El ilustrador Javirroyo, viñetista de infoLibre, ha sido galardonado con el primer premio en la categoría de viñeta de humor del IV Certamen de Ilustración de Prensa Museo ABC gracias a su obra "Trumpismo", publicada en infoLibre en diciembre. El reconocimiento consolida su mirada como una de las más incisivas de la ilustración periodística en España, especialmente en el terreno de la sátira política.

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito de la ilustración y el diseño —entre ellos representantes de la revista M21, el diseñador de ABC Rodrigo Parrado, y las ilustradoras Antonia Santolaya e Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC— ha destacado la calidad y actualidad de las obras premiadas en una edición marcada por la diversidad temática y el compromiso con la realidad social.

Además del primer premio, Javirroyo ha logrado situar otra de sus viñetas, "De aquellas cumbres, estos barros", publicada el pasado octubre en este medio, entre las finalistas del certamen, reforzando su presencia en una convocatoria que reconoce lo mejor de la ilustración editorial y el humor gráfico difundidos en prensa.

En la categoría de ilustración editorial, la ganadora ha sido Yeyei Gómez con "El mundo según Trump", mientras que el accésit ha recaído en Joan Negrescolor por "Ocio blanco a bocajarro".

El certamen, organizado por el Museo ABC de Dibujo e Ilustración, es una de las principales plataformas de reconocimiento para el talento en ilustración periodística en España, en un contexto en el que la viñeta de humor sigue siendo una herramienta clave para la crítica política y social.

La doble presencia de Javirroyo (como ganador y finalista) subraya el papel de infoLibre como espacio de referencia para el humor gráfico comprometido, capaz de interpelar a la actualidad desde una mirada crítica y contemporánea.

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. Revista de prensa, ¡crítica de medios! Válgame el cielo: quintacolumnismo de manual. En un gremio tan aficionado a los premios (el Ondas, el Cavia, la Antena de Oro… se queda uno sin dedos) el encargo me da pavor. Cuando el honor se limpiaba con sangre, los periódicos tenían duelistas en nómina. Llegado el caso, recuerden que la idea no ha sido mía: los paquetes bomba, a nombre del director.

En fin, al lío. Los ¿compañeros? de OkDiario llevan una semana despachando las confidencias del emérito con Bárbara Rey. Por pura curiosidad (he estado de viaje y no me he enterado de la misa la mitad), me he puesto a repasar la cobertura del asunto en nuestras cabeceras de relumbrón. ¡Cáspita! ¡Recórcholis! Se ve que había oferta de en la sección de plantas rodantes. Todo quisqui de perfil. En El País, quitando a los columnistas (Jabois, Lindo y Trueba), mutis. La de Trueba merece comentario: cuenta una de esas edificantes escenas de nuestra ejemplarísima transición. Cómo, en 1994, los directivos de Radio Televisión Española (así, con todas sus letras) se cepillaron El peor programa de la semana –que capitaneaba Wyoming– porque se les ocurrió entrevistar a Quim Monzó, quien, en otra cadena y un mes atrás, se había choteado en la Zarzuela. En el plató de al lado –cuenta Trueba– los técnicos montaban el decorado para el nuevo programita de la doña. «Ellos me explicaron que la Casa Real premiaba así favores de alcoba». Trocotró.

Le sorprende a uno (mi ingenuidad es legendaria) la cantidad de medios que han mandado la constatación del mamoneo borbónico (que, entre dádivas y espías, nuestro bueno dinero nos costó) a las páginas de sociedad y fruslerías. En elDiario, a VerTele; en El Confidencial a Vanitatis, en El Mundo, a La Otra Crónica. «Los famosos se posicionan en la polémica de don Juan Carlos y Bárbara Rey». «El punzante dardo que fulano ha lanzado en ‘TardeAR’»; «La dura imagen por la que Jordi González carga duramente contra Ángel Cristo en TVE». «Tamara Falcó defiende a…» Lo comentaba la otra mañana Millás en A Vivir: «¿Por qué esto va a la basura de los programas del corazón, como si fuera una cosa de chiste? Por las mismas razones por las que antes no se hablaba: por proteger».

Su majestad estaría de acuerdo. En uno de los audios, su emeritud se lamenta: hay que ver lo que larga Sabino. Podría haberse ido como Armada, que es un señor: se chupó la cárcel, se fue a su pazo y no dijo ni mu. Ojalá lo hubiese nombrado Duque del Golpe.

¿Saben dónde le han dado cancha a la historieta? En ABC. Anson tiene que estar haciendo la croqueta. «El Cesid dio a Bárbara Rey bolsas con hasta cincuenta millones de pesetas». En el artículo, Javier Chicote y Juan Fernández-Miranda se despachan a gusto. «El Estado cedió y pactó el pago de más de 600 millones de pesetas de la época». Por lo que leo, fueron a parar al Casino de Torrelodones. Yo lo haría empresa pública.

Los tíos han escrito un libro al respecto y están aprovechando la promoción gratuita. No les culpo. Hacia el final, llega la trampa. «Aunque han tardado treinta años, mitigando el efecto de haber sido vistas en pleno reinado de don Juan Carlos, las fotografías y los audios han terminado por emerger. Para la actual Casa del Rey, esta es una historia del pasado». Ay, caramba. ¡Más fotos de la princesa vestida de marinera! ¡Renovación! ¡Ejemplaridad! ¡Viva mi dueña! Quietos todos, ¿es que acaso la monarquía no es, fundamentalmente, una cosa del pasado? Los genealogistas se muestran desconcertados.

PS. Después del atracón hemerotético, tengo que darles una noticia: no cabe un chiste más con el apellido de la una y el cargo del otro. Ya, por favor, basta.

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La quinta columna da un repaso al contenido de cabeceras periodísticas (incluida infoLibre) con el ánimo de señalar pifias, bulos y excesos, sin perder el buen humor pero tampoco el compromiso de una higiénica autocrítica. Quien se pique...

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado los gastos en publicidad institucional que el Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida ha hecho a lo largo del año 2023. El resumen de los datos, adelantados por El Salto y que se exponen anualmente en el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, certifica que los medios afines a la derecha reciben mucho más dinero en campañas de publicidad de las arcas públicas que los medios progresistas.

La cifra más alta se la ha llevado El Mundo con 474.881 con IVA incluido, seguido de 20 Minutos con 369.134 y La Razón con 223.000 euros. Federico Jiménez Losantos consiguió 187.892 euros en publicidad institucional entre su emisora EsRadio y su medio digital Libertad Digital. La radio se ha llevado más de 136.224 euros en 33 campañas diferentes, mientras que el digital ha recibido 51.668 euros. El comunicador ha estado presente recientemente en la polémica relacionada con el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, que decía que "periodistas encapuchados" trataron de asaltar la casa de la líder madrileña. Losantos aconsejó a la presidenta llamar a "dos amigos o a Desokupa" para que el primer periodista que apareciese tuviera "un accidente".

OKDiario, el digital de Eduardo Inda, aparece a continuación con 166.684 euros repartidos en 22 campañas. La cifra más abultada, 23.762,88 euros, corresponde a la campaña del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Abc, El Español o El Economista le siguen en el ránking con 158.582 euros, 105.647 euros y 70.000 euros recibidos respectivamente.

El Debate (67.442 euros), The Objective (66.523), Voz Pópuli (63.416), Periodista Digital (39.062), El Imparcial (20.453) o EDATV (17.153) son otros medios que también han recibido subvenciones por parte del ayuntamiento de Martínez Almeida.

El País ha recibido en ese período 156.773 euros y Eldiario.es 42.531 euros, teniendo cifras de lectores mucho más altas que la mayoría de medios citados en esta información.

Medios como infoLibre, El Salto, CTXT, La Marea o Público no han recibido nada de publicidad.

infoLibre, tal y como destacaba nuestro director editorial, Jesús Maraña, en nuestra rendición anual de cuentas (ver aqui), reclama una transparencia total y unos criterios justos en la gestión de los recursos públicos, tanto en el nivel estatal como autonómico y municipal, "donde sigue siendo casi imposible poner luz a la distribución de campañas que pagamos todos los contribuyentes y que administraciones, partidos y empresas públicas manejan a través de centrales de medios que supuestamente se guían por los datos de medición de audiencias".

Estudios académicos (ver aquí) e informes de la AIReF (ver aquí) reflejan el carácter arbitrario y opaco de la distribución de publicidad institucional. infoLibre ha trasladado reiteradamente la necesidad de establecer criterios más amplios y diversos, no sólo basados en el clic, a la hora de gestionar la publicidad institucional, en línea con lo que está legislando incluso el Parlamento Europeo (ver aquí).

Los trabajadores del grupo Vocento han sido convocados a protestar a partir del 1 de junio por los 4,2 millones de euros que 59 directivos se van a repartir este año, mientras a la plantilla aún no se les han restituido los salarios que se les recortaron para salvar las cuentas de la empresa. En 2021, los gastos de personal se redujeron en 7,5 millones de euros, y la mayor parte de ese ahorro procedió de las bajadas de sueldos que han sufrido los trabajadores.

Según las secciones sindicales de UGT y CCOO, la rebaja en los sueldos fue del 7% de media el año pasado y continuará en el actual. Además, la plantilla de Vocento permaneció en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses, la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos.

Vocento cerró 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, por lo que superó, incluso duplicó, sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones.

El reparto de los bonus, unos 35.593 euros en efectivo más otro tanto en acciones para cada directivo, de acuerdo con los cálculos de CCOO y UGT, se suma al aumento del 29,4% de las retribuciones del consejo de administración. Y a la subida de la remuneración del consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, un 65,3%. Ambas mejoras salariales provocaron ya el pasado marzo una protesta de los trabajadores del grupo, que exigieron entonces la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante los dos últimos años.

Ahora CCOO y UGT han organizado concentraciones de protesta en la puerta de cada centro de trabajo el próximo miércoles, 1 de junio. Además, los representantes de ambos sindicatos asistirán a la presentación del nuevo plan estratégico del grupo, que se celebrará en Córdoba del 1 al 3 de junio. “Si Vocento tiene dinero para dotar un plan de incentivos con 4,2 millones de euros para 59 directivos, además de aumentar la retribución variable del consejero delegado y del resto de los consejeros, también lo tiene para devolver parte de los salarios que recortaron de nuestras nóminas”, reclaman CCOO y UGT en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores tachan de “desprecio” a su “esfuerzo salarial y laboral” el reparto de los incentivos y critican el gasto que Vocento va a hacer en la reunión de Córdoba, que podrían haber celebrado de forma telemática y en un solo día, aseguran. “Se están repartiendo parte de lo que las plantillas hemos puesto para asegurar la viabilidad de las empresas del grupo”, critican.

En un comunicado remitido a la plantilla el pasado martes y al que ha tenido acceso infoLibre, la Dirección de Recursos Humanos de Vocento califica de “normal” en empresas de su tamaño el reparto de incentivos a largo plazo “para ciertos niveles de la compañía”, de forma que éstos se “alineen” con la estrategia y los accionistas del grupo. También asegura que los ejecutivos de Vocento no han cobrado los planes de incentivos definidos anualmente desde 2009, porque en 11 años no se alcanzaron los objetivos previstos. Y que ahora se ha aprobado un plan con el que, de alcanzarse, los directivos serían premiados en 2025, no este año.

“También es normal incentivar y motivar a la plantilla”, replican CCOO y UGT, “y no al contrario, como ocurre en Vocento, con recortes salariales”. Sobre los 11 años en que los ejecutivos no han recibido bonus, ambos sindicatos replican que el motivo puede ser que “los objetivos estaban fuera de la realidad” o bien que no se han alcanzado por una gestión “deficiente”. Además, recuerdan, a los trabajadores no se les ha subido el salario en los últimos 11 años, sólo se les han recortado las nóminas.

Según indica Vocento en su comunicado, la “convención” de Córdoba también es una práctica “absolutamente extendida entre empresas de cierto tamaño”. Servirá, añade la empresa, para que el equipo directivo “comente” los objetivos del plan estratégico y para que sus miembros, que “no suelen tener la oportunidad de verse en persona”, puedan “compartir tiempo”. Cifra en 90.000 euros el coste de la reunión.

Vocento publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, desde El Norte de Castilla (Valladolid) y El Diario Montañés (Santander) hasta La Verdad de Murcia y Las Provincias de Alicante o el diario Sur de Málaga. En 2021, sus ventas de ejemplares cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, todos los diarios del grupo cuentan ya con 89.000. El País suma 164.000 y El Mundo 91.000.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha emitido un comunicado donde muestra su apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, a raíz de de un artículo publicado en el diario ABC bajo el titular: El juez De Prada empuja a la Audiencia Nacional a absolver etarras.

Según la organización de jueces, en el texto publicado se realizan "descalificaciones personalizadas totalmente intolerables que van más allá del derecho a la libertad de expresión y de información", aduciendo que se lleva a cabo una "interpretación errónea" de la sentencia con el fin de "tergiversarla".

“Utiliza un fallo europeo a favor de un preso de ETA para exonerar a otros como Gorka Palacios o Gadafi”, detalla el artículo de ABC en relación a la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha anulado la condena de una sala española contra el etarra Xabier Atristain.

El artículo cita a De Prada como uno de los jueces que ya están aplicando la sentencia de Atristain "para absolver a otros etarras con causas pendientes". Sin embargo en ningún caso se menciona que la jurisprudencia sentada por el TEDH se puede aplicar en el resto de tribunales, como así destaca el comunicado de la asociación de jueces, así como "que la absolución parte de la ausencia de una prueba válida y, que en todo caso, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo."

Juezas y Jueces para la Democracia también hace alusión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que dé amparo a los miembros del tribunal, y argumenta "que el derecho a la información y a la libertad de expresión no ampara el insulto, ni las descalificaciones personales."

Vocento, el grupo que publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, terminó 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, con lo que no sólo ha dejado atrás las pérdidas de 2020 –21,7 millones–, sino que además ha más que duplicado sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones. Tan buenos resultados se han traducido en un aumento considerable de las retribuciones de los 11 miembros de su consejo de administración, un 29,4% respecto a 2020. Sobre todo, las de su consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, cuya remuneración creció el año pasado un 65,3% respecto al anterior. Y un 4,4% en comparación con 2019. Un alza que los trabajadores del grupo tachan de “desorbitado” y han acogido con “indignación”.

En un comunicado que han suscrito las secciones sindicales de CCOO y UGT en todos los periódicos de Vocento, así como las rotativas de Madrid y Bilbao, la plantilla del grupo explica que esos beneficios, por encima de los objetivos marcados para el ejercicio, se deben “en buena parte” a los recortes salariales que ha tenido que sufrir en los dos últimos años. Un “sacrificio”, aseguran, que se cifra en rebajas de sueldo del 7% de media el año pasado y que continuará en el actual. Los trabajadores de Vocento también permanecieron en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos. Según destacan, todos esos recortes han provocado una “importante fuga de talento” en los medios del grupo.

“Creemos que todos los que formamos parte del grupo hemos contribuido a los resultados positivos de la compañía y es de justicia ser tenidos en cuenta ahora que los números empiezan a cuadrar”, argumentan los trabajadores. Por tanto, reclaman la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante estos dos últimos años.

En 2021 el consejo de administración de Vocento cobró 1,8 millones de euros, según el informe anual de remuneraciones enviado a la CNMV. De esa cantidad, 759.000 correspondieron a Luis Enríquez: 454.000 euros como sueldo fijo y 288.000 como variable. Un portavoz del grupo explica a infoLibre que la diferencia de remuneración entre 2020 y 2021 se debe a que en el primer año los consejeros no cobraron retribución variable. Y que la remuneración ligada a objetivos se la había recortado un 50% el consejero delegado a partir de 2015. Además, desde 2011 se le aplicó otra rebaja del 17% al sueldo fijo. “Esa parte variable no es un bonus, sino la misma que reciben todos los empleados que cobran ese tipo de remuneración en el grupo”, añade. El portavoz asegura que los salarios recortados en 2021 y 2022 se recuperarán a partir de 2023.

En cualquier caso, la nómina total del consejo también supera en casi un 16% la retribución total percibida en 2019, antes de la pandemia, cuando sus 11 miembros sí cobraron la parte variable.

Por lo que respecta a la cúpula directiva del grupo, se embolsó 2,07 millones de euros el año pasado, un 7,8% menos que en 2020 y un 4,9% menos que en 2019.

En comparación, el salario medio de la plantilla de Vocento ascendió a 39.391 euros anuales el año pasado, por lo que subió un 1,08% respecto a 2020 pero aún es un 4,26% inferior a la remuneración media anterior a la pandemia.

En 2021 el grupo recortó sus gastos de personal en un 5% en relación con el ejercicio precedente y cifra en cuatro millones el coste de los dos ERTE de 2020.

El año pasado, las ventas de ejemplares de Vocento cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, cuentan ya con 89.000. El objetivo es alcanzar los 250.000 en 2026.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.

Yo ya lo sabía, pero la reacción ante la muerte a deshora de Almudena Grandes es la prueba definitiva: España cobija a la derecha más abyecta, más inculta, más ruin y más hipócrita (sepulcros cristoneofascistas blanqueados) de Europa. No es que a mí me parezcan angelitos los conservadores británicos, pero siempre ha habido entre ellos personas razonables, éticamente decentes, capaces de disfrutar y aprender de la lectura y de discrepar, al dirigirse a los de la bancada de enfrente, sin algarabías, sin insultar, sin rezumar desdén. También en Francia los ha habido, y hay dialogantes, raisonnables. Aquí, según parece, no. O, si están, no recriminan nunca a sus propios representantes cuando se pasan de la raya. En cuanto a estos, el adversario de izquierdas no es tal sino enemigo, sin más, y lo único que cuenta es derribarlo como sea y cuanto antes mejor. ¿Ha leído el alcalde Almeida alguna novela de Grandes, para justificar su actitud, su negativa a que fuera nombrada hija predilecta de la capital? ¿Por qué, en sus múltiples entrevistas recientes, televisivas y otras, no se lo han preguntado los profesionales del ramo? Para, en el caso de recibir una contestación afirmativa, inquirir sobre títulos y contenidos. Ello es patético y grotesco, porque, como ha apuntado Antonio Ruiz Valdivia, la autora de El corazón helado “era Madrid, nadie ha contado en las últimas décadas sus calles como ella”. Ni sus calles, ni sus gentes, ni “el agujero negro por el que se perdían una buena parte de los españoles del siglo XX” (Tereixa Constenla). 

Me imagino que, en realidad, las derechas patrias no leen, ni por asomo, nada que sea crítico con sus propios planteamientos. El último y documentadísimo libro de Paul Preston, por ejemplo, Arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio (Debate), demoledor para las fake news de los vencedores sobre su régimen genocida, ¿lo van a tener en consideración, lo van a sopesar? Apuesto a que jamás. Es la obra de un guiri deleznable, dirán, de un historiador rojo y, como tal, mentiroso. Esta manera de ser y estar me recuerda, por asociación, a lo que le comentó alguien en Barcelona a Julio Llamazares, cuando hace un par de años el escritor investigaba in situ la estancia en la Ciudad Condal, tan admirada por Cervantes, del Caballero de la Triste Figura: “Aquí, ¡cómo vamos a leer el Quijote cuando en Cataluña tenemos el Tirant lo Blanch!” (que, por cierto, es valenciano). 

El 11 de octubre pasado, escasas semanas antes de su muerte, Almudena Grandes publicó en El País, en su muy leída columna semanal, un texto titulado “Ídolo”. Texto que, releído hoy, me produce intensa emoción por su valentía y su sinceridad. Se trataba, sin nombrarle, de Mario Vargas Llosa, que había influido poderosamente en la vocación de la naciente escritora, deslumbramiento confirmado posteriormente, pero ahora, para la tristeza de ésta, caído de su pedestal a raíz de ciertas alegadas miserias a las cuales el ser humano, a pesar de poseer otras cualidades más apreciables, es tan proclive. “La admiración no cambia —terminaba la jeremiada de Grandes—, pero más allá está el frío, el dolor húmedo del abandono y esa insoportable sensación de orfandad”. 

El Nobel, que yo sepa, no se dio por aludido. Tampoco me consta que haya comentado el brutal rechazo de la novelista por el Partido Popular, tan de sus amores, y de Vox.

La desilusión de Almudena Grandes con Vargas Llosa emanaba en parte de la reciente revelación por El País según la cual, en 2015, el peruano habría tenido una sociedad en un paraíso fiscal “para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres”. Operación emprendida, antes de conseguir la nacionalidad española, para eludir, presuntamente, el pago de impuestos en el país correspondiente del momento. Vargas Llosa formuló su desmentido al día siguiente en una carta remitida a la directora del mismo periódico. Terminaba así: “Aunque no siempre estoy de acuerdo con los impuestos elevados, siempre he cumplido con las leyes, como solemos hacer los liberales de verdad”.   

¿Qué significa decir, hoy, que uno es un “liberal de verdad”? A mí me parece una autodesignación vacua, carente de contenido. Me imagino que tampoco le cayeron bien a Almudena Grandes unas manifestaciones del Nobel hechas, a finales de septiembre, al término de la convención del PP, cuando anunció que en los próximos comicios generales iba a votar “bien” y, en vez de seguir apoyando a Ciudadanos, dará su confianza al partido dirigido por Pablo Casado, a quien colmó de elogios (decisión que a su vez procuró razonar en un artículo, “Votar ‘bien’ y votar ‘mal’”, publicado en El País el 17 de octubre). 

La presencia del escritor en tal cónclave lo decía todo. Porque el PP, como se ha demostrado y se sigue demostrando, es un partido de corrupción sistémica, consustancial. Un partido incapaz de admitir sus errores, de pedir perdón cuando le incumbe, y, para más inri, de condenar el régimen criminal del cual procede. ¿Por qué optó el Nobel por no seguir defendiendo a Ciudadanos, en su inicio partido de centro abierto al diálogo y a los pactos, y ahora tan necesitado de que le siguiera echando una mano? ¿No habría sido un rasgo de coherencia, incluso de magnanimidad?

Creo que a Almudena Grandes le habría disgustado, y mucho, la última “Piedra de toque” de Vargas Llosa en El País, titulada Los dictadores (2 de enero), donde se refiere al reciente magno cambio operado en Chile. En ella el peruano insiste en que, desde niño, sintió  “una aversión visceral” por todos los dictadores de América Latina, del color que fuesen, y recuerda su lucha, desde el primer momento, contra Pinochet. No duda que Chile, ahora, ha cometido una “grave equivocación”, eligiendo, como presidente electo, al adalid de la nueva izquierda del país, Gabriel Boric, en vez de al ultraderechista José Antonio Kast, “que me parecía representar una continuación sensata de la política económica que había llevado a Chile casi a alcanzar a ciertos países europeos y a distanciarse mucho del resto de América Latina”. Pero, ¿por qué se trata necesariamente de una equivocación por parte del electorado chileno? No hay indicación alguna de que Boric sea un dictador en potencia.

¿No sería justo concederle un margen de confianza, a la espera de la formación de su Gobierno el 11 de marzo? 

Para ir terminando, si Vargas Llosa odia tanto las dictaduras, y le creo, sorprende que nunca se haya explayado en el mencionado diario sobre la radical maldad del franquismo, la exitosa exhumación del dictador por el Gobierno de Pedro Sánchez, el futuro del Valle de los Caídos y las más de 100.000 víctimas de aquel criminal régimen todavía abandonadas en cunetas y fosas comunes a lo largo y lo ancho del país.

Creo, en fin, que el venerable escritor está hoy mucho más en sintonía con Abc o La Razón que con la actual línea editorial de El País, tutelada por Pepa Bueno. Ya se fue Antonio Caño. ¿Por qué no sigue su ejemplo y nos deja en paz a los lectores vitalicios del rotativo, que, desde su nacimiento en 1976, ha venido mayormente alegrando nuestros días y nuestras esperanzas? Y que lo sigue haciendo, gracias a su larga lista de comentaristas progresistas de primera fila: los de siempre y los de incorporación más flamante.

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Ian Gibson es hispanista, especialista en historia contemporánea española, biógrafo de García Lorca, Dalí, Buñuel y Machado.

Los partidos políticos se gastaron casi 49 millones de euros en la campaña para las elecciones generales de noviembre de 2019 y otros 45,8 millones más en las municipales de mayo de ese mismo año. En cada una de ellas, incluyeron como gastos electorales casi un millón de euros –931.046 y 967.069 euros, respectivamente– que el Tribunal de Cuentas ha considerado que no tenían esa naturaleza, que no están legalmente permitidos, se realizaron fuera de plazo o no fueron justificados. Pero sólo a uno de ellos propone al Ministerio del Interior, el órgano encargado de hacer la liquidación, que le recorte la subvención electoral por haber incurrido en un gasto no autorizado: Vox.

El partido ultraderechista contrató anuncios electorales en emisoras de televisión privadas por importe de 36.600 euros para las generales de noviembre de 2019. Así que el Tribunal de Cuentas plantea que se le reduzca la subvención en el doble de esa cuantía, tal y como marca la ley: 72.600 euros. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe a los partidos contratar espacios de publicidad electoral tanto en medios públicos como privados. Sí tienen derecho a disfrutar de espacios gratuitos en los medios públicos de radio y televisión.

El resto de las incorrecciones descubiertas por el órgano de control al fiscalizar las cuentas de los partidos en esa convocatoria, pese a su cuantía, no llevan aparejadas sanciones, de acuerdo con los informes que presentó este martes en el Congreso su presidenta, María José de la Fuente.

En el caso de las municipales de mayo, en cambio, el Tribunal de Cuentas ha elevado propuestas para recortar subvenciones electorales a 20 partidos políticos, aunque por un importe menor, 45.224 euros. Y propuestas de no adjudicación de subvenciones a nada menos que 1.189 formaciones por no haber siquiera presentado la contabilidad electoral al Tribunal.

Se trata, en muchos casos, de formaciones locales muy pequeñas y con escasos recursos: se presentaron un total de 1.664 partidos, de los que sólo 195 superaron los 2.000 euros de presupuesto electoral.

Por el contrario, en los informes destaca otro incumplidor, e impenitente, ante el Tribunal de Cuentas, pero que, a diferencia de las atomizadas candidaturas municipales, es una de las principales y más poderosas compañías del mundo. Facebook Ireland Limited niega al máximo órgano de control español la información que como proveedor de los partidos políticos éste le exige en cada convocatoria electoral. No se la ha remitido ni en las generales de noviembre ni en las municipales  y europeas de mayo, como tampoco la había enviado en las generales de abril.

O al menos no ha facilitado las facturas de los servicios que le contrataron Unidas Podemos, Más País y ERC en las de noviembre, así como Compromís, En Comú Guanyem y ERC en las municipales. En las de abril, tampoco dio dato alguno de su relación comercial con En Comú Podem-Guanyem, ERC, PSC y Unidas Podemos. En las europeas, calló sobre Ahora Repúblicas –ERC, EH Bildu, BNG, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyalón de Cuchas– y Unidas Podemos.

Además, las cantidades que los partidos contrataron con la compañía de Mark Zuckerberg no son despreciables. El que más dinero invirtió en publicitarse en Facebook fue Unidas Podemos, que en las elecciones del 28 de abril de 2019 pagó anuncios por valor de 931.384 euros y en las de noviembre, 752.727 euros. En las europeas de mayo bajó a 56.252 euros. En total, 1,74 millones de euros en un año.

A través de la filial en Irlanda

Aunque el resto de las facturas tampoco son pequeñas. Más País le pagó 41.032 euros en la campaña de noviembre. ERC suma 21.780 euros en esa misma convocatoria a los 60.337 euros de las municipales y otros 11.082 en abril: 93.198 euros. En Comú Guanyem facturó con Facebook 29.890 euros en las municipales y 10.511 euros en las generales de abril. Compromís, 10.858 euros en las municipales. Y el PSC, 25.951 euros el 28A. En resumen, Facebook ha facturado a los partidos de la izquierda española 1,95 millones de euros en cuatro convocatorias electorales a lo largo de sólo un año. Y los cobra la filial de Facebook en Irlanda –un país con un régimen fiscal tan laxo que los críticos lo consideran un paraíso fiscal dentro de la UE–, no a través de Facebook Spain, tal y como consta en el informe del Tribunal de Cuentas.

Según publicó El País el pasado diciembre, Facebook Spain ingresó 261,6 millones de euros en España en 2019, más del doble que el año anterior, cuando facturó 112,6 millones de euros. La filial española dividió en dos partidas su volumen de negocio: 11,1 millones de euros por dar soporte de ventas al grupo y 250,5 millones por “ingresos propios”, por espacios publicitarios de clientes directos españoles previamente contratados a la filial irlandesa. Por esos ingresos pagó tres millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

En cualquier caso, no es el único proveedor que ha eludido su deber de informar al Tribunal de Cuentas. Además de un buen número de pequeñas empresas de todo tipo, destacan Ifema – 33.767 euros a Podemos en las generales de noviembre–, el Abc de SevillaAbc –12.705 euros a Ciudadanos en las municipales–, y la Cadena Ser –15.371 euros en las municipales y 11.418 euros en las de noviembre al PSOE–.

Actuaciones musicales, estilismo, problemas de tesorería

En las últimas elecciones generales, los partidos intentan colar como electorales gastos de índole muy similar. Tanto el PSOE como el PP clasificaron como tales el alquiler de salas para la noche electoral y el gasto en actuaciones musicales. O PSOE, Vox y Podemos la contratación de espacios publicitarios antes del inicio de la campaña. En el caso de Podemos, se gastó 239.462 euros en publicidad en medios de comunicación antes de que fuera legal; el PSOE, 71.195 euros; Vox, 30.203. El Tribunal de Cuentas también rechazó a Podemos la consideración de gasto electoral subvencionable los servicios de estilismo de sus dirigentes para la grabación de los anuncios electorales. El PSC remitió como gasto electoral lo que le costó fletar autobuses para llevar a ciudadanos a sus mítines. Ciudadanos empleó 74.367 euros en operaciones ordinarias que clasificó como electorales. Tanto PSOE como PP intentaron engordar los intereses de los créditos que tuvieron que pedir hasta el cobro anticipado de las subvenciones. El Tribunal se los corrigió a la baja.

Algunos partidos quedaron exhaustos, y sin tesorería, tras las campañas. En Vox sólo tenían en la caja 4,41 euros, indica el Tribunal de Cuentas, por lo que tuvieron que pagar las últimas facturas a través de “cuentas corrientes de la actividad ordinaria”, lo que significa que esos pagos quedan fuera del ámbito de fiscalización del Tribunal e incumplen la LOREG. Otro tanto les ocurrió a Podemos, Junts Per Catalunya y PSC.

En las municipales de mayo, las pequeñas formaciones políticas también tuvieron problemas con las cuentas bancarias, pero de otro tipo. En lugar de abrirlas con el NIF del partido político, lo hicieron con el de los administradores electorales, lo que, “además de incumplir lo dispuesto en la legislación electoral, dificulta la obtención de información a través de las entidades financieras al corresponder la titularidad a personas físicas no sujetas al ámbito subjetivo de la presente fiscalización”, lamenta el Tribunal de Cuentas. Incluso nueve partidos “de escasa implantación territorial”, precisa el informe, no abrieron cuentas bancarias específicas para la campaña electoral. Otros ocho consignaron como aportaciones del partido recursos ingresados por los correspondientes grupos políticos en los ayuntamientos. En las generales de noviembre, Más País incluyó en sus cuentas electorales 62.994 euros que procedían del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional.

El más rico, el PP; C's casi tanto como el PSOE

Para hacerse una idea de las fuentes de financiación de los partidos para las campañas electorales basta con acudir al desglose efectuado por el Tribunal de Cuentas. Del total de 48,99 millones de euros gastados en las generales de noviembre de 2019, sólo 38.300 euros procedían de aportaciones privadas, 21,52 millones de créditos bancarios, 13,56 millones de los adelantos de subvenciones electorales y 13,86 millones de aportaciones realizadas por los respectivos partidos.

El que más dinero se gastó fue el PP, con casi 12,5 millones de euros, seguido del PSOE, con 10,7 millones, y Ciudadanos, con 10,14 millones. Unidas Podemos tenía un presupuesto de 5,5 millones y Vox contaba con 2,8 millones, más que el PSC –1,74 millones euros–, y nueve veces más que Junts per Catalunya –sólo 322.199 euros–y más que el triple que el PNV –788.112–. En las municipales celebradas seis meses antes, su presupuesto era de 434.240 euros, por lo que la ultraderecha multiplicó sus recursos por más de seis de una convocatoria a la siguiente.

Vocento, grupo editor del diario Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla y La Verdad de Murcia, entre otros periódicos regionales, debatió en un consejo de administración celebrado el pasado 29 de diciembre la compra de los medios de comunicación de Prisa. Según ha informado el propio grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), llegó a establecer una “comunicación informal” con Prisa pero, “constatada la falta de disponibilidad para iniciar conversación alguna al respecto”, se ha abandonado la iniciativa “sin que se haya llegado a trasladar ninguna oferta ni mucho menos se haya aprobado, ni siquiera propuesto a sus accionistas ni a su consejo, ampliación de capital alguna”. Vocento desmiente así parte de la información publicada en El Confidencial donde se aseguraba que el consejo de administración del grupo había aprobado un aumento de capital para comprar El País y la Cadena Ser por unos 188 millones de euros. Según este medio, parte del consejo se había opuesto a la operación.

También Prisa, en otra comunicación a la CNMV, niega que haya solicitado ninguna oferta por su periódico de referencia y su principal emisora de radio. Además, desmiente que haya iniciado conversaciones al respecto, asegurando que no forma parte de su “hoja de ruta” la venta de sus medios de comunicación “hoja de ruta” .

Hace sólo unos días, el presidente en funciones de Prisa, Joseph Oughourlian, tachó de “gran error” una posible venta de los medios de comunicación del grupo. En una entrevista publicada por El País, Oughourlian, que también es el principal accionista de Prisa a través del fondo Amber Capital, aseguró que semejante operación sería “un sinsentido” en este momento teniendo en cuenta que “el mercado está totalmente hundido”. “Tenemos aún que reestructurar parte de nuestros medios y acelerar la digitalización”, explicó. El presidente de Prisa aprovechó también para criticar a su antecesor en el cargo, Javier Monzón –destituido el 18 de diciembre por la junta de accionistas a propuesta de Oughourlian– por haber “propiciado ciertas ofertas […] que francamente eran indecentes, a precio de derribo”. A su juicio, los medios de comunicación del grupo “valen mucho más de 200 millones”.

El dueño del fondo Amber se refería así a la oferta que el empresario asturiano Blas Herrero, propietario de Kiss FM, había hecho a Prisa por esa cantidad. El consejo de administración del grupo la rechazó por unanimidad el pasado diciembre.

Rotativa y publicidad en internet

No obstante, fuentes del sector admiten a infoLibre que Vocento y Prisa han estudiado en diferentes ocasiones posibilidades de alianza basadas en los acuerdos comerciales que ambos grupos tienen firmados. Desde 2018 El País, As y Cinco Días se imprimen en la rotativa de Abc en MadridAbc. En octubre de ese mismo año, además, Prisa y Vocento pusieron en marcha una plataforma conjunta para gestionar la publicidad programática –la compra automatizada de espacios publicitarios en internet–. En junio de 2019 anunciaron, junto con el grupo Godó, editor de La Vanguardia, la creación de WEMASS Media Audience Safe Solution.

En su nota a la CNMV, Vocento reconoce que “como grupo de comunicación escrita, con una posición financiera saneada”, viene analizando “desde hace un tiempo” las distintas “alternativas de consolidación que pudieran plantearse en el sector de medios”.

La pandemia ha herido a todos los sectores productivos, incluido el de los medios de comunicación. Aunque, a diferencia de la mayoría, televisiones, radios y periódicos siguieron funcionando, sus cuentas han quedado tan tocadas como las de cualquier empresa. Las televisiones calculan una pérdida de negocio del 45% por el desplome de la publicidad, mientras las cabeceras de prensa han optado por ejecutar ERTE y no descartan despidos en los próximos meses. Su desempeño en Bolsa también lo nota. En la española cotizan seis grupos de comunicación y cinco de ellos se han devaluado en el parqué este año. Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento y la mexicana TV Azteca han perdido 2.081,6 millones de euros en capitalización desde diciembre de 2019. Sólo la productora Vértice 360 Grados ha mejorado su cotización tras el ataque del coronavirus.

Ninguno de los grandes grupos de comunicación españoles figura ya en el ÍBEX 35, después de que el pasado junio lo abandonara Mediaset, que, aun así, es la compañía del sector con mayor capitalización bursátil. Y la que más la ha perdido en lo que va de año, al menos en cifras absolutas: se ha dejado 940,39 millones de euros. Más de la mitad de lo que valía en enero –1.853,28 millones–, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME). La víspera de la declaración del estado de alarma el 13 de marzo, la acción del grupo de Silvio Berlusconi cotizaba a 3,54 euros. El pasado día 1 de septiembre, sólo a 2,78. Ha perdido un 21,4% de su valor. El 23 de marzo llegó a estar incluso por debajo de su nivel actual, cuando alcanzó un mínimo de 2,66 euros. Mediaset cerró el primer semestre con 70 millones de euros de beneficio. La cifra es un 45% inferior a la del mismo periodo de 2019. 

Pero el descalabro ha sido mucho más intenso porcentualmente en Prisa. Su capitalización a 1 de septiembre es de sólo 289,83 millones de euros, un 71,6% menos de lo que valía al cierre de 2019, 1.020,4 millones. Sus acciones se han hundido un 61,2% desde el 12 de marzo, cuando cotizaban a 1,056 euros. Hoy están casi en los mínimos del año: sólo valen 0,4 euros. Cuarenta céntimos.

En el primer trimestre, Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. El grupo que publica El País y posee la Cadena Ser ha reconocido un impacto negativo de la crisis del covid-19 en sus ingresos de 25,5 millones de euros, por lo que ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye recortes de salarios para la plantilla y ERTE en El País.

Para calibrar la pésima trayectoria bursátil de Prisa hay que mirar más allá del covid-19. El grupo tiene abierto un plan de “desinversión de activos no estratégicos” e incluso de la joya de la corona, la editorial Santillana, responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de su resultado bruto de explotación. Su venta es una de las prioridades del principal accionista de Prisa, Amber Capital, y debería servir para aliviar parte de la cuantiosa deuda de la empresa. Pero el principal frente de batalla que tiene abierto el dueño de Amber, Joseph Oughourlian, es la presidencia el consejo de administración, para la que fue reelegido Javier Monzón en la junta general de accionistas celebrada el pasado 29 de junio. Oughourlian quiere fuera del máximo órgano ejecutivo de Prisa al expresidente de Indra, a su vez apoyado por el Banco Santander, también accionista de Prisa. La pugna quedó aplazada entonces pero puede dirimirse este otoño si finalmente los opositores a Monzón instan la convocatoria de una junta general extraordinaria. Para ello sólo hace falta un requerimiento notarial apoyado por al menos el 3% del capital social. Y Amber posee el 29,8% de las acciones. Según el reglamento de Prisa, el consejo de administración debe entonces convocar la junta extraordinaria antes de que transcurran dos meses.

La acción cae tanto como el beneficio

El valor de Atresmedia en Bolsa es ahora de 495,7 millones de euros, después de perder casi un 37% respecto a 2019. Es el resultado de la bajada de sus títulos desde los 2,82 euros de marzo hasta los 2,19 del 1 de septiembre, una depreciación del 22,3%. El impacto de la caída en los ingresos publicitarios por la pandemia ha tenido un reflejo mayor en Atresmedia que en su competidor Mediaset. El descenso de los beneficios del grupo al que pertenecen Antena 3 y La Sexta ha sido considerable: un 24,4% en los tres primeros meses del año.

La capitalización de Vocento es mucho menor. En marzo ascendía a 153 millones de euros. La pandemia la ha encogido un 48%, hasta quedarse en 79,23 millones. Su acción vale ahora sólo 60 céntimos, tras caer desde los 1,12 euros en que se cotizaba antes del coronavirus, casi un 44% de bajada. En su caso, el grupo editor del periódico Abc ha calculado un impacto del covid-19 en sus cuentas de 30 millones de euros. La venta de ejemplares se redujo un 11,3% en el primer semestre del año, mientras que los ingresos por publicidad doblaron esa caída, hasta el 22,6%. El resultado han sido unas pérdidas de 11 millones de euros, frente al millón con que había cerrado el primer semestre de 2019, y dos ERTE sucesivos para la plantilla. Este martes pasado la empresa anunció la sustitución del director de ABC, Bieito Rubido, por Julián Quirós, director hasta ahora del diario Las Provincias de Valencia. Y este mismo jueves, las hermanas Soledad y Catalina Luca de Tena han anunciado su salida del consejo de administración por "graves desavenencias" con los principales accionistas de Vocento, como ha explicado la segunda en un artículo publicado en el propio diario. 

Una televisión mexicana y una productora audiovisual

También cotiza en el mercado continuo español TV Azteca, un grupo mexicano de televisión propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país norteamericano que niega la pandemia y llamó a sus empleados a ir a trabajar pese a las restricciones decretadas por el Gobierno. Su capitalización se ha hundido en España un 61,4% este año, hasta quedar en sólo 29,17 millones de euros. Sus títulos apenas valen hoy un céntimo, aun así la mitad de lo que cotizaban en marzo.

Finalmente, la única empresa del sector que escapa a la debacle es la productora audiovisual Vértice 360 Grados. Su valor en Bolsa ha crecido casi un 3% en lo que va de ejercicio, por lo que ahora su capitalización se eleva a 57,26 millones de euros. Claro que sus títulos son de los más baratos del mercado continuo: sólo valen 0,003 euros ahora. En marzo, aún menos, 0,002 euros, por lo que han subido un 36%.

Las hermanas Catalina y Soledad Luca de Tena han salido del consejo de administración de Abc, el diario que fundara su bisabuelo en 1903, y la primera se ha despedido en la Tercera , espacio de opinión destacado del diario, con un texto en el que airea la guerra total de la familia con Vocento, la empresa editora. "Por primera vez, 'Abc' no va a tener ya en su mancheta como presidente del consejo de administración a un miembro de la familia Luca de Tena", escribe.

La ya expresidenta de Abc, su hermana Soledad Luca de Tena, Juan Carlos Guerra y José María de Areilza dimitieron este miércoles del órgano gestor del diario, tras consumarse la destitución de Bieito Rubido como director y su reemplazo por Julián Quirós al frente de la cabecera madrileña.

Enfrentadada junto al director saliente al consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, Catalina Luca de Tena escribe en su artículo: "Una serie de graves desavenencias en el seno de la dirección de Vocento, empresa propietaria de Abc, han puesto en evidencia la imposibilidad de que mi hermana Soledad y yo podamos identificarnos con un modo de ser empresarios y editores que no reconocemos ni aceptamos como propios".

Y añade: "Con toda seguridad la autenticidad, la integridad, el rigor y la firmeza se volverán a buscar y premiar [...]. Nunca podremos asumir decisiones no compartidas". Tras aclarar que la participación accionarial de la familia fundadora no variará, advierte de que ambas hermanas seguirán vigilantes de la "gestión empresarial".

Soledad Gallego-Díaz deja la dirección de El País cuando se cumplen los dos años que estipulaba su contrato. Ya antes de la pandemia había comunicado a los responsables del Grupo Prisa que no había cambiado el compromiso firmado en junio de 2018 de permanecer ese tiempo en el cargo y ni un día más. Con ella deja su puesto como adjunto a la dirección Joaquín Estefanía. También la escritora Maruja Torres ha anunciado ya en Twitter que no seguirá escribiendo las columnas que reanudó el pasado mes de marzo. A Gallego-Díaz la sustituirá Javier Moreno, quien ya dirigió el periódico entre mayo de 2006 y febrero de 2014.

En principio, más que la salida de Gallego-Díaz las incógnitas rodean la elección de Moreno para timonear un periódico que no se salva de la caída de los ingresos de la publicidad y ventas en quiosco que azota a la prensa española y mundial, mientras se decide con mucha timidez a ponerle precio a las noticias de su página web y duda sobre cómo adaptarse a los cambios de hábito de lectura de los ciudadanos. De hecho, en los dos últimos años El País ha perdido casi un 20% de su difusión ordinaria, un recorte que se eleva hasta el 32% si la mirada incluye los tres primeros meses de 2020. Que fueron terribles para las principales cabeceras españolas. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País ha dejado de vender una media de 27.167 ejemplares diarios entre enero de 2018 y diciembre de 2019. En 2018 tenía una difusión media diaria de 120.940 ejemplares, que un año después había descendido a 110.385. Pero entre enero y marzo de este año esa cifra cayó por primera vez por debajo de 100.000: sólo 93.502 ejemplares en promedio.

El descalabro procede de todos los tipos de venta de periódicos de papel, pero ha sido muy acusado en las suscripciones individuales, que eran 58.347 en mayo de 2018, pero que sólo un mes más tarde quedaron reducidas a 20.110. La caída ha sido constante desde entonces, hasta llegar al mínimo de 9.779 el pasado mes de marzo. Es decir, el periódico de papel ha perdido 48.568 suscriptores en dos años, el 83% de los que tenía.

Y si en los quioscos colocaba en 2018 una media diaria de 85.594 ejemplares, el pasado mes de enero se quedó en su mínimo, sólo 71.347. Aunque subió algo en marzo, no superó los 76.223 periódicos. Por tanto, ha perdido 11.800 ejemplares, un 13,4%. En estos dos años y medio, El País ha reducido su tirada según iban menguando sus ventas: ha pasado de imprimir una media de 188.065 periódicos en 2018 a apenas 133.800 el pasado marzo, casi un 26% menos de papel.

Apuesta por la experiencia

Aun así, Prisa anunció un Ebitda (resultado bruto de explotación) de su unidad de prensa de 12,1 millones de euros en 2019, casi el doble que el ejercicio anterior. El grupo en su conjunto, no obstante, perdió 182,3 millones de euros, una mejora del 32,3% respecto a los números rojos de 2018, 269,3 millones. Según explica la empresa, frente al declive del papel, la publicidad digital aumentó un 9% y ya representa el 31% de los ingresos de la división de prensa, y un 57% de los ingresos publicitarios del grupo. Eso sí, la pandemia ha recortado sus ingresos en 25,5 millones, con una caída en la publicidad en prensa de 4,1 millones de euros y de otros 8,4 millones en la radio.

De forma que ha puesto en marcha un plan de reducción de costes de 40 millones de euros. Que se ha concretado en un ERTE en El PaísEl País con un recorte de jornada del 11% y un compromiso por parte de la empresa de no despedir a nadie en el periódico sólo hasta diciembre. Y ahí es donde se centra parte de la preocupación con que ha sido acogido el nombramiento de Javier Moreno en la redacción. Moreno fue quien ejecutó el primer y único ERE que ha sufrido El País en su historia y que se llevó por delante a 129 trabajadores en 2012El País .

Algunas de las fuentes de la actual dirección consultadas por infoLibre precisan, no obstante, que al menos antes de la pandemia la intención de la empresa era “contratar, tanto aquí como en América”. También aseguran que con Javier Moreno, actualmente director de El País América, Prisa ha “apostado por la experiencia”, un perfil “económico” y “de confianza” para encarar un momento muy complicado para el periódico. Precisamente, en plena crisis sanitaria y económica y después de muchas vacilaciones y continuos retrasos, El País acaba de poner en marcha su sistema de suscripción digital. Las mismas fuentes destacan que está siendo todo un éxito e incluso mencionan la cifra de 50.000 suscripciones desde el 1 de mayo.

Niega el ERE y el cambio de línea editorial

El otro motivo de preocupación de la plantilla de El País, advierten las fuentes consultadas, se refiere al cambio que pueda operar Javier Moreno en la línea editorial del periódico. En concreto, mencionan su temor a que su regreso se traduzca en una pérdida de “todo lo ganado estos dos años en la recuperación de la credibilidad” del diario tras la salida de Antonio Caño. Su miedo es que el periódico vuelva a la línea que ya han apuntado en algunos artículos tanto el propio Caño como el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, y el expresidente del Gobierno Felipe González, cuyo ascendiente en el diario no dudan en calificar de “preocupante”. González es miembro del consejo editorial del periódico. En un reciente artículo, Caño apoyaba la creación de un Gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos, que no llegaba a llamar “de concentración”, pero que dejaba fuera a Unidas Podemos.

En cualquier caso, las fuentes precisan que Javier Moreno no es un nombramiento que venga de la mano de Cebrián, alejado de toda decisión ejecutiva en el grupo Prisa desde abril de 2018. Por el contrario, fue Juan Luis Cebrián quien encargó en 2014 un informe a Antonio Caño, entonces corresponsal en Washington, sobre los cambios que debía poner en marcha el periódico para salir de la crisis de audiencia e ingresos en la que estaba sumido y que proponía directamente la sustitución de Javier Moreno.

Su segunda designación ya ha sido comunicada al comité de redacción, tal y y como estipula el Estatuto de Redacción del periódico, y se someterá este miércoles a votación en la plantilla. Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía seguirán en El País, escribiendo sus columnas, según confirman las fuentes consultadas. Convocados por la empresa, los trabajadores de El País asistieron la tarde del lunes a la despedida de Soledad Gallego-Díaz y a la presentación de Javier Moreno. Éste negó a los redactores que regrese para ejecutar otro ERE, tampoco para poner en marcha un cambio editorial en la línea del ejecutado por Antonio Caño. Por el contrario, aseguró que su intención es conservar el capital de Gallego-Díaz e incluso culpó de su cese en 2014 al Partido Popular, explican a infoLibre fuentes de la redacción.

Los movimientos de Amber Capital

El movimiento en la cabecera del primer periódico español se produce también cuando el fondo Amber Capital, el principal accionista de Prisa, se ha hecho con el 29,84% de las acciones, lo que le acerca al porcentaje a partir del cual la ley le obliga a lanzar una OPA si quiere seguir adquiriendo títulos del grupo. Amber Capital ha pugnado estos últimos años para hacer caer a Juan Luis Cebrián y puso en duda la idoneidad de Javier Monzón para presidir la compañía, puesto que terminó imputado en el caso Púnicacaso Púnica. El anterior presidente de Indra fue finalmente exonerado por la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

El accionariado de Prisa se lo reparten, además de Amber Capital, el Banco Santander –4,14%–, el HSBC –9,1%–, Telefónica –9,4%–, la familia Polanco –7,6%–, el Grupo Herradura Occidente –5%–, el jeque catarí Al Thani –5,1%–, el empresario mexicano Carlos Slim –4,3%– y el inversor Carlos Fernández -4%–, entre otros. La acción de Prisa cotiza a apenas 60 céntimos –ha llegado a estar a 52 céntimos durante lo peor de la pandemia–, cuando en 2015 valía hasta cinco euros. Este mismo mes de mayo Prisa consiguió vender un 30,22% de Media Capital, la firma de medios que posee en Portugal, a un empresario portugués por 10,5 millones de euros, lo que supone valorar la compañía en 130 millones de euros. En septiembre de 2019, el grupo cifraba en 255 millones el valor de Media Capital. Esa cantidad debía ayudar al grupo a reducir su elevada deuda, 1.067 millones de euros, que ha aumentado seis millones sólo en los tres primeros meses de este año.

En cualquier caso, las caídas de difusión y publicidad de El País no distan mucho de las que sufren el resto de las grandes cabeceras españolas. Según los registros de OJD, El Mundo El Mundoha pasado de una difusión de 89.580 ejemplares diarios de media en 2018 a sólo 69.466 entre enero y marzo, un descenso del 22,5%. En quiosco sólo vendió en promedio en el trimestre 45.186 ejemplares. Tiene 12.881 suscriptores, un 26% menos que en 2018. Abc ha perdido un 12,8%Abc de su difusión desde 2018 hasta ahora. Entre enero y marzo su media de ventas no superó los 64.788 ejemplares. Tiene 11.560 suscriptores. La Razón La Razónno fue capaz de colocar a través del quiosco más que 40.062 periódicos, nada menos que un 38,5% menos que en 2018, cuando aún vendía 65.098 ejemplares. Pero con las suscripciones la debacle es aún peor: sólo cuenta con 763 suscriptores, un 73,6% menos que hace dos años. La Vanguardia aún tiene una difusión de 85.236 en el primer trimestre, pero es un 11,5% menor que en 2018. Eso sí, posee 50.158 suscriptores, un 8,7% menos que hace dos años. Finalmente, El Periódico se quedó en marzo por debajo de los 50.000 ejemplaresEl Periódico, que a duras penas mantuvo en enero y febrero. La caída es del 18,5% desde 2018. Y sólo cuenta con 5.704 suscriptores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este jueves de "absolutamente falsa" la noticia publicada por el diario Abcde que habló por teléfono con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en su polémica escala del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas. En esa conversación la número dos de Maduro le habría pedido a Sánchez, entre otras cosas, que no se reuniera con Juan Guaidó en su inminente visita a España.

En la conferencia de prensa posterior a su encuentro con el president de la Generalitat, Quim Torra,  Sánchez ha señalado que "da la sensación de que la mentira se ha confundido con el periodismo; reivindico el periodismo». El presidente ha lamentado que el diario de Vocento no contrastase con el Gobierno su información. Y ha añadido que los ciudadanos "tienen derecho a estar informados, y no a través de mentiras". "Es muy importante garantizar la credibilidad de la información que se suministra porque los ciudadanos tienen derecho a estar informados verazmente", ha sentenciado.

Previamente, tanto la Secretaría de Estado de Comunicación como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación publicaron comunicados en los que dementían "rotundamente" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiese hablado por teléfono con la vicepresidenta de Venezuela.

El presidente del Gobierno ha asegurado, por otra parte, que su posición sobre Venezuela no ha cambiado, y que sigue apostando por "celebrar cuanto antes elecciones libres y democráticas" para que "los propios venezolanos decidan su futuro". "Estamos donde siempre hemos estado, con la libertad y la democracia del pueblo venezolano", ha asegurado preguntado por el asunto en la rueda de prensa. De hecho, Sánchez ha tenido un lapsus y ha afirmado que el grupo de contacto promovido por España en la UE es para "desbloquear la situación en Cataluña", aunque ha rectificado enseguida para dejar claro que se refería a Venezuela.

El jefe del Ejecutivo se ha referido a ese grupo de contacto como prueba del compromiso de su Gobierno con las elecciones libres en Venezuela. También ha señalado que el Ejecutivo español "ha liderado a nivel internacional el reconocimiento de la oposición", en alusión al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, así como algunas sanciones "a nivel europeo".

Eso sí, ha aprovechado para insistir en que España nunca va a apoyar ni a aceptar soluciones que pasen por una "injerencia o intervención militar en Venezuela", tal como "han deslizado algunos actores internacionales".

A tres semanas para las elecciones, y en medio de un momento político especialmente convulso por las protestas en Cataluña en contra de la sentencia del procés, las encuestas siguen arrojando datos sobre los posibles escenarios tras el 10N. Las últimas estimaciones de ABC/GAD3 pronostican 123 diputados para el PSOE frente a los 102 del PP, que recorta distancias con los socialistas y se recupera del descalabro de los pasados comicios, cuando los conservadores obtuvieron 66 escaños. El caos en Cataluña no sólo pasaría factura a Sánchez, sino a Rivera, que se hunde en las encuestas con 18 diputados.

Mientras, según la encuesta de Abc, Vox consolida su posición como tercera fuerza con 33 diputados; casi el doble que la formación naranja. La encuesta, realizada entre el 14 y el 18 de octubre –esto es, desde que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y hasta el viernes, la jornada con más altercados en  Cataluña- también castiga a Unidas Podemos: los morados obtendrían un 11,2% del voto y 31 escaños, por detrás de la formación de Santiago Abascal.

Por su parte, la encuesta de El Mundo, elaborada por Sigma Dos hasta el 18 de octubre, confirma el estancamiento de Sánchez, a quien da 123 diputados, y la subida de Casado, que lograría 97 escaños. El Mundo señala, asimismo, que quien más puede rentabilizar los efectos de la sentencia del procés es Vox, que se situaría como tercera fuerza con hasta 36 diputados. Unidas Podemos se sitúa un punto por encima de la formación ultraconservadora, pero su bajo rendimiento en zonas rurales se traduce en una peor capacidad para convertir votos en escaños dejando a los de Iglesias con 32 diputados. El hundimiento de Ciudadanos se hace patente en todas las encuestas, y la formación naranja obtendría 19 escaños frente a los 57 que consiguió en abril.

Las estimaciones de eldiario.es, no obstante, predicen un empate técnico entre los de Rivera y el partido de Santiago Abascal, que obtendrían 27 y 24 escaños, respectivamente. La encuesta, elaborada por Celeste-Tel, concede 36 diputados a los de Pablo Iglesias, mientras que el PP sería segunda fuerza política con 103 escaños, muy por encima del 28A. De confirmarse estos resultados, el PSOE repetiría victoria electoral, pero se quedaría en los 117 representantes, casi dos puntos por debajo de las elecciones del pasado abril, cuando se hizo con 123 escaños.

La encuesta de IPSOS para Heraldo de Aragón sigue la misma línea: la tendencia a la baja del PSOE deja a Pedro Sánchez  con hasta 7 diputados menos que el pasado abril; el PP escala hasta los 100 diputados y Cs perdería 34 escaños. Vox, ubicado en una horquilla entre los 32 y los 36 diputados, sería tercera fuerza política, mientras que Unidas Podemos baila entre los 31 y 35 representantes en el Congreso.

Por último, OkDiario otorga 117 escaños al PSOE, de quien dice que "resiste la crisis catalana". Según su encuesta, el PP obtendría 104 diputados; Unidas Podemos, 35; Vox, 28; y Ciudadanos, 24. 

La directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, ha dimitido de su cargo después de que el diario Abc haya publicado que plagió gran parte de su tesis doctoral.

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que Canoyra ha pedido en la noche de este miércoles al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, apartarse del cargo que ostentaba desde el pasado 28 de agosto.

En concreto, Canoyra ha remitido una carta de dimisión en la que explica que no quiere que las noticias derivadas de su tesis doctoral, "por muy injustas que sean, tengan ninguna incidencia" sobre el "gran proyecto" del Gobierno regional.

Es por ello, según detalla la hasta ahora directora, que ha decidido retomar su trayectoria "durante los pasados 25 años y acometer otros proyectos profesionales en el sector privado". "Mi periodo en la Consejería ha sido breve, pero muy intenso en experiencias", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado su renuncia convencida de que todos los altos cargos de la Consejería de Educación y Juventud deben dar ejemplo a los estudiantes de la región, según han apuntado las mismas fuentes.

El periódico ha explicado en su edición de este jueves que Canoyra "copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos textuales y hasta copió y pegó textos de páginas web como El rincón del Vago y Wikipedia".

Tal y como destaca Abc, Canoyra, entonces directora general de la Universidad Camilo José Cela y de los colegios SEK, leyó su tesis en dicha universidad en 2012, cuatro días después de que lo hiciera Pedro Sánchez. Ambos pertenecían al mismo departamento –Administración de Empresas y Finanzas– y se hallaban dentro del mismo Programa Oficial de Doctorado en Economía y Empresa. 

La ahora exdirectora general de Educación Concertada del Ejecutivo de Díaz Ayuso autorizó al diario Abc a ver su tesis en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, donde se encuentra archivada con acceso restringido. En un primer momento se negó a facilitar una copia, pero finalmente entregó un ejemplar en papel al periódico el pasado lunes.

Según informa el diario, la Universidad Camilo José Cela aumentó en esas fechas exponencialmente los títulos de doctorado que concedía, dado que no cumplía con el mínimo exigido y ello podía suponerle la clausura de los títulos que impartía.

El corresponsal del diario español ABC en La Habana, el periodista cubano Jorge Enrique Rodríguez, ha sido liberado este viernes, un día después de ser detenido en la isla, según ha confirmado el propio medio y recoge Europa Press.

Apenas una hora antes, el diario había informado de que el periodista se encontraba en paradero desconocido desde el jueves, cuando fue detenido en un control policial mientras se dirigía a hacer varias coberturas. Poco después señaló que la Embajada había confirmado su detención.

ABC recogió el testimonio de Manuel Alejandro León Velázquez, amigo de Rodríguez y también periodista, según el cual el corresponsal le dijo por SMS el jueves por la tarde que su autobús había sido detenido al salir de La Habana por un agente, Camilo, que les interrogó a ambos y a otros compañeros hace dos semanas en el aeropuerto internacional José Martí cuando volvían de Madrid.

El director de ABC, Bieito Rubido, ya se puso en contacto con el embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo, quien inició gestiones "para interesarse por el paradero del informador", tal y como indicó el diario.

"Recientemente Gustavo Machín, representante diplomático de Cuba en Madrid, envió una carta a ABC reprobando a nuestro corresponsal por sus informaciones críticas con el régimen comunista", recordó el periódico.

Rodríguez, que al igual que Velázquez también trabaja para el medio digital Diariodecuba.com, ya "ha sido detenido en varias ocasiones por el régimen comunista por ejercer su trabajo periodístico de manera profesional e independiente". "Unos ataques a la libertad de expresión que este periódico reprueba enérgicamente", ha subrayado ABC.

Ninguno de los 10 principales periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. Lo certifica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) con los datos de 2018. La continuada e imparable caída de la prensa escrita en la última década permite a El Paísmantenerse como diario más vendido en la calle con un promedio de sólo 85.594 ejemplares el año pasado. Es el único, además, que supera los 60.000 ejemplares. Porque los tres siguientes vendieron de media en quiosco sólo 56.091 periódicos –El Mundo–, 54.950 –La Vanguardia– y 52.161 –Abc–. El resto no llega ni a 50.000 ejemplares diarios.

Aunque todos bajaron el año pasado en su difusión total con respecto a 2017, con una pérdida conjunta de 91.161 ejemplares, el 11,2%, el que más ha acusado la caída ha sido El País, que casi duplica esa media con un desplome del 21,4%. Le sigue en el retroceso El Periódico, con un recorte en su difusión total del 16,3%El Periódico. La bajada de los ocho restantes no llega a los dos dígitos, pero aun así es considerable: un 8,9% La Vanguardia y un 7,8% El Mundo, como más destacados. La difusión total incluye la venta en quiosco, las suscripciones, las ventas especiales (por ejemplo, suscripciones colectivas) y las entregas gratuitas.

Si se pone el punto de mira sólo en la venta en quiosco, la pérdida de los 10 principales periódicos es de 48.755 ejemplares en conjunto, un 10,1%. En este caso la cabecera que más cae es La Vanguardia, La Vanguardiacon unas ventas medias en 2018 un 16,1% por debajo del año anterior. El Periódico retrocede en quiosco un 12,5% y El País, un 12,4%. El Mundo pierde un 10,8%. Los diez principales periódicos bajaron las ventas en el quiosco: el que sufrió la menor pérdida fue El Diario Vasco, con una bajada dle 6,5%.

Esas caídas de venta en la calle, traducidas en ejemplares, suponen que El País dejó de colocar una media de 12.180 periódicos diarios el año pasadoEl País, el que más, seguido de El Mundo, con 6.860El Mundo. El Abc perdió 4.748 ventas en promedio y El Periódico, 4.726.

Por lo que a las suscripciones se refiere, es El Periódico el más perjudicadoEl Periódico, con un importante descenso del 38,1%. El País le sigue de cerca con una caída del 36,6%. El resto de los diarios pierden también suscriptores, pero en porcentajes muy alejados: La Razón retrocede un 6,37% y La Vanguardia un 5,92%. El único que crece en suscripciones es El Diario Vasco, pero sólo un 0,52%.

  EL PAÍS

La espectacular caída del diario del grupo Prisa se explica por la supresión de su edición impresa en Latinoamérica a partir del mes de junio del año pasado. En suscripciones El País ha perdido 23.190 copias de media en 2018.

A la vista de los datos de OJD, el cambio de dirección en el periódico, también ocurrido en junio del año pasado, no ha revitalizado las ventas en el quiosco, aunque se mantienen sin grandes oscilaciones mes a mes. En cualquier caso, El País terminó diciembre con una media de ventas en la calle de 84.420 ejemplares, tras alcanzar un mínimo del año de sólo 80.705 en noviembre. Había terminado diciembre de 2017 con 93.585 periódicos vendidos en quiosco.

El País es el único periódico que en difusión total –la suma de la venta en quiosco, las suscripciones individuales y colectivas, los ejemplares gratuitos y otros canales especiales– superó en 2018 la barrera de los 100.000 ejemplares, al situarse en 137.552.

  LA VANGUARDIA

La cabecera catalana es la que más suscriptores individuales tiene, más incluso que El País, una media de 54.950. La cifra, además, duplica el número de ejemplares que vende en quiosco –sólo 22.070–. Sólo La Vanguardia y La Voz de Galicia colocan más periódicos mediante suscripciones que en la calle, pero las del diario gallego apenas superan en 3.300 a sus ventas en quiosco. Ambos son periódicos con difusión autonómica y, pese a que la población de Cataluña casi triplica la gallega, La Voz de Galicia vende en quiosco más que La Vanguardia. De hecho, es el diario catalán el que vende menos en la calle de las 10 primeras cabeceras.

En 2018, su difusión total se situó en 96.345 ejemplares.

  EL MUNDO

El periódico de Unidad Editorial apenas pierde suscripciones en 2018, sólo 277, un 1,56%, pero es el segundo que más retrocede en ventas en quiosco, con una media de 6.860 ejemplares. De ahí que, con 56.091 diarios colocados en la calle, y sólo 17.417 suscriptores individuales, su difusión total no llegue a los 90.000 ejemplares en promedio –89.580–.

  ABC

En quiosco la cabecera de Vocento vende 52.161 ejemplares, tras perder un 8,34% el año pasado. Las suscripciones han bajado un 5,3%, por lo que se quedan en 12.227. En total, su difusión media el año pasado fue de 74.271 diarios.

  LA RAZÓN

El periódico que diige Francisco Marhuenda es la cabecera nacional con menos suscriptores individuales, sólo 2.895. Tan sólo cuentan con menos entre los 10 primeros de la clasificación de OJD dos diarios regionales, El Diario Vasco y La Nueva España. También es el que más oscilaciones experimenta en su venta en quiosco según el mes. El motivo son las promociones. Así, pasa de colocar un máximo de 60.938 ejemplares de media en septiembre de 2018 a un mínimo de 25.531 el mes anterior. Pese a ese esfuerzo comercial, La Razón ha perdido un 7,6% de sus ventas en la calle.

Este periódico logra, además, un 30% de su difusión por la vía de lo que OJD califica como de "pago especial", aquella en la que el diario se vende conjuntamente con otra publicación por menos del 50% del precio de portada.

Su difusión total se situó el año pasado en 65.135 copias.

  LA VOZ DE GALICIA

De las cabeceras de difusión autonómica, el diario de A Coruña es el segundo del ránking, con 61.868 ejemplares. Pero sólo vende en el quiosco 25.049, menos que por suscripción –28.443–. Y la caída en las ventas en la calle ha sido considerable, un 10,8% en 2018.

  EL PERIÓDICO

El diario del grupo Zeta atraviesa horas bajas, con un desplome de las suscripciones del 38,0% que le ha dejado con sólo 6.570 abonados individuales. En la calle se ha dejado otro 12,6% y consigue colocar 32.818 ejemplares.

Al igual que ocurre con La Razón, el 30% de la difusión del periódico catalán es de "pago especial".

Con una difusión total de 60.870 diarios, es la segunda cabecera con mayor pérdida de ejemplares en términos absolutos, 11.917 ejemplares.

  EL CORREO

El periódico vasco de Vocento también tiene un número pequeño de suscriptores, 6.556. En quiosco coloca 48.153 ejemplares, más que La Razón, pese a haber perdido un 7,2% de esas ventas en el último año. Su difusión total es de 57.547 diarios.

  EL DIARIO VASCO

Es la cabecera con menor número de suscriptores, 1.732 de media en 2018, pero también la única que los ha aumentado en el último año, aunque con una cifra mínima: nueve, un 0,52% de mejora. En quiosco vende 40.814 ejemplares, tras haberse dejado un 6,5%. Su difusión total ascendió a 43.652 copias diarias.

  LA NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano del grupo Prensa Ibérica tiene una difusión total de 34.877 ejemplares, de los que 31.793 los vende en quioscos. La cifra es un 8,6% inferior a la de 2017. Suscriptores individuales posee 1.828 en promedio, más que El Diario Vasco.

En concreto, Pedro Sánchez, en calidad de ciudadano, se ha dirigido a los diarios ABC y El Mundo y al medio digital okdiario.comABC El Mundookdiario.com, según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa. El diario ABC publicó este jueves en portada que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis, mientras que El Mundo ha difundido este viernes una información que apunta al tribunal que calificó el trabajo con una nota de 'cum laude' formado por "afines y novatos". Por su parte, okdiario indicó que un investigador del Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez.

En caso de no retractarse de estas informaciones, el también secretario general del PSOE advierte que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere. El presidente ya advirtió el pasado jueves, al publicar ABC que plagió su tesis, que emprendería acciones legales en "defensa de su honor y dignidad", salvo que medie rectificación de la información publicada. En concreto, en el burofax enviado a okdiario.com, publicado por el propio medio, Sánchez dice reservarse el ejercicio "de cuantas acciones" le correspondan "en Derecho, incluidas las del carácter penal".

En su texto, el presidente asegura que la información de este medio sobre que plagió párrafos enteros de un informe del Ministerio de Industria en su tesis es "falsa, inexacta e incierta" y denuncia el "ataque injustificado" que estas manifestaciones suponen para él. Las mismas, según dice, suponen un ataque injustificado que atenta" contra su "prestigio profesional, profesional y social" y "una intromisión ilegítima" en su "derecho al honor y pueden ocasionarme daños de difícil o imposible reparación".

Las dudas sobre presuntas irregularidades en la tesis doctoral de Pedro Sánchez y las exigencias planteadas por la oposición para que facilitar el acceso a la misma han llevado al presidente del Gobierno a hacerla pública íntegramente. Así, desde este mismo viernes la tesis doctoral de Sánchez es accesible para todo el que lo desee en TESEO, la base de datos de este tipo de trabajos y dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Además, según ha informado Moncloa a primera hora de este viernes, la tesis doctoral supera los controles académicos para detectar plagios, según ha informado este viernes La Moncloa, que señala que ha sometido el trabajo de Sánchez a dos reconocidos programas para comprobar plagios en documentos académicos y la tesis de Sánchez supera estos test. En el caso del programa Turnitin detecta un 13 por ciento de similitud, mientras que la herramienta PlagScan cifra en un 0,96 por ciento la coincidencia con otros trabajos universitarios.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya ha lanzado un llamamiento a los medios para que rectifiquen estas informaciones. "Pedimos a los medios, que fue lo que pidió el presidente, la rectificación. Un medio de calidad acepta estas cuestiones, yo creo que si hoy ese medio, que tiene 114 años de historia, debería estar a la altura y rectificar cuando se ha equivocado", ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en alusión a ABC.

La controversia por el trabajo académico del presidente surgió a raíz de las dudas expresadas por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una pregunta en la sesión de control al Gobierno. Tras la cual, Sánchez procedió este jueves a dar su autorización para que su tesis fuera de libre acceso a través de Internet. Hasta este viernes, la tesis podía consultarse en formato físico en papel en la Universidad Camilo José Cela, donde Sánchez realizó el doctorado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según ha anunciado el Palacio de la Moncloa este jueves.

El presidente afirma que es "rotundamente falso que su tesis sea un plagio" por lo que anuncia que emprenderá acciones legales en "defensa de su honor y dignidad", salvo que medie rectificación de la información publicada.

El diario Abc publica este jueves en portada que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis. El rotativo informa que "tras un exhaustivo análisis, en el que hemos utilizado herramientas informáticas de detección de plagios, este diario ha corroborado la existencia de decenas de corta-pegas que constituyen lo que se denomina 'falta de integridad académica', según varios expertos universitarios consultados". El diario informa además de que el economista Carlos Ocaña, mano derecha del socialista Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, le "ayudó" a hacer la tesis facilitándole "infinidad de datos e informes económicos del Gobierno" que versaban sobre la diplomacia económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El periódico añade que el ahora presidente "copió párrafos enteros" de los economistas Julio Cerviño y Jaime Rivera, profesores de la Universidad Carlos III. Además, asegura que Sánchez "copió y pegó contenido de informes oficiales sin entrecomillar, incluida una presentación en Powerpoint del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián".

El periodista autor del artículo, Javier Chicote, ha afirmado este jueves en Los Desayunos de TVE tener una copia original de la tesis y asegura que por parte del periódico no va a haber rectificación. "Está claro que Pedro Sánchez o yo mentimos", ha dicho, y respecto al plagio que denuncia el diario, asegura: "Tengo las pruebas que lo demuestran", informa RTVE.es.

El diario digital OKdiario adelantaba este miércoles que un investigador del Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez. Este jueves añade que Pedro Sánchez no sólo recurrió a Carlos Ocaña, para la elaboración de buena parte de su tesis doctoral. También "fusiló párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con sólo pequeños retoques".

La tesis doctoral del presidente del Gobierno, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), tiene un total de 342 páginas con 424 citas a una bibliografía que incluye más de 150 referencias, como ha podido comprobar Europa Press tras una consulta a la única copia que existe de este trabajo de doctorado, depositada sin opción de préstamo en la biblioteca de la universidad privada Camilo José Cela de Madrid.

El tomo, encuadernado en tapa de azul oscuro casi negro, ha sido consultado este miércoles 12 de septiembre por más de una docena de periodistas en la biblioteca del campus ubicado en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, previa solicitud de consulta por escrito, donde los firmantes se comprometían a no realizar fotocopias ni fotografías del contenido de la tesis de Sánchez, que el actual presidente del Gobierno defendió ante el tribunal el 26 de noviembre de 2012.

Un total de 20 periodistas han consultado la tesis a lo largo de este miércoles y mañana hay otras diez peticiones, según han informado a Europa Press fuentes de la Universidad, que añaden que a lo largo del año otros profesionales de la información se han acercado para consultar el documento.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, llevó este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso las dudas que planean desde hace tiempo sobre la tesis de Sánchez, quien se defendió asegurando que su trabajo está colgado en la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO).

Las dudas sobre la tesis del jefe del Ejecutivo parten de unas supuestas declaraciones del exministro de Industria Miguel Sebastián en un foro privado –desmentidas posteriormente por él– en las que habría dicho que la práctica totalidad del trabajo de Sánchez se lo hicieron en el departamento de Industria.

Este miércoles tras el rifirrafe en las Cortes a propósito de la tesis doctoral del presidente, se produjeron colas de periodistas en la universidad privada Camilo José Cela (CJC) para leer el trabajo del presidente del Gobierno, cuya única copia está depositada en la biblioteca del campus.