El Consejo de Administración de Indra ha elegido a Ángel Simón, ex consejero delegado de Criteria, como presidente de Indra, con funciones no ejecutivas, en sustitución de Ángel Escribano, según ha comunicado en la madrugada de este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, será el primer ejecutivo de la sociedad. Ángel Simón ha sido elegido consejero con la calificación de otro externo.

Todo ello se ha producido previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, tal como se acordó en el Consejo de Administración, de carácter extraordinario, que se celebró ayer y en el que Ángel Escribano presentó su dimisión.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) propuso que su sustituto fuera Ángel Simón e Indra ha pasado la comunicación a la CNMV a las tres y media de la mañana de este Jueves Santo.

La dimisión de Escribano se produjo este miércoles dos semanas después de que la SEPI pidiera a Indra que resolviera el "conflicto" de interés que existía en la operación que estaba negociando con EM&E, propiedad de Ángel Escribano y de su hermano Javier al 100%.

Tras esta petición, EM&E renunció a la operación.

La SEPI es el principal accionista de Indra con casi un 30% y Escribano el segundo, con algo más de un 14%.

El pasado 25 de marzo, se celebró un consejo de administración de carácter ordinario en el que se especulaba con la posible salida de Escribano de la presidencia de Indra, la cual no se produjo.

Escribano adujo en una carta que mandó ayer a la CNMV que dimitía porque no podía permitir que su continuidad en el cargo pudiera interferir en la estabilidad de la compañía.

Todo ello pese a sus reticencias iniciales a abandonar el cargo, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas.

Las funciones no ejecutivas de Ángel Simón coinciden con las que se le dieron inicialmente a Marc Murtra, antecesor de Ángel Escribano en el cargo, cuando relevó a Fernando Abril Martorell en 2021, que sí las tenía.

Por aquel entonces, el consejo de administración de entonces justificó que apoyaba el relevo de Martorell en que el "adecuado desempeño de los cometidos" en Indra requería que en todo momento contara con la plena confianza de su principal accionista" (SEPI) dado que era el principal cliente de Indra y sus decisiones tienen un impacto relevante en su negocio.

SEPI es la que había propuesto entonces el relevo de Martorell por Murtra.

En 2024, Murtra asumió funciones ejecutivas en la compañía, en el ámbito corporativo e industrial, que ejerció en coordinación con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Ahora, de los Mozos vuelve a ejercer las funciones de primer ejecutivo.

El presidente de Indra, Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra, en el Consejo de Administración que se ha celebrado este miércoles pese a que había anunciado a su entorno que no tenía previsto renunciar al cargo y después semanas de especulaciones sobre su posible salida.

En sustitución, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha propuesto a Ángel Simón, un empresario de larga trayectoria y que ocupó el puesto de consejero delegado de Criteria Caixa.

En una carta que ha mandado a la CNMV este miércoles, Escribano se ha referido a los "acontecimientos de las últimas semanas", que le han generado un "desgaste personal" y una amenaza para los objetivos que considera "esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha apuntado el ya expresidente de Indra, que ha afirmado que, con esta renuncia, antepone el interés de la empresa al suyo propio.

El ya expresidente de Indra ha asegurado, en su carta, que siempre ha actuado desde la "lealtad", el "trabajo constante" y el "compromiso personal", plenamente convencido de la relevancia estratégica de Indra y de su papel esencial para situar al sector de la Defensa española en el lugar que le corresponde.

Además, ha agradecido "sinceramente" el apoyo que ha recibido del Consejo de Administración.

Indra ha puesto en marcha el proceso de sucesión en el cargo de presidente, según ha anunciado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo de Escribano durante su etapa como presidente ejecutivo.

La dimisión, se produce después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E, renunciaran a la operación que se estaba negociando entre esta empresa e Indra y después de que la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les reclamara subsanar el conflicto de interés que existía en el proceso.

Tras esta petición, el presidente de EM&E envió una carta a los consejeros de Indra anunciándoles que renunciaban a la operación con Indra y el Consejo de Administración de Indra dio por finalizado el análisis que se realizaba a la operación.

El posible relevo del presidente de la compañía sobrevolaba antes del consejo de administración que se celebró el pasado 25 de marzo, de carácter ordinario, tras el cual se mantuvo en el cargo.

El 25 de marzo se celebraron dos consejos de administración, uno extraordinario, convocado para cerrar los flecos de la operación con EM&E, tras la carta de renuncia a la operación con Indra enviada por Javier Escribano a los miembros del Consejo, y otro ordinario, en el que no figuraba en el orden del día la renuncia del presidente, pero en el que podía ser que se planteara el asunto.

Al finalizar los consejos, no trascendió información alguna salvo que habían sido tensos y que Escribano no había sido relevado. Indra no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de asunto alguno.

Antes de comenzar el consejo, ya se conocía que SEPI no tenía previsto pedir su relevo.

Escribano tiene más de un 14% de Indra, mientras que la SEPI es el principal accionista con cerca del 30%. Como tercer accionista figura el fondo Amber, fundado por Joseph Oughourlian -presidente de Prisa-, y en cuarto por Sapa Placencia.

Hace poco más de diez días, Ángel Escribano dijo a su entorno que no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que consideraba que contaba con el respaldo en ese momento del consejo de administración de la compañía y de la junta, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Escribano opinaba además, según las fuentes, que su situación era distinta a la del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que fue relevado en el cargo en enero de 2025, después de que la SEPI le retirara el apoyo, ya que considera que él es el segundo accionista de referencia.

En el Consejo de Administración de Indra están sentados 15 consejeros, Ángel Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; un representante de EM&E, Javier Escribano; otro de Amber, Pablo Jiménez de Parga; uno de la empresa de defensa vasca Sapa, Jokin Aperribay; y tres de SEPI, Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián.

A estos se suman siete independientes: Bernardo Villazán, Josep Oriol, Eva María Fernández, Aránzazu Díaz Lladó, Teresa Busto, Belén Amitrain y Virginia Arce.

Toda la labor de Pedro Sánchez se va desvaneciendo hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas, que escribió Pablo Neruda. Aquí, las estatuas vienen siendo Gallardo, Alegría, Martínez Mínguez y quién sabe si María Jesús Montero, en unas elecciones convertidas en pira funeraria y lubricán del socialismo bipartidista. El crepúsculo también puede hacer tambalear la salud política de Salvador Illa desde una cama, mientras el President contempla desde la ventana el letargo de los trenes, o la robustez pucelana y ministerial de Óscar Puente, amenazado con caerse desde un viaducto catalán por el que ya no pasan AVEs ni Cercanías. 

Los caucus autonómicos son los derbis de la derecha donde se define y cobra forma el hegemón autoritario. Los dioses del Olimpo observan cómo se queman los peones del socialismo en las periferias mudas, cómo Vox adelanta sus posiciones ante el PP en la maratón de Marte y cómo Alberto Núñez Feijóo las pierde tras su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, reemplazado desde dentro por Ayuso y desde fuera por todos los demás. El presidente popular fue zarandeado este lunes en la comisión que investiga la dana de Valencia por los tres jinetes de la España plurinacional: Ibáñez, Matute y Rufián. Tras las elecciones de Aragón, algo podrido volverá a olerse en la calle Génova (y no será Azcón, precisamente).  

Durante este año trumpista, la política de Pedro Sánchez se ha hecho más heroica y audaz. Su hiperliderazgo cobra más sentido en el sistema mundo que en la Corte de los Leones. Pero, como ya advertimos aquí, el verdadero peligro que puede hacer tambalear al presidente del Gobierno no está en Groenlandia ni en la Carrera de San Jerónimo. La batalla se juega en Indra, Telefónica, Red Eléctrica y, ahora también, Renfe y Adif. Hay señales de humo en la corteza terrestre del poder que han hecho encenderse las alarmas en el búnker subterráneo de La Moncloa. El foco más conflictivo del Madrid DF está en esas empresas donde la democracia es algo más que una estadística y los contratos que se firman tienen tanta importancia como las leyes que se negocian en el Congreso. 

España siempre ha tenido un atávico instinto militar. Claro que la impregnación de lo guerrero se ha dado también en otros países, otras sociedades, otras literaturas y otros siglos. Shakespeare levantó su teatro como denuncia y denigración de los reyes de Europa en Inglaterra, mientras que Lope y Calderón urdieron el suyo para justificar a esos reyes. Pero hay en España, sin duda, a través de la Historia, más superstición del sable que en otros países. Quevedo consagró todo esto con una expresión que asombraba a Borges, y que se contiene en los versos del poeta barroco al Duque de Osuna, muerto: "el llanto militar". Rara vez el llanto ha sido adjetivado de militar. De pronto, en el siglo XXI, el sable de Quevedo logra recobrar el prestigio del Siglo de Oro.

Parece que las alarmas se han encendido definitivamente en el Gobierno y se ha vuelto a escuchar el llanto militar de Margarita Robles desde su despacho en el Ministerio de Defensa. Suenan salvas funerales por Ángel Escribano, el nuevo Duque de Osuna de la cosa militar. Por el momento, la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, ya ha dado la orden a sus tres consejeros en Indra para que se paralice la compra de Escribano Mechanical & Enginering, la empresa de lo hermanos Escribano, donde uno de ellos hace las veces de presidente. 

Tiembla el misterio de la guerra cuando la viabilidad económica de la empresa pende del juicio en el Supremo que podría mandar al infierno 7000 millones en contratos y otros 3000 en préstamos de financiación del Estado. Prim, O'Donnell, Serrano, Espartero, "el espadón de Loja". Sables de la panoplia liberal y sables de la panoplia reaccionaria. Todas se funden en este horizonte escrito ya como una posibilidad. Esta ambivalencia del sable es lo que más justifica a todos. Unos se redimen con los otros. El sable nacional es el acorazado de acero imparcial y transnacional que corta el nudo gordiano de las grandes ataduras circunstanciales. La penetración de la economía militar horada la vida civil y ya se decide entre mujeres sin dejar de perder una esencia histórica: lo más español que se podía ser a lo largo de la historia era necesariamente militar.

La pregunta es sencilla. Con todo el merecumbé que se está cociendo en Indra, la empresa en la que Pedro Sánchez ha confiado la práctica totalidad de  las capacidades de España en la OTAN, ¿cómo es posible que el PP macho de Alberto Núñez Feijóo no haya dicho ni media palabra todavía? Puede ser la famosa superstición del sable pero también la no menos importante presencia de José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, hombre estrechamente vinculado al gallego hasta hace muy poco, y ahora alfil de Isabel Díaz Ayuso en su conquista del PP. Tomen nota. Robles, Gualda y Ayuso: el poderío militar español ha dejado de ser una cosa de machos y hoy, quienes deciden sobre las vidas y destinos de las legiones son una gavilla de mujeres afiladas en la villa y corte de Madrid. Menudo pasote.

La tecnológica española Indra ha cerrado la compra del 89,68% de Hispasat a la compañía Redeia por 725 millones de euros, tras cumplirse las condiciones suspensivas previstas en el acuerdo, han informado ambas compañías este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación supone la toma de control por parte de Indra de Hisdesat, operador de servicios gubernamentales por satélites en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.

Tras esta adquisición, Indra ha reorganizado la dirección de Indra Space, la unidad que creo Indra y que aglutina su negocio espacial, y que pasará a estar ocupada por Miguel Ángel Panduro, hasta ahora consejero delegado de Hispasat.

Por su parte, Luis Mayo que era el director de Indra Space pasará a ser consejero delegado de Hispasat, que seguirá siendo presidida por Pedro Duque.

Además, Ana María Molina, que hasta la fecha era la directora corporativa de Hispasat, ha sido nombrada consejera delegada de Hisdesat.

Esta adquisición, que se anunció el pasado 31 de enero, se enmarca en el Plan Estratégico “Leading the Future” (Liderando el futuro), que tenía como objetivo consolidar a Indra como el referente de la industria satelital en España.

La operación quedó sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, de carácter esencialmente regulatorio, a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Indra y a la ejecución de determinados acuerdos para que Indra consolidara contablemente Hisdesat.

Hasta ahora, el 89,68% de Hispasat era de Restel (Red Eléctrica Sistema de Comunicaciones), compañía que es a su vez propiedad del grupo Redeia, y la SEPI era el segundo accionista, con un 7,41%, mientras que el 2,91% restante era del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI.

Hispasat tiene, a su vez, un 43% de Hisdesat; Isdefe un 30%, Airbus Defence & Space un 15%; Indra, un 7%; y Sener, un 5%. Para ello, Indra se hizo con el 0,1% de las acciones de esta compañía.

El propio presidente de Indra, Ángel Escribano, reconoció que donde verdaderamente tenía el interés era en Hisdesat y de ahí la cláusula que condicionaba esta operación a adquirir la mayoría.

Indra, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee un 28% de las acciones, ha afirmado en nota de prensa que con la integración de Hispasat y la consolidación de Hisdesat, se generan importantes sinergias para el crecimiento de las operaciones y los ingresos de Indra.

La tecnológica prevé agilizar la producción y lograr una fabricación industrializada a escala, que permita hacer frente a la creciente demanda de satélites miniaturizados, situando a la compañía a la vanguardia de la tecnología satelital del futuro.

Con esta operación, Indra se posiciona como actor decisivo en varios programas europeos como IRIS, crucial para las comunicaciones seguras en Europa, así como SpainSat NG y PAZ, entre otros, según ha dicho.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

En su reciente informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea pide a España el establecimiento de “un registro público obligatorio de lobbistas”, una medida de importancia en la lucha contra la corrupción dentro de un conjunto más amplio de acciones que Bruselas planteaba menos de 24 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso de los Diputados por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE.

La Comisión Europea reprocha a España los escasos avances en mejorar la reglas sobre los conflictos de interés en las distintas administraciones públicas, uno de los talones de Aquiles en la prevención de la corrupción, mientras en el cajón del Congreso aguardaba su tramitación parlamentaria la ley de lobbies que, ahora sí, Pedro Sánchez recuperará dentro del anunciado Plan Estatal contra la Corrupción.

Para la elaboración del registro español de lobbies, el Gobierno deberá basarse en el existente Registro de Transparencia de la UE, nombre oficial del censo europeo de lobbistas, donde están inscritas actualmente 15.031 empresas, asociaciones u organizaciones, de las que 938 son españolas. Es el cuarto Estado miembro, después de Alemania, Francia e Italia, con mayor representación de lobbistas, una cifra similar a la de los representantes británicos y superior a la de estadounidenses.

Aparecen todas las grandes empresas españolas que uno pueda imaginar. Telefónica, Inditex, Iberdrola, Repsol, Caixa Bank, Banco Santander o Mercadona, pero no sólo compañías privadas, también diferentes actores como la CEOE y la UGT, el Foro de la Industria Nuclear, Movimiento por la Paz o la Asociación Española contra el Cáncer. Porque, según la definición del propio Registro de Transparencia de la UE, actuarían como lobbistas aquellas “organizaciones, asociaciones, grupos o individuos autoempleados que llevan a cabo actividades para influir en la política de la UE y en su proceso de toma de decisiones”. Evidentemente, el propio registro incluye distintas categorías y diferencia entre empresas privadas, sindicatos, organizaciones o asociaciones profesionales.

Telefónica lidera con diferencia el ránking de los mayores lobbistas españoles por volumen de dinero invertido en Bruselas. Con algo más de dos millones de euros gastados el año pasado, casi el doble que CEINNMAT, la empresa valenciana de investigación tecnológica, sin actividad pública en el registro hasta hace poco y que en 2023 realizó una fuerte apuesta por las actividades de representación e influencia, el equipo oficial de siete lobbistas de Telefónica mantuvo 161 reuniones de alto nivel con dirigentes y funcionarios de la Comisión Europea, según los datos públicos de transparencia.

La lista de actividades de los lobbistas de Telefónica es completísima y está actualizada hasta hace pocas semanas, cuando celebraron en la capital comunitaria un encuentro con el equipo de la comisaria Ekaterina Zaharieva, responsable europea de startups, investigación e innovación. A lo largo de todo este año se han visto individualmente con el director general de Redes de Comunicación y Tecnología, con el jefe de unidad sobre Economía española, con el gabinete del comisario de Defensa o han “intercambiado visiones” con los responsables de la Comisión Europea para las gigafactorías de Inteligencia Artificial, un negocio de presente y futuro para la multinacional española.

La CEOE también está en el podio de la intermediación e influencia política en la capital comunitaria. La gran patronal española viene gastando en el último lustro cerca de un millón de euros anuales en defender los intereses de sus representados, “fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y la economía de mercado” o “la competitividad de las empresas y la libre competencia”, según su registro. Tiene un equipo propio presente en Bruselas y hasta la ciudad también se desplazan personas “procedentes de departamentos temáticos” de la sede principal de Madrid. En abril se reunieron con tres personas del gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera para conocer de primera mano la futura reforma en la política de ayudas de Estado y, en febrero, mantuvieron un desayuno de trabajo sobre las prioridades en materia de medioambiente de la comisaria Jessika Roswall con su asesor Luis Planas Herrera, hijo del ministro español de Agricultura y Pesca.

Entre los principales lobbistas españoles ante las instituciones de la UE hay empresas menos famosas, pero importantes, como la manufacturera Tecnove, el proveedor de servicios turísticos Amadeus, con un gasto de un millón de euros en sus asuntos públicos comunitarios, o una gran tecnológica que despega en el sector militar de la mano del Gobierno, Indra, con cinco representantes a tiempo completo en Bruselas, un presupuesto de casi un millón de euros para esta actividad y una oficina bien situada a medio camino entre la Comisión y la Eurocámara.

Los tres principales bancos españoles, La Caixa, Santander y BBVA, cuentan con oficinas de representación en Bruselas para realizar actividades lobbistas ante las instituciones comunitarias. Sus equipos son habituales de eventos informativos y conferencias en los principales think tanks de la ciudad, como Bruegel o CEPS, de organizaciones como la Cámara de Comercio, también presente con una oficina en la misma calle del Parlamento Europeo, o en los de las delegaciones de las comunidades autónomas.

Sus responsables son banqueros acreditados como lobbistas ante las instituciones comunitarias y, por tanto, con permiso para mantener encuentros con eurodiputados españoles o de cualquier otro Estado Miembro y también con funcionarios de la Comisión o el Consejo, responsables de las legislaciones financieras en las que trabaja la UE.

El BBVA fue el que más gastó, 800.000 euros para estas actividades de influencia y representación y mantuvo 63 reuniones de alto nivel con políticos y funcionarios comunitarios. El dinero es similar al invertido en 2023 o 2022 y el presupuesto se destina principalmente a pagar la oficina de asuntos públicos europeos con la que cuenta a pocos metros de la Grand Place, las nóminas de los tres trabajadores a tiempo completo y los gastos de, como mínimo, otros dos lobbistas más registrados ante las instituciones, según los datos de Lobby Control.

Durante el pasado mes de marzo, los representantes de BBVA mantuvieron encuentros al más alto nivel. Por ejemplo, con el gabinete del comisario de Energía, Wopke Hoesktra, para tratar cuestiones sobre fiscalidad internacional. En esa reunión estaban presentes también lobbistas de Telefónica, de Iberdrola y de Deloitte, el gigante de la consultoría. Pocos días después se reunían con Teresa Ribera, la española que dirige la Vicepresidencia primera de la Comisión, para conocer la Directiva Omnibus, de simplificación normativa para las empresas.

Más interesante es el gran encuentro en Bruselas del sector financiero español, y europeo, a principios de año con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, semanas en las que Bruselas trabajaba en los planes de financiación para las inversiones militares, donde el sector bancario debe jugar un rol trascendental para canalizar esos fondos comunitarios y desde los presupuestos nacionales hacia los gigantes armamentísticos. Estaban presentes representantes del BBVA, La Caixa y Banco Santander, mano a mano con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), los holandeses ING y ABN Amro, Deutsche Bank o las grandes aseguradoras Axa y Allianz. Era un total de 20 grupos, la crème de la crème del sector financiero europeo.

Banco Santander dispuso en 2024 una cantidad ligeramente inferior a la de BBVA pero fue más dinámica en sus relaciones con representantes en Bruselas. Su equipo de cinco lobbistas, todos acreditados ante el Parlamento Europeo, mantuvo un total de 140 reuniones de alto nivel con funcionarios y políticos de la Comisión y, además, destinaron también unas decenas de miles de euros a estar representados por un gigante lobbista en la capital comunitaria como es la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, que realiza importantes fichajes para su equipo entre periodistas del Financial Times, antiguos responsables del Gobierno italiano, del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo o entre la Comisión Europea.

Todos estos encuentros que las grandes empresas españolas mantienen en Bruselas se conocen gracias al registro de lobbies de la UE. En un contexto político español apremiado por los escándalos de la corrupción, la creación de uno semejante serviría para vigilar las influencias que reciben los representantes políticos durante el proceso legislativo. Igual que la UE, España debería introducir un régimen de sanciones para las compañías, organizaciones empresariales o asociaciones profesionales no registradas con su personal, impidiéndoles mantener encuentros con los políticos y funcionarios, y obligar bajo pena de sanciones a que los responsables públicos tuviesen que actualizar sus reuniones en un portal público para la ciudadanía.

El empresario Ángel Escribano, cofundador de Escribano Mechanical & Engineering, ha sido elegido la tarde de este domingo presidente ejecutivo de Indra en sustitución de Marc Murtra, que ha dimitido del cargo tras pasar a dirigir Telefónica, según un comunicado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge EFE.

El Consejo le ha otorgado a Escribano las mismas facultades ejecutivas que tenía en el ámbito corporativo e institucional Marc Murtra y que serán adicionales a su cargo de presidente de este órgano, según ha indicado la compañía.

Ángel Escribano es presidente de Escribano Mechanical & Engineering, empresa de la que es propietario al 50% junto con su hermano Javier -también consejero de Indra- y que es la segunda accionista de la compañía, con un 14,3 % del capital, después de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene más de un 25 % de participación.

Escribano ejercerá sus funciones en coordinación con el liderazgo operativo y de negocio de su consejero delgado, José Vicente de los Mozos, y tendrá la misma retribución que su antecesor, según especifican las fuentes.

Su nombramiento, aprobado previamente en la mañana del domingo por la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, se ha producido en un consejo de administración que ha sido convocado por la tarde y que ha durado alrededor de cuatro horas.

Según explican en la nota, los acuerdos efectuados por el consejo en este día garantizan la continuidad en la ejecución del Plan Estratégico 2024-2026, que se aprobó el año pasado, y que cuentan con el respaldo de los principales accionistas de la sociedad.

En la junta de accionistas que se celebró el año pasado se acordó la segregación del negocio espacial de la compañía para crear Indra Espacio, donde podrían integrarse Hispasat e Hidesat si se materializa la compra de ambas, ahora en manos de Redeia (también participada por el Estado). Está por ver qué es lo que ocurrirá con su división tecnológica Minsait.

Tras finalizar el consejo, Indra ha agradecido la dedicación y labor a Marc Murtra, de quien han valorado "muy positivamente" su contribución como presidente para impulsar y materializar una transformación muy relevante del Grupo y un proyecto empresarial sólido para los próximos años.

Marc Murtra fue elegido presidente de Indra en 2021 en sustitución a Fernando Abril-Martorell a propuesta de la SEPI, que actualmente tiene tres representantes en el Consejo. Por entonces, el Consejo no le dio funciones ejecutivas, a diferencia de las que tenía su antecesor, si bien hace medio año dichas funciones ejecutivas le fueron otorgadas para el área corporativa y social.

Al nombramiento de Murtra le sucedieron diversos ceses y dimisiones en el consejo que culminaron hace algo más de un año con el nombramiento de José Vicente de los Mozos, como consejero delegado, quien sustituyó en el cargo a Ignacio Mataix, quien era el responsable de defensa y transporte en la era de Martorell.

El nombramiento de Ángel Escribano, cuya compañía pasa a tener dos consejeros en Indra, deberá ser ratificado por la junta de accionistas. El Consejo está integrado por un total de 16 miembros.

Indra es una compañía que factura 4.343 millones de euros, tiene alrededor de 58.000 profesionales y está presente en 140 países, según datos de 2023. 

EDGE, uno de los grupos líderes mundiales en tecnología avanzada y defensa, e Indra, una empresa líder mundial en tecnología de la información y sistemas de defensa con presencia en más de 140 países de todo el mundo y un actor relevante en los principales programas europeos, han alcanzado un acuerdo para la constitución de una nueva entidad conjunta (joint venture), denominada PULSE, con sede en Abu Dhabi. PULSE pretende promover las capacidades locales de desarrollo y fabricación de sistemas radar de última generación, respaldada por una sólida cartera de pedidos de clientes existentes y potenciales en mercados de alto potencial en todo el mundo. El acuerdo consolida y refuerza la colaboración entre ambas compañías, iniciada en 2023.

El director general y CEO de EDGE, Hamad Al Marar, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, han suscrito en Madrid el acuerdo Joint Venture, que incluye los Pactos de Accionistas, en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el presidente de EDGE Group, H.E. Faisal Al Bannai; el presidente ejecutivo de Indra, Marc Murtra; y responsables del Ministerio de Defensa español, entre otras personalidades.

En el acto de firma celebrado en el Ministerio de Defensa español, el presidente de EDGE, H.E. Faisal al Bannai, afirmó: “La constitución de PULSE marca un hito transformador en el avance del panorama de defensa global, al ofrecer sistemas radar de tecnología punta. Esta joint venture entre EDGE e Indra aborda brechas de capacidad críticas y muestra el poder de la innovación y la transferencia de tecnología para mejorar la excelencia operativa y la seguridad global. Refleja nuestro esfuerzo para crear alianzas significativas que impulsen el progreso y fomenten la estabilidad en regiones clave”.

Marc Murtra, presidente de Indra, destacó: “Este acuerdo, en asociación con EDGE, proveerá la siguiente generación de sistemas radar. Incluirá una avanzada intraestructura de investigación, laboratorios e instalaciones de pruebas, todas ellas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos. Este es un paso importante que permitirá a Indra ampliar su huella internacional y desarrollar nuestra valiosa relación con EDGE”.

La nueva entidad, denominada PULSE, se focalizará en la ingeniería, desarrollo, fabricación, integración y mantenimiento de sistemas radar y sus componentes, tanto existentes como de futuro, así como en su comercialización en mercados de alto potencial, abriendo numerosas oportunidades de negocio internacional.

El acuerdo dará lugar a la creación de dos sociedades. La primera de ellas, estará participada en un 50,01 por Indra y en un 49,99 por EDGE, y estará centrada en el desarrollo, diseño, integración, venta y mantenimiento de radares de última generación. La segunda, participada en un 50,01 por EDGE y en un 49,99 por Indra, se encargará de la fabricación de estos radares en una nueva factoría de última generación en Abu Dhabi.

El objetivo de la nueva joint venture es incrementar la capacidad de producción y las ventas de radares, dotar de nuevas capacidades de radar a los Emiratos Árabes Unidos mediante la transferencia de conocimiento y experiencia, así como la formación y desarrollo de profesionales locales cualificados. Está previsto que la empresa cuente inicialmente con profesionales altamente especializados de Indra y empleados emiratíes, tanto recién graduados y jóvenes profesionales como ingenieros, técnicos y perfiles comerciales.

También está previsto mejorar estratégicamente las capacidades locales de investigación y desarrollo que allanen el camino para el desarrollo de la tecnología de radar de próxima generación, a través del establecimiento de infraestructuras de investigación avanzadas, laboratorios e instalaciones de prueba mejoradas, la adquisición de tecnologías de vanguardia, la colaboración con expertos líderes y la implementación de programas de capacitación especializada para los equipos de investigación.

El director general y CEO de EDGE, Hamad Al Marar, señaló: “PULSE es la mejor prueba del poder de la colaboración, combinando las capacidades de EDGE y de Indra para diseñar, desarrollar y fabricar sistemas radar de última generación y exportarlos a nuestros clientes clave. Al invertir en instalaciones de producción avanzadas, estamos posicionando Emiratos Árabes Unidos como un hub global de innovación en radar, dando forma al futuro de la tecnología de defensa en los dominios aéreo, terrestre y marítimo. PULSE también encarna nuestra visión estratégica de expandir la capacidad industrial de Emiratos Árabes Unidos en tecnologías avanzadas y establecer capacidades soberanas, impulsando la autosuficiencia y la innovación a escala global”.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, explicó: “En Abu Dhabi tenemos previsto crear una nueva factoría de última generación con la tecnología más sofisticada, preparada para dar respuesta a la gran demanda prevista de los sistemas radar más innovadores para los próximos años. La nueva entidad que vamos a crear con EDGE nos ayudará a acelerar la transformación del negocio de defensa hacia un perfil y una mentalidad más internacional, tal como marca nuestro Plan Leading the Future”.

El nuevo negocio, PULSE, contará también con derechos preferentes para los pedidos actuales y futuros adjudicados a Indra y a EDGE de radares basados en la tecnología pactada dentro del acuerdo. Además, se generarán nuevas oportunidades en mercados internacionales de alto potencial, de acuerdo con el objetivo marcado en el Plan Estratégico de Indra Leading the Future.

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año es el mayor de la historia, 12.827,2 millones de euros. Un aumento del 26,3% respecto al ejercicio anterior que triplica la mejora de 2022. De hecho, el de Margarita Robles es el ministerio que recibe el máximo impulso, por encima del 17,2% de Igualdad o del 14,9% de Exteriores. Sólo Inclusión y Seguridad Social cuenta este año con un presupuesto más abultado que Defensa. Tiene la culpa la guerra de Ucrania, que se ha convertido en un auténtico revulsivo para la industria de defensa española. Hasta el punto de que el alza de este año se interpreta ya como el comienzo de un ciclo expansivo, gracias al compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, el objetivo anhelado por la OTAN pero que sólo cumplen siete de sus miembros.

De alcanzarse, España gastará dentro de seis años más de 26.000 millones de euros, porque ahora, aun con una cifra récord, se queda en el 1% del PIB. Sólo Luxemburgo gasta menos en relación con su PIB, un 0,62%, según las cifras de la propia Alianza Atlántica. Estados Unidos, el miembro de la OTAN que más dinero dedica a defensa, emplea el 3,46% de su PIB en armarse.

Esa lluvia de millones es “a priori una oportunidad, pero eso no quiere decir que se aproveche como debería”, precisan no obstante fuentes del sector consultadas por infoLibre, que echan de menos una “estrategia militar y de inversión actualizada”. “La que tenemos”, añaden, “es de 2015”. No hay, aseguran, una estrategia clara del papel que España debe tener en defensa. Además, el ministerio no tiene capacidad ni personal suficiente para gestionar el volumen adicional de dinero comprometido y “traducirlo en programas de inversión”.

El departamento que dirige Margarita Robles aún no ha publicado el informe del sector correspondiente a 2022, pero las grandes empresas ya han destapado unas cuentas espléndidas para el ejercicio de la invasión rusa.

El gigante europeo Airbus, participado por los gobiernos francés, alemán y español –a través de la SEPI posee un 4,1% de las acciones–, tiene tres filiales en territorio nacional: Airbus Defence and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que juntas suman el 53,2% de la facturación del sector de defensa español. En 2022 el grupo se apuntó un beneficio récord de 4.247 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 13%, hasta los 58.900 millones. Su negocio en defensa creció un 11%. Y acaba de anunciar que contratará a 1.000 trabajadores en España este año para hacer frente al aumento de producción previsto.

Los astilleros públicos Navantia, que suponen el 13% de la facturación del sector, confían en volver a beneficios, después de 14 ejercicios con números rojos. De hecho, en 2021 y tras aumentar sus ingresos un 20% anual, redujeron sus pérdidas a 82,4 millones, tras dejar atrás el récord de 296 millones con que terminó 2017.

El tercero en el ranking nacional de defensa, la semipública Indra, cerró 2022 con una cartera “en máximos históricos” y se expresa en los mismos términos sobre el primer trimestre de este año. El ejercicio pasado su contratación creció un 29% gracias al empujón del negocio de defensa y seguridad, que se disparó un 52%. En el comienzo de 2023, el aumento ha sido del 16%, gracias precisamente a los proyectos conseguidos en España, según destaca la propia empresa. Los últimos, y polémicos, movimientos en el consejo de administración de Indra van encaminados a hacer realidad los deseos del Gobierno de reorientar la actividad de la compañía hacia el negocio de la defensa.

Sin embargo, por debajo de estas cinco grandes, la industria española de defensa se compone sobre todo de medianas y pequeñas empresas que viven de suministrar productos y servicios a las compañías “tractoras”, tal y como las describe Defensa. No es sólo que Airbus suponga más de la mitad de la facturación de todo el sector: 36 empresas aglutinan el 90% del mercado. Las pymes –las que superan los 250 empleados no representan más que el 19,6%– “carecen de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites”, describe el último informe del sector publicado por el Ministerio de Defensa con cifras de 2021. “No pueden diseñar un cazabombardero o un blindado, sólo suministrar subsistemas o componentes”, explican gráficamente las fuentes consultadas.

Esta red de medianas y pequeñas empresas aún no ha notado en sus cuentas de resultados el viento de cola de la invasión rusa. “España sólo ha enviado armas y munición a Ucrania de las que tenía en stock”, continúan las fuentes del sector. Hasta el momento, el nivel de implicación español en la guerra ha sido “escaso” y la ayuda proporcionada, “muy de segundo nivel”, recuerda por su parte Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En realidad, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, no sentirán los efectos de la guerra en el este de Europa hasta dentro de tres, cinco o más años. “Hacen falta meses para dimensionar las cadenas de producción”, advierten las fuentes consultadas. Y eso confiando en que se cumpla el compromiso de seguir aumentando el presupuesto de defensa hasta es el 2% del PIB requerido por la OTAN. “Nada garantiza que se mantenga esa promesa y no se echen atrás futuros gobiernos, como ya se incumplió antes”, advierten, en referencia a un objetivo que fijó en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy pensando en 2024.

La óptica de Núñez Villaverde es muy distinta. Según recalca, el gasto público español en defensa ya está en ese 2% del PIB si a las partidas del ministerio de Margarita Robles se suman las que se reparten en otros departamentos del Gobierno. Se refiere a las cuentas que ha echado el Centro Delàs de Estudios por la Paz, una entidad independiente dedicada a la investigación del armamentismo desde una perspectiva pacifista: este año el gasto militar público ascenderá a 27.617,45 millones de euros, el 2,17% del PIB. Delàs añade al presupuesto de Defensa los créditos I+D que el Ministerio de Industria concede a empresas para producir nuevas armas, las aportaciones a organismos internacionales –como la OTAN– desde Asuntos Exteriores y el gasto en misiones militares en el extranjero, pero también las partidas asignadas a la Guardia Civil como cuerpo militarizado, el gasto en las clases pasivas militares, la mutua militar Isfas, las pensiones de guerra e incluso los intereses de la deuda pública dedicada a defensa.

Siguiendo esos cálculos, Delàs proyecta que el gasto militar en 2029 se situará en 40.000 millones de euros.

Además, el centro pone el foco en otras cifras de récord del presupuesto de este año, como el 30% en que crece la inversión en defensa: 7.743 millones, tres de cada 10 euros. Mucho mayor es el alza de los créditos de I+D del Ministerio de Industria, un 126,09%: 1.601 millones de euros.

Con los últimos datos disponibles, de 2021, la industria de defensa española facturó 6.582 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. El sector lo componen 394 empresas, que se amplían hasta 544 contando con las que suministran equipos también para fines civiles. De la facturación total, 1.428 millones son ventas directas al Ministerio de Defensa, que aumentaron considerablemente, un 19%, respecto a 2020. Es decir, el ministerio es el principal cliente de muchas de estas empresas. De hecho, la próxima semana la industria mostrará su buen estado de ánimo en la feria anual que organiza la Fundación Feindef, presidida por el exministro de Defensa Julián García Vargas y cuyo patronato integran el propio ministerio y las dos patronales del sector, Teade y Aesmide. “También se ha convertido [el ministerio] en su agente comercial en el extranjero”, critica Jesús Núñez Villaverde. Porque el resto de la facturación –casi cuatro veces más de lo que venden a Defensa– procede de las exportaciones, buena parte de las cuales se canaliza a través de programas internacionales como los PADR –60,2 millones–, EDIP –500 millones– y Pesco.

Además, el Fondo Europeo de Defensa (FED) liberará casi 9.000 millones de euros hasta 2027 para financiar proyectos de colaboración. Cincuenta y dos empresas españolas recibirán 96,2 millones de la primera convocatoria. Aparte contabiliza el ministerio las subcontrataciones o ventas indirectas, que crecieron un 28,4% en 2021, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros.

De ese volumen de negocio, el 59% corresponde a la actividad aeronáutica y el 15,4% a la naval, otra muestra más del dominio de Airbus y, en menor medida, de Navantia, en el sector.

“La industria española de defensa es bastante particular”, conceden las fuentes del sector consultadas. Y no sólo por su dependencia de las grandes empresas “tractoras”. La principal, Airbus, resulta ser un grupo internacional; Navantia, un astillero público que, gracias a su consideración de activo estratégico, se mantiene pese a sus pérdidas continuadas; e Indra, que pertenece en un 25% a la SEPI, es “un campeón nacional, una empresa puntera” pero, con una facturación de 3.851 millones, se sitúa lejos de, por ejemplo, su competidor italiano, Leonardo, que supera los 14.000 millones en ingresos.

A su lado, la red de pymes del sector ha conseguido dirigir su negocio a la exportación, de forma que el 78,3% de las ventas de defensa de la industria nacional se dirigen al exterior: 128 de las 394 empresas que la componen salieron al extranjero en 2021. Así, España figura como el séptimo país exportador de armas del mundo. Núñez Valverde matiza que ese puesto en la clasificación mundial es engañoso, el resultado de que en España se lleve a cabo la última fase de ensamblaje del armamento. Las fuentes del sector apuntan, además, a la dependencia tecnológica de las empresas. Por ejemplo, Navantia construye submarinos y fragatas, pero con sistemas de combate diseñados en Estados Unidos. De nuevo, Airbus marca el paso, concentrando el 61,5% del negocio internacional. Si se añaden las exportaciones de Navantia, Indra, Santa Bárbara –antes pública y hoy integrada en General Dynamics–, Explosivos Alaveses e ITP Aero, la cuota de mercado de estas cinco compañías alcanza el 87,6% de las ventas al exterior del sector.

Como queda dicho, la mayor parte de las exportaciones se realizan a través de programas internacionales –3.308 millones, el 61,3%–; el resto son ventas directas a otros países. Una parte considerable de esos programas se traduce en ventas a consorcios como el del avión de transporte A400M de Airbus o el del caza Eurofighter –integrado por la británica BAE Systems, Airbus y Leonardo–. Pero después, el principal cliente de las empresas españolas de armamento es Arabia Saudí, que se lleva casi el 25% de las exportaciones directas, 491 millones de euros en 2021. También son clientes distinguidos –además de Francia, Alemania o Estados Unidos–, Emiratos Árabes Unidos u Omán –66 millones cada uno–. “España exporta armas a países a los que no debería según su propia legislación”, objeta Jesús Núñez Valverde, “pero también les venden todos los demás, así que lo hacemos nosotros y mantenemos el empleo...”.

“Nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”

El del empleo –26.987 puestos de trabajo directos, 27.797 indirectos y 10.795 inducidos– es uno de los argumentos recurrentes para vender a una opinión pública poco receptiva los beneficios de la industria de defensa. Otros son, dice Núñez Valverde, el desarrollo tecnológico y del tejido productivo que propician las empresas de armamento. Para las fuentes del sector a las que ha preguntado este periódico, ésa es una manera “errónea de abordar la cuestión”. A su juicio, existe un problema de comunicación política: los gobiernos no creen que la sociedad sea lo bastante “madura” para plantearle la necesidad de contar con una industria militar potente. “Las armas no matan, son las personas las que lo hacen; las armas sirven para evitar guerras”, aseguran. Aunque también admiten que el gasto en defensa “nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”.

Una percepción que parece haber cambiado con la invasión de Ucrania. “Ya no se puede hacer la vista gorda con la amenaza, que se ha convertido en evidente”, sostienen, “mientras que los problemas de seguridad tradicionales de España siguen ahí –el Sahel, el Magreb–, entran en la agenda política y se usan para justificar el aumento del gasto”.

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde replica que la guerra en Ucrania no ha abierto un nuevo ciclo inversor, toda vez que el auge del gasto militar ya venía produciéndose sin cesar “en todo el planeta” desde el comienzo del siglo. La invasión rusa lo que ha hecho es acelerarlo, “militarizando la agenda internacional, dejando de lado cuestiones como la paz social y ampliando las brechas de desigualdad, lo que a su vez alimenta dinámicas más violentas, que se enfocan desde una perspectiva reactiva y no preventiva, basada en la seguridad humana”, explica. A su juicio, la creciente inversión en defensa que se avecina no se está produciendo en el mejor momento, tras la pandemia y en plena crisis inflacionista. “La sociedad debe decidir en qué cesta quiere poner más huevos, si en sanidad, educación y políticas sociales, o en defensa”, resume.

La industria militar española también pide definición a los poderes públicos, pero desde otro ángulo. Lo explicó Ricardo Martí Fluxá, presidente de una de las dos patronales del sector, Tedae, y ex secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de José María Aznar, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. “Que sepamos qué queremos ser y dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años es básico para la inversión de la industria y el desarrollo tecnológico”, destacó en una entrevista en la web especializada Escudodigital, “porque la libertad y seguridad de los españoles no pueden quedar sujetas a diferencias ideológicas, tanto la sociedad como la industria necesitan unas pautas claras”. 

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que a su formación le "preocupa" la "utilización de las instituciones del Estado" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha subrayado que hay una "acción concertada" para tomar posición en Indra y más órganos del Estado. A su entender, "algo se está moviendo" en esa empresa estratégica, según informa Europa Press.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas, tras participar en el curso de verano organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), al ser preguntado expresamente si comparte las sospechas de que Sánchez quiere controlar las elecciones a través de Indra.

El presidente de los conservadores ha admitido que a su partido le "preocupa el tema de Indra como a todos los ciudadanos". "No solamente a los accionistas sino a todos los ciudadanos", ha enfatizado.

Además, Feijóo ha subrayado que "lamentablemente" esto "no es una cuestión anecdótica" sino "un hecho continuado en los últimos meses". En su opinión, "algo se está moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe" acerca de "qué es lo que está haciendo el Gobierno en esa empresa".

"Y es evidente que cualquier ciudadano sensato está preocupado por qué empresas estratégicas como Indra se toma posesión a través de la SEPI y se controla y se cesa a los consejeros independientes. Y ayer otra consejera presentó su dimisión", ha resaltado.

Esta compañía ha agravado estos días su crisis corporativa y este lunes se conoció la marcha de otra consejera independiente, Silvia Iranzo, que comunicó por carta su decisión de dimitir como consejera de Indra por su desacuerdo con los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de cese y no reelección de cinco consejeros independientes.

Al ser preguntado de nuevo entonces si cree que el jefe del Ejecutivo persigue controlar las elecciones, Feijóo ha indicado que "lo que ha hecho el Gobierno a través de SEPI y a través de algún socio es muy lamentable".

En este sentido, ha señalado que el PP considera que "hay una acción concertada en la toma de posición de Indra". "Y creemos que hay actuaciones que no se corresponden con las buenas prácticas mercantiles en nuestro país", ha enfatizado.

Por todo ello, Feijóo ha insistido en que al PP le preocupa lo que está ocurriendo en Indra, y el "cese del director del presidente del INE", Juan Rodríguez Poo, así como "el cese de la directora del CNI", Paz Esteban. "Nos preocupa en definitiva la utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno", ha aseverado.

Este lunes, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ya denunció públicamente el "asalto institucional" del jefe del Ejecutivo a Indra y el INE tras perder las elecciones andaluzas. Por eso, anunció una ofensiva parlamentaria con la petición de distintas comparecencias para debatir cómo el Gobierno ha decidido "controlar todos los resortes" tras su revés electoral.

"El PP observa con incredulidad y con suma preocupación el asalto institucional al que se ha entregado Sánchez en los últimos tiempos. Da la impresión que, después de perder las elecciones, en cuatro días de furia, Sánchez ha decidido controlar a los españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar", declaró González Pons en rueda de prensa.

"Es evidente que, con la guerra de Ucrania, las cuestiones de defensa han pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda pública. La gente querrá saber exactamente lo que hace la UE en este ámbito: cómo se gasta el dinero, qué tipo de proyectos se planifican y cómo cambia la política". Son palabras de la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, en una entrevista con el consorcio periodístico Investigate Europe.

Es cierto que la agresión de Rusia ha puesto los asuntos militares en el centro del debate público. Pero la Unión Europea lleva en realidad desde 2017 apostando por una política de rearme, que se concreta en cinco programas y estructuras para financiar proyectos de defensa, que en conjunto destinarán miles de millones de euros a las empresas de armamentos [puedes consultar aquí una información detallada al respecto]. Tres de ellos aportan dinero a través de presupuestos que tienen adjudicaciones pendientes, como el Fondo Europeo de Defensa, integrado en el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Pero los dos programas piloto que fueron precursores de dicho Fondo ya están cerrados, de forma que se conoce qué compañías recibieron financiación europea.

Investigate Europe ha analizado todos los proyectos del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP por sus siglas en inglés), el más ambicioso de los dos ya ejecutados, con un presupuesto de 480 millones para los años 2019 y 2020. ¿Cuáles son las empresas beneficiarias? ¿Quiénes son los dueños de esas compañías? ¿Existen conexiones accionariales entre ellas?

El resultado de ese análisis permite llegar a varias conclusiones. Primera: hay cuatro gigantes empresariales que acaparan la mayoría de las adjudicaciones. Segunda: esas compañías comparten en su capital dos tipos de accionistas, los Estados y los grandes fondos de inversión americanos. Tercera: la concentración del mercado es cada vez mayor y resulta frecuente que los grandes grupos tengan participaciones en otras compañías del sector.

Este reportaje es la tercera entrega de una serie sobre el poder militar europeo elaborada por Investigate Europe y en la que infoLibre colabora como único medio español [puedes leer aquí y aquí las dos anteriores].

El EDIDP se definía como "un programa industrial de la UE que apoya la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de defensa de la Unión". Entre sus objetivos también se encontraba "fomentar la cooperación entre empresas y Estados miembros”, para lo que se estableció el requisito de que sólo podrían recibir financiación los proyectos de colaboración en los que participasen al menos tres entidades de tres países distintos.

Pero, en realidad, el dinero se ha repartido entre muy pocas empresas de muy pocos Estados. 

De los 41 proyectos financiados por el EDIDP, las empresas de Francia participaron en 33, las de España en 32, las de Italia en 25 y las de Alemania en 20. En cambio, hay 17 países cuyas compañías participaron en un máximo de ocho proyectos.

Esos cuatro Estados son los más poderosos económicamente de la Unión y también los que tienen una industria armamentística más desarrollada. Pero, además, son también importantes accionistas del sector. Se puede afirmar que son juez y parte.

El caso más evidente es el del Estado francés, que participa de forma directa en cinco empresas de armas financiadas por el EDIDP: Airbus (tiene el 10,9%), Thales (25,7%), Naval Group (62,2%), Safran (11,2%) y Nexter (50%). Y de forma indirecta, a través de las sociedades mencionadas, está en otras seis compañías que recibieron dinero de dicho fondo: Dassault Aviation, Ariane, MBDA France, Telespazio, Elettronica y Cy4gate.

Con menos intensidad, pero lo mismo sucede con los otros tres países. El Estado alemán es propietario del 25,1% de Hensoldt y del 10,9% de Airbus; el español cuenta con el 18,7% de Indra Sistemas y el 4,1% de Airbus, y el italiano dispone del 30,2% de Leonardo. Eso en lo que a participaciones directas se refiere. Su presencia accionarial se multiplica si nos fijamos en el control indirecto.

¿Y qué ocurrió con las empresas? De las 302 entidades que recibieron financiación del EDIDP, también hay cuatro que dominan el reparto: Thales, Airbus, Leonardo e Indra Sistemas. En diferentes combinaciones y junto a otras compañías aparecen en 23 de los 41 proyectos aprobados, que fueron financiados con 363 millones de euros del total de 480 aportados por la UE. Es decir, el 75% del total de la financiación del EDIDP se destinó a proyectos en los que participó al menos una de estas cuatro empresas. No existe un desglose por entidades en la mayoría de los casos, de forma que es imposible saber qué cantidad de dinero se embolsará cada compañía.

Comprobar la nacionalidad de estas empresas no provoca sorpresa alguna: Thales es francesa y tiene al Estado en su capital, Leonardo es italiana y tiene al Estado entre sus accionistas, Indra Sistemas es española y tiene al Estado entre sus dueños. ¿Y Airbus? Tiene su domicilio social en Países Bajos, pero básicamente por razones fiscales, puesto que sus principales propietarios son los Estados francés, alemán y español. Una elección de sede fiscal que, por cierto, también deja claro hasta qué punto se antepone el lucro a cualquier otra consideración.

En cuanto al número concreto de proyectos en los que participan, Thales está en 17, Leonardo en 15, Indra Sistemas en 13 y Airbus en 12. Varios de ellos son compartidos.

Y no es solo el número de proyectos, sino también la importancia de los mismos. El Eurodrone, que es el que más dinero ha recibido del EDIDP, lo desarrollan Airbus, Leonardo y Dassault. 

El sector vive una concentración creciente, de forma que los gigantes empresariales van adquiriendo participaciones en el capital de otras compañías medianas.

Un buen ejemplo es lo que ocurre con el grupo francés Thales, que tiene parte del capital de la sociedad francesa Naval Group y de las italianas Telespazio y Elettronica, mientras que esta última es a su vez la accionista mayoritaria de Cy4gate. Y eso fijándose únicamente en aquellas compañías participadas por Thales que recibieron financiación del programa EDIDP.

La concentración es un fenómeno que se produce en casi todos los mercados, pero en el de la defensa tiene características especiales, ante lo que podríamos considerar la trinidad de los Estados: son casi los únicos clientes de las empresas de armamento, son importantes accionistas de las mismas y alimentan su negocio a través de los presupuestos tanto nacionales como europeo.

Matt Stoller, director de investigación del American Economic Liberties Project y miembro del Open Markets Institute, se muestra crítico con esta situación. "En general, cuanto más consolidado está el sector de la defensa, menos innovación tiene y mayor es el precio que exige a los gobiernos", destaca en declaraciones a Investigate Europe. "El principal riesgo con el gasto en defensa es la corrupción, ya que el cabildeo cuando hay enormes sumas de dinero en juego tiene una rentabilidad muy alta. Con muchos competidores independientes luchando por el negocio, el riesgo de corrupción se reduce enormemente. Si hay un pequeño club de iniciados, ya sea por solapamiento de participaciones o propiedad común o simplemente por no existir muchos contratistas, el riesgo aumenta", explica Stoller, autor de un libro sobre el poder del monopolio en el siglo XX (Goliath, no hay versión española).

Junto a los Estados, hay otro grupo bien definido que tiene un papel relevante en la estructura de capital de las principales empresas armamentísticas: los grandes fondos de inversión estadounidenses. Con una peculiaridad importante: son accionistas tanto de las compañías de la UE como de EEUU, rivales muchas veces entre sí para obtener grandes contratos con los Estados.

Un ejemplo claro es BlackRock, que a través de distintos fondos posee participaciones en compañías europeas como Airbus (cerca del 5%), Leonardo (casi el 3%), Thales (algo más del 1%), Indra (en torno al 1%), Safran (más del 6,5%) o MBDA France (más del 4%). Y también es accionista de sus principales competidoras estadounidenses: Boeing (3,9%), Lockheed Martin (4,9%), Raytheon Technologies (4,8%), General Dynamics (3,9%) o Northrop Grumman (4,2%).

Y la situación es similar con otros grandes fondos de inversión estadounidenses, como Capital, Vanguard o Fidelity. Este último controla, por cierto, cerca del 14% de Indra Sistemas.

En el siguiente gráfico se detallan los intereses de grandes fondos americanos en la industria armamentística, a ambos lados del Atlántico.

Matt Stoller considera que esto también es un "problema importante". Para el economista estadounidense, "la propiedad común crea incentivos para precios más altos, menos innovación y menor producción".

Este problema de la "propiedad común" se produce cuando la mayoría de las empresas de un mismo sector son en parte propiedad de los mismos accionistas. El riesgo evidente de confianza, o ausencia de competencia, aumenta si todas las compañías reciben la misma orientación estratégica de sus dueños.

Sin embargo, Stoller no está seguro de que esa sea la estrategia de los fondos americanos en el sector militar europeo. "Los fondos indexados como Blackrock y Vanguard probablemente no se dirigen al sector militar de forma específica, sino que compran de forma masiva acciones de empresas cotizadas. Pero sigue siendo un problema importante que fondos distantes controlen una parte significativa de todas las empresas de una línea de negocio concreta". 

Martin Schmalz, economista alemán y profesor en Oxford, afirma que su "intuición" es que "los intereses nacionales son mucho más importantes que la influencia (o la falta de influencia) de determinados accionistas". En su opinión, esto aumenta el riesgo: "La reciente consolidación del sector, ahora combinada con la propiedad común, hace temer que la ya débil competencia se debilite aún más".

Investigate Europe preguntó a la oficina de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, sobre este riesgo. No hubo respuesta oficial. Fuentes de la Comisión explicaron que, aunque son conscientes de que "ciertos mercados de defensa están muy concentrados", sólo pueden actuar si "hay pruebas de conductas anticompetitivas".

Otros comisarios no ven mayor problema en la posible influencia de los accionistas. "No me preocupa", respondió a una pregunta sobre este tema Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y responsable del Fondo Europeo de Defensa. "Siempre he enseñado a mis alumnos la diferencia entre el accionariado y las responsabilidades de una empresa y de la dirección. En Europa a menudo mezclamos las dos cosas".

BlackRock aseguró a Investigate Europe que "las cuestiones de política militar nunca han formado parte” de su compromiso con la UE. Además, destacó que el fondo "no proporciona orientación sobre cómo deben gestionar sus negocios” las compañías donde invierte, algo que “es responsabilidad de los consejos de administración y de la dirección de las empresas".

Aunque los funcionarios de la UE y BlackRock aseguran que no hay ningún problema en cuanto a las normas de competencia, Laëtitia Sédou, de la Red Europea contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés), sí se muestra más preocupada: "Estamos abriendo la caja de Pandora, Europa se está convirtiendo en una vaca lechera, una fuente de financiación sin restricciones".

Investigate Europe envió preguntas a los fondos y empresas mencionados en esta información. Solo Blackrock respondió de forma oficial.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este jueves el sobreseimiento definitivo para la consultora Indra en el marco de la pieza 9 de la macrocausa Púnicaante "la carencia de indicios de criminalidad existentes" relativos a esta persona jurídica tras "la terminación de la instrucción realizada", según informa Europa Press. 

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala descarta la posibilidad de continuar con la instrucción como así pretendía la Fiscalía Anticorrupción, alegando que la práctica de diligencias no son "necesarias". Y lo justifica recordando que "obran en autos el programa de cumplimiento y los informes de auditoría y certificaciones de expertos independientes elaborados por las entidades DLA Piper y Aenor".

Para la Sala, las "diligencias de comprobación" solicitadas por el Ministerio Fiscal "carecen de la trascendencia que pretende darle, especialmente" cuando se "encuentran aportadas a autos" por la vía documental, lo que ya permite la "valoración por el órgano investigador".

Asimismo, la Sala respalda al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en su "legítima decisión" acerca de la "exención de la responsabilidad criminal" de Indra como persona jurídica, evitando así los "daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad".

En esta línea, el auto da la razón al magistrado, puesto que "se han cumplido los presupuestos jurídicos para que ello ocurra, por cuanto se han constatado los elementos que permiten la exoneración de las posibles responsabilidades criminales que recaían" en Indra.

La empresa acreditó la "existencia de un sistema de cumplimiento"

Así, la sala recuerda que para la comisión del delito imputado a la empresa "se requiere un incumplimiento grave por los responsables de la entidad de sus deberes de control, vigilancia o supervisión, además de la inexistencia de la implantación de un modelo de organización y prevención de riesgos penales".

Esa circunstancia no se cumplía en Indra, como así recoge el auto, puesto que la empresa acreditó la "real existencia de un sistema de cumplimiento normativo" que "permitía prevenir y reaccionar frente al delito de cohecho que provisionalmente se venía achacando a la entidad".

"(Indra) mostró su eficacia con la expulsión de los empleados que, siempre con el carácter provisorio que define los resultados de la instrucción, presuntamente cometieron los hechos falsarios, defraudatorios y depredatorios que son objeto de investigación", señalan desde la Sala.

El juez no valoró un "incumplimiento grave" en la supervisión

La decisión de la Sala llega después de que García-Castellón, que instruye la causa Púnica, acordase el pasado mes de marzo el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Indra como persona jurídica en la pieza separada número 9 en contra del criterio que sostenía la Fiscalía Anticorrupción.

En esa pieza se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid por medio del desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid a través de dicha empresa.

En un auto con fecha de 23 de marzo, el magistrado acordaba esta medida al "no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de su empleados y además, al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo".

Indra, por su parte, había solicitado previamente el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se había acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus profesionales no podían ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.

El teletrabajo ha venido para quedarse, reza una de las primeras búsquedas en Google cuando se teclea la palabra "el teletrabajo". Pero en el caso de las grandes del Ibex, esta premisa no parece cumplirse: tras una consulta a empleados o secciones sindicales en una docena larga de firmas cotizadas por parte de infoLibre, problemas como las presiones para regresar a la oficina, discriminación por tener o no hijos, jornadas extenuantes o falta de desconexión están a la orden del día en plena segunda ola de covid-19. 

O, peor aún, que gran parte de la plantilla esté ya operando en las oficinas y servicios centrales, caso de Iberdrola o Acciona, según explican las fuentes a este diario. En Naturgy, antigua Gas Natural, la presencia es de más o menos un tercio del total de trabajadores. En todos los casos anteriores ha habido "prisas" para volver a la oficina y, siempre según las fuentes, no existe la misma premura para retomar el trabajo en remoto en caso de agravarse la segunda ola: otra justificación de las entidades es que ya se garantiza la distancia de seguridad. La realidad es que se incumplen las directrices del Gobierno definidas en sus Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, que pide "fomentar al máximo el teletrabajo".  

Para este artículo se ha diferenciado entre los operarios –que lógicamente al ser de cuello azul y ejercer a pie de calle no pueden trabajar en remoto– y los empleados de oficinas, más proclives a la nueva modalidad laboral impuesta por la pandemia. 

Casi ninguna de las multinacionales que aparecen –excepto dos– han aportado su versión sobre cómo se desarrolla la organización laboral desde la declaración del estado de alarma, en marzo pasado.

En Endesa, que mantenía a toda la plantilla en casa desde marzo, lejos de su sede pegada a la institución Ifema en Madrid –exceptuando a servicios esenciales–, la energética ahora ha empezado a pedir a varias decenas de empleados que vuelvan a las oficinas a terminar proyectos "urgentes" o "críticos" –concretamente, el regreso se produjo el pasado martes 1 de diciembre–. Esto ha causado estupor: Endesa es propiedad en un 70% de la compañía energética pública italiana Enel, cuyo director ejecutivo, Francesco Starace, además había remitido estos días a la plantilla un correo electrónico asegurando que no se volvería hasta que la vacuna no desplegase toda su eficacia. Es decir, hasta 2021.

También hay diferencias dentro del mismo grupo. Es el caso de Telefónica, informan varias personas: mientras en Telefónica España hay una fuerte presencia de sindicatos y comité de empresa –y mejores salarios y horarios–, en la parte corporativa (Telefónica S.A.) se apremia a la gente a volver "por presiones de arriba" o "porque esto está muy vacío". En España la plantilla ronda los 20.000 empleados. 

La empresa de telecomunicaciones ha querido aportar su versión: "Para todos los empleados de Telefónica en España, hay flexibilidad total hasta finales de año, siempre que la actividad profesional que desarrollen lo permita", aseguran fuentes oficiales, que agregan que todo se ha llevado a cabo "de acuerdo con los sindicatos".

Las presiones de jefes y mandos intermedios en las grandes empresas son un hecho. O la falta de desconexión digital: correos electrónicos fuera del horario laboral. En varias empresas en las que los sindicatos y empleados aseguran que se respeta el teletrabajo vía acuerdos (como por ejemplo Cepsa, que suspendió su salida a Bolsa hace dos años, Enagás o la ya mencionada Naturgy) abundan las críticas precisamente por la ausencia de desconexión. En muchas de las firmas está pendiente una negociación al respecto. 

En pandemia y post-pandemia

"La desconexión es algo que se podría terminar de forma sencilla, con la caída del sistema o la imposibilidad de recibir correos", opina Carlos Gutiérrez, secretario de CCOO de Nuevas Realidades del Trabajo, un área que aborda el teletrabajo pero también la negociación sobre los riders. "La realidad es que muchos de los problemas que se subrayan con el teletrabajo ya se daban antes, aunque ahora se visibilizan más". Gutiérrez lamenta que muchas grandes empresas sean "reinos de taifas" y haya equipos completos que dependan de la arbitrariedad de un jefe o mando, incumpliéndose en ocasiones las directrices lanzadas desde la dirección. 

Dos empresas aparentemente cumplen todas las condiciones y llegan a acuerdos con los trabajadores: Aena y Red Eléctrica, ambas con mayoría de capital público. "Hemos llegado a un acuerdo para teletrabajar tres días y asistir dos. Y ahora lo que nos preocupa es la negociación para el teletrabajo post-covid", señala Paco Casado, responsable de CCOO en Aena. En Red Eléctrica Española un empleado dice que el problema de la desconexión no está del todo resuelto, pero que la sintonía laboral es buena. Igualmente, la conflictividad laboral con el teletrabajo prácticamente no se ha producido en Indra, de mayoría de capital privado pero cuyo accionista principal es el Estado a través de la Sepi, siempre según la versión de los trabajadores. 

Más casos, como Técnicas Reunidas –que abandonó el Ibex 35 el año pasado– donde se habían formado dos grupos a partir de julio: los que tuvieran hijos menores de 14 años podían seguir en remoto y los que no tenían que volver. Ahora están preparando un borrador para hacer turnos de semanas intermitentes para los dos grupos. Los consultados critican que la empresa no abona los gastos, una medida que pactaron los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo a finales de septiembre. 

"En Repsol", apunta otra consultada, "se teletrabaja de uno a tres días por semana. Lo que pasa es que los que teletrabajan no son legión", ironiza esta persona. La compañía que preside Antonio Brufau llegó a acuerdos laborales para que salieran casi 900 empleados en el primer semestre del año tras hundirse la contratación.

Repsol ha querido responder sin entrar a valorar estas críticas anónimas. "Somos una de las empresas de referencia en España en el ámbito de la flexibilidad y la conciliación de la vida profesional y la personal. De hecho, comenzamos con nuestro programa de teletrabajo hace más de 10 años. Y es precisamente esta experiencia dilatada, junto con la digitalización, la que nos ha permitido en plena pandemia que más de 7.000 empleados de la compañía pudiesen trabajar en remoto desde sus domicilios", dice una portavoz de la energética. "En Repsol, la opción de teletrabajar es tanto para hombres como para mujeres, siempre ha sido consensuada y pactada entre jefes y colaboradores, sin cuestionar la causa por la que se solicita y manteniendo las mismas condiciones laborales, además de conservar los derechos colectivos de los trabajadores".

Jornadas extenuantes en banca

Mención aparte merece el sector de banca. "En nuestro sector se aplicó rápidamente el teletrabajo desde la declaración del estado de alarma, aunque después su extensión ha ido por barrios", resume Victoriano Miravete, del sector de Finanzas de UGT. Hay que distinguir cuatro clases, entre los empleados de banca, de cajas de ahorros, de cajas rurales y de servicios financieros. "En las cajas de ahorros y rurales el teletrabajo es menor, porque muchas de las sucursales que están en los pueblos no pueden cerrarse", dice Miravete, quien recuerda que la banca es un servicio esencial "y mucha gente no lo sabe".

Entonces llegó la línea de avales ICO por 80.000 millones de euros dispuesta por el Gobierno para apoyar a las empresas en crisis y Miravete cuenta lo que vino después: "Empezamos a constatar que las jornadas de trabajo en remoto, desde casa, se convertían en jornadas extenuantes, con horarios de más de 12 horas". Ahora la mayoría de sucursales ha reabierto pero, concede el de UGT, "con protocolos de actuación en caso de haber positivos que permiten abrir y cerrar la oficina en cuestión de uno o dos días". 

"Hay que diferenciar el teletrabajo en pandemia del que vendrá cuando haya vacuna", asegura Gerardo Cortijo, responsable de Tecnología de CCOO. "Queremos que se ponga en valor el coste que le supone al trabajador estar más horas en casa: energía del ordenador, luz, Internet, cocina, baño... Estamos en pleno proceso de negociaciones. En cada empresa se da una batalla distinta. Y no hay un marco general". 

La empresa de tecnología y consultoría Indra ha negado este viernes estar detrás de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y en la actualidad abogado de Donald Trump, ha hablado de un presunto hackeo de máquinas relacionadas con el proceso de presidenciales en el país norteamericano.

En declaraciones al canal de televisión estadounidense Fox, Giuliani ha indicado que la empresa Dominion, que gestiona el software utilizado en el recuento electoral en algunos estados, "es una compañía que es propiedad de otra empresa llamada Smartmatic a través de una compañía intermediaria llamada Indra".

Fuentes de Indra han indicado a Europa Press que la multinacional "nunca ha tenido ninguna relación contractual o comercial" con estas dos empresas, que además son sus competidores, ni ha desarrollado "ningún proyecto de gestión de procesos electorales" con ninguna de ellas.

Asimismo, las mismas fuentes han subrayado Indra "no ha intervenido de ninguna forma en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Las empresas Indra Sistemas SA y Equipo Económico SL recibieron del Gobierno de Madrid en julio de 2009 dos adjudicaciones a dedo para servicios relativos a la Ley de Dependencia que han quedado envueltos en una telaraña de incógnitas. Por razones que el actual Ejecutivo madrileño se niega a desvelar y como ya publicó infoLibre, la versión oficial sostiene que alguien y por razones que se mantienen en secreto dio la orden de que ninguno de esos dos contratos se formalizase, lo que en teoría frenó en seco la ejecución de los trabajos y anuló las adjudicaciones. Pero ahora sale a la luz un dato que complica aún más la cosa: que seis meses más tarde de aquellas adjudicaciones oficialmente fallidas, el último Consejo de Gobierno del año acordó autorizar los pagos a Indra y Equipo Económico. No había contrato por medio. Ni nadie accede a revelar qué pasó.

Las autorizaciones de gasto, trámite imprescindible y previo al abono de aquellos 68.900 euros (Indra) y 67.280 (Equipo Económico), se hicieron utilizando una fórmula reservada para trabajos que por razones de urgencia se han realizado sin contrato: lo que en el argot administrativo se llama "convalidación del gasto". Qué ocurrió para que una adjudicación quedase en agua de borrajas pero sus beneficiarios acabasen cobrando es algo que permanece a día de hoy en la sombra mientras en primer plano aparecen el gigante tecnológico que está siendo investigado en el caso Púnica por supuesta financiación ilegal del PP y la firma de consultoría que en 2006 había fundado Cristóbal Montoro. Cuando se produjo esta adjudicación a Equipo Económico, el entonces exministro de Hacienda con Aznar y luego titular de esa misma cartera con Rajoy ya se había desligado de su accionariado.

Lo que el departamento de política social, entonces dirigido por la actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, encomendó a Indra el 20 de julio de 2009 mediante un procedimiento negociado sin publicidad y mediante tramitación ordinaria, es decir, en absoluto urgente, fue esto: la "Gestión de agendas y zonificación de expedientes para la realización de valoraciones a los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid". Los documentos extraídos de la web de la Comunidad de Madrid señalan que el plazo de ejecución era de dos meses "desde la formalización del contrato". Dado que no llegó a formalizarse, resulta imposible conocer cuándo empezaron los trabajos y cuándo finalizaron. Como resulta imposible –porque el pliego de condiciones no está disponible– saber qué plantilla venía Indra obligada a destinar a esa tarea. 

Fuentes cercanas a Hidalgo indicaron a infoLibre que esos trabajos "se realizaron". Y que "prueba de ello es que pasaron todos los trámites de fiscalización que conlleva una convalidación". De hecho, sus portavoces creen que el sistema de zonificación "se sigue utilizando en la actualidad, porque permitió en su momento que los evaluadores de la dependencia pasaran a multiplicar por tres las personas que evaluaban cada día, algo que redujo notablemente la lista de espera".

"Análisis de la normativa" a los dos años y medio de estar en vigor la ley estatal

El encargo que recibió Equipo Económico aparece confuso en el anuncio de adjudicación pero mucho más claro en el acuerdo por el que el Gobierno de la Comunidad autorizó el pago el 29 de diciembre de 2009: "Análisis de la normativa sobre dependencia, asistencia técnica para su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid". En julio de 2009, cuando se publicó la adjudicación de aquel contrato que quedó anulada por razones desconocidas, la Ley de Dependencia llevaba ya dos años y medio en vigor.

En lo que respecta a Indra –la imputación de cuyo expresidente, Javier Monzón, archivó el juez de Púnica hace una semana con un auto pendiente de recurso–, un elemento adicional incrementa las incógnitas. El que, según el Gobierno regional, no se formalizó pero que la tecnológica cobró exactamente igual que si se hubiese firmado, tenía un objeto idéntico al que la propia Indra había obtenido varios meses antes –21 de noviembre de 2008– también a través de un procedimiento negociado sin publicidad.  El primero de esos dos contratos sí se ejecutó, sostiene la Consejería de Políticas Sociales. El importe eran 36.500 euros que quedaron reducidos a "21.088,89 (IVA incluido)" porque la fecha prevista para el inicio de contrato pasó a ser el 5 de diciembre de 2008.

Al igual que sobre los expedientes que afectan a las dos adjudicaciones reseñadas, este periódico pidió a la Consejería de Políticas Sociales, ahora regida por Alberto Reyero, de Ciudadanos, información sobre el análisis jurídico realizado por Equipo Económico. Los portavoces de ese departamento se limitaron a transmitir a infoLibre que si desea obtener cualquier dato sobre lo que sucedió entonces no debe preguntárselo al Ejecutivo sino reclamarlo a través del portal de transparencia. En 2009, la Dirección General de Dependencia tenía como titular al hoy viceconsejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García. Sus portavoces se remitieron a lo dicho por el equipo de Reyero.

Las noticias eran buenas a primera hora de la mañana. La multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas iniciaba la jornada del penúltimo día de octubre poniendo sobre la mesa sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2019. Los datos invitaban a la celebración: el beneficio neto de la compañía en los primeros nueve meses del año se había incrementado en un 57,9%. Sin embargo, poco después, las grandes cifras quedaron enterradas por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de imputar a FCC como persona jurídica por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Bajo la lupa de los tribunales se encuentra el supuesto pago de comisiones para hacerse con las adjudicaciones para la construcción de dos líneas de metro y la Ciudad de la Salud en Panamá. La multinacional controlada por el magnate Carlos Slim, que reiteró su “compromiso” y “colaboración” con las autoridades judiciales, no aplicó los mecanismos necesarios para atajar de raíz el problema.

Fomento de Construcciones y Contratas se suma a la larga lista de importantes compañías españolas que han tenido que designar a un representante, un abogado y un procurador para lidiar con las causas que tienen abiertas en los tribunales. Una relación de nombres en la que figura el BBVA, el segundo banco más importante de España, que se encuentra imputado en una de las múltiples piezas que conforman el caso Villarejo. En la misma situación está Caixabank, que es consciente del “riesgo reputacional” que puede tener el procedimiento abierto en abril de 2018 contra la entidad por presunto blanqueo de dinero de mafias chinas. Y la tecnológica Indra, investigada desde el pasado mes de septiembre en el marco de la Púnica por la financiación irregular del PP de Madrid. Otras empresas como OHL o Iberdrola, aunque todavía no han sido imputadas, también caminan por el alambre. La primera por una de las piezas separadas del caso Lezo. La segunda, por los jugosos negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La posibilidad de imputar a las compañías aparece reflejada en el artículo 31 bis del Código Penal. En él se establece que “las personas jurídicas serán penalmente responsables” de los delitos cometidos por “sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. La sociedad, sin embargo, quedará exenta si el órgano de administración “ha adoptado y ejecutado con eficacia”, antes de la comisión del delito, “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas” para prevenir delitos de la misma naturaleza o, al menos, para reducir “de forma significativa” el riesgo de su comisión. Las penas contempladas en estos casos van desde multas hasta la suspensión de actividades por un plazo no superior a cinco años o la disolución de la persona jurídica.

FCC y el caso Odebrechtcaso Odebrecht

Con un resultado neto en 2018 de 251,6 millones de euros, FCC es una de las multinacionales de la construcción más potentes de España. Pero el prestigio de esta firma, cuyo nombre ya apareció vinculado a los papeles de Bárcenas, se encuentra de nuevo en entredicho. Hace solo una semana, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió imputar como persona jurídica a FCC Construcción y dos de sus filiales –FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias SA– en el marco de una investigación relacionada con el caso Odebrecht, la gran trama de sobornos de América Latina. En concreto, el magistrado considera que existen indicios de que las mercantiles pudieron participar en hechos constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Desde la constructora respondieron al movimiento judicial con un comunicado en el que aseguraban que se está “colaborando con las autoridades competentes” a fin de que se “revisen a fondo estos eventos”.

El auto de imputación es bastante contundente. El magistrado considera que las denuncias que FCC puso sobre la mesa de Anticorrupción dos años después de que arrancaran las pesquisas ponen de manifiesto la participación de varios exdirectivos de las mercantiles en acuerdos de presunta corrupción respecto a varias obras en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Estas personas, señala el escrito, “actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros”, lo que evidencia indiciariamente que “no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente”. Además, el magistrado apunta que las compañías “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero” para los proyectos del Metro y la Ciudad Hospitalaria. Fondos que luego fueron destinados “a los presuntos pagos de corrupción”.

Los representantes jurídicos de las tres sociedades investigadas prestaron declaración este viernes durante más de una hora ante el juez Moreno, la fiscal Teresa Gálvez y el resto de partes. Durante el interrogatorio, según informó el diario La Razón, FCC se desmarcó de los exdirectivos bajo sospecha asegurando que en todo momento actuaron al margen de la constructora. Y recordó que había sido la misma empresa la que puso a Anticorrupción en conocimiento de estas todas estas irregularidades.

Los espionajes del comisario jubilado

Otra de las grandes empresas que se encuentra en graves apuros en los tribunales es el BBVA. El segundo mayor banco de España fue imputado a finales de julio por el magistrado Manuel García-Castellón. Sobre la mesa, delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En concreto, la entidad financiera figura como investigada en la novena pieza del conocido como caso Villarejo, donde se analiza la relación comercial que mantuvo durante años la compañía con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. En el auto de imputación, el magistrado considera necesario dilucidar si el banco “pudo haberse valido” para la contratación del expolicía de “la ausencia de mecanismos de control” y “la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe”. Todo ello, añade, presuntamente “consentido por la cúpula” de la entidad, entonces liderada por Francisco González, a sabiendas del “beneficio personal y empresarial” que le reportaban los trabajos del comisario jubilado.

El caso que afecta al segundo principal banco del país se ha vuelto a poner esta semana sobre la palestra durante la última ronda de declaraciones de los investigados. Frente al magistrado García-Castellón se sentó el representante jurídico de la entidad, quien respondió “a todas las preguntas planteadas” por el juez y los fiscales defendiendo que “de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal”, según informó el propio BBVA en un comunicado. También acudió a la Audiencia Nacional como imputado el expresidente Francisco González, quien a diferencia de la mayoría de directivos y exdirectivos no se acogió a su derecho a no declarar. Ante el juez, el banquero se desmarcó de Villarejo y defendió la honorabilidad de la que fue su casa durante varias décadas: “Puedo decirles que una vez que termine la investigación quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar sin prejuicio de que hubiera una conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco”.

También Iberdrola está en una situación delicada por sus vinculaciones con Villarejo. La eléctrica, segunda empresa más grande del Ibex 35, de momento no está siendo investigada. Sin embargo, García-Castellón decidió el pasado jueves abrir una pieza separada en la macrocausa para analizar los supuestos trabajos que el expolicía realizó para la compañía. En uno de los encargos, que se bautizó con el nombre de Proyecto Arrow, la eléctrica habría pedido al comisario jubilado que se infiltrara en el movimiento ecologista y vecinal que se oponía a la central de gas en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera y que se realizara un seguimiento sobre un juez de Jerez que tenía que pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra dicha instalación. Además, según revelaron El Confidencial y Moncloa.com, el ahora exjefe de Seguridad de Iberdrola también habría encargado una investigación para conseguir información comprometedora del que fuera expresidente de Endesa Manuel Pizarro.

Como ocurrió con el BBVA y Sacyr, la energética habría recurrido al comisario jubilado para investigar a Florentino Pérez, una operación que habría arrancado en 2009, cuando el grupo ACS intentó desembarcar en el consejo de administración de Iberdrola. Villarejo se puso en contacto entonces con el consejero de la constructora Manuel Delgado para que le facilitara información confidencial en los momentos más álgidos de la guerra entre Galán y Pérez. Tras desvelarse estos contactos, Delgado dimitió como consejero de la constructora. El presidente de ACS, por su parte, ha decidido personarse en la causa como acusación particular.

Indra en Púnica y OHL en el alambrePúnica

Contra las cuerdas se encuentra, asimismo, Indra Sistemas. La tecnológica fue imputada a comienzos de septiembre también por el magistrado Manuel García-Castellón, aunque en este caso en la pieza de la Púnica en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. El auto, en el que también se citaba a declarar como investigadas a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, señala que la tecnológica fue “uno de los principales proveedores” de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) que “resultó beneficiado en sus adjudicaciones” y “parte singular en el concierto urdido por dirigentes” del PP madrileño “para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido”. Además, recoge que los directivos de la tecnológica habrían aceptado “atender el pago de deudas” de la Comunidad de Madrid o “abonar gastos electorales” de los conservadores por las campañas autonómicas, “todo ello con cargo al presupuesto inflado de los contratos que les eran adjudicados desde ICM”.

También en entredicho está el prestigio de OHL. El nombre de la constructora ha aparecido en Gürtel, los papeles de Bárcenas, Son Espases o Púnica, causa en la que se citó a declarar como investigados tanto al expresidente Juan Miguel Villar Mir como al exconsejero delegado Javier López Madrid. Sin embargo, ahora la atención está puesta sobre el caso Lezo. Ambos empresarios se encuentran imputados en la pieza número 3 de la macrocausa de corrupción, en la que se investiga el supuesto pago de una comisión para hacerse con el contrato del proyecto ferroviario que pretendía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero. Pero el magistrado García-Castellón también ha abierto una pieza separada en la que se está investigando a los máximos dirigentes de la entidad por haber mantenido durante años una “práctica generalizada” de pagos a cambio de adjudicaciones públicas. El juez pidió a OHL, que de momento no está imputada como persona jurídica, información sobre sus planes para “prevenir la comisión de delitos de cohecho”. Poco después, la firma remitió un informe en el que aseguraba haber invertido 2 millones de euros para evitar los delitos relacionados con la corrupción.

Caixabank y el blanqueo de capitales chino

BBVA no es la única entidad financiera que se ha enredado en los tribunales. En abril de 2018, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió imputar a Caixabank por un delito de blanqueo de capitales por la participación de una decena de sus sucursales en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en algunas de las grandes operaciones contra la mafia del país asiático –Emperador, Chequia, Snake y Pólvora–. En el auto, el juez consideraba que tanto las oficinas bajo la lupa como sus directivos y empleados habrían actuado como “canales de blanqueo de dichas organizaciones” a pesar de que “podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. Nada más conocerse la noticia, el banco emitió un comunicado negando “cualquier tipo de colaboración o participación” en los hechos descritos.

Pero la entidad financiera es consciente de que la investigación puede pasarle factura. Caixabank alertó por primera vez el pasado mes de julio del riesgo reputacional que la causa podía suponer para la compañía. En un folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el banco explicaba que el procedimiento judicial se encontraba “en fase de instrucción” y que tanto la firma como sus asesores legales no consideraban “como probable el riesgo vinculado a este procedimiento penal”. “[El] potencial impacto que pudiera surgir, en su caso, derivado de los hechos descritos no tiene a fecha de hoy la consideración de material, aunque Caixabank está expuesta a riesgo reputacional por la tramitación de este procedimiento”, añadía la entidad financiera en el folleto informativo.

La repetición de las elecciones ha obligado al Gobierno a aprobar una modificación presupuestaria para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral por el 10N, con un coste que se acerca a los 136 millones de euros, cifra similar a la de las generales de abril, informa Europa Press.

Serán así 520 los millones gastados desde diciembre de 2015 hasta ahora en las cuatro elecciones generales celebradas, tres de ellas, anticipadas: unos 130 millones los comicios de 2015 y otros tantos los de 2016, y casi 135 y 136 millones, respectivamente, los de este año.

Pero el coste electoral total de 2019 va más allá de las generales porque incluye también las municipales, autonómicas y europeas del pasado mes de mayo. Entre los tres procesos suman 470 millones de euros, según admitió el propio Gobierno en el Plan Presupuestario 2020 que envió a Bruselas, en el que añadía que esto ha provocado un aumento del gasto corriente de las administraciones públicas hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Cambios en el presupuesto

Para pagar las elecciones de abril, el Consejo de Ministros tuvo que aprobar el 1 de marzo una ampliación de crédito por 134,84 millones de euros. Para estas de noviembre, se ha aprobado una modificación presupuestaria por 136 millones sin necesidad de autorización por el Consejo de Ministros. Eso significa que el coste de la triple convocatoria electoral de mayo fue de otros 190 millones, hasta llegar a esos 470 recogidos por el Gobierno en las cuentas que envió a Bruselas.

Sea por un procedimiento o por otro, el Ejecutivo tiene que hacer frente a un gasto imprevisto y millonario para que el Ministerio del Interior organice unas nuevas elecciones. Con ello se paga desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda, hasta la impresión de papeletas o sobres y el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para que afronten los comicios, que no se incluyen en este presupuesto.

Contratación de emergencia

El Ministerio del Interior ha adjudicado los contratos para pagar toda la maquinaria electoral por el procedimiento de emergencia, amparado por la Ley Electoral en el caso de que se repitan los comicios. Además, todos ellos han sido ofrecidos a las empresas que resultaron adjudicatarias de los mismos en las generales de abril, salvo en los contratos menores y en aquellos casos en que las empresas han rechazado la invitación por no poder llevarlos adelante.

Así es como se han encargado de nuevo sobres, manuales de miembros de mesa, kits de material de oficina, campañas institucionales, kits de voto accesible (voto braille), el contrato asistencias técnicas, el arrendamiento y acondicionamiento de espacios (alquiler de IFEMA para el centro de prensa desde donde se sigue el escrutinio) y el contrato de difusión del escrutinio provisional (adjudicado a Indra).

Solo el trabajo de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.

Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.

Indra difundirá de nuevo el escrutinio

También es importante el coste de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encargará de nuevo Indra. La empresa ya ganó el concurso convocado para los comicios de abril y esta vez ha recibido el encargo mediante el procedimiento de emergencia. Entonces realizó el trabajo por 7,4 millones y esta vez, por 7,2, un 3% menos porque se reduce el tiempo de ejecución del servicio, según explica el Ministerio del Interior. Indra se encargará de distribuir la información del recuento, pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.

El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).

También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).

La Consejería de Asuntos Sociales de Madrid adjudicó a dedo en julio de 2009 por 68.900 y 67.280 euros sendos contratos relacionados con la Ley de Dependencia a la tecnológica Indra Sistemas SA y a Equipo Económico SL, la consultora que había fundado tres años antes Cristóbal Montoro. Oficialmente, o al menos así lo sostiene la única respuesta facilitada a este periódico por el Ejecutivo madrileño, ninguno de los dos contratos llegó a materializarse porque hubo "orden" de no formalizarlos. Quién, cuándo y bajo qué argumento de interés general impartió aquella directriz es un misterio. El Ejecutivo se niega a desvelarlo.

infoLibre dispone de los anuncios oficiales que recogen esas dos adjudicaciones, fechadas el 1 de julio de 2009 (la de Equipo Económico) y el día 20 de ese mes (la de Indra) y otorgadas mediante procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, a dedo.

Una década después, los dos anuncios de adjudicación permanecían este viernes localizables en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid sin que ningún documento indique que ninguna de las dos llegó a hacerse realidad. Ambas aparecen como "adjudicaciones provisionales" al igual que ocurre con otras alojadas en la misma web y de las que, en principio, ningún elemento permite pensar que no se llevaron a efecto. Un antiguo alto cargo consultado por este periódico remarcó que si los contratos no llegaron a formalizarse debería quedar rastro documental sobre el desistimiento de la Administración y su porqué en la web del perfil del contratante.

Buena parte de los contratos de la Comunidad de Madrid con el gigante tecnológico Indra están siendo investigados en la pieza del caso PúnicaPúnica sobre financiación del PP. 

El contrato con Indra que, según el Gobierno regional, no se formalizó tenía un objeto idéntico al que esa misma empresa había obtenido varios meses antes –21 de noviembre de 2008– también mediante procedimiento negociado sin publicidad.  El enunciado de los dos contratos es este: "Gestión de agendas y zonificación de expedientes para la realización de valoraciones a los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid". El primero de los dos sí se ejecutó, sostiene la Consejería de Políticas Sociales. Es el segundo el que por razones desconocidas para este medio fue abortado según la versión oficial, versión que no ha podido ser verificada.

También en el caso de esta primera adjudicación a Indra todo lo que consta en el perfil del contratante es una adjudicación provisional: 36.500 euros que quedaron reducidos a "21.088,89 (IVA incluido)" porque la fecha prevista para el inicio de contrato pasó a ser el 5 de diciembre de 2008.

En la segunda adjudicación a la tecnológica, otorgada el 20 de julio de 2009, se señalaba un plazo de ejecución de dos meses –el de la primera no figura en los documentos disponibles–, pero el importe se triplicó y pasó a ser de 68.900 euros. Una de las incógnitas es la de por qué la Comunidad no convocó un concurso si planeaba mantener el servicio de elaboración informática de agendas para valorar a los ciudadanos con derecho a prestaciones por la Ley de Dependencia.

En cuanto a la adjudicación a Equipo Económico SL, el enunciado del contrato es, para empezar, erróneo. Ese enunciado señala que se trata de un contrato titulado así: "Servicio integrado de información telefónica y presencial de la Comunidad de Madrid sobre la atención a las personas en situación de dependencia".

Pero el apartado de "Descripción del objeto" presenta el encargo como algo radicalmente distinto. Y lo presenta de una forma tan enrevesada que resulta difícil comprender para qué exactamente acudió la Consejería de Asuntos Sociales a la consultora vinculada al apellido Montoro. Esto es lo que dice el texto: "Descripción del objeto: El servicio consiste en la elaboración de los estudios que desde la Dirección General de Coordinación de la Dependencia sean objeto de encargo con motivo del la aplicación práctica de la normativa que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid y apoyo en la elaboración de normativa de desarrollo y sobre cuestiones puntuales en materia de dependencia. A partir de los diferentes estudios y consultas que se realicen, se pretende conseguir un marco normativo que mejore la gestión del proceso para acceder a los servicios, recursos y prestaciones para la promoción de la autonomía personal y la atención de la dependencia en la Comunidad de Madrid".

¿Estaba la consejería encomendando a Equipo Económico SL la elaboración de normas que desarrollaran la ya existente en materia de dependencia? Eso parece, pero este periódico ni siquiera ha podido confirmar tal extremo. Como publicó el diario ABC, la consultora fue constituida en junio de 2006 con Cristóbal Montoro, entonces exministro de Hacienda de Aznar, como accionista principal. En 2008, una vez regresó a la primera línea política, se desligó del accionariado, al que se incorporó su hermano Ricardo. Tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, volvió a ostentar la cartera de Hacienda.

Fue el viernes 18 cuando este periódico contactó con los portavoces de la consejería que ahora dirige Alberto Reyero, de Ciudadanos, y que en 2009 tenía a su frente a Engracia Hidalgo, hoy concejal de Hacienda de Madrid y que había llegado a Asuntos Sociales desde la Consejería de Hacienda y la presidencia de la agencia de informática de Madrid, ICM.

Tras varios días de espera, los portavoces de Políticas Sociales se negaron a responder a las preguntas planteadas. Aseguran seguir instrucciones de los servicios jurídicos. No solo el acceso a los expedientes sino el simple hecho de obtener respuesta a las preguntas ordinarias sobre el asunto planteadas por este periódico queda supeditado, fueron sus palabras, a la presentación de una solicitud escrita al amparo de la Ley de Transparencia. El viernes 25 de octubre por la tarde, y ante la ausencia total de explicaciones, infoLibre pidió a un portavoz de Hidalgo que le mostrase los anuncios de adjudicación y le preguntase qué pudo haber pasado. No hubo respuesta.

La Consejería de Políticas Sociales había asegurado el pasado lunes a este periódico que ni la adjudicación a Equipo Económico SL en el expediente 83/2009 ni la otorgada a Indra Sistemas SA en el expediente 78/2009, ambos tramitados como procedimientos negociados sin publicidad, se habían formalizado y que los contratos, por tanto, no llegaron a existir. Respecto del tercer expediente por el que preguntó infoLibre, el 132/2008, adjudicado a Indra mediante negociado sin publicidad, los mismos portavoces respondieron que sí se había llevado a efecto.

Respecto de los expedientes 83/2009 y 78/2009, los portavoces se limitaron a decir entonces que había habido "una orden" para que ninguna de las dos adjudicaciones se llevara a efecto.

Tras obtener la respuesta indicada, este periódico preguntó quién, cuándo y qué razón de interés general adujo para ordenar el desistimiento. Y, de forma adicional, solicitó acceder al contenido de ambos expedientes.

El miércoles, cinco días después de la primera solicitud de información, la Consejería denegó tanto la respuesta a las preguntas formuladas a través de su gabinete de comunicación como la entrega o el visionado de cualquier documento de los expedientes administrativos.

En ambos casos, tanto para obtener respuesta a las preguntas formuladas por este medio de comunicación como para acceder a los expedientes, los portavoces del consejero Alberto Reyero indicaron que infoLibre debe hacer una solicitud en aplicación de la Ley de Transparencia. Los portavoces remarcaron que la decisión de no responder no había sido adoptada por la Consejería sino que era consecuencia de lo indicado por los servicios jurídicos de la Comunidad.