¿Qué pasó el 20 de septiembre de 2017, cuando decenas de miles de manifestantes rodearon la Consellería de Economía mientras la Guardia Civil procedía a realizar un registro ordenado por un juez? ¿Qué tipificación jurídica merecen los hechos que tuvieron lugar el 1 de octubre, cuando centenares de miles de ciudadanos intentaron votar en el referéndum anulado por el Tribunal Constitucional a pesar del despliegue policial ordenado por el Gobierno de Mariano Rajoy?

Los mismos hechos, los que tuvieron lugar el 20-S y los del 1-O, han sido investigados por dos magistrados diferentes, Carmen Lamela, entonces en la Audiencia Nacional, y Pablo Llarena, miembro del Tribunal Supremo. Y, paradójicamente, han llegado a conclusiones bien diferentes.

Sobre ambas acusaciones tiene previsto pronunciarse este viernes la Fiscalía.pronunciarse En sus conclusiones provisionales, que pueden modificarse después de las vistas orales, el Ministerio Público debe comunicar al Supremo y a la Audiencia de qué va a acusar a los procesados, si ve delito de rebelión —y por tanto observa violencia en el comportamiento de los dirigentes independentistas y del mayor de los Mossos— , si cree en cambio que cometieron sedición o si va a pedir que sean castigados por malversar dinero público, por desobedecer a los tribunales o por pertenecer a una organización criminal.

Esquerra Republicana y el PDeCAT pidieron en las últimas semanas, reiterada y públicamente, que el Gobierno presionase a la Fiscalía para no acusar de rebelión, el más grave de cuantos delitos amenazan a los procesados, porque implica por sí solo penas que pueden llegar a 25 años de cárcel. Si el Ministerio Público se alinea con el instructor de la causa en el Supremo, el juez Pablo Llarena, los independentistas ya han anunciado que retirarán su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y harán inviable cualquier posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Las dos instrucciones judiciales

La jueza Lamela acusó en su día al mayor Josep Lluís Trapero, que hace un año era el máximo responsable policial de los Mossos d’Esquadra, de sedición y pertenencia a organización criminal pero descartaba expresamente poder acusarle de rebelión porque, según ella, no concurre “el elemento de la violencia”.

Todo lo contrario que Llarena, que sí acusa a trece dirigentes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, de haber sido siempre conscientes de que “el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza” y de “que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”.

La instructora del caso que tramita la Audiencia contra Trapero, Carmen Lamela, que desde julio se sienta en la misma sala de lo Penal del Supremo de la que forma parte Llarena y que será la que juzgue a los dirigentes del procés, acusó al antiguo mayor de los Mossos de “impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones” cuando registraban la Consellería De Economía. Y de “desatender” el 1 de octubre el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum.

Todo ello en el contexto de intentar “conseguir la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo plenamente conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución”.

Lamela, sin embargo, no observa en el comportamiento de Trapero la “violencia” que Llarena atribuye a los dirigentes del procés y sí dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal que, paradójicamente, el Supremo y la Fiscalía ni siquiera han considerado en ninguna de sus actuaciones.

El delito de sedición

El Código Penal considera “reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión [que exige el concurso de la violencia], se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

“La sedición es una rebelión de segundo grado”, explica el auto de Lamela, que no ve “obstáculo para calificar jurídicamente los hechos como sedición” porque, “sin concurrir el elemento de la violencia”, Trapero pretendía “impedir la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de las funciones de autoridades” y “declarar ilegalmente la independencia de una parte del territorio nacional”. Todo ello —siempre según Carmen Lamela— “sin emplear la violencia”, a pesar de haber impedido a la Guardia Civil hacer su trabajo y a haber desatendido la orden de impedir la votación del 1-O.

La inacción de los Mossos d'Esquadra el 20 de septiembre de 2017, así como su actuación el 1 de octubre, “podría ser presuntamente constitutiva de un delito de sedición como autores o cooperadores necesarios, por acción o por omisión”. La magistrada de la Audiencia consideró “evidente”, en el auto de procesamiento que dictó en abril, que “los grupos multitudinarios de personas que se congregaron“ ante la Consellería de Economía o en los distintos centros de votación el día 1 de octubre,“ de forma voluntaria, concertada y coordinada, respondiendo a las consignas y mensajes del Govern y entidades soberanistas”. Lo hicieron de “forma tumultuosa para impedir o dificultar gravemente la actuación de la comisión judicial encargada de efectuar los registros o la de los agentes policiales que pudieran personarse el día 1 de octubre en los centros de votación”. “Se utilizó aquella masa de personas, aprovechando la innegable fuerza intimidatoria y coactiva que produce la presencia física de un grupo compacto de multitud de personas dispuestas a oponer resistencia a los agentes policiales”, incurriendo en “una conducta claramente subsumible en el delito de sedición” previsto en el Código Penal.

Lamela no niega en ningún momento los hechos que también relata el auto del juez Pablo Llarena y afirma que “la muchedumbre” concentrada “tumultuosamente en el edificio de Economía” desencadenó la “fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”. Y reconoce que los Mossos no sólo no impidieron la votación del 1 de octubre sino que la facilitaron “obstruyendo a los agentes policiales (Policía Nacional y Guardia Civil) dispuestos realmente a cumplir ” lo ordenado por los tribunales al punto incluso de “enfrentarse a los mismos cuando aquéllos actuaban contra la muchedumbre”. Y aún así, Lamela no observa la violencia que sí ve Llarena para acusar de rebelión por los mismos hechos a los dirigentes del procés.

El magistrado del Supremo afirma, en cambio, basándose en los mismos hechos, la voluntad de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, “de recurrir a la violencia o aceptarla” porque conocían “el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal y persistieron en realizar aportaciones esenciales que impulsaran el ilícito comportamiento que desplegaban”. Dos días antes del 1-O conocían, porque así se lo trasladaron los Mossos, la existencia de un “grave riesgo de incidentes violentos procedentes de un sector de la población particularmente movilizado”.

“Teniendo la capacidad de decidir sobre un referéndum que ellos mismos habían convocado y la capacidad de aportar los mecanismos de seguridad policial que podían coadyuvar a la contención de la violencia”, razonó en su día el juez, “prefirieron ordenar la continuación del proceso, llamar a la población a la movilización y a la participación, e impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.

Del mismo modo, sostiene el auto del Supremo, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también recurrieron a la violencia porque impulsaron “una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, de retirar el material electoral, y de alcanzar el recuento el día 1-O”.

Precisamente hace un año, la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,y a todos sus exconsejeros como investigados en el procés, que culminó el 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y tras admitir a trámite una querella presentada por la Fiscalía General del Estado por estos hechos. El Ministerio Público presentó una querella similar en el Tribunal Supremo pidiendo que investigase a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los cinco miembros de la Mesa por facilitar la tramitación y la votación a favor de la ruta secesionista, porque por entonces eran aforados. Ese mismo día 2 de noviembre, el juez del alto tribunal también llamó a declarar a estas personas; aunque finalmente las comparecencias se retrasaron una semana a petición de los abogados que alegaron indefensión por la premura con la que habían sido citados.

Una petición que también formalizaron los abogados del exGovern, pero que no fue aceptada por la juez Lamela, pues interrogó y envió a prisión a todos los exconsellers que comparecieron, es decir, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, y Carles Mundó. No obstante, para el exconsejero Santi Vila, la magistrada acordó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Archivo de la causa para tres investigados

La causa llegó a tener hasta 28 investigados, pero el 21 de marzo de este año el juez Llarena acordó el procesamiento solo para 25 de ellos por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. De este modo, archivó la causa para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Uno de los argumentos principales que se exponen en el auto de procesamiento es que ha quedado acreditada la existencia de violencia para imputar el delito de rebelión, pese a que las defensas han intentado con insistencia desmontar esta tesis, pues han defendido que jamás hubo un alzamiento con armas. Ante esto, Llarena ha afirmado en sus resoluciones que "cabe una rebelión sin armas". De hecho, en el auto de procesamiento el juez instructor hizo especial hincapié en el "actuar violento" que se pudo ver el 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía, donde decenas de miles de personas que se congregaron allí tenían una intención "exclusivamente intimidatoria" contra la comisión judicial que estaba realizando un registro e incautación de documentos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por otro lado, el magistrado del Supremo dictó un auto el pasado mes de julio con el que acordó el cierre de la instrucción y procedió a abrir una pieza separada para incluir a todos los procesados huidos y declarar su condición de rebeldía. Se trata de Puigdemont, los exconsejeros que le acompañan desde el primer día en su fuga, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí; la dirigente de ERC Marta Rovira, que abandonó España el mismo día que estaba citada para conocer su procesamiento; y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que huyó para no comparecer ante el juez Llarena. Todos ellos ahora mismo tienen la libertad de circular por cualquier país, ya que el pasado 19 de julio, el juez Llarena retiró las euroordenes y las internacionales contra los huidos —salvo para Gabriel que nunca se dictó— tras el rechazo de los tribunales belga y alemán de entregarles por el delito de rebelión que se les imputaba.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado y archivado la querella interpuesta contra cuatro exministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. Informa Europa Press.

La querella de L'Observatori del Deute en la Globalització se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos denunciados, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que la construcción de las instalaciones a las que se refiere la querella no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el año 2002).

Para Lamela, las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto, y cuyas firmas por los querellados determinarían su responsabilidad, no aparece, y tampoco se expone en la querella, apunta, que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido.

En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, con fecha de 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

Así, tras estudiar los hechos, la jueza concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea "aislada ni peregrina", sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus respectivos cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó "deficitaria".

Además, el auto de la jueza considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por "un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley". De hecho, añade que "por el contrario, su actuación fue razonada y documentada".

La jueza añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante "no aparece" y "tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido".

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, "tal y como sucedió" pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende de "ninguna de ellas" que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos "formales, no de fondo". En otros, por su parte, el auto de la jueza estima que se pone de manifiesto la "complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial".

"Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria", aclara.

De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se haya cometido delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución "injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico", y que el agente del hecho obre "con clara conciencia" de la arbitrariedad, algo que "no acontece en el supuesto examinado".

La jueza concluye que esto le lleva "igualmente" a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, "quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino".

A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para 13 investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Según Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la hacienda pública (artículo 305 bis).

En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades a Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas a la sociedad Valfensal. Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Dolores Mataix y José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos.

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) concluyó la investigación contra el humorista Toni Albà y considera que hay indicios racionales de la comisión de un presunto delito de injurias contra la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y contra fiscales y policías con comentarios en Twitter debido a su "potencia ofensiva".

Según un auto, recogido por Europa Press, el juez concluye la instrucción del caso y da traslado a las partes acusadoras para que decidan si formulan acusación o piden el sobreseimiento, o si piden de forma excepcional alguna diligencia complementaria.

En su escrito, el juez relata que Toni Albà, entre el 3 de octubre de 2017 y el 24 de febrero de 2018 publicó varios comentarios en su perfil de Twitter presuntamente injuriosos contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la Administración de Justicia.

Entre otros comentarios, Albà afirmó: "Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: Lámela ... ¡Lame la mierda y te quedarás a gusto!" y "Atropellar a ciudadanos lo hace el Islámico y el Hispánico".

Otros apuntes en esta red social fueron "Llamadme spoileador pero estos son los primeros que deberíamos detener cuando proclamemos la república. Servirán de intercambio de presos", y referirse al Tribunal Constitucional (TC) como"Tontocul, traga cacas y toca collons".

El Código Penal tipifica el delito de injurias como una acción que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, y ve una modalidad agravada cuando se hacen por medio de publicidad, recuerda el auto.

El juez considera que las manifestaciones de Albà tienen "suficiente potencia ofensiva para agraviar la honra y el crédito de las personas e instituciones ofendidas" y recoge que referirse a los policías como "banda de terrorismo de estado" o "fascistas uniformados" es claramente ofensivo.

Albà ya declaró ante el juez instructor y defendió que sus afirmaciones se enmarcan en la libertad de expresión, "un derecho fundamental que no se puede coartar de ninguna manera", pero ahora el juez le avisa de que este derecho no es omnímodo o absoluto.

"Insultos denigrantes"

De hecho, critica la "absoluta desmesura" de las expresiones del cómico a la hora de criticar o expresar opiniones, ya que recurrió a calificativos e insultos denigrantes y gratuitos, considera el juez.

"Sin duda alguna, el investigado podía haber expresado su parecer y su crítica, aun incluso cuando ésta hubiera sido dura o incómoda para las personas que no opinasen como él, sin necesidad de recurrir a expresiones claramente insultantes, vejatorias y denigrantes", reflexiona.

El juez, además, apunta que según declaró Albà, su intención era hacer rimas y juegos de palabras como parodias, no tanto expresar su opinión, pero que independientemente de cuál fuera el objetivo, "ni la libertad de expresión ni el derecho a hacer parodia del investigado amparan el derecho al insulto desmedido y desproporcionado".

La investigación judicial a Toni Albà parte de un oficio de la Policía Nacional en el que ponía de manifiesto varios comentarios supuestamente injuriosos, al que se sumaron una denuncia de la Asociación profesional e independiente de fiscales, unas diligencias de la Fiscalía de Barcelona y un segundo oficio policial.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó este miércoles la investigación contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler así como la intendente Teresa Laplana, por lo que informó a la Sala de lo Penal para que abra la fase de preparación del juicio, según informó Europa Press.

En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 declaró concluso el sumario de la causa y lo remitió a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, dando diez días de plazo a las partes para pronunciarse.

Trapero está procesado en la Audiencia Nacional por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre.

Asimismo, la magistrada procesó a Puig y Soler por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, mientras que a Laplana le atribuye un solo delilto sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre.

Organización criminal bajo una dirección común

Después de toda la instrucción de la causa, que comenzó a finales de septiembre de 2017, Lamela concluye que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña", con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que "en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre".

En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, la juez de la Audiencia Nacional describe en su auto de procesamiento del pasado 5 de abril el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centra en la "utilización ilegal" de los Mossos "al servicio de los intereses secesionistas"Mossos.

Así, destaca este uso "tanto en los actos sediciosos" del 20 y 21 de septiembre como en la celebración del referéndum ilegal, pero también "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de investigaciones judiciales".

En cuanto al delito de sedición, Lamela considera que la actuación de los Mossos los días 20 y 21 de septiembre así como el 1 de octubre fue la de "omitir con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio de Economía y, "con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro".

Obstruyendo la actuación policial

El día del referéndum, la magistrada opina que la actuación de los procesados no sólo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial, sino que fue más allá, "propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir la orden judicial, espiando y controlando sus acciones".

Para la magistrada, en los hechos investigados concurre, según Lamela, un "dolo específico", que es el de la "intención última por parte de los procesados de romper la organización territorial del Estado", en tanto que sus actos iban "encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional", por lo que, en este caso, "deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno".

"La sedición es una rebelión de segundo grado", afirma la jueza, para explicar después que según jurisprudencia del Supremo "la rebelión tiende a atacar el normal desenvolvimiento de las funciones primarias de legislar y gobernar, y la sedición tiende a atacar las secundarias de administrar y juzgar".

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela volvió a rechazar dejar en libertad al expresidente del F.C Barcelona Sandro Rosell en tanto la instrucción de la causa en la que se le investiga por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal está "casi finalizada" y persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai, informó Europa Press.

La juez que instruye el caso Rimet responde así a la petición formulada por Rosell y su presunto testaferro en Andorra Juan Besolí, a quien también le deniega la libertad, y les dice que, aunque tiene en cuenta que ambos llevan más de 300 días en prisión, es "relevante" el avanzado estado de la investigación para garantizar que no existe riesgo de fuga ni destrucción de pruebas de cara a un enjuiciamiento cercano.

Para la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se trata de una causa de "cierta complejidad" a la que hay que añadir dificultades surgidas durante la investigación como la necesidad de practicar diligencias en el extranjero y de examinar "la compleja y abundante" documentación que obra en el sumario.

Se refiere la instructora a la investigación que arrancó hace 11 meses sobre las actividades de Rosell, acusado del cobro de comisiones ilícitas de los derechos de la selección brasileña de fútbol y de integrar una organización criminal internacional con la que habría blanqueado casi 15 millones de euros.

Al respecto, insiste en que éste actuó "de forma meditada y perfectamente preparada mediante la creación de un entramado de sociedades a fin de hacer desaparecer el rastro de las cuantiosas sumas de dinero ilícitamente obtenidas", por lo que se trata de una dinámica que no surgió de modo "circunstancial" sino que se desarrolló de un modo organizado durante un dilatado periodo de tiempo.

Informe del Senado brasileño

La jueza responde uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del expresidente del club azulgrana en el recurso y le precisa que, de las actuaciones practicadas hasta el momento, no se puede determinar que no haya existido comisión de blanqueo de capitales ni que sea falso el informe elaborado por la Comisión del Senado en Brasil sobre el funcionamiento de la FIFA y de la Confederación Brasileña de Fúbtol (CBF) aportado a la causa por el exjugador del Barça y senador brasileño, Romario de Souza Faria.

En su recurso, la defensa de Rosell desacredita el contenido de dicho informe asegurando que la CBF tiene naturaleza privada y que ésta no sufrió perjuicio alguno como consecuencia de la intermediación de Rosell en el contrato firmado entre ésta y la mercantil árabe con sede en las Islas Caimán, Internacional Sports Events (ISE), a la que los acusados habrían desviado presuntamente los fondos derivados del blanqueo de capitales.

Sobre este punto, la juez matiza que "en modo alguno" se afirmó con rotundidad que la CBF tenga carácter público sino que, en todo caso, tiene un "evidente interés público" como consecuencia del destino de sus fondos a incentivar y promocionar el fútbol en Brasil. Además, ello tampoco quiere decir que la Confederación no sufrió perjuicio ya que su beneficio se vio mermado como consecuencia de la actividad desplegada por Rosell y su presunto testaferro puesto que dejó de percibir determinadas cantidades en detrimento del patrimonio de los acusados.

Buscaban evitar su extradición

En relación a la conversación telefónica mantenida en abril del pasado año entre Rosell y el presidente de la federación brasileña de fútbol Ricardo Teixeira sobre qué países del mundo serían más seguros para evadir la justicia española, Lamela insiste en que lo que pone de manifiesto es su facilidad para obtener favores en países fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos que permita su entrada o de otros con la garantía de que no van a ser detenidos y entregados ante una solicitud de extradición.

Insiste la jueza en que aunque Rosell tiene nacionalidad española, dos hijas y propiedades en el país, la investigación puso de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares del mundo poseyendo además una gran fortuna "y lo que es más importante: cuentas, bienes y negocios fuera de España". Tampoco descarta el riesgo de reiteración delictiva ya que los acusados operaron dentro de un grupo organizado de personas que están siendo investigadas en otros países.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesó este jueves al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre, según informó Europa Press.

Lamela también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig.

La magistrada procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 citó a los procesados para declaración indagatoria el próximo 16 de abril a las 10.00 horas.

Lamela detalla en el auto que ve conductas de organización criminal en la actuación del Cuerpo de los Mossos durante el referéndum del pasado 1 de octubre. De hecho, relata cómo los mandos ordenan a los agentes que no actúen, que se mantengan al margen y además, que vigilen los desplazamientos y las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En el texto de la magistrada se relata que la investigación descubrió, además, la utilización por parte del cuerpo policial autonómico durante el 1-O de un código propio –"Clave 21"– que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar– para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.

En el relato de hechos del auto, de 37 páginas, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que del contenido de las comunicaciones intervenidas en dicha jornada se desprende la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que "se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura".

De igual manera se constata, dice la jueza, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano.

No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes, según la jueza, "sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos". De hecho, se produjeron más de 200 comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada, según detalla la resolución judicial.

Un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Cataluña asegura que los Mossos d'Esquadra crearon un "servicio ilegal de espionaje" para realizar seguimientos sobre políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas, según publica este jueves El Periódico de Catalunya.

El informe de la Brigada de Información de Barcelona analiza todos los documentos que intervinieron cuando agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra iban a destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de San Adrià del Besós. De ello se ha dado cuenta a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que investiga la implicación de la policía que liderada el mayor Josep Lluís Trapero.

Según este informe, la Generalitat de Cataluña "quería tener perfectamente controlados" a un grupo de personas contrarias a la independencia, urdiendo un plan en el que se emplearon fondos reservados. En concreto, 161.101,22 euros sólo en el año 2015, según dos correos electrónicos que iban a ser destruidos.

La Policía concluye que los Mossos controlaban a políticos del PP, Ciudadanos, del PSC e incluso de la antigua CiU y hoy PDeCAT. En definitiva, "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista".

Entre las notas y grabaciones que iban a ser quemados por los mossos, la policía recuperó cuatro folios escritos a lápiz sobre la denominada Operación Catalunya. En esos folios, se hace referencia a una "boda en Madrid de la familia Fuster Fabra", en referencia al abogado José María Fuster, uno de los presuntamente espiados por ese grupo de mossos.

Las anotaciones recogen que en el banquete estuvieron "Blas, Pino (dos comisarios de policía), Cierco (uno de los accionistas del banco de Andorra donde la familia Pujol ocultaba dinero), Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera", el líder de Ciudadanos. Fuster Fabra fue "controlado" por ese grupo de mossos, que le siguieron, fotografiaron y elaboraron un informe de tres folios sobre su visita a Barcelona el 6 y 7 de junio.

Los Mossos, según El Periódico, iban a quemar también unos "papeles rotos" que llevaban en la caja número 4 dentro de un coche Dacia cuando fueron interceptados por la policía. Entre esos papeles reconstruidos estaba la "comunicación del desplazamiento y dispositivo de seguridad del mes de mayo de actos en Cataluña de la vicepresidenta del Gobierno, Doña Soraya Sáenz de Santamaría".

En esta misma caja figura información sobre posible amenaza terrorista en Barcelona, con fecha 2 de junio de 2017, en referencia a "ataques terroristas no especificados durante el verano contra lugares turísticos de Barcelona, concretamente las Ramblas". En la caja 12 se recogen apuntes de dispositivos de seguridad de la Casa Real, señalando que son "sin interés".

Caso Pujol, Arran y la CUPPujol

El departamento de los Mossos también trató de destruir el listado completo de los 53.000 socios de la ANC con nombres y apellidos, su correo electrónico y DNI, documentos sobre el caso Pujol, varios informes sobre la organización independentista juvenil Arran y un dossier sobre la CUP.

Los Mossos también pretendían eliminar varios informes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra sobre actos convocados por Sociedad Civil Catalana en los que se había "identificado a miembros del PP, Ciudadanos, periodistas, etc", con especial atención a manifestaciones como la convocada en Barcelona el 19 de marzo.

Los agentes de la policía catalana observaban que el apoyo a Ciudadanos había aumentado en los últimos años: "han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación como políticos en activo de partidos de centro derecha". También recogían información sobre periodistas de El Confidencial o de Antena 3TV.

En una carpeta denominada audios, también se recuperó una "grabación con sistema oculto" donde se identifica al eurodiputado de Convergencia Democrática de Cataluña, Ramón Tremosa i Balcells, que habla de descabezar la cúpula de este partido, Esquerra Republicana y la Assemblea Nacional Catalana porque, según cita, "están tots podrits" (están todos podridos).

En su oficio remitido a la juez Lamela, la Policía concluye que "no se trata de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF de Mossos d'Esquadra, siguiendo presumiblemente órdenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Catalunya, que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la declaración de Josep Lluís Trapero:

20.15. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha criticado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha "equivocado profundamente" al hacer un discurso crítico con el poder judicial durante el acto solemne de Sant Raimon de Penyafort en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab). En declaraciones a los periodistas después del acto, que el presidente del TSJC y los fiscales jefe de Cataluña y Barcelona han abandonado cuando Torrent denunciaba la existencia de presos políticos, el ministro ha dicho que en un foro de este tipo "no tocaba" hacer política. Ha explicado que él no ha abandonado su sitio por respeto al Icab, pero que todos estaban muy "incómodos" porque se estaban haciendo afirmaciones falsas al decir ante jueces, fiscales y abogados que en España no hay Estado de derecho.

19.05. El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, el fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres, y la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, han abandonado este jueves un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, denunciaba la existencia de "presos políticos" en España. En su discurso, Torrent ha denunciado que en los últimos meses hay una regresión de derechos y libertades fundamentales especialmente en Catalunya, con la existencia de presos políticos por delitos inexistentes y que la separación de poderes está en peligro.

18.10. El Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo considera que "la cuestión de la independencia de Cataluña es un asunto de política interior de España y es una cuestión que debe tratarse dentro del marco constitucional español". Así lo ha señalado a Europa Press el portavoz del Departamento, Pierre-Alain Eltschinger, que también ha señalado que "las relaciones entre España y Suiza son intensas y muy buenas".

18.05. La exconsejera de Presidencia y exportavoz del Govern de Cataluña Neus Munté reconoció el pasado 31 de enero al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que no se siente "muy satisfaecha" de algunas manifestaciones públicas que realizó en las semanas anteriores al referéndum del 1 de octubre una vez analizadas y "vistas con el paso del tiempo". Así respondió a preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, que le inquirió por su participación el pasado septiembre en un programa de Catalunya Radio en el afirmó que "por descontado" habría referéndum de independencia y calificó de "lamentables, vergonzosas y terribles" las acciones de la guardia civil esos días en Cataluña.

17.55. El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, ha sido sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por violar la reglamentación y exhibir un mensaje político, al lucir el lazo amarillo en apoyo de los independentistas catalanes en prisión, según informa dicho organismo en su web oficial.

16.00. El exconsejero de Interior del Gobierno catalán, Jordi Jané, que dejó el cargo el pasado 17 de julio, aseguró al juez Llarena que cesó ante la hipótesis, que no compartía, de que se pudiera llegar a la vía unilateral por parte del Ejecutivo de Carles Puigdemont para lograr la independencia. En la citada declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el procés, Jordi Jané expuso que había habido dos razones para dejar el cargo. Una de ellas, fue el hecho de que "no compartía el escenario de Gobierno en el que pudiese llegar a haber un contexto de no acuerdo" con el Ejecutivo central.

15.45. El exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle afirmó ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el denominado procés, que, en su opinión, los agentes de la Policía autonómica "cumplieron con la función que tenían que hacer" durante en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña el pasado 20 de septiembre y durante la jornada del referéndum ilegal. No obstante, Batlle, que declaró como testigo el pasado 31 de enero, añadió que "no tiene elementos de conocimiento para decir que no lo hicieron", en relación a si los Mossos se mantuvieron pasivos.

15.25. Diputados de la CUP han mantenido este viernes una reunión con JxCat y ERC, y les han urgido a concretar un acuerdo de investidura y de Govern, ya que la mayoría independentista necesita los votos de los cuatro diputados cupaires y tienen que trasladarlo a sus bases antes de apoyarlo o rechazarlo. "Emplazamos a estas dos organizaciones a que procedan a concretarnos cuáles son los términos de los acuerdos para poder valorarlos", ha dicho en declaraciones a los medios en el Parlament el diputado cupaire Vidal Aragonés, que ha advertido de que no lo valorarán hasta que no lo tengan.

14.55. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés en Cataluña, ha rechazado la petición que le habían realizado las defensas del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raúl Romera para que denunciara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las filtraciones a los medios de comunicación que han venido señalando el futuro y plazos del procedimiento. Entre ellas, las que señalan que serán procesados e inhabilitados en la próxima primavera.

14.40. El exjefe de los Mossos D'Esquadra Josep Lluis Trapero ha defendido ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que trasladó hasta en dos ocasiones al expresident catalán Carles Puigdemont la preocupación existente en el cuerpo policial para mantener la seguridad ciudadana en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre aunque no se opuso al mismo porque no está en sus funciones, según explican fuentes jurídicas a Europa Press.

El exjefe policial, citado a declarar en sede judicial tras ser imputado por un nuevo delito de sedición, ha precisado durante las más de dos horas y media de interrogatorio que se reunió a petición propia en la sede del Govern catalán los días 26 y 28 de septiembre con Puigdemont, el exvipresidente Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn. En esos encuentros Trapero le expuso a Puigdemont que todo lo que se ha denominado procés debía quedar al margen de los Mossos y que ellos tenían la intención de cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

14.00. El líder de los comuns, Xavier Domènech, ha asegurado este viernes que su grupo rechazará la resolución que el PSC ha presentado este viernes a la Mesa del Parlament para activar la cuenta atrás hacia una investidura. "No compartimos que la solución sea que empiece a moverse el reloj, aunque para el país sí que esté moviéndose", ha declarado en rueda de prensa, y se ha remitido al informe de los letrados de la Cámara, que cree que no deja abierta esta vía y que su grupo respetará. Respecto a la iniciativa de JxCat de legitimar a Carles Puigdemont como presidente con una propuesta de resolución, el líder de los 'comuns' ha explicado que no la comparten "por el carácter simbólico" de la misma.

13.15. La Fiscalía había solicitado una fianza de 50.000 euros para Trapero por los detalles que ha aportado en su declaración de este viernes sobre reuniones previas al referéndum del 1 de octubre con el expresident Puigdemont, dato que hasta ahora había ocultado. Así lo ha explicado el Ministerio Público tras la decisión de Lamela de mantener las medidas cautelares a Trapero. Añade la Fiscalía que además Trapero "no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".

13.05. Cs volvería a ganar las elecciones catalanas si se celebraran ahora y ERC podría empatarle en diputados y superar a JxCat, según una encuesta del Centre de Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO) difundido este viernes. El partido de Inés Arrimadas tendría 33-35 escaños, igual que ERC; JxCat bajaría hasta los 29-31; el PSC tendría entre 15-16; los comuns se quedarían con los 8 que ya tiene; la CUP subiría hasta los 7-8, y el PP tendría 3-4.La encuesta arroja que, tanto por la franja alta como la baja de la estimación, los independentistas revalidarían la mayoría absoluta en Parlament con entre 74 y 71 diputados.

13.00. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero porque considera que no hay riesgo de fuga y que a día de hoy ya no puede comprometer la investigación, al tiempo que al haber sido apartado del cargo al frente del cuerpo policial no puede ocultar o destruir pruebas.

12.30. El diputado de la CUP Carles Riera ha urgido este viernes a JxCat y ERC a una reunión a tres bandas durante las próximas horas para desbloquear las negociaciones de la legislatura. Así lo ha reclamado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, con el diálogo entre JxCat y ERC encallado de nuevo, y después de que JxCat haya presentado en solitario una propuesta de resolución para legitimar a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Para Riera, la reunión debe desbloquear la aplicación de los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y construir República: "El 1 de octubre nos obliga y el movimiento independentista lo merece y reclama".

12.05. El Parlament celebrará un pleno la próxima semana para abordar la parálisis institucional provocada por la falta de acuerdo de JxCat y ERC para configurar un Govern. Según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, la Junta de Portavoces de este viernes ha abordado el contenido del pleno pero no la fecha, aunque sí se ha fijado para la semana que viene, y "el día del pleno lo concretarán a lo largo del día de hoy", afirman estas fuentes.

12.00. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una fianza al exmayor Trapero y lo ha dejado en libertad sin nuevas medidas cautelares. El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero tiene prohibida la salida del país y debe comparecer en los juzgados cada 15 días. A continuación declara ante la magistrada el actual mando de los Mossos, Ferrán López.

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferrán López (i), a su llegada a la Audiencia Nacional.

11.55. El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado este jueves que continúan las negociaciones con ERC pese a la decisión de su grupo de registrar en solitario una propuesta de resolución para pedir la restitución del Govern y del resto de instituciones catalanas, en defensa de la legitimidad de Carles Puigdemont como president de la Generalitat y para que se levante el artículo 155 de la Constitución. Pujol ha reiterado que el único candidato a la investidura es Carles Puigdemont, y descarta que se vayan a repetir las elecciones.

11.35. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la jueza Carmen Lamela libertad sujeta al pago de fianza de 50.000 euros para el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero tras imputarle un nuevo delito de sedición relacionado con la actuación de este cuerpo policial en el referéndum 1-O, informan fuentes fiscales. El Ministerio Público ha solicitado esta medida cautelar al término del interrogatorio a Trapero, que se ha prolongado durante más dos horas. 

11.20. La Guardia Civil ha encuadrado el registro en el aeropuerto de El Prat de Barcelona de cinco aviones privados, uno de ellos el de la familia del entrenador de fútbol Pep Guardiola, en una inspección "rutinaria, aleatoria y nada excepcional", según informan a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Los registros se llevaron a cabo, como en otras ocasiones, en la terminal corporativa del aeropuerto de El Prat. "En ningún caso conocían la identidad de las personas que volaban en el avión, por lo que se produjo el registro pero no se conocía que se estaba procediendo a registrar el avión de la familia de Guardiola", subrayan otras fuentes policiales conocedoras de la inspección.

11.10. El que fuera conseller de Interior durante el 1-O, Joaquim Forn, solicitó el 13 de febrero al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que llamara a declarar a los actuales mandos de los Mossos d'Esquadra, pues considera que las afirmaciones vertidas ante el juez por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos —encargado de coordinar el operativo del 1-O— son "radicalmente inexactas".

11.05. El actual jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferrán López, también declara este viernes ante la jueza Lamela por el operativo del 1-O. López ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las 10.45, y debe declarar tras la comparecencia del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, acusado de sedición y para el que la Fiscalía se plantea ampliar las medidas cautelares, que de momento sólo implican para él la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial regularmente.

11.00. El PSC ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para activar la cuenta atrás de dos meses para nombrar a un presidente de la Generalitat, una cuenta atrás que está paralizada desde que se aplazó el pleno de investidura del 30 de enero. Si la propuesta, recogida por Europa Press, se debate y se aprueba en el próximo pleno, el Parlament consideraría abierto el plazo de dos meses para votar un presidente y, si no se logra cumplir con este plazo, "se tendrá que proceder a convocar nuevas elecciones". En la propuesta de resolución, firmada por Miquel Iceta, Eva Granados y Ferran Pedret, también se afirma que "la formación de un Govern de la Generalitat tiene que suponer el levantamiento de las medidas autorizadas para el Senado en despliegue del artículo 155".

10.30. Los Mossos d'Esquadra han detenido a doce personas que se habían concentrado este viernes por la mañana ante la puerta principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el paseo Lluís Companys de Barcelona, han informado a Europa Press fuentes policiales. Varios de los manifestantes, convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR), se habían encadenado en las puertas para "parar el máximo órgano de la injusticia del Estado español", según han relatado en redes sociales, lo que ha obligado a los agentes a liberarlos con tenazas. [Ampliación]

Los Mossos desalojan a decenas de los concentrados que bloqueaban el acceso al TSJC.

10.20. JxCat ha registrado este viernes en solitario en el Parlament la propuesta de resolución para pedir la restitución del Govern y del resto de instituciones catalanas, en defensa de la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y para pedir que se levante el artículo 155 de la Constitución. Así lo han explicado fuentes consultadas por Europa Press después de que las negociaciones entre JxCat y ERC se encallaran de nuevo el jueves por el desacuerdo que existe en el reparto de los puestos clave del Govern y las funciones de sus miembros. Aunque ambas formaciones llevaban semanas negociando una propuesta de resolución propia, el clima de las negociaciones ha llevado a JxCat a presentarla en solitario.

9.35. Las negociaciones entre JxCat y ERC para la investidura de Cataluña llegan a su recta final: el expresident y candidato Carles Puigdemont está dispuesto a renunciar a ser investido en el Parlament y propondrá al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, según informa Rac1. No obstante, Puigdemont ostentaría un cargo simbólico desde Bruselas y, sobre todo, el liderazgo ejecutivo y estratégico del Govern. El resto de la lista de nombres de este nuevo ejecutivo también está bastante avanzado: el exconseller Jordi Turull sería el tercero en la lista, y en caso de que por su situación judicial ninguno de ellos pudiera ser investido, sería el turno de Elsa Artadi.

9.00. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este viernes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona, y han bloqueado el acceso al edificio. Los manifestantes, convocados por los Comités de Defensa de la República, se han encadenado a las puertas del TSJC con pancartas en las que se podía leer "Es la hora del pueblo" y "23-F, paremos el golpe de Estado", en un paralelismo entre la situación de Cataluña y el intento de golpe de Estado de 1981. Agentes de los Mossos se han desplegado a su alrededor y han desalojado a los manifestantes que impedían el acceso al edficio.

8.50. La magistrada Carmen Lamela, que le cita a las 9.00 horas, ya le investigaba junto con la intendente de los Mossos Teresa Laplana por un delito de sedición por los incidentes ocurridos durante los registros judiciales en Barcelona el pasado 20 y 21 de septiembre. Esta nueva citación de Trapero --la tercera desde el inicio de las pesquisas-- se produce tras ampliar su imputación al día del referéndum, de acuerdo con el auto de citación conocido esta semana, en el que expuso que existió un "plan premeditado" en el cuerpo policial autonómico y una "total inactividad" para evitar la celebración de la consulta ilegal.

8.45. El exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha llegado pasadas las 8.30 horas a la Audiencia Nacional, donde la juez Carmen Lamela le tomará declaración a partir de las 9.00 horas tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referéndum independentista del 1 de octubre.

El actor Toni Albà ha comparecido este martes como investigado ante el Juzgado de Instrucción 5 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por un presunto delito de injurias por comentarios en Twitter contra la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

En declaraciones a los medios a su salida de los juzgados de Vilanova, Albà ha afirmado que es "un cómico y un bufón" cuyo trabajo es hacer reír a la gente y mofarse del poder, sea cual sea, de derechas o izquierdas.

"Mi trabajo de bufón trata de buscar el sarcasmo, la sátira política, las imitaciones", ha explicado, además de afirmar que asegurar que en ningún caso fue su intención si había podido ofender a alguien en concreto.

El juzgado abrió una investigación contra el actor por por varios tuits contra la magistrada Lamela, que investigaba al anterior Govern por sedición, publicados los días 3, 9, 16, 19 y 20 de octubre, tras recibir un atestado de la Policía Nacional.

Uno de los comentarios que hizo Albà fue: "Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: ¡Lámela... lame la mierda y te quedarás a gusto!".

Antes de la declaración, a las 11.30 horas ha habido una concentración con más de un centenar de personas en la plaza de les Neus de Vilanova i la Geltrú para apoyar a Albà y en favor del derecho a la libertad de expresión y de que el humor no es delito, bajo el lema ¡Toni será siempre nuestro!.

El grupo, entre los que estaba la alcaldesa de Vilanova y presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha marchado junto a Albà hasta las puertas de los juzgados, donde estaba citado el actor a las 12.00 horas.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este viernes sobreseer provisionalmente las actuaciones contra la cúpula de la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal en la causa de las operaciones realizadas por la entidad en el Caribe con el grupo hotelero Valfensal, informa Europa Press.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha aceptado así la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción de sobreseimiento por estos delitos, con lo que ahora la causa se seguirá únicamente por el delito contra la Hacienda Pública.

En esta investigación están imputados José Salvador Baldó, Juan Vicente Ferri, Jaime Escriba y Alfonso Climent, que ya han declarado en la causa. Además, la magistrada cita como investigados por delito contra la Hacienda Pública a Neus Tarres, Mar Muñoz y Rebeca Alfonso para el próximo 11 de enero a las 9.00 horas.

El escrito de Anticorrupción solicitaba el sobreseimiento por la imposibilidad de evaluar el perjuicio económico. El Ministerio Público incluso argumentaba la imposibilidad de determinar si finalmente existirá perjuicio económico.

Después de valorar los informes periciales emitidos así como la documental aportada, Lamela coincide con el fiscal en que no existió "un perjuicio para la CAM, y por consiguiente para el Fondo de Garantía de Depósitos —responsable de la querella por la que se les imputó—, procedente del impago efectivo de los créditos o de una disminución sobre el valor del 30% que TIP ostentaba en Valfensal, sino, y únicamente, para el fondo de una previsión de resultados negativos que llevó a la dotación de la provisión correspondiente y que finalmente no llegó a producirse".

Por ello, explica la magistrada, "se comparte el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de estimar que la acción que por los hechos que se investigan en el presente procedimiento se imputa a los querellados no ha ocasionado finalmente perjuicio alguno a la entidad CAM".

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó en la noche de este jueves que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de esa cámara Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet estén en libertad, con distintas medidas cautelares, mientras se investigan los delitos de rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía les imputó en su querella y que el magistrado asume en esta fase inicial del proceso. 

Aunque están incriminados por delitos similares, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó en cambio la entrada en prisión de forma provisional y sin fianza para el vicepresident cesado Oriol Junqueras y siete consellers destituidos del Govern, que permanecen internados en dos penales madrileños desde el 2 de noviembre. Sólo el exconseller Santi Vila eludió la cárcel tras manifestar ante la instructora su desistimiento del proceso soberanista y depositar una fianza de 50.000 euros.

Es cierto que las circunstancias no son idénticas, pues no es lo mismo tramitar leyes, que es lo que hacen los parlamentarios a través del poder legislativo, que ejecutarlas, que es tarea de los gobernantes a través el poder ejecutivo. Tampoco es lo mismo acatar el artículo 155 como hizo la Mesa del Parlament al dar por disuelta la Cámara y renunciar a su normal funcionamiento, que defender que el único Govern "legítimo" es el destituido como han repetido Junqueras y otros dirigentes. No obstante, hay que tener en cuenta que todos los miembros cesados del Ejecutivo autonómico han mostrado su sumisión de facto a la intervención del Gobierno central. 

Otra diferencia es que, en el interrogatorio, los miembros citados de la Mesa del Parlament sí contestaron a las preguntas del juez y del Ministerio Público, mientras que Junqueras y los siete consellers destituidos encarcelados sólo respondieron a sus abogados. Además de asumir la aplicación del artículo 155, todos manifestaron que abandonarían a la actividad política o, de seguir ejerciéndola, lo harían "renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", tal y como explica el magistrado en el auto. No obstante, les advierte de que en caso de "retorno a la actuación ilegal" las medidas cautelares impuestas se podrían "modificar".

Precisamente este viernes la Fiscalía confirmó en un comunicado que no recurrirá las medidas cautelares tomadas el jueves por el juez Llarena, ya que entiende que el auto del magistrado del Supremo "admite con una rigurosa y extensa fundamentación" sus planteamientos. En realidad, la Fiscalía había solicitado prisión incondicional para cuatro miembros de la Mesa del Parlament, petición que no fue atendida en absoluto por Llarena. Pero la Fiscalía no se queda ahí. También consideró necesario salir en defensa de la jueza de la Audiencia Nacional que sí aceptó las peticiones del Ministerio Público. Según interpreta la Fiscalía, las decisiones tomadas por el magistrado del Supremo "en modo alguno contradicen, afectan o deslegitiman" la tomada la pasada semana por la jueza Lamela respecto a los exconsellers de la Generalitat.

En realidad, varias decisiones del juez del Tribunal Supremo sobre temas relevantes sí dejan en evidencia determinadas actuaciones tanto de la jueza de la Audiencia Nacional como del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuya querella dio origen a esta investigación. infoLibre explica estas cuestiones a continuación: 

1. Medidas cautelares individuales

Una diferencia sustancial entre la actuación de Llarena y la de Lamela es que el primero sí deja ver en su auto un hecho clave: que las responsabilidades penales son personales y, por tanto, no equiparables entre diferentes investigados en una misma causa. El juez del Tribunal Supremo celebró una vistilla conjunta con los seis investigados, pero después, en el auto, desgranó de manera individual las medidas cautelares impuestas a cada uno de ellos. 

Por ejemplo, motivó la petición de prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell en su intervención "medular" en el procés y en la "intensa repercusión" que su "liderazgo" ha tenido en las diferentes etapas que ha ido atravesando la causa soberanista. Algo que, a juicio del magistrado, "aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional, que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes". Para Corominas, Simó, Guinó y Barrufet dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros y para Nuet, libertad incondicional. 

Lamela, sin embargo, atribuyó a todos los querellados –excepto al exconseller Santi Vila, que dimitió horas antes de la proclamación de la declaración de independencia– el mismo "papel activo" impulsando el procés a través de una acción "meditada y perfectamente preparada y organizada" y "reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional" en pro de la secesión. 

2. Situación del diputado Nuet

En la querella que dio origen al procedimiento en fiscal general del Estado, José Manuel Maza, atribuye al diputado de Catalunya Sí Que Es Pot y secretario tercero de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet los delitos de rebelión, sedición y malversación por tramitar las resoluciones votadas en el Parlament encaminadas a declarar la independencia. Entre ellas, la resolución de Junts pel Sí y la CUP que, el 27 de octubre, declaró la creación de la república catalana.

En concreto, cita que votó a favor de la admisión a trámite de dos proposiciones de ley, la de transitoriedad jurídica y la fundacional de la república, lo que determinó su inclusión en el orden del día y, finalmente, su votación en el Pleno. El fiscal también asegura que dio su voto favorable a los acuerdos que permitieron el nombramiento de los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña. 

El juez Llarena, sin embargo, dice en su auto que aunque Nuet "votó a favor de introducir en el debate parlamentario determinadas cuestiones que podían contar con el veto del Tribunal Constitucional" se opuso a los textos clave del proceso soberanista. De hecho, su defensa aportó la documentación que acredita que, a diferencia de lo que se sostiene en la querella, se abstuvo en la votación por la se admitió a trámite la ley de transitoriedad y votó en contra de la admisión a trámite de las dos resoluciones aprobadas el día 27 de octubre: la de la declaración de independencia y la del proceso constituyente. 

El propio Nuet aseguró en varias entrevistas este viernes que el juez Llarena les dijo al inicio de su declaración: "Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional y lo que ha pasado allí aquí no tiene por qué pasar". A inicios de semana su defensa había reclamado la inadmisión de la querella por incluir "errores" como la atribución "falaz" de dos votaciones que no son ciertas. Y los documentos prueban que Nuet tenía razón.

3. Petición de fianza millonaria 

El juez Llarena también se distanció de la jueza Lamela y de la fiscalía en la fianza de 6,2 millones de euros que el ministerio público reclamaba para los investigados y que la magistrada de la Audiencia Nacional dio por buena incluso antes de que los investigados acudieran a su juzgado. Esa cantidad corresponde a la que, según la investigación, se destinó en los presupuestos para financiar el referéndum del 1 de octubre.

En un segundo auto, el magistrado del Supremo denegó esa medida "sin perjuicio de que pueda ser acordada, en la cuantía que corresponda, si el contenido de la instrucción que se inicia lo mostrara pertinente", aunque consideró precipitado fijarla en el actual momento procesal. 

4. Justificación del riesgo de fuga 

La  legislación fija los supuestos que tiene que acreditar el juez para motivar la prisión provisional: evitar que el imputado se fugue; impedir que oculte, altere o destruya pruebas, así como imposibilitar que siga cometiendo delitos o que pueda actuar de nuevo contra la víctima. Es suficiente con que concurra una de estas circunstancias. Además, tanto el Supremo como el Constitucional han determinado a través de una reiterada jurisprudencia que los jueces tienen que tener en cuenta a la hora de ordenar la privación de libertad tanto la gravedad del delito cometido como las circunstancias personales del supuesto criminal. 

Pues bien, uno de los aspectos más criticados del auto de la jueza Lamela fue precisamente que valorara el riesgo de fuga de unos investigados que nunca habían eludido la acción de los tribunales [Junqueras y los otros siete dirigentes ahora encarcelados] en función de la conducta de otros [Puigdemont y el resto de políticos huidos]. "Basta recordar el hecho de que algunos querellados se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan haber incurrido", puede leerse en su escrito. 

El juez Llarena, en cambio, considera que el riesgo de fuga sí existe, aunque resalta el "manifiesto contraste" entre unos encausados que se han presentado cuantas veces han sido reclamados por la justicia con otros "que se encuentran actualmente fugados". Y precisamente subraya que ese riesgo se "difumina" por el hecho de haberse  presentado cuantas veces han sido citados por los tribunales. Es decir, Llarena razona exactamente lo contrario que Lamela.

5. Valoración de la destrucción de pruebas 

En su auto, la jueza Lamela también subraya que hay una "alta probabilidad" de que los querellados oculten, alteren o destruyan pruebas "teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace solo unos días". Pero en las primeras 15 páginas del auto la magistrada reitera en varias ocasiones el carácter público de algunas de sus actuaciones, así que parece inverosímil que pueda borrarse todo ese rastro. La jueza también obvia que ya no controlan esa administración y que en otras partes de su escrito también reconoce que cuentan con una amplia red de colaboradores que podrían hacer esa función. Y ni siquiera insinúa cuáles son esas posibles pruebas que podrían destruir.

El juez Llarena admite una diferencia entre los exmiembros del Govern y los integrantes de la Mesa del Parlament sobre los que él indaga. Señala que los segundos están siendo investigados por haber favorecido la creación de una base normativa para la secesión a través de los debates y las votaciones de esa Cámara y que, en consecuencia, sus acciones están documentadas en los diarios de sesiones del Parlamento de Cataluña.

Así, dice no tener evidencias de que los encausados hayan podido adoptar actuaciones o decisiones orientadas al fin de destruir pruebas más allá de la "inespecífica sospecha" de que cualquier acusado puede desplegar comportamientos que tengan como objetivo facilitar la impunidad de sus actos. Lamela tampoco tiene evidencias de la posible destrucción de pruebas –o, si las tiene, no las cita en su auto de prisión–, pero en cambio concluyó que ese riesgo era real y no una mera sospecha suya y del fiscal.

6. Posible indefensión de los encausados 

Otro de los aspectos cuestionados del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional es precisamente la supuesta indefensión que su celeridad generó en los investigados. La querella que les llevó a la cárcel fue presentada por la Fiscalía en la mañana del lunes 30 de octubre. El martes 31 por la tarde la jueza Lamela se declaró competente para investigarlos y los citó a declarar menos de 48 horas después, el jueves 2 de noviembre por la mañana. El día anterior había sido festivo.

Esta premura llevó a los abogados de los imputados a reclamar que suspendiera el procedimiento porque no habían tenido tiempo suficiente para estudiar la querella y preparar su defensa, pero la jueza lo rechazó. Su criterio contrastó con el del juez Llarena, que sí dio por buena la petición de los letrados de los seis miembros la Mesa del Parlament y aplazó una semana los interrogatorios, por esos sus declaraciones se produjeron siete días después. Durante ese período, a petición de la fiscalía, los encausados estuvieron sometidos a vigilancia policial. 

Andreu Van den Eynde, el abogado de cuatro de los encarcelados (Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó), aseguró la semana pasada en un entrevista en RAC1 que tiene previsto llevar esta denuncia por falta de garantías en el proceso ante estamentos internacionales. "Habrá un día en que se pasarán e intervendrá un tribunal internacional y cambiarán las tornas. Entonces comenzarán a cambiar las cosas", señaló. 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado que el Alto tribunal puede terminar asumiendo la investigación de todas las causas relacionadas con el desafío soberanista catalán y con la declaración unilateral de independencia (DUI) e investigarlas de manera "unitaria".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha apuntado que el Tribunal Supremo puede "acumular" todas las causas judiciales abiertas contra los responsables de la deriva secesionista si eso contribuye al "buen funcionamiento" de la investigación.

La Audiencia Nacional investiga al president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y a los exconsellers catalanes acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación, mientras que el Tribunal Supremo hace lo propio con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa que tramitó la votación de la independencia.

Lesmes, que ha precisado que esta distribución se debe a una cuestión de fuero, ha reiterado que "si se considera que estas situaciones están vinculadas entre sí" y tienen "un designio común" podrían "sin duda" ser juzgadas de forma unitaria.

Según ha explicado Lesmes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena puede reclamar la competencia de investigar "la unidad de la causa". El magistrado, que tomará declaración a Forcadell y a responsables de la Mesa del Parlament este jueves, puede tomar esa decisión "después", tras llevar a cabo más declaraciones. "Puede ser o no", ha dicho Lesmes sobre la posibilidad de que el TS investigue todo lo relacionado con el conflicto catalán, añadiendo que, en cualquier caso, será el juez el que tome la decisión.

Lamela es una "excelente" jueza

Respeto a las críticas que ha recibido la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tras decretar prisión provisional para los exmiembros del Govern, Lesmes ha defendido su actuación insistiendo en que es "una excelente" jueza, en que tiene "absoluta independencia" y que ha fundado sus decisiones "en la ley".

"Se puede compartir o no el criterio. Lógicamente los actos del poder públicos son susceptibles de crítica pero la jueza ha actuado con independencia, fundando su decisión en la ley y explicando los motivos que conducen al ingreso en prisión" del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros, ha señalado.

La prisión provisional, ha explicado, es una medida cautelar para "asegurar el buen fin" del proceso y asegurar la presencia de los acusados en el juicio. Y, según ha defendido Lesmes, su aplicación tiene "un margen de apreciación" que depende del juez aunque "teniendo en cuenta los elementos de la ley".

El presidente del TS ha declarado que Lamela ha argumentado y expuesto los motivos por los que decretó la prisión provisional y, a su juicio, lo hizo utilizando los criterios "que en modo alguno son arbitrarios e irracionales": "Se pueden compartir o no", ha incidido, para después subrayar que "lo que es exigible" a un juez es "actuar con independencia y sujeción a la ley". Eso sí, ha manifestado que la justicia "no son matemáticas" y "siempre" hay elementos humanos de apreciación.

La jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para el comisario jubilado José Villarejo, para su socio el abogado Rafael Redondo y para el también comisario Carlos Salamanca.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado pasadas las 22.00 horas de este domingo el ingreso en prisión incondicional del comisario jubilado José Villarejo, de su socio Rafael Redondo y del actual comisario jefe contra las redes de inmigración ilegal Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada Operación Tándem, han informado fuentes jurídicas.

Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes en el marco de un operativo de la Fiscalía Anticorrupción ordenado por lucrarse con servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español. Han sido interrogados desde primeras horas de la tarde de este domingo por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

A Salamanca —este último excomisario de Barajas y actualmente comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF)— la juez le atribuye también indiciariamente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los otros cuatro investigados que han pasado a disposición judicial han quedado en libertad según las mismas fuentes.

Entre éstos últimos se encuentra la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, que queda en libertad con la medida cautelar de retirada de pasaporte y en el de los otros tres —uno de ellos hijo de Villarejo y otro de Salamanca— sin medidas cautelares. Del séptimo de los detenidos no ha trascendido su identidad.

La investigación sitúa a Villarejo y al resto de detenidos como integrantes de una organización criminal. También les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación, bautizada como Tándem, fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".

Según Anticorrupción, los detenidos se aprovechaban de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.

Un comisario polémico

Villarejo está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por varias causas, una de ellas su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.

Su nombre aparece asociado a otros procedimientos judiciales abiertos como el presunto apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto, por el que se investiga al exconsejero del Grupo Villar Mir, el empresario Javier López Madrid.

Recientemente, Villarejo también fue citado como testigo en relación con el pendrive fantasma con pruebas sobre el expresident de Cataluña Jordi Pujol, después de que el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino dijera que su antiguo colaborador se había ofrecido a proporcionarle el dispositivo USB a cambio de dinero.

Condecorado por el Ministerio del Interior en varias etapas, Villarejo ha protagonizado en los últimos meses una larga disputa judicial en la llamada "guerra de comisarios", enfrentándose a otros policías ya retirados como el que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

El expresident de la Generalitat y senador del PSC, José Montilla, ha criticado que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya enviado a prisión al vicepresident cesado del Govern catalán Oriol Junqueras y a ocho de los exconsejeros alegando que este tipo de medidas, a su juicio, "favorecen" que los independentistas se sientan "agredidos".

"Lo que favorece es ese movimiento emocional, de cerrar filas, de sentirse agredidos", ha afirmado en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, preguntado por si el encarcelamiento de los exmiembros del Ejecutivo catalán puede repercutir en el bloque independentista.

El socialista cree que toda decisión judicial se debe "respetar y acatar", si bien es cierto que "no quiere decir que sean las tablas de la ley y que no se puedan comentar o criticar". "Hay personas que están encarceladas que estuvieron en Bruselas pero que volvieron para presentarse delante de la jueza. ¿Posibilidad de seguir delinquiendo? Ya no están en el ejercicio de sus cargos", ha apuntado, cuestionando así algunos de los argumentos dados por Lamela para decretar prisión para el vicepresidente y los consejeros por riesgo de fuga, reiteración delictiva y rebelión.

Para Montilla, es necesario "buscar rebajar la tensión". Y ha señalado que los jueces han de "tener presente el interés general" al mismo tiempo que tienen en consideración principios del derecho como "la mesura y la prudencia". "No estoy hablando de oportunidad política o no, estoy hablando de que las sentencias y autos judiciales han de preservar una cosa: tener presente el interés general, lo que más conviene en este momentos", ha apostillado.

En este sentido, el senador socialista ha pedido no dar "más argumentos" que beneficien "ese movimiento emocional" que, en su opinión, ha llevado a los independentistas a "cerrar filas" y "sentirse agredidos": "No demos más argumentos al victimismo, por favor", ha recalcado.

Ha criticado la postura del president cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, por no haber ido a declarar a la Audiencia Nacional (AN), algo que, para Montilla, no ha beneficiado al resto de sus compañeros que sí se presentaron ante la jueza: "No les ha ayudado, eso es obvio", ha sentenciado.

A su juicio, Puigdemont debió haber convocado elecciones cuando pudo y el no hacerlo llevó al Gobierno a aplicar "una norma que está en la Constitución". "El Estado no tenía más salida que utilizar el 155, no le dejaron ninguna otra, esa es la verdad", ha destacado, aunque el senador se ausentó de la votación en la Cámara Alta que autorizó al Gobierno la aplicación de este artículo constitucional en Cataluña para no apoyarlo y tampoco posicionarse en contra.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está interrogando este lunes a una docena de nuevos investigados por los disturbios que se registraron el pasado 11 de marzo en Pamplona, hechos por los que sólo habían sido detenidas cuatro personas.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que asumió esta investigación a finales de marzo por considerar estos disturbios como delitos terroristas, ha citado a lo largo del día de hoy a 12 nuevos sospechosos que han sido identificados en las últimas semanas.

La magistrada de la Audiencia Nacional asumió la competencia del caso porque los incidentes que se registraron en la capital navarra están lejos de ser considerados "un acto aislado de desórdenes públicos", sino que formaron parte de "un conjunto de acciones —provocados por la iniciativa Errepresioari Autodefentsa— llevadas a cabo por los violentos contra personas (fundamentalmente agentes de la autoridad), edificios, comercios y mobiliario urbano, siendo la actuación de todos ellos lo que provocó la grave alteración de la paz pública".

También considera que estas actuaciones, además de la formación de barricadas, quema de contenedores, el lanzamiento de piedras y botellas contra la Policía en varias calles del casco antiguo de Pamplona, "pusieron en peligro la integridad" de los funcionarios de policía y de ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos.

Con motivo de las citaciones de hoy, hasta la Audiencia Nacional se ha desplazado a primera hora de la mañana un grupo de personas para apoyar a los 12 nuevos investigados. Aproximadamente una veintena de jóvenes se han situado en los márgenes del tribunal para protestar por las imputaciones, gritando consignas como "Presos políticos, libertad".

Meses antes de estos hechos, la jueza Lamela había abierto una investigación también por supuesto terrorismo a nueve detenidos en la localidad navarra de Alsasua por una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en octubre del año pasado. Fue el Tribunal Supremo el que dictaminó que ambos casos podían considerarse como actos terroristas.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes sugerir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que estudie la posibilidad de que el juez Eloy Velasco siga encargándose del Juzgado Central de Instrucción número 6 hasta que se nombre a un sustituto.

Velasco cesó en sus funciones al frente del citado juzgado -donde se instruyen los casos Púnica y Lezo- el pasado jueves, tras haber sido ascendido a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Hasta que el CGPJ nombre a un nuevo magistrado al frente del juzgado número 6, la magistrada Carmen Lamela -encargada del juzgado número 3-, como sustituta ordinaria de Velasco, debería hacerse cargo en un principio de todos los asuntos pendientes hasta que sea nombrado un juez sustituto.

Sin embargo, Lamela propuso a la Sala de Gobierno soluciones temporales para evitar tener que hacerse cargo ella sola de los asuntos de su compañero ascendido, que han centrado la atención mediática en las últimas semanas por concentrar una gran actividad

contra la corrupción.

Turnarse cada semana

Una de las sugerencias de Lamela planteaba la posibilidad de que los asuntos que ha dejado pendientes el juez Velasco sean responsabilidad del juzgado que cada semana se encuentre de guardia, lo que finalmente ha sido aceptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que elevará la propuesta al CGPJ para que le dé el visto bueno.

Pero además, y dado que la elección del próximo responsable del juzgado número 6 no debería alargarse más allá de aproximadamente un mes, la Sala de Gobierno ha sugerido también al CGPJ que el propio Velasco siga encargándose del juzgado hasta que su sustituto sea nombrado, compatibilizándolo durante un tiempo con la Sala de Apelaciones, de la que empezará a hacerse cargo, junto al magistrado Enrique López, el próximo jueves, 1 de junio.

El plazo para presentar candidatos para hacerse cargo del Juzgado Central de Instrucción número 6 concluirá antes del 10 de junio y, tras estudiarse las solicitudes en el CGPJ en función de la antigüedad, el próximo juez de la Audiencia Nacional podría estar ya en su despacho a principios del mes de julio.

En opinión de la Sala, "no resulta descartable, sino todo lo contrario" que los procesados por el ataque cometieran un delito de naturaleza terrorista. "Con la información acumulada no podemos considerar los graves actos de la madrugada del 25 de octubre como una simple agresión y, mucho menos, como una pelea de bar", especifican.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó el sumario contra los nueve identificados el pasado 2 de febrero. Siete de ellos fueron enviados a prisión el pasado mes de noviembre y posteriormente la magistrada decretó la excarcelación de cuatro ellos. Otros dos permanecían ya libres con la obligación de comparecer dos veces por semana.

Las defensas recurrieron la decisión de la juez de procesarle unos días después de los arrestos. En aquel auto la juez argumenta que no cabía demorar la decisión de procesarles ya que hay "motivos bastantes para afirmar con fundamento" que cometieron el delito.

Lamela enmarca la agresión en las rutinas de "hostigamiento" a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos, y que opera en el municipio navarro. "Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", dice.

Considera que "actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai". De hecho, concreta que en la localidad de Alsasua a este movimiento se le conoce como Ospa Mugimendua y tuvo su origen en marzo de 2011, cuando se creó la denominada "Comisión Antirrepresiva de Alsasua" que ha venido desarrollando diferentes actividades. Cuatro de los arrestados se encuentran entre sus principales promotores.