Casi uno de cada dos trabajadores (el 43%) ha reducido la calidad o cantidad del consumo de alimentos por la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos cinco años, según se desprende de un informe elaborado por el sindicato USO, que recoge EFE.

Según La evolución de los salarios y el coste de la vida en España, que ha dado a conocer USO este miércoles en Badajoz con motivo de la presentación del XIII Congreso Confederal, "casi la mitad de las personas que trabajan se alimentan menos o peor por no poder asumir los costes de la comida pese a contar con un salario".

En los últimos cinco años los salarios han crecido un 17,3%, mientras que los precios de los alimentos lo han hecho un 45,3%, lo que ha dificultado enormemente el acceso a una alimentación adecuada a casi la mitad de la clase trabajadora.

Esta tasa se eleva en el caso de los jóvenes hasta el 48,9%, y principalmente entre aquellos que tienen bajos ingresos, hasta el 59,1%.

Además de la alimentación, el incremento de los precios energéticos han llevado a muchos trabajadores a ajustar su factura, recortando el consumo de calefacción o aire acondicionado, aunque también revisando tarifas o cambiando de compañía.

"Cada vez el trabajo tiene menos valor de cara a los productos de primera necesidad, los que no nos podemos quitar", dejaba claro el secretario general de USO, Joaquín Pérez, en declaraciones a EFE.

Para el líder de USO, "los datos de pobreza están ahí y el alquiler es uno de los factores principales", de forma que las personas que se ven obligadas a arrendar su vivienda "tienen muchas más dificultades para llegar a fin de mes". 

El régimen de tenencia de vivienda es un gran condicionante, siendo sólo los mayores de 55 años, en su mayoría con vivienda en propiedad y sin cargas, los que menores recortes de gasto han tenido que aplicar.

Frente a ellos se encuentran los jóvenes, más dependientes del alquiler, o los que tienen edades intermedias, con hipotecas activas, como aquellos colectivos que más han sufrido esa pérdida de poder adquisitivo. Además, el estudio revela que la mitad de las personas con salario han tenido que recurrir de forma puntual o habitual a ayuda cercana, créditos o aplazamientos para cubrir los gastos básicos o hacer frente a algún imprevisto.

Para hacer frente a esta situación, USO plantea la necesidad de blindar en todos los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo, así como un IPC específico y ponderado del gasto habitual real que refleje el comportamiento de la alimentación y la energía.

La urgencia de dar solución al problema de la vivienda exige de un pacto de Estado, considera USO, ya que quienes están sometidos al gasto mensual de una hipoteca o alquiler presentan mayores tasas de problemas para llegar a fin de mes o han tenido que recortar más sus gastos corrientes.

Asimismo, abogan por una nueva reforma laboral que ataje la parcialidad, temporalidad y elevada rotación, así como otra fiscal que recorte el IVA de los productos de necesidad básica, revise los impuestos energéticos y vuelque el peso del rendimiento del trabajo hacia el del capital.

En ese sentido, Pérez plantea recortar las bonificaciones a "empresas que están generando trabajo precario o están destruyendo empleo de una manera importante, cambiándolo, por tecnología o robotización".

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes a los trabajadores públicos españoles que encadenan contratos temporales de forma abusiva en la Administración Pública. El órgano judicial europeo ha pedido a España indemnizaciones más altas, procesos de estabilización y, además, abre la puerta a la conversión de los empleados eventuales en fijos. Esta última es la solución en la que más han insistido desde las asociaciones y el lema que ha encabezado muchas de sus manifestaciones. “La sentencia es un embudo que señala la fijeza como única solución posible”, insistió en una rueda de prensa el abogado Javier Arauz de Robles, que representa a varios colectivos afectados y que ha llevado a Europa el caso.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) se muestran más cautos y piden tiempo para analizar la sentencia, ya que esta “no impone la fijeza de forma automática". Para Arauz, si nada cambia, esta se terminará reclamando por vía judicial en el caso de los trabajadores que opten por reclamarla. Ángel Sanandrés, coordinador del Sindicato de Empleados Públicos de Murcia, también prefiere la cautela, pero cree que la resolución europea es un gran avance. "Lo ideal sería que el Estado o los tribunales aplicaran la fijeza y que se abriera esta posibilidad también para todos los trabajadores, estén o no en las demandas", apunta.

El colectivo lleva tiempo batallando esta situación en los tribunales y acumula varias victorias que, sin embargo, no han terminado de resolver el callejón sin salida en el que se encuentran muchos de ellos. “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”, relata Lorenzo Campillo a infoLibre. Campillo es funcionario de carrera, trabaja en un ayuntamiento y además representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos. La suya es otra de las asociaciones que pelean para que se corrija un abuso de temporalidad que, en teoría, comienza a darse a partir de los tres años. “Tengo compañeros que llevan hasta 20 años”, relata. 

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

De esto sabe un poco Inés (nombre ficticio), una enfermera del servicio público de salud del Principado de Asturias que prefiere mantener el anonimato. Lleva ocho años encadenando contratos que ni siquiera le generan vacaciones. “Yo pasé de tener contratos largos en la pandemia a tenerlos apenas unos días. Incluso llegaron a llamarme para un contrato de una tarde estando la primera en la lista”, explica. “Tras la primera sentencia de Europa, salen más procesos de estabilización, pero quienes aún no hemos entrado seguimos en una situación muy difícil: cogemos ofertas en las que no se especifican las condiciones porque, si las rechazas, te penalizan, encadenamos contratos que no generan vacaciones, o terminas trabajando en tus descansos porque recibes una llamada de urgencia para cubrir algún puesto para el que no encuentran a nadie”, relata.  

La sanidad es uno de los sectores que más sufren este abuso de la temporalidad. “En enero acepté una oferta para trabajar desde el día 2 hasta el 28, pero, a la hora de firmar ese contrato, me lo dividieron en 14 contratos diferentes. De esta forma, no generamos excesos de horas, que se nos tienen que pagar porque no descansamos lo que debemos, pero, ahora, con esta división de los contratos, tampoco tienes esa contraprestación económica”, cuenta la enfermera. “Encima, si te pones mala, te quitan el resto del contrato del mes”. 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32% del total (tres millones), de los cuales el 75% son mujeres. La temporalidad alcanza niveles especialmente elevados en las administraciones generales de las comunidades autónomas (39%) y sectores clave como la sanidad (47%) o la educación no universitaria (31%). 

Aunque la casuística es diferente en cada sector, experiencias laborales como la de Inés y la de Lorenzo se asientan sobre la inseguridad que genera no tener un contrato estable. En el sector judicial, Fernando Casamayor, que representa a la Asociación Funcionarios de Justicia, vuelve sobre la misma premisa y señala que lo que esperan de esta sentencia es que anime a más trabajadores a reclamar, pero también que el tribunal español dé curso a las recomendaciones. "Hay un negacionismo, tanto desde el Gobierno como desde algunos sindicatos, que nos obliga a seguir pleiteando", concluye. 

Javier Arauz, del despacho Arauz de Robles Abogados, habla de una sentencia histórica, aunque también señala que probablemente los afectados tengan que seguir reclamando judicialmente. “El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación”, explica. Para el letrado, esta sentencia deja poco espacio a la interpretación, aunque cómo se integre en la justicia española ya es más complicado de prever.

En el ámbito sindical, CCOO señala que habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia “y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales". Por el momento, la sentencia del TJUE opera como un criterio que la justicia española tendrá que integrar y, de cómo lo haga, dependerá la situación de los trabajadores públicos en esta situación.

Una de las soluciones que se habían planteado era convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores, pero el tribunal de Luxemburgo consideró que esta medida “supone mantener una relación laboral temporal” y ahonda en la “precariedad”. Casamayor celebra que esta solución ya no esté disponible: "Seguía siendo un puesto temporal, porque luego, si había un concurso de traslados o una oposición, te podían mandar a tu casa”, relata.

Otro punto que aborda es la indemnización para quienes han sufrido esta situación durante años o para quienes han sido despedidos. Los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Así, quedan eliminados los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades. 

“Este año es la primera vez que un contrato largo me genera vacaciones desde la pandemia. Cuando no tienes uno así, te pasas la semana pendiente del teléfono", concluye la sanitaria, quien, como muchos otros compañeros, lleva años esperando un cambio que le ofrezca la posibilidad de estabilizarse.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Otra estimación, en este caso del Ministerio de Sanidad, señalaba que unos 8.700 hombres y 850 mujeres habrían fallecido en 2015 por enfermedades oncológicas ligadas al ámbito laboral. Pero solo son estimaciones, ya que los datos reales quedan ocultos por la ausencia de protocolos de reconocimiento claros, según denuncian los sindicatos. "El gran problema es que no estamos controlando a qué nos enfrentamos", apunta Carmen Mancheño, secretaria de salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO), quien define este problema como "el gran agujero negro de la prevención de riesgos laborales".

“Lamentablemente, en la actualidad no contamos con información suficiente para poder calcular el porcentaje de personas fallecidas por cánceres laborales”, señalan a infoLibre desde el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Para hacerlo, explican, es necesario “avanzar en el reconocimiento del origen profesional del cáncer para disponer de datos contrastados”. De hecho, en el gráfico, extraído de un informe de CCOO, se ve la marcada brecha de reconocimiento con respecto a otros países europeos que arrastramos desde hace años. La participación de las afecciones oncológicas sobre el conjunto de las enfermedades profesionales se quedaba en España en el 0,2% en 2016, frente a un 32% en Alemania. Los datos actuales señalan que la incidencia ha ido subiendo, pero apenas hasta un 0,4%, según el Ministerio de Sanidad.

Entre las cifras y los porcentajes emergen casos a través de los cuales se hace más patente el laberinto al que se enfrentan los trabajadores que enferman por estar expuestos en su trabajo y que quieren que se les reconozca. Es el caso de Ferran Sangüesa, un trabajador de la industria del azulejo que falleció en 2023 por un adenocarcinoma de pulmón. La lucha por que se reconociera el vínculo de su dolencia con su trabajo comenzó en 2022, pero la primera victoria judicial le llegó tarde: el juzgado número 3 de Castellón reconoció en 2025 que su cáncer estaba relacionado con su actividad profesional como esmaltador en 2025; la sentencia llegó dos años después de su fallecimiento.

"La resolución judicial desmonta los intentos de la empresa, de la mutua FREMAP y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de desvincular la enfermedad del trabajo, señalando que no han sido capaces de probar la ausencia de relación causal ni que otros factores personales puedan explicar el desarrollo de la misma", señala un comunicado de CCOO. "Es una lucha quijotesca", señala su compañero y secretario general de CCOO Hábitat Castellón, Jordi Riera. Además, la sentencia aún no es firme y las partes acusadas han recurrido.

"Tú, como trabajador, te tienes que enfrentar a la empresa, a la mutua y al propio INSS, que tienen muchísimos más recursos y además en un momento de tu vida en el que te enfrentas a una enfermedad muy grave", explica Riera. "En este caso hay una acumulación de hechos que el juez no ha podido obviar, con denuncias previas e incluso falta de mascarillas a la hora de trabajar", relata a infoLibre, "y aun así está siendo muy difícil", concluye.

En su caso, estaba expuesto a polvo de sílice y, en teoría, su lucha debería haber sido más fácil porque es un agente cancerígeno reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Muchos de estos agentes ni siquiera lo están (como los riesgos de trabajar al sol o el gas radón) por lo que lograr que se reconozca es mucho más complicado.

"Demostrar esta vinculación es un trabajo tan largo, tan jodido y tan tedioso, que muchas veces fallecen compañeros pero no se hace el trabajo de depuración necesario para acreditar y probar la causa de la enfermedad", explica Riera. El problema, subraya, es que luego esas personas no existen en las estadísticas. "El caso de Ferran es particular, porque era delegado de prevención en el sindicato y presidente del comité de empresa. Eso llevó a su familia a seguir con la pelea, pero no suele ser así".

"Los datos son ínfimos respecto a la cantidad de diagnósticos que hay”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. "La causa está en la falta de obligatoriedad normativa, porque con el amianto pasó exactamente igual. Se tardó muchísimos años en que se reconociera como enfermedad profesional. Al final se consiguió y, además, se implantaron medidas de protección. Pero faltan medidas para productos químicos, para el gas radón, para la exposición al calor, etc. Hay muchísimas causas que no están respaldadas por una normativa concreta y están escapándose al registro", explica a este medio. Además, insiste en que otro problema es que el servicio de salud pública no está determinando las contingencias del origen de los cánceres de forma adecuada. "No tiene protocolos para determinar la causa, el origen o el agravamiento de un tipo de cáncer por las condiciones laborales", concluye.

En España, el grupo de dolencias causadas por agentes carcinógenos es el que menos prevalencia ha tenido en la serie histórica. En 2025 se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por agentes carcinógenos sobre un total de 30.713, apenas un 0,38%. En la serie histórica que ofrece el Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross), desde 2011 ha habido un total de 972 casos sobre un total de 324.113 enfermedades profesionales. Con estos datos oficiales, la incidencia de los agentes carcinógenos en el total se queda en apenas un 0,29%. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y la Comisión Europea señala, en base a ellas, que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

"Las estimaciones científicas apuntan a que entre un 4% y un 10% de todos los cánceres se pueden deber a la exposición a agentes en el entorno laboral y, sin embargo, en los datos oficiales es lo que menos se ve", coincide Carmen Mancheño, quien sentencia que el cáncer "es el agujero negro de la prevención". "Lo que estamos demandando son sistemas de registro de trabajadores y de sustancias carcinógenas a las que pueden estar expuestos. Es algo que ya existe en otros países europeos y que ayuda también a conseguir diagnósticos precoces porque la gente se enferma y se muere sin saberlo".

Si la exposición no está acreditada en el lugar de trabajo, establecer causalidad se convierte en un laberinto. Pero aun contando con esto, como le ocurrió a Ferran Sangüesa, que enfermó por sílice cristalina, el reconocimiento no es inmediato. La mayoría de los cánceres reconocidos en 2025 están relacionados con la exposición al amianto, concretamente 60 casos, y en segundo lugar aparece, precisamente, la sílice, con 15 casos el año pasado. El caso del amianto, señala la responsable de CCOO, es el único para el que existe un programa con registros y vigilancia, pero "pasaron años" hasta que se logró su puesta en marcha. De ahí que sea uno de los cánceres más declarados en los registros oficiales.

"La sílice es una sustancia que está presente en todo el proceso de fabricación del azulejo y además provoca efectos negativos dispares en los trabajadores, aunque sea en concentraciones muy bajas, por lo que la prevención debe ser máxima", explica Jordi Riera. Pero hay otros muchos sectores donde aparece como un riesgo, bien en la fabricación de productos, bien por exposición a materiales que lo contienen, como el cuarzo. "Te dicen que el polvo de sílice es inherente a la producción de azulejo, pero se quedan tan anchos; no hay pluses por toxicidad o cocientes reductores a la hora de jubilarte a pesar de que te juegas tu salud", concluye Riera.

"Es el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe, pero no se está elaborando un registro eficaz. No somos capaces de ponerle cifra", explica Patricia Ruiz, quien habla de "dejación de funciones" por parte del Ministerio de Sanidad.

Desde el ámbito sindical piden además que se incluya en el catálogo la exposición a peligros climáticos, por ejemplo, el riesgo de personas que trabajan al sol y cómo aumenta la incidencia de los melanomas. De hecho la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada tres muertes por cánceres de piel en el mundo se relaciona directamente con la actividad profesional.

Mientras avanza (o no) la regulación, las estimaciones científicas y los datos reales evolucionan a ritmos muy dispares. "Un médico sabe si la persona a la que le diagnostica un melanoma trabaja al sol, o si el cáncer de pulmón que diagnostica a un paciente tiene algo que ver con el radón porque trabaja en un parking. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para medir bien estas situaciones", concluye la responsable de UGT.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en el mes de febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, con una cuantía media de la prestación de 545,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros, según recoge EFE. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este viernes en un comunicado que más de dos tercios de los hogares que reciben dicha prestación contaban con menores, en tanto que representan el 41% de los beneficiarios (1.013.102). Además, el 17% de los hogares eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

Las mismas fuentes explican que el IMV tiene "un marcado perfil femenino", ya que el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.

En febrero de 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone que los hogares protegidos han aumentado un 18%, mientras que los beneficiarios han crecido un 18,1%, hasta los 379.731, y desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a casi 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en febrero llegó a 560.800 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,1 euros por cada menor y de 119,9 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres". Añade que el IMV es "una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad" y recuerda que desde su puesta en marcha ha protegido a 1,9 millones de mujeres.

La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.

La medida, de carácter urgente, se produce tras una investigación liderada por el fiscal Paolo Storari, quien ya ordenó recientemente una intervención similar contra la filial de la española Glovo en Italia, Foodinho.

La investigación, recogida por los medios locales, apunta a que Deliveroo habría ofrecido salarios por debajo del umbral de la pobreza, aprovechándose del estado de necesidad de entre 300 y 20.000 trabajadores en Italia. La acusación sostiene que los repartidores percibían remuneraciones que, en ciertos casos, resultaban "inferiores hasta en un 90% respecto al umbral de pobreza y a la contratación colectiva".

Según el auto de 60 páginas del fiscal, la empresa adoptó una "política que reniega explícitamente de las exigencias de respeto a la legalidad", perpetrando este modelo de negocio desde hace años.

Algunos de los testimonios de repartidores recogidos en el documento describen jornadas de hasta once horas diarias, siete días a la semana e ingresos de entre 3 y 4 euros por entrega.

Asimismo, denuncian control constante a través de GPS y un sistema de algoritmos que penaliza las ausencias o la baja productividad.

El pasado 19 de febrero, el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validó la medida de Storari sobre Foodinho, empresa a la que se le acusa también de contratar mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados.

El pasado lunes, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España subía oficialmente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento en la retribución tendrá efecto sobre un 9,3% de los asalariados, según las estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Encuesta de Población Activa. O, lo que es lo mismo, 1,7 millones de trabajadores percibirán un aumento en su nómina.

El número de empleados que ven su sueldo moverse al son de las reformas del Gobierno es cada vez mayor. La cifra de perceptores ya había aumentado desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo. Es decir, el impulso anual al SMI está alcanzando cada vez más convenios y más nóminas que llevan tiempo sin actualizarse en la negociación colectiva.

En la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo hincapié en la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme y en la necesidad de elevar la media salarial general para combatir la precariedad. “Que nadie nos diga que no hay margen para subir los salarios cuando los beneficios crecen”, señaló Sánchez. “Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de los sueldos”. 

El aumento de las retribuciones mínimas es una buena noticia que tiene un doble filo, ya que el SMI señala un mínimo de subsistencia para que un trabajador no pierda poder adquisitivo. Se estima teniendo en cuenta factores como la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), la productividad media nacional, las tasas de actividad y la coyuntura económica, según recoge el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ponderando estos factores, el cálculo tiene que cumplir también con una medida de control introducida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece un umbral digno cuando el SMI llega al 60% del salario medio nacional. Con todas estas variables es con las que se sientan a la mesa los agentes sociales.

El hecho de que la retribución mínima cada vez alcance a más trabajadores quiere decir también que hay más gente en este territorio de mínimos. Algo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba caer en su comparecencia, a la vez que hacía un llamamiento a las empresas para que “no solo desde lo público, sino en la negociación colectiva, suban los salarios” en España. “Estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a las medias salariales europeas”, señaló. 

“La aspiración de los sindicatos es que nadie —o cuanta menos gente, mejor— cobre el salario mínimo interprofesional”, apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Sigue siendo un salario de mera subsistencia incapaz de hacer frente al aumento de gastos muy importantes como la vivienda o los productos básicos”, concluyó. Y es que, según los datos proporcionados por UGT, España mantiene un alto porcentaje de perceptores del SMI con respecto a otros vecinos europeos como Bélgica, donde lo cobra un 3% de los trabajadores, o Alemania (6%). 

Si observamos las retribuciones mínimas de nuestros vecinos europeos, España se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Dentro de los 27, esta retribución va desde los 620 euros en Bulgaria, hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. La oficina estadística divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho países (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base de referencia. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

La media y la mediana salarial son dos formas habituales de estimar cómo son las nóminas en un país. La media, de uso más cotidiano, es el resultado de dividir la suma de salarios de un país por el número de personas trabajadoras. La mediana se define como el salario correspondiente al trabajador situado en el medio de la distribución salarial, de forma que la mitad de las personas trabajadoras tengan un salario inferior al suyo y la otra mitad un salario superior. La mediana siempre es inferior a la media y no se ve afectada por lo que ocurre en los extremos, es decir, por los sueldos altísimos o los más bajos. La media, en cambio, recoge mejor variables macroeconómicas como el coste salarial y peor la manera en que se reparten los salarios.

Tomando los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, España tenía en ese año una media salarial de 28.049 euros brutos anuales y una mediana de 23.349 euros, mientras que el SMI se quedaba en 15.120. Por eso, explica el informe de expertos de 2025 encargado por el Ministerio de Trabajo, los valores objetivo a los que la normativa europea aconseja llegar “se refieren al 50% del salario medio bruto o el 60% del salario mediano bruto”, recoge el documento. Aunque en nuestro país se ha llegado a un 60% del salario medio: “hasta el momento no hay constancia de la utilización del 60% del salario medio como referencia en ningún país, salvo el caso de España”, concluyen los expertos de trabajo.

Hablar de salarios lleva inevitablemente al debate de la precariedad laboral y del poder adquisitivo de los trabajadores. En 2024, el salario medio anual a tiempo completo para los empleados en la Unión Europea fue de 39.800 euros, lo que refleja un aumento del 5,2% respecto de los 37.800 euros de 2023, de acuerdo con los datos de Eurostat. En España esa retribución se situó en 33.700 euros, 6.000 menos que la UE. Hay que señalar que los cálculos de Eurostat suelen diferir de las cifras del INE por la metodología de los análisis, de forma que las conclusiones del organismo europeo dejan un salario medio ligeramente superior al que certifica el INE. Aun así, la brecha salarial es patente y esto se refería la vicepresidenta segunda en la firma del acuerdo del SMI. De los 27 países, Luxemburgo fue el que tuvo sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

En la comparecencia de este lunes, la precariedad laboral tuvo más atención de la habitual. Primero, por la ausencia de la patronal en el acuerdo, pero también por el desafío que está suponiendo traducir los grandes números macroeconómicos en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. “Necesitamos salarios dignos en España”, enfatizaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien también aludía a la Carta Social Europea, la cual fija el salario mínimo en una cuantía que debe llegar al 60% del salario medio nacional para evitar situaciones de precariedad laboral. Pero, ¿qué se entiende por precariedad y cómo se determina?

“Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, recoge la misiva europea. Aunque hablar de precariedad laboral es entrar en un concepto muy amplio que cambia en función del organismo que lo defina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que este concepto abarca un abanico amplio de circunstancias, desde tener un salario bajo o contratos inestables hasta carecer de protección contra el despido o representación sindical. Aunque sí deja claro que hay colectivos mucho más expuestos a estos abusos. “Un aspecto importante del trabajo precario es su carácter marcado por el género, ya que las mujeres están continuamente sobrerrepresentadas en este tipo de trabajo. Pero también las personas jóvenes y los trabajadores migrantes”, recoge el organismo. 

Y, de hecho, el informe Tendencias sociales y del empleo en 2026, realizado por la OIT, no dejaba conclusiones demasiado positivas a nivel global. Advertía del estancamiento de las condiciones laborales debido a que los salarios no se habían recuperado de la crisis inflacionaria y a que la inteligencia artificial estaba haciendo mella en el acceso al empleo de los perfiles más jóvenes. “El mundo sigue sin lograr reducciones significativas de los déficits de trabajo decente”, concluye el informe, que, por el contrario, sí detectaba una disminución de las cifras de paro globales. 

La exclusión social en Galicia afecta a menos personas que hace unos años, pero cada vez son más las que corren el riesgo de caer en ella en cuanto las cosas se tuercen un poco, con el precio de la vivienda y las dificultades de acceso como factor clave. Esta es una de las principales conclusiones del IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, presentado este miércoles por la Fundación Foessa junto a Cáritas.

Basado en una encuesta sobre integración y necesidades sociales con entrevistas en profundidad a casi 600 hogares en Galicia, el estudio refleja “una realidad compleja y paradójica”. Así, los datos indican que entre 2018 y 2024 la exclusión social en Galicia se redujo del 16,8% al 12,7%, afectando a unas 342.000 personas. No obstante, como destacan los autores, el descenso se explica casi exclusivamente por la reducción de la exclusión moderada y no de la severa, que sigue afectando a cerca de 170.000 personas, el 6,3% de la población.

Además, el informe subraya que “el espacio de la integración muestra un deterioro significativo”, al reducirse la integración plena en 8,6 puntos y aumentar la precaria del 31,1% al 43,8%. De este modo, “casi la mitad de la población vive en un equilibrio inestable”, en el que “cualquier crisis puede empujarla rápidamente hacia la exclusión severa”, como señala Thomas Ubrich, coordinador técnico del estudio, quien destaca que cada vez más personas no están formalmente excluidas, pero viven en una situación de “vulnerabilidad constante”.

“Estamos ante una sociedad menos excluida en términos estrictos, pero mucho más frágil”, resume Ubrich, que advierte de una precariedad ya no transitoria sino “estructural” del modelo social, que afecta a trabajadores con empleo, hogares con ingresos ajustados, personas mayores y familias con menores. En definitiva, incluye a colectivos que hasta hace poco parecían relativamente protegidos.

“La exclusión ya no está en los márgenes, se está desplazando hacia el centro de la sociedad”, insistió Ubrich, que señaló la vivienda como uno de los factores esenciales que explican esta situación.

Según los datos del estudio, el 26% de los hogares gallegos presenta algún indicador de exclusión residencial y más de 78.000 (el 7%) soportan gastos excesivos de vivienda que los sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar el alquiler o la hipoteca. Además, alrededor de 160.000 personas viven en situación de vivienda insegura y cerca de 170.000 en condiciones de insalubridad, hacinamiento o mala habitabilidad.

La clave, según el informe, es que entre 2018 y 2024 el precio de la vivienda aumentó un 21% y el del alquiler un 28%, situándose la cuota mediana en Galicia en 732 euros, muy por encima del crecimiento de los ingresos reales.

Así, Cáritas Galicia advierte de que la vivienda “ha dejado de actuar como un factor de protección y se ha convertido en un auténtico cuello de botella para la integración social”. También alerta de que, pese a la mejora de los indicadores laborales, los salarios reales no crecieron ni un 1% una vez descontada la inflación y que la inestabilidad laboral grave sigue afectando al 5,6% de las personas ocupadas.

“El empleo ya no garantiza salir de la exclusión”, recoge el estudio, que señala esta carencia y “paradoja” como uno de los principales retos de las políticas sociales y laborales.

El estudio destaca también que en 2024 el 14% de la población gallega, unas 381.000 personas, se encontraba en riesgo de pobreza, frente al 22% de 2020, mientras que la pobreza severa afecta a unas 158.000 personas. Con todo, advierte de que “persiste una elevada fragilidad cotidiana”, ya que el 27% de la ciudadanía no puede afrontar gastos imprevistos y el 17% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El 4% no puede disponer de una alimentación adecuada de forma regular.

Por otro lado, destaca que el Ingreso Mínimo Vital solo alcanza al 51% de las personas en pobreza severa en Galicia y que más de la mitad de los hogares en esta situación no recibió información sobre la prestación. De la Risga recuerda que su cobertura se redujo a la mitad, pasando del 0,94% al 0,5% de la ciudadanía.

Además, la exclusión social “empeora claramente la percepción de la salud, sobre todo la mental, y en Galicia ese efecto es más intenso que en el conjunto del Estado”. Según el informe, en todas las edades, quienes se encuentran en situación de exclusión valoran peor su salud que las personas integradas.

A la vista de los datos, el 18% de la población gallega, casi medio millón de personas, presenta problemas de exclusión en el acceso a los cuidados de la salud, cinco puntos más que en 2018. Además, el 30% valora negativamente su salud física y el 18% su salud mental, muy por encima de la media estatal, situada en el 20% y el 11,8% respectivamente.

Por último, el informe destaca que el aislamiento social y la soledad no deseada aumentan, sobre todo en los hogares en exclusión severa, alcanzando al 25% de estos.

El color de 2026 es el blanco. Así lo ha decidido la famosa compañía de color para las artes gráficas Pantone, que cada año toma esta decisión. El del año que acaba fue el Mocha Mousse, un marrón cálido, y el del 2024 un melocotón vibrante que bautizaron como Peach Fuzz. Puede parecer irrelevante, hasta anecdótico, pero la elección de este año, bajo el nombre de Cloud Dancer, destaca por encima de los años anteriores, no por su innovación o riesgo, sino por justo lo contrario. Es neutro, adaptable y parece funcionar casi como anestesia, según insinúa la propia compañía. “Presentamos Cloud Dancer, un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada”, declaran en su web.

“Vivimos en una época de transición en la que las personas buscan la verdad, nuevas posibilidades y nuevas formas de vida”, ha asegurado Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute al justificar la elección del color. “Sobrecargados y sobreestimulados por nuestra cultura del ajetreo constante, buscamos un respiro y un alivio de la estimulación emocional y física desconectándonos y alejándonos de las incesantes exigencias de la vida cotidiana para rejuvenecernos profundamente a nivel mental, físico y emocional”, ha añadido. Después de revelar la decisión, las redes sociales (como casi siempre) han sido rápidas en dictar sentencia. 

Los temas de los que hablamos habitualmente evidencian que vivimos al límite de nuestro aguante: las subidas de los precios de la vivienda, la imposibilidad de emancipación –solo un 15,2% de los jóvenes viven independizados–, la continuidad de los trabajos precarios y la sensación de inestabilidad constante ante (también) el contexto internacional, con líderes tan volátiles como Donald Trump o Javier Milei... Y las estéticas lo reflejan. 

Desde la compañía hablan de calma, pausa y reflexión, ingredientes que se demandan ante esta inestabilidad. Aunque a primera vista puede parecer que no es algo que se vea en el discurso mayoritario, ante la rapidez de los nuevos tiempos y el auge de las tecnologías que permiten realizar casi cualquier acción en solo un clic, la pausa es algo que atraviesa los fenómenos virales que ya llevamos meses observando en las redes sociales. 

En un artículo de The Guardian, la periodista Eva Wiseman habla del auge de las tradwives y de cómo su éxito se relaciona con toda una generación de mujeres feministas que, aunque han conseguido una supuesta liberación, se encuentran con que no solo tienen que rendir en el trabajo a los ritmos de la maquinaria capitalista, sino que también tienen que llevar la casa y encargarse de los niños, aunque sus maridos autodeclarados feministas también ayuden. Trabajo y cuidados, todo a la vez. Mientras que la mujer trabajadora moderna tiene que tirar de precocinados, la tradwife tiene tiempo de todo, incluyendo hacer la cena desde cero. Ellas tienen, ante todo, calma y pausa, y por eso no podemos dejar de mirarlas, según la periodista. 

En esta misma línea se sitúa la elección del color blanco como color del año. “El auge del blanco y de todas estas estéticas más minimalistas pueden entenderse como una forma de refugio simbólico ante el contexto también de saturación que estamos viviendo ahora mismo: la crisis económica, política, las guerras, la hiperconectividad y el exceso de todos los estímulos visuales que estamos absorbiendo”, argumenta Lara López Millán, doctora en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universitat de València. 

Patricia Soley, socióloga cultural y autora de ¡Divinas, modelos, poder y mentiras!, premio Anagrama de ensayo del 2015, coincide: “Es una reacción al horror que estamos viviendo. Vivimos guerras muy cercanas, una violencia constante, una sensación de colapso global. En ese contexto, el blanco aparece como un lugar simbólico donde preservar la inocencia, descansar, mantener la esperanza. El blanco no emite, no grita. Está asociado a la luz, a la pureza, al descanso”, matiza. 

Después de que Pantone dictara sentencia, las revistas de moda han sido rápidas en sacar sus predicciones sobre las tendencias de moda que veremos el año que viene. Entre ellas está, por supuesto, el color Cloud Dancer. Esto –como todo– habla de política. En su libro Códigos de vestimenta: cómo las leyes de la moda hicieron historia, el profesor de derecho de Stanford Richard Thompson Ford asegura que la moda ha servido siempre tanto para mantener las jerarquías sociales y el control político como para desafiarlos y promover nuevos ideales. Parece que, en este caso, la situación representa la primera de las opciones. 

El color blanco tiene significados que recuerdan a un ideal de mujer que ya pensábamos superado. Según el grupo CAPIRE (Colectivo para el Análisis Pluridisciplinar de la Iconografía Religiosa Europea) de la Universidad Complutense de Madrid, este color se asocia directamente con la pureza o la santidad, dos valores que ya atraviesan sutilmente algunos de los contenidos que consumimos.

En los últimos meses, las redes se han convertido en un escaparate para las nuevas estéticas que imperan entre las mujeres, desde los colores más neutros en la moda, como el blanco, el beige o el marrón, hasta el clean look, un moño apretado y tirante con la raya en medio del que no puede escaparse ni un solo mechón. También en el maquillaje, se popularizan más las rutinas sencillas (solo en apariencia) y limpias antes que la sobrecarga de colores, por ejemplo. 

Más allá de la estética, todo ello se basa en unos productos y cuidados que solo unas pocas pueden permitirse. “Después de la pandemia se ha implantado mucho este minimalismo en la estética femenina. Se presenta como algo natural y sencillo, pero en realidad exige tiempo, recursos económicos y disciplina. Transmite a las mujeres una sensación de control, autocontención y orden”, razona López Millán. 

Hace ya unos años, la empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian, una de las mujeres más ricas en el mundo según la revista Forbes, enseñó la casa en Los Ángeles que compartía con su entonces marido, el rapero Kanye West. La mansión era completamente blanca, sin color, sin casi muebles y sin nada que no fuera a medida. Toda una muestra de la riqueza y estatus de la pareja. 

“Kim Kardashian convierte el minimalismo blanco en un ideal aspiracional, pero a nivel global. No se presenta solamente como una vivienda, sino también como una experiencia estética asociada a la calma, a la pureza y, en su caso, lo que quiere también reflejar es un éxito extremo. Su espacio no comunica austeridad, sino lujo. Poder tener una casa así implica no necesitar acumular nada, no tener urgencias materiales y poder también delegar el trabajo doméstico y el mantenimiento”, explica López Millán. 

Ahora parece que este tipo de estética de minimalismo absoluto se ha traspasado a las clases más humildes. Los bloques cebra –como han sido bautizados en las redes sociales– inundan los paisajes de la periferia con nuevas construcciones que dejan calles y calles de edificios blancos y negros. 

Su estilo es un intento de modernidad, de pasar de los años ochenta a algo nuevo y atractivo. Sin embargo, esta supuesta modernidad no se traduce en sus construcciones ya que sus materiales permiten construir mucho y con muy bajo coste. “Hay una dimensión aspiracional. Pero también hay algo muy práctico: el blanco con materiales “naturales” es relativamente barato y da apariencia de clase alta con poco dinero. Es una estética que se puede escalar a distintos niveles económicos. Además, interesa al mercado porque los materiales baratos se desgastan rápido y hay que volver a consumir”, asegura Soley. 

Pero entonces, ¿por qué el blanco y el negro? Son un símbolo, ante todo, de estatus y de una clase social determinada. “En muchos casos estas estéticas neutralizan la identidad estética de los barrios trabajadores. Borran visualmente las huellas de la vida cotidiana, del trabajo y de la historia social del barrio", zanja López Millán. 

La actividad de las plataformas digitales va más allá del reparto a domicilio o la paquetería y ha avanzado hacia el sector de los cuidados o incluso a la enfermería o el transporte. De hecho, según constata el informe Fairwork España. Avances Insuficientes en la protección del trabajo en plataformas digitales, el nuestro es uno de los países europeos en los que esta modalidad de trabajo, mediada por algoritmos y plataformas digitales, ha ganado terreno.

“En 2021, el estudio realizado para dar soporte a la discusión de la nueva directiva europea de trabajo en plataformas estimaba que en España había algo más de 4 millones de personas (el 13% de la población activa) trabajando en la economía de plataforma regularmente”, recoge el documento. Sin embargo, y pese a que se ha ganado terreno en la lucha contra los “falsos autónomos” después de que Glovo y Uber fueran obligadas a contratar directamente, hay varios problemas que se perpetúan: la opacidad de los algoritmos, los bajos salarios y la precariedad laboral, derivada muchas veces del “abuso en la subcontratación”.

Esto no es algo nuevo, señala Raquel Boto, adjunta de la Secretaria Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras (CCOO), pero las dificultades tienen que ver con un nuevo entorno digital que aún está en construcción y que ya emplea a 43 millones de personas en toda Europa. “La transparencia es una parte fundamental, porque si un algoritmo determina las condiciones laborales y el trabajador no las conoce bien, es muy difícil que pueda defender sus derechos”, concluye.

El avance de esta economía de plataformas no se sustenta solo en las más conocidas, como las ya citadas Uber o Glovo, sino que se ha ido ampliando a otros sectores como el sanitario o el de los cuidados con aplicaciones como Livo —dedicada a la enfermería y financiada a través del fondo Yellow, creado por los fundadores de Glovo— o Cuideo, especializada en cuidado de personas dependientes. “De las 517 plataformas digitales de trabajo activas en 2021 en la Unión Europea, 226 operaban en España”, recoge el informe, que insiste en que la tendencia está consolidada a pesar de su aparente “volatilidad”.

Las hay de educación, como Superprof, Gostudent; las hay de atención psicológica, como Therapyside o Psicologoplus; o de servicios jurídicos, transporte de mercancías, etc. La lista va siendo cada vez más larga, aunque los agujeros no terminan de corregirse en lo que respecta a lo laboral. Uno de ellos es la falta de transparencia de los algoritmos que seleccionan a las personas, gestionan los tiempos de trabajo o asignan tareas, y que el análisis identifica como un “problema persistente en el sector”, ya que no se suele ofrecer a los trabajadores información clara y detallada.

Pese a que ha habido avances en los modelos de contratación y se ha reducido la incidencia de los conocidos como falsos autónomos, la subcontratación es uno de los problemas que aún persisten. “La laboralización no siempre se está llevando a cabo por medio de la contratación directa de los trabajadores por parte de las plataformas, sino recurriendo en mayor o menor medida a empresas subcontratadas, conocidas en el sector como flotas de reparto”, apuntan los analistas.

Esto provocaría que las condiciones laborales empeorasen en materia de presencia sindical, creación de convenios o rotación. Además, la contratación a tiempo parcial, sobre todo en actividades que tienen horas punta, como el reparto, también se vería favorecida por este modelo.

Una de las ramas a las que se ha extendido esta economía de plataformas son los cuidados o el ámbito de la enfermería, a las que el informe dedica un capítulo. En este caso se centra en Livo, que recientemente adquirió Nursea, otra plataforma con el mismo tipo de negocio y amplió su servicio de enfermería hacia el de cuidados auxiliares.

Lo que ofrecen estas aplicaciones son puestos de trabajo para cubrir turnos puntuales “normalmente de un día de duración” o un servicio de mediación que pone en contacto a centros sanitarios privados (o públicos de gestión privada) con los profesionales. Una dinámica laboral nueva que, sin embargo, ahonda en la rotación y en los contratos de corta duración, una de las principales reclamaciones que las profesionales piden corregir.

“Si bien Livo ha emergido como una herramienta digital útil para que las empresas que actúan en al ámbito de la salud hagan frente a la escasez de enfermeras que caracteriza el sector, al mismo tiempo, parece estar contribuyendo a la intensificación de los problemas estructurales de la profesión”, concluyen los autores del informe.

En el informe, que han realizado la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras; junto con la Universidad Complutense y Fairwork, un proyecto de investigación internacional ligado a la Universidad de Oxford, los salarios son el otro gran escollo. Según el estudio, cuatro de las siete compañías analizadas (Cabify, Just Eat, Livo y Uber) ofrecen salarios situados apenas por encima del salario mínimo vigente en España en 2025, pero el resto no llegan. En Just Eat, que es la que mejor parada sale, el salario base de los repartidores a tiempo completo se quedó en 16.678 euros brutos anuales, 102 euros por encima del SMI estipulado para este año.

En el caso de Uber y Cabify, basándose en el convenio de los VTC de la Comunidad de Madrid, el estudio estima una remuneración de 16.632 euros brutos al año para una jornada completa. Y la última de las plataformas que aparecen por encima del SMI es Livo, orientada al sector sanitario, con una remuneración de entre 17 y 42 euros brutos por hora, dependiendo de la urgencia del servicio. “El resto de las plataformas no pudieron demostrar que el salario bruto por hora obtenido (después de gastos y tomando en cuenta el tiempo real de trabajo que dedican a la plataforma) se sitúa por encima o a nivel del salario mínimo”, señala el documento en relación con Cuideo, Glovo y Taskrabbit.

En la legislación española, la ley rider, que se aprobó en 2021, reconoció la “presunción de laboralidad” de los trabajadores que hasta entonces eran autónomos en estas plataformas. “Ese ha sido el primer paso, porque reconoce a las personas como trabajadores de una empresa”, explica Boto, quien señala que, pese a que quedan muchas cosas por corregir en el entorno digital, hay derechos reconocidos que no requieren de nuevas leyes, sino simplemente de una aplicación rigurosa de las que ya existen, como el registro de jornada o la prevención de riesgos laborales. “Ahora lo que se requiere es una acción sindical que permita crear acuerdos en la especificidad de cada empresa y cada sector”, concluye.

En los últimos meses, no han sido pocas las manifestaciones o reivindicaciones protagonizadas por jóvenes, desde las protestas propalestinas, en las que los estudiantes salieron masivamente a las calles, hasta las marchas por la vivienda. Sin embargo, surge una paradoja. Los jóvenes salen a las calles y participan en política pero, cuando se trata de afiliación a los sindicatos, desde donde se convocan estas protestas, su presencia es prácticamente nula o muy poco significativa. 

“Existe una desconexión entre la indignación y las estructuras que la deberían canalizar. Los jóvenes viven atravesados por la precariedad, la imposibilidad de emanciparse y un horizonte sin certezas. La rabia está ahí, pero muchas veces sin organización que la sostenga. Lo que falta no es voluntad de lucha, sino estructuras políticas y sindicales que estén a la altura”, razona Lucía García, secretaria de Juventud de la Unión Comarcal CCOO Henares. 

Según un estudio del economista britanico David Blanchflower, las economías avanzadas siguen un mismo patrón en la afiliación de los jóvenes a los sindicatos. Las personas en edades medias tienen más probabilidades de estar sindicados que ellos o generaciones posteriores. En un estudio más reciente de la Universidad de Oxford esto se certifica. La afiliación sindical ha caído en todos los rangos de edad, pero la situación se acentúa entre los más jóvenes. En la década posterior a la investigación, que data de 2018, muchos menos jóvenes se han unido a un sindicato, lo que ha generado un alejamiento entre ellos y sus mayores. 

En España, solo el 5,5% de los trabajadores entre 16 y 30 años forma parte de un sindicato, según la European Social Survey con datos de 2017, los últimos disponibles. En los dos sindicatos mayoritarios, las cifras siguen este patrón. En CCOO, los jóvenes de menos de 30 años representan solo el 3,6% de los afiliados (8.229). Por su parte, UGT tiene 983.521 afiliados y afiliadas, de los que solo un 9,46% son menores de 35 años. 

¿El problema? Desde hace varios años se viene experimentando un fenómeno entre los jóvenes: la desafección política. Según un estudio publicado por el Instituto de la Juventud (Injuve), el interés general por la política no supera el 35%, aunque en el caso de los jóvenes el interés es mucho menor. Este mismo informe también revela que la distancia que sienten los jóvenes con los partidos ha aumentado a lo largo de las décadas. En 1980, el 66% de las personas entre los 22 y los 25 años sentían cercanía con alguna formación política, pero en los últimos datos recogidos, la cifra cae hasta el 33,51%. 

En años más recientes, la situación no ha ido a mejor. Según el Informe España 2023 elaborado por la Universidad de Comillas, el 80% de los jóvenes no se sienten escuchados por los políticos. Algo que este documento señala que puede acabar derivando en una crisis de representatividad. 

Algunos partidos políticos ya han percibido esta tendencia. Dos ejemplos: Yolanda Díaz ha subrayado en varias ocasiones que rechaza definir su formación como un partido. De hecho, su proyecto recoge en el nombre la idea de ser una corriente política: Movimiento Sumar. El agitador ultra Alvise Pérez tampoco se decantó por el calificativo de “partido” para las elecciones europeas de 2024 y formó la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), un gesto para mostrar su rechazo a la idea tradicional de las formaciones políticas. 

Este desencantamiento con la participación política también hace mella en los sindicatos, que ven cómo nuevas formas de organización, como las redes sociales, les comen terreno. Aun así, no es solamente algo achacable a los jóvenes. Lucía García atribuye el problema a la falta de confianza y compromiso por la (in)acción previa de las organizaciones. “El rechazo hacia las formas de partido o de sindicatos más clásicos no surge porque la organización sea innecesaria, sino porque muchos de estos grupos dejaron de responder a las necesidades materiales de la gente. Durante años, parte de la izquierda institucional se adaptó al marco del poder en lugar de disputarlo. Eso generó desconfianza, especialmente entre quienes no han conocido sindicatos combativos o espacios donde la militancia no sea un trámite”, argumenta.

La militancia ha bajado, sí, pero eso no quiere decir que no puedan surgir nuevas formas de protesta. Las redes sociales, por ejemplo, han hecho que muchos se decanten por una lucha organizada que, aunque exista en la nube, no se ve en las calles. “Cada vez vivimos más atomizados y mucha gente ha perdido la costumbre de organizarse con sus compañeros de trabajo para luchar por mejoras”, expresa Jorge Saborido, de CNT Madrid. 

Y no se deben infravalorar las redes. En los últimos meses estas han funcionado como un actor principal en el cambio social de varios regímenes alrededor del mundo. En Marruecos, las protestas exigen mejoras en lo público, con denuncias por la situación de la sanidad, la educación o el empleo o por la corrupción de sus Administraciones. Estas reivindicaciones fueron todas gestionadas a través de plataformas como Discord o TikTok. A través de la primera, muchos jóvenes comenzaron a expresar sus exigencias al Gobierno en una ola a la que se han sumado más de 200.000 personas. 

Esto sigue la estela de las protestas en Madagascar o Indonesia, en las que la organización se dio mayormente a través de las redes sociales. En la segunda, por ejemplo, todo comenzó cuando los jóvenes de este país empezaron a publicar vídeos en TikTok en contra de los hijos de las elites. En Nepal sucedió lo mismo pero, cuando el Gobierno prohibió Facebook e Instagram, el descontento pasó a las calles.

“Estas protestas son un magma juvenil que tiene estudios y que no ve salida a los problemas que tiene delante, es algo que se está mundializado con protestas en Asia, Latinoamérica y Europa”, expone David Moral, profesor de sociología de la Universidad de Zaragoza. Así lo reiteran los datos de CCOO Catalunya, en los que el 57,3% de los afiliados tienen estudios superiores. 

Aun con su caída entre los jóvenes, la necesidad de organización se hace palpable con tan solo mirar el telediario. Los precios de la vivienda han subido un 35% en los últimos diez años, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que el sueldo medio de los más jóvenes es de tan solo 1.048,19 euros. A su vez, la calidad y remuneración del empleo joven no mejoran. De hecho, son el único grupo de la población que no ha superado los niveles salariales de antes de la crisis del 2008, según el informe Juventud y Empresa de la Fundación PwC. 

Ante esta situación, es evidente que los sindicatos tienen que ostentar un papel más central para ayudar a los jóvenes a salir de esta situación, no solo desde protestas o asambleas. Así lo consideran desde el Sindicat de Llogateres. “Un sindicato tiene como una de sus actividades el uso de la manifestación para expresar tu enfado, pero a la mañana siguiente tus circunstancias no han cambiado. Solo con una organización que te apoye en las negociaciones se consiguen resolver los problemas”, argumenta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat. De esta manera, cabe preguntarse de qué formas los sindicatos tienen (o no) que reformarse para contentar a este sector de la población que se les resiste pero que necesita una respuesta urgentemente. 

El interés por el sindicato suele llegar a la vez que el primer trabajo y su consecuente precariedad, tan característica del empleo joven. “Es un conocimiento del sindicato pragmático, acudes a ellos cuando tienes un problema, pero la ciudadanía no los ve, ni tiene suficiente conocimiento sobre su labor. Solo tienen información sobre ellos cuando ya hay una tradición sindical dentro de su familia o en su entorno”, explica Moral. 

El tema de la vivienda es un claro ejemplo porque es la mayor preocupación de los españoles, según el ultimo barómetro del CIS, y entre los jóvenes, la situación es especialmente dramática. La tasa de emancipación juvenil está en su punto más bajo desde que el Consejo de Juventud de España comenzó a registrar datos en 2006. En el segundo trimestre de 2024, sólo un 15,6% de los jóvenes podían irse de casa de sus padres. Con estos datos, no es sorpresa que el Sindicato de Inquilinas sea uno de los más populares entre los jóvenes. 

“Creo que la clave está en atender a las necesidades de la clase trabajadora más precaria, entre la que se encuentra la juventud. Por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas tienen mucha militancia joven por atajar un problema que atraviesa en particular a la juventud, como la vivienda”, expresa Saborido. La afiliación del Sindicato de Inquilinas ha subido en el último año, hasta los 1858 afiliados en 2025, un aumento de 243 personas respecto al año anterior. 

La presencia de un sindicato en una manifestación solo no es suficiente. “Que ellos estén ahí solo responde a su responsabilidad como sociedad civil, el que salgan a las calles no genera una posible relación de militancia, si en una manifestación los participantes ven un sindicato, eso no va a hacer que se afilien al sindicato”, argumenta el profesor de la Universidad de Zaragoza.

La solución pasa por lo más básico: la educación. Los sindicatos no se estudian en los centros educativos y no se da la información necesaria a los alumnos. Por ello, Moral considera que deberían aumentar su presencia en ellos, tanto en los planes de estudios (algo que se escapa de sus competencias) como en forma de charlas o encuentros. El problema está, como siempre, en la falta de recursos. También sucede a la hora de intentar mejorar su imagen en redes, el lugar donde se están organizando los jóvenes. Quizá los sindicatos tengan la intención, pero el tiempo y el dinero no acompañan. 

Su actualización es crucial para garantizar que haya un relevo generacional entre sus filas. Para Lucía García, los sindicatos siguen siendo cruciales y el llegar a los jóvenes no pasa solo por hacer que se les conozca. “Los sindicatos seguirán siendo relevantes si recuperan su papel de herramienta de clase, democráticos, cercanos y combativos. Cuando se vinculan con conflictos reales (como vivienda, educación, migración o precariedad juvenil) vuelven a ser útiles y respetados. El reto no es edulcorar el nombre, sino repolitizar la organización, abrirla a nuevos sujetos y devolverle su capacidad transformadora”, zanja. 

El 11,2% de los trabajadores españoles se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2024, lo que situó a España como el tercer país con peor registro de la Unión Europea (UE), donde la tasa media fue del 8,2%, según informa EFE.

Son datos difundidos por la oficina europea de estadística Eurostat en un comunicado de prensa publicado en la víspera, a partir del último informe sobre condiciones de vida en Europa, en el que se destaca que el riesgo de pobreza "no solo afecta a las personas que viven en hogares con baja intensidad laboral o a las personas sin empleo", sino también a las personas que tienen trabajo.

Esta clasificación incluye la proporción de personas con una renta disponible inferior al umbral de riesgo de pobreza, que se fija en el 60% de los ingresos disponibles medianos del país, después de las transferencias sociales.

El estudio, que analiza la situación económica de empleados mayores de 18 años de la UE que declararon trabajar en 2024, por cuenta ajena o por cuenta propia, concluye que España fue el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza entre sus trabajadores, por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%).

El dato supone un descenso de una sola décima con respecto al año anterior, tras registrar en 2023 una tasa del 11,3%, aunque el país escala una posición, del cuarto al tercer puesto, por el notable descenso de Rumanía.

Por el contrario, las tasas menos elevadas las registraron Finlandia (2,8%), República Checa (3,6%) y Bélgica (4,3%).

Respecto a la UE, la tasa media de los Veintisiete se situó en el 8,2%, lo que supone un ligero descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto al año 2023, en el que se registró un 8,3%.

El análisis estadístico destaca además que este porcentaje es "notablemente inferior" en el caso de las mujeres (7,3%) que en el de los hombres (9,0%), distribución que se repite también en el caso de España, con un 12,1% de trabajadores masculinos en riesgo de pobreza frente a un 10,1% de mujeres.

España tiene una Real Academia en Roma. Está en lo alto de San Pietro in Montorio, en un convento erigido por los Reyes Católicos donde, según la tradición, dieron matarile al príncipe de los apóstoles crucificándolo bocabajo. El edificio tiene sus encantos: el más célebre es el templete de Bramante, que se encuentra en medio de uno de los claustros. A finales del siglo XIX, los artistas reemplazaron a los frailes (entre mendicantes anda el juego) y desde entonces, bajo distintos patronazgos (la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores) han ido desfilando pensionados y becarios.

El plan es de ensueño: investigadores, comisarios, escritores y artistas compiten por una beca que concede nueve meses de honorarios, hospedaje y un montante con el que sufragar la producción de sus trabajos. La precariedad da muchas dentelladas en el barrio de las artes, así que, como imaginarán, no faltan candidatos dispuestos a instalarse un curso en el Trastevere. Con tanto postulante, el proceso de selección se ha vuelto laborioso, así que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) —que es la responsable— ha incluido un nuevo requisito para los becarios: la bilocación. Verán, este primero de octubre ha terminado la fase de entrevistas (la última del proceso). Denle diez o quince días al comité para que delibere y tendremos veredicto. Las residencias comienzan el primero de noviembre. Conciliación, beso tu nombre. ¿Tienes hijos? Ándate listo buscando un internado. ¿Gato? A la perrera ipso facto. ¿Empleo? Suerte solicitando la excedencia en semana y media. La resolución de la beca romana siempre ha sido particularmente árida: hará unos años se comenzó a publicitar cada etapa del proceso selectivo; antes, los interesados solo se enteraban de que habían sido descartados en tal o cual paso si algún colega les contaba que él había tenido mejor suerte.

Si traigo como ejemplo esta convocatoria es porque la organiza todo un ministerio: un estamento que tendría los posibles para resolver el asunto en tiempo, forma y afecto. Pero, lamentablemente, los desmanes se prodigan por todo el organigrama nacional. Hace tiempo les conté el calvario al que el Ayuntamiento de Madrid estaba sometiendo a los beneficiarios de unas ayudas de producción, a los que, por minucias formales, les estaba reclamando devoluciones con recargo. Hay muchos ejemplos sangrantes: abundan las subvenciones que solo financian los materiales para producir la obra pero no los honorarios, como si los artistas (escritores, investigadores, larguísimo etcétera) no pagasen alquileres y se alimentasen del aire. Otras, pagan a posteriori, de modo que el beneficiario se compromete a adelantar gastos hasta que, tras una ristra de justificaciones kafkianas y eones burocráticos, la entidad de turno abone lo convenido. (Esto, claro, descarta a todos aquellos que no tengan respaldos familiares o ahorros con los que afrontar el desembolso inicial). Cualquier profesional del sector podría relatarles un buen número de sinsabores a cuenta de algún escarceo institucional y no sería provechoso engolosinarnos con los detalles de tal o cual diputación, fundación o comunidad autónoma. Más bien, quisiera apuntar a la lógica que parece actuar bajo todos estos casos particulares: la idea de que el apoyo institucional a la producción artística es una dádiva, una limosna ante la que sería descortés mostrarse desagradecido.

Una vez, montando una exposición de premio (al comisario le llegan los trabajos seleccionados y debe armar con ellos una muestra más o menos coherente), escuché a una de las funcionarias que pululaban por la sala quejarse a la otra: "Nosequién dice que los plazos no son adecuados: les das un premio y encima se quejan". La convocatoria, claro, había tenido (de nuevo) un sinnúmero de irregularidades que nadie se estaba molestando en subsanar, y resultaba casi milagroso que la exposición fuese a inaugurarse el día acordado. Con todo, la encargada de turno consideraba que eran los artistas los que suponían un gasto prescindible para el erario, no su puesto, que sería inservible si ese mismo programa expositivo (tan absurdo y despilfarrante) se extinguiese. Aunque me parece estúpido, puedo entender a los que quieran cepillarse las políticas culturales del país y condenar a las nuevas generaciones a no ver más arte que el que se hizo a cuenta del mecenazgo de burgueses y archiduques. Prefiero esa oposición frontal (siempre conviene verle los contornos al enemigo) a la perpetuación de unas prácticas paternalistas y violentas (ordeno y mando) ejercidas por gestores que viven holgadamente del mismo sector que tratan a puntapiés. Si tal beca, ayuda o premio no puede convocarse sin menoscabar los derechos más elementales de artistas y adláteres, sería conveniente que se dejase de convocar. Porque, de lo contrario, parecería que las tan defendidas políticas culturales obedecen más al interés publicitario de las instituciones que las promocionan ("el ayuntamiento de tal invierte nosecuántos miles de euros en…", "la consejera inaugura la muestra del premio…") que al provecho de sus beneficiarios.

(También, puestos a desear, sería maravilloso que la famélica legión consiguiese armar una respuesta articulada y conjunta con la que replicar a estos desmanes: si el problema es general, la réplica también debería serlo. A veces, permítanme, a uno le gusta soñar). 

España vive pendiente del avance de las llamas. Tres fallecidos, una veintena de heridos, miles de personas desalojadas, casas en llamas e incontables hectáreas que se han vuelto cenizas, dan cuenta de un desastre que asola varias comunidades desde la pasada semana. El coste más doloroso es el que asumen las personas afectadas y los profesionales que intentan controlar las llamas, pero más allá de esto, el gasto de intentar salvar el territorio de las llamas alcanza unas cifras elevadísimas. “Apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea, prevenir el incendio para que no se queme nos cuesta 2.000”, explicaba en RTVE Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales (Extrefor). 

Muchas hectáreas arden sin que se pueda hacer nada, pero en aquellas zonas donde es crucial apagar las llamas, intervienen bomberos, camiones, maquinaria, helicópteros e hidroaviones, entre otros. A esto se suma el coste de realojar a las personas que tienen que ser evacuadas, repartir comida y ofrecer respaldo a quienes se han quedado, provisional o definitivamente, solo con lo puesto. 

Es difícil hacer una estimación cuando el desastre aún no se ha contenido, pero otras experiencias de este tipo dejan algunos datos. En 2017, la Asociación Forestal de Galicia estimaba que dos incendios provocados en Pontevedra habrían ocasionado daños por valor de 18,9 millones de euros. En Castilla y León el incendio de Tábara (Zamora) en 2022 fue uno de los más virulentos que se recuerdan, con 35.000 hectáreas arrasadas y en las mismas fechas se produjo el de la Sierra de la Culebra. 

En ese verano fatídico, la Junta de Castilla y León informaba de que solo en tareas de extinción habían llegado a gastar alrededor de 300 millones de euros. Además, a esta cifra se suma el coste medioambiental posterior (efectos en aprovisionamientos de agua, comida, efectos en el paisaje, etc.), que un estudio de la Universidad de Salamanca cifraba en 71,5 millones de euros. 

Las consecuencias van más allá del terreno calcinado. Otro incendio reciente, el de Lleida de este año, tuvo una incidencia en el transporte ferroviario que las asociaciones de consumidores han estimado en 5 millones de euros en indemnizaciones por retrasos y cancelaciones. Tantas aristas económicas tiene el problema, que un estudio de la Comisión Europea de 2022 indicaba que el impacto de los incendios en España equivaldría al 4,5 % del PIB, es decir, unos 71.623 millones de euros. 

Los costes varían en función de las comunidades y de la zona en la que se tengan que desenvolver las tareas. Sin embargo, las estimaciones de los informes oficiales coinciden con los datos del presidente de Extrefor. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) redactado junto al Ministerio de Transición Ecológica, señala que el coste medio general de extinción supera los 19.000 euros por hectárea. Esta cifra considera los recursos movilizados en distintos incendios a lo largo de 2022.

En cuanto al coste de los efectivos, la intervención de aviones y helicópteros se suele llevar la mayor cantidad de dinero por el elevado coste por hora de trabajo que tienen. Las estimaciones apuntan a que un hidroavión puede superar los 5.000 euros por hora de trabajo. Por el momento, el Gobierno señala que ha desplegado a 1.000 militares y 600 miembros de brigadas forestales. Por otro lado, ya operan sobre el terreno más de 50 medios aéreos. 

En cuanto a la reforestación y reparación de los montes quemados, corresponde al Estado y a las comunidades autónomas y sale de los presupuestos de estas, independientemente de si el incendio ha sido provocado o accidental. Este proceso va más allá de plantar árboles e incluye estudios de suelo y tratamientos para que la tierra vuelva a estar en condiciones óptimas. 

En la Estrategia Forestal Española, que publica el MITECO, uno de los objetivos que se marcan es incrementar la inversión forestal. El documento pide “superar los 100 euros por hectárea forestal y año, integrando todas las inversiones públicas y privadas que se realicen” y fomentar la prevención en la lucha contra incendios. Pero esa gestión no parece resultar efectiva hasta el momento y 2025 va camino de convertirse en uno de los peores años en lo que a incendios se refiere. 

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) advertía esta semana de que la inversión total para prevenir incendios, que incluye partidas estatales y de las comunidades autónomas, se había desplomado un 51% entre 2009 y 2022, pasando de 364,17 millones de euros en 2009 a 175,8 millones en 2022. El recorte es considerable y afecta tanto al personal contratado como a los medios técnicos, el material o las infraestructuras. Algo paradójico si se tiene en cuenta que estos fenómenos cada vez se dan de manera más recurrente y más virulenta. 

Del lado de los profesionales, tampoco ellos trabajan con sueldos y condiciones favorables. Tal como un artículo de infoLibre, los salarios de peón forestal oscilan entre los 1.100 y los 1.400 euros. En las labores de extinción confluyen desde funcionarios a empleados de subcontratas o militares, por lo que los perfiles y las remuneraciones son muy diferentes. Además, debido a que la gestión es competencia de las comunidades autónomas, el número de efectivos disponibles cambia en función de cada una de ellas. Sin embargo, en el último informe sobre incendios publicado por la Comisión Europea hay algunas pistas: señala que en 2023 había en España alrededor de 600 trabajadores distribuidos en las 10 brigadas de labores preventivas que habrían realizado labores de prevención en 1.600 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, solo en el incendio de Las Médulas, en León, calcinó en pocos días 1.500 hectáreas. 

El número de jóvenes que se emancipan en España no ha parado de caer en los últimos años y uno de los principales muros con los que chocan a la hora de salir de casa es, precisamente, intentar encontrar una. Solo un 15% de las personas entre 19 y 34 años se independizaron en la última mitad de 2024, 102.203 menos que un año antes. Es la peor tasa de en un segundo semestre desde que se comenzaron a registrar datos (en 2006), según el observatorio del Consejo de la Juventud de España (CJE), que se han conocido este martes. Y no es una anomalía, porque en la primera mitad del año el dato tampoco fue bueno: solo el 14,8% se independizó en ese periodo. “Ganamos un 25% menos que la media nacional y un 20% menos de lo que cobraban nuestros padres y madres a nuestra edad”, explica Pau García Orrit, secretaria confederal de Juventud de Comisiones Obreras.

Los precios desbocados de la vivienda, tanto para compra como para alquiler, unidos a una realidad laboral precaria, generan un coctel letal para las proyecciones de vida de las personas más jóvenes. “Tenemos tareas urgentes y concretas que no pueden seguir aplazándose, como reducir la jornada laboral, aprobar de una vez el Estatuto del Becario, e intervenir el mercado de la vivienda”, apunta García.

A la urgencia del problema y a la rigidez del mercado de vivienda —que tarda tiempo en aumentar porque la construcción tiene plazos largos— se une la escasa oferta de vivienda pública en alquiler asequible, que es una de las soluciones más claras que ven los expertos. Sin embargo, esta misma semana, el Partido Popular volvía a insistir en liberalizar suelo para atajar el problema. "La raíz de problema está en la existencia de un enorme volumen del suelo bloqueado donde se puede construir", señalaba Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, quien insistía en que “hay necesidad de más viviendas, porque eso bajaría el coste de las mismas”. 

Sin embargo, Gerardo Roger, arquitecto y profesor de Urbanismo, explicaba a infoLibre que más casas no harán que los precios bajen, porque la ley de oferta y demanda no funciona exactamente igual con las casas que con otros productos. “No se puede confundir el comportamiento del precio del suelo con el del pollo. Una vivienda o un solar tiene un valor de localización que vale lo que paga el que más pueda ofrecer de por ella”, señalaba. Por lo que sin un parque público y controlado es muy difícil garantizar el derecho a la vivienda. “Una casa en el barrio de Gràcia de Barcelona tendrá siempre una localización privilegiada y no bajará de precio por mucho que haya más casas en España”, explicaba. 

Otro dato que pone en entredicho la relación entre el número de casas y su precio es que, tal como señala la cadena SER, el número de viviendas de más de un millón de euros que se anuncian en el portal inmobiliario Idealista (43.707), es superior al número de alquileres inferiores a 1.000 euros que se pueden encontrar a primeros de agosto en la plataforma (31.370). El informe de Idealista señala que la oferta de alquiler se contrae, mientras que las compraventas aumentan. Hay casas, pero cada vez más caras.

Aunque los datos de paro juvenil han mejorado, España continúa liderando las cifras de paro en Europa para este corte de edad y, entre quienes sí trabajan, los salarios no bastan para vivir de forma autónoma. De acuerdo con un estudio de Fedea, en 2023 un joven de entre 20 y 24 años percibió una renta bruta media de 15.364,17 euros, lo que supone un 45 % menos que el salario medio nacional (28.049,94 euros). Si observamos los datos del CJE, el panorama tampoco es alentador: el salario mediano de la juventud (entre 19 y 34 años) se situó en 2024 en 14.046 euros anuales y aunque el salario creció un 11% interanual y el paro descendió hasta el 19,1%, estas mejoras “no fueron suficientes” para mejorar el acceso a una casa. 

Si observamos la evolución del precio de la vivienda, la distancia entre las rentas de los jóvenes y el mercado inmobiliario se vuelve abismal. En los primeros tres meses de este año, el precio de las casas aumentó un 12,2% con respecto al año pasado, según los últimos datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) y a finales de 2024, el precio medio de una vivienda libre ascendía a 197.210 euros, un 7% más que el año anterior. “Para hacer frente solo al pago de la entrada, estimada en unos 59.000 euros, una persona joven asalariada tendría que destinar íntegramente su salario durante cuatro años”, concluye el estudio. 

Si hablamos de alquiler, los datos tampoco lo ponen más fácil. Ente 2013 y 2019 los precio de la vivienda en alquiler subieron ininterrumpidamente, se frenaron en la pandemia y en 2020 comenzaron de nuevo a repuntar, de acuerdo con la estadística experimental del INE. Pese a ello, esta es la mejor opción para quienes salen del hogar familiar: el 57% de los jóvenes que sí se han emancipado lo hacen bajo esta modalidad y solo un 19% podía permitírselo sin compartir como más personas.

Entre los datos que aporta el CJE, hay uno que dice que a finales del año pasado alquilar una vivienda libre costaba de media 1.080 euros mensuales, un importe que supone un esfuerzo del 92,3% del salario de una persona joven.  

Aunque tampoco en el alquiler por habitación se cumple la recomendación de que el esfuerzo de pagar la renta no supere el 30% de los ingresos: “el alquiler de una habitación, con un precio mediano de 380 euros, también sobrepasaba ese umbral”, reclama el estudio.

“Estamos aquí porque tenemos que intentar no perder los que hemos conseguido hasta ahora”, dice Lorena Martín, trabajadora del sector de la seguridad privada. “Cuidamos a familiares dependientes y eso también es un trabajo. Es incompatible con cualquier otra actividad y estamos aquí para reclamar que sea reconocido como tal”, cuenta Jana, de 35 años, a quien acompaña su hijo pequeño de tres años, con una enfermedad que le requiere cuidados continuos. Las de Lorena o la de Jana son solo algunas de las voces que este jueves se han escuchado en la manifestación del Primero de Mayo de Madrid, una concentración que ha transcurrido con un ojo puesto en la “ola reaccionaria internacional”, y otro en los derechos laborales de los trabajadores españoles, con la reducción de jornada como objetivo más próximo.  

La capital amanecía menos transitada de lo habitual y, aunque se notan las primeras horas del puente de mayo, la concentración de personas comenzaba a notarse en Gran Vía. Aun entre el tráfico y mezclándose con turistas y paseantes, en torno a las 11 de la mañana han sido los representantes sindicales y las autoridades políticas los encargados de abrir el acto. Del lado de las agrupaciones sindicales Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT) se han referido a un Primero de Mayo “especialmente importante” y han hecho referencia al “auge de los fascismos” y al cuestionamiento de derechos básicos como la salud, la educación o la libertad de expresión. “Estamos ante el riesgo de la involución reaccionaria más importante desde la II Guerra Mundial”, señalaba Sordo minutos antes del inicio de la marcha.

Bajo el lema “Proteger lo conquistado, ganar futuro”, han marchado los sindicatos UGT y CC OO —organizadores de la marcha— junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la titular de Seguridad Social, Elma Saiz; el de Transformación Digital, Óscar López o la de sanidad, Mónica García, junto a miles de manifestantes. A nivel nacional, el Primero de Mayo se replicó en diversas ciudades, reflejando reivindicaciones comunes como la reducción de la jornada laboral, cuya tramitación comienza la semana que viene, mejoras salariales y la defensa de los derechos laborales. En las intervenciones ha tenido un especial protagonismo el contexto internacional y la “ola reaccionaria” que, según los secretarios sindicales, promueven dirigentes como el presidente norteamericano, Donald Trump, o al argentino Javier Milei. “Quiero pedirle a las personas trabajadoras de mi país que salgan a la calle porque la internacional del odio, odia la igualdad, odia los derechos LGTBIQ+, odian a los migrantes, odian nuestros derechos sociales”, insistía Álvarez.

En los primeros momentos de la concentración, mientras las personas se agolpaban en Gran Vía, la calle no se había cortado y el tráfico aún seguía circulando. La representante madrileña de CC OO, Paloma López, acusó al ayuntamiento de Madrid de entorpecer la marcha e intentar “que no se vea a los trabajadores en la calle”. En la misma línea, Susana Huertas, de UGT, se disculpó con los medios y con los asistentes y señaló que “los permisos estaban pedidos”, aunque no les fue posible iniciar el acto tal como estaba previsto, porque no habían llegado las autorizaciones por parte del Ayuntamiento.

Más lejos de los focos, pero poniendo sobre la mesa problemas laborales de toda clase, han marchado miles de personas con diferentes reivindicaciones. En el ámbito de la educación, Diego, profesor de francés en un instituto público madrileño, habla de la dificultad de dar clases con unas ratios de alumnos por aula elevadas y de la escasez de medios con los que cuentan para atender a la diversidad o para centrarse en las clases. “Necesitamos un plan que nos quite cargas burocráticas para poder dedicar la mayor parte de nuestras fuerzas a enseñar, a trabajar en el aula y no simplemente a realizar informes”, concluye. Unos pasos más atrás, van trabajadores de la universidad pública madrileña, que llevan tiempo reclamando la infrafinanciación y el mal trato que reciben por parte de la Comunidad. Agitan una pancarta que resume su petición: “Ante el ataque del gobierno de la Comunidad de Madrid defendemos la universidad pública”.

Unos metros más atrás, al grito de “cuidar también es trabajar”, las compañeras de Jana, miembros de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, piden ayuda para que su trabajo deje de ser invisible y lograr así cotizar a la seguridad social. “Necesitamos un sueldo, un trabajo digno, una ayuda, porque son muchas las personas (sobre todo madres) que lo tienen que dejar todo cuando tienen un hijo o un familiar con una enfermedad grave”, explica Carmen Laguna, de 54 años y con un hijo dependiente de 24. “Cuidamos todas las horas de todos los días, no nos podemos poner enfermas, no tenemos bajas. Somos trabajadoras profesionales, aunque la ley nos quiera llamar de otra manera”, concluye.

La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas es otra de las medidas que hoy tiene protagonismo, ya que su tramitación —que se aplazó a la semana próxima debido al apagón general en España que tuvo lugar este lunes— llegará al Consejo de Ministros el martes para ser convalidado por los grupos. La norma se enfrentará a un trámite parlamentario duro, puesto que no cuenta con mayoría para su aprobación, pero Yolanda Díaz insistió en su intervención en que los contactos con Junts iban por buen camino: “me parece que hay margen para la negociación y para mejorar la vida de los pequeños empresarios”. También ha tenido palabras para el Partido Popular y ha pedido a los diputados de esa formación que estén “a la altura de las circunstancias” y usen su voto “para mejorar la vida de la gente”.

Si llegase a buen puerto, los trabajadores que aún no cuenten con esto en sus convenios, verían reducida su jornada laboral ordinaria máxima de 40 a 37 horas y media, lo que supone 30 minutos menos por día. El plazo para su puesta en marcha, señalan desde el Ministerio de Trabajo, abarcaría hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el que las empresas ya tendrían que establecerlo con normalidad. Además, el decreto contempla un mayor control de las horas extra, con la obligatoriedad de establecer un sistema de fichaje digital que diese acceso directo a Inspección de Trabajo. 

En términos económicos, la movilización de este 2025 llega en un momento fuerte para la economía española, que según los organismos monetarios está resistiendo bien las tensiones derivadas de los aranceles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo la previsión de crecimiento de la economía española en el 2,3%, para 2025, y en el 1,8% para 2026, siendo el único país en el que se han mantenido las estimaciones realizadas antes de la crisis arancelaria. Por otra parte, el empleo no tuvo el mejor comportamiento en el primer trimestre del año, en parte porque en 2025 los datos de la Semana Santa se recogen en el segundo tramo del año. El paro se situó en 2,79 millones, un 11,36% y el número de ocupados se situó en 21,7 millones. 

“Hoy es nuestro día y debemos reclamar por quienes ya no trabajan y por quienes lo harán más adelante, para que no pierdan lo que tenemos y consigan más”, explica Lorena Martín, que porta camiseta, pegatina y bandera de UGT. Ella trabaja como guarda de seguridad y cree que “aunque se hayan conseguido unas cuantas cosas”, aún quedan muchas en el tintero. “Esto es una herencia, mi padre era sindicalista y luchó por muchos derechos que luego nos quitaron y que estamos volviendo a conquistar”. Mientras se despide sonriendo, señala que cuando tengas nietos, los traerá al Primero de Mayo.

La Semana Santa es temporada alta para el sector de la hostelería. Terrazas llenas, reservas a tope y la proximidad del puente de mayo multiplican la actividad y hacen que la contratación aumente. Los datos muestran un sector que crece: hasta marzo de 2025 el empleo en este sector aumentó un 5,4%, sumando unos 100.000 empleados, según los datos publicados por Randstad Research. Además, el año pasado se batió el récord histórico de turistas en España, con la llegada de 24 millones de visitantes. Sin embargo, el empuje del sector contrasta con la precariedad de muchos trabajadores de este ámbito profesional y para los sindicatos los buenos resultados del sector no se están traduciendo en una mejora de las condiciones laborales: “No puede ser que cada año la hostelería bata récords de actividad, pero que los salarios y el empleo no crezcan al mismo ritmo”, señala Marcos Gutiérrez, secretario de política institucional de Comisiones Obreras Servicios. 

Este ámbito profesional es uno de los motores del empleo en España y ocupa a 1,8 millones de personas, pero también es de los sectores más precarios. Así, mientras el salario bruto medio en España en 2023 se situó en 2.273 euros, los trabajadores de la hostelería apenas alcanzaron un promedio de 1.818 euros mensuales, de acuerdo con los datos de Comisiones Obreras. En conjunto, se los empleados de este ámbito reciben una retribución media un 25% inferior a la media. La situación es aún peor para las mujeres, quienes, a pesar de constituir el 57% de las plantillas, ganan un 13% menos que los hombres, con una brecha salarial que equivale a 173 euros menos al mes. Si se observan los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), cuyo último dato corresponde a 2022, el salario bruto mensual rondaba los 1.390 euros al mes, muy lejos del promedio nacional: 2.129 euros al mes. 

Daniela S. tiene 28 años y trabaja en una de las zonas más turísticas de Asturias, Cangas de Onís. “Desde los 18 he ido encadenando contratos, algunos fijos, pero en esos casos hacía muchas más horas de más que cuando estaba de extra”, explica. Trabajar de “extra” supone viajar por los diferentes restaurantes de la comarca, con contratos de un día o una semana, para cubrir los picos de actividad en comidas o cenas. Algo que sucede, sobre todo, en temporadas como Semana Santa o verano. Cuenta que pese a todo, ella preferible eso antes que las jornadas maratonianas que se dan cuando estaba contratada por una empresa. “Pagan muy mal, unos 1.200 en verano. Puedes cobrar 1.400 como mucho y terminas haciendo 12, 13 horas de seguido, casi sin descansar y asegurada solo por 8 horas”, concluye. 

“La rentabilidad media de los negocios de hostelería, según los datos de la Contabilidad Nacional, estuvo por encima del 7% en el último año, pero el salario medio está por debajo de la media nacional”, señala. De hecho, si se toma la diferencia entre los salarios brutos que se cobraron en 2023, los empleados de hostelería están un 25% por debajo de la media nacional. Para Gutiérrez, esta dinámica es lo que provoca es que los trabajadores huyan de este ámbito profesional. Es lo que ha hecho Daniela, que desde hace un año trabaja en la limpieza de un centro de salud y sostiene que no regresaría “mientras tenga otra alternativa”. El delegado de CC OO explica que en el sector de la hostelería “es donde, tradicionalmente, más incumplimientos de la normativa laboral y de los convenios colectivos se dan”. Algo que, apunta, se debe solventar desde la inspección de trabajo y reconoce que esa presión se ha intensificado en los últimos años.

“No es, como dice la patronal, que la gente no quiera trabajar. Los hosteleros que no encuentran empleados suelen ofrecer malas condiciones y una prueba de ello es que los ámbitos del lujo o de cinco estrellas no tienen tantos problemas para encontrar personal porque suelen ofrecer mejores salarios y horarios”, concluye el representante de Comisiones.

La centralidad de un sector como este se hace patente si se observa el peso que supone en el mercado laboral. En los últimos cuatro trimestres, el 8,6% de los trabajadores españoles se emplearon en hostelería y en regiones como Canarias y Baleares un 19% del empleo se concentra en este ámbito. Por otro lado, algunas comunidades dependen más que otras de la buena marcha del sector y solo cinco regiones concentran el 70% del empleo total en hostelería. Cataluña lidera la ocupación con el 18,3%, seguida por Andalucía con un 17,4%, Madrid con un 12,8% y la Comunidad Valenciana y Canarias con un 11,1% y un 10,8% respectivamente.

Pese a que la hostelería arrastra los problemas de siempre, la temporalidad ha empezado a marcar una senda positiva y sitúan la tasa en el 13,9%, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, según Randstad. En el estudio señalan además que en torno a un 80% de los asalariados tienen contratos estables, aunque dentro de estos, un 16,1% corresponden a contratos fijos discontinuos. Esta última es una modalidad indefinida que se introdujo en la reforma laboral de 2021 y que combina periodos de trabajo con otros de inactividad, aunque vinculando al trabajador a la empresa. Aquí el trabajador tiene la garantía de volver, pero solo cobra la prestación por desempleo en los periodos de paro.

La cara negativa de esto, para el responsable sindical, es que se puede producir un abuso de este tipo de modalidades y cree que aún es necesario un cambio de perspectiva en la mentalidad de los hosteleros porque algunas de estas tendencias positivas responden al incremento de la presión sobre el cumplimiento de la ley. “No obedece a una decisión, por así decirlo, de política empresarial, sino que obedece a una modificación de la normativa vigente”, remata.

Cientos de personas han encontrado en los grandes aeropuertos de España como los de Madrid, Barcelona, Palma o Canarias un techo bajo el que pasar las noches tras haberse quedado en la calle por haber perdido el trabajo o depender de una ayuda social que no alcanza para alquilar una habitación.

El alrededor de medio millar de personas que vive en Barajas se ha convertido en un símbolo del problema del sinhogarismo en la capital pero, según ha comprobado EFE, esta realidad se extiende -y se ha agudizado en los últimos años- a otras provincias de España en las que los problemas para acceder a una vivienda son cada vez más evidentes.

En el aeropuerto de Palma de Mallorca pasan la noche a diario 41 personas, según un recuento realizado en febrero por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, y sus trabajadores han percibido un incremento en los últimos años, especialmente en invierno. Uno de los residentes fijos es José Antonio, valenciano de unos 50 años, que asegura ser "feliz" durmiendo en el aparcamiento desde septiembre de 2023 y recibiendo 650 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital, que no son suficientes para pagar una habitación.

En 2024, Baleares fue la segunda provincia con los alquileres más caros, con una media de 1.598 euros al mes por inmueble, según el Observatorio del Alquiler, y el precio medio de una habitación en Palma supera los 500 euros, lo que ha obligado a vecinos a irse de las islas o a vivir en coches y caravanas.

Un problema al que se enfrenta estos días una pareja de palmesanos, que no quiere que se sepa su situación y esperan que esta sea temporal: "Llevamos cinco días y ya se me está haciendo eterno", dice ella, con los ojos vidriosos.

El caso del aeropuerto de Barajas es el más llamativo, ya que allí pernoctan cada día cerca de 500 personas mientras que Aena, la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid discrepan sobre quién debe abordar el problema.

Uno de ellos es un vecino de Madrid de unos 60 años, parado de larga duración, que lleva más de un año pasando las noches en estas instalaciones porque la pequeña ayuda social que recibe no le llega para alquilar una habitación. O Paloma, de 56 años, con doble nacionalidad -española y guineana- y residente en España desde hace más de 30 años, que también ha encontrado en el aeropuerto su refugio tras perder su trabajo como cuidadora de una persona mayor, que ingresó en una residencia.

Para Asen, búlgaro de 32 años, que se gana la vida tocando un instrumento de percusión en la calle, el aeropuerto es mejor opción que los albergues, donde "no hay plaza" y "te roban todo, sin que nadie se haga responsable de las pérdidas".

En el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat pernoctan habitualmente unas 160 personas sin hogar, un problema que se arrastra desde hace tiempo y que se ha agravado en el último año.

A finales de febrero, en la semana previa al Mobile World Congress, un operativo solicitado por Aena y formado por Mossos d'Esquadra y guardias de seguridad desalojó a los sintecho alegando que había que acometer labores de limpieza. El dispositivo despertó críticas de las ONG, que denunciaron la falta de alternativa habitacional, y puso de relieve la ausencia de coordinación entre administraciones.

Aena señaló que la atención de las personas vulnerables compete a los ayuntamientos -equipos de los consistorios del Prat y Barcelona participaron en el dispositivo- pero el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, aclaró que las instalaciones no son de su competencia ni están en su término municipal.

En los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife Sur también pernoctan personas sin hogar, según fuentes de Aena, y los últimos datos del Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria indican que en 2023 eran 40 personas las que pasaban sus noches en el aeropuerto.

Este consistorio es el que atiende principalmente a los sintecho con sus servicios sociales, que evalúan la situación, escuchan a las personas y les facilitan ayuda sanitaria, de psiquiatría y, en el caso de los extranjeros, ayuda burocrática para volver a su país o que venga algún familiar a por ellos.

Según el consistorio, el perfil predominante en el aeropuerto de Gran Canaria es el de ciudadanos de la Unión Europea, generalmente de edad avanzada, que eligen esta instalación porque lo sienten como un espacio seguro.

Según los últimos datos del INE, relativos a 2022, en España viven 28.552 personas sin hogar, lo que se traduce en alrededor de 71 personas por cada 100.000 habitantes.

Para la ONG Hogar Sí lo que ocurre en los aeropuertos es síntoma de que el sistema de atención tradicional no sirve: faltan plazas en los recursos habilitados y estos muchas veces no se ajustan a las necesidades de los afectados. Indican que un 40 % de las personas sin hogar llevan tres o más años en esta situación: "No estamos ante un problema de emergencia y en general, aunque ha habido importantes avances, le seguimos dando una respuesta de emergencia", apunta Gonzalo Caro, de la entidad.

Sugieren evitar una solución "fácil", como el desalojo, ya que esto solo "traslada" el problema a otro lugar, y abogan por garantizar un parque de vivienda asequible, a disposición de administraciones y entidades para llevar a cabo programas más eficaces.

El Mobile World Congress (MWC) reúne desde este lunes hasta el próximo jueves 6 de marzo en Barcelona a las principales compañías tecnológicas del mundo. El congreso, que ya va mucho más allá de los dispositivos telefónicos que le dan nombre, sirve como escaparate mundial para mostrar las nuevas tendencias digitales y los múltiples artilugios en los que se concreta. Por otro lado, además de ser un lugar de encuentro para el sector, provoca en la Ciudad Condal un impacto económico que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Entre 2022 —justo después de la pandemia— y 2025, el impacto estimado ha aumentado más de un 50%, pasando de los 267 millones de euros tres años atrás, hasta los 550 millones que se esperan en esta edición.

Otro de los indicadores que suelen darse para tasar la actividad frenética que vive Barcelona estos tres días, es el empleo. Aunque se trata de puestos temporales, que se extinguen en su mayoría tras la semana del evento. En esta edición, la número 19, las estimaciones apuntan que se contratará alrededor de 9.200 trabajadores. Entre las ofertas que se pueden encontrar, aparecen desde chófer con tres años de carnet y que hable chino, hasta azafatas “con buena presencia” o animadores con buen nivel de inglés. Los salarios que se muestran en algunas ofertas oscilan en torno a los 100 euros y los 40 euros por día, dependiendo del horario, la función o la empresa. Por otro lado, en ediciones anteriores, el sindicato UGT se había quejado de ofertas fraudulentas y “requerimientos discriminatorios” que denunció ante Inspección de Trabajo en 2019, obteniendo el respaldo de este organismo.

Solo la empresa de trabajo temporal, Randstad, informaba la pasada semana de que buscaba incorporar 700 profesionales, de los cuales 600 eran en puestos del sector servicios, como camareros o personal de apoyo en los hoteles. Además, también se intensificaba la búsqueda de mozos de almacén o encargado de montaje y desmontaje de estructuras. Por otro lado, solo en restaurantes y catering, se habían contratado ya alrededor de 1.000 personas y la organización también informaba que se requerían chóferes, carpinteros, informáticos o personal de seguridad. Por sus salas, detallan, han pasado desde 2006 alrededor de 160.000 trabajadores temporales.

Además del empleo temporal, que por la escasa duración genera poco valor añadido, Mobile World Capital Barcelona destaca el papel del congreso para atraer empresas tecnológicas a la región. La fundación señala en un informe que en Cataluña se habían establecido 160 centros tecnológicos que generan 34.800 puestos de trabajo, con un crecimiento del 22% frente al año pasado. Aunque más allá de este efecto arrastre, los sindicatos advierten de la escasa calidad de los empleos temporales. De hecho, sobre el telón de fondo del congreso, el Sector de Hostelería y Turismo de la FeSMC de UGT de Cataluña habían convocado, a principios de febrero, una concentración coincidiendo con la clausura del congreso para reclamar mejoras salariales y mejores garantías profesionales en su rama profesional.

En la apertura del congreso han estado el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han inaugurado la primera sesión. Junto a ellos, han estado también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Transformación Digital, Óscar López y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades.

La empresa organizadora, GSMA, acrónimo de Global System for Mobile Communications, es una asociación que reúne a más de 700 operadores mundiales de telefonía móvil y que estableció Barcelona como sede permanente desde 2006. En estas casi dos décadas, su impacto económico (cifrado por la propia organización en más de 6.850 millones) ha ido creciendo tanto en inversión como en asistentes, en volumen de negocio o en conferenciantes. Si se suma el flujo económico después de 2020 (cuándo se suspendió la edición por la pandemia de Covid) las cifras superan los 1.400 millones, sin contar los 550 que esperan para 2025.

La pandemia supuso un bache que interrumpió la progresión económica. De hecho, entre 2016 y 2019, el evento dejó en la ciudad anualmente más de 450 millones al año, con una tendencia siempre al alza, hasta los 473 del ejercicio previo a la crisis del Covid. Tras la pandemia y el parón de 2020, en 2021 se movió en torno a los 200 millones, hasta que en 2024 explotó de nuevo, con una incidencia en la economía local por encima de los 500 millones.

Pero más allá de los grandes números, esta fiebre tecnológica se deja notar, y mucho, en la hostelería y el sector servicios. Los datos que proporciona el Gremio de Hoteles de Barcelona, dejan una ocupación del 100% durante los dos primeros días y, desde el sector, señalan que las 40.000 habitaciones disponibles en la ciudad están ocupadas. Con respecto al tipo de alojamiento elegido por los más de 100.000 congresistas, predominan los hoteles y apartamentos de gama alta, con un precio medio por noche que en 2024 superaba ya los 400 euros y puede llegar a alcanzar hasta los 4.000. Además, la propia organización del evento ya había reservado más de 21.000 habitaciones de cara a la celebración del evento.

Entre las compañías que participan están gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Lenovo, LG, Meta, Netflix o TikTok. Además de otros grandes grupos de telecomunicaciones y telefonía como Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica o Xiaomi.

La representación de España también ha crecido y las empresas españolas presentes firman récord en 2025. En total, el Pabellón de España cuenta con 50 expositores donde cada empresa (45 en total) mostrará los avances en su campo e interactuarán con otras compañías. El rango de empresas va desde pymes tecnológicas, hasta grandes corporaciones como Telefónica.