Este es el primer barómetro (estudio de campo entre el 2 y el 6 de febrero) que recoge los efectos del terrible accidente ferroviario en Adamuz (18 de enero) y de la regularización de personas migrantes del Gobierno (decreto aprobado el 27 de enero). También durante ese periodo el Ejecutivo anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. No entran los resultados de las elecciones de Aragón celebradas el 8 de febrero, que consolidan la subida de Vox, que dobla sus resultados, igual que en Extremadura. 

Como sucedió con la dana valenciana, es Vox quien rentabiliza la situación de inestabilidad. Si en aquella ocasión (noviembre del año 2024) pegó un primer estirón hasta el 14%, ahora alcanza la cifra del 20%, tal y como podemos observar en la siguiente estimación basada en el análisis independiente de las tablas del barómetro del CIS de febrero publicado este lunes. 

En realidad, la estimación se mueve poco respecto al pasado mes, lo que quiere decir varias cosas: 

El PP sacrifica barones en aras de que Feijóo sea presidente. Pero su estrategia de desplazamiento hacia posiciones más radicales no está teniendo buenos resultados. La contratación del activista Vito Quiles en el cierre de campaña aragonesa, o el reciente acuerdo con la formación verde para prohibir el burka son los últimos ejemplos, pero parece hacerlo todo a regañadientes, forzado, y no sirve para atraer el voto de los jóvenes y del segmento intermedio (hasta 44 años), que siguen apoyando masivamente a Vox, que es la primera fuerza política destacada en estos segmentos, muy por encima del PP. 

El problema de Feijóo es que ya no es creíble ni a un lado ni al otro. La preferencia por Abascal como presidente se dispara hasta un 18% entre los más jóvenes, muy cerca de la preferencia por Sánchez, y duplicando la que tiene el líder de los populares. Igual en el segmento de 25 a 34 años, donde Feijóo cae a los infiernos (4% de preferencia como presidente frente a un 14% de Abascal) o, incluso, en el segmento de 35 a 44 años (6,2% del gallego, 12,9% Abascal) dentro de un clima marcado por la desafección y la antipolítica. 

Con estos números, el PP tampoco tiene asegurada la primera plaza, más estando el PSOE a menos de medio punto, casi en empate técnico.

El factor que ha determinado los resultados de las últimas elecciones autonómicas (Extremadura y Aragón) ha sido el descontento. Una mezcla pura entre desafección política y la crisis económica que no para. 

La crítica al Gobierno, al conjunto de los partidos políticos y al mal comportamiento de los políticos los sitúa, sumados, como el primer problema de los españoles, empatando con la vivienda, que sigue escalando posiciones y ya está en el 23% de primeras menciones, o sea que casi uno de cada cuatro españoles la menciona como primer problema del país. 

Mientras la izquierda siga hablando de macroeconomía, de la venta de vehículos eléctricos, etc., será alimento para Vox, que este mes es la primera fuerza con diferencia en la clase baja, con un 21% de intención de voto. 

Con estos mimbres, es previsible que la mayoría de los ciudadanos (que en los menores de 45 años llega a un intervalo entre un 60% y un 70%) tenga poca o ninguna confianza en que la Constitución del 78 pueda ayudar a resolver los problemas que hoy sufren. Las demandas de reforma, muy mayoritarias, se centran en los derechos sociales, económicos y laborales, es decir una constitución que blinde sus derechos, que no ven ahora protegidos, básicamente la vivienda y la precariedad laboral que son dos de los principales problemas del país. Por eso acaba de actuar el Gobierno en ambos flancos con la subida del SMI y su plan de vivienda (España crece), aunque este último parece más bien una gota de agua en un pozo sin fondo. 

Pedro Sánchez trata de ocupar el centro, siguiendo el camino de José Seguro en Portugal, aunque sea dando bandazos: aprobando la regulación de inmigrantes y acto seguido dando luz verde a la ley para la expulsión de multirreincidentes con el apoyo de Junts, PP, Vox y PNV y con el 'no' de todos los grupos de izquierda, salvo Esquerra. 

El PSOE contiene sus fugas, aunque ya manda tantos votantes a Vox como al PP, en conjunto un nada despreciable 7% a la derecha. El trasvase a su izquierda es más contenido, de apenas un 5%, mientras sigue recogiendo votos de Sumar, un 18%. 

Es la marca la que tira, la de la rosa y el puño. El PSOE conserva un “suelo” competitivo suficiente para disputar la primera plaza, está muy cerca del PP. La primera de las condiciones para formar Gobierno de Sánchez. Si las otras no se dan no será culpa suya. 

En definitiva, continúa la batalla electoral. Terminará el calvario en junio de este año para el PP y en el verano de 2027 para el PSOE (resurrección o martirio). Cada vez queda más claro que no habrá adelanto electoral, por mucho que le pese a García Page. 

Mientras, la izquierda del PSOE se rehace en una semana decisiva: 

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Francisco Sande es responsable de investigación social en Logoslab.

Con sus cara a cara, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están trasladando hacia el Senado —también conocido como la Cámara Alta— un foco político y mediático que nunca ha tenido, siempre eclipsado por el Congreso. Lo cierto es que, a lo largo de los años, ha servido más de refugio de expresidentes o dirigentes apartados de la primera línea política que de Cámara de representación territorial.

Teóricamente su misión es ejercer la potestad legislativa del Estado, dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y controlar la acción del Ejecutivo. Pero en estas funciones tiene más amplias competencias la Cámara Baja y es por eso por lo que se habla de "bicameralismo imperfecto". 

Tras la llegada de Feijóo al Senado —a través de la designación autonómica de Galicia—, el presidente del Gobierno ha aprovechado para medirse con el líder de la oposición tratando de demostrar que el gallego carece de propuestas y, por tanto, de una alternativa sólida. En su último encuentro, celebrado este martes, el expresidente de la Xunta mostró su lado más duro, alejado de la imagen de centro que lleva vendiendo desde hace años.

Un duelo que no termina de convencer al socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos. A juicio de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, el Senado “tiene un olor a bipartidismo viejo”, ya que su formación no tiene representación en la Cámara. Un caso similar al de tercera fuerza del Congreso, Vox, que únicamente tiene tres senadores, por lo que carece de grupo parlamentario propio y está integrado en el grupo mixto.

El caso del Senado, donde el bipartidismo tiene  217 senadores de un total de 265 contrasta con el del Congreso, donde PP y  PSOE cuentan con 209 escaños de 350. Los datos confirman que el final del bipartidismo, que llegó tras las elecciones de diciembre de 2015, se ha consolidado en nuestro país. La suma de votos del PP y del PSOE, que antes se movía con soltura entre el 70 y el 80%, no supera el 56% desde 2016. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que los dos partidos del turnismo español tras la restauración democrática se sitúan en el 60% y apenas se benefician de la caída de sus competidores.

A juicio de José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, "es muy difícil volver a los tiempos de las mayorías absolutas en el medio plazo", explica en conversación con infoLibre. "Durante muchos años España ha sido la anomalía respecto al resto de Europa, que ya contaba con gobiernos de coalición. Aquí los partidos tradicionales han aguantado más por el tipo de electorado, por la interna de los partidos y el sistema electoral, que impide que PP y PSOE se hundan”, analiza. Con todo, el politólogo cree que "va a ser difícil una vuelta" al pasado, aunque haya un retroceso de Vox y de Unidas Podemos.

El barómetro de octubre constata un descenso acusado de la extrema derecha, que obtendría 8,8% de los votos, lejos del 15,1% con el que se alzaron en los comicios de noviembre de 2019. La formación que dirige Santiago Abascal llegó a obtener un 16,6% en mayo, pero desde entonces ha caído en estimación de voto hasta situarse, por primera vez, por debajo de la barrera del 10%. Por su parte, Unidas Podemos se consolidaría en la tercera plaza con el 12,7% de los votos, casi tres décimas menos que lo que Pablo Iglesias consiguió en noviembre de 2019.

Sin embargo, la formación morada sigue lejos de su resultado histórico, logrado en las elecciones de 2016, con más de cinco millones de votos, un 21,1% del total. Ferrándiz asegura que los morados "tienen un suelo electoral" fijado en el 10% pero cree que también tienen una "capacidad de crecimiento limitada" respecto al PSOE. "El PSOE no tiene unos datos espectaculares, pero sí que son muy estables. Con Sánchez no ha habido grandes cambios ni en la intención de voto, ni en su credibilidad, no es un Sánchez en caída libre, lo que dificulta que puedan atraer votantes del PSOE".

En el PSOE son conscientes de que necesitan que su izquierda esté fuerte y tire en las urnas, porque llegan a un electorado que nunca votará a los socialistas. De hecho, Sánchez trata de cuidar su relación con Yolanda Díaz, le da protagonismo —como sucedió recientemente en el Senado o cuando la defendió frente a las duras críticas de Gabriel Rufián— y le deja su espacio para que llegue a ese electorado. El presidente del Ejecutivo confía en el empuje de Sumar, el proyecto de la vicepresidenta segunda, para situarse como la tercera fuerza en liza.

Fuentes de la Moncloa recuerdan que el presidente Pedro Sánchez ya asumió con “pragmatismo” esta realidad después de que la repetición de las elecciones en noviembre de 2019 disipase el sueño de una mayoría holgada. El líder del PSOE, aseguran, es quien mejor ha interiorizado que la nueva política va a exigir a corto y a medio plazo gobiernos de coalición y complejas negociaciones para llegar a acuerdos.

Ferrándiz cree que, precisamente, la estrategia de Sánchez en el Senado no es forzar una "vuelta al bipartidismo", sino "asentar la idea de que Feijóo no es un hombre moderado ni un tecnócrata y que carece de alternativa a nivel económico". "Esa es su principal motivación, aunque es cierto que esto puede invisibilizar a formaciones como Podemos y Vox", reflexiona el politólogo.

Por su parte, el líder del PP ignora por completo a Vox cuando comparece en público. En Génova desean tener las mejores relaciones posibles con la extrema derecha y se esfuerzan en mantener despejados todos los puentes, pero huyen de la estrategia de Vox de tratar de hacer ver que existe coordinación entre las dos organizaciones. Feijóo quiere gobernar solo y por mucho que Abascal insista en anticipar acuerdos de coalición, el líder del PP no se moverá hasta el día de las elecciones como ocurrió en Castilla y León.

Tal y como desgrana el director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, tras la llegada de Feijóo a la presidencia del PP "un 25% del votante de Vox en 2019 ahora votaría al PP". "En la derecha lo que más impera es el pragmatismo, y si esos votantes creen que Feijóo puede derrotar a Sánchez, al contrario de lo que pensaban con Pablo Casado, votarán por él", analiza. Aun así, Ferrándiz cree que el PP "corre el riesgo de alejarse de la mayoría absoluta" si "degrada en exceso" a la extrema derecha". La mayoría de derechas solo la facilitará un Vox medianamente fuerte", opina.

En la Unión Europea el peso de los dos grandes partidos tradicionales —los socialdemócratas y los populares— es también cada vez menor. Crecen, a su costa, liberales, verdes, formaciones de izquierda, ultraconservadores y ultraderechistas. En Estrasburgo se sientan ahora mismo siete grupos políticos sin contar el cajón de sastre de los no inscritos. La suma de los dos grandes grupos tradicionales (325 escaños) no alcanza para reunir mayoría absoluta 353), así que hace falta, como mínimo, el concurso de una tercera formación. De hecho, para nombrar una nueva Comisión se vieron obligados, por primera vez desde la fundación de la UE, a contar con los liberales.

Al margen de Bruselas, el declive del bipartidismo en los gobiernos nacionales tampoco es un fenómeno exclusivamente español. Los socialdemócratas alemanes ganaron las últimas elecciones con un 28% de los votos y no han tenido más remedio que llegar a acuerdos con Los Verdes y los liberales. En Italia la reciente victoria de la ultraderechista Giorgia Meloni ha dejado a la Forza Italia de Berlusconi —equivalente al PP español— en sus mínimos históricos. La socialdemócrata Magdalena Andersson obtuvo un 30,4% de los votos en las elecciones, insuficiente ante el crecimiento de la derecha. La danesa Mette Frederiksen, también socialdemócrata, ganó las elecciones con apenas el 25,9% de los sufragios y acaba de convocar elecciones anticipadas con el fin de evitar una moción de censura. Y el PP suizo también ganó con el 25,59% de los votos. Comparte el Consejo Federal del país —el Gobierno— con el Partido Socialista, los liberales y el Partido de Centro.

La norma en casi toda Europa es que prácticamente nadie ha conseguido ganar las elecciones con más del 30% de los votos. Y las excepciones se salen del bipartidismo tradicional: los ultras húngaros de Fidesz, aliados de Vox y principales valedores de Vladímir Putin en Europa, ganaron las elecciones por un abrumador 54,1%. La última vez que los polacos votaron, en el año 2019, dieron el 41% de los sufragios al PiS, también aliado de Vox en la Unión Europea.

La propuesta que el PP de Alberto Núñez Feijóo está trasladando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE para que los dos partidos se pongan de acuerdo y se comprometan a superar la fragmentación política y la debilidad del bipartidismo ofreciéndose mutuamente a facilitar la investidura del líder de la candidatura más votada en las elecciones esconde dificultades prácticas y hasta jurídicas que dificultan que llegue nunca a hacerse realidad. 

En el PP lo saben. Pero la defienden porque se apoya en una afirmación tan aparentemente de sentido común como falsa: el supuesto derecho del partido más votado a hacerse con el Gobierno. Una tesis propia de modelos electorales mayoritarios como el de Estados Unidos o el presidencial francés en el que quien obtiene un voto más que el resto se lo lleva todo y el presidente se elige directamente por los ciudadanos. 

Pero ese no es el modelo que rige en España desde la transición. Aquí los ciudadanos votan de manera proporcional a los diputados del Congreso y son estos quienes después deben ponerse de acuerdo para elegir al presidente del Gobierno. No es un modelo original. Se lo compramos a varios países, entre ellos y sobre todo a Alemania.

Feijóo es consciente de ello, pero le da igual. Sostiene que lo que quiere es que gobierne en España quien gana las elecciones, dando a entender que las gana el que obtiene más votos de los ciudadanos y no más apoyo en el Congreso, que es lo que establece la Constitución. “En democracia”, dice, hay que diferenciar entre “el que gana y el que pierde”. Aunque él mismo no lo haya practicado, como cuando avaló los pactos que en 2018 y 2019 dieron al PP los gobiernos de Madrid, Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia a pesar de que el partido más votado en aquellas elecciones había sido el PSOE.

Cambiar de modelo en España no es posible, al menos en las elecciones generales y autonómicas, sin reformar la Constitución. El artículo 68 dice claramente que el sistema de elección del Congreso tiene que ser proporcional y el 152 establece el mismo criterio para las asambleas autonómicas. Y, por si hubiera alguna duda, no sólo no dice que el presidente del Gobierno deba ser el cabeza de la lista más votada sino que señala claramente que obtendrá esa condición el candidato que obtuviese mayoría absoluta en la votación de investidura del Congreso o que, en segunda votación, lograse más votos a favor que en contra.

La propuesta de Feijóo implica, en opinión de Ignacio Durbán, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Internacional de València, “desatender el diseño constitucional y legal de designación de gobiernos en los distintos niveles”. Una reforma de esta envergadura, asegura, “no debería realizarse mediante un pacto de partidos elevado a escritura pública ante notario”. 

A su juicio, “resulta llamativo que el PP resucite cíclicamente esta iniciativa, interpretando a su conveniencia el sentido del mandato popular y hablando de pactos entre perdedores” mientras “gobierna en varios lugares sin ser la lista más votada”.

En el ámbito nacional, la propuesta plantea además, asegura, “problemas de constitucionalidad evidentes. El principal es que implica una quiebra del sistema parlamentario de gobierno”. En nuestro sistema parlamentario, tal y como dispone el artículo 99 de la Constitución, gobierna quien obtiene la confianza mediante una votación directa de investidura en el Congreso de los Diputados. Es, pues, a la Cámara Baja –que, además, ha sido elegida de acuerdo con criterios de representación proporcional– “a quien corresponde decidir” quién gobierna. “Los ciudadanos elegimos diputados, no presidente del Gobierno. La elección de los diputados y la elección del presidente obedecen a dos momentos y a dos mecánicas distintas; tanto es así que ni siquiera es necesario que el presidente del gobierno sea diputado”. 

Y en el plano autonómico, tres cuartos de lo mismo, advierte el profesor de València. “El artículo 152.1 de la Constitución también consagra el sistema parlamentario de gobierno en el ámbito de las comunidades autónomas, aunque con alguna diferencia, como que la presidencia, en este caso, sí debe recaer sobre un miembro de la asamblea”.

Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la UNED y doctor en Ciencia Política por la Autónoma de Madrid, en cambio, considera “perfectamente legítimo” que PP y PSOE pacten lo que Feijóo propone. “Forma parte de la autonomía de cada partido”. “No hay ningún problema en que, en un sistema parlamentario, dos partidos que además son los más importantes desde hace muchos años y que aún lo son alcancen un acuerdo de esas características”.

“Se está planteando un acuerdo de naturaleza política en el que no se haga ninguna reforma constitucional o legal” y simplemente ambos partidos “se pongan de acuerdo y asuman el compromiso de que, en caso de que no haya una mayoría clara, el otro partido favorecerá que gobierne quien haya tenido más votos o más escaños”. 

En el sentido que señala Fernández, se respetaría el mecanismo fijado en la Constitución porque la investidura nacería de un acuerdo que haría posible la elección del presidente por mayoría absoluta o, en segunda votación, con más votos a favor que en contra. No estaríamos ante “una contradicción con el modelo español” porque sería “investido quien fuese capaz de articular una mayoría parlamentaria”. 

Lo cual no resta legitimidad, precisa, contradiciendo así a Feijóo, a la posibilidad de que del Congreso salga un acuerdo en el que el presidente acabe siendo el líder de un partido que no sea el más votado. “Puede gobernar alguien que no es el partido más votado pero que sí es capaz de articular una mayoría con otros grupos”. Es una “fórmula que se adopta en otros países”.

En cambio, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, no está “muy seguro” de que la propuesta de Feijóo “responda al sistema político parlamentario” español, que “consiste en elegir un Gobierno salido del Parlamento, no salido directamente de las urnas”. “No contradice la letra de la Constitución” pero tampoco “responde al espíritu del sistema parlamentario” de nuestro país.

Sobre lo que no hay dudas es acerca de la escasa utilidad que puede tener la idea del líder del PP, porque una cosa es investir un presidente sin tener mayoría en el Congreso y otra muy distinta gobernar con el Parlamento en contra. Un problema que el PP quiere resolver proponiendo una reforma que prime en escaños al partido más votado, tal y como hace Grecia o intentaron en Italia, en distintas fases, Silvio Berlusconi y Matteo Renzi hasta que su Tribunal Constitucional anuló la medida.

El número tres del PP, Elías Bendodo, apostó esta misma semana por “parecernos a otras democracias europeas que hablan de mayorías reforzadas para garantizar que el que gana gobierne”. Se puede hacer “de forma progresiva”, defendió, empezando “a avanzar en algunos procesos y después en otros. Podemos empezar en municipales y autonómicas”, sugirió, para extenderlo después a las generales. “Es un paso que debe dar nuestro país más pronto que tarde”. Para garantizar la gobernabilidad, proclamó, hacen falta “fórmulas de mayoría reforzada, sin ninguna duda”.

Bendodo se refiere a soluciones como la que rige en Grecia. La Constitución helena otorgaba 50 escaños más a la lista más votada para reforzar su mayoría, pero en enero de 2020 una reforma retocó el sistema, de manera que el partido con más votos en las elecciones obtenga un bono de escaños adicionales que aumentarán dependiendo de su porcentaje, siempre que haya recibido al menos el 25% de los votos. 

La nueva norma constitucional griega otorga una bonificación de 20 escaños adicionales al primer partido y divide los 280 escaños restantes proporcionalmente entre todas las formaciones. Ese bono aumentará en un escaño por cada 0,5% de los votos que el partido más votado obtenga por encima de 25, para alcanzar un máximo de 50 escaños para los partidos que obtengan el 40% o más de los votos en todo el país.

Paradójicamente, este cambio no será de aplicación en las próximas elecciones, en las que no habrá prima para el más votado. En Grecia es la izquierda, liderada por Syriza, la que está en contra de la prima al más votado y la derecha, el equivalente del PP español —ahora en el gobierno—, con ayuda de la extrema derecha, quien ha conseguido mantener el sistema de bonificación.

En España esto no es posible sin cambiar la Constitución porque, como recuerda Fernández Esquer, al apostar por un modelo proporcional la Carta Magna “ya está excluyendo que pueda haber algún tipo de premio de mayoría al partido más votado ya sea a nivel nacional o en cada provincia”. “Jurídicamente eso no se puede hacer sin reformar la Constitución” ni en las elecciones al Congreso ni en las que se convocan para renovar las asambleas autonómicas.

Una propuesta de prima de 50 escaños a la lista más votada para asegurar la gobernabilidad, sentencia Ignacio Durbán, plantearía “problemas de constitucionalidad añadidos, tanto desde el punto de vista de la proporcionalidad, como desde el punto de vista de la igualdad del voto”.

“No se puede hacer una cosa así” con una mera reforma legal, concuerda Fernández Esquer. “Habría que reformar la Constitución”, aunque él no es partidario de ese modelo. “A mí no me parece muy recomendable porque estos premios de mayoría es verdad que garantizan la gobernabilidad pero son una forma un poco burda de conseguir la mayoría absoluta y dejan en un papel muy secundario a partidos de la oposición que a lo mejor tienen un nivel de apoyo muy relevante”.

Ruiz Robledo es de los que cree que resolver las investiduras por el sistema que propone Feijóo no soluciona gran cosa porque el presidente seguiría sin tener el respaldo del Congreso. Para entenderlo propone imaginar en qué situación estaríamos si Sánchez hubiese sido investido con sus votos (120), a qué dificultades tendría que hacer frente para sacar delante sus iniciativas en el Parlamento. 

Esa idea, concede, podría haber tenido sentido en 1993 o en 1996, cuando tanto PSOE como PP se quedaron a 15 o 20 escaños de la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con la Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol. En esa situación, opina, tanto el PP primero como el PSOE después podían haber “enviado de vacaciones” a 15 o 20 de sus diputados para garantizar la gobernabilidad sin que Felipe González y José María Aznar después tuviesen que estar pendientes de llegar a acuerdos con los nacionalistas. 

Ahora, en cambio, con ambos partidos tan lejos de la mayoría absoluta, no lo considera posible. Y tampoco se cree la sinceridad de la oferta de Feijóo, “por más que la pacten por escrito”. “Si en las elecciones el PSOE saca 130, el PP 129 y Vox 50, ¿no va a pactar el PP con Vox? ¿O el PSOE con Unidas Podemos si fuese a la inversa?”. Eso es además “lo constitucional”, subraya. 

Llegar a acuerdos en el Congreso es "la esencia” del modelo español, “precisamente lo que se buscaba con la Constitución”. Por eso, “cuando hay moción de censura se exige mayoría absoluta”. La razón, explica, hay que buscarla en el recuerdo de gobiernos “muy débiles” de la República, por eso “se intenta conseguir que el Gobierno sea relativamente fuerte”. 

Y es un sistema, recuerda, que aunque “ha medio funcionado tenía un pequeña falla: en cuanto los grandes partidos han bajado del 30% ya no se acercan” a la mayoría absoluta. Pero es un problema de las formaciones políticas, advierte, no del sistema: “Si el electorado nos hemos cansado, que [los partidos] hubieran tenido más cuidado”.

Es verdad que España tiene un problema de gobernabilidad, reconoce Fernández Esquer, consecuencia del cambio en el sistema de partidos que comenzó en 2015. “Ha demostrado que ha sido más difícil llegar a acuerdos, se han producido repeticiones electorales por primera vez en la historia de nuestra democracia”, ha prosperado una moción de censura y ha habido problemas para aprobar presupuestos. 

“Hay muchas evidencias que demuestran los problemas de gobernabilidad que tenemos desde 2015, aunque hay que reconocer también que este último Gobierno”, añade en referencia al de Pedro Sánchez, “que es el primero de coalición de la democracia reciente en España, lleva ya más de dos años gobernando y ha roto esa dinámica de inestabilidad que venimos viendo”. 

Ignacio Durbán recuerda que en el ámbito nacional son diversas las propuestas de reforma del art. 99 de la Constitución que se han puesto sobre la mesa, no sólo en el ámbito académico, sino también en la arena política. Además de “revisar y clarificar los plazos que afectan al proceso de investidura” y “reforzar el papel del presidente del Congreso en todo el procedimiento redimensionando, correlativamente, el del rey”, se debate sobre la implementación de “mecanismos subsidiarios”. 

En este sentido, las propuestas más frecuentes están inspiradas en algunos modelos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, donde, en caso de fracasar el procedimiento ordinario de investidura, “queda automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños”. O también se han hecho propuestas que apuntan en el sentido de las regulaciones del País Vasco o Asturias, donde —en virtud de mecanismos diferentes—, “si no prospera la investidura en primera instancia, se impide votar en contra después, evitando así bloqueos”.

Sin primas de refuerzo ni cambios en los mecanismos de investidura, Ruiz Robledo tiene la solución para garantizar que no se repitan elecciones: reformar la Ley Electoral de manera que si hay una legislatura fallida “los líderes no se pueden presentar. Y se acaba la historia”. Con esa norma, asegura convencido, no se habrían repetido las elecciones en 2016 y 2019. Y es que más que un problema de modelo es de “cultura política”, subraya. En Alemania, con un sistema muy parecido y sin mayorías absolutas, los partidos siempre se han puesto de acuerdo para gobernar y nunca se han repetido las elecciones.

Hubo un tiempo en el que PP y PSOE se repartían hasta el 84% de los votos que los españoles depositaban en las urnas. Fue así durante algo más de 20 años pero no ha vuelto a pasar desde que en 2015 irrumpieron por primera vez en el Congreso de los Diputados Podemos y Ciudadanos.

Ahora la situación apenas ha cambiado. Las últimas encuestas fiables sitúan la suma de la intención de voto combinada de PSOE y PP en el 48,6%, unas décimas por debajo de las cifras agregadas que ambas formaciones alcanzaron en las elecciones de diciembre de 2019. La última vez que alguno de los dos partidos rebasó el porcentaje del 30% de los votos fue hace seis años (lo consiguió el PP con un 33%) y desde entonces el partido más votado en España ha sido el PSOE con un 28,6% en abril de 2019 y un 28,2% la última vez que los españoles acudieron a las urnas.

La debilidad del bipartidismo, por tanto, de acuerdo con las cifras de las últimas convocatorias electorales y de las encuestas, no se ha reducido a pesar del retroceso de Unidas Podemos y el hundimiento de Ciudadanos. La formación que dirige la ministra Ione Belarra ha pasado del 21,1% de las elecciones de 2016, su mejor registro hasta la fecha, al 12,9% de diciembre de 2019 y se mueve en las encuestas de intención de voto en un inestable porcentaje entre el 11 y el 12% a la espera del efecto que pueda tener sobre sus expectativas la candidatura anunciada y aún no concretada de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Ciudadanos, por su parte, que en abril de 2019 alcanzó su cénit con un 15,8% de los sufragios y se hundió al 6,8% ocho meses después, agoniza con cifras en torno al 3,5%.

Si algo revelan las encuestas es que ni el PSOE ni el PP están siendo capaces de recuperar empuje. No ya para acercarse a los porcentajes de intención de voto que abren la puerta a las mayorías absolutas (por encima del 40%) o permiten gobernar con holgadas mayorías minoritarias, si no ni siquiera para superar el 30% de los sufragios.

El PSOE, con un 25% de intención de voto en los sondeos, no ha logrado atraer el apoyo de los votantes que en su momento se refugiaron en Unidas Podemos (casi un 13% en 2019), pero tampoco el de aquellos ciudadanos que encontraron acomodo en formaciones de izquierda de ámbito territorial, sean independentistas, nacionalistas, regionalistas o provincialistas y que en las últimas elecciones llevaron al Congreso la representación de un 10% de los españoles que acudieron a las urnas.

Y el PP, aunque parece haber absorbido una parte de los votantes que en las últimas elecciones habían elegido la papeleta de Ciudadanos (6,8%), sigue estancado en porcentajes de intención de voto de en torno al 22% que en su mejor momento, hace ahora casi un año, apenas alcanzaron el 26%.

Si el problema de los socialistas es la dificultad de disputar terreno electoral a Unidas Podemos y a las formaciones de izquierda territorial, desde Más País a Compromís, pasando por Bildu, Esquerra o el BNG, el del PP se llama Vox. La fortaleza de la ultraderecha, que en diciembre de 2019 superó el 15% de los votos, es evidente en las encuestas: se han estabilizado por encima del 17% y desde marzo, coincidiendo con el traumático relevo al frente del PP, rozan el porcentaje del 20%.

Es en este contexto en el que el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a devolver a su partido no sólo el primer puesto en los resultados electorales sino la mayoría absoluta que nadie ha sido capaz de conseguir desde que Mariano Rajoy se la anotó por última vez en el año 2011.

La promesa de Feijóo, que ha llegado al liderazgo de su partido avalado entre otras cosas precisamente por haber logrado cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, pasa necesariamente por captar un sector del voto del PSOE pero, sobre todo, de absorber la mayor parte del que en estos momentos prefiere la papeleta de Vox antes que la del PP. Para hacerse con más del 40% de los sufragio necesitará un hundimiento de la ultraderecha que, al menos en este momento, no prevé ninguna encuesta. 

Los analistas otorgan una gran trascendencia al efecto que pueda tener en la evolución de la intención de voto de los de Santiago Abascal la entrada por primera vez en un Gobierno, en este caso el de la Junta de Castilla y León. Algunos creen que puede jugar en su contra si su gestión frustra las enormes expectativas que tienen su votantes. Otros, en cambio, opinan que confirmará la utilidad de votar a Vox y desarmará, por tanto, el llamamiento al voto útil del PP para derrotar a la izquierda y desalojarla de la Moncloa. Falta, en todo caso, saber cómo gestionarán su relación Feijóo y Abascal a partir de ahora, sobre todo teniendo un horizonte repleto de convocatorias electorales.

La promesa de Feijóo no es diferente de la que alimentaba el discurso de Pablo Casado. Tanto uno como otro defienden que es posible que el PP recupere todo el espacio del centroderecha en la estela de José María Aznar. El reciente congreso extraordinario de Sevilla apeló a aquella conquista a través de la memoria de la refundación del partido, en un intento de reconducir la pérdida de la hegemonía que arrastra el PP desde el año 2015.

El declive del bipartidismo que Feijóo se ha propuesto revertir no es un fenómeno exclusivamente español. Los socialdemócratas alemanes ganaron las últimas elecciones con un 28% de los votos y no han tenido más remedio que llegar a acuerdos con Los Verdes y los liberales. El Movimiento 5 Estrellas italiano es el grupo mayoritario en el parlamento de su país pero aun así no pasa del 25% de los escaños. La socialdemócrata Magdalena Andersson gobierna Suecia con un 25% de los asientos de la Cámara. La danesa Mette Frederiksen, también socialdemócrata, ganó las elecciones con apenas el 25,9% de los sufragios. 

La norma en casi toda Europa es que prácticamente nadie ha conseguido ganar las elecciones con más del 30% de los votos. Y las excepciones se salen del bipartidismo tradicional: los ultras húngaros de Fidesz, aliados de Vox y principales valedores de Vladímir Putin en Europa, acaban de ganar las elecciones por un abrumador 54,1%. La ultima vez que los polacos votaron, en el año 2019, dieron el 41% de los sufragios al PiS, también aliado de Vox en la Unión Europea.

¿Se puede gobernar con un Congreso atomizado? El final del bipartidismo, en las elecciones de diciembre de 2015, no sólo se ha consolidado sino que, aparentemente, va a más. La suma de votos del PP y del PSOE, que antes se movía con soltura entre el 70 y el 80%, no supera el 56% desde 2016 y la última encuesta de 40dB publicada por El País sugiere que los dos partidos del turnismo español tras la restauración democrática se mueven ahora mismo por debajo del 50%.

El mapa político actual ha obligado a los partidos a cambiar su cultura de pactos y a trabajar sus alianzas en cada momento en función de los debates que se plantean. El Gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto en práctica a lo largo de la primera mitad de la legislatura, apostando por la izquierda en algunas medidas, entre ellas los Presupuestos Generales del Estado, y echando mano de la derecha en otras, como la prórroga del Estado de Alarma con la ayuda de Ciudadanos.

Fuentes de la Moncloa recuerdan que el presidente Pedro Sánchez ya asumió con “pragmatismo” esta realidad después de que la repetición de las elecciones en noviembre de 2019 disipase el sueño de una mayoría holgada. El líder del PSOE, aseguran, es quien mejor ha interiorizado que la nueva política va a exigir a corto y a medio plazo gobiernos de coalición y complejas negociaciones para llegar a acuerdos.

Lo que no significa, subrayan, que no sea posible avanzar, como demuestra el hecho de que el Gobierno haya superado el ecuador de la legislatura con dos presupuestos aprobados y sin haber perdido ninguna votación importante. La coalición ha demostrado que es posible dar “estabilidad” al país sin tener mayoría absoluta.

La expresión política de España nunca ha sido tan plural como lo es en estos momentos. Y aunque ese fenómeno no parece que vaya a ir a menos, el líder del PP, Pablo Casado, sigue creyendo que es posible regresar al bipartidismo. Y que la multiplicación de partidos en el Congreso es un problema: “El multipartidismo es lo peor que ha pasado en España en diez años”, llegó a afirmar en una entrevista en Telecinco el verano pasado.

Casado no oculta su nostalgia por los tiempos en los que el PP sucedía de manera natural al PSOE y viceversa. Es en parte consecuencia del escaso margen que su partido tiene para elegir socios. Más allá de Vox el PP sólo puede esperar el apoyo de UPN, Foro y Coalición Canaria, apenas cuatro o cinco diputados. Y quizá de Ciudadanos, si logra sobrevivir a las próximas elecciones. El resto, sobre todo los partidos nacionalistas e independentistas, incluidos los más próximos a la derecha, como el PNV, Junts y el PDeCAT, están hoy por hoy fuera de su alcance.

Ciudadanos propone desde hace años una solución que le gustaría al PP, pero para la que no existe mayoría en el Congreso. Los naranjas siempre han defendido una reforma electoral que eleve el listón que da acceso al reparto de escaños restringiéndola a las formaciones capaces de sumar al menos un 3% de los votos en el conjunto de España. ¿El objetivo? Dejar fuera del Congreso a los nacionalistas y ampliar la cuota de representación de los partidos de ámbito estatal.

El Congreso de los Diputados tienen en estos momentos once grupos parlamentarios y en él están representados 24 partidos. En 2023, si se cumplen las expectativas de la Plataforma España Vaciada, pueden ser más, a costa sobre todo de los cuatro más numerosos (PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos). 

Si no existen mayorías claras, y las últimas encuestas apuntan en esa dirección, en la próxima legislatura llegar a acuerdos será todavía más difícil que en esta. Pero España no es en esto una excepción. Si acaso, un país que se incorporó tarde a un fenómeno que va a más en casi toda Europa. 

En la Unión Europea el peso de los dos grandes partidos tradicionales —los socialdemócratas y los populares— es también cada vez menor. Crecen, a su costa, liberales, verdes, formaciones de izquierda, ultraconservadores y ultraderechistas. En Estrasburgo se sientan ahora mismo siete grupos políticos sin contar el cajón de sastre de los no inscritos. La suma de los dos grandes grupos tradicionales (325 escaños) no alcanza para reunir mayoría absoluta 353), así que hace falta, como mínimo, el concurso de una tercera formación. De hecho, para nombrar una nueva Comisión se vieron obligados, por primera vez desde la fundación de la UE, a contar con los liberales.

A pesar de ello, el Parlamento Europeo llega a acuerdos. Sus grupos están en su mayoría acostumbrados a negociar, a ceder y a pactar para tomar decisiones necesariamente representativas de la cada vez más plural política europea.

Europa esta poblada de ejemplos que son a la vez una prueba de las dificultades que entraña un hemiciclo superpoblado de siglas y de la habilidad de las democracias del viejo continente a la hora de tejer alianzas capaces de dar soporte a ejecutivos viables. 

Esa es la razón por la que en Bruselas no extrañan las diferencias internas dentro de gobiernos como el español. De hecho, es la norma en la inmensa mayoría de las capitales, donde en los ejecutivos a menudo hay tres o más socios y en los parlamentos no sólo ha aumentado el número de partidos representados sino que también se ha reducido el peso de la fuerza más votada.

En la Asamblea Nacional de Francia, por ejemplo, hay más del doble de partidos que hace 20 años.

Alemania acaba de estrenar un gobierno tricolor (socialdemócratas, liberales y verdes) después de unas elecciones en las que aunque sólo alcanzaron escaño nueve partidos, el ganador (SPD) se hizo apenas con el 28% de los escaños de la Cámara (por comparar, el PSOE tiene el 34,2% de los asientos del Congreso).

En la Cámara de Diputados de Italia la división abrió hueco a trece grupos, pero la formación de mayorías ha supuesto nuevas divisiones que han atomizado aún más la representación, El Gobierno de Mario Draghi, que ni siquiera es diputado, se apoya en una heterogéneas alianza compuesta por el Movimiento 5 Estrellas (M5S), La Liga, el Partido Democrático, Italia Viva, 13 diputados del grupo mixto y una parte de otras dos fuerzas (Forza Italia y Libres e Iguales). El grupo mayoritario (M5S) tiene apenas el 25% de los asientos en la Cámara.

Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, acaba de formar gobierno después de una negociación que ha durado 271 días. El nuevo ejecutivo, como el anterior, es cuatripartito: el VVD de centro-derecha de Rutte, el D66 de centro-izquierda, el CDA de centro derecha y Christen Unie (conservadores). 

En Suecia, con un Parlamento muy fragmentado y a la espera de lo que suceda en las elecciones de este año, la socialdemócrata Magdalena Andersson se convirtió en diciembre en la jefa de un gobierno minoritario de partido único, que cuenta con 100 de los 349 diputados del Parlamento (el 25% de la Cámara). Hasta ese momento gobernaba el país una coalición rojiverde pese a no tener mayoría gracias al cordón sanitario —cada vez más endeble— que todos los partidos decretaron para aislar a la ultraderecha de Demócratas de Suecia. 

“Tenemos una larga tradición de colaborar [con otros partidos] y estamos listos para hacer lo necesario para llevar a Suecia hacia adelante”, declaró Andersson nada más tomar posesión. Hasta ahora, socialistas y verdes habían tenido que negociar con centristas y liberales, además del Partido de Izquierda Socialista. El anterior primer ministro, el también socialdemócrata Stefan Löfven, cayó derrotado por una moción de censura impulsada en junio por los centristas.

En Dinamarca gobiernan los socialdemócratas en solitario pero, a diferencia de lo que ocurre en Suecia, en virtud de un acuerdo suscrito con el llamado “bloque rojo”: Social Liberales, Socialistas Populares y la rojiverde Lista Unitaria, además de otros tres pequeños partidos. La primera ministra es Mette Frederiksen y su partido, aun siendo el más votado, sólo consiguió en las elecciones de 2019 el 25,9% de los sufragios. La oposición la forman siete formaciones. 

Dinamarca tiene una larga tradición de gobiernos compuestos obligados a pactar que la serie de televisión Borgen —cuya nueva temporada se estrena el 13 de febrero— ha hecho popular en todo el mundo. Pero esta es la primera vez que ensaya el gobierno de un partido en solitario y en clara minoría.

El cordón sanitario a los ultras de Auténticos Finlandeses (segunda fuerza del país nórdico con 39 escaños) obligó a los socialdemócratas fineses, el partido más votado en este país (apenas 40 asientos en un Parlamento de 200 diputados), a pactar con otros cuatro y formar una coalición a cinco con la Alianza de Izquierda, los verdes, la minoría social liberal y el Partido del Centro.

Hasta el año pasado, en Noruega, en cambio, la derecha tradicional había abierto las puertas del ejecutivo a los ultras para echar a un lado al partido laborista, el más votado en 2017 pero con sólo 49 escaños en un Parlamento de 169. En el gobierno estaban los socios noruegos de Vox (el Partido del Progreso), un partido liberal y los democristianos, que presidían el Ejecutivo a pesar de tener apenas 45 escaños. Los cuatro sumaban mayoría absoluta.

Las elecciones de 2021 cambiaron ese equilibrio al castigar a la coalición. Ahora gobiernan en solitario —pero en minoría— los laboristas, pese a perder un diputado y tener apenas el 26,3% de los votos. Los conservadores retrocedieron nueve y los ultras seis.

Suiza es otro buen ejemplo de atomización, pero sobre todo de acuerdos. En su Parlamento hay 18 formaciones políticas y la tradición da lugar a la creación de gobiernos muy transversales independientes de la ideología. El ejecutivo actual tiene el apoyo de 146 de los 200 diputados de la Cámara.

Aquí el partido más votado, el PP suizo, lo fue con el 25,59% de los votos. Comparte el Consejo Federal del país —el Gobierno— con el Partido Socialista, los liberales y el Partido de Centro.

Juan Espadas culmina este fin de semana su gradual y sobresaltada toma del poder en un socialismo andaluz lejos de sus mejores momentos. Lo hará en el primer congreso del PSOE-A desde la oposición, en un partido de capa caída según las encuestas, pero en vías de pacificación interna, donde se ha asentado el convencimiento de que la figura de Susana Díaz e incluso el susanismo son fenómenos del pasado. "Hemos acabado con los ismos", dicen desde el entorno de Espadas, donde ahora ponen la vista en las elecciones. "Estamos preparados", insisten. Tras llevar afanado desde junio en acabar con los líos internos, el alcalde de Sevilla, que aún debe ejecutar la delicada operación de salida del cargo local, ha conformado con las manos libres una dirección ejecutiva a su medida, con dos lugartenientes de Andalucía oriental (Granada y Jaén), en una decisión con mensaje en clave territorial. El objetivo de Espadas con el congreso es coger impulso para frenar más de diez años de sangría electoral del PSOE en una próxima cita con las urnas cuya fecha depende de la voluntad de Juan Manuel Moreno (PP), el primer presidente no socialista de la Junta.

Una de las palabras que más se escucha a los afines de Espadas en la antesala del congreso es "reconectar". Ahí está su principal desafío, en devolver al PSOE la posición de principal partido de Andalucía, ahora discutida por un PP que aparece consolidado en el poder. Ello requiere invertir una consistente tendencia de caída. El PSOE andaluz ha perdido más de la mitad de sus votos en diez años, concretamente 1.167.407, los que van de los 2.178.296 de marzo de 2008 (48,41%), última mayoría absoluta del partido, a los 1.010.889 de diciembre 2018 (27,94%), las elecciones que marcaron el principio del fin de la fulgurante carrera de Susana Díaz. Dentro de ese millón perdido, urge especialmente recuperar los más de 400.000 que sí logró movilizar Pedro Sánchez en las dos generales de 2019 (1.568.682 en abril y 1.425.126 en noviembre).

A Espadas no le sobra el tiempo. La primera decisión a la que debe enfrentarse es si apoyar o no los presupuestos del Gobierno andaluz de 2022. Si no salen adelante, la hipótesis de un adelanto electoral ganaría fuerza, a no ser que Vox acudiera –como suele hacer– al rescate.

Fin de la interinidad

El PSOE-A celebra este fin de semana su 14º congreso en un clima relativamente pacificado y con escasas voces discordantes con Espadas. El partido ahora "es suyo", afirma un diputado, que señala que el también alcalde de Sevilla, que derrotó a Díaz en unas primarias para la candidatura a la presidencia de la Junta en junio y aceleró su proclamación como secretario general en julio, ha hecho y deshecho "sin ataduras" el equipo que presentará este fin de semana.

En dicho equipo sobresale un nombre, la jiennense Ángeles Férriz, apoyo clave para su victoria en las primarias y portavoz parlamentaria del PSOE. Para ella recupera el cargo de vicesecretaría general del partido, que convivirá con un secretario de Organización, el granadino Noel López. Además, hace presidente del PSOE andaluz a uno de sus referentes políticos y hombre clave en su trayectoria, el "histórico" Manuel Pezzi, lo que refuerza la impresión de que comienza la etapa de un PSOE a la medida del nuevo secretario general, que sale de la interinidad.

Gestos de integración

Espadas administra además un importante gesto de integración, que se suma a los que ha protagonizado en el reparto de roles en el Parlamento, al incorporar a su nueva Ejecutiva al menos a cuatro ex secretarios provinciales salientes, los de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba. Son dirigentes de la etapa de Susana Díaz que ahora están renunciando a presentarse a la reelección para facilitar el cambio de era con perfiles claramente identificados con Espadas. Entran así en la ejecutiva figuras vinculadas estrechamente con la expresidenta, como la líder saliente del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, involucrada en las guerras políticas contra Sánchez.

Es un gesto significativo, que destacan los afines a Espadas como prueba de unidad. Sus colaboradores insisten en que "Juan", como todos lo llaman para subrayar su cercanía como hacen en el PP con "Juanma", ha puesto toda la carne en el asador para "unir al partido" tras más de un lustro de guerras, sobre todo entre Susana Díaz y Pedro Sánchez.

Quedan brechas ahora en las provincias, donde el proceso de toma de control del partido por parte de Espadas es más dificultoso. El secretario general ha mantenido, ilustran desde el entorno del alcalde, "más de cien encuentros en toda Andalucía para escuchar y ha levando muchas veces el teléfono", en su voluntad de tranquilizar aguas. Un veterano, que simpatiza con el proyecto de Espadas pero no está en primera línea, señala: "El partido salió muy desgarrado de las primarias. Juan se ha dedicado a buscar equilibrios internos en las provincias para evitar que haya facciones, poner fin a las batallas y cohesionar. A eso se ha tenido que dedicar durante el precongreso, y además todo ello mientras es alcalde de Sevilla".

¿Lo ha conseguido? Todos las voces apuntan a que en buena medida sí, aunque queda tarea, y coinciden en en Cádiz y Huelva sigue habiendo heridas abiertas que pueden dar la cara en los procesos de elección de líder, que vendrán tras el congreso autonómico de este fin de semana. El ruido interno es atribuido por los afines a Espadas a rescoldos de fuegos antiguos, no al resultado de ninguna corriente articulada contra Espadas, que tiene la legitimidad de su victoria en las primarias. "Ni los susanistas piensan ya que se pueda volver a Susana Díaz", afirma uno de estos afines. El más activo crítico político ahora es el economista Luis Ángel Hierro, que reivindica un PSOE más a la izquierda pero que carece de una red de apoyos suficientes. Eso sí, está volcado contra la decisión de apoyar los presupuestos de Juan Manuel Moreno (PP), una posición que puede encontrar simpatías en un sector de las bases.

Al margen de la relativa calma en la que está previsto que se desarrolle el congreso, es unánime la certeza de que la verdadera "prueba de fuego" para Espadas no está en lograr acallar ruidos internos de cara a las elecciones autonómicas, sino en el resultado mismo en las urnas. Un secretario general del PSOE andaluz sólo se consolida en San Telmo. Antes, Espadas debe darse a conocer fuera de su territorio, Sevilla. Empieza una larga campaña.

Un congreso sin BOJA

El 14º congreso del PSOE andaluz es el primero del partido fuera del poder en Andalucía. "Por primera vez, el PSOE va a un congreso sin partir de una función auxiliar al Gobierno de la Junta. Es algo que el partido no ha terminado de asumir. La oferta de negociar los presupuestos por parte de Espadas ha servido al menos como recordatorio de que el PSOE está en la oposición y que la nostalgia no vale de nada", indica un afín al alcalde.

Se trata del primer congreso sin acceso del PSOE al BOJA, al boletín oficial, una garantía de puestos públicos que ayudaba a su vez a cohesionar al partido y a certificar su liderazgo. El liderazgo orgánico de Susana Díaz empezó a languidecer cuando perdió el BOJA. Espadas ya llega a la cima del PSOE andaluz sin BOJA. Una dificultad añadida. No obstante, el partido sigue teniendo múltiples activos, para empezar 6 de las 8 diputaciones y más de la mitad de las alcaldías. "A las bases se nos está diciendo desde la dirección provincial, pero no de ahora sino desde que acabó el verano, que nos pongamos las pilas junto a los alcaldes y los secretarios locales para empezar a apretar ya y no parar hasta las elecciones", señala un militante malagueño.

Más de diez años de sangría

La mayor de las alcaldías en manos del PSOE, no sólo de Andalucía sino de España, es la de Sevilla, en manos de Espadas, que encara el desafío de organizar su relevo –todavía sin fecha concreta– mientras frena la sangría de apoyos que sufre el partido.

Los números son crueles con el PSOE, que había presumido siempre de ser consustancial a la autonomía y a Andalucía misma. En las autonómicas de 2008, Manuel Chaves recibió 2,17 millones de votos. En 2012, José Antonio Griñán bajó a 1,52, menos que Javier Arenas (PP), y sólo mantuvo el poder gracias a un pacto con IU. Susana Díaz se quedó en 2015 en 1,41, pero la pérdida perdió importancia al ser de nuevo el PSOE el partido más votado. Y el batacazo llegó en 2018, tras la legislatura del acuerdo parlamentario de PSOE y Cs, cuando el PSOE se quedó en poco más de un millón. Volvió a ser el más votado, sí, pero PP, Cs y Vox sumaron mayoría absoluta y adiós a San Telmo.

Desde entonces, el grueso de las encuestas –públicas y privadas– indican que el PSOE no remonta. Un diputado socialista señala que las posibilidades de Espadas de apear de la presidencia a Juan Manuel Moreno (PP), que aparece consolidado en las encuestas, pasan en primer lugar y de manera urgente por volver a conquistar la confianza de parte de esos 400.000-500.000 votantes que se perdieron en las autonómicas de 2018 pero reaparecieron en las dos generales de 2019, en abril (1,56 millones) y noviembre (1,42 millones). Eso es básico, antes de esperar al comportamiento electoral de un espacio a la izquierda del PSOE especialmente fragmentado.

"Somos Andalucía"

El congreso pretende dar la imagen de que el PSOE "ha vuelto", tras un tiempo enredado en líos internos. Ni siquiera el lugar donde se celebra, Torremolinos (Málaga), es fortuito. Allí fue el primer congreso, en 1977, antes de la democracia y de la preautonomía. Desde entonces, todos habían sido en el poder. Ya no. El entorno de Espadas enfatiza que este congreso debe suponer un regreso del PSOE y subraya que el lema del mismo, "Somos socialistas, somos Andalucía", es una "reafirmación de orgullo" para pedir "sin complejos" a la gente desencantada que "reconecte" con el partido.

"Hemos estado demasiado pendientes de las cuestiones orgánicas y eso nos ha ido alejando de la sociedad a la que representamos. Necesitamos cambiar y superar la transición orgánica para realizar una propuesta de resolución de los actuales problemas de Andalucía. Para ello tenemos que volver a reconectar con la sociedad", señala la propia ponencia marco.

El PSOE trata de responder así a la estrategia compartida por PP, Cs y Vox de mantener vivo el estigma del "partido de los ERE" y presentarlo como cosa del pasado. Una vez llegado el congreso, incomodan a los actuales dirigentes socialistas las preguntas sobre el papel que desempeñarán en el mismo los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados y a la espera de la decisión final del Supremo. Todos consideran improbable que ambos, que dejaron la militancia del partido por su implicación en el caso, acudan. Sí está prevista la asistencia, con perfil bajo, de Susana Díaz, a la que no se ha reservado un papel destacado. Tampoco está previsto un informe de gestión de la ejecutiva saliente, fenómeno atribuido a las características extraordinarias que ha tenido el relevo de poder, con una inversión del orden normal de los acontecimientos que forzó el propio Espadas al celebrarse primero unas primarias para la candidatura a la presidencia que le ganó a Díaz seguidas de unas primarias para la secretaría general que ganó sin rival.

El PSOE andaluz, habitualmente un partido académico en cuestiones orgánicas, lleva desde las primarias de junio en una cierta incertidumbre en los procedimientos que en teoría acaba ya.

Espadas estará arropado en la inauguración del congreso de este sábado por las líderes de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente, por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero –que sonó como posible sucesora de Díaz–, y por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Cerrará junto a Espadas el cónclave el domingo Pedro Sánchez, que con Espadas rompe una trayectoria marcada por su falta de sintonía con la cabeza del socialismo en Andalucía, histórico granero del PSOE que ya no lo es tanto.

Un gobierno de España de coalición ya es en sí mismo una novedad. Si ese gobierno, experiencia inédita por sí sólo, se ve obligado a lidiar con una crisis en la que llegan incluso a chocar el presidente del Gobierno y la principal referente del socio minoritario, tensión vinculada a un tema de capital importancia –la reforma laboral–, estamos ante una situación para la que no hay manual de instrucciones. ¿Está comprometida la viabilidad del Gobierno? 

infoLibre busca respuestas de observadores que fundan su criterio en la negociación política y sindical, en diversas situaciones de crisis y en gobiernos de coalición del PSOE y partidos a su izquierda en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Canarias... La síntesis de las respuestas es que las dos fuerzas tienen tantos incentivos para seguir juntas, y un adversario común tan claro, que resulta inverosímil una ruptura, a no ser que los sindicatos no acepten el acuerdo sobre la reforma laboral.

Ahora bien, hay un riesgo de que la dinámica electoral devore al Ejecutivo y entre en una espiral que lo debilite. El foco principal de inestabilidad, según los consultados, estriba en el hecho de que un socio, Unidas Podemos, aún debe aclarar su liderazgo y sus alianzas, una situación que se ha probado letal en experiencias de coalición en Cataluña y cierne sombras sobre el actual Ejecutivo balear. Desde la Comunidad Valenciana, el periodista Ximo Aguar señala que la situación de Díaz, con más tirón electoral que poder orgánico, recuerda a la de Mónica Oltra, y subraya que el pragmatismo de Compromís al dejar un cierto margen de maniobra a su lideresa ha sido clave para el curso del Govern.

Manuel Martínez Barreiro, que vio desde dentro cómo se fraguó la pérdida del poder del bipartito PSdG-BNG en Galicia, experimenta un déjá vu al ver cómo los socios de Gobierno le hablan más "a la parroquia" que a su base social en sentido amplio. No hay riesgo de ruptura, dice, pero sí de "debilitamiento irreversible" ante una ofensiva de PP-Vox que –en eso sí coinciden todos– es uno de los pegamentos del Gobierno. ¿Otros pegamentos? No hay, como ocurrió en 2015 en Andalucía cuando Susana Díaz rompió con IU y convocó elecciones, un presidente convencido por las encuestas de que le conviene adelantar comicios. Y sí hay cerca, en Portugal, un aviso serio de lo que supone llevar las discrepancias hasta sus últimas consecuencias. Por último, una paradoja, detectada en Canarias: la tragedia une políticamente. Pasada la fase más aguda de la pandemia, desaparece una adversidad que contribuía a mantener prietas las filas. 

Una lección sindical: el riesgo está fuera del Gobierno

Bregado en un sinfín de negociaciones políticas y sindicales, el ex secretario general de CCOO en Cataluña y exdiputado en el Congreso y en el Parlament Joan Coscubiela lanza sobre las dificultades en el Gobierno una mirada "con visión histórica". "No hay que abrumarse. No ha habido nunca, ni en gobiernos monocolor, una negociación laboral en la que no salten chispas entre Economía y Trabajo", recuerda el autor de La pandemia del capitalismo. A su juicio, hay que desdramatizar el conflicto político. "El quid de la cuestión no está realmente en el Gobierno. Aunque haya tensiones no sólo entre PSOE y Unidas Podemos sino también en el seno del PSOE, donde no todos comparten la ortodoxia de Nadia Calviño, hay demasiados incentivos para continuar adelante. Tanto PSOE como Unidas Podemos comparten un interés por prolongar la legislatura. Los dos necesitan tiempo", señala. Y añade: "La clave está en otro lugar, en los sindicatos".

Ahí, en el frente sindical, si el Gobierno no se maneja bien pueden surgir reacciones que comprometan toda la legislatura, a juicio de Coscubiela. Así lo explica: "Si el Gobierno es capaz de alcanzar un acuerdo con los sindicatos, problema resuelto. Si no, la bronca se trasladará al seno del Gobierno y habrá movilizaciones sindicales". Eso podría marcar un antes y un después, agrega. No obstante, Coscubiela ve improbable la llegada a ese escenario porque sería interpretado como que se han impuesto las tesis de Calviño, regalando a Unidas Podemos "la bandera de la reforma laboral". "El PSOE no va a permitir eso, no puede permitirlo", afirma.

A estas alturas, señala Coscubiela, el principal problema que tiene el Gobierno es que no pocos de sus miembros, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han generado una "expectativa exagerada" de "derogación" que ahora habrá que modular, lo que puede hacer emerger conflictos imprevisibles. El desafío de PSOE y UP, así como el futuro de su relación, reside en su capacidad de encontrar la fórmula para bajar de la retórica a los contenidos sin romper la cuerda y –fundamental– convenciendo a los sindicatos, explica.

¿Sólo a los sindicatos? Sí. Coscubiela ve imprescindible asumir que "el acuerdo tripartito [Gobierno-sindicatos-patronal] es imposible o casi imposible". "A diferencia del salario mínimo, que era un asunto comparativamente menor, o de los ERTE, ahora la patronal no tiene incentivos para el acuerdo, porque la legislación del PP, que era el programa de máximos de la CEOE, la deja una posición muy ventajosa". ¿Qué tiene que hacer el Gobierno ante eso? "Encontrar una posición común, obligado como está a hacerlo, y pactar con los sindicatos un acuerdo y con la CEOE un desacuerdo que acabe resultando aceptable. Pactar un desacuerdo es frecuentísimo en las relaciones laborales, y ahora el Gobierno tiene para hacerlo la herramienta de los fondos europeos, de gran interés para la patronal", explica Coscubiela, para quien el Gobierno "no puede permitirse" una destrucción de la colaboración porque tiene por delante negociaciones "de enorme importancia y complejidad" como la que afecta a la reforma de las pensiones. "Además", concluye en clave más política, "en última instancia al PSOE le interesa que a Yolanda Díaz le vaya bien para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente, no olvidemos eso".

Una lección valenciana: Oltra y el "mestizaje"

Yolanda Díaz –coinciden todos los consultados– es una figura clave para lo que resta de legislatura. Un factor añade incertidumbre sobre ella: pretende erigir una plataforma electoral en torno a su figura, lo que pone en alerta tanto al PSOE como a los partidos que sostienen a UP (Podemos e IU). Desde la Comunidad Valenciana, el periodista de Valencia Plaza Ximo Aguar ve un paralelismo entre Díaz y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. "Las dos tienen, al menos formalmente, menos poder orgánico que otros dentro de sus espacios. Oltra, de hecho, es de Iniciativa del Poble Valencià, cuando es el Bloc, que ahora ha pasado a llamarse Més-Compromís, el que tiene la musculatura. Pero al final, por muchos recelos que pueda generar, en Compromís han asumido que hay que protegerla, porque da votos y todos ganan. Y ella misma, cuando lo ha considerado, ha usado su posición para intervenir en cuestiones orgánicas. Hay que pensar también que Compromís está en unas posiciones de poder institucional y, por qué no decirlo, tiene una cantidad de gente colocada en las consellerías que serían impensables sin los resultados que ha encabezado Oltra", expone el periodista, que cree que, si se fijan en el caso valenciano, lo lógico es que en Unidas Podemos se respalde a Yolanda Díaz incluso aunque su proyecto no cuadre del todo con las estructuras de los partidos. "Y el respaldo de los partidos a los líderes dentro de cada parte del gobierno es fundamental para que tenga estabilidad", añade Aguar.

La Comunidad Valenciana ha sido frecuentemente citada como un ejemplo de cooperación engrasada –aunque no exenta de tensiones– entre socialistas y formaciones a su izquierda, y particularmente entre Ximo Puig (PSPV) y Oltra. El periodista desmitifica la relación: sigue en pie, sí, pero el conflicto forma parte del día a día. Eso sí, añade, el modelo de "mestizaje" en las consellerías –con elementos de ambos partidos en cada uno de los departamentos– ha demostrado capacidad de contribuir a la continuidad del Govern, incluso a pesar de sus "múltiples tensiones y enfrentamientos". Esa tensión permanente con el PSPV, aun sin ruptura, contribuye también a fortalecer a Oltra a nivel interno, añade Aguar. Otro mensaje válido para Yolanda Díaz.

Una lección catalana: la contagiosa inestabilidad

Jordi Pacheco, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, pasa la situación actual a nivel estatal por el filtro de las experiencias de gobierno de coalición en su comunidad: Pacto del Tinell (2003-2006) y Govern de Entesa (2006-2010). A su juicio, tras capear infinidad de problemas de todo tipo, la colaboración de las izquierdas catalanas resultó herida de muerte de dos balazos: 1) Una erosión de la autoridad de Pasqual Maragall, en la primera experiencia; y 2) Problemas internos en los partidos, trasladados al Gobierno, en la segunda. He ahí dos toques de atención para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, según Pacheco.

En el caso español actual, Pedro Sánchez mantiene su autoridad, reconocida por UP y por Yolanda Díaz, pero Pacheco cree que los problemas internos en los partidos –en el PSOE, por sus discrepancias internas sobre la reforma; y en UP, por la indefinición de aspectos clave de su futuro– son piedras en el camino para garantizar la estabilidad. En el otro lado de la balanza, los ve "unidos" contra "la alternativa", que es PP y Vox. "Eso une mucho", dice. Afirma que eso descarta, incluso si esta u otras crisis se recrudecieran, un adelanto electoral, pero no una salida de UP del Gobierno, que le permitiera adoptar sus decisiones organizativas con menos ataduras.

Pacheco ve asegurada una mayor "inestabilidad" que hasta la fecha, porque las elecciones se acercan, la coalición gobernante "no tiene reglas suficientemente claras de funcionamiento" –otra lección, dice, no aprendida del caso catalán– y UP aún debe decidir qué forma adopta ante la próxima cita con las urnas. "Siempre estos procesos se reflejan en las coaliciones", afirma. La lógica competitiva va a comer terreno a la colaborativa, advierte. No obstante, aunque los planes de Yolanda Díaz puedan generar suspicacias, opina que finalmente su proyecto se abrirá camino, porque "tiene buenas perspectivas electorales y nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro".

En cuanto al conflicto por la reforma laboral, cree que se encauzará por conveniencia de los miembros del Gobierno. Ahora bien, deben contar con un tercera actor decisivo: "Si los sindicatos no ven adecuada la reforma y se movilizan, es el fin de la coalición".

Una lección balear: palabras tabú

"Los dos partidos no pueden permitirse una ruptura, por lo que tendrán que reconducir. Ahora bien, creo que estamos instalados, y puede ir a más, en una dinámica compulsiva", señala el fundador de Actúa Gaspar Llamazares, que pronostica un largo tramo final de legislatura convulso para el Gobierno de coalición por la "erosión de la base de confianza" que ha supuesto la crisis. El problema, a su juicio, es de diseño. A diferencia de un "Gobierno de coalición", como en la Comunidad Valenciana, donde distintos partidos se entremezclan en las mismas consejerías, el español es un "Gobierno compartido". "Se optó por adosados, no por pisos compartidos, y el resultado son ministerios estancos. Sea por presión europea o por dinámicas políticas de los partidos, Calviño crea un conflicto con un movimiento que toca una competencia que es de Yolanda Díaz", señala Llamazares, a cuyo juicio una maniobra así es contraria al modelo de funcionamiento que viene desplegando el Gobierno. ¿La solución? El ex coordinador general de IU, con una larga trayectoria de negociaciones políticas, defiende un funcionamiento más ágil de los instrumentos de deliberación, pero lo ve difícil, dadas las inercias ya instaladas y la desconfianza generada. No cree que el Gobierno se rompa, porque los une el enemigo común de PP y Vox, pero sí que es probable que se debilite al ver mermada irremediablemente la relación de confianza.

La palabra "electoral" actúa como un activador de desencuentros en las coaliciones. Lo tiene comprobado el politólogo balear Eli Gallardo, que cree que la clave del funcionamiento de las coaliciones de izquierdas en las islas desde 2015 ha sido mantener a los gobiernos a salvo del síndrome electoral, para lo cual ha sido clave el desempeño de la presidenta, Francina Armengol, como figura "moderada y con buen talante, de autoridad reconocida por todos". Al menos, hasta ahora, cuando Gallardo observa al Gobierno de PSOE, Podemos y Més cargado con mucha mayor tensión. ¿El principal motivo? "Més está viviendo cambios internos de calado, que extiende a su papel en el seno del Govern, del que se ha planteado incluso salir", señala. "Además, se ha instalado el rumor de adelanto electoral", señala Gallardo. A su juicio, la experiencia balear indica que los problemas internos de las formaciones tienen una poderosa capacidad de desestabilización de gobiernos, sobre todo cuando –como ahora– se pone sobre la mesa la palabra "electoral". En un contexto de avance del PP en las encuestas, se ha instalado un "rumor de adelanto" o de "ruptura" que "genera un clima de precampaña", señala Gallardo. La lección balear para el Gobierno de PSOE y UP sería esa: mantener bien guardadas en el cajón esas dos palabras: "elecciones" y "ruptura". Salen en un calentón y luego son difíciles de guardar.

Una lección gallega: la parroquia no basta

El PSdeG de Emilio Pérez Touriño y el BNG de Anxo Quintana, con 25 y 13 escaños, conquistaron la mayoría absoluta frente al PP (37) en 2005. Con Touriño como presidente, el BNG se quedó con una vicepresidencia social y 4 consejerías. Cuatro años después, el PP de Núñez Feijóo conquistaba la mayoría absoluta, también por un escaño, y ya no la ha soltado. El analista Manuel Martínez Barreiro, que fue jefe de gabinete de Quintana y es un atento observador de la política gallega y española, cree que hay lecciones de aquel bipartito de sencilla aplicación al Gobierno de coalición PSOE-UP. "Es fundamental ir más allá de la búsqueda de la adhesión partidaria y no dirigirse sólo a la parroquia, a los tuyos, ni a la galería mediática. El diálogo fundamental debe ser con la ciudadanía que está ilusionada con la posibilidad de que el cambio político dé resultados. Eso no se puede perder de vista", explica. Los conflictos por el protagonismo y los choques permanentes, dice, "alejan a los miembros de la coalición de gobierno de su base de interpelación electoral, que es común". "Ni PSOE ni Unidas Podemos deben olvidar que, como ocurrió en Galicia, a las elecciones no se presentarán en separación de bienes, sino en régimen de gananciales. Luego el electorado decidirá en qué proporción apoya a cada cual, pero es clave que se perciba que existe no sólo un proyecto común, sino una perspectiva de continuidad de la colaboración", explica. No cuidar este enfoque, señala el también escritor, sólo tiene como beneficiaria a la oposición de derechas.

Martínez Barreiro no ve "riesgo de ruptura". "Es una cuestión de supervivencia política. Hay indicios claros de una glaciación del ambiente de cambio político y de emergencia electoral de la derecha, en tensión contra el Gobierno. No les queda [a PSOE y UP] más remedio que reconducir sus relaciones, porque falta media legislatura, justo de salida de la pandemia, y tienen que aprovecharla", señala. El riesgo, a su juicio, es que una legislatura metida en una lógica competitiva provoque un "debilitamiento irreversible". "En Galicia la situación era diferente porque el equilibrio de fuerzas era mayor. El PP siempre decía que era un coche con cuatro manos en el volante. Aquí hay mayor diferencia de poder, pero se da también esa sensación de que todos los desencuentros son graves, que todos tienen el mismo rango. Eso diluye la sensación de cambio y aleja a los partidos de sus bases electorales en sentido amplio", explica. 

Una lección canaria: la tragedia une

El consultor político y director de MMI Analytics Enrique Fárez recuerda que, en Canarias, el Gobierno PSOE-Nueva Canarias-Unidas Podemos-Agrupación Socialista Gomera nació con el marchamo de coalición imposible, y sin embargo viene funcionando sin sobresaltos llamativos desde 2019. ¿Por qué? En las respuestas de Fárez sobresalen tres elementos: uno, la cohesión frente a los adversarios compartidos, PP, Vox y Coalición Canaria; dos, el papel armonizador –a juicio de Fárez–del presidente, Ángel Víctor Torres; y tres, el hecho de que desde el arranque de la legislatura se han sucedido circunstancias adversas como el incendio en Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook –de fuerte impacto en el turismo–, la pandemia y la erupción del volcán. Todo ello provoca que, a diferencia de lo ocurrido en España, donde se abren paso otros temas conforme la pandemia retrocede, en Canarias toda la dinámica política siga atrapada por fenómenos de extrema gravedad. "En situaciones así, todos los partidos entienden que no hay margen para piruetas políticas", analiza Fárez, cuyo razonamiento invita a pensar en una paradoja: la gravedad de las tensiones en el Gobierno español se explica en parte por la mejora objetiva de la situación sanitaria y económica.

Recordemos que tras una victoria electoral sorpresiva y pírrica en 1993, Felipe González afrontó una legislatura de tres años marcada por la crisis económica y por los escándalos (el juicio sobre la trama de los GAL, la fuga de Luis Roldán, el procedimiento del caso Filesa…). Fueron los años del “paro, despilfarro y corrupción”, en pegadiza tríada acuñada entonces por la oposición conservadora. Fueron los años en los que mientras conspiraban sin pudor contra el Gobierno socialista unos cuantos resentidos (Anson, Pedro J., García Trevijano, Mario Conde…), Aznar y el PP se preparaban para gobernar.

Hay algunas similitudes hoy con ese trienio nefasto para el PSOE, en el que el PP podría verse como en un espejo. El PP se encuentra en este momento, como el PSOE entonces, con un clima de opinión abrumadoramente dominado por la sensación de incapacidad económica. Incluso aunque los datos macroeconómicos sonrían, como sucedió en España a partir de 1995, persiste la idea de que la recuperación económica sólo beneficia a unos cuantos y que el Gobierno en realidad se limita a navegar en el ciclo, carente de iniciativa. Esa impresión general de inoperancia se acentúa en nuestros días con la percepción de inacción y de fracaso contra el desafío independentista en Cataluña. Es posible que Rajoy no pueda hacer mucho más de lo que hace, pero eso no quita que la gente no le castigue por lo que ve. Los gobernantes saben de esa tendencia de la ciudadanía a penalizarles por las cosas feas, aunque ellos poco pudieran hacer por arreglarlas.

Al mismo tiempo el espacio público es ocupado por el último detalle sobre la corrupción en el PP. Los GAL se habían desarticulado en 1987 y Filesa en 1989. Y Luis Roldán fue detenido en una operación casi cómica y enviado a prisión, con lo que el Gobierno podía presumir de actuar contundentemente contra los corruptos. Pero la opinión pública tiene sus caprichos y sus tiempos. Y la abrumadora presencia de esos casos en la prensa de la época daba la sensación de que ninguno de ellos estaba desactualizado. Rajoy puede pensar hoy que los casos Gürtel y Púnica son cosa del pasado, que esos señores ya no están en el PP, y que, en efecto, algunos de ellos están en la cárcel o en el banquillo. Sin embargo, es ahora, con la visibilidad persistente de esos asuntos en los medios, cuando la opinión pública ya ha llegado a la conclusión generalizada de que el PP es un partido corrupto y que es imposible que Rajoy no supiera que todo aquello pasaba a su alrededor. Nunca se demostró que Felipe González fuera “la x de los GAL”, ni que participara de la financiación ilegal de su partido, pero a la opinión pública no le hacía falta la sentencia judicial. Entre 1993 y 1996, ya se le percibía como un líder amortizado. A Rajoy le está pasando ahora exactamente lo mismo y con las mismas consecuencias internas. Es impresionante la velocidad con la que los tuyos empiezan a huir del barco cuando empieza el naufragio. Rajoy puede creer que su gente está más tranquila cuando él ha anunciado que está dispuesto a seguir siendo el candidato a la presidencia, y es muy probable que nadie le diga a la cara lo contrario, pero cuando la sensación generalizada es que al líder le flaquean las fuerzas, los cenáculos y las maniobras contra él se multiplican de inmediato.

A la dolorosa generalización de que hay un Gobierno a la deriva se añade otra similitud con la España del trienio 93-96: la confirmación de una alternativa aparentemente solvente. Entonces fue Aznar. Hoy es Albert Rivera. Al primero –que perdió de manera humillante ya en el 93– le costó mucho más que al líder de Ciudadanos. Pero éste último disfruta estos días de las mieles del beneplácito de la población. Se empieza a hablar de él como el próximo presidente del Gobierno, aunque solo sea como hipótesis. Las encuestas ayudan a fijar esa idea, que a su vez se refuerza y de modo circular vuelve a reflejarse en los sondeos. De pronto, hay en las sociedades una temperatura en la que una idea empieza a solidificarse, como cuando el agua se convierte en hielo. La idea de que Ciudadanos puede convertirse en la alternativa de Gobierno está llegando a ese punto.

La decadencia del PP y del Gobierno deja en el ambiente un olor a muerto difícil de eliminar. Es el rastro que deja en el ambiente un amortizado Rajoy, pero también el que deja quien, en principio, se suponía que debía sucederle en el Gobierno, que ha sido históricamente el líder del PSOE. De seguir así las cosas, y si Albert Rivera no comete errores graves, podríamos asistir en el plazo de dos años al entierro conjunto de los dos líderes de los principales partidos políticos españoles.

"Ni el PSOE ni el PP han perdido los votos que han perdido por 'ser' el PSOE y el PP, sino, más bien, por dejar de serlo sin dar explicación alguna". Es la conclusión que ofrece la fundación FAES, presidida por el expresidente José María Aznar, en el editorial del último número de su revista. 

La publicación achaca el fin del bipartidismo a que ambos partidos "se han despeñado juntos, abrazados el uno al otro en una larga caída", causada por haber abandonado sus señas de identidad adentrarse "a marchas forzadas" en la senda de una "supuesta modernidad impostada".

Carga contra los nuevos partidos, ya que considera que no han sido ni la "juventud", ni la "novedad" ni la frescura" lo que les ha permitido hacerse rápidamente con un espacio político, sino que lo han logrado adoptando algunas de esas señas de identidad que PSOE y PP han abandonado.

En este sentido, FAES especifica que Cs ha conectado "masivamente" con el electorado tras adoptar una "agenda de clásicos" del centroderecha, mientras que Podemos se impulsó gracias a un lenguaje "clásico" de izquierda frente a la "neolengua zapaterista".

Es obvio que el movimiento de la indignación visibilizado en el 15-M tuvo el efecto político directo de romper el dibujo parlamentario fundamentalmente bipartidista para transformarlo en un puzle de cuatro grandes fuerzas, sin mayorías claras y dependientes además de los escaños nacionalistas. Pero el 15-M, inexplicable sin una crisis económica profunda gestionada con las recetas insolidarias de los mismos sabios neoliberales que la habían provocado, suponía sobre todo una impugnación sistémica. Lo que se exigía de forma masiva y transversal ideológicamente era poner fin a las prácticas de dominación social ejercidas por grupos poderosos insaciables en su voracidad sobre beneficios y privilegios. ¿Ha sido derrotado el establishment? ¿Están hoy más vigilados, controlados y regulados esos poderes corporativos y financieros causantes del crack de 2008 que sirvió para justificar el austericidio y derivó en el crecimiento de la desigualdad?

La respuesta es que no. Y el grave conflicto institucional y social provocado desde Cataluña no puede ser utilizado como “banderón de humo” para ocultar esa contundente realidad. Abundan estos días los indicios de que el estallido del independentismo y la respuesta desde el Estado pueden dañar gravemente las posibilidades de un cambio real al que aspiraban las masas simpatizantes del 15-M. El 21-D y las citas electorales posteriores (anticipadas o no) irán plasmando el cumplimiento o no de los augurios. Lo cierto a día de hoy es que los mimbres que temblaron ante los movimientos indignados no sólo se mantienen firmes sino que incluso acarician la tentación de plantear respuestas regresivas en lugar de transformadoras.

En su exitoso ensayo El Establishment, el provocador escritor británico Owen Jones citaba a un exasesor de Margaret Thatcher y autor de un exitoso blog político que sin ningún pudor afirmaba: “El capital siempre encuentra formas de protegerse de los votantes”. Así es. Se trata de un fenómeno transnacional, como lo es la certeza de que una gran parte del negocio de los magnates empresariales (aquí o en el Reino Unido) tiene su origen en los recursos públicos, vía adjudicaciones, concursos, contrataciones a dedo o subvenciones. Muchos de los que denuestan todo lo público y defienden a gritos privatizar hasta el aire no mantendrían su cuenta de resultados sin la inestimable ayuda de los Estados.

La cruda realidad

Por no aburrir a la audiencia, sólo sugiero repasar algunas de las portadas recientes de infoLibre más allá del día a día del conflicto catalán. Hemos sabido que las tres grandes eléctricas españolas han ganado 4.300 millones en nueve meses mientras el recibo de la luz sube casi un 13%; que los beneficios de las grandes corporaciones están ya en los niveles previos a la crisis, pero que el salario medio de los españoles cayó en 2016 por primera vez desde hace una década; que la gran banca ha ganado casi 80.000 millones de euros desde 2009, un 40% más de lo que costó a los contribuyentes el rescate del sector financiero (principalmente las cajas); que Fomento considera razonable pagar a auditoras privadas para establecer las condiciones de la relicitación de las autopistas de peaje rescatadas por los contribuyentes; o que la Comisión Nacional del Mercado de Valores denuncia la opacidad de las grandes empresas sobre los sueldos e indemnizaciones que pagan a sus consejeros. (De hecho no es posible calcular con exactitud los millones de euros que el propio Juan Luis Cebrián va a cobrar por irse de presidente de Prisa para quedarse como presidente de El País).

Podríamos continuar con ejemplos referidos al mantenimiento de unos privilegios ofensivos para cualquier contribuyente honesto y consciente de que en estos años de crisis la carga fiscal del trabajo sigue muy por encima de la del capital a la hora de contribuir al sostenimiento de las arcas públicas. Pero conviene no olvidar tampoco la gravedad de los hechos relacionados con la corrupción que pudre las estructuras del partido gobernante al tiempo que mantiene todas las expectativas de renovarse en el poder si los efectos del estallido independentista sacuden a las izquierdas en la medida que pronostican las encuestas. Hemos sabido que la propia fiscalía del primero de los juicios pendientes sobre la trama Gürtel considera acreditada “plena y abrumadoramente” la existencia y funcionamiento de una caja B del Partido Popular; que han sido localizados en Colombia 4,6 millones de euros supuestamente sustraídos por el expresidente de Madrid Ignacio González a la empresa pública Canal de Isabel II; que el responsable directo de la investigación policial de la Gürtel ha declarado en sede parlamentaria que “indiciariamente” Rajoy y otros dirigentes del PP recibieron “sobres con dinero procedente de la caja B del partido” (el jefe de este jefe de la UDEF ha dicho días más tarde que no daba crédito a esos “indicios”).

Podríamos continuar con unos cuantos datos incontestables que establecen un nexo entre la Gürtel, la Púnica, la Operación Lezo, la trama valenciana, la balear… que certifica que durante los últimos treinta años el PP ha recibido financiación irregular y ha pagado actos de campaña mediante donativos de empresarios que de esa forma creían garantizarse adjudicaciones de contratos públicos de las administraciones gobernadas por el PP. En cualquier democracia homologable el máximo responsable de una formación política contaminada de arriba abajo por escándalos de corrupción habría visto finiquitada su carrera política el mismo día que se conocieron sus SMS de apoyo al tesorero con cuentas millonarias en Suiza. Aquí, sin embargo, Mariano Rajoy se declara en su “mejor momento”, dispuesto a repetir como candidato en las elecciones generales cuando él mismo decida que le conviene convocarlas. Pretender aplicar el ventilador a todos los partidos políticos o comparar esa fórmula de competencia electoral ilegal con los supuestos pagos “venezolanos” supuestamente recibidos por algunos dirigentes de Podemos y rechazados una y otra vez por los tribunales es simplemente ofensivo.

El establishment, también apodado casta, trama o 1%, goza de buena salud en sus ramas política, económica, empresarial, financiera o mediática. Mayormente porque hace ya tiempo que las distintas ramas se confunden en un mismo árbol. No se explica de otro modo ese “me voy pero me quedo” de Juan Luis Cebrián cuando los propios acreedores de Prisa reconocen que su retirada era la condición imprescindible para lograr la ampliación de capital necesaria que evite la quiebra del principal grupo de comunicación español o la posibilidad de que caiga directamente en manos de fondos buitre. El verso citado por Cebrián pertenece al libro de sonetos El rayo que no cesa. Pertenecer al establishment desde hace cuarenta años permite de algún modo no cesar nunca, hasta el punto que el mismo ejecutivo que provocó la ruina del grupo periodístico más influyente (quien quiera conocer detalles puede pinchar aquí) sea premiado indefinidamente con tal de que contribuya a la estabilidad del tinglado.

P.D. Para quienes desde posiciones progresistas sufran la tentación de caer en la melancolía o la resignación es recomendable la lectura del nuevo ensayo de Naomi Klein: Decir No no basta. Aunque su análisis se centra en la Norteamérica de Trump, muchas de sus reflexiones son perfectamente globales y trasladables a la realidad española. Hay alternativas al discurso único, y las más plausibles exigen "unidad en la resistencia y en la transformación". Incluye argumentos discutibles, pero se carga de razón cuando defiende que hay que superar la 'pantalla' de la indignación y pasar a una acción política, cívica, intelectual y social capaz de superar los miedos 'pantalla'que con tanta eficacia manipula el establishment. 

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Este artículo ha sido actualizado para corregir un error gramatical: había escrito "denostan" cuando lo correcto es "denuestan", como ha señalado un amable socio. Gracias. 

En algún momento de este fenómeno, los dos nuevos partidos se sentían cómodos identificándose como representantes de nuevas formas y procesos, al menos aparentes, en lo que se denominó como la “nueva política”. Incluso, durante algún tiempo, se albergó la posibilidad de una unidad transversal de esos dos nuevos partidos, priorizando medidas regeneracionistas y por encima de los matices más liberales de unos o más socialdemócratas de otros. Pero aquel sueño se evaporó.

Mientras las contiendas electorales se circunscribían a la disputa entre las dos grandes opciones mayoritarias, el bajón electoral de alguna de esas dos formaciones daba muchas opciones a la otra a poco que mantuviera a un mínimo de sus votantes. Sin embargo, el peculiar sistema electoral utilizado en España, a través de la Ley d'Hondt, prima siempre en exceso a la opción más votada y a los territorios menos poblados, y ha supuesto que el troceo de votos haya tenido un efecto perverso en los resultados electorales.

En las elecciones de 2004 votaron 24,5 millones de ciudadanos, cifra muy similar a la que lo hizo el 20D; en aquellas elecciones el PSOE ganó los comicios con 11.026.163 votos, frente a los 9.635.491 obtenidos por el PP, y ello se tradujo en 164 escaños para los socialistas y 146 para los populares. El 20D Mariano Rajoy ganó las elecciones con 7.215.752 votos, obteniendo casi 2,5 millones de apoyos menos que cuando perdió ante Rodriguez Zapatero, y es curioso observar que la suma de los votos de PSOE y Podemos en 2015 (10.720.722) fue muy similar a la que supuso la victoria socialista en 2004, todo ello dejando al margen el apoyo recibido por IU, homogéneo en ambas contiendas

Es decir, el voto de izquierdas el 20D fue muy similar al que supuso la victoria socialista en 2004, sin que se plasmara en una mayoría de escaños. El mismo análisis se podría hacer para el caso PP y Ciudadanos, con la salvedad de que su sinergia, el 20D, si supuso un millón de votos más que los apoyos populares el 2004.

El reto de las nuevas formaciones era, si no eran capaces de aglutinar mayorías por sí mismas, condicionar las políticas de los viejos partidos o la entonación de una unión regeneracionista entre ellas, pero finalmente su rol parece limitado a ser una adición a las formaciones tradicionales. Existe además la curiosa peculiaridad de que, más allá de cómo sean ciertos dirigentes, los más de cinco millones de votantes de Podemos son calificados por parte de dirigentes de otras fuerzas como radicales. En este sentido, habría que recordar que el mejor resultado obtenido por la IU de Julio Anguita fue de dos millones de votos. Por tanto, casi tres millones de votos que han ido a parar a la formación morada han salido de otras opciones como la que representa el PSOE buscando otras posibilidades, sin que estas tengan que suponer la ruptura de nada.

Solo el efecto del troceo de los votos de la izquierda da oxígeno a Mariano Rajoy para seguir defendiendo su candidatura a la Presidencia del Gobierno, a pesar de contar con el menor apoyo popular que un ganador de las elecciones haya recibido nunca en la historia democrática de España desde la transición: tanto Felipe González en 1982, 1986, 1989 y 1993, como Aznar en 1996 y 2000, como Rodriguez Zapatero en 2004 y 2008, recibieron una cifra de votos superior a la que ahora pretende capitalizar Rajoy, con la única salvedad de Adolfo Suárez en 1979, cuando el total de votantes fue un tercio inferior al actual.

Efectivamente, el señor Rajoy recibió algo más de siete millones de votos, pero habría que recordar que nuestro sistema no es presidencialista, sino parlamentario, y que hay cerca de catorce millones de votos que votaron a las otras tres grandes opciones, en un no expreso al actual presidente en funciones.

Cabria preguntarse qué sucedería si aparecieran otras formaciones capaces de trocear más el voto, tanto dentro de la izquierda como dentro de la derecha, y que el posible ganador de unas elecciones con varios partidos en el entorno de los dos millones de votos, exigiera, por el mero hecho de ser la minoría más votada, que los demás le facilitasen una "alfombra roja" sobre la que ejercer la acción de gobernar, sin más.

Si este es el escenario al que nos llevan las nuevas formaciones y la nueva política, es necesaria una profunda reflexión, tanto de los propios partidos, nuevos y viejos, como por parte de la ciudadania. ¿Cómo es posible que Rajoy vuelva a gobernar con un apoyo ciudadano inferior, en dos millones de votos, a los resultados de su derrota en 2004 frente a Rodriguez Zapatero, tras todo lo que ha sucedido en la legislatura 2011-2015? Sin duda, el troceo de votos y no aprovechar oportunidades como la que se presentó hace pocos meses en el Parlamento tienen mucho que ver en ello. _________________

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

Hoy se analizan los resultados como las cuentas de las empresas. Se estudian una vez más las diferentes estrategias llevadas por los partidos en campaña porque este juego, por encima de todo, va de ganar. Se establece la guerra de las marcas, creándose una perversión en la rivalidad, una lucha en la competencia que deja los intereses del ciudadano al margen.

La cara de los representantes de Unidos Podemos cuando salieron a la palestra evidenciaba, como luego ratificaron en su discurso, una gran decepción ante la imposibilidad de liderar el cambio inmediato que urgía en este país. No es de extrañar el batacazo moral porque los sondeos de forma unánime les daban muchos más escaños. El último del diario El País vaticinaba 93, es decir 22 escaños más de los que han obtenido. Se han debido quedar pasmados. También Ciudadanos han sido perdedores en esa noche, pero en este caso eran muchos los que pensaban que su pacto con el PSOE les iba a pasar factura y que algunos votantes se volverían a la marca matriz.

Por otro lado eran muchos los analistas que creían que al PSOE le iba a pasar factura su pacto con Ciudadanos, y así ha sido aunque no lo parece porque estas eran elecciones matrioska, o huevo Kinder, había un plebiscito dentro de un plebiscito. Se jugaban dos partidos a la vez en la misma cancha. De hecho, sus rostros al salir a atender a los militantes y a los medios de comunicación tras el recuento de votos, reflejaban una sensación de victoria que no se explica sino por su particular duelo con Unidos Podemos, del que han salido claros vencedores.

Paradójica alegría en las filas del PSOE mientras el resultado se presentaba escalofriante. Triste. Lo nuestro va bien, parecían querer decir con sus gestos los que rodeaban al líder. No nos van a hacer un ERE. A pesar de haber obtenido un resultado peor aún que el del 20-D, que a su vez era el peor desde 1977, bajando tanto en votos como en escaños, celebraban el triunfo de su pulso personal contra los que deberían ser sus aliados naturales que, de hecho, les proponen pactar una y otra vez, y a los que hacen oídos sordos. Salvar la marca parece ser su prioridad, que España se salva sola. Ya cosecharemos los restos que dejen los que nos preceden.

Tuvo Pedro Sánchez palabras de reconocimiento hacia Rajoy por su victoria y no desaprovechó para cargar de nuevo, también en esa noche, contra los que ha convertido, por desgracia para los más desfavorecidos, en su principal rival, que ya no es la derecha de este país, sino la que él considera su competencia directa: Unidos Podemos. A Pablo Iglesias, que le llamó, no se le pone. Dijo, sin embargo, que había hablado con Rajoy para felicitarle. O sea, que cobertura tenía. Pues nada, si esa es la cuestión habrá que felicitarles porque, en efecto, han ganado su pelea, que no es la nuestra. También ha ganado su pulso personal contra Susana Díaz ya que en Andalucía, donde gobiernan con el apoyo de Ciudadanos, han pasado a ser la segunda fuerza, con lo que la candidata natural a la Secretaría General del partido tendrá que rebajar los humos. En fin, es un extraño triunfo, la sensación debe ser parecida a la que se tiene cuando se alcanza la victoria después de haber dejado el terreno calcinado. Nada hay que recoger. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Querrá Rivera reanudar sus idílicas relaciones cuando se recupere del palo que se ha llevado?

Por otro lado, los auténticos vencedores, el PP, salen legitimados con el apoyo de las urnas. Partidarios de la absolución de los pecados, siempre entienden las elecciones como una amnistía. Según su particular ideario, el pueblo, con su voto, perdona los pecados de la cofradía del hurto. Ahora toca arreglar los asuntillos con la Justicia de la manera más eficaz posible y recolocar los cargos que pueden echar un cable en los lugares estratégicos, tal y como tienen por costumbre. Si la Policía va bien y la Fiscalía va bien, la Justicia va bien.

No tienen asegurado el Gobierno, a pesar de celebrar el resultado como si de una mayoría absoluta se tratara. Cuando se les pase la resaca electoral tendrán que enfrentarse a la antipática realidad de los números que, de nuevo, no dan. Pero sin duda, su gran victoria ha sido comprobar el retorno de los hijos pródigos que les castigaron la vez anterior, pero que entienden cumplida la penitencia y regresan a la casa común de la derecha de la que salieron contra su voluntad.

Este partido tan peculiar que en cualquier país de nuestro entorno sería marginal, por la gran acumulación de delitos de corrupción acumulados y el aberrante uso que hacen de las instituciones en favor propio y contra sus rivales, ha vuelto a ganar las elecciones. Es el triunfo de la inmoralidad al servicio de una corrupción que amenaza con volverse sistémica y endémica. Ya circulan chistes en el sentido de que les han faltado un par de casos de corrupción para alcanzar la mayoría absoluta, porque su electorado entiende esta picaresca choricera como una anécdota, un pecadillo menor, una tara insignificante en comparación con la debacle que supondría el triunfo de los bolivarianos populistas que nos traerían a Maduro a festejar la victoria. Por suerte para ellos, también cuentan con los medios de comunicación y el principal partido de centro izquierda para evitar esta expansión de los extremistas, cuya escalada al poder ha quedado frenada por el voto de los llamados moderados, que nos traerán más leyes mordaza, más corrupción, más privatizaciones y más desmantelamiento de la cosa pública en beneficio de sus colegas empresarios, fuentes de riqueza infinita que manan hacia dentro, creando inmensos lagos de opulencia perfectamente embalsados y canalizados en trasvases a paraísos fiscales donde descansan los recursos de nuestros servicios públicos, contumaces fabricadores de déficit público.

El escenario es desolador y también comprobar que el mundo de las ideas no tiene cabida en este juego. Las estrategias de las marcas se imponen a las necesidades de los ciudadanos.

La amoralidad de los corruptos cala como lluvia fina en sus adeptos, defensores y votantes, que acaban siendo un reflejo de sus líderes, con todas sus consecuencias. Consecuencias que pagan los ciudadanos honrados que se niegan a arrojar sus principios en la hoguera de lo pragmático, y se ven obligados a presenciar y padecer este lamentable espectáculo del todo vale, a reconocer la decadencia del país en el que habitan, y a aprender a coexistir con aquellos que con su voto les obligan a vivir en un estercolero.

La llamada nueva política ha irrumpido con paso firme en el panorama político estatal para, cuanto menos, desplazar a los viejos partidos que tradicionalmente han alimentado al sistema bipartidista predominante en el país. La oposición ha dejado de tener un solo rostro, el juego político ha dejado de estar formado por dos únicos equipos, y los medios de comunicación han dejado de hablar de derecha e izquierda, para dar protagonismo a las cuatro formaciones que lideran ahora la pluralidad de candidaturas.

La irrupción de nuevos partidos producto de los movimientos sociales protagonistas del 15-M ha traído consigo una mayor dosis de pluralidad que ahora se plasma en el Congreso de los diputados. Pero, ¿es el multipartidismo la mejor alternativa frente a un sistema bipartidista?

Esta es una de cuestiones que plantea Ignacio Urquizu en su libro La crisis de representación en España (Catarata), donde analiza el panorama político actual, hasta las últimas elecciones del 20 de diciembre, que derivaron en la incapacidad de crear Gobierno y en la celebración forzada de comicios anticipados.

Tras meses de pactos fallidos, Metroscopia cuantificó en marzo de este año las preferencias de los españoles respecto al tipo de sistema de partidos más adecuado. Los resultados fueron contundentes: el 30,3% estaba a favor del bipartidismo sacrificando la pluralidad, mientras que el 67% de los españoles apoyaba el multipartidismo.

Origen y escenario actual

"A dos de cada tres españoles les gusta el multipartidismo, desde hace muchos años", explica Ignacio Urquizu en conversación con infoLibre. Además, continúa, existe cierta brecha generacional: "Entre los mayores de 55 y los menores de esa edad, con una diferencia de 20 puntos".

Para explicar este fenómeno, el sociólogo se remite directamente a la eclosión del 15-M. "En aquellos años todo el mundo coincidía en que había que hacer algo ante problemas como la desigualdad o los desahucios", señala. Entonces "un conjunto de movimientos sociales pequeños decide ir a la Puerta del Sol y tomar las riendas de su destino porque estaban pagando las consecuencias de la crisis y la política económica resultante". Pese a todo, añade, "el 15-M no es más que un espejo en el que la sociedad dice lo mal que lo han hecho los gobiernos".

En un marco de descontento social evidente, el cronómetro que marcaba la cuenta atrás del bipartidismo se puso en marcha. En este sentido, el sociólogo Fernando Vallespín sostiene que "es evidente que se han acabado los partidos de masas que tenían la capacidad de conseguir el voto de sectores muy amplios de la población".

Ni siquiera en los sistemas bipartidistas, continúa Vallespín, "como EE.UU o Francia –donde se fuerza al bipartidismo tras la segunda vuelta–, los partidos mayoritarios logran los resultados que antes tenían los grandes partidos tradicionales". Para el sociólogo es una evidencia que "cada vez se están fragmentando más los sistemas de partidos, como hemos visto ya en países como Alemania o Grecia".

En España, prosigue, "a lo que estamos asistiendo es a un cambio social donde el ciudadano no se adscribe a un partido concreto, lo que genera cierta distancia entre los ciudadanos y sus representantes, pero sobre todo produce una mayor volatilidad, porque ningún partido puede dar por hecha la conquista del voto de un sector de la población".

Es por ello que la existencia de un mayor número de opciones abiertas a la elección de la ciudadanía "responde a una nueva visión de lo político donde se trata de que haya pluralidad de opciones". España ha entrado en esta dinámica, según Vallespín, "por el cansancio, la crisis y los escándalos" de corrupción política sucedidos en los últimos años.

Para Urquizu, el multipartidismo "como idea de democracia que representa una foto fija de la sociedad, funciona bien". No obstante, añade el sociólogo, la democracia no se sustenta únicamente sobre esa idea de representación, sino que cuenta con toda una serie de matices que ponen en cuestión la eficacia real de un sistema formado por multitud de partidos políticos.

La oposición se fortalece

Uno de los rasgos principales del bipartidismo es, según Urquizu, la capacidad de los ciudadanos para "deshacerse de políticos y partidos impopulares mandándolos a la oposición" se debilita. En un sistema bipartidista, el partido gobernante ostenta el poder mientras que la oposición queda relegada a un segundo plano, quedando su voz notablemente reducida. En un sistema multipartidista, por el contrario, el partido menos votado, "a pesar de perder votos, siempre encuentra socios para seguir en el poder". De modo que la ciudadanía "pierde su capacidad de castigar", explica.

Esta limitación de la capacidad de castigo por parte de los ciudadanos se traduce, a juicio de Urquizu, en una pérdida de poder de los mismos. Es por ello que un sistema multipartidista, contra lo que pudiera parecer, aumenta la distancia entre políticos y ciudadanos. En este sentido, los electores pierden en parte su capacidad para asignar responsabilidades, debido a que la diversidad otorga a los partidos mayor libertad para actuar independientemente.

Los dirigentes políticos ganan, de este modo, relevancia en sus capacidades de maniobra para seguir en el poder, señala el sociólogo, de modo que la ciudadanía pierde influencia y además se encuentra con "déficits a la hora de controlar a sus representantes".

"Es habitual la idea de que los representantes van por libre, que no tienen en cuenta los intereses de la población", continúa Urquizu, "y el multipartidismo aumenta esa brecha porque los políticos son mucho más autónomos".

Por otro lado, Fernando Vallespín entiende que "el problema está en identificar la representación exclusivamente con el número de opciones que se nos ofrecen". Para este experto, la crisis de la representación está en otro lugar: "Primero, en que quien quiera que nos gobierne no representa a los ciudadanos, sino a los imperativos del sistema económico mundial o a los grupos de presión dominantes", explica. "Por otro lado, la representación es un mecanismo pensado para situaciones en las cuales una minoría tiene que decidir en nombre de una mayoría, o dicho de otra forma, representar significa hacer presente a quien está ausente". Añade el politólogo que, sin embargo, "ahora nadie está ausente, todo el mundo está presente, de forma que el ciudadano rompe enseguida el vínculo con el representante cuando éste se toma ciertas libertades, como hablar en su nombre".

Los riesgos de las alianzas

Otra de las posibles consecuencias de un sistema multipartidista son los pactos postelectorales. En este contexto, pasan a ser los políticos y no los ciudadanos los que deciden el Gobierno, por lo que "no es descartable que el desencanto y la desafección sigan entre nosotros", tal y como sostiene Urquizu en su libro.

Tras los resultados del 20 de diciembre se ha hablado en numerosas ocasiones de la posibilidad de un gobierno de Gran Coalición. Un posible Ejecutivo de estas características, compuesto por diversas formaciones, podría acarrear toda una serie de consecuencias. "La principal inestabilidad es que se forme el Gobierno que menos desea la gente, de modo que la desafección aumentaría", señala Urquizu. "Sólo el 4% de la gente quiere una gran coalición, por lo que la inestabilidad vendría por la parte social".

Por otro lado, añade, "si la gran coalición está formada por partidos ideológicamente dispares, que no comparten electorado, tendría cierta estabilidad". Como ejemplo de ello, el sociólogo señala al Gobierno de Aragón, que lleva cuatro legislaturas funcionando a través de coaliciones –PP y Partido Aragonés (PAR), PSOE y PAR, y finalmente PSOE y Chunta Aragonesista (CHA)–. Por contra, alude al tripartito catalán –Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)–, como ejemplo de Gobierno inestable, fundamentalmente por estar compuesto por formaciones de ideologías similares.

"La ventaja de los gobiernos de coalición es que permiten no tener que aplicar el programa electoral", ironiza Vallespín. El motivo, continúa, es que "todos ceden, entonces ninguno representa de verdad a quienes le han votado". Únicamente representa a un porcentaje mínimo de cada uno de los partidos, "pero como tienen que llegar a un consenso, a ninguno de le puede echar en cara que no haya llevado a cabo una parte de su programa electoral".

Con él coincide Urquizu, que entiende como una de las principales desventajas del multipartidismo el pacto de nuevas medidas y propuestas que en muchos casos puede diferir de los programas defendidos en campaña.

Inestabilidad

"Los nuevos actores no sólo son novatos, sino que además representan intereses distintos. Esto hace a la democracia más vulnerable, abriéndose un periodo de inestabilidad e ingobernabilidad". Así de categórico se muestra Ignacio Urquizu en su libro, y con él coinciden otros expertos consultados por este diario.

"El dilema es que el multipartidismo es mejor en cuanto a la representación, pero el coste que se paga tiene que ver con la estabilidad y las dificultades para formar Gobierno", subraya Belén Barreiro, directora del observatorio My Word y expresidenta del CIS.

En esta línea se expresa también el sociólogo Fermín Bouza, quien entiende como desventaja principal el predominio de "cierto desorden". En este punto Bouza se pregunta si vale la pena incrementar este desorden en favor de la representación, y él mismo responde a la cuestión planteada: "Probablemente sí".

No obstante, continúa, "existe otra observación paralela que hace inútil esta reflexión", y es que "la tendencia natural de la política es la de economizar la representación, no multiplicarla". El sociólogo gallego advierte, en este sentido, que "actualmente hay un polo, que sería el PP, y otro que sería Podemos". Se trata, observa, de una tendencia de la gente a "agruparse en polos diáfanos", por lo que, después de todo, "lo que realmente se propicia es un proyecto más bien bipartidista".

Este congreso es obra de un visionario que se llama Fernando García Mongay, porque hace diecisiete años esto del periodismo digital debía de ser una cosa marginal. Ahora es el periodismo con mayúsculas en número de lectores, pero también en margen de libertad. En infoLibre, así como en otros diarios parecidos, se pueden leer opiniones que no aparecen en otros medios consolidados y de gran prestigio. Sus razones tendrán y, desde luego, sus márgenes y orientaciones, lo llaman línea editorial. Los márgenes son comunes a una opinión oficial que sitúa a la inmensa mayoría de los medios de comunicación en un frente común de combate contra el populismo.

El populismo, como el terrorismo, es una condición que demoniza al grupo que recibe tal estigma por parte de la Unión de los Demócratas, una especie de joint venture política que desposee de la calidad de “cuerdo demócrata centrado a favor del Sistema” al que no comulga con sus proclamas. Cuando se cuelga el sambenito de populista a un rival, dejan de tener sentido sus propuestas, sus programas, sus ideas al fin, por carecer de marchamo democrático, de legitimidad, y el apestado pasa a pertenecer al limbo de los que utilizan a las masas para enriquecerse. Nada que ver con las propuestas de la Unión de los Demócratas, que nacen, exclusivamente, para dar gloria y mejor vida al ciudadano.

Hemos de reconocer que el fracaso de estos señores que se atribuyen la cordura en exclusiva ha sido estrepitoso. Paso a paso, ley tras ley, hurto tras hurto, han conseguido llevarnos a un mundo mucho peor que el que conocíamos, y a pesar del desastre en el que ha concluido su gestión, entran en una especie de histeria colectiva ante la idea de que surja una alternativa con otras propuestas que no sean las que establece el marco de lo políticamente pactado que es, por antonomasia, lo políticamente correcto.

Aquel pacto tácito de Tú no revisas lo mío y yo no revisaré lo tuyo, también llamado No judicializar, ni siquiera ante la evidencia del delito, nos ha llevado al punto en que nos encontramos, donde las deyecciones rebasan la capacidad de la alcantarilla para manar por los sumideros que pueblan nuestras calles y plazas. Cuando la corrupción brota como un chorro de petróleo al aire y ya se hace inevitable la denuncia, se habla de éxito del Estado de Derecho.

Sorprende que sean acusaciones populares, así como UPyD y ese grupo de extrema derecha llamado Manos Limpias, los que hayan llevado ante los tribunales gran parte de estos casos de corrupción que llenan las páginas de los periódicos, delatando una absoluta dejación de funciones de los representantes políticos de los partidos históricos que deberían velar porque esta situación de latrocinio tan extendida no se hubiera producido.

Asistimos a un fracaso sin paliativos del Sistema. Han fallado todos los fitros, tanto del Banco de España como auditorías, Tribunal de Cuentas, control de los concursos públicos, y en este momento me pregunto si han fallado o es que estaban desactivados al servicio de vaya usted a saber quién, como cuando se dejaron abierta la puerta noreste del muro de Constantinopla que permitió la toma de la ciudad por los turcos. ¿Eran incompetentes todos los órganos de control? ¿Nos encontramos ante una generación de funcionarios inútiles?

Yo creo que no. No deja de ser curioso que cuando un Ayuntamiento como el de Madrid se pone a mirar en los cajones, aparezcan todo tipo de fechorías, tratos de favor, adjudicaciones a dedo, concursos amañados y demás prácticas corruptas. Son esos mismos funcionarios inútiles los que descubren esas fechorías en cuanto se les da la orden de que husmeen.

Del mismo modo, resulta curioso que la basura sea denunciada desde las instituciones solamente allá donde ha habido un cambio de Gobierno en una determinada dirección. Daría la impresión de que sólo se delinquía en aquellas corporaciones que han tenido la mala suerte de cambiar de signo político. ¡Qué casualidad!

Hay un caso que representa a la perfección lo que quiere señalar el autor. Pilar Valiente, inspectora de Hacienda y amiga de Aznar, fue expedientada siendo directora de la Oficina Nacional de Inspección por utilizar la Agencia de forma ilícita, con fines políticos, usando datos de forma fraudulenta. Acusó al PSOE de haber llevado a cabo una inexistente amnistía fiscal para sus amiguetes, desatando una enorme tormenta política con su coro mediático. No había nada. Ellos hicieron, como sabemos, eso mismo más tarde. Lo que se llama preparar el terreno. Tuvo que largarse con las orejas gachas. En vista de sus aptitudes, más tarde la ascendieron, la pusieron al frente de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A Montoro le gustaba su estilo, el día de su nombramiento resaltó su “excelente profesionalidad y su alta cualificación”. Estando doña Pilar al frente de la Comisión saltó a la luz el escándalo de Gescartera, estafa en la que intervino de forma directa, permitiendo su legalización sin cumplir los requisitos y purgando a inspectores que hacían su trabajo, que no era otro que evitar el timo que habían detectado desde aquel chiringuito financiero. Tuvo que dimitir cuando en la agenda de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, hermana de un secretario de Estado también implicado, encontraron anotaciones en las que podía leerse cómo su amiga Pilar Valiente, la que debía controlarla, la tenía al día de las investigaciones. Ayudaba en el fraude a los que tenía que inspeccionar. Se robó a espuertas. Como suele suceder, encontraron a nombre de la presidenta de la CNMV un patrimonio muy difícil de justificar con sus ingresos. No pasa nada: había comprado todo a precio de ganga porque era muy lista. A otra cosa.

A pesar de todo esto, Montoro la vuelve a ascender en la nueva etapa. Así son, no se cortan. La pone de número dos de la ONIF, la oficina antifraude, y lleva, entre otros, los casos Gürtel y el de Urdangarin. ¿Se entiende por qué fallan los controles?

Ahora crean el falso debate de Rajoy como impedimento para una España saneada: eso, creo yo, es populismo y toreo del personal. Rajoy se va, la pirámide se queda. Esta es la España que el señor Rivera quiere recuperar porque dice que tiene muchos votos, para que forme Gobierno junto a Sánchez. La mayoría de los casos de gran corrupción que conocemos han salido a la luz por la denuncia de personas que se encontraban en el ojo del huracán corruptor y se han arrepentido, o bien se han negado a colaborar y se han ido de la lengua. Pocos casos han sido el resultado de investigaciones de los órganos encargados de ello. La vida de los denunciantes, así como de los que declaran en contra de los presuntos corruptos en sede judicial, se ve truncada. Unos pierden los trabajos y otros son expulsados del partido correspondiente de manera fulminante, y en muchos casos perseguidos y amenazados en lugar de condecorados por ponerse del lado de la Justicia y la honradez.

El populismo, es decir, el nacimiento de fuerzas alternativas que ampliaran el espectro de elección de los ciudadanos, era necesario. Esto que cuento se sabía, se publicó y no ocurrió nada, nunca pasa nada. El Congreso funciona como una marcha de boyscouts silbando mientras pasean por las praderas.

La irrupción del populismo ha puesto al descubierto foros para salvar a España en los que cohabitan grandes prohombres del centro izquierda con miembros de la extrema derecha, a los que gusta llamarse de centro, que hacen imposible, porque así se lo ordenan sus jefes, los que les emplean en los consejos de administración, la regeneración de este país.

A algunos se les ha caído la venda de los ojos al ver el descaro de ese contubernio de personajes que echan pestes en público, en los medios de comunicación y tertulias políticas, de aquellos supuestos rivales con los que luego se reúnen, quedan a comer, pasan el rato y consiguen desde la sombra la perpetuación de este estado de corrupción. Lo llaman lobbismo, les llaman lobbistas. Aunque parezca de risa, es legal cobrar un pastón por influir en las decisiones de los que nos representan. La RAE, siempre alerta ante la inclusión en nuestro idioma de anglicismos, debería entrar a saco y decir que no, que tenemos una palabra para esto del lobbismo: soborno. Y para los lobbistas, exdiputados, diputados, exministros y expresidentes: corruptores.

Josep Fontana lo define como privatización del Estado.

Las grandes decisiones se toman en corporaciones comerciales y se ratifican en el Congreso. En esas estamos.

¿Cómo es posible que las principales empresas corruptoras que se han lucrado con dinero público desde la ilegalidad sigan siendo las más beneficiadas con las adjudicaciones?

Asistimos a la era de la corrupción del lenguaje. Llaman populismo al clamor popular. De paso cuelan a los nazis en el populismo. El fascismo viene al galope cabalgando desde distintos puntos de Europa, pero la Unión de los Demócratas tiene un problema más importante que resolver y es frenar el crecimiento de un movimiento popular, de un populismo que se empeña en "no renunciar a la demagogia”, en plantear utopías irrealizables, incompatibles con los deseos de los amos. Esos amos que afirman que Ada Colau “en una sociedad seria y sana debería estar limpiando suelos”. Así son, y con ellos se quiere pactar. Lo contrario es populismo y falta de sentido de Estado.

Bueno, este fin de semana he estado en el congreso de periodismo digital de Huesca y se me ha olvidado decir que, como la piedra que cae al vacío, avanzamos con una aceleración constante hacia el Pensamiento Único de la mano de los defensores de la “libertad de expresión” y de los “presos de conciencia”. Esos defensores de la libertad son los mismos que aplauden el encarcelamiento de los titiriteros y niegan la existencia de presos políticos aquí, ante la impasividad de los ciudadanos que se dejan arrebatar el derecho a la información en esta sociedad de concentración de medios.

Esto no son opiniones, son obras maestras de la literatura y el pensamiento que deben convertirse en dogmas de fe para guiar el camino de los incautos por la senda antisistema que conduce hacia el populismo redentor, sectario y nacido del odio.

Cuando Tierno Galván dijo: "en la política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal”, todavía no habíamos llegado a esto.

Se ha librado de ver en lo que hemos caído.

Las grandes inmobiliarias aseguran que los inversores internacionales están "empezando a asustarse" ante las incertidumbres políticas del país, al que "empiezan a mirar con mayor grado de prudencia".

Así coincidieron en señalarlo el presidente de la socimi Merlín, Ismael Clemente, el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, y el consejero delegado dela promotora Neinor, Juan Velayos, según ha informado Europa Press.

"Que Dios coja confesado a quien tenga que salir al mercado a financiarse mientras dure esta incertidumbre", aseguró el presidente de Merlin.

Para Ismael Clemente, España debería registrar en 2016 un volumen de inversión similar al de 2015, cuando alcanzó máximos de los últimos años, "en ausencia de externalidades politicas". "Con externalidades políticas, con todo este Gran Hermano que vivimos, será inferior, porque entre otras cosas se nos va a ir medio año", añadió.

El primer ejecutivo de Colonial, de su lado, avisó de que "España debe seguir siendo un foco de inversión si no se estropea por otras motivaciones", en referencia a la incertiidumbre sobre la formación del nuevo Gobierno.

"Todavía esperamos que triunfe la cordura ante los protagonismos y los personalismos y se nos siga viendo como un país 'core' por los inversores y empresas internacionales", apuntó Clemente durante una jornada sobre las tendencias del sector inmobiliario organizada por PwC.

Ha sido el voto de la ciudadanía –democracia directa– quien ha planteado el dilema. Ahora le toca a la democracia representativa –vía Congreso de los Diputados– darle respuesta, mediante la elección del presidente del Gobierno. Si los líderes parlamentarios de sus señorías no funcionan como deben, no quedaría otra opción que repetir elecciones. Su convocatoria no sería la última solución sino una salida de emergencia. Su eventual resultado es a día de hoy incierto; aunque pueden hacerse previsiones y son ciertos (PP y Podemos) los calculadores de sus ventajas en una re-votación.

Volvamos del hipotético mañana al hoy real, apremiante y decisivo. Al que ha de culminar la suerte de la confrontación política no decidida por el resultado electoral.

La situación creada por este era perfectamente previsible, aunque es inédita. Tras las once elecciones generales celebradas desde 1977, nada más acabado el recuento de los votos, se podía apostar sobre seguro quién sería investido presidente. En esta ocasión no.

Los resultados electorales son tan claros como siempre, porque se expresan en números, aunque el debate sobre sus causas y significado resulte inacabable, máxime cuando han sido las elecciones más importantes desde 1982. Pero su mensaje es fácil descifrarlo: para elegir presidente y dar respuesta al dilema habrá que pactar. Los números no le dan resuelta la tarea a quien pretenda su investidura.

La política representativa es más que la matemática elemental de quien pretende explicarnos que las cuentas no salen para formar ningún Gobierno. Sucede pues que la tarea es más compleja que nunca lo fue antes. Ahora al candidato que pretenda su investidura no le bastarán los votos de su partido, tendrá que conseguir una mayoría parlamentaria en un Congreso con un pluripartidismo más decisivo. Los políticos que solo dicen que la cosa es muy compleja, ¿para qué nos sirven a los ciudadanos representados por ellos ?

Nadie le ha negado al PP y a su candidato presidencial –detentadores del mayor número de votos y de diputados– el derecho a ser el primero en intentar conseguir la Presidencia. Pero para lograrla la carga de su propia herencia es demasiado pesada. Excuso narrarla, el lector de este medio se la sabe.

Tan pesada que se está mostrando incapaz no ya de lograr los apoyos necesarios sino ni siquiera capaz de hacer ofertas que a sus interlocutores les cueste rechazar .

Tras su ronda de contactos con Sánchez, Iglesias y Rivera, sabemos por boca del propio Rajoy que su propuesta y su argumento pactista se puede resumir en esto: PP, PSOE y C's tienen que colorear juntos un bonito trampantojo de la unidad de España y cantar como si fueran Junts pel Sí ( ¡en castellano claro!), banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda.

Rivera –patriótico– nos contó bla bla bla bla, y que le dijo a Rajoy que facilitaría su investidura absteniéndose... si el PSOE también se abstenía. Iglesias –tan exacto como el número que forma la sigla de su nombre y apellido –nos contó que le dijo "no" en dos minutos, mientras que con el secretario general del PSOE (al que sigue tomando como su referencia competitiva aún después de las elecciones) ¡había necesitado media hora! Claro está que Sánchez dijo que usó ese tiempo para exponerle a Rajoy la razón de su no: que sus políticas de derecha estaban fracturando la unidad de España. Y que, frente a ellas, la Comisión Ejecutiva del PSOE plantea siete líneas de eventuales pactos, que intentará fraguar si Rajoy no logra su objetivo. Para darle el no, y que Rajoy se diera por enterado, ni siquiera precisaba acudir a la Moncloa. Cumplió una obligación de cortesía con el candidato a presidente y una obligación con el electorado, haciendo público, por extenso, para qué quiere pactar el PSOE.

Así que Rajoy, para dar vida a la esperanza de su investidura, tras esa ronda, tiene que confiar no en la bondad del pacto que ofrece ("muy españoles y mucho españoles": ¿acaso es necesaria mayor concreción?) sino en la intrínseca maldad del pacto ("muy malo y muchos malos") que él mismo presupone que haría Sánchez para llegar a la Moncloa. Y así nos lo ha hecho saber a los españoles. Y si no resultara su fórmula, ya anuncia a su feligresía que volverá a ser candidato. Puede hacerlo sin que nadie le rechiste pues el PP parece una teocracia, aunque sea de un dios menor. Como no es indecente y sí educado nos desea a todos felices fiestas.

Resulta que Sánchez las agua. Porque anunció que si Rajoy no logra la investidura él lo intentará después. Esta es una posición política clara: el resultado electoral, aunque malo para el PSOE (cierto pero: ¿qué partido ha conseguido su particular objetivo partidista?) no impide una opción alternativa; que se elija como presidente a un candidato de izquierdas para formar un Gobierno que dé otro rumbo, no continuista, a la gestión de la crisis.

El PP quiere asociar esta posición a una desmedida e impropia ambición de poder; la sartén le dijo al cazo.... Pero es evidente que la segunda fuerza política en votos y en escaños puede intentarlo. ¿Difícil el logro? Sí. Tampoco lo tiene fácil la derecha. Luego entonces, ¿por qué hay que allanarle el camino a Rajoy –que cargó de indecencia la dignidad de su cargo– para ver si llega?  Y ¿por qué hay que empinárselo a Sánchez –un político limpio, aunque su partido haya sido manchado por la corrupción– para ver si así ni siquiera lo emprende? Intentarlo no es solo un derecho sino un deber.

El poder económico prefiere la gran coalición

Cualquier observador, incluso distraído en medio del agobiante jolgorio navideño, ha podido constatar la enorme presión para disuadir al atrevido. Demos por descontada la de los círculos de poder económico que prefieren la colaboración, incluso en el Gobierno, del PSOE con el PP.

Fijemos la atención en notabilísimos excargos socialistas que abogan así: el PSOE está más débil que nunca por el pésimo resultado; el eventual principal amigote Podemos –es una mala compañía a los ojos expectantes de los mercados– es un conglomerado poco fiable; el PP está también débil y nos necesita; en suma, hay que descartar el propósito de Sánchez y centrarse en un acuerdo con el PP al que se le puede obligar a hacer cambios en sus políticas.

Así que proponen que –para dar respuesta a la cuestión decisiva de ¿quién va a dirigir desde el Gobierno la salida de la crisis?– el PSOE tiene que desplegar una acción política distinta a la que ha marcado el secretario general del partido y candidato a la Presidencia.

Es significativo que ningún dirigente socialista con cargo relevante se haya manifestado públicamente a favor de esa propuesta de colaboración con el PP. Pero tal no significa que no haya quienes piensen que eso es lo más acertado. Significa que saben que las bases del partido son contrarias, radicalmente contrarias. ¡Las putas bases!, tan moldeables en congresos y pre-congresos, tan tercas en lo que creen y tan peligrosas si se las deja votar. Tanto que eligieron –cuando fueron llamadas a votar directamente la elección del secretario general– a un tipo que ha salido incontrolable, sin la experiencia y sin los lazos de compadres que comparten quienes tienen el culo pelado de tanto aposentarlo largamente en toda clase de cargos orgánicos.

Sea curioso el lector, mire ahora hacia otro lado. Repare en la sagacidad y persistente coherencia de un líder clásico de la izquierda, Julio Anguita. Muy admirado por Pablo Iglesias según propia declaración. Él sabe, como otros muchos, que esa posición existe en el PSOE; y , además, se atreve a afirmar que será la triunfante; que las señorías del PSOE permitirán que el PP forme un Gobierno que goce de estabilidad parlamentaria durante cuatro años. En consecuencia, como mentor de Podemos, señala el camino a tomar: un proceso de convergencia que permita crear una verdadera alternativa para dentro de cuatro años. La gestión de la crisis que la gobierne la derecha y su aliado.

Esa posición puede que satisfaga a los que dicen "PSOE y PP la misma mierda es". Pero juzgue el lector si contribuye a facilitar o dificultar la respuesta que la derecha quiere para la cuestión decisiva de hoy.

Iglesias, en este caso no voz sino eco, está calificando ahora al secretario general de "teatrero". El lector puede suponer, si quiere, que no lo hace para acrecentar el descrédito en que quiere sumir a Sánchez la derecha. El lector puede suponer, si quiere, que lo hace así solo porque confía en el certero análisis de Anguita y en el cumplimiento de su profecía. Vale. Pero ¿y si no se cumple?

Entonces tendremos que oír la explicación de Iglesias; y, posiblemente, en ese momento –que está por llegar– serán más los que pidan a Podemos que colabore en la tarea de que Sánchez alcance la Presidencia y forme un Gobierno que cambie el rumbo en la gestión de la crisis.

Menudo espectáculo

Volvamos de nuevo la atención a las filas socialistas. Menudo "espectáculo" (Patxi López dixit). Las baronías alzadas en palabras. No para explicar a los españoles qué trascendencia puede tener para las comunidades autónomas la forma en que se resuelva lo que el resultado electoral ha dejado pendiente; cosa esta que podría ser conveniente y hasta necesaria. Los medios de comunicación y las televisiones, amplificando el alzamiento; y, por regla general, dedicando diez veces más espacio a hablar de la lucha por el poder desatada contra el secretario general que a poner de relieve la incapacidad que está revelando Rajoy y la inanidad del PP. No nos extrañe: ni quitan ni ponen rey pero ayudan a su señor. Y cuanto mana la fuente de los habladores... beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Sánchez hundío.

Lo significativo es que ningun@, ni ante la opinión pública ni en el Comité Federal, se haya atrevido a mantener que el PSOE, en esta coyuntura crítica, deba seguir otra línea de acción que la marcada por el secretario general. Luego entonces ¿por qué no le dejan? ¿porqué no le ayudan? Es más, sus baronías tienen bien reciente una experiencia propia. No ha mucho en elecciones autonómicas, a pesar de que el partido perdió votos respecto a las anteriores, recuperó o mantuvo poder gubernamental. ¿Cómo es eso ? Pues porque ante un pluripartidismo más efectivo funcionó la democracia representativa; y los líderes autonómicos socialistas, con el respaldo de su dirección federal, supieron gestionarla bien y convertir la posibilidad en una realidad.

No dedicaré aquí ni una línea a juzgar las intenciones de los alzados. Su actitud sería explicable si ofrecieran al PSOE una línea de acción política distinta a la del secretario general que, además o por tanto, precisara desplazarle del poder. Pero no la tienen o no se atreven a mantenerla. Así que no pueden explicarla. Y cuanto más lo han intentado más desnuda aparece esa lucha de poder. Tantos analistas lo han mostrado que puedo evitar lo que sería reiteración.

Una buena parte de la militancia no comprende esa actitud y otra buena parte les conmina: ¿¡por qué no os calláis!? Y parece que esto les ha hecho replegarse un tanto. Bien. La soberanía es de la militancia. Solo la parte más mayoritaria votó a Sánchez pero fue toda ella la que eligió al secretario general. Un respeto.

Dediquemos un párrafo no a las intenciones sino al efecto que contribuye a producir la mentada posición de las baronías. Es fácil describirlo: justificar desde ya la convocatoria de nuevas elecciones. Así se le quita importancia a todo lo que tiene que suceder en el tránsito a estas si finalmente han de celebrarse. Todo va a suceder rápido pero todo tiene que suceder.

¿ Qué ha de suceder ? Pues que funcione la democracia representativa; que se destaque su carácter deliberativo planteando y resolviendo la cuestión decisiva dejada pendiente por el resultado electoral; que hagan sus ofertas y den y den explicaciones quienes pueden y deben intentar, por su orden, ser investidos presidentes, desde ya, ante la opinión pública; y luego, con toda formalidad, en el Congreso de los Diputados. En suma, todo eso que es un auténtico calvario para Rajoy y su PP; y que, por el contrario, es una oportunidad para todos los demás y explicar  –con menos desigualdad de medios que en una campaña electoral– por qué hay que poner fin ya, y no dentro de cuatro años, a su Gobierno.

Añadamos que solo así la "salida de emergencia" que sería otra convocatoria electoral no sería mera repetición: algo más habría tenido ocasión de aprender el electorado antes de volver a hablar con su voto.

En el tránsito a esas eventuales nuevas elecciones (cuya convocatoria es una clase de "nueva política" a la que se apunta pronto la prudencia y la estabilidad de Rajoy) no estaría de más que los representantes de los municipios y de las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos dejaran oír su voz. Los primeros, porque son el suelo institucional donde arraiga la democracia, despertando el interés de los más por la cosa pública. Las segundas, porque gestionan en buena parte el Estado del bienestar tan cuestionado por la crisis económica; y porque la crisis política de la democracia española tiene entre sus componentes la específica del Estado autonómico.

Hacer oír su voz para transmitir a los candidatos a presidentes lo que municipios y comunidades autónomas necesitan del Gobierno de España, sea cual sea su color; y lo que pueden aportar a la solución del conjunto español. Voz ante Rajoy ahora; luego en su caso ante Sánchez.

Lo paradójico es que la voz de los gobernantes autonómicos socialistas se haya oído, en primer lugar, no para dar mayor fundamento a la idea de que las comunidades autónomas necesitan objetivamente un cambio de Gobierno en España, sino para especular con los límites que hay que poner a Sánchez; de este modo reducen el campo de legítima maniobra que necesita y que le permite el respeto a una representación más compleja de la ciudadanía; representación más pluralista, que le obliga a abrirse a pactos a derecha e izquierda, a clásicos y a nuevos. Y en segundo lugar hablan para pronosticar que lo más seguro es que tengamos de inmediato otras elecciones porque la cosa está muy difícil. Cómo si no lo supiéramos. Como si lo que necesitáramos fuera azafatas que te avisan de la salida de emergencia y no de un piloto capaz de hacer bien un aterrizaje que complica el último vuelo electoral del voto ciudadano. Sin metáforas: necesitamos líderes esforzados en el afán de hacer algo más posible hoy lo difícil , deseable y necesario; y que además sepan a quién le toca en esta ocasión llevar la voz cantante.

¿Se atreverá Podemos a colaborar con el PSOE? 

¿Podrán el PSOE y su secretario general conseguir lo que pretenden? Están obligados a intentarlo; por eso, Sánchez se ha atrevido a decirlo a despecho de cuantos diversos quieren ajustarle las cuentas.

Completemos la pregunta : ¿podrá Podemos ?, ¿se atreverá a colaborar con el PSOE, que es lo que ahora toca? ¿O verá su propia consolidación en la exclusiva expectativa de sobrepasar al PSOE y dar acabamiento a IU?

Piensen ambos el fruto que puede dar a su colaboración la suma del activismo del que ha surgido Podemos (y del que por supuesto no tiene la exclusiva) y la amplia presencia que tiene el PSOE (por supuesto no exclusiva ni excluyente ) en el gobierno de las Administraciones públicas.

Repárese en los porcentajes de votos y de escaños. Es imprescindible. Pero solo contar es fácil. Ya se hizo. Pero ahí, en esa aritmética elemental, no se detiene ni la acción política ni la reflexión que la acompaña.

Bien es cierto que los períodos críticos embarullan las cabezas. Que ningún partido se libra de este mal. Que incluso entre quienes mantienen la unidad de objetivo se exacerba el debate sobre el medio a emplear. Que a la opinión pública,asaltada por voces y ecos, no le resulta fácil distinguir entre quienes quieren hacer efectiva la representación política que se deriva del voto y entre quienes convierten la política en una pura representación, en un teatro de sombras chinescas, en un espectáculo de ventrílocuos que solo presentan las caras de sus monigotes.

Fiemos pues al liderazgo y a la coherencia de los partidos, cuya medida crece o se achica rápidamente en los momentos críticos como este. Es su tarea, no la de los "independientes".

Fiemos también a la capacidad de distinguir de una ciudadanía bien informada; y a su capacidad de influencia sobre quienes dicen representarla.

Vamos a suponer, a efectos puramente dialécticos, que, después de Rajoy, Sánchez tampoco lo consigue. Algunos puede que digan que esto ya se sabía y que tiempo perdido. Discrepo: en ese proceso se da ocasión para que la ciudadanía atenta distinga y forje su cultura política. Por esto también es un deber para Rajoy cumplir su intento con la seriedad que su eslogan electoral decía que se tomaba con España, y no con la faena de aliño que le estamos viendo. Y es a Sánchez, y nadie ha podido negarlo, a quien le corresponde intentar una alternativa, una respuesta distinta a la que da Rajoy a la cuestión decisiva.

El secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, considera que no hay una crisis de liderazgo en su partido y cree "lamentable el espectáculo público" que se está dando por los socialistas en estos momentos en los que, a su juicio, se deben centrar en la formación del Gobierno de España.

Tras señalar que habrá que preguntar a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, si está dispuesta a "forzar un relevo", advirtió, además, de que, con la petición de dimisión a Pedro Sánchez por 500 militantes de Madrid, sólo "se ayuda a quien quiere debilitar al PSOE".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, López manifestó que el PSOE tiene que hacer un Congreso "porque le corresponde y lo que hay es un debate sobre cuándo" debe ser.

"Hay quienes piensan que hay que hacerlo ya, y hay quienes pensamos que la agenda pública, la de los ciudadanos, está en ver cómo se conforma un Gobierno, y que es lógico que esperemos a que esto suceda porque no es lo mismo hacer un Congreso si gobierna el PP, si gobierna el PSOE o si hay unas nuevas elecciones", señaló.

A su juicio, el Congreso se debería desarrollar "con estas incógnitas despejadas y sobre ciertas certezas" porque un Congreso "es un tiempo de reflexión y se necesita acertar en la reflexión, en las políticas que planteemos".

"Retrasar dos meses un Congreso no significa ninguna hecatombe dentro del PSOE, sino hacer el Congreso con mayores garantías y ésa es la discusión que deberemos abrir en un próximo comité federal porque toda esta especie de espectáculo que estamos dando públicamente, me parece lamentable, en términos del Partido Socialista", añadió.

En esta línea, consideró que "al militante, cuando le toque elegir al nuevo secretario general o, si hubiera elecciones, al nuevo candidato, va a entender perfectamente el recorrido que Pedro Sánchez ha hecho en 18 meses y cómo, en un tiempo muy complicado, muy turbulento, en el que ni siquiera ha habido tiempo para parar, reflexionar y consolidar muchas posiciones porque ha habido cuatro o cinco procesos electorales", el secretario general ha sido "capaz de sostener" a este partido cuando la ciudadanía "lo estaba abandonando".

El secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE aseguró que él apoyaría que Sánchez fuera de nuevo candidato ante unas nuevas elecciones generales. "Lo dije ayer, lo he dicho siempre. Creo que es lo lógico en este momento para el Partido Socialista",  añadió.

A su juicio, "a veces las cosas son de sentido común", porque en 18 meses de liderazgo de Pedro Sánchez, éste "ha sostenido a un partido que estaba en horas muy bajas y le ha puesto en una situación mucho mejor de lo que muchísima gente pensaba en este país".

"Y la obligación del PSOE es responder a lo que demandan de nosotros nuestros electores y la ciudadanía en general. Y no creo que estén contentos los electores ni la ciudadanía con ver a un Partido Socialista en sus asuntos internos, sino respondiendo a la agenda pública, que hoy es la conformación de un Gobierno para hacer cosas en este país", manifestó.

En referencia a los alrededor de 500 militantes socialistas de Madrid que este martes por la noche se reunieron para pedir la dimisión de Sánchez, señaló que "mañana podría haber una de 2.000 diciendo lo contrario". "¿Y qué conseguimos con eso, más que ayudar seguramente a los que quieren debilitar al PSOE?", dijo.

Los peores resultados 

El dirigente socialista recordó que los de estas elecciones generales fueron los peores resultados de la historia de su formación, pero resaltó que todas las encuestas en días anteriores a las elecciones les daban "un resultado catastrófico, en el que había un 'sorpasso' de Podemos".

Susana Díaz 

A su juicio, habrá que preguntarle a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, si es verdad que está dispuesta a "forzar un relevo" en el PSOE. "Pero si el reconocimiento de que los resultados no han sido buenos lo hemos hecho todos, incluso el propio Pedro Sánchez", indicó.

Además, puntualizó que los socialistas "tienen déficit que se llevan arrastrando desde hace muchos años, que se ven en los grandes núcleos urbanos, en las clases medias urbanas, en que no se conecta suficientemente bien con los jóvenes de este país".

"Y de todo esto tenemos que hacer una reflexión profunda para ver cómo vamos arreglando esos déficit", señaló, para precisar que no eso "no es achacable a Pedro Sánchez".

No soy politólogo, pero las casualidades e inesperadas coincidencias en la política despiertan mi interés y siempre me resultan de entrada, sospechosas. Me cuesta trabajo aceptar que estas dos tendencias en la instención de voto de Ciudadanos y Podemos concatenadas en el tiempo sean fruto del azar o de la espontaneidad política de los ciudadanos.

La aparición de Podemos –motivos había para ello– en el escenario político, provocó que la mofa y el ninguneo inicial se transmutaran en inquietud con el paso del tiempo ante el avance  "in crescendo" en la intención de voto del partido de Iglesias.

Aquella protesta iniciática de yayos y perros flautas con rastas que se hicieron fuertes dignamente en Sol, inesperadamente y contra todo pronóstico de los engreídos politólogos de la santa madre política nacional, cuajó electoralmente como alternativa real, y que en el acmé de la intención de voto ciudadano, se codeaba con la de los grandes partidos tradicionales del eterno, confortable y pactado bipartidismo.

Insisto y vuelvo al principio, me sorprende la tolerancia y aceptación –que reconforta y serena sin duda a los poderes económicos, incluso a sectores políticos y sociales- ante el acelerado e indiscutible éxito de Ciudadanos, e imagino que esa tolerancia no será fruto de la dilatada experiencia y madurez política de sus dirigentes y que a otros tanto se critica.

En apariencia surge como el comodín salvador que asegura la jugada y la apuesta de algunos interesados en controlar la baraja política, eso sí, no sabemos si jugando con cartas marcadas y con un comodín en la manga.

No sé si el éxito de Ciudadanos es espontáneo, me cuesta creerlo, o provocado, es posible, pero el debate entre politólogos de postín –revisen hemerotecas– tampoco llega a definir claramente su perfil ideológico o político ni las claves de su éxito.

Dependiendo de opiniones, su ubicación en el espectro político presenta un intervalo ideológico muy amplio por transversal –una de sus señas de identidad– y que oscila desde: “es un partido de derechas”, según algunos, al de “es un partido de centro izquierda” de otros. Algún politólogo lo ha calificado como “un catch-all-party”, un partido atrápalo todo que lo mismo sirve para un roto de la derecha que para un descosido de la izquierda vamos… ¡un oportunista partido sastre de la política!

Transversalidad, indefinición, ideología laxa, ariete contra la corrupción, liberal en lo económico, laico en lo religioso, tolerante en valores morales, propuestas económicas en territorios aceptables para el IBEX y fiscales próximas a FAES con algún oportunista matiz redistributivo “socialdemócrata” para paliar injustificables carencias sociales, fenotipo impecable y nada turbador, dirigentes de aspecto moderado y saludables, este partido de nombre insinuante… Ciudadanos, pescador de votantes en las revueltas aguas de la política nacional encrespada por la corrupción y escándalos de los partidos tradicionales y el temor difundido por los altavoces mediáticos y políticos de siempre para frenar el tsunami de las hordas rojas de Podemos y, lo más cómico, quién iba a decirl, del PSOE, sigue atrapando votantes de la derecha –¿moderada?– del PP, de la extinta UPyD y quizás del ala para entendernos menos centro izquierdista del PSOE.

En el fondo, Ciudadanos es ese “comodín” tranquilizador que quizás algunos tahúres –los verdaderos poderes– se han sacado de la manga para, por una parte, “civilizar” a una derecha ideológica –rayana últimamente con la ultraderecha–, cada vez menos creíble y que comienza a ser invendible políticamente incluso para esos mismos poderes, y “lastrar” por otra la inclinación del PSOE hacia posiciones –da risa solo el comentarlo–etiquetadas desde el sector antagónico del arco político como de izquierda radical y extremista.

Ciudadanos –con ¿ayuda? o no de otros poderes– aprovecha el espacio político vacío dejado por un PP hundido en sus corrupciones, anclado en un radicalismo ideológicamente ultra, anti sistema, excluyente y a quién ha situado a su derecha, e impide simultáneamente con su carga de corrupción correspondiente, y la renuncia a su espacio natural ideológico, el desplazamiento hacia la “izquierda” del PSOE, representada hoy por la “socialdemocracia radical” de Podemos, al que obscenamente políticos inviables en un país democrático, al borde de la demencia y desenterrando viejos fantasmas cainitas, tratan de comparar impúdicamente con los soviets.

El problema y el riesgo de Ciudadanos, es que huyendo de excesos –lo cual no tiene porqué ser negativo– pero abusando en demasía de su afán de transversalidad y evitando premeditadamente definir su perfil ideológico –las ideas alimentadas racional y razonablemente por la ética son siempre positivas–, pueda desaparecer difuminada su credibilidad en su brumosa y laxa identidad política.

Respecto a su defensa de la incorruptibilidad –deben creerse a priori, quizás lo sean, incorruptibles– habrá que dejar, si “tocan poder“, pasar el tiempo para comprobar cuánto duran sin mancharse las manos en esta selva en que ha devenido últimamente la actividad política.

Se abre un nuevo horizonte donde las cosas no se solucionan como antes, cuando, a falta de mayoría absoluta, los que se llamaban partidos bisagra, CIU y PNV, cedían sus votos a cambio de prebendas y no se metían en nada, dejaban hacer, renunciaban al control o a introducir puntos de su programa, regalaban o vendían el poder que les otorgaban sus votantes. Justificaban su ausencia, su inhibición, sentenciando que estaban por la “gobernabilidad”, es decir, entendían que su presencia en la acción política del Gobierno de la nación produciría lo contrario, “ingobernabilidad”, con lo que se definían sin pretenderlo como auténticos incapaces o saboteadores. Sin embargo, estos partidos nacionalistas se ofrecían para gobernar, como la única opción posible, en sus feudos y así, siempre mandaban los mismos: los dos partidos mayoritarios se hacían cargo del Estado, y los bisagra, de sus respectivas autonomías.

Ahora, a esos partidos mayoritarios les toca hacer el trabajo de otra manera y les cuesta. Los votos ya no se regalan, no existe la costumbre de gobernar con otro, de sentarse a hablar con el rival para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para los gobernados porque eso implica ceder poder. Es más sencillo de lo que parece, es una cuestión de prioridades.

¿Es la primera obligación procurar el bienestar del ciudadano? Contestando a esta pregunta se avanza un gran trecho. Claro que habrá dos definiciones, como hay dos Españas, del significado de la palabra ciudadano, porque tan ciudadano es el enfermo, en el caso de la sanidad, como el presidente de la empresa adjudicataria de la gestión de un hospital al que se le trunca un chollo. Y así es, uno debe optar por el bienestar de la clase dirigente o de la mayoría del pueblo, circunstancia que podría atenuarse, pero que viene determinada por la especial cualidad de “nuestra” patronal, cuya cúpula representada por la CEOE nada en la opulencia, o se ducha en nuestras cárceles por amasar un inmenso patrimonio de manera ilegal, mientras exige al que nada tiene que se apriete el cinturón. No son empáticos.

La cuestión es que el deseo de los votantes apunta en una dirección diferente a la que hemos llegado después de cuarenta años de democracia. Y no me refiero al signo del partido ganador sino a la exclusividad del mando en unas solas manos. A esta nueva etapa de entendimiento de más de un partido para poder gobernar se le suma una dificultad añadida, que es característica de la piel de toro: de nuevo las dos Españas. Aunque muchos se empeñen en negarlo, para mí es evidente, y cuando escucho a los próceres de la otra y me echo las manos a la cabeza, o me río con sus sandeces y su discurso medieval, observo cómo lo que yo creía un exabrupto extemporáneo es repetido por todos y cada uno de los representantes políticos afines como una letanía.

Hay que sentarse a trabajar. Escuchar, dejar de intentar demonizar al otro para escaquearse del curro. A Susana Díaz, en contra de lo que escucho y leo en los medios de comunicación, esta nueva etapa no le ha caído bien. Se ha empeñado en señalar a los demás como intransigentes “bloqueadores”, y lo ha hecho desde el estilo manido del gobernante nacionalista del que tanto abomina, envolviéndose en la bandera y hablando en nombre y a mayor gloria de los andaluces.

No toca eso, nadie a su alrededor se ha atrevido a decirle que no ha sacado mayoría absoluta. Es cierto que llevaba mucho tiempo esperando que llegara su momento y que ha visto la comodidad con la que vivían sus antecesores en el puesto, pero eso se acabó. El sueldo que pagamos a los gobernantes pasa por sentarse con quien corresponda. Recuerdo cómo Aznar cuando sacó mayoría absoluta dijo que no recibiría nunca al lehendakari en la Moncloa y lo cumplió. Esos modos no tienen cabida en la nueva era y, si alguien cree que no está capacitado para hacer ese trabajo, que es el que demandan los españoles, o los andaluces, en este caso, debería recordar que nada es obligatorio en política y que hay un mundo maravilloso ahí afuera, donde viven los votantes.

Es cierto que no se deben aceptar chantajes, ni imposiciones inasumibles, pero debe explicarse qué es lo que impide sentarse a hablar, horas, días, el tiempo que sea necesario. Y, sí, ¿por qué no?, contando de qué se habla y cómo va la cosa. Que nos demuestren que estamos en buenas manos. Recuerdo la que liaron los del PP con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y cuando se les preguntaba cuál era la lección, el capítulo que les sacaba de sus casillas, no respondían, no querían delatarse, volvían a cacarear la consigna de turno. En el colmo del disparate hablaban de que adoctrinaba. Ellos, precisamente, que querían hacer la asignatura de religión obligatoria.

A mí personalmente, que no soy andaluz ni he votado allí, eso de no tener las cuentas de la Comunidad, que reportan beneficios astronómicos, en bancos que sean intransigentes con el tema de los desahucios me parece bien, imaginativo y de coste cero, claro que le obliga a uno a definirse y, a lo mejor, es eso lo que no se acepta, que una niñata le diga a la lideresa que se manifieste en temas concretos, pero en fin, están saliendo casos de corruptelas a diario, ahora con los cursos de formación, que parecen dar la razón a los que opinan que un cierto control por parte de terceros no viene nada mal.

El futuro no parece sencillo. La negociación no debe centrarse en conseguir o ceder cuotas de poder, la era de los “egos” debe pasar a la historia. La alternativa de la España Una siempre va a estar vigente, al acecho, y exigiendo lo que considera suyo: lo nuestro. El enemigo real continúa emboscado con un objetivo claro, despojar de todo al ciudadano para meterlo en su propio bolsillo.

Afirma el Tribunal Constitucional que las privatizaciones son legales. Ahora entiendo lo que quería decir Esperanza Aguirre cuando renegaba de una sentencia de ese tribunal proclamando que sus conclusiones carecían de valor por estar totalmente politizado. Pues sí, en eso tiene razón, pero esta señora no piensa mucho lo que dice y olvida que, precisamente, uno de los argumentos que exponen los detractores para cuestionar la objetividad del órgano supremo de la justicia de este país es que está presidido por un militante del PP, y que la mayoría de los miembros que lo componen pertenece a ese espacio que da en llamarse conservador y que habita a años luz del “centro”.

A lo mejor ese órgano, de paso que legitima las privatizaciones de servicios esenciales, debería recordar a los diferentes gobiernos que existe un artículo en esa sacrosanta Constitución que dice: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Bueno, pues yo creo que la privatización de la sanidad es de “especial trascendencia” y cuenta en los sondeos con una oposición ciudadana que supera el setenta por ciento en el peor de los casos. Es curioso que desde que se aprobó la Constitución, hace decenas de años, sólo se ha convocado uno, y con trampillas, a cargo de ese gran trilero que es el señor González, e incumpliendo totalmente lo que se votó, que implicaba la no pertenencia a la estructura militar, la prohibición de instalar o introducir armamento nuclear, y la reducción progresiva de la presencia militar de los EEUU, o sea, OTAN o bases, una cosa u otra. Bueno, pues al final nos quedamos con las dos, nos hemos comido todo.

En fin, concluyendo. La cosita está compleja y la derecha no va a dar tregua, va a estar enfrente desde el primer día. Es mucha la pasta en juego, muchos los pelotazos que se van a perder.

Rajoy se queja del tratamiento que le dan los medios de comunicación al tema de la corrupción. Debe entender que la lucha contra la corrupción es un freno para la economía. Para paliar el acoso a los ladrones se dispone a conceder más televisiones a la caverna y así conseguir un aplauso sonoro a su lucha en favor de la transparencia que comienza con esta concesión de canales de manera opaca. Pues ahí están, al pie del cañón.

A lo que iba, que tiendo a la dispersión y, en realidad, de lo que quería hablar no he dicho ni una palabra. Corren tiempos muy malos y mientras intentamos quitarnos de encima a estos monstruos, están negociando tratados de libre comercio internacionales, que así los llaman, pero que son alianzas para abolir la democracia, a nuestras espaldas, con total secretismo, y el PSOE, por cierto, está por la labor. Mal. Así, mientras el personal se está moviendo para desenmascarar las maldades del TTIP, resulta que este parece ser un señuelo ya que cuarenta países entre los que se encuentra España han firmado, también a espaldas de los ciudadanos, otro aún más maquiavélico: el TISA, que sin duda alguna es una “decisión política de especial trascendencia” y que debería ser aprobado por los ciudadanos en referéndum, según reza la Constitución.

Parece que no hay salida desde una posición individual y los ciudadanos debemos empezar a pensar en una solución colectiva o estaremos perdidos. No hay lugar para el “sálvese quien pueda”.

Hay que borrar el pronombre yo del sistema de organización que nos demos y empezar a pensar en nosotros. Los de la otra España hablan del Estado como enemigo de la libertad por su afán intervencionista y se proclaman ácratas que defienden la libertad individual, mientras nos imponen leyes mordaza represivas, carcelarias. “Vienen a por nosotros”. A por ti también, bobo, dicho desde el respeto.

Siéntense, hablen y sáquennos de aquí.

Y hace nada que García Page ha dicho lo mismo de Podemos.

Es normal, porque en las reivindicaciones de Podemos (y en las anteriores de los indignados) no hay cosas que choquen con un programa socialdemócrata.

El invento del frente popular, el marxismo-leninismo y los soviets es una malintencionada añagaza dirigida a ciudadanos de extrema derecha o a otros ignorantes asustadizos con cuyo apoyo se cuenta. Quienes repiten esos “avisos” tampoco deben saber mucho de historia. Algo les habrán contado sobre el frente popular, y desde luego lo que ignoran es el contenido del marxismo-leninismo, que también mezclan a veces con populismo. Desfile de modelos de cabeza-turmix.

Pregunta y sorpresa. La pregunta es qué dificultad debería existir para que puedan converger Podemos y PSOE a través de acuerdos fáciles.

La sorpresa viene cuando se supone precipitadamente que la socialdemocracia es el campo por donde el PSOE circula espontáneamente, donde juega en casa. ¿No era siempre así? ¿A qué vienen estos de Podemos? ¿No es el “Estado de Bienestar” el modelo básico de la socialdemocracia y del PSOE?

Claro que sí, pero no sin algún problema. Porque ¿cómo se casa con la promoción de ese Estado de Bienestar el…

* …ponerse casi automáticamente a las órdenes de la dictadura financiera internacional-globalizante, mediante una modificación constitucional acordada con nocturnidad?

* …apuntarse al escudo antimisiles tras una llamada de Obama, a la que se responde “sí, gwana”?

* …exportar armas a países que no garantizan los derechos humanos?

* …mirar para otro lado cuando los exlíderes se van a ocupar sillones de consejeros “independientes” de las empresas más poderosas para hacerles gestiones imprecisas (“pero a ti quién no se te pone al teléfono”) sin considerar qué víctimas producen tales empresas en España o fuera? (no enumero)

Y aún parece que se plantea el votar positivamente el proyecto de acuerdo de libre comercio de Europa con los Estados Unidos, lo cual generará conflictos que zanjarán empresas interesadas, puestas por encima de instancias judiciales europeas. Crearía además excepciones en legislación europea (p. ej. Laboral), Y debería aceptar que productos estadounidenses se den por equivalentes a los similares europeos, sometidos a las más exigentes normas de protección de la seguridad y de los consumidores. Parece que el Grupo Socialista del Parlamento Europeo se prepara para aprobar este fatal tratado. El PSOE guardará la línea, se supone.

Son unos ejemplos de cómo nuestro querido PSOE tiene algunas chinas en sus zapatos socialdemócratas, solo con mirar varias importantes decisiones que ha ido adoptando.

Pero son muchos años los que arrastra la institución de este partido. Debemos ser comprensivos con la rigidez de su aparato, con la cultura funcionarial de sus empleados, que buscan satisfacer a sus jefes internos, a quienes apenas se recuerda el latir cotidiano de la calle. Son muchos años pasando pruebas, pensando que cuatro años dependen de un día. Largas búsquedas de notas altas en marketing electoral, más fáciles de dominar que la pelea diaria allá donde la gente está.

Creo en serio que debemos ser comprensivos y entender que a primera vista un partido emergente y crítico le pareciera al PSOE sospechoso de populismo. No es fácil entender que un extraño venga a enseñarte tu propia lengua.

Por suerte ahora los que llamamos socialistas van captando que hay algo de justo en el largo declive de su viejo partido. Tampoco deben olvidar que el tener ahora más acceso a algunos poderes se debe a la catástrofe del PP más que a sus méritos. Porque entretanto el mismo PSOE ha continuado cayendo desde su mismo bajo suelo anterior. Un efecto al que desde dentro tendrán que buscar la causa sin desviar la mirada para proclamar éxitos que no lo son.

Bienestar. ¿Y qué es el cacareado Estado de Bienestar? Es aquello en lo que se coincidió sorprendentemente entre SPD y CDU de Alemania, poco después del fin de la Guerra Mundial. Los socialdemócratas concretaron laboriosamente su identidad política tras una década de preparación de su programa de Bad Godesberg (1959). Y esa sociedad no quedaba tan lejos de una “Economía social de Mercado”, sobre la que Helmut Kohl decía un día en el Consejo Económico de la CDU (1996):

“La economía social de mercado es el orden de la sociedad de la libertad y de la convivencia humana: ambas son inseparables. Su sólida vinculación fue el fundamento de la rápida reconstrucción de Alemania después de la guerra. […] No nos dejaremos engañar por falsos profetas que de cuando en cuando dicen y en publicaciones famosas predican la doctrina de que la palabra “social” ya no viene a cuento. Yo rechazo decididamente esas pretensiones”.

Fallo del punto social. Eso es lo que aquí ha sucedido, en plena expansión de las fuerzas del dinero ciegamente cazado y apropiado para la mayor desigualdad, tras la nacionalización de las pérdidas de los bancos y la privatización de la deuda pública, muchos que sufren las consecuencias han salido a la calle indignados. Cierto que cierta gente llevaba años despolitizada, sin saber mucho lo que es informarse y participar políticamente de verdad. Pero al cabo de tales experiencias públicas, algunos han reflexionado y desde la universidad han convocado a la acción política, a formar un partido. Pedían socialdemocracia sin contar con el PSOE, el supuesto profesional del asunto.

Puestos a comprender, no debe extrañar que, de entrada desde Podemos, los articuladores de la indignación hayan expresado pretensiones algo primarias y faltas de realismo y cálculo práctico. Aquello de o soy presidente o no sé qué haré si me toca estar mezclado con la casta. Y cosas así.

Nadie es el único. Cualquiera que busca de verdad la libertad, la justicia y la solidaridad humana tiene que aprender a entenderse y cooperar. Eso es difícil si uno lucha solo por imponerse a otro parecido. Pero existe la solidaridad. Y poder compartido es más poder.

Para terminar. Quiero solo añadir que las reivindicaciones supuestamente izquierdistas coinciden elementalmente con las de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Enumero una serie de elementos (y utilizo términos literales de la Declaración):

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a una remuneración que permita la existencia digna de la familia; un trabajo igual exige una retribución igual, trátese de un varón o una mujer; todos tienen derecho al descanso y a un tiempo libre, y a vacaciones pagadas, y a un nivel de vida adecuado que asegure salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, cuidados a la maternidad y a la infancia; todos tienen derecho a la educación obligatoria al menos en grado elemental, y al acceso a estudios superiores igual para todos, en función de los méritos de cada uno; toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad; y toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos humanos se hagan plenamente efectivos

Si todo eso sucede y se reconoce ¿no estamos en "Estado de Bienestar"?

Y entonces ¿el mundo entero se habría hecho radicalmente de izquierdas?

No. Será que la sociedad ha alcanzado la normalidad de la convivencia humana. Lo que pasa es que el imperio globalizador de las finanzas como valor único real, lo que llamamos dictadura neoliberal (que de liberal no tiene ya mucho) está desplazando la situación económica y política hasta tal derechismo inhumano, que lo que de por sí sería un centro políticamente equilibrado pasa por peligroso izquierdismo. Los más “pringados” en el “sistema” lo aborrecen y lo tachan de marxista-leninista, con todos esos engaños interesados que mencionaba al principio.

Pues sí, dejemos tranquilos a los soviets. Podemos es socialdemócrata. El PSOE ojalá más.

Podemos hacer país, si queremos. Que si no queremos, no podremos.