieve el cruce de indicios de distinto signo en relación con la constatación provisional de los elementos objetivos del tipo penal, en modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado".

La operativa de blanqueo atribuida por el juez instructor consistía en ingresar por parte de los procesados en la causa 1.000 euros como donativo en la cuenta que gestionaba la que era secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, que presuntamente les eran devueltos con dos billetes de 500 euros, procedentes de dinero negro supuestamente "recaudado" por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, que de esta forma quedaba blanqueado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales llegará a su fin el próximo 29 de julio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha optado por "no acordar la prórroga de la instrucción, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas", según un auto del jueves al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, al mismo tiempo el magistrado ha recibido una serie de informes que podrían propiciar la petición de nuevas diligencias por las partes, de acuerdo con las fuentes consultadas. De ser así, Pedraz podría acordarlas antes de la fecha límite.

Las pesquisas se centran en las llamadas comisiones finalistas, es decir, en determinar si los donantes de la presunta caja b del Partido Popular daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.

En una de las últimas diligencias de esta causa, hace justo una semana Bárcenas implicó a todos los ministros de Medio Ambiente y de Fomento del PP en la trama al asegurar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

Las fechas no cuadran. La cronología expuesta por la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando explicó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en qué circunstancias conoció al comisario jubilado José Manuel Villarejo desmonta una de las justificaciones que dio acerca de los motivos que le llevaron a acceder a reunirse con él. Tampoco cuadran las circunstancias en que ocurrieron los hechos que relató al inicio de su interrogatorio como imputada por la operación Kitchen, el operativo parapolicial financiado con fondos reservados que se puso en marcha a mediados de 2013 para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y robarle documentación sensible que se podría haber llevado tras ser despedido.

La incongruencia se pone de manifiesto nada más empezar la declaración de Cospedal, en las primeras preguntas del magistrado, según se extrae del audio del interrogatorio al que ha tenido acceso infoLibre. La exdirigente conservadora explicó que fue Villarejo el que mostró interés en conocerla, pero que a ella le pareció bien por una serie de circunstancias que, en aquel momento, le preocupaban. La primera reunión entre ambos se produjo en julio de 2009 y les presentó el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, quien a su vez conocía al comisario desde hacía "veinte o treinta años".

Una de las circunstancias que nombró Cospedal fue que en aquel momento en el PP tenían "sospechas más que fundadas" de que estaban siendo "escuchados y espiados desde un edificio cercano por parte de alguien que pertenecía al Ministerio del Interior", aunque reconoció que no podía decir quién. A esto se unió además "una sesión en el Parlamento donde a preguntas del diputado del PP Carlos Floriano" el entonces titular del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contestó "una cosa parecida" a esta frase que reprodujo la propia Cospedal: "Sé todo lo que hacéis, oigo todo lo que decís y veo todo lo que hacéis". "Una contestación así, unida a las sospechas de que nos estaban grabando y espiando desde un edificio cercano, teniendo en cuenta que Villarejo decía que tenía buenas relaciones con antiguos compañeros de la Policía, me interesaba poderle conocer", añadió la ex secretaria general en sus explicaciones al juez.

Sin embargo, si se recurre a la hemeroteca, las fechas no cuadran. Si el primer encuentro entre Cospedal y Villarejo se produjo en el despacho de la primera en la sede central del PP en la calle Génova en julio de 2009, las palabras de Rubalcaba que ella recuerda aún no se habían producido, pues datan de noviembre de ese año. En semanas anteriores a que el exministro dijera esas palabras se había hablado mucho del Sistema Integrado de Interceptaciones Telefónicas (Sitel) y por este asunto había sido preguntado en una sesión de control en el Congreso. Fue en realidad en los pasillos de la Cámara Baja donde Rubalcaba habría dicho a Floriano, en una conversación privada, la frase aludida por Cospedal en su declaración judicial, una expresión que el PP calificó de amenaza.

Rubalcaba, sin embargo, negó después haber proferido amenazas e insultos al entonces diputado conservador y en una rueda de prensa matizó que se refería a que veía todos los días en las televisiones y escucha en las radios cómo el PP acusaba al Gobierno de espiar a la oposición.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Cospedal, que comparecía como imputada por supuestos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, unió dos hechos separados en el tiempo por unos cuatro meses: su primer encuentro con Villarejo, en julio de 2009, y el comentario que supuestamente dijo Rubalcaba a Floriano, lo cual, según reflejaron los medios de comunicación de aquel año, ocurrió en noviembre.

Al mes siguiente de reunirse con Villarejo por primera vez, el 6 de agosto de 2009, la agencia EFE publicó una entrevista con la número dos de Mariano Rajoy en la que acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la Policía.

Una relación "no demasiado intensa"

Cuando la ex secretaria general del PP aludió al hecho ocurrido en el Congreso estaba explicando los motivos por los que accedió a reunirse con Villarejo. De hecho, la primera pregunta del juez García Castellón sobre los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional es qué relación tenía con el comisario. "Una relación no demasiado intensa, una relación que tenía que ver con el conocimiento que decía tener sobre las personas que trabajaban en los medios de comunicación y que podía tener interés para mí como secretaria general. Una persona que pudiera ser útil por sus contactos con la prensa, fundamentalmente", explicó. "Se me ocurrió que podía ser útil conocerle", añadió después.

En 2009, dijo, ella misma estaba "recibiendo muchos ataques en prensa" y Villarejo "decía que tenía muy buenas relaciones con la prensa" y le podía decir "quién estaba detrás de esos ataques y por qué". Además, apuntó, "se estaban produciendo muchas filtraciones a la prensa que no debían producirse", sobre todo en relación a una "muy amiga" suya, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. "Tenía interés en conocer esas filtraciones, quién las hacía a los periodistas. Él dijo en esa coyuntura que me quería conocer y me pareció bien conocerlo porque yo también pensé que tendría utilidad", subrayó.

Otra de las justificaciones que dio Cospedal para reunirse con Villarejo también tenía que ver con Rubalcaba. Según ella, el comisario era "una persona reconocida en la Policía", pues había sido "condecorado por el ministro Rubalcaba" y "tenía buena consideración a pesar de que llevaba tiempo en excedencia". En 2009, Villarejo ya había vuelto hacía años al servicio activo en el Cuerpo, según consta en un oficio de la Dirección General de la Policía incorporado al sumario de la macrocausa que le investiga en la Audiencia Nacional por sus actividades supuestamente ilícitas, entre ellas los servicios que ofrecía a través de su empresa privada de detectives.

Y aparte de todo esto, Cospedal dio otro motivo más para conocer al comisario, y es que éste "podía tener información" de actuaciones "que no fueran ortodoxas o regulares" por parte de "algunas personas del partido". Por eso, según dijo, accedió a reunirse con él, para que se lo "explicara y lo demostrara", aunque nunca llegó a "probar nada" en relaciones a esas actuaciones. Tampoco lo hizo en relación a las filtraciones del caso Gürtel, ya que la propia exdirigente conservadora aseveró que el "conocimiento" que ella tenía sobre el procedimiento le llegaba a través de los letrados del PP personados.

"El señor Villarejo comentaba de todo y hablaba de todo, pero todo lo que hablaba se conocía por los medios", sostuvo Cospedal, que incidió en que el comisario "presumía mucho de saber muchas cosas". "Pero no había nada nuevo que yo no supiera o que no apareciera en los medios comunicación por mucho que luego se adornara", añadió, según los audios de la declaración.

Según Cospedal, el comisario y ella se reunieron en la sede del PP en "tres o cuatro ocasiones", salvo una que tuvo lugar en una cafetería. Esta afirmación no aguantó ni 24 horas: su exjefe de gabinete José Luis Ortiz, también imputado por la operación Kitchen, la corrigió y elevó ante el juez la cifra de los encuentros a "entre ocho y diez".

Eso sí, según reiteró por activa y por pasiva la ex secretaria general, nunca hizo a Villarejo "ningún encargo profesional" y, por tanto, no le pagó ningún servicio y el comisario tampoco se lo solicitó "en ningún momento". Sí señaló que "en alguna conversación informal" se hizo referencia a una retribución. "Se dice algo como para terminar una conversación que es como una cortesía y él dice: 'Bueno, al menos los gastos y tal'. Pero eso es un tema de cortesía. No hay ningún encargo, nunca", recalcó.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) continúa este viernes con los registros en el marco de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística que suma 14 detenidos, entre ellos, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau. Según ha podido saber Europa Press, los agentes han retomado a primera hora de esta mañana los registros en viviendas y en diferentes sedes y se descartan más detenciones para esta jornada.

Los 14 arrestados fueron trasladados ayer a cuarteles de la Guardia Civil y se espera que pasen a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado de la causa, este sábado por la mañana.

Entre los detenidos figura Rafael Rubio, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia y exdiputado provincial, a quien la delegada del Gobierno, Gloria Calero, cesó de manera fulminante tras conocerse su detención en su domicilio. El PSPV también le suspendió de militancia.

Así mismo, los agentes detuvieron a Alfonso Grau (PP), mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Junto a ellos, otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado ayer en Ibiza.

Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso. Se investiga si Grau pudo cobrar alrededor de un millón de euros en mordidas y Rubio otros 300.000 euros. También hubo cuantiosos regalos por parte de empresarios a cargos públicos.

La causa

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado. La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra procesado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

La presidenta del Partido Popular de la ciudad de València, María José Catalá, ha anunciado al Comité Ejecutivo Local que propondrá en la próxima Junta de Portavoces del Ayuntamiento que se nombre a Rita Barberá alcaldesa honoraria de la ciudad.

El Comité Ejecutivo Local ha aprobado por unanimidad esta propuesta, que se realiza justo en el 30 aniversario de la toma de posesión de Barberá como alcaldesa de Valencia.

"Es un año y momento perfecto para el Ayuntamiento le dé esta máxima distinción a quien fuera nuestra alcaldesa durante 24 años", opina Catalá.

La edil ha explicado que en la próxima Junta de Portavoces se abordarán los Honores y Distinciones que el Ayuntamiento de València otorga cada año para la festividad del 9 d'Octubre y la propuesta del Partido Popular será nombrar a título póstumo a Rita Barberá Alcaldesa Honoraria.

El PP justifica la petición en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Valencia, que contempla que, "con el fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados, servicios extraordinarios, trabajos valiosos en cualquiera de los aspectos cultural, científico, artístico, deportivo, económico, profesional, social, político o aportaciones singulares prestadas al Estado, a la Comunidad Valenciana o a la Ciudad, el Ayuntamiento podrá conferir algunas recompensas honoríficas", entre ellas el nombramiento de alcalde honorario.

"Esperemos que todos los grupos políticos del Ayuntamiento respalden esta propuesta", ha dicho Catalá, que asevera que la ex primera edil popular fue "una gran alcaldesa que transformó esta ciudad, que la dirigió con pasión, y este año, cuando se cumplen 30 años desde se convirtió en la máxima dirigente de la ciudad, se merece que el Ayuntamiento le dé esta máxima distinción".

Nombre a una infraestructura relevante

Igualmente, la presidenta del PP de Valencia ha informado que en el pleno más próximo al aniversario de su toma de posesión se propondrá que el Ayuntamiento le dé el nombre de Rita Barberá a una infraestructura relevante de la capital.

"Rita Barberá se merece el máximo reconocimiento por parte de todos los valencianos. Fue una gran mujer y una gran política y dedicó toda su vida a transformar Valencia. Le debemos mucho", ha concluido.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Alfonso Grau –que fue primer teniente de alcalde de Valencia con el PP– a  penas que ascienden a cuatro años y dos días de prisión, así como a dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

La sentencia declara probado que el político recibió en diciembre de 2010 y el mismo mes de 2011, en atención al cargo público que ejercía, sendos relojes de lujo que le había regalado un proveedor del Ayuntamiento, el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, también condenado a nueve meses y un día de cárcel en esta causa por un delito continuado de cohecho.

Según el tribunal, el entonces primer teniente de alcalde de Valencia, cambió los dos relojes en la joyería donde habían sido adquiridos por el empresario por otros de mayor valor y pagó la diferencia en metálico para ocultar el origen ilícito de los obsequios, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El empresario condenado, Urbano Catalán, era apoderado de varias empresas dedicadas al transporte urbano e interurbano que habían suscrito con el consistorio valenciano un total de 16 contratos entre los ejercicios 2006 y 2015. En las mismas fechas del segundo regalo, diciembre de 2011, una de esas mercantiles, Transvia SL, había recibido la adjudicación por parte del Ayuntamiento de un contrato para el servicio de gestión y ejecución de fiestas y conmemoraciones para personas mayores por un importe de 652.748 euros, IVA incluido.

Más de 25.000 euros de lucro

La Sala cifra en 25.095 euros el lucro obtenido con ambas operaciones por el antiguo concejal y le impone una multa de igual cuantía. Por el delito continuado de cohecho, los magistrados le condenan a nueve meses y un día de prisión, así como a dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público. Por el delito de blanqueo de capitales, le imponen tres años, tres meses y un día de cárcel. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, impone, asimismo, a los dos condenados el pago de las costas del proceso.

La causa contra el que fuera mano derecha de la exalcaldesa fallecida, Rita Barberá, se abrió a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra el político y el empresario. Según explicaba el fiscal en su escrito, Transvia regalaba, supuestamente, a cambio de contratos, relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituía el blanqueo. Los investigadores pudieron rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que pudieron cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios y, así, comprobar el proceso.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha decretado prisión para el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que fue detenido el pasado martes en el marco de la 'operación Azud', según ha podido saber Europa Press.

Corbín fue detenido al igual que otro abogado, sobre el que aún no ha trascendido si ya ha declarado o si se ha decretado alguna medida. La 'operación Azud', que trascendió este martes auque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete de Corbín.

Además, durante este jueves por la tarde han pasado por la Comandancia de la Guardia Civil del barrio valenciano de Patraix los empresarios Vicente Prieto, de Secopsa, que ha abandonado las dependencias policiales sobre las 16.05 oculto bajo una chaqueta, y Carlos Turró, de Cleop, que ha entrado a las 16.35 y ha salido sobre las 16.50 horas y tapándose la cara con portadocumentos.

La operación 'Azud', desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del Ayuntamiento valenciano de esta ciudad durante el mandato del Partido Popular, según informa Europa Press.

En este operativo, que se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, hay dos personas detenidas –José María Corbín y otro abogado– y más de una decena de investigados por delitos contra la administración pública, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Las mismas fuentes prevén que este jueves pasen a disposición judicial los arrestados, ya que durante la jornada de hoy continúan los registros iniciados ayer en domicilios y despachos como el de Corbín, y este miércoles se practicarán en la residencia de verano familiar en Jávea (Alicante).

En concreto, la operación 'Azud', que trascendió ayer aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá.

Las facturas de la Central Operativa de Saneamiento 

Por ello, se ha requerido al consistorio información sobre diversas contrataciones. Entre la documentación recopilada por los agentes, figuran facturas en la Central Operativa de Saneamiento (COS) de Valencia. Así, efectivos de la UCO estuvieron este martes hasta las 21.30 horas en las dependencias de saneamientos para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a este departamento.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Valencia han reiterado que las actuaciones llevadas a cabo la pasada jornada por la UCO de la Guardia Civil en diferentes puntos de la ciudad no se realizaron en Aumsa, empresa municipal dependiente de la Concejalía de Urbanismo.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia y exsenadora fallecida, Rita Barberá, en el marco de una operación que investiga la relación de un despacho de letrados con supuestos amaños en contratos del consistorio en época del PP,PP según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La investigación de la Unidad Central Operativa se centra en las comisiones con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete del abogado José María Corbín, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En el marco de estas diligencias policiales ha sido detenido José María Corbín, que es el abogado de Mari Carmen García Fuster, tesorera del PP y mano derecha de Barberá, y quien ya estaba investigada en la 'operación Taula'. La actuación de la UCO se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción número 12 de València.

Las citadas fuentes desligan la operación de este martes de las investigaciones judiciales por la financiación irregular del PP valenciano y lo relacionan exclusivamente con facturas por servicios inexistentes y con justificaciones falsas, estando en el epicentro de esta operativa presuntamente opaca el despacho de José María Corbín.

La UCO mantiene abierta la operación con más de una decena de registros en domicilios y despachos, con la previsión de efectuar dos detenciones. El abogado José María Corbín se encuentra arrestado desde primera hora de este martes, cuando se han iniciado los registros.

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, no ha dado detalles de los detenidos y únicamente ha confirmado que hay arrestos y que la UCO está practicando más de una decena de registros en varios despachos de abogados.

Según Fulgencio, la operación responde a "distintas actuaciones, no es un solo caso", y es fruto de las denuncias recibidas en su día por la Fiscalía, que han llevado a practicar detenciones y diversos registros "tanto en algún despacho de abogados como en otras sedes". Preguntado por si la operación afecta a Corbín, no lo ha confirmado pero ha dicho: "En ese entorno estarían las actuaciones".

La Fiscalía Anticorrupción ha dirigido dos escritos a la Consellería de Infraestructuras y Transporte —Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio— para solicitar expedientes administrativos relacionados con la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, a raíz de una comparecencia realizada por el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, que ha trascendido con la petición de esa documentación por parte del ministerio fiscal.

En concreto, el fiscal Anticorrupción pide a este departamento de la Generalitat "la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con la construcción del Circuito de Fórmula 1 de València en cualquiera de sus fases adjudicados a las mercantiles F.C.C. y Hormigones Martínez (Grupo Vallalba)".

Los expedientes, de acuerdo con la petición a la que ha tenido acceso Europa Press, de fecha 23 de abril, se deberán remitir "de manera íntegra" y contener "acuerdo de inicio, pliegos, aprobación de estos, ofertas, informes técnicos, propuesta de adjudicación, actas de la mesa de contratación incluidas, modificados en suc aso, facturas, pago, etc".

Según la información adelantada este jueves por El Mundo, Costa habría aportado datos desconocidos hasta ahora por los investigadores que han permitido descubrir otros presuntos indicios delictivos relacionados con la competición deportiva y enmarca la petición de Fiscalía Anticorrupción en unas nuevas diligencias de investigación penal iniciadas por este órgano "tras la comparecencia efectuada por Ricardo Costa".

Colaboración en otras causas

De hecho, el letrado de Costa destacó el pasado martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV dentro del caso Gürtel, que la confesión de su defendido en esta vista tiene "carácter ejemplarizante" en la sociedad y expuso que su colaboración no se limitaba a este caso, sino que se extendía a otras causas.

El ex secretario general del PPCV confirmó en su declaración en el juicio por esta rama que fue el expresidente valenciano Francisco Camps quien decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Añadió que Camps y el expresidente de Les Corts Juan Cotino acordaron que parte de éstos se abonasen con "dinero negro".

El abogado Juan Casanova mostró su discrepancia con el hecho de que Anticorrupción no reconociera en este caso que Costa merece la aplicación de la atenuante de confesión ya que el ministerio público rebajó su petición de cárcel de siete años y nueve meses a cuatro años y tres meses, pero sin contemplar el reconocimiento de hechos como atenuante.

Una de las empresas sobre la que solicita el fiscal los expedientes es Hormigones Martínez (Grupo Vallalba). Los empresarios al frente de ella Tomás y Rafael Martínez Berna son dos de los que reconocieron en ese caso de la financiación haber financiado ilegalmente al PP de Francisco Camps.

Según el escrito de Fiscalía, estos empresarios abonaron los gastos en publicidad, asesoramiento de Relaciones Públicas o estudios corporativos para el PP en los años 2007 y 2008 con la cuantía de 199.520 euros.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado duramente este miércoles el "acoso" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así, ha afirmado que "los mismos que lincharon" en su día a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá ahora "linchan" a la dirigente madrileña.

"Los mismos que acosaron y lincharon a Rita hasta el final de sus días, y algunos incluso después, son los que ahora linchan a Cristina. El procedimiento es el mismo y el acoso similar", ha asegurado Hernando en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Por eso, ha pedido que se pare ese "acoso" a la presidenta madrileña. "¡Basta ya! Así no se habla de los escándalos de los ERE, o la financiación ilegal de algunos", ha añadido el portavoz parlamentario del Partido Popular.

Apelación al caso de Rita Barberá

Barberá se dió de baja en el PP en septiembre de 2016, después de conocerse que el Tribunal Supremo iba a investigarla por presunto blanqueo de dinero en la agrupación local del PP, dentro del caso Taula. A la presión ejercida por Ciudadanos para que Mariano Rajoy la apartara del cargo se sumó internamente la de muchos cargos del PP que en privado reclamaban que la exregidora renunciara a su puesto.

El fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia un par de meses después reabrió un debate interno en las filas del PP sobre en qué momento procesal debe asumirse la responsabilidad política. El PP ha recalcado en los últimos meses que se debe echar a un político cuando se abre juicio oral, aunque en el pacto de investidura con Ciudadanos se fuera más allá por exigencia del partido de Albert Rivera.

Seis casos judiciales, cinco de ellos relativos casi en su totalidad a periodos posteriores a la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP en 2004, mantienen la financiación del partido del gobierno bajo la lupa de los investigadores. De las seis, tres siguen en instrucción: Púnica, Lezo –ambas centradas en los manejos del PP madrileño y muy conectadas entre sí– y la valenciana Taula, que ha alcanzado popularidad por su vertiente del pitufeo o presunto blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades; una –la de Los papeles de Bárcenas– ha vuelto de manera parcial a manos del juez instructor mientras que el grueso de la causa se encuentra pendiente de juicio; y las dos restantes ya tienen fecha señalada para el inicio de la vista oral: la de la financiación del PP valenciano, que comenzará el 15 de enero en la Audiencia Nacional; y la de la pieza del caso Palma Arena conocida como la de Over Marketing, cuyas sesiones deben arrancar el 5 de febrero tras haber sido pospuesto y centrada en los –supuestos– enjuagues electorales del PP balear durante la etapa de Jaume Matas.

Entre los hechos que han aflorado en la causa que más lejos se remonta en el tiempo –la de los papeles de Bárcenas– y los de la más reciente, la Operación Lezo, hay una diferencia de hasta 25 años: las "anotaciones extracontables" del extesorero Luis Bárcenas reflejan datos desde 1990 y en una de las piezas de Lezo se investigan presuntos delitos vinculados a varias convocatorias electorales y que alcanzan incluso, aunque por ahora de manera colateral, a las de las municipales y autonómicas de 2015. En la pieza de los papeles o de la caja B del PP sigue sin respuesta a efectos penales la gran pregunta que planea sobre el caso desde el instante mismo en que salieron a la luz los manuscritos de Luis Bárcenas: si las "donaciones" de grandes constructoras y concesionarias encubrían en realidad el pago de comisiones ilegales por contratos públicos. Fue la declaración de Francisco Correa al comienzo del primero de los juicios de la serie Gürtel asignados a la Audiencia Nacional el que precipitó la reapertura de esa pieza al asegurar que los empresarios pagaban mordidas de hasta el 3%.

Aun con diferencias respecto a la materia sujeta a investigación y la envergadura de los hechos, en los seis casos donde asoma la financiación del PP emergen dos pautas comunes: la primera, que entre los aportantes de fondos opacos para la formación conservadora siempre hay beneficiarios de contratos públicos. La segunda es esta: los seis casos arrojan múltiples indicios de que se falsearon facturas para camuflar trabajos al partido que terminaban abonando empresarios afines. De momento, en ninguna de esas seis causas pesa sobre ningún imputado el delito de financiación ilegal, que no entró en vigor hasta julio de 2015.

Que en la última década el PP se benefició de las facturas ficticias que determinados contratistas aceptaban pagar a los proveedores electorales del partido es ya algo más que una presunción. En febrero, nueve empresarios valencianos, todos ellos grandes adjudicatarios públicos, confesaron por escrito a la Fiscalía Anticorrupción que habían desembolsado 1,2 millones en facturas falsas para las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 así como para las generales de 2008. Entre las compañías que se prestaron a ello figura Lubasa, ahora denominada Obinesa.

Y Lubasa hace doblete. Porque no solo aparece entre los financiadores del PP investigados en las llamadas piezas separadas de Gürtel 1,2 y 6, aquellas derivadas de Gürtel donde se examina la financiación del PP valenciano y cuyo juicio conjunto está previsto para el 15 de enero en la Audiencia Nacional. Lubasa también figura entre las 13 contratistas o concesionarias del Ayuntamiento de Valencia que, en los comicios locales de 2007 y según la documentación ya incorporada al sumario de la llamada Operación Taula, desembolsaron 2,6 millones por los trabajos ficticios que les facturó Laterne. Es decir, el proveedor electoral fetiche de la ya fallecida Rita Barberá y su equipo municipal.

El papel de Over Marketing

Pero la entrada en escena de distintas causas no es un fenómeno exclusivo del grupo fundado por Luis Batalla, una de cuyas filiales ya había sido inhabilitada en 2007 por tres años como contratista público tras recibir una condena firme por delito fiscal. Con Over Marketing como mascarón de proa, el conglomerado de empresas de publicidad y servicios electorales creado por Daniel Horacio Mercado y que en la pasada década vivió su propio boom al sumar 32 millones en contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP hace acto de presencia en otros dos de estos seis casos: en aquel al que ha dado nombre y que, derivado al igual que Nóos de la macrocausa del Palma Arena, se juzgará desde febrero en Baleares, así como en la Operación Púnica.

Mimada en las Illes por el Govern de Jaume Matas pero también en la central Madrid por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Over Marketing se ha convertido en paradigma de cómo lo que ahora se conoce como "dopaje electoral" puede borrar la frontera entre lo institucional y lo partidario. En su escrito de acusación sobre el caso balear, Anticorrupción sostiene que Daniel Horacio Mercado y Jaume Matas acordaron en una entrevista previa a las autonómicas de 2003 que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas" que le adjudicarían "desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear". A partir de ese año, los encargos de "campañas institucionales" pagadas con dinero netamente público llovieron sobre Over y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación. Mercado está citado a declarar como investigado –imputado– en Púnica el día 19 ante el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, que también instruye la Operación Lezo.

Esa lluvia de contratos no se ciñó a Baleares. Sobre Over diluvió en otras comunidades del PP, muy especialmente en Madrid, donde solo el Ejecutivo de Aguirre, sin contar lo que desembolsaron varios ayuntamientos de ese mismo partido y las empresas concesionarias de hospitales públicos, le adjudicó casi 10 millones. 

En 2012, Mercado terminó haciendo una confesión de largo alcance ante el fiscal Pedro Horrach, hoy dedicado a la abogacía, y el juez José Castro, ahora a punto de jubilarse: que, en efecto, había obtenido contratos amañados en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ganaban quienes los amañaban?, preguntó el fiscal. Esta fue su respuesta: "Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007".  Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

'Púnica', 'Lezo' y la "línea continua" 

Hace tres semanas, infoLibre publicó cómo nuevos documentos incorporados al sumario de Púnica certifican que una promotora inmobiliaria pagó la campaña para las municipales de 2007 de un alto cargo de Cristina Cifuentes, la directora general de FP, Guadalupe Bragado. Los pagos se vehicularon a través de facturas falsas endosadas por una de las filiales de Over Marketing a esa promotora. Así lo acreditan los correos electrónicos cruzados entre Bragado y el número dos de la hoy extinta Over, los archivos contables internos del grupo Over y las facturas finalmente emitidas.

Cifuentes, que en la campaña de 2007 ocupaba el cargo de responsable de movilización electoral de PP madrileño, no adoptará ninguna medida contra Bragado en tanto no exista una imputación judicial. PSOE y Podemos, que acertaron al dar por hecho que la presidenta eludiría adoptar medidas contra la directora general, creen que en materia de corrupción una "línea continua" enlaza los Gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con el de Cifuentes. 

Tanto si la investigación sobre los contratos que la Asamblea de Madrid otorgó a uno de los grandes donantes de la oscura fundación Fundescam –otro de los grandes canales de financiación del PP madrileño– complica la situación de Cifuentes como si sale indemne, lo cierto es que todo lo investigado hasta ahora en Púnica y Lezo apunta a que, en efecto, había una línea continua. "La única gran diferencia –resume una fuente conocedora de ambos casos– es que en la etapa analizada en Púnica el número dos del PP de Madrid era Francisco Granados y en Lezo ya era Ignacio González".

En otras palabras, y siempre supuestamente, Granados gobernaba la búsqueda de fondos opacos hasta que Esperanza Aguirre lo destituyó como secretario general del PP madrileño en noviembre de 2011. Y a partir de ahí, esa tarea quedó, también supuestamente, en manos de su sucesor y entonces delfín de Aguirre, Ignacio González. Enemigos acérrimos, y además de haber ocupado el segundo puesto en el escalafón del PP madrileño, ambos compartían una segunda característica a la que en su renuente comparecencia ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP se refirió hace dos semanas el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí.  "Yo creo –dijo– que cuando mezclamos corrupción con política al final lo que siempre queda es que un dinero va para un sitio y otro va para otro sitio". "Con la corrupción –apostilló– un dinero va para gastos particulares y otro va para gastos de la familia".

La Fiscalía de València cifra en 23.501.620,35 euros los perjuicios causados por el desvío de fondos públicos a través de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo, de los que 836.613,25 euros se destinaron a gastos en hostelería, obsequios y similares, otros 262.934,11 a viajes particulares y 146.400 euros a sobresueldos.

Así lo ha cifrado el ministerio público durante la exposición de sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados. El resto de acusaciones reclama penas similares a las del ministerio público.

En total, la responsabilidad civil la ha cifrado la fiscal en 23.501.620,35 euros, más los gastos derivados del proceso de liquidación cuantificados hasta este momento en 8.194.472,11 euros y los 3.185.550,72, si se confirman las sanciones tributarias impuestas o, en su caso, en la cuantía que se determine una vez concluya el procedimiento administrativo. Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en estas cantidades.

En el desglose de gastos, la fiscal advierte de que se han desviado 12.163.578,09 euros derivados de la gestión de los lodos de Pinedo y otros 849.176,44 euros por la gestión de los desbastes en la misma planta. En total, 13.0012.754,53 euros. Así mismo, se ha referido a 262.934,11 euros por los perjuicios causados por gastos en viajes particulares; a 836.613,25 euros por gastos en hostelería, obsequios y similares; y a 146.400 euros por sobresueldos.

El caso Emarsa, dividido en más de una decena de piezas, se investigó durante alrededor de cinco años.

Saltó a la luz en el año 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más.

Al año siguiente, en 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios y obligó a dividir el procedimiento en diferentes piezas para agilizar los tiempos.

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha afirmado que el 2019 —en referencia a las elecciones municipales que se prevén para entonces— será "el año del tsunami de Rita Barberá" porque "el recuerdo, la memoria política de lo que hizo con Valencia" contrastará con "estos cuatro años de gobierno comunista y catalanista" y de "paralización de la ciudad".

El jefe del ejecutivo valenciano entre 2003 y 2011 se ha expresado en estos términos tras la misa que se ha celebrado este jueves por la tarde en la Catedral de València por el primer aniversario de la muerte de la ex alcaldesade la muerte y ex senadora Rita Barberá, según informa Europa Press.

El expresident ha manifestado que cree que estos cuatro años de gobierno de Compromís, PSPV y València en Comú en la capital del Túria son "un período de vacunación" que "a veces viene bien" porque la gente "puede comparar lo que es un gobierno comunista y catalanista y lo que es un gobierno de personas que están al frente del trabajo por pura vocación, cariño y amor".

Para Camps, un año después de su fallecimiento, la exalcaldesa "ha dejado un vacío muy grande" que llena "su memoria y el recuerdo constante y permanente de ver en la ciudad la espectacular huella que ha dejado un cuarto de siglo extraordinario al frente del Ayuntamiento". "Lo podemos ver cada valenciano: en nuestra calle o plaza o barrio hay algo que Rita hizo para mejorar nuestro entorno", ha asegurado.

Además, el expresident ha afirmado que Barberá "hizo una ciudad preciosa" en la que "se hicieron las inversiones que consideraba importantes y necesarias para hacer de València una ciudad amable para circular por ella".

Así, ha destacado que la ex alcaldesa "trajo acontecimientos y eventos de primer nivel" que ahora se traducen en el número de visitantes de la ciudad. "Le tendríamos que decir a cada turista que 'usted está aquí porque Rita Barberá fue alcaldesa de València, usted está admirando —la ciudad— y quiere volver porque ella —Barberá— ha fidelizado el amor por esta ciudad'".

No se plantea "en absoluto" optar a la alcaldía

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Camps se ha descartado para optar a la alcaldía de València por el PP en 2019: "No me lo planteo en absoluto".

Así, interpelado sobre quién debe coger el testigo de Barberá como candidato, Camps ha dicho que "eso lo tiene que decidir el PP", y se ha mostrado convencido de que "el nuevo alcalde o alcaldesa será del PP".

Además, Camps ha asegurado que no ha "oído ni leído" la conversaciónla conversación entre el expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre Barberá.

En la conversación, Zaplana afirmaba que Barberá era "un bluf absoluto" que tenía "cinco" personas a su alrededor para que le hiciesen "las cosas". Al respecto, Camps ha señalado que esta era una "conversación privada" y ha afirmado que él intenta "no oír ni leer conversaciones privadas de nadie".

Alfonso Grau, exvicealcalde de València, ha sido procesado por un delito de cohecho y blanqueo de capitales al aceptar presuntamente relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

Junto a Grau, investigado en el conocido como caso Imelsa, está así mismo procesado el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia. Tras este auto de palo, dictado por el Juzgado de Instrucción número 19 de València, las acusaciones y defensas deben solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

Según se ha investigado en este procedimiento, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

Tanto Grau como Catalán se acogieron a su derecho a no declarar en su citación ante la jueza en marzo de 2016. Catalán es el responsable de la empresa Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el bus turístic en València, una actividad que se hace con autorización administrativa.

Las diligencias se abrieron a finales de 2015 cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos investigados -término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-. El empresario está imputado por cohecho como parte activa del delito y el exedil como parte pasiva.

Grau y el empresario Urbano Catalán fueron detenidos el pasado 22 de febrero y quedaron en libertad con cargos tras pasar ante la Guardia Civil, donde tampoco declararon.

Los agentes registraron la casa del exvicealcalde durante cinco horas e intervinieron en su domicilio diferentes relojes de alta gama que supuestamente podría haber recibido a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos municipales a Viajes Transvia Tour y otras filiales del mismo grupo.

La empresa Transvía expresó, a través de un comunicado tras la detención de Catalán, su "sorpresa" ante la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y defendió que "la totalidad de las contrataciones públicas en el tiempo realizadas para con el Ayuntamiento de Valencia" y con "otros organismos oficiales durante más de 45 años, fuere cual fuese el color político del gobierno de los mismos, han sido adjudicadas a esta entidad tras el concurso publico correspondiente".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana revelan en una conversación que tuvieron en el despacho del primero que el expresidente del Gobierno José María Aznar tiene un "odio africano" al actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Las conversaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, fueron intervenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, que investiga el desfalco y las operaciones en Latinoamérica por el Canal Isabel II. En ellas, González y Zaplana hablan del posible relevo de Rajoy como presidente del PP y el exministro afirma que Aznar no tenía preferencia por que éste continuase.

El exministro de Trabajo le cuenta al exdirigente madrileño una conversación que tuvo con el expresidente del Gobierno: "Este Rajoy es imposible. Ahora cuando el PSOE haga su congreso o antes... Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada que me puedan decir que he jodido al PP. Pero eso sí, cuando llegue el momento que éste caiga, poner claramente cuál es mi posición y que yo con éste no tengo nada que ver. A ver si cuando éste caiga nos va a arrastrar a todos".

"Será para levantarse, porque arrastrado está de cojones", responde González sobre Rajoy, que en otro momento de la conversación opina que su intención es "superar a Franco en la presidencia del Gobierno".

"Salvar la cara"

Aunque Zaplana preguntó a Aznar sobre su preferencia para sustituir a Rajoy, no recibió respuesta. El también expresidente de la Generalitat valenciana cree que el expresidente del Gobierno estaba pensando que "da igual quién sea, el caso es salvar la cara y decir que este Rajoy ha sido un hijo de puta, pero ahora sí. Si es Feijóo —el presidente de la Xunta de Galicia--, Feijóo... quien venga, tendrá su apoyo".

"Él no está para decir tiene que ser éste porque le pueden mandar a tomar por culo, sino para apuntarse la ayuda del que venga con la excusa de que los principios se han vuelto a recuperar en el PP del centro derecha. En eso está, en un odio africano a Rajoy que ya no se oculta y poquito más", dice Zaplana.

En esta conversación los dos interlocutores hablan de una grabación en la que se revela que hay empresarios que han "colaborado" con el PP para ser beneficiarios de adjudicaciones públicas, también sobre un vídeo sobre la supuesta caja b de la formación política con el que se chantajeó al presidente del Gobierno —todo ello investigando por la Audiencia Nacional—, incluso de los problemas judiciales del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados.

Críticas a Aguirre y Barberá

En ella, las críticas no sólo se dirigieron contra Rajoy, sino que también fueron dedicadas a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y contra la exalcaldesa de Valencia fallecida, Rita Barberá. Sobre la primera, Ignacio González afirma que sabe que políticamente "está muerta" pero que seguía en ella porque "necesita el servicio".

González compara a Aguirre con Rajoy, a lo que su interlocutor precisa que el presidente del Gobierno "no la puede ni ver" y que la utilizaba para su interés:" ¿Por qué en las últimas elecciones ha puesto a ésta? Porque el objetivo eras tú. Fíjate si la desprecia. Mariano es más listo que ella y sabe que quitándote a ti de en medio se acaba ella", explica.

Sobre Barberá, Zaplana aseveró que era un "bluf absoluto", que tenía "cinco" personas a su alrededor para que le hiciesen "las cosas". "Ella iba, se reía, se tomaba un whisky con alguno, que eso lo hacía como ios", concluye.

Me viene esta reflexión a la cabeza cada vez que veo a un tertuliano televisivo proclamar categóricamente su fe en que la justicia es independiente e igual para todos, su convicción en el perfecto funcionamiento del Estado de Derecho.  Que esto lo diga un político conservador tiene un pase: esa gente se gana el pan contando milongas. ¡Pero que lo diga alguien que se pretende periodista! Tengo en alta estima a este oficio, que fue el de mi padre y es el mío. Creo que lo mínimo que se le puede exigir al que lo ejerce es no dar la impresión de ser un completo imbécil.

Desde el arranque del caso Gürtel y hasta la actualidad, he tenido claras un par de ideas en relación a nuestros casos de corrupción política, empresarial y financiera. La primera es que solo son la punta del iceberg, aquellos que los policías, fiscales y jueces honestos pueden documentar. La segunda es que se enfrentan a una dificilísima carrera de obstáculos. Prescripciones por el tiempo transcurrido, extravíos de dosieres en dependencias oficiales, recusaciones de fiscales y jueces diligentes, exclusión de pruebas por errores técnicos, anulación de sumarios por una coma mal puesta…

La justicia no es igual para todos, queridos niños. Puede que la lucha de clases haya terminado (la han ganado los capitalistas, dice el millonario norteamericano Warren Buffett), pero las clases sociales no han desaparecido. Ni usted ni yo podemos pagarnos los abogados de los ricos y poderosos, ni utilizar sus influencias mediáticas, políticas y judiciales, ni eludir la prisión pagando fianzas de millones de euros.

Entretanto, la hidra de la corrupción española se hace cada vez más noir. Demos por hecho que Miguel Blesa se suicidó (no conozco nada que sugiera otra hipótesis, que apunte a un affaire Stavisky español); pues bien, aún así, es el primero de los grandes presuntos corruptos que recurre a un arma de fuego para cerrar dramáticamente su caso. Un final, por cierto, que poco tiene que ver con el de Rita Barberá: todo aquel que no sea un fanático o un sinvergüenza sabe que a ella terminó matándola un modo de vida poco saludable.

Aunque los propagandistas de guardia en las tertulias no lo hayan dicho, el violento final de Blesa nos ha recordado a algunos ciertos hechos probados. Uno, que consiguió cargarse al juez que osó enviarle a la cárcel (Elpidio Silva). Dos, que algunas víctimas de la estafa de las preferentes se habían suicidado antes que él. Y tres, como ha señalado aquí Jesús Maraña, que la muerte de alguien, por dura que sea, no borra los crímenes que pueda haber cometido, aunque le libre de la condena judicial.

Esto se pone cada día más noir. Desaparece un expediente crucial del caso Púnica, mire usted qué casualidad. Entran a robar en la casa de un fiscal anticorrupción –por ejemplo, el que lleva los casos de Murcia- y solo se llevan su ordenador portátil. Se filtran grabaciones en las que un político en activo y un presunto corrupto hablan sobre la conveniencia de nombrar a tal fiscal, o en las que un ministro del Interior planifica cómo embarrar a adversarios usando los recursos del Estado.

Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece hoy como testigo en la Audiencia Nacional. Cabe imaginar que proclamará que él no estaba al corriente de los chanchullos de sus tesoreros con empresarios para intercambiar donativos al PP por favores de ayuntamientos y comunidades autónomas. Rajoy estaba viendo RigolettoRigoletto.

Negro como el carbón, y no precisamente el de azúcar que traen los Reyes Magos a los niños malos. “Me han amenazado de muerte para que no hable de la trama Gürtel”, denuncia un exconcejal de Pozuelo. Y mientras Baltasar Garzón y Elpidio Silva están apartados de la carrera judicial, resulta que el fiscal favorito de un presunto corrupto tiene negocios en Panamá y un acervo profesional poco ejemplar. De paso, descubrimos también que, medio en broma medio en serio, ese presunto corrupto le suelta a un empresario amigo que quizá lo mejor sería pegarle dos tiros a la juez…

Estimados colegas que hacéis de portavoces, no os hagáis los tontos ni nos toméis por tontos. La justicia no es igual para todos. La prensa comprada, el empresario que soborna a un político y el magistrado que haría casi cualquier cosa por un ascenso existen. Las cloacas del Estado, los policías infectos y los servicios de inteligencia existen. Aquí y en todas partes, aunque en estos asuntos da la impresión de que aquí estamos más cerca de Panamá que de Escandinavia. El mundo capitalista es más una novela negra que un cuento de hadas.

Cuando falleció inesperadamente la ex alcaldesa de Valencia, unos cuantos dirigentes del PP, desde el ministro de Justicia Rafael Catalá a su portavoz parlamentario Rafael Hernando, acusaron directamente a la prensa, a la oposición política y a los usuarios de redes sociales de haber organizado una “cacería”, un “linchamiento” que habría provocado la muerte de Barberá. Ninguno de los autores de aquellas barbaridades se ha disculpado, ni siquiera tras conocer los informes forenses que certificaban que fue su propio hígado el que se llevó por delante la vida de la dirigente valenciana después de serios y reiterados avisos.

“Miguel Blesa es Rita Barberá. La presión se cargó a Rita y se ha cargado a Miguel Blesa”, ha afirmado este jueves Fermín Gallardo, administrador de la finca cordobesa donde el exbanquero se quitó la vida de un disparo con su propio rifle. Puede disculparse la reacción espontánea de un amigo afligido por tan violenta pérdida, pero Gallardo ha argumentado además que Blesa era inocente, que las tarjetas black “las tienen todos los bancos y las han tenido todos los partidos”, y que las acusaciones eran por tanto una excusa para “llevárselo por delante”.

Gallardo, uno de los mayores gestores de cotos de caza en España, debe saber perfectamente que a Blesa lo condenó un tribunal a seis años de cárcel porque consideró que cometió varios delitos al crear, distribuir y usar esas tarjetas “opacas al fisco” durante años en el banco público a cuya presidencia le aupó a dedo su también íntimo amigo José María Aznar. Como sabe que la defensa de Blesa tenía recurrida esa sentencia ante el Tribunal Supremo, y por eso Blesa seguía en libertad. Y sabrá, o debería saber que, aparte del ya juzgado asunto de las tarjetas, Miguel Blesa estaba imputado en la causa de las preferentes, esa gigantesca estafa que arruinó a decenas de miles de pequeños ahorradores españoles (entre ellos a esos pensionistas que durante los últimos años se han venido manifestando cada jueves, hiciera calor o frío, ante las sedes de Caja Madrid o Bankia en Madrid, Barcelona y otras ciudades). Como también sabrá que Blesa estaba procesado en la causa por los sobresueldos irregulares que se repartía la cúpula de Caja Madrid bajo su presidencia. Sobre las responsabilidades de Blesa en esas causas basta un vistazo al dossier de infoLibre para comprobar la multitud de pruebas documentales que las señalaban.

La autopsia ha confirmado que Blesa se suicidó. Conocer las causas concretas que le llevaron a tomar esa decisión es prácticamente imposible. Ni siquiera sabemos si había barruntado esa posibilidad en algún momento anterior o si había recibido ayuda psicológica si la precisaba. Antes de caer en la tentación de achacar a la “presión” de otros la autolesión letal conviene informarse sobre una lacra que se ha convertido en algunas franjas de edad (especialmente muy jóvenes) en la principal causa de muerte en España, y cuyo incremento algunos estudios relacionan con los efectos de la crisis económica. Cabe exigir también el máximo respeto hacia los preferentistas arruinados que se han quitado la vida por desesperación absoluta, según las denuncias de las propias asociaciones de damnificados.

Por lo demás, ni la muerte de Rita Barberá elimina las irregularidades que bajo su mandato se cometieron por el PP de Valencia ni el suicidio de Blesa convierte en humo sus responsabilidades en la gestión del mayor fiasco bancario que han sufrido los contribuyentes españoles. Debería saberlo Rafael Hernando, quien se despachó hace unos días con la siguiente sentencia en Twitter: 

Las responsabilidades penales (de cualquiera) se extinguen cuando uno fallece, lo cual no quiere decir que los hechos no existieran o que las causas no continúen en lo que concierne a otros acusados. Incluso podría ocurrir que los herederos de Blesa tuvieran que asumir consecuencias económicas por las tarjetas black.

Si cabe establecer algún paralelismo entre los casos de Rita Barberá y de Miguel Blesa sería el aislamiento palmario en el que la inmensa mayoría del PP los dejó en los últimos tiempos. Achacar la causa de sus muertes a la “presión” de la soledad sería tan injusto y descabellado como esa extendida afición a convertir en víctimas a los culpables y viceversa.

"Miguel Blesa es Rita Barberá, la presión se cargó a Rita y se ha cargado a Miguel Blesa"la presión se cargó a Rita, ha señalado Gallardo en declaraciones recogidas por Europa Press en la puerta del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde la autopsia ha confirmado que Blesa fue el autor del disparo.

Gallardo ha defendido que el expresidente de Caja Madrid ya estuvo dos veces en prisión por el caso de las tarjetas black, al que ha quitado hierro porque "las tienen todos los bancos y las han tenido todos los partidos", por lo que ha sugerido que buscaban un motivo para "llevárselo por delante".

Preguntado por si le encontraba preocupado por la sentencia de seis años de cárcel impuesta por este caso, el administrador de la finca ha destacado que en general vio bien a Blesa, aunque durante esta semana llamó "tres o cuatro veces" echándose para atrás y luego confirmando su asistencia a la finca. "Cuando dijo que venía avisó a mitad de camino. Es un hombre muy ordenado y ahí llegó a las 2 de la mañana, eso no lo ha hecho nunca", ha asegurado Gallardo.

"Cuando llegó se acostó y por la mañana cuando se levantó le dijo a Rafa Alcaide (co-administrador de la finca) que cogiera el número de teléfono de su mujer por si la tenía que llamar por algo", ha afirmado. Según Gallardo, luego Blesa cogió el coche, se metió en la huerta y dijo que llevaba el vehículo a la sombra.

Llevó su propia arma

El administrador de Puerto de Toro ha confirmado a los periodistas que Blesa trajo en esta ocasión su propia escopeta, algo que no solía hacer. "Siempre ha usado armas nuestras, ahora lleva dos años que no iba de caza, si pensaba hacer lo que fuera se ha traído su arma para utilizarla", ha apuntado.

La autopsia ha confirmado este jueves que el expresidente de Caja Madrid murió a causa del disparo de una escopeta de caza de su propiedad. "Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", han determinado los especialistas en medicina forense, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.