Sarah Mullally, la primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra, completó este domingo la peregrinación a pie entre Londres y la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra, donde este miércoles será entronizada, según recoge EFE. La futura arzobispa realizó la perigrinación, de seis días, junto a su marido Eamonn y otros miembros de la iglesia anglicana en un evento que la propia institución ha calificado como "privado", pese a haber visitado colegios y hospitales a lo largo del viaje.

Mullally, que ostenta el título de dama, fue recibida hoy por la alcaldesa de Canterbury, Keji Moses, y el deán de la catedral de esta localidad, David Monteith, tras completar el trayecto que comenzó en Londres el pasado martes por la tarde.

Tras llegar al templo, la arzobispa de Canterbury dijo sentirse "muy aliviada" de haber completado el recorrido a pie, en medio de una gran multitud que la esperaba.

A la entronización asistirán 2.000 personas, entre ellas el príncipe Guillermo, en representación de su padre, el rey Carlos III, y la princesa de Gales, así como el primer ministro británico, Keir Starmer, y la líder del Partido Conservador (en la oposición), Kemi Badenoch.

En una ceremonia marcada por la tradición, Mullally sera entronizada arzobispa de Canterbury, primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunidad anglicana.

Mullally había empezado la peregrinación en la catedral de San Pablo, en Londres, para recorrer a pie 140 kilómetros por el llamado camino de Becket, el trayecto que se cree realizó Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado en 1170, en sus viajes entre ambas ciudades.

La elección como cabeza visible de los anglicanos no ha estado exenta de polémica, y un grupo de obispos conservadores -la Conferencia Global Anglicana del Futuro (GAFCON)-, opuestos al nuevo papel de las mujeres en la iglesia y a otros giros modernistas, ha protagonizado otro cisma, aunque no lo llaman así porque ellos pretenden ser 'la verdadera' iglesia anglicana.

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, defendió este martes a su homólogo británico, Keir Starmer, durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó al laborista por su falta de apoyo a la guerra de Irán.

"Keir Starmer ha hecho mucho por restablecer la relación entre Irlanda y Gran Bretaña. Creo que es una persona muy seria y sensata, con la que usted tiene la capacidad de llevarse bien, y ya lo ha hecho antes", declaró Martin al pedir la palabra ante la prensa, después de que Trump criticara al primer ministro británico.

El 'taoiseach' (primer ministro) fue recibido en la Casa Blanca con motivo de la tradicional visita de San Patricio —tanto él como Trump lucieron corbata verde para la ocasión—, en una reunión en la que el mandatario estadounidense se declaró "decepcionado" por la postura de Starmer sobre la guerra de Irán y afirmó que el primer ministro "no es un Winston Churchill".

Martin evitó la confrontación con Trump al señalar que coincide con él en que la República Islámica busca un arma nuclear y que es un "patrocinador del terrorismo", pero expresó su deseo por una solución pacífica.

"La postura de Irlanda siempre ha sido: '¿Podemos lograr la paz?'. Nosotros tuvimos nuestro propio conflicto, que duró 30 años, y aprendimos mucho de ello", agregó.

A comienzos de marzo, el canciller alemán, Friedrich Merz, fue criticado por no defender al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión en el Despacho Oval con Trump, en la que el republicano arremetió contra España por no permitir el uso de las bases estadounidenses en territorio español para la guerra de Irán.

En la comparecencia de este martes, Trump también fue preguntado por las declaraciones de la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, quien afirmó que la guerra contra Irán viola el derecho internacional.

"Miren, él (sic.) tiene suerte de que yo exista. Eso es todo lo que puedo decir", respondió el republicano ante el rostro serio de Martin.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este viernes a España y a otros países europeos, como Portugal e Irlanda, actuar ante la crisis de la vivienda y alertó de que lastra el crecimiento económico.

"España y muchos otros países de Europa —entre ellos Portugal e Irlanda— deben centrarse en la crisis de la vivienda, en la crisis de asequibilidad, y actuar, no solo por un tema de accesibilidad económica, sino también por cuestiones estructurales", declaró el director del Departamento Europeo del organismo, Alfred Kammer, durante una rueda de prensa.

Kammer apuntó que "la vivienda social financiada por los Gobiernos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas" en el conjunto de Europa, lo que ha supuesto un problema en muchos de sus países.

"Se refleja en el incremento de los precios de la vivienda y en la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa asequible, lo que también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico", comentó.

En su opinión, esto dificulta, sobre todo, a los jóvenes mudarse a centros de alta productividad, donde los salarios son mayores. Cuando esto no puede ocurrir, se genera un gran freno al crecimiento que afecta al conjunto de la sociedad.

"Necesitamos actuar en materia de planificación y zonificación para crear el entorno adecuado que permita construir más viviendas", afirmó.

España atraviesa desde hace unos años una crisis habitacional marcada por la escasez de oferta asequible y aumentos históricos en los precios. El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años.

Según el Banco de España, faltan unas 700.000 viviendas en el mercado para cubrir el déficit entre oferta y demanda. Esto no es solo porque no se construya a un ritmo suficientemente rápido, sino, porque muchas de las que existen están destinadas a alquiler vacacional.

Netflix ofrece la serie de ocho episodios, La casa Guinness, una producción magnífica con una historia interesante, obra de una personalidad de la industria audiovisual menos famosa de lo que merece. 

Se trata de Steven Knight, autor de Peaky Blinders, del guion de la memorable película Promesas del Este y nada menos que uno de los creadores de ¿Quiere ser millonario?, entre otros hitos.

En este proyecto, se basa en la historia real de la familia dueña de la cerveza Guinness, la marca irlandesa más icónica. Cuando yo era adolescente, en mi casa tocó una quiniela ni pequeña ni estratosférica y mis padres pudieron pagarme un verano en Irlanda estudiando inglés. 

El padre de la familia que me alojaba era un jubilado de la Guinness que fumaba los cigarros del tirón, sin sacudir la ceniza, mientras gritaba contra la reina de Inglaterra cuando salía por la televisión del salón en su pequeño adosado de ladrillo oscuro. Yo no daba crédito a haber tenido la suerte de disfrutar de la familia que mejor resumía el país.  

La conflictiva relación con Reino Unido es una de las claves de la serie como lo era en mi casa. Qué decir de esa vinculación con la cerveza negra y densa característica de la destilería nacional. Steven Knight, además, fundó en su momento su propia empresa cervecera con dos hermanos y una hermana, como los personajes de la serie. Ya la ha vendido porque afirma que toda la gente del sector está loca.

Fue documentándose sobre las cerveceras cuando dio con la familia Guinness. Knight ya ha hecho series con trasfondo histórico, como la propia Peaky Blinders, inspirada en una familia de gánsteres real que extendió su actividad en Birmingham. 

El autor contaba a Town&country  que el pasado da mucho más juego que el presente en ficción. En el ayer se acumulan los hechos con los que jugar. Explicaba que rebuscar en el pasado es como entrar en una tienda de viejo de segunda mano, llena de sorpresas. El presente en cambio es como ir a Ikea, en su metáfora.

Knight se ha hecho experto en la mentalidad de los Guinness y solo le quedaba elegir el momento en el que comenzar su historia. Lo hace con una peculiar herencia, la que deja Sir Benjamin Guinness, en el 1852, en la que obliga a su primogénito y al tercer hijo a codirigir el negocio juntos. 

En la serie los cuatro hermanos comienzan insatisfechos, dos desheredados, dos obligados a una relación laboral forzada. La temporada cuenta como se amoldan a la situación, hacen crecer la empresa, fomentan la filantropía y se meten en líos personales.

La política de esta mitad del siglo XIX forma parte importante de la historia. La familia protagonista es conservadora y unionista, mientras se expande el movimiento de los fenianos, independentistas irlandeses con protagonismo en la acción. 

Así se compone una trama que recorre la temporada y que ha contribuido al disgusto de la crítica irlandesa a la serie. Así como británicos y estadounidenses, entre otros, han mostrados su aprobación al título, este trabajo ha irritado en Irlanda, según recoge The Guardian. El diario británico mantiene que la crítica irlandesa odia el diálogo, el vestuario e incluso la iluminación. 

Quien no se crispe con los errores al captar las sutilezas del Dublín de los años retratados, encontrará un entretenido drama familiar y de costumbrismo de millonarios. Las vidas sentimentales de los protagonistas también se entrelazan con el común denominador de la represión de los sentimientos de cara a la sociedad.

El jovencísimo Louis Partridge, recientemente visto en Disclaimer, encarna a Edward, el hermano que se convierte en cabeza de familia. Su interpretación va comprendiéndose mejor a medida que se desarrolla el personaje. 

Estupenda está en el reparto la actriz Emily Fairn como única hermana y muy atractivo James Norton como capataz de la familia que cumple demasiados cometidos a la vez. El primo bastardo que ayuda a prosperar a la marca como comercial en Estados Unidos está interpretado por Jack Gleeson. Este actor tuvo uno de los personajes más estigmatizadores de las últimas décadas. Fue el odioso rey Joffrey en Juego de Tronos. Es un alivio ver que se va librando del monstruo.

Sobre la verosimilitud de la serie, da para escarbar un poco en internet, pero como norma, Knight afirma que cuando más estrafalario es un hecho más posible es que sea real. Se ha documentado con Ivana Lowell Guinness, a la que atribuye “la frivolidad y melancolía característica de la saga”.

Knight se vio atraído por el patrón de temeridad y desorden que detectó en las distintas generaciones de la dinastía y que le abría grandes posibilidades dramáticas. “Trataban de convertirse en aristócratas”, afirma, “pero gravitaban en torno a artistas, escritores, pintores, rebeldes, políticos rivales”.

Edward se convirtió en los años que reflejan los ocho episodios en el hombre más rico de Irlanda. Parte de su fortuna le llevó a ser un destacado filántropo, alentado y guiado casi siempre por las mujeres de la familia. 

Knight opina de los Guinness que “son conscientes de su propia absurdidad, que es probablemente lo más importante para cualquiera”. No es “Tengo todo este dinero, así que es la prueba categórica de que soy mejor que nadie”, es más como “Tengo todo este dinero, ¿Qué voy a hacer con él?” Encuentro esa sensibilidad muy interesante”. 

Y parte de lo mejor de la serie está en la mezcla entre riqueza, manipulación política y conciencia social incipiente. No está confirmada una segunda temporada, pero el argumento y lo logrado de esta primera entrega son los mejores indicios de que volverá. Habrá que brindar por ello.

La cadena pública de Irlanda RTE confirmó este jueves que ha pedido a la organización del Festival de Eurovisión un informe detallado de la distribución de votos de la ciudadanía del país, que otorgó 10 puntos a Israel, la segunda máxima nota, en la final del pasado sábado. Según informa EFE, un portavoz del ente indicó que se ha solicitado a Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizador del evento, el "desglose de las cifras" del televoto e información sobre este sistema, gestionado por la firma neerlandesa Once.net.

Esta petición se suma a la de la cadena pública española RTVE, cuyo presidente, José Pablo López, envió este miércoles una carta a la UER en la que solicita una batería de medidas, entre ellas, la "revisión completa" del sistema de voto, tanto del jurado como del televoto, y una auditoría independiente de los resultados.

El voto popular de España y de Bélgica, que también ha exigido explicaciones, otorgó 12 puntos a la cantante israelí Yuval Raphael, una superviviente del ataque de Hamás en el festival Nova del 7 de octubre de 2023, frente a los cero puntos del jurado profesional de estos países.

El televoto también concedió la máxima puntuación a Israel en Alemania, Australia, Azerbaiyán, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, mientras que en Irlanda cosechó 10 y siete puntos del jurado profesional, respectivamente. La aspirante de Israel obtuvo la puntuación más alta del voto popular, 297 puntos, lo que le aupó a la segunda posición por detrás del ganador, el austríaco JJ.

En respuesta a las cuestiones planteadas por la RTVE, la RTE y otras cadenas públicas, el director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha anunciado que se iniciará un "debate amplio" con todos los organismos participantes para "reflexionar y recabar opiniones sobre todos los aspectos del evento de este año". El citado portavoz de la RTE señaló que el ente público irlandés está "muy interesado" en participar en ese diálogo y la revisión prometida por la UER.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Irlanda se ha sumado oficialmente a la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por presunto genocidio en la Franja de Gaza, según ha informado el organismo en un comunicado publicado este martes.

Las autoridades irlandesas presentaron ayer lunes, 6 de enero, la documentación necesaria para formalizar la "declaración de intervención" en el caso, tal y como anunció el Gobierno ya en el mes de diciembre del pasado año. En concreto, Dublín piensa que Israel podría estar incumpliendo con sus ataques sobre la Franja de Gaza una serie de artículos de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

Ya en marzo Irlanda había anunciado que intervendría en el caso de genocidio en la CIJ contra Israel, pero el pasado 11 de diciembre el ministro de Exteriores irlandés, Micheal Martin, dijo que había logrado el apoyo del gabinete y que la intervención se presentaría a finales de este mes.

El departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda dijo que "al intervenir legalmente en el caso de Sudáfrica, Irlanda pedirá a la CIJ que amplíe su interpretación de lo que constituye la comisión de genocidio", detalló en un comunicado, en el que justificó que una lectura "muy estrecha" puede favorecer una cultura de la impunidad.

Días después de conocer esta noticia, el Ministerio de Exteriores de Israel anunció el cierre de su embajada en Dublín y acusó a Irlanda de "haber cruzado todas las líneas rojas en su relación con Israel".

El pasado mayo, Israel retiró a su embajador en Dublín, después de que ese país reconociera Palestina como Estado, en una declaración conjunta en la que también lo hicieron España y Noruega y que provocó represalias del Gobierno israelí y la declaración de nuevos asentamientos en territorio palestino ocupado. 

El ministerio de Exteriores de Israel anunció este domingo el cierre de su embajada en Dublín, después de que la semana pasada Irlanda anunciase que se unirá a la demanda sudafricana contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio en Gaza, según informa EFE.

"Irlanda ha cruzado todas las líneas rojas en su relación con Israel", dijo hoy en un comunicado el nuevo ministro de Exteriores, Gideon Saar, que calificó de "antisemita" las acciones y la retórica utilizadas por Irlanda.

"La decisión de cerrar la Embajada de Israel en Dublín se tomó en vista de la extrema política antiisraelí del Gobierno irlandés", añade el texto, que explica que Israel priorizá las relaciones bilaterales con los países del mundo en función de la actitud que adopten hacia él.

En el comunicado, Saar anunció, por otro lado, la apertura planeada para este 2025 de una embajada israelí en Chisinau, capital de Moldavia, donde dijo que se encontraban en la búsqueda de un edificio adecuado para la legación, así como en el procedimiento para nombrar un embajador israelí.

“Las relaciones entre Israel y Moldavia son amistosas y ambos países están interesados ​​en ampliarlas y profundizarlas. Moldavia ya tiene una embajada en Israel y ha llegado el momento de que Israel tenga una embajada en Moldavia”, indicó Saar.

El pasado mayo, Israel retiró a su embajador en Dublín, después de que ese país reconociera Palestina como Estado, en una declaración conjunta en la que también lo hicieron España y Noruega, y que provocó represalias del Gobierno israelí y la declaración de nuevos asentamientos en territorio palestino ocupado.

Ya en marzo Irlanda había anunciado que intervendría en el caso de genocidio en la CIJ contra Israel, pero el pasado 11 de diciembre el ministro de Exteriores irlandés, Micheal Martin, dijo que había logrado el apoyo del gabinete y que la intervención se presentaría a finales de este mes.

En un comunicado, el departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda dijo que "al intervenir legalmente en el caso de Sudáfrica, Irlanda pedirá a la CIJ que amplíe su interpretación de lo que constituye la comisión de genocidio", detalló en un comunicado, en el que justificó que una lectura "muy estrecha" puede favorecer una cultura de la impunidad.

El pasado 5 de diciembre Amnistía Internacional concluyó de forma “inequívoca” que Israel “ha cometido y sigue cometiendo un genocidio” en Gaza, basándose en el patrón de conducta de sus tropas, las declaraciones “deshumanizadoras” de sus dirigentes y militares, la ocupación militar y el “bloqueo inhumano” del territorio.

El recuento de votos en Irlanda, tras la celebración de las elecciones generales del pasado viernes, comenzó este sábado con los tres grandes partidos del país en un aparente empate técnico y explorando pactos de gobierno a la espera de conocer el resultado final, informa EFE.

El cómputo de sufragios arrancó a las 09.00 horas GMT de este sábado, después de una jornada de votación en la que la mayoría del electorado, de casi 3,7 millones, repartió sus primeras preferencias entre el izquierdista Sinn Féin de Mary Lou McDonald, el democristiano Fine Gael del primer ministro, Simon Harris, y el centrista Fianna Fáil de Micheál Martin.

Según una encuesta a pie de urna de la cadena pública RTE y el diario The Irish Times, las tres formaciones obtuvieron el 21,1%, el 20% y el 19,5% de votos, respectivamente.

El director de campaña del Fianna Fáil, Jack Chambers, aseguró hoy que aún es pronto para intuir quién ganará, pues dependerá en gran medida de la transferencia de votos entre candidatos, tal y como permite el complejo sistema electoral irlandés.

El dirigente centrista insistió, no obstante, en que su partido no contempla un pacto de gobierno con el Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA, lo que apunta a que podrían reeditar la histórica coalición de la pasada legislatura con el Fine Gael, en la que también entraron los Verdes, que obtienen ahora el 4%.

Chambers destacó que el citado sondeo indica que el 35% de los votantes quieren que su líder, Micheál Martin, sea el próximo taoiseach (primer ministro), mientras que McDonald obtiene el 34% y Simon el 27%, en línea con su caída de popularidad durante la campaña.

Por su parte, la dirigente nacionalista ha asegurado que buscará apoyos en el espacio de la izquierda, una vía que no le funcionó al Sinn Féin tras las elecciones de 2020, cuando fue el más votado, pero se quedó a un escaño del Fianna Fáil.

A este respecto, el izquierdista People Before Profit-Solidarity (PBP-S, La gente ante que los beneficios) criticó hoy la estrategia de McDonald para pedir transferencias de votos desde su partido a candidatos progresistas.

Su líder, Richard Boyd Barrett, que obtiene el 3,1 %, sostuvo que el Sinn Féin tardó demasiado en ofrecer una "alternativa real" de gobierno ante el "evidente e histórico declive" de centristas y democristianos, rivales desde la Guerra Civil (1922-1923) y que se han repartido el poder desde entonces.

Con tanta igualdad, los tres partidos están obligados a buscar pactos entre ellos y/o con otras fuerzas minoritarias, en tanto que Harris y Martin se han mostrado a favor de reeditar, si lo necesitasen, el pacto de la pasada legislatura.

Los tres líderes también podrían mirar al bloque de los independientes, que obtiene el 14,6 % de votos, mientras que formaciones como el Partido Laborista y el Social Demócrata reciben el 5 y el 5,8 %, respectivamente, y se postulan como posibles socios.

Lo más probable, según los observadores, es que Martin y Harris volverán a coligarse, aunque su número de escaños determinará quién lidera las negociaciones y quién será el nuevo taoiseach, un cargo que podría volver a ser rotatorio.

El Gobierno anunció el pasado abril que suprimiría las visas oro, las autorizaciones de residencia que desde 2013 pueden obtener quienes inviertan más de medio millón de euros en inmuebles, más de un millón en acciones o depósitos bancarios, o dos millones en deuda pública. “Alfombra roja para quien venga a España a crear empleo, a invertir en innovación a dinamizar nuestro tejido productivo, y no para quienes, simplemente, buscan especular con un bien como la vivienda”, proclamó el presidente, Pedro Sánchez, después de que el Consejo de Ministros “iniciara los trámites” para hacer desaparecer los visados.

Sin embargo, cinco meses después, aún siguen en vigor. El primer intento de supresión fracasó cuando decayó el proyecto de Ley del Suelo, en una de cuyas enmiendas se había incluido la desaparición de las visas oro. El texto no consiguió suficientes apoyos parlamentarios para su aprobación y el Gobierno retiró el proyecto de ley a finales del mes de mayo. Ahora, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia, incorpora la eliminación de los visados.

La ponencia que analizará el proyecto de ley antes de que la Comisión de Justicia emita su dictamen se reunió el pasado martes por primera vez. Los grupos han presentado 1.071 enmiendas al texto, y una de ellas es la que dicta el fin de los visados de oro. Teniendo en cuenta el volumen de trabajo, las fuentes parlamentarias consultadas no creen que se debata la eliminación de las visas hasta octubre y puede que la medida no se apruebe hasta finales de año. Siempre que consiga los apoyos necesarios.

Mientras, el número de solicitudes se ha disparado. Ante la incertidumbre, quienes tenían previsto hacer su inversión inmobiliaria en 2025 han adelantado los trámites a este año. “Hubo un auténtico boom entre abril [cuando el Gobierno anunció la supresión de las visas oro] y julio”, destaca Patricia Ruiz Bautista, abogada de Movilidad Internacional y Extranjería del despacho Ceca Magán. Este año, asegura, las solicitudes han aumentado un 25%, pero las consultas de quienes planeaban pedir un visado se han disparado hasta un 50%. De esas llamadas a Ceca Magán en busca de asesoramiento, terminó por materializarse un 15%.

Desde 2013 y hasta 2023 se han concedido 14.576 visados oro a cambio de inversiones en inmuebles, según las cifras que ofreció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando se anunció el fin de este incentivo a la inversión extranjera. En 2023 la cifra alcanzó las 3.273, más del triple de las concedidas en 2021 –997–. Aunque su número ya empezó a dispararse en 2022, cuando se llegó a los 2.017. El Ministerio de Vivienda ha asegurado a infoLibre que carece de cifras sobre el número de visados concedidos este año más allá de los 342 correspondientes al mes de enero. El número lo facilitó también Isabel Rodríguez en esa misma rueda de prensa. En enero, por tanto, aún no se sabía que los visados tenían los días contados pero, ya entonces, en un solo mes se habían otorgado un 25% más que la media de 2023.

Multiplicando ese número por los 12 meses del año, se puede hacer una estimación para todo el ejercicio: los visados de 2024 pueden alcanzar los 4.104. Pero, añadiéndoles un aumento del 25% a partir de abril, la cifra facilitada por Ceca Magán, las visas doradas llegarían a 4.788 a final de año: un 63% más de las concedidas en 2023. Con el anuncio y la falta de aplicación del fin de las visados, el Gobierno habría conseguido justo el efecto contrario al que buscaba.

“Efecto llamada” no duda en llamar Cristian Balcells, director de Balcells Group Lawyers, a la abolición fallida de los permisos de residencia por inversión. Asegura que las solicitudes tramitadas desde abril por su despacho se han duplicado. “Hay quien incluso ha comprado al contado para acelerar el proceso”, subraya. También María Eugenia Blasco, de AGM Abogados, dice que el número de peticiones en su despacho se ha doblado en estos meses. “Ahora podemos tramitar hasta tres al mismo tiempo”, detalla, “cuando antes íbamos de una en una”. Es decir, dando por bueno que se hayan duplicado las 3.273 de 2023, el número de concesiones al acabar este año bien podría superar las 6.000.

La abogada de Ceca Magán cree que, como contrapartida, en estos últimos meses el Gobierno ha endurecido la tramitación de los permisos. “Al menos en las solicitudes iniciales [también hay que pedir la renovación al cabo de tres años, la primera vez, y luego cada cinco] la Administración es ahora más rigurosa, exige documentos que antes no pedía, más pruebas de la inversión, si se ha pagado el seguro médico privado…”, enumera Patricia Ruiz. “Al contrario”, la rebate Cristian Balcells, “el ministerio [Inclusión, Migraciones y Seguridad Social] suele tardar 20 días máximo en resolver, y ahora en algunos casos incluso está respondiendo antes”.

Lo que no ha cambiado este año es la nacionalidad de los solicitantes: desde la guerra de Ucrania los rusos son cada vez menos, y las peticiones las copan, sobre todo, latinoamericanos: de Venezuela y “hubo un momento de auge de Perú”, precisa la abogada de Ceca Magán, que también menciona Turquía. Los clientes de Balcells, que tiene sus oficinas en Barcelona, son principalmente anglosajones –Reino Unido, Estados Unidos Canadá–, también latinoamericanos, y han crecido los israelíes, indica su director. María Eugenia Blasco sí que está recibiendo ahora consultas desde países que antes no estaban interesados en España, como Arabia Saudí, Emiratos o Vietnam y otras naciones del sureste asiático. “Siempre hemos trabajado mucho con clientes chinos; ahora no tanto, porque tienen más dificultades para sacar el dinero de su país”, aclara. También han aumentado las peticiones de mexicanos. Y muchas consultas son de ciudadanos iraníes, clientes imposibles por culpa de las sanciones internacionales contra el régimen de los ayatolás, que les impiden siquiera abrir una cuenta bancaria, advierte la abogada.

Francisco Jiménez, Aguilera, de Zaballos Abogados, reconoce que su despacho recibe más consultas desde que se anunció la eliminación de los visados de oro, por culpa de la inquietud y la tremenda inseguridad que causó la noticia, pero no ha visto un aumento de las solicitudes. Sólo concede que se hayan acelerado las peticiones de quienes ya tuvieran “la decisión madurada y la inversión canalizada”. A su juicio, más bien se ha producido un “efecto espantada”. “Las visas son una oportunidad para activar el mercado inmobiliario y la construcción, además del mercado del alquiler, porque muchos de los propietarios no residen todo el año aquí; suponen un beneficio para las promotoras y constructoras”, sostiene Jiménez Aguilera, “desde luego no quitan pisos a las familias en el centro de Madrid”. Por ese motivo, critica su supresión, que considera una medida de “oportunismo político”, sin justificación económica, fiscal, por riesgos a la seguridad o por la inmigración.

El 85% de las solicitudes de permiso de residencia son de visa oro a cambio de la inversión en inmuebles, sobre todo de latinomericanos que pretenden trasladar su residencia a España, señala Patricia Ruiz. Pero ahora, añade, han aumentado las inversiones en depósitos bancarios, “que es el procedimiento más rápido”. El perfil de inversión de Balcells tiene otros matices. “No he gestionado una solicitud para deuda pública en estos 10 años y, para proyectos empresariales, puede que una decena como máximo”, explica. 

Por el contrario, AGM Abogados sí que está explicando y buscando alternativas a la inversión inmobiliaria para sus clientes extranjeros interesados en conseguir el permiso de residencia: constituir una sociedad, contratar productos bancarios, crear una filial en España si ya poseen un negocio en su país u optar por la llamada “residencia no lucrativa”, un modelo anterior al nacimiento de las visas doradas, enumera María Eugenia Blasco.

El anuncio de abolición tampoco han cambiado las cuantías invertidas, dice Patricia Ruiz. Las cantidades destinadas a inmuebles no bajan de los 800.000 euros de media, pese a que el mínimo exigido es medio millón. Según las cifras hechas públicas por el Ministerio de Vivienda, desde 2016 la inversión conseguida con ellas supera los 10.014 millones de euros, de los que 2.518 millones corresponden a 2023, el año récord hasta ahora.

El ministerio sostiene que el 90% de las autorizaciones se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Patricia Ruiz apunta en concreto a Marbella. De hecho, según Vivienda, las compras de inmuebles a cambio de visas doradas llegaron a representar el 7,1% de las operaciones selladas en la capital de la Costa del Sol en un año. Y el 5,3% de las registradas en Barcelona.

Los visados de oro los creó el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Apoyo a los Emprendedores en 2013, “en un contexto de crisis económica”, según señalan los socialistas para justificar su enmienda. Su objetivo entonces era “atraer y retener” inversiones de extranjeros para adquirir inmuebles o bien acciones, deuda pública, empresas y fondos de inversión.

Sin embargo, argumenta el Grupo Parlamentario Socialista, ese objetivo no se ha cumplido. Por un lado, el aumento de la compra de inmuebles por extranjeros en los últimos trimestres está ejerciendo “una presión excesiva sobre la demanda de vivienda” en ciertos distritos y municipios, disparando los precios y “gentrificando” los barrios. Por otro, las visas para invertir en acciones o empresas no han tenido un “impacto significativo” en la economía nacional. Su eliminación, por tanto, no tendría “efectos negativos” sobre ella, aducen los socialistas.

Además, la enmienda alude a las advertencias de la Unión Europea respecto de estos incentivos a la inversión extranjera, “sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania”. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Más del 80% de los visados concedidos en España ha ido a parar a manos de ciudadanos rusos y chinos, según Transparencia Internacional.

Con la supresión anunciada en abril, España pretendía sumarse así a Portugal e Irlanda, que ya en 2023 eliminaron las visas oro, y a Países Bajos, que las abolió el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022.

Sin embargo, María Eugenia Blasco rechaza que se pueda culpar a las visas doradas de la tensión del mercado y el aumento de los precios de los inmuebles provocado por la especulación inmobiliaria. Según sus cálculos, las operaciones amparadas en este incentivo equivalen sólo al 0,27% de las realizadas desde 2013 en España. Tampoco cree que deba sembrarse la sospecha sobre el origen de los fondos invertidos en ellas: “Ese control, previo a la operación, lo llevan a cabo los bancos y los notarios, y siempre ha sido mayor en España que, por ejemplo, en Portugal”, subraya.

Entre los socios del Gobierno, Sumar, Esquerra Republicana, PNV y EH Bildu apoyan la supresión de las visas oro, según han explicado a infoLibre. Sólo el PP y Junts no han querido avanzar por el momento cuál es su posición. “Lo haremos cuando se abra el debate”, indica una fuente de los populares. Y la discusión aún no ha comenzado siquiera en la ponencia. Como viene siendo su comportamiento habitual, Vox se ha negado a contestar a las preguntas de este periódico.

En cualquier caso, cuando en abril el Gobierno anunció la eliminación de las visas oro, PP y Vox coincidieron en calificar la medida de “cortina de humo”. En palabras del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, el Ejecutivo la utilizaba para “tapar” su “incompetencia” en materia de vivienda. Los visados, aseguró, sólo afectan al “0,002% de la vivienda en España”. Para la portavoz de Vox, Pepa Millán, la supresión de las visas doradas sólo sirve “para que no se hable de otras cosas como, por ejemplo, del escándalo de la mujer del presidente”.

María Eugenia Blasco descarta que el ritmo de solicitudes se vaya a frenar este otoño. De hecho, “ahora se están materializando muchas de las iniciadas antes del verano“, aduce. Porque, si bien la Administración contesta antes de 20 días, la operación completa puede prolongarse hasta tres meses. Es el tiempo que puede llevar la búsqueda de la propiedad, la apertura de una cuenta bancaria y la obtención del NIE (Número de Identidad de Extranjero), enumera Francisco Jiménez. Además, tras firmar la compraventa, hay que inscribirla en el Registro de la Propiedad, un trámite que tarda semanas, recuerda Blasco.

En cualquier caso, no hay ninguna certeza de cuánto tiempo más puedan durar las visas oro. María Eugenia Blasco no duda de que desaparecerán, al igual que ya ha ocurrido en otros países europeos o Canadá. Si finalmente el Gobierno consigue sacar adelante su eliminación en las Cortes, quienes quieran circular libremente en el espacio Schengen –uno de las principales ventajas para un ciudadano extracomunitario– pueden seguir solicitando la “residencia no lucrativa“ antes citada o bien buscar otro país europeo donde sigan concediendo las visas doradas: sólo en Malta, Chipre, Italia y Grecia.

La banda de rock británica Oasis ha anunciado su vuelta a los escenarios tras quince años alejados de la música a consecuencia del distanciamiento de los hermanos Gallagher. Realizarán un total de 14 conciertos por Irlanda e Reino, según informa Europa Press.

En un comunicado en la red social X, los hermanos Noel y Liam han presentado una nueva gira que pasará por las ciudades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

"Esto está pasando" comenzaba diciendo el mensaje, para después explicar que los tickets saldrán a la venta este próximo 31 de Agosto a las 8.00 am en Irlanda y a las 9.00 am en Inglaterra.

4 y 5 de julio: Cardiff Principality Stadium.

11, 12, 19 y 20 de julio: Manchester Heaton Park.

25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto: Londres Wembley Stadium.

8 y 9 de agosto: Edimburgo Scottish Gas Murrayfield Stadium.

16 y 17 de agosto: Dublín Croke Park.

“¿Pero no era que en Europa hasta las 23 horas no se podía dar ningún resultado? En Irlanda ya saben sus resultados!!!!” Con mensajes como este a las 21.30 horas de la noche del domingo 9 de junio, algunos contenidos acusan de “pucherazo” al Gobierno de España y a Indra. Añaden que, mientras en España no se dan a conocer los resultados hasta las 23 horas, en Irlanda ya estaban celebrándolos. Pero es un bulo, el contenido al que se refieren es por la victoria de un candidato en las elecciones locales de Irlanda. A las 10.00 horas del 10 de junio, Irlanda todavía no había publicado datos de las europeas.

“Lo del apagón electoral era para gestar el #PUCHERAZO. Vergonzoso que en Irlanda supieran los resultados al poco de cerrar las urnas mientras aquí Marlaska e INDRA disfrutaban de tres horas para cocinar los resultados”. Contenidos como este van acompañados de un vídeo en el que el candidato independiente Malachy Steenson celebra su victoria en las elecciones del distrito norte del centro de Dublín (capital de Irlanda). 

Pero Steenson no celebra sus resultados en las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar entre el 6 y el 9 de junio. En Irlanda los comicios comunitarios coincidieron con elecciones locales, a las que se presentó Steenson. Irlanda votó el viernes en ambos comicios y los resultados se han ido conociendo durante el fin de semana. A las 10 de la mañana del 10 de junio, Irlanda todavía no había ofrecido resultados de las elecciones europeas, según la web del Parlamento Europeo.

Como ha explicado Maldita.es, la UE cuenta con una normativa que indica que los resultados no se pueden conocer hasta que se hayan cerrado las urnas en el último país de la Unión Europea en votar, que era Italia a las 23 horas.

Por lo tanto, es un bulo que el candidato irlandés Malachy Steenson haya celebrado los resultados de las elecciones europeas, lo hace por su victoria en las elecciones locales celebradas el mismo día en Irlanda.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319

El reconocimiento de Palestina por parte de España ha llegado este martes de la mano de otros dos países europeos, Noruega e Irlanda. En el caso noruego, por parte de un Gobierno laborista capitaneado por Jonas Gahr Støre y en el irlandés, por uno conservador-democristiano dirigido por Simon Harris, cuya familia política es el Partido Popular Europeo. A diferencia de lo que ha ocurrido en el caso español con el PP y Vox que han cargado contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y han acusado al socialista de buscar su propio "interés personal y político" para "tapar" otras cuestiones, la oposición irlandesa y noruega sí ha apoyado a sus respectivos gobiernos, aunque en el último caso ha habido alguna excepción.

En Irlanda ha habido un consenso absoluto de todas las formaciones, no en vano presume de ser el primer país de la Unión Europea que pidió la creación de un estado palestino. Los irlandeses se identifican con los palestinos y el sentimiento es unánime de derecha a izquierda del tablero político. Desde Fianna Fáil, —centroderecha liberal— al Sinn Fein —izquierda nacionalista— pasando por los verdes, los socialdemócratas o los laboristas. Todos ellos han emitido comunicados de apoyo e incluso han pedido a Harris ir más allá.

"Estoy orgulloso del Gobierno y del líder de mi partido, Micheál Martin, por haber logrado esto —forman parte del Gobierno de coalición— . No faltará mi apoyo a la paz. Como nación, conocemos muy bien los efectos a largo plazo de los conflictos", aseguraba recientemente el candidato europeo de Fianna Fáil, Barry Cowen. "Es un momento histórico tanto para Irlanda como para Palestina", destacaba también la portavoz en materia de política exterior del Sinn Fein, Matt Carthy, y añadía que quería que Harris diera más pasos. "La decisión del Gobierno es un reconocimiento vital del derecho palestino a la autodeterminación y un paso crucial hacia una solución de dos Estados", completaba el diputado laborista Brendan Howlin.

En el caso de Noruega, la coalición encabezada por laboristas con centristas como socio menor, ya figuran intentos de ayudar a negociar una paz entre israelíes y palestinos años atrás, a través de los llamados acuerdos de Oslo, que sin embargo no fructificaron. En noviembre del pasado año el Parlamento noruego — Storting— aprobó una resolución por abrumadora mayoría que instaba al Gobierno a reconocer a Palestina "en el momento en que el reconocimiento pueda tener un efecto positivo en el proceso de paz". La votación salió adelante con 143 votos a favor, 25 abstenciones y 9 votos en contra.

El principal partido de la oposición y homólogo del PP español — Høyre— apoyó la medida, si bien su líder, Erna Solberg, expresó sus dudas acerca de si el momento actual es el "adecuado". Con todo, manifestó que se trataba de una decisión legítima del Gobierno de Jonas Gahr. Por su parte, la formación que más se ha posicionado en contra ha sido el Partido del Progres, cuya lider, Sylvi Listhaug, manifestó recientemente que podría "recompensar indirectamente" los actos terroristas de Hamás contra Israel, aunque añadió que su formación se mostraba a favor de la solución de los dos Estados. El resto de partidos manifestaron su apoyo al Gobierno, que el pasado domingo informó al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá, de que el reconocimiento sería efectivo desde este martes.

La reacción del Partido Popular español nada ha tenido que ver con la de sus homólogos europeos, que incluso han impulsado—como es el caso de Irlanda— que se llevara a cabo. Aunque el líder de la la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado hacer declaraciones al respecto, distintos portavoces de la formación han cargado contra la decisión por no haberse "consensuado" el seno de la Unión Europea. A juicio la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, la decisión solo obedece al "interés personal y político" de Pedro Sánchez porque busca "tapar" otras cuestiones como el caso Koldo o la ley de amnistía, que se aprobará este jueves.

Ese ha sido el principal argumento esgrimido también por el vicesecretario del PP Borja Sémper y por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que sigue la línea del comunicado remitido en la mañana del martes tras la declaración del presidente del Gobierno. "Sánchez está cómodo hablando de Palestina (o de Argentina) para no hablar de España a 48 horas de aprobar la ley de amnistía y con la corrupción de su partido, su Gobierno y su entorno siendo investigados en la Audiencia Nacional, pero también por las instituciones de Justicia de la Unión Europea", señalaban fuentes populares.

Sémper, que el lunes por la noche calificaba de "intolerable" el ataque de Israel sobre Palestina en su cuenta de X —a lo largo de la jornada el PP evitó hacer alusión alguna e incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, llegó a justificar al Gobierno de Bejamín Netanyahu por "estar luchando por su supervivencia frente a un grupo terrorista"— señaló este martes en Antena3 que el momento "es especialmente inoportuno, como ha dicho un Gobierno democrático como es Israel".

Tellado, por su parte, tachó la decisión del Ejecutivo de "sobreactuación por razones electoralista" y , al igual que Sémper, incidió en el carácter "democrático" de Israel pese a las imágenes de los últimos días en Rafah y a las amenazas vertidas por su ministro del interior contra el Gobierno y, concretamente, contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que equiparaba en una fotografía con los líderes de Hamás. Para Tellado, sin embargo, es una decisión que enfrenta a España "a un país democrático agredido".

La estrategia de Vox ha sido muy similar a la del PP, aunque con acusaciones todavía más duras. Su líder, Santiago Abascal, señaló que Sánchez "está utilizando una guerra para ocultar su corrupción política y económica" y "erosionando" los intereses y la seguridad de España "para seguir ejerciendo de autócrata". Para su candidato europeo, Jorde Buxadé, es "el peor acto de diplomacia" porque "provoca el reconocimiento a una organización terrorista", pese a que Sánchez ha dejado bien claro que su interlocutor será la Autoridad Palestina y no Hamás. Una acusación que los dirigentes del PP también han esgrimido.

La posición del Partido Popular sólo se explica por la oposición al Ejecutivo de Sánchez, ya que la semana pasada votaron a favor, al igual que hicieron en 2014, a la solución de los dos Estados. Así lo aprobó el pleno del Congreso con 300 votos a favor del PP, PSOE, Sumar, ERC,PNV y EH Bildu, la abstención de Podemos y Junts y el rechazo de Vox. Esa decisión contrasta con la vehemencia de sus portavoces, influenciados también por el  el firme apoyo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el expresidente del Gobierno José María Aznar a Netanyahu, al que el presidente de FAES pidió que siguiera con su "operación" en Gaza.

La decisión también incomoda a Feijóo por el liderazgo ejercido por el líder socialista a nivel internacional en esta cuestión, lo que podría beneficiarle de cara a los próximos comicios europeos. En Génova lamentan que el presidente no descuelgue el teléfono para hablar con el líder del PP para tratar de consensuar posturas comunes y que tampoco lo haya hecho, en este caso, el ministro de Exteriores.

En estos meses el silencio del principal partido de la oposición en torno a las atrocidades de Israel ha sido atronador. Ni cuando comenzó el conflicto ni en la actualidad, cuando los civiles asesinados en Gaza se cuentan por decenas de miles y la planificada destrucción en la franja es una evidencia, el líder del PP ha reprochado a Israel sus métodos. Tampoco ha criticado las formas del Gobierno de Netanyahu, que aprovecha cada ocasión para criticar al Gobierno en redes. Unos tuits en los que, además, nombran a Feijóo, en lo que parece una estrategia medida para recibir su apoyo.

Los ministros de Exteriores de España, Irlanda y Noruega han defendido este lunes que reconocer el Estado de Palestina "es lo correcto" en este momento del conflicto en Oriente Próximo y busca un cambio de paradigma para lograr la paz y avanzar en la solución de los dos Estados. "Compartimos que es el momento de hacer efectiva la solución de dos Estados para conseguir lo que todos anhelamos: la paz en Oriente Próximo", ha defendido el titular de Exteriores español, José Manuel Albares, en rueda de prensa conjunta desde Bruselas junto a sus homólogos irlandés, Micheál Martin, y noruego, Espen Barth Eide, según informa Europa Press.

Los tres países europeos que harán efectiva al mismo tiempo la decisión de reconocer al Estado palestino han subrayado que este paso es "de justicia" y "la mejor garantía de seguridad" para Israel, aparte de algo "indispensable" para alcanzar la paz en la región. En palabras del ministro irlandés la decisión refleja la voluntad de establecer un nuevo paradigma y acercar la solución de los dos Estados. La situación actual solo alejaba este escenario que apoya la comunidad internacional, ha apuntado, insistiendo en que "sin cambiar el enfoque, nunca se llegará" a establecer dos Estados que coexistan.

Martin se ha defendido de quienes han criticado el movimiento de España, Irlanda y Noruega por "imponer un resultado en las partes" o resultar "una recompensa al terror". "Nada podría ser más lejos de la verdad", ha respondido, para recalcar que reconocer a Israel y Palestina contribuye a que vivan pacíficamente y a que normalicen las relaciones, porque facilita un acuerdo "duradero y justo" en el que no jueguen un papel "ni el terrorismo, ni la ocupación".

Según su colega noruego, el reconocimiento de Palestina ahora es la decisión "correcta" y llega en "el momento correcto". Pese al ciclo de violencia que vive Oriente Próximo, Oslo entiende que el paso supone adaptar la visión de los dos Estados, una vez el proceso iniciado en 1993 no ha dado sus frutos. "Estamos dando ahora un nuevo software, es un 2.0 para esa visión, donde el reconocimiento de Palestina es sólo una de las distintas piezas del gran puzzle para traer la paz a Oriente Próximo", ha resumido.

En este sentido, Barth Eide ha animado a otros países europeos a seguir el ejemplo de España, Irlanda y Noruega al subrayar que el mensaje que manda este reconocimiento es que el proceso de paz "no se puede quedar atascado" como sucedió en la década de los 90.

Tras los nuevos ataques de Israel en la zona de Rafah, que al menos 50 muertos en un centro de desplazados, los ministros de los tres países han insistido en que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para frenar la ofensiva contra la ciudad gazatí son de "obligado cumplimiento". Martin ha tachado de "bárbaro" el ataque israelí contra el centro de desplazados y ha lamentado que la crisis registrada en Rafah fue "pronosticada" por las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, que alertaron hace meses de las consecuencias de un ataque sobre el enclave en el sur de la Franja.

"No se puede bombardear una enclave tan pequeño y densamente poblado sin consecuencias fuertes en términos de niños inocentes y de seguridad. Y le pedimos a Israel que pare ahora la ofensiva en Rafah", ha reclamado. Mientras, Barth Eide ha subrayado que continuar la guerra en el sur de la Franja es "un incumplimiento material" de los fallos de la más alta instancia de la justicia mundial. "Esperamos que Israel seguirá la ley internacional y haga lo que se ha dicho. Y, en principio, es competencia de del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estudiar si hay una violación flagrante de la ley internacional", ha apuntado,

En la misma línea, Albares ha reiterado que las medidas cautelares de la CIJ "son obligatorias", "como todas las decisiones de la Corte". Por todo ello, ha recalcado que Israel "tiene que detener su ofensiva en Rafa", de la misma forma que la comunidad internacional condena el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás.

Respecto a los vídeos de la diplomacia israelí contra España, en el que intercala imágenes de dos bailaores de flamenco con ataques de Hamás, así como las grabaciones de los embajadores de España, Irlanda y Noruega tras ser llamados a consultas, el ministro español ha afirmado que los tres países consideran "inaceptable" estas prácticas de Israel. "En algún momento habrá que expresar esa opinión que tenemos de rechazo a algo que no está dentro de la cortesía diplomática y los usos de la Convención de Viena", ha indicado. En todo caso, Albares ha asegurado que España, Irlanda y Noruega coinciden en "no caer en ninguna provocación que aleje el objetivo".

"Nuestro objetivo es reconocer mañana al Estado de Palestina, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva", ha zanjado.

Tras semanas de espera y anuncios que no se concretaban, España, Irlanda y Noruega se suman a los 143 países que reconocen a Palestina como Estado. Las máximas autoridades de los tres países europeos, en el caso español ha sido el propio Pedro Sánchez en el Congreso, han anunciado este miércoles de manera simultanea que ratificarán su decisión el 28 de mayo.

"Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina", ha dicho el primer ministro de Irlanda, Simon Harris. "Cada uno de nosotros dará ahora los pasos nacionales necesarios para materializar esta decisión", ha añadido durante una rueda de prensa desde Dublín. Harris ha subrayado que "es un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina". "Creemos en la libertad y la justicia como principios fundamentales del Derecho Internacional y creemos que una paz permanente sólo puede lograrse a partir de la voluntad de la población", ha afirmado.

"En la previa al anuncio de hoy he hablado con otros líderes y homólogos y confío que más países se sumen a nosotros a la hora de dar este importante paso en las próximas semanas", ha señalado el primer ministro irlandés, quien ha trazado un paralelismo con el llamamiento realizado el 21 de enero de 1919 por Irlanda para su reconocimiento como Estado independiente.

Su homólogo noruego, Jonas Gahr Store, también ha anunciado el reconocimiento del Estado palestino, aunque en principio no formaba parte del acuerdo al estar fuera de la UE. "Hoy, Noruega da el paso", ha manifestado durante una rueda de prensa retransmitida por las autoridades noruegas a través de su página web. "Ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo", ha agregado, antes de abundar en que "la única solución viable al conflicto en Oriente Próximo es una solución real de dos Estados y el reconocimiento de Palestina es un apoyo a las fuerzas moderadas". Así, ha recalcado que "en medio de una guerra, con decenas de miles de muertos y heridos, debemos mantener viva la única alternativa que ofrece una solución política a israelíes y palestinos: dos Estados, viviendo juntos, en paz y seguridad".

"El pueblo palestino tiene un derecho fundamental e independiente a la autodeterminación. Tanto israelíes como palestinos tienen derecho a vivir en paz en sus respectivos Estados", ha sostenido, antes de subrayar que esta demarcación debe quedar fijada en las fronteras de 1967, "con Jerusalén como capital de ambos Estados", y "sin prejuicio a un acuerdo final sobre fronteras, incluidos intercambios de tierras". Store ha lamentado además que las "fuerzas moderadas han estado perdiendo terreno a causa de este prolongado y brutal conflicto" y ha defendido que la decisión de Oslo "podría hacer posible retomar el proceso de cara a lograr una solución de dos Estados y darle un renovado impulso".

A pesar de que los jefes de Gobierno de España, Irlanda, Eslovenia y Malta pactaron en marzo reconocer el Estado palestino cuando se diesen las "circunstancias adecuadas", los gobiernos de Eslovenia y Malta todavía no han decidido ratificar su decisión.

El Gobierno esloveno inició el 9 de mayo los trámites para avanzar en este reconocimiento, en un Consejo de Ministros del que salió el compromiso de tomar una decisión en firme antes del 13 de junio. Fuentes diplomáticas de Eslovenia explican a Europa Press que se trata sólo de un límite y que, por tanto, el aval definitivo puede llegar antes. En cualquier caso, el hipotético 'sí' del Gobierno, que se comprometía a examinar en estas semanas cuestiones como las negociaciones para un alto el fuego, la liberación de rehenes o reformas encaminadas a reforzar el papel de la Autoridad Palestina, se trasladaría a continuación al Parlamento esloveno para su examen primero en comisión y luego en pleno.

Por su parte, en Malta insisten en que mantienen "su voluntad de reconocer a Palestina", aunque fuentes del Gobierno maltés consultadas por Europa Press han matizado que esta iniciativa se consumará "cuando el reconocimiento pueda lograr una contribución positiva (al conflicto) y las circunstancias son las correctas". Con este fin, el Ejecutivo de Malta "está examinando los acontecimientos en Oriente Próximo para determinar el momento óptimo para este importante avance". Respecto a posibles plazos, estas fuentes han planteado que quieren dar el paso "cuanto antes", pero sin poner fecha.

A esta ecuación de movimientos se suma también Bélgica, que si bien reclamó junto a Irlanda y España a la Comisión Europa que examinara el actual marco de relaciones con Israel ha esquivado cualquier llamamiento al potencial reconocimiento de Palestina como Estado, con las elecciones generales a dos semanas vista. Fuentes oficiales belgas han dejado claro que su Gobierno, de coalición, no se sumará a los anuncios de Sánchez, Harris y Store, si bien el primer ministro, Alexander de Croo, reúne este mismo miércoles a todos sus vicepresidentes para abordar la situación en Oriente Próximo.

Una de las razones por las que Dubái se ha convertido en el resort favorito de decenas de fugitivos de la justicia internacional es el escaso interés que sus autoridades muestran en cumplir con las solicitudes de extradición de otros países. El pasado verano Francia tenía pendientes con el emirato 26 solicitudes de extradición de otros tantos delincuentes. La Fiscalía de los Países Bajos lleva al menos 13 casos de blanqueo y contra sospechosos escondidos en Dubái, según la fundación holandesa Investico –miembro de OCCRP–. Bélgica pide al emirato la entrega de otros 20 criminales, según el periódico belga De Tidj –también socio de OCCRP–.

España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación, según cifras oficiales obtenidas por infoLibre. En ese mismo periodo, los Emiratos sólo han enviado una solicitud a España. De carácter civil, las autoridades españolas han mandado siete comisiones rogatorias a la autocracia del Golfo, y ésas sí, han sido todas contestadas.

Entre las peticiones de extradición españolas destacan las de dos capos del supercártel detenidos en la Operación Desert Light, en octubre de 2022, y la de Alejandro Salgado Vega, conocido como El Tigre, capturado en agosto de ese año en el emirato y considerado el más importante narcotraficante español de cocaína del mundo. En estos momentos hay cuatro ciudadanos españoles encarcelados en Dubái.

Todas las solicitudes, no importa el país, se encuentran paralizadas por una mezcla letal de falta de voluntad y rigidez burocrática de la justicia emiratí. En julio de 2023, Países Bajos aprobó un tratado de extradición con los Emiratos. Bélgica lo firmó en diciembre de 2021. Francia, en 2018. Irlanda está negociándolo ahora. España tiene uno desde 2009, por tanto, no es precisamente una recién llegada a la cooperación judicial con los Emiratos. Pero los resultados siguen siendo decepcionantes para los europeos, pese a que los ministros de Justicia de casi todos los países antes citados han visitado el país del Golfo en el último año para intentar acabar con la renuencia de su sistema judicial a la entrega de criminales extranjeros.

El ministro belga, Paul van Tigchelt, voló a Abu Dabi el pasado mes de marzo e incluso habló con su homólogo emiratí de la incautación de las propiedades que tienen allí los delincuentes pendientes de extradición. “La cooperación en materia de confiscación es nueva. La Fiscalía [belga] las está pidiendo [las incautaciones], ya hemos identificado una serie de casos, aunque aún no hemos enviado solicitudes concretas de incautación. Pero están en camino”, aseguró Van Tigchelt a la revista belga Knack –socio de OCCRP–.

Desde junio de 2023, los Emiratos han extraditado a tres presuntos delincuentes: el capo albanés Franc Gergely, por ordenar desde Dubái el asesinato de un compatriota; el narcotraficante Nordin El Hajioui y un delincuente financiero al que, de momento, sólo se identifica como François D.

La referencia del ministro belga a la confiscación de propietarios no es baladí. Fran Gegerly figura como dueño registrado de al menos 10 inmuebles en el emirato, según los datos de Dubai Unlocked, una investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En el proyecto han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

De acuerdo con el análisis realizado por De Tidj y Knack, el valor de los ocho apartamentos y dos villas que el capo albanés afincado en Bélgica tenía a su nombre en Dubái suma 18 millones de euros. Una cifra a la que habría que añadir los 600.000 euros que Gegerly ingresó por alquilar algunos de esos inmuebles. Además, las propiedades fueron adquiridas sobre todo en 2020, el año del asesinato por encargo del que se acusa al albanés. Buena parte de ellas las ha ido vendiendo, con el consiguiente beneficio.

Los medios belgas de OCCRP también han localizado los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Otro tanto ocurre con los delincuentes reclamados por los Países Bajos. Jos Lejedkkers, a quien la Policía considera uno de los principales capos europeos de la cocaína, compró un apartamento de 164 metros cuadrados en la isla artificial Palm Jumeirah valorado en casi 650.000 euros.

Pero el pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái fue Raffaele Imperiale, un narcotraficante de la Camorra con negocios en Marbella que ya en 2013 abandonó Países Bajos para instalarse en el emirato. Como publica IrpiMedia –socio de OCCRP–, invirtió 30 millones de euros en comprar una isla artificial, llamada Taiwán y situada en un complejo aún en construcción conocido como The World. También encargó el diseño de 10 villas por valor de 20 millones de euros. Fue detenido en 2021 en una villa en Emirates Hills, donde residía desde un año antes.

Ciro Arianna y su hermano Giuseppe, dos empresarios investigados por la Fiscalía de Nápoles por contrabando de cigarrillos desde los Emiratos, fueron propietarios en Dubái igualmente. Poseían un piso de 143 metros en la Sunrise Bay Tower y otro en la Sport One Business Tower, respectivamente, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP.

A diferencia de otros narcos europeos, Imperiale fue extraditado a Italia rápidamente, sólo siete meses después de ser detenido, pero por utilizar un pasaporte falso. Italia, que tiene un tratado de extradición con los Emiratos desde 2019, había empezado a pedir la entrega de Imperiale en 2016. En 2017 fue condenado allí a 18 años de prisión. Es decir, desde la primera solicitud hasta su extradición habían pasado seis años. Entretanto, tres peticiones habían sido desatendidas, resalta Irpimedia.

No obstante, con los italianos Dubái ha sido bastante generoso. Poco después de Imperiale, entregó a Raffaele Mauriello, a quien se buscaba por asesinato; a Bruno Carbone, socio de Imperiale, y a Gaetano Vitagliano, tesorero de otro clan de la Camorra. También fue detenido en el emirato Ciro Guglielmo Filangieri, jefe del clan Giuliano.

Edin Gačanin, de origen bosnio pero con pasaporte holandés, entra en la categoría de supercapo y también reside en Dubái. Fue uno de los seis detenidos por Europol en la Operación Desert Light, en la que también participó la Guardia Civil. Lo reclama la justicia de los Países Bajos. Dubai Unlocked ha localizado el apartamento donde vivía uno de sus lugartenientes, Dženis Kadrić. Ex policía bosnio, de 36 años, se encargaba de la seguridad de Gačanin desde que dejó el cuerpo. Kadrić compartía apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo, con su esposa. El casero al que pagaban el alquiler, 133.800 euros en tres años, es un cuñado del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema.

Mientras, su jefe, Gačanin, fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de euros por un tribunal de Rotterdam. Se le consideró responsable de un envío de cocaína a través de los puertos de Rotterdam y Hamburgo. El juicio se celebró en noviembre de 2023 y, según publicó entonces el diario holandés NRC, la sentencia se dictó con el pacto previo de la fiscalía y la defensa. Gačanin había declarado por teleconferencia desde Dubái.

Allí permanece en libertad, pendiente de extradición, desde que las autoridades dubaitíes le sacaron de la cárcel a los dos meses de ser detenido en Desert Light. Según el Gobierno emiratí, Países Bajos cursó la solicitud de entrega fuera de plazo, algo que los holandeses niegan.

También fue detenido en la misma operación de Europol y puesto en libertad a los pocos meses Zouhair Belkhair, cuyo rastro sí aparece en Dubai Unlocked: un apartamento de 168 metros cuadrados y cuatro millones de euros en The Residence, en Marina Gate, que ya no está a su nombre desde el año pasado. Lo tuvo alquilado en 2020, a razón de 3.130 euros al mes.

Otro de los capos del supercártel desmantelado por Europol es Hoesny Ajaray, reclamado por Bélgica y Francia. A su nombre figura un terreno de 900 metros cuadrados en La Mer Maisons, que compró por 1,57 millones de euros en 2021, presumiblemente para construir una villa.

También figura en la lista de Desert Light Ryan James Hale. Aunque británico, pertenece al clan irlandés de los Kinahan, una de las mayores bandas criminales de Europa. Christopher Kinahan y sus hijos Daniel y Christopher Junior llevan casi una década escondidos en Dubái. The Irish Times –otro miembro de OCCRP– ha identificado también las numerosas propiedades del clan irlandés en el emirato, desde una mansión de 2.238 metros cuadrados en Emirates Hills a nombre de la mujer de Christopher Senior –por la que pagó 6,05 millones de euros–, un apartamento de 300 metros en Elite Residences –893.588 euros– y otra villa en Parkway Vistas de seis dormitorios, hasta una oficina de 114 metros en una torre de 55 plantas en Jumeirah Lake.

La peculiaridad de los Kinahan es que han ido vendiendo los inmuebles durante los dos últimos años, desde que en abril de 2022 su nombre apareciera en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU, que ofrece una recompensa de 13,9 millones de euros por cualquier información sobre ellos. También han ido cerrando las sociedades que habían registrado en Dubái.

Ryan James Hale, que se dedicaba a blanquear el dinero negro de los Kinahan en la Costa del Sol, también es uno de los dos detenidos en Dubái cuya extradición pide España, junto con el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan. La UCO de la Guardia Civil bautizó como Operación Faukas a su participación en Desert Light. La Fiscalía de Marbella está tras la extradición del británico. La de Valencia, detrás de la del panameño, a quien se responsabiliza de un alijo introducido en el puerto de la capital levantina. Como el resto del supercártel, siguen en libertad en el emirato y con la extradición en el limbo judicial dubaití.

Además, España pide a Dubái la extradición de un tercer gran capo, no relacionado con Desert Light pero, como los citados más arriba, considerado igualmente un Objetivo de Alto Valor. La diferencia con los anteriores es que Alejandro Salgado Vega, El Tigre, ha permanecido más de un año en prisión. Le pilló la Policía dubaití consumiendo drogas en su propia casa, un delito duramente castigado por las leyes locales. Según ha confirmado su abogado en España, Javier Yagüe García, El Tigre salió de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Al tiempo, avanza por fin el procedimiento para extraditarle, aseguran a infoLibre fuentes judiciales. Aunque con los obstáculos que parecen ser la tónica habitual de la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, ahora han pedido que se les traduzcan los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición.

Se trata de las mismas maniobras dilatorias que Dubái empleó cuando Brasil le reclamó a Danilo Vunjao Santana Gouveia, acusado de blanqueo de capitales y fraude por una estafa piramidal masiva de bitcoins. Fue puesto en libertad porque los brasileños no enviaron al emirato los 10 volúmenes del sumario contra este empresario traducidos al árabe.

En el caso de Alejandro Salgado Vega, el juzgado español ni siquiera recibió una comunicación oficial de las autoridades dubaitíes comunicando su detención. Si en Algeciras se enteraron fue sólo porque se lo comunicó la Guardia Civil, aseguran las mismas fuentes.

“La cooperación judicial que nos presta Dubái es muy limitada, prácticamente inexistente”, resume a infoLibre un responsable gubernamental europeo con competencias en la materia. Pese a que España tiene con los Emiratos Árabes Unidos un convenio completo que incluye la asistencial judicial mutua, las extradiciones y el traslado de condenados y fue firmado hace ya 15 años, a la hora de aplicarlo “surgen 1.000 problemas”. “Siempre ponen pegas, te vuelven a pedir datos que ya les has dado, o resulta que no los habías pedido bien… te marean, no hay manera de conseguir una colaboración eficaz”, lamenta. Preguntado por la causa, concluye: “La contumacia hace entender que se trata de una falta real de voluntad por parte de Dubái”.

Además, el problema es común a todos los países europeos que, como Bélgica, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, hacen frente en los últimos tiempos a una amenaza para ellos inédita: el crimen organizado. De hecho, la preocupación ya se ha manifestado en reuniones de los responsables gubernamentales en Bruselas. Dubái suele ser el único nombre concreto que se menciona cuando se discute sobre jurisdicciones no cooperativas. Las fuentes consultadas reclaman que la solución se busque a nivel político y a escala europea. “Que se afronte de modo global y se meta en la agenda de la UE”, urgen.

A preguntas de OCCP, las autoridades dubaíties responden que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 1.362 millones de euros entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, y han impuesto multas por blanqueo por importe de 29 millones de euros, además de incautarse de activos por valor de 233 millones.

Buena muestra del papel protagonista que Dubái ha alcanzado en el mapa mundial del crimen es el Centro de Inteligencia Criminal Antidroga (CICA), recién creado en España y que quiere funcionar como una plataforma de intercambio de información entre Europa y América para combatir el narcotráfico internacional. Financiado por la UE y dirigido por la Guardia Civil, en el CICA van a trabajar analistas de España, Portugal, seis países latinoamericanos –Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Panamá– y Dubái. La idea es atacar toda la estructura del narcotráfico, desde el origen de la droga, en América, y su destino, en Europa, hasta el emirato, “donde se encuentran los cabecillas”, explica el comandante Javier Valdenebro, jefe del grupo de Drogas de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil y coordinador del proyecto GDIN, del que forma parte el CICA. Ya están trabajando en unos 130 asuntos, asegura, aunque su objetivo no son los “resultados inmediatos” en forma de operaciones, sino hacer un “análisis estratégico para descubrir nuevas tendencias”.

La idea del CICA es que los analistas alternen estancias de cinco meses en España y cuatro meses en sus respectivos países. En febrero todos ellos habían enviado ya sus analistas… excepto Dubái. A finales del mes de abril, el delegado emiratí aún no había aterrizado en España.

¿Qué quiere el CICA de Dubái? “Nos interesan los fugitivos, los Objetivos de Alto Valor que se esconden allí, y el blanqueo de capitales, algo sobre lo que ya estamos trabajando”, indica el coordinador del proyecto. Según destaca, la colaboración con la policía del emirato es “buena” –“Hay buena predisposición”–, pero también “lenta”.

Trabajo no les va a faltar si no cambian las condiciones de las que aún disfrutan en Dubái criminales de toda clase. Hajli El Harraj, un español de origen marroquí al que se consideraba el jefe del cártel del Sur, no debió de tener muchas dudas cuando huyó de España en junio de 2022, justo cuando iba a ser detenido. Sólo hizo escala en Marruecos, estaba de camino a Dubái. Con él, sin embargo, las autoridades del emirato fueron expeditivas: lo detuvieron en octubre y lo extraditaron dos meses después.

Otro ejemplo. El cabecilla de la organización que se desmanteló en la Operación Jumita, en junio de 2021, había creado una red de empresas en Dubái para blanquear sus ganancias. Importaba cocaína a través del puerto de Algeciras, donde incluso tenía en nómina al jefe de Operaciones de la terminal de la naviera APM Maersk. El caso aún está en fase de instrucción y el juicio no se celebrará hasta por lo menos el mes de febrero de 2025, aunque antes el Tribunal de Justicia de la UE deberá resolver la cuestión prejudicial presentada por la defensa de los implicados sobre la legalidad de la desencriptación de sus conversaciones telefónicas.

Y una posible señal de alerta: Melanie, la mujer de Karim Bouyakhricham, el capo holandés de la Mocro Maffia, vive en Dubái, tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejó en libertad el pasado mes de abril tras pagar una fianza de sólo 50.000 euros. Se encuentra en paradero desconocido y pesa sobre él una orden internacional de busca y captura.

España, Irlanda y otros países de la Unión Europea estarían barajando reconocer al Estado de Palestina el próximo 21 de mayo, tres días antes del inicio de la campaña electoral europea. Ha sido la televisión pública irlandesa, RTÉ News, la que ha apuntado este miércoles por la noche esta fecha. Actualmente, ocho estados miembros de la UE reconocen al Estado de Palestina, siendo el más reciente Suecia en 2014.

Según la citada fuente y recoge Europa Press, los contactos entre España e Irlanda así como entre Eslovenia y Malta se han intensificado con vistas a que los territorios reconozcan conjuntamente el Estado palestino barajando el 21 de mayo como opción, que justamente coincide con el Consejo de Ministros en España.

No obstante, este mismo miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha querido "anticipar" si España reconocerá al Estado palestino el próximo 21 de mayo, aunque ha dejado claro que la decisión de hacerlo está ya "tomada". En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con motivo del Día de Europa junto al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha incidido en que la decisión se conocerá cuando la adopte el Consejo de Ministros.

Albares ha dejado claro nuevamente que España es un país soberano para dar este paso y no tiene que hacer "seguidismo" en esta cuestión. Con todo, ha reiterado que el Gobierno sigue trabajando con otros países europeos para proceder al reconocimiento de Palestina de forma concertada cuando sea el momento adecuado. Asimismo, ha defendido que reconocer el Estado palestino es una cuestión de "justicia" y también de "humanidad".

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica el pasado lunes con el primer ministro irlandés, Simon Harris, en la que resaltaron la importancia de reconocer formalmente al Estado Palestino y se mostraron de acuerdo en dar "en breve" el paso, aunque sin entrar en posibles fechas.

Asimismo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reafirmó el martes tras el Consejo de Ministros la voluntad del Gobierno de reconocer a Palestina como Estado en el primer semestre del año conforme al "calendario" que ha fijado el presidente, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya reclamado en los últimos días dar el paso de forma inmediata.

En este sentido, reivindicó el papel de "líder" de Sánchez a nivel europeo e internacional sobre su postura a favor del reconocimiento del Estado palestino y sus contactos permanentes para "conseguir ese objetivo" que le llevó a firmar una declaración conjunta con Irlanda, Malta y Eslovenia en la pasada cumbre europea de marzo.

Se abren las puertas del castillo de Stormont. Sonríen, se estrechan la mano, posan para los fotógrafos. La anfitriona es Michelle O’Neill, una política que ya ha pasado a los libros de historia desde el pasado mes de febrero al ser la primera dirigente del Sinn Féin en coger las riendas de Irlanda del Norte. Apenas había pasado un mes y llegaba directo desde Euskadi a Belfast el invitado. Su nombre: Pello Otxandiano. Con un sueño parecido en la maleta: ser el primer político de EH Bildu que se hace con la Lehendakaritza.

EH Bildu lleva muchos años mirándose en el espejo del Sinn Féin, el brazo político del IRA (la organización terrorista que causó unos 3.600 muertos durante cuarenta años para luchar contra la dominación británica). Una formación que desde los Acuerdos de Paz del Viernes Santo en abril de 1998 entre Londres, Dublín y los unionistas ha vivido un proceso total de transformación, dejando atrás el apoyo de la violencia y poniendo en el centro de su discurso la política social. 

Todo ello combinado con una apuesta absoluta por los votantes jóvenes, por agarrar con fuerza preocupaciones como la vivienda y por la renovación de las caras asociadas a las épocas sangrientas. ¿El resultado? El Sinn Féin es también una gran máquina electoral que se ha hecho con los pasillos del poder ejecutivo en Belfast, pero que también se ha mostrado excelentemente competitiva en los ayuntamientos imponiéndose en los últimos comicios municipales al obtener un tercio de los concejales en juego. Pero la pujanza de las papeletas va más allá y se extiende su poder ya en el sur: es la primera fuerza ahora mismo en las encuestas para las próximas elecciones en la República de Irlanda por encima de los históricos Fianna Fáil y Fina Gael. Su victoria supondría todo un terremoto en la política de este país y un movimiento de enorme envergadura en la Unión Europea si vence un partido izquierdista en la segunda nación con el PIB per cápita más alto.

Ese manido calificativo de histórico sobrevuela también de verdad esta vez en Euskadi mirando a las próximas elecciones del 21 de abril, donde EH Bildu aparece en los sondeos con más fuerza incluso que el PNV, la encarnación del poder hegemónico en el País Vasco. El Centro de Investigaciones Sociológicas vaticinó este miércoles en su estudio preelectoral ese posible sorpaso, con el partido de la izquierda abertzale logrando entre un 34,2% y un 35,1% del voto, por delante de la formación de Imanol Pradales (32,6%-33,5%). Por detrás se situarían PSE-EE (13,3%-14,1%), PP (6,7%-7%), Sumar (3,1%-3,6%), Elkarrekin Podemos-Alianza Verde (3,1%-3,2%) y Vox (2,7%-3%).

Son muchos los paralelismos entre los dos partidos y muchas las apuestas compartidas. Pero también hay diferencias, con EH Bildu incluso protagonizando un ascenso electoral más rápido que sus aliados irlandeses (puede convertirse en primera fuerza en el País Vasco apenas trece años después del fin del cese de la violencia, mientras que el Sinn Féin no ganó sus primeros comicios en Irlanda del Norte hasta 17 años después del anuncio del IRA de que abandonaba las armas).

“No hay un único factor para explicar el ascenso de EH Bildu. Lleva ya mucho tiempo, desde la última década, haciendo un claro giro ideológico hacia una socialdemocracia donde prima el discurso social frente al nacional.  Y, aunque no el de Arnaldo Otegi, sí ha ido sustituyendo liderazgos de forma progresiva. Ha incorporado figuras nuevas con edades más intermedias. Y ha sabido conectar con la sociedad vasca pospandemia. A lo que se ha unido el descenso del PNV, cuya mayor virtud hasta ahora era la de interpretar las necesidades de Euskadi y en los últimos tiempos no está acertando. Son virtudes propias y males ajenos”, analiza Félix Arrieta, politólogo y profesor de la Universidad de Deusto.

Además pone este foco Arrieta: “En Euskadi se ha pasado muy rápido de un escenario de conflicto latente a un contexto muy distinto. En los primeros años tras el alto el fuego de ETA la agenda de la reconciliación estuvo muy presente. Pero en los últimos años han desaparecido incluso los temas que tienen que ver con víctimas y memoria del primer plano de la agenda política. Tienen más presencia a nivel nacional que en el País Vasco. Eso beneficia a EH Bildu, que ha hecho una lectura estratégica de lo que tiene que ver con su pasado. Ha dado algunos pasos, pero le faltan todavía algunos. Es un espacio en el que no se siente cómodo, pero la sociedad vasca no prioriza estas cuestiones. En las encuestas salen en las últimas preocupaciones”.

Apuntando hacia Irlanda del Norte, Arrieta subraya que la izquierda abertzale y el Sinn Féin “siempre se han mirado mutuamente” en la manera de abordar el proceso del final de la violencia y de “acercarse al ámbito institucional”. “Sólo hay que ver el viaje que ha hecho Otxandiano. Sin duda alguna, el partido irlandés es un referente en las cuotas de poder a las que aspira ahora EH Bildu desde una posición mucho más pragmática”, ahonda. Las elecciones del 21A son un “paso más” para la izquierda abertzale, añade el politólogo. Aunque no consiga lograr la Lehendakaritza ante un pacto del PNV y del PSE-EE, el profesor de Deusto cree que la formación de Ochandiano “tiene en su camino gobernar en algún momento Euskadi”.

La idea de renovación de perfiles es clave en este camino. El hecho de que sea Otxandiano es una propia señal, su figura es muy cercana a Otegi pero está alejado de esa imagen del pasado. El aspirante, de hecho, vende principalmente un perfil muy marcado por la gestión y con la vista puesta en materias como el transporte y la energía. Otro hecho sobre este giro: la vivienda centró buena parte de su conversación en Belfast con Michelle O’Neill. Un cambio en las voces que también se materializa en figuras como el diputado Oskar Matute, que, por ejemplo, durante la campaña electoral del 23J se hizo viral ante su respuesta a Iván Espinosa de los Monteros (Vox) al recordarle que él estuvo en Ermua pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco frente a los ataques del miembro de la ultraderecha para vincularlo con asesinatos.

La renovación de rostros ha sido uno de los factores clave del camino del Sinn Féinn. La propia O’Neill es uno de los grandes ejemplos, ya que viene de una familia ligada al IRA pero representa a una generación política que entró en las instituciones una vez ya se firmaron los Acuerdos del Viernes Santo. Siempre se ha encargado de temas de carácter social como educación y sanidad, haciendo bandera de asuntos como las listas de espera. Aunque hace equilibrios con el pasado (su posición ha sido la de defender la violencia que sucedió hasta aquellos acuerdos de 1998), se le conoce especialmente en política por su pragmatismo, algo que evidenció, por ejemplo, acudiendo “por respeto” a la coronación de Carlos III como rey en la Abadía de Westminster. En su discurso de toma de posesión, aseguró que “servirá a todos por igual: a todos los británicos y a unionistas”. Con una mención a las víctimas: “Lamento todas las vidas perdidas. Todas”. Para lanzar otro mensaje a la juventud a la que también busca EH Bildu: “Creo en nuestros jóvenes. Pueden cambiar nuestra sociedad y cambiar el mundo si les damos la oportunidad. Que nuestro legado sea esa oportunidad, esa libertad para cada joven y para cada niño”.

De esta manera, el Sinn Féin ha ido dejando atrás la imagen de Gerry Adams y ha conectado con las nuevas generaciones. El proceso se completa con el rostro de Mary Lou McDonald, la mujer que ha puesto al partido en primera posición en la República de Irlanda y que tiene una vinculación especial con España por su paso por Almería. Ella engancha a la sociedad con esa mezcla de giro a la paz, unionismo irlandés y justicia social, poniendo siempre sobre la mesa su carácter de templanza.

Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma, también explica otra variable para el crecimiento del Sinn Féin tanto en Irlanda como en Irlanda del Norte: su papel de partido de izquierdas se ve reforzado desde la dura crisis del euro y financiera. “En la República de Irlanda nunca habían tenido una auténtica izquierda”, concreta, para señalar que asume el rol que, por ejemplo, tuvo Podemos en España. A todo ello se suma su “pragmatismo” en las política y el hecho del cansancio a las grandes coaliciones que se reparten el país sucesivamente.

Además, el hecho, añade, de que la firma de los acuerdos le lleva a ganar respetabilidad y la paz le da rédito electoral, en vez de haberlo logrado, por ejemplo, la socialdemocracia en Belfast. No obstante, como pasa con EH Bildu, el partido sigue haciendo “muchos malabarismos” respecto al pasado, pero prima hablar del “salario mínimo o de las carreteras”. Hay un factor en el que sí ve más diferencia Molina: en Irlanda del Norte las dos partes eran violentas, lo que hace que sea más fácil perdonar ese pasado, mientras que en el País Vasco la parte que agredía era ETA.

Molina al hilo siempre repite que es esencial el “elemento generacional”: “La juventud los ve como un partido atractivo”. Este elemento se materializa con mucha claridad en el análisis de datos de la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el 21 de abril, con Bildu arrasando entre los menores de 24 años (la intención de voto es del 31,5%). Le saca 14 puntos de diferencia al PNV, que es segundo, con un 17,9. Y ya por debajo de los dos dígitos están: Vox (5,1%), PP (3,9%), PSE-EE (2,6%), Podemos (2%) y Sumar (1,6%). Además, el aspirante de la izquierda abertzale es el que mejor puntuación recibe de los nuevos votantes, con un 5,62, superando a su máximo rival, Imanol Pradales, que se queda en un 5,39.

En esto ponte también el acento Rafael Leonisio, doctor en Ciencia Política, profesor de la UNED y antiguo investigador en el Euskobarómetro, que sitúa así las claves del ascenso de EH Bildu: “El fin de la violencia, se ha convertido en un partido votable para gente nueva. Los menores de 35 años no han conocido el terrorismo más brutal. Y está consiguiendo a un electorado también no independentista. Se ha podemizado para pescar en ese caladero. Es un poco como lo que hizo el BNG comiéndose a las mareas”.

No obstante, su apuesta es que no logrará finalmente comerse al PNV en estas elecciones aunque sí se ha posicionado como el “partido de los valores posmaterialistas”: “El debate territorial prácticamente no existe. Antes era el tema central como pasó durante la época de Ibarretxe. Ahora se habla de sanidad pública, de vivienda y de seguridad. Lo que hay es un debate ideológico de derecha e izquierda”.

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciado este miércoles su dimisión como jefe del Gobierno irlandés y ha confirmado que también abandonará su cargo como líder del partido conservador Fine Gael, una renuncia esta última que se ha hecho efectiva sobre la marcha. "Hago efectiva hoy mi dimisión como líder del Fine Gael y dejaré el cargo de Taoiseach en cuanto haya un sucesor", ha dicho durante una rueda de prensa en la que ha dicho sentirse orgulloso de "haber hecho de este un país más igualitario y más moderno".

Varadkar ha afirmado que el tiempo que ha pasado al frente del país ha sido "el más satisfactorio" de su vida, pero ha manifestado que "el liderazgo implica saber cuándo ha llegado el momento de pasar la batuta y tener el coraje de hacerlo". "Ese momento es ahora", ha puntualizado.

"Sé que esto cogerá a muchos por sorpresa y será una decepción para algunos, pero espero que entiendan mi decisión", ha aseverado antes de aclarar que los motivos para dejar el cargo son "personales y políticos". Así, ha defendido que el Fine Gael podrá seguir liderando el próximo Gobierno, si bien lo hará sin él al frente.

En este sentido, ha destacado los logros de su Gobierno, como la mejora del empleo, la salida de la austeridad, la gestión de la pandemia y haber evitado una "frontera dura" con Irlanda del Norte en el marco del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Varadkar, que ha sido el primer ministro de Irlanda más joven en ocupar el cargo tras su llegada al poder en 2017, esperará a que su formación elija a un sucesor antes hacer efectiva la dimisión de cara a la celebración de las próximas elecciones generales, cuya fecha límite se sitúa en marzo de 2025, según informaciones de la cadena RTE. Está previsto que el Fine Gael elija al sucesor de Varadkar a lo largo del mes de abril, por lo que la sesión de investidura tendrá lugar posteriormente en el Parlamento irlandés.

La decisión ha sido tomada después de que el Gobierno fracasara en su intento por modernizar la Constitución en el marco del referéndum celebrado el pasado 9 de marzo, lo que ha supuesto un duro revés tanto para los partidos tradicionales irlandeses que gobiernan en coalición, Fianna Fáil, Fine Gael y Partido Verde, como el Sinn Féin, que lidera la oposición, ya que todos ellos habían apoyado los cambios.

Las propuestas planteaban eliminar lenguaje sexista del texto constitucional y ampliar el concepto de familia para incluir modelos no tradicionales y "relaciones duraderas". Sin embargo, la primera iniciativa ha sido rechazada con el 67,69 por ciento de los votos y la segunda con el 73,93 por ciento. El Gobierno no ha podido convencer a la población de la urgencia de estos referéndum, mientras que la líder del opositor Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha responsabilizado al Ejecutivo de Varadkar del resultado.

Es un difícil post-8M para el gobierno irlandés. Mientras que en Francia ha quedado consagrada en la Constitución la libertad de interrumpir el embarazo, en Irlanda el gobierno quería hacer su propia Constitución un poco más feminista sometiendo la cuestión al electorado en referéndum. Pero el bando del no resultó más unificador que el de los partidarios del cambio, juntándose todos aquellos que consideraban que la reforma había sido mal elaborada y muy poco explicada. Una auténtica bofetada al Gobierno.  

La Constitución irlandesa, redactada en 1937 y heredera de la larga y fuerte influencia de la Iglesia católica en la vida pública y privada, sólo considera familia a las parejas casadas –dejando fuera a las parejas de hecho– y asigna a las mujeres, y en particular a las madres, el papel primordial de realizar las "tareas domésticas" en el hogar. 

La primera enmienda, que reconocía a las personas en "relaciones de larga duración" como familias de pleno derecho, fue rechazada por el 67,69% de los votos. La segunda enmienda, que asignaba a todos los miembros de la familia el deber de cuidarse mutuamente por igual, fue rechazada por el 73,9% de los votos. La abstención fue alta, pues más de la mitad del electorado no acudió a votar. Los sondeos llevaban varias semanas pronosticando el sí, con la mayoría de los partidos políticos a favor del cambio, así como el Gobierno de centro-derecha, que había impulsado con fuerza la medida. 

"Es un día triste para quienes han hecho campaña durante décadas para deshacerse de esas palabras sexistas" en la Constitución, dijo la senadora laborista Marie Sherlock en la emisora RTE. "El pueblo ha hablado. Ha hecho oír su voz. Las propuestas del Gobierno han fracasado", señaló la líder del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, partidaria del sí, al tiempo que acusó al Ejecutivo de no haber consultado lo suficiente antes de proponer la reforma. El primer ministro, Leo Varadkar, reconoció que "nos costó convencer a la gente de la necesidad de un referéndum, además de los detalles de la redacción", refiriéndose a un "rechazo general", con "una participación respetable".  

Para entender mejor esta votación, que barrió las certezas de muchos irlandeses, Mediapart ha entrevistado a Agnès Maillot, profesora de estudios interculturales en la Universidad de Dublín y autora de varios libros, entre ellos Les Irlandais (edic. Ateliers Henry Dougier) e IRA: les républicains irlandais (edic. Presses universitaires de Caen). 

Mediapart: Los encuestadores, los comentaristas y muchos políticos estaban seguros de que ganaría el sí y que la Constitución irlandesa se modificaría para ser más inclusiva y menos misógina. Sin embargo, la mayoría de los votantes ha rechazado esos cambios, un 67% para la primera enmienda y un 74% para la segunda. En su opinión, ¿qué explica este desfase entre las certezas de los políticos y la elección de los votantes?  

Agnes Maillot: Hay que matizar estas cifras. Ha ido a votar muy poca gente porque muchos pensaban que ganaría el sí. Además, no ha habido una campaña fuerte para animar a la gente a ir a votar. Ha habido una participación récord, en el mal sentido de la palabra. Recuerdo que mucha gente, sobre todo jóvenes, se movilizó mucho para los referendos sobre el matrimonio para todos y el derecho al aborto. Hubo campañas con carteles, debates en televisión, visitas puerta a puerta y toda una serie de productos de merchandising, bolsas bandolera y camisetas. Toda Irlanda participó. Pero esta vez no ha habido nada. Era tan obvio que se iba a aprobar que no ha sido bien preparado.  

En cambio, la campaña por el no ha hecho un trabajo más eficaz. El gobierno se confió demasiado, comunicó mal y no quedó muy claro qué iba a sustituir a las cláusulas existentes.  

En cuanto a la votación en sí, algunos votantes entrevistados a la salida consideraron que las palabras estaban mal elegidas, que el propósito de la votación no estaba claro y que por eso votaron no. ¿Estuvo este referéndum suficientemente preparado y explicado por el gobierno que lo llevó a cabo? 

No.

Como recordatorio, tenemos una Constitución que data de 1937, que es muy antigua y que fue concebida, en su momento, en una Irlanda ultracatólica, con una enorme influencia de la Iglesia en su redacción. A pesar de las modificaciones introducidas a lo largo de los años, sigue conteniendo cláusulas problemáticas que ya no se corresponden en absoluto con lo que es la Irlanda de hoy.  

Pero las cláusulas propuestas por el Gobierno para sustituir a las ya presentes eran muy poco claras.

La cláusula relativa al papel de la mujer en el hogar debía modificarse para que los "cuidados" fueran responsabilidad de toda la familia y dejaran de recaer únicamente en la mujer, la madre. Entendemos la idea, pero hemos tenido un discurso en contra por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, que temían que este cambio diera lugar a que el Estado eludir su responsabilidad para pasársela a la familia. Da a las familias una responsabilidad que no necesariamente quieren o tienen los medios para asumir. Sin embargo, ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad del Estado respecto a las personas con discapacidad, y eso era necesario. 

La segunda enmienda que quería aprobar el Gobierno pretendía que la familia, como pilar de la sociedad, dejara de estar definida únicamente por la pareja casada y se abriera a otros tipos de familia. Proponían reconocer como familia las "relaciones de larga duración". Pero, una vez más, eso es demasiado vago. Han intentado ir más allá del marco heteronormativo de la familia mononuclear, pero han elegido mal las palabras. ¿Qué significa "relaciones de larga duración"? ¿Es una relación entre dos adultos? ¿Dónde encajan las familias monoparentales? El gobierno quería dejar esa apreciación en manos de los tribunales. La intención era buena, pero la aplicación fue mala.  

¿Pueden los conservadores, opuestos a la reforma de la Constitución, ver en el "no" una victoria ideológica que aprovechar?  

Sin duda lo intentarán. Hay un sector conservador de la población irlandesa que sigue apegado a los principios católicos en la ley, pero es minoritario. No están representados en la política dominante. Pero, como vimos en noviembre de 2023 durante sus manifestaciones, la extrema derecha, aunque marginal y poco representativa de la opinión pública, es muy activa, organizada y se hace oír. 

¿Qué consecuencias tendrán los resultados de este referéndum para la credibilidad del actual gobierno, que apoyó el sí, y para las luchas feministas en el país?  

Va a ser una píldora muy difícil de tragar para el gobierno. Hay elecciones municipales en junio de 2024. El gobierno actual tiene menos de un año para cambiar las cosas y recuperar algo de credibilidad.  

En cuanto a la lucha feminista, no creo que cambie mucho. Esta cláusula de la Constitución no dice nada sobre la realidad del país. No hemos oído que haya que revisar la Constitución para que las mujeres irlandesas puedan emanciparse, trabajar y luchar por la igualdad en la sociedad. Habría sido mucho más serio y concreto votar no al matrimonio para todos o al derecho al aborto. Dicho esto, tendremos que pensar más seriamente en cómo cambiar esta Constitución. Sigue siendo importante.

Traducción de Miguel López