El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no quiere que el nuevo Gobierno toque ni la reforma laboral ni las reformas que cambiaron el sistema público de pensiones en 2011 y 2013. Coincide con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en que los cambios legales aprobados por el PP en 2012 fueron beneficiosos para el mercado de trabajo español. En una entrevista con el diario británico Financial Times, Hernández de Cos consideró la reforma laboral una de las herramientas para mantener la “competitividad” de la economía española en un “nivel alto”, después de que tras la crisis financiera proporcionara más flexibilidad a las empresas para recortar costes. También reiteró el ya conocido recelo del Banco de España ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional la subida del Salario Mínimo Interprofesional(SMI). El gobernador advierte de que puede desincentivar la contratación de los trabajadores menos productivos, como los jóvenes y los mayores de 50 años.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha tardado en pedir su dimisión. “Para defender sus posturas, váyase, abandone una institución pública y defienda sus teorías desde la política, la Academia o desde donde quiera”, escribió en su blog.

No es la primera vez que el Banco de España, a través del gobernador, de alguno de sus directivos o de sus informes, se manifiesta en la misma dirección sobre asuntos tan alejados del campo financiero. Y alimenta la polémica. Ni el rescate financiero, ni la reestructuración que hizo desaparecer las cajas de ahorro, ni la eliminación de miles de empleos y el cierre de cientos de sucursales, ni la resolución del Banco Popular, ni las preferentes, ni las cláusulas suelo parecen preocupar tanto al supervisor como el mercado laboral, los salarios y las pensiones. Al menos en sus manifestaciones públicas.

Sólo un poco antes de la subida del SMI para este año, era el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, quien se declaraba en contra de que se derogaran las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, poniendo en cuestión que vuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensionesvuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensiones, tal y como ha vuelto a hacerse desde 2018. También propuso elevar la edad de jubilación “ligándola a las expectativas de vida”. Y nada más aprobar el Gobierno la penúltima mejora del SMI a 900 euros, el Banco de España pronosticaba que ese alza del 22,3% iba a destruir 125.000 puestos de trabajo. Llegado el verano, los mejores meses para el muy estacional mercado de trabajo español, el Gobierno conminó al Banco de España a “pedir perdón” y “reconocer su error” a la luz de la cifras de creación de empleo.

En realidad, las manifestaciones del organismo supervisor en esa misma línea de pensamiento vienen de antiguo, no importa el gobernador. También las controversias y peticiones de dimisión de quien está al cargo de vigilar la estabilidad y solvencia del sistema financiero –además de asesorar al Gobierno–.

Despido barato, mochila austriaca, contrato único

Ya en el verano de 2007, aún en plena euforia económica, el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, clamaba contra los “elevados costes” de despido de los trabajadores indefinidos y contra los “rígidos mecanismos” de la negociación colectiva. Es más, pedía privatizar “sectores claves” como las industrias de red, el mercado de las telecomunicaciones, la energía y el transporte ferroviario. Fue en la presentación del informe anual del supervisor.

Cuando arreció la crisis, Fernández Ordóñez no sólo pedía abaratar el despido, sino también “una reforma laboral urgente” que cambiara el sistema de protección al desempleo. Aunque sin nombrarla, el gobernador ya puso sobre la mesa la conocida como mochila austriaca, el sistema implantado por el Gobierno de Viena en 2003 “que suprime la indemnización por desempleo” y la sustituye por un fondo individual, alimentado con las cotizaciones del trabajador y de la empresa. A su juicio, el subsidio de paro “desincentiva la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las empresas más productivas”.

Por entonces, corría 2009, surgieron las primeras voces que le reprochaban al gobernador del Banco de España su atención por las leyes laborales cuando acababa de pinchar la burbuja inmobiliaria, la morosidad se había disparado y las cajas de ahorroscajas de ahorros estaban a punto de implosionar víctimas de su empacho de ladrillo tóxico. Tampoco pasó inadvertido, cuando Fernández Ordóñez dejó el Banco de España, en 2012, que su finiquito había ascendido a casi 350.000 euros, una cantidad que más que duplica los 45 días por año trabajado de las indemnizaciones por despido improcedente que tan onerosas le parecían cuando estaba en el cargo.

Entonces también se adhirió el gobernador a la propuesta de contrato único lanzado por 100 economistas ese año y defendido desde entonces por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país. Ese contrato, que debería sustituir a los actuales indefinidos y temporales, tiene una indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador. Sólo Ciudadanos lo ha llevado en su programa electoral, con algunos cambios sobre el modelo teórico original, puesto que ha suscitado el rechazo del resto de los partidos, la patronal y los sindicatos.

Un año más tarde, la reforma laboral no sólo era urgente sino también “imprescindible”, porque el sistema financiero depende de las políticas que se apliquen al mercado de trabajo, aseguró el gobernador en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Cuando mejore el empleo, bajará la morosidad y las entidades financieras sobrevivirán, explicó. Allí reclamó la suspensión de los convenios colectivos “durante dos o tres años” para que empresarios y trabajadores sean “libres” de pactar rebajas de salarios que salven a las compañías. Esos días se debatía en la Cámara Baja la reforma laboral que había elaborado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo “alcance y eficacia” Fernández Ordóñez veía “limitados” porque dejaba fuera la negociación colectiva.

El incendio: pensionistas con vivienda propia

Su sucesor, Luis María Linde, continuó criticando las reformas laborales por quedarse cortas. La de 2012, la misma que el ministro de Economía de entonces, Luis de Guindos, no dudó en vender en Bruselas como “muy agresiva”, no había sido eficaz a la hora de crear empleo, por lo que Linde reclamaba “medidas adicionales” para, entre otras cosas, flexibilizar aún más lo salarios. Es lo que dijo en la presentación del informe anual del Banco de España en 2013: contratos fuera de las condiciones salariales establecidas en los convenios y supresión del salario mínimo para “grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades” para conseguir un empleo. Y eso que el supervisor sí reconocía en sus informes que el único objetivo alcanzado por la reforma laboral de 2012 de entre los que el Gobierno había declarado como tales era precisamente la rebaja general de salarios. Pero ni había cambiado la “pauta de destrucción de puestos de trabajo” anterior ni había reducido el abuso de los contratos temporales.

Tampoco olvidó Linde las pensiones: invitó al Ejecutivo a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que la reforma de 2011 había aprobado que se aplicara de forma paulatina hasta 2027. Además, ante la Comisión del Pacto de Toledo, que debate cada cinco años en el Congreso cómo actualizar el sistema público de pensiones, Luis María Linde defendió el fomento de los planes privados para “complementar” las prestaciones del sistema público.

Aunque las declaraciones que más encendieron los ánimos las pronunció en una conferencia organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por Caixabank, donde resaltó el alto porcentaje de jubilados que en España poseen una vivienda. Esa “renta en especie”, aseguró, no se tiene en cuenta cuando se analizan las pensiones. Ni cuando se compara la cuantía de las pensiones en España con las de otros países europeos. El porcentaje es en Alemania 20 puntos inferior, apuntó Linde. El alboroto provocado forzó al Banco de España a matizar enseguida las declaraciones de su gobernador. “En modo alguno puede entenderse que [el alto porcentaje de jubilados con vivienda propia] pueda ser argumento para determinar la revisión que se aplique [a sus pensiones]”.

Más tarde, el propio Linde pidió disculpas en el Congreso por “el conflicto creado” alrededor de sus manifestaciones: “Nunca dije que ese dato se tuviera en cuenta para no subir la pensión, o subirla menos a unos o a otros, o para hacerse hipotecas inversas o que la gente vendiera sus casas”.

Tampoco fue muy popular su reiterada defensa de la moderación salarial, que considera la base de la competitividad frente al resto de los países de la UE, mientras él se subía el sueldo un 5,8% en 2014. Según la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE, ese año el salario medio bruto de los españoles había crecido sólo un 0,7% respecto al año anterior.

Tres gobernadores del Banco de España pero un discurso que casi no ha variado en la última década, con crisis económica y con recuperación. Y que va a chocar con las políticas anunciadas por el nuevo Gobierno. No sólo por el salario mínimo, sino también por la prevista derogación de buena parte de la reforma laboral de 2012 y por la suspensión de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidadel factor de sostenibilidad. Ambas han sido defendidas con fruición por el Banco de España para garantizar la sostenibilidad del sistema recortando el gasto público en pensiones. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se compromete a eliminar definitivamente tanto el IRP como el factor de sostenibilidad.

El Gobierno nombrará Pablo Hernández de Cos, actual director como nuevo gobernador del organismo supervisor, en sustitución de Luis María Linde, cuyo mandado finaliza el 8 de junio tras seis años al frente de la institución, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, propondrá el nombre de Hernández de Cos para sustituir a Linde durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso a las 11.00 horas de este martes.

Fuentes de Economía destacaron que se trata de un "excelente" candidato al puesto de gobernador debido a su "gran capacitación técnica", en particular en asuntos bancarios y monetarios, su "independencia política", y su "experiencia y prestigio" en el Banco de España y en el Banco Central Europeo (BCE).

Hernández de Cos es titulado del Servicio de Estudios del Banco de España y en la actualidad ocupa el cargo de director general de Economía y Estadística. En el BCE ha ocupado diferentes cargos desde el año 2000 y desde 2015 ejerce como alterno del actual gobernador en el Consejo de Gobierno.

"La voluntad del Gobierno ha sido realizar un nombramiento basado en la profesionalidad, la independencia y el mérito del candidato, lo que queda respaldado por el currículum y trayectoria de Hernández de Cos", destacaron desde Economía.

De esta forma, las mismas fuentes subrayan que se han respetado los criterios pactados con la oposición para que se trate de una persona con méritos profesionales, independiente y de perfil técnico, en un contexto en el que se han ido complicando las negociaciones tras el anuncio de la presentación de la moción de censura a Mariano Rajoy por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Por su parte, el nombramiento del nuevo subgobernador del organismo queda por ahora pendiente para una fase posterior.

Dilatada experiencia y perfil técnico

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) es doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por Cunef y licenciado en Derecho por la UNED. Inició su carrera profesional en 1997 en el Banco de España, donde ingresó como titulado del Servicio de Estudios y trabajó en sus Departamentos de Estudios Monetarios y Financieros y de Coyuntura y Previsión Económica.

En 2004 se trasladó a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Francfort, donde desempeñó el cargo de asesor del consejo ejecutivo del BCE. En su regreso a España en el año 2007 fue nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España, puesto que ejerció hasta el año 2015.

Asimismo, ha sido miembro del Grupo de Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad y del Comité de Política Económica del Consejo Ecofin de la Unión Europea, así como del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del BCE. Entre 2010 y 2015 desempeñó la Presidencia de este Grupo de Trabajo, bajo la dependencia del Comité de Política Monetaria.

En julio de 2013 fue nombrado por el Gobierno español miembro de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, cuyo informe se presentó en marzo de 2014. Ha sido profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Empresa (IE).

En 2015 fue nombrado director de Economía y Estadística del Banco de España, cargo que ha desempeñado hasta la fecha junto al de alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo; miembro del Consejo Superior de Estadística de España, del Patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) y del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Igualmente, desde 2016 es miembro del Consejo del International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) y desde 2017 también miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea.

El Gobierno está negociando ya el nombre de la persona de "perfil técnico" que sustituirá en el puesto al actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que dejará la vacante en el organismo dentro de un mes, así como otros altos cargos de la institución, según confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.

El Ministerio de Economía, con Román Escolano al frente, inició ya los primeros contactos con los grupos parlamentarios para tantear los nombres de la persona que relevará como gobernador del organismo supervisor a Linde, cuyo mandato concluye el próximo 8 de junio.

Fuentes del departamento de Economía explicaron a Europa Press que el Gobierno busca que el hombre o mujer que sustituya a Linde al frente del Banco de España sea una persona de perfil "técnico" y que cuente con "aceptación generalizada".

Otro de los requisitos deseables para la persona que ostentará el cargo de gobernador del Banco de España durante los próximos seis años es el de un perfil europeo, dado que desde la creación del Banco Central Europeo (BCE), el organismo supervisor participa, junto al resto de instituciones homólogas de la zona euro, en la definición de la política monetaria.

Ciudadanos se descarta

El Ejecutivo inició los contactos con voluntad de diálogo y se puso en contacto con los principales grupos de la oposición, si bien la negociación se habría centrado en el PSOE ante el rechazo de Ciudadanos a formar parte de la elección por su disconformidad con el sistema de nombramiento, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

Precisamente desde Ciudadanos confirmaron a Europa Press que los conservadores se pusieron en contacto con la formación naranja para hacerles partícipes de la negociación, con un primer planteamiento que pasaría por que el PP eligiese al nuevo gobernador de la institución, el PSOE al subgobernador y Ciudadanos a uno de los consejeros que también tendrán que ser designados en el proceso de renovación de la cúpula del organismo.

Sin embargo, el partido de Albert Rivera rechazó este sistema de nombramientos, ya que, según explicó su propio líder, se opone a que el bipartidismo "decadente y agonizante" del PP y el PSOE negocie entre sí para nombrar "a dedo" a la nueva cúpula.

Rivera criticó que el nuevo sistema de nombramientos que su partido propuso hace más de un año en el Congreso basado en la "meritocracia" no se esté aplicando por falta de apoyos y aseguró que desde el PP les trasladaron que no tienen intención de aprobar dicha ley ante su petición de que se tramitase urgentemente.

Luis María Linde fue nombrado por el Gobierno en junio de 2012 como gobernador del Banco de España en sustitución de Miguel Fernández Ordóñez y abandonará el próximo mes de junio su mandato, tras seis años al frente del cargo en los que se produjo el rescate y saneamiento del sector bancario en España.

Los retos de la nueva cúpula

Recientemente, Linde aseguró no tener "ni idea" de quien será su sustituto, aunque indicó que le parecería "muy bien" que fuese una mujer, y valoró que la estructura actual del organismo supervisor es "correcta" y está "bien organizado", a pesar de que "no está acabado del todo", toda vez que se creó "quizás tarde" la Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado.

Linde defendió que el Banco de España es "una gran institución española" y una entidad pública a la que hay que "exigir cosas, pero también cuidarla", si bien reconoció no estar "muy contento" con la presencia del organismo en el ámbito monetario, al verla "mejorable", ya que, a su juicio, cuenta con una presencia que no se corresponde con su tamaño e importancia en el sistema.

De esta forma, uno de los retos de la nueva cúpula será potenciar la presencia e influencia del Banco de España en materia monetaria en la zona euro, en un contexto en el que los tipos podrían empezar a subir en la segunda mitad de 2019 y con un español, el exministro de Economía, Luis de Guindos, que iniciará su mandato como vicepresidente del BCE el próximo 1 de junio para un periodo de ocho años.

Para el todavía gobernador del Banco de España el sistema financiero español está en una posición "bastante más sólida" que hace unos años, aunque "todo es mejorable" y debe seguir reforzando su capital y su potencia ante la posibilidad de una nueva crisis.

La nueva cúpula del organismo tendrá que desarrollar su actividad en un contexto en el que se podrían producir nuevas fusiones bancarias y buscar la materialización de operaciones corporativas transfronterizas que permitan reducir el exceso de capacidad del sector financiero y ayuden a las entidades a mejorar su eficiencia operativa y, por ende, su rentabilidad.

También tendrá que hacer frente a un panorama basado en la digitalización del sector y el cierre de oficinas, así como la privatización de Bankia.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha pedido este lunes acometer más reformas económicas, ante el bajo crecimiento de la productividad, la falta de competitividad en algunos sectores y las "ineficiencias significativas" en el mercado laboral.

Lo ha hecho durante su intervención en el Congreso para informar sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, recogida por Europa Press, donde ha reclamado también una revisión y definición de la cesta de impuestos para obtener de forma "estable y eficiente" los ingresos necesarios para financiar el nivel previsto de gasto público, así como más reformas y un programa de medio plazo con medidas para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios ante el "elevado" déficit estructural.

A pesar de que la información más reciente apunta a que el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre de 2017 (avance de 0,7% del PIB) habría continuado en los primeros meses de este año y de que el organismo augura un alza del 2,7%, Linde ha pedido llevar a cabo más reformas económicas.

"Estos factores [el bajo crecimiento de la productividad, la falta de competitividad y las ineficiencias del mercado laboral], en un entorno de intenso envejecimiento de la población, imponen límite al crecimiento potencial en el medio y largo plazo", ha remarcado Linde, quien también ha apuntado que las tensiones políticas en Cataluña podrían generar "episodios de falta de confianza", como sucedió el año pasado.

Además, ha explicado que la evolución de la actividad económica en los últimos años se ha visto favorecida por factores transitorios como una política monetaria muy acomodaticia, una política fiscal expansiva y una evolución favorable de los precios del petróleo, si bien "a medida que estos efectos pierdan relevancia, su aportación al crecimiento de la economía disminuirá". Por ello, ha insistido en la necesidad de reformas para apuntalar la confianza de los agentes económicos y aumentar el potencial de crecimiento.

Por otra parte, Linde ha señalado que el tono de la política fiscal podría ser "neutral o ligeramente expansivo", frente al tono neutral de 2017, por lo que cree que "no se producirían en 2018 avances en la reducción del todavía elevado déficit estructural de las administraciones públicas".

Linde ha señalado que la mejora del déficit en 2018 obedecerá, principalmente, al buen comportamiento cíclico de la economía y a la reducción de los pagos por intereses de la deuda pública, en un contexto de moderación general del gasto público, determinado por el techo de gasto, a pesar de algunas medidas de incremento del gasto y de reducción de impuestos incorporadas en el proyecto de presupuestos.

En este sentido, ha insistido en la importancia de la consolidación presupuestaria, ya que el ajuste presupuestario pendiente es "significativo" y España sigue inmersa en el procedimiento de déficit excesivo desde el año 2009 y el plazo fijado por el Consejo de la UE para la superación de esa situación es este año y, una vez logrado ese objetivo, proseguir hasta lograr el equilibrio presupuestario en términos estructurales, algo "fundamental" para recuperar los márgenes de maniobra de la política fiscal ante eventuales escenarios adversos de crecimiento.

Por ello, considera que el proceso de consolidación fiscal debe anclarse en un programa de medio plazo en el que se detallen las medidas que permitan la consecución de los objetivos presupuestarios, así como en una previsión prudente de la evolución macroeocnómica y de los ingresos públicos.

Asimismo, ha pedido seguir avanzando en la racionalizacion y eficiencia del gasto público, así como considerar una "revision y definición de la cesta de impuestos" que permita obtener de forma "estable y eficiente" los ingresos necesarios para financiar el nivel deseado de gasto público.

La deuda, el principal reto a medio plazo

Según Linde, a medio plazo el principal reto en el ámbito de las finanzas públicas es la persistencia de un elevado nivel de deuda pública, que cerró 2017 en el 98,3% del PIB, ya que su mantenimiento puede afectar al funcionamiento de la economía y podrían sumarse otros factores adversos como la normalización de las condiciones financieras o el impacto de las tendencias demográficas sobre el gasto.

En concreto, ha alertado de que el mantenimiento de una elevada deuda puede provocar la absorción de recursos que podrían tener usos más productivos, una mayor dependencia de las condiciones financieras exteriores o la reducción de los márgenes de maniobra de la política fiscal ante perturbaciones adversas.

La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

El déficit de la Seguridad Social alcanzó en 2017 su récord histórico, 18.800 millones de euros. El organismo lleva desde 2012 encadenando números rojos cada vez más abultados. La recesión económica, seguida de una recuperación precaria en sueldos y cotizaciones, y acompañadas ambas de un aumento a ritmo constante de las prestaciones que debe pagar cada año, han dejado las arcas de la Seguridad Social en situación calamitosa. Pasan los ejercicios, las cuentas no cuadran y el Gobierno repite que para solucionarlo basta el aumento del empleo. La ministra Fátima Báñez asegura incluso que la calidad de los nuevos puestos de trabajo no sólo no es mala, sino que cada vez es mayor.

Quizá por esa razón los presupuestos de ingresos de la Seguridad Social han resultado fallidos los últimos seis años. Lo han advertido tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tras analizar los Presupuestos de 2017 –que han sido prorrogados para 2018–, ambos organismos reprocharon al Gobierno su “exceso de optimismo” al calcular los ingresos del sistema. La AIReF incluso calificó de “muy improbables” las previsiones de ingresos de la Seguridad Social. Según sus propios cálculos, las cotizaciones iban a crecer en 2017 en un 4,5%, muy por debajo del 6,8%, en términos de contabilidad nacional, que fijaba el Gobierno. Ni con el alza prevista en el número de afiliados a la Seguridad Social –un 3%– ni con las medidas para aumentar las cotizaciones sociales –subida de topes máximos y mínimos de cotización, menos reducciones de cuotas por las tarifas planas de los contratos indefinidos– la recaudación iba a crecer al ritmo que pretendía el Gobierno, recalcó la AIReF.

El mismo argumento utilizó también el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el pasado mes de abril. Según destacó, la previsión de ingresos de la Seguridad Social se apoya en “un avance superior al de sus bases (empleo y salarios), incluso teniendo en cuenta el efecto recaudatorio de las modificaciones normativas”: el aumento de un 8% de las bases mínimas de cotización y del 3% de las máximas. Crecer al 6,8% “significaría una respuesta de la recaudación a la evolución de la actividad superior a la observada históricamente”, alertaba Linde.

El mayor desfase, en 2016

En efecto, el presupuesto de ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social suma un desajuste de 49.104,5 millones de euros desde 2012 hasta 2017 por encima de las cantidades que se recaudaron. Es decir, los técnicos del ministerio presupuestaron casi 50.000 millones más de los que efectivamente se ingresaron, según se desprende de las ejecuciones presupuestarias de cada ejercicio. Aunque todavía no se han cerrado las cuentas de 2017 y en la web de la Seguridad Social sólo figura la ejecución hasta noviembre, la ministra de Empleo avanzó el pasado enero en el Congreso que la recaudación había alcanzado en diciembre los 109.100 millones de euros, un 6,3% más que en 2016, pero aun así 1.460,32 millones por debajo de la cantidad presupuestada para el ejercicio.

El año en que más se distanció la cantidad presupuestada y la finalmente recaudada fue 2016, ya en plena recuperación económica. Entonces la Seguridad Social previó 117.242,58 millones de euros en cotizaciones sociales, pero sólo ingresó 102.599,69 millones, 14.642,89 millones menos, un desfase del 12,5%. El ejercicio en que más se acercó a sus previsiones –excluido 2017– fue 2014, cuando recaudó 97.763,08 millones, un 5% por debajo del presupuesto.

Si se considera el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social en su conjunto, que incluye, además de las cotizaciones sociales, otras fuentes de financiación como las transferencias corrientes y de capital o la enajenación de inversiones, esta partida se infló en 40.688,81 millones de euros desde 2012 –y contando sólo hasta noviembre de 2017, ya que aún no están disponibles los datos de diciembre–.

Las partidas de gasto

La sobreestimación de los ingresos se debe menos al exceso de entusiasmo de los expertos del Gobierno sobre la evolución económica de España que a la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la UE. Cada año el Ejecutivo debe enviar a Bruselas unos presupuestos en los que se compromete a respetarlo, por lo que hincha el lado de los ingresos para que no sean superados por los gastos y evitar que se le impongan posibles recortes.

Por lo que a la Seguridad Social se refiere, sus gastos de personal son ahora inferiores a los de 2012, cuando se presupuestaron 2.400,56 millones de euros. Para 2017 la partida se quedó en 2.366,71 millones. Sólo la Tesorería de la Seguridad Social ha perdido el 18,5% de su plantilla desde julio de 2011, según reconoce el Gobierno en una respuesta al PSOE en el Congreso.

En pagar prestaciones –pensiones y otro tipo de subsidios y ayudas–, que es su principal partida de gasto, la Seguridad Social empleó en 2016 –último ejercicio cerrado– un total de 137.123,74 millones de euros, un 14,8% más que en 2012. Aquí también fallaron sus previsiones. Presupuestó un aumento del 17% en este capítulo respecto a cuatro años atrás, 2,2 puntos porcentuales más. La cantidad recaudada en cotizaciones en ese intervalo creció sólo un 4,3%: de los 98.342,19 millones de euros de 2012 a los 102.599,69 millones de 2016. El año en que menos cotizaciones se ingresaron fue 2013, con sólo 96.389,26 millones de euros. Entonces, en plena crisis, el número de afiliados a la Seguridad Social era de sólo 16,3 millones de personas.

Un total de 9,15 millones de personas cobran en España una pensión pública. La de casi 8,7 millones es una pensión contributiva, cuya cuantía depende de las cotizaciones que ha pagado a lo largo de su vida laboral. El resto, 453.852 personas, perciben pensiones no contributivas, porque no han cotizado o porque lo han hecho durante menos de 15 años. La cuantía media de las pensiones contributivas ascendía a 930,27 euros mensuales a 31 de diciembre de 2017. La de las no contributivas es muy inferior: 397,64 euros.

Las multitudinarias manifestaciones de jubilados en todo el país han vuelto a colocar las pensiones en la primera línea del debate político. Mientras la oposición y los sindicatos reclaman pensiones suficientes y “dignas”, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pide que se considere la vivienda en propiedad a la hora de valorar la “pensión real” que perciben los jubilados españoles y el Gobierno presume de las dos centésimas de poder adquisitivo que las prestaciones han ganado desde el comienzo de la crisis.

Poniendo la lupa sobre esos más de nueve millones de pensionistas, las estadísticas de la Seguridad Social revelan que casi la mitad de ellos –el 46%– cobra una prestación pública que no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 735,89 euros al mes. Son 4,21 millones de personas. Y el 63,8%, es decir 5,84 millones, no llega a mileurista.

Si la cuenta se hace con el número de pensiones contributivas, en lugar de con el de pensionistas –las de viudedad y orfandad son compatibles con otras pensiones, por lo que algunas personas cobran más de una; en concreto, 810.423 reciben varias–, resulta que el 68,3% no llega a 1.000 euros y el 51,8% no alcanza los 735,89 euros mensuales. De hecho, la pensión más habitual, la que cobran 1,8 millones de personas, se encuentra en la franja de 550 a 600 euros. Por el contrario, la pensión máxima, de 2.580 euros mensuales, sólo la disfrutan en España 48.105 ciudadanos (el 0,5% del total).

También hay que tener en cuenta que el 25% de los pensionistas, 2,4 millones, perciben los llamados “complementos a mínimos”, una cantidad a la que tienen derecho si su prestación reconocida no alcanza la pensión mínima, 639,3 euros al mes.

De las pensiones contributivas las de mayor cuantía son las de jubilación, cuyo importe medio a 31 de diciembre de 2017 era de 1.074,83 euros. También son las más numerosas, 5,88 millones. Las de incapacidad permanente, que cobran 949.857 personas, se quedan en una media de 939,84 euros. Las 2,36 millones de pensiones de viudedad bajan hasta los 651,2 euros. Y los 323.069 perceptores del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez), un régimen residual de los afiliados al Régimen del Retiro Obrero hasta 1939 y a su sucesor hasta 1967, tienen las pensiones más escasas: 381,23 euros de media.

Las pensiones no contributivas pueden ser de jubilación y de invalidez, con unas medias muy por debajo de las anteriores: 357,16 euros las primeras y 397,64 euros las segundas.

Comunidades, mujeres y autónomos

Al depender de los sueldos cobrados durante la vida laboral, las pensiones contributivas reproducen la desigualdad territorial de los salarios. En 10 de las 17 comunidades autónomas, estas pensiones no alcanzan la media de 930,27 euros. Las más pobres corresponden a Extremadura, donde la media es sólo de 773,07 euros, y a Galicia, donde se queda en 786,65 euros. En Andalucía es de 834,53 euros al mes. La comunidad autónoma con la mejor pensión media es el País Vasco, con 1.155 euros.

Por el mismo motivo –sus salarios son más bajos– pero también por su menor incorporación al mercado laboral y unas carreras de cotización más cortas e irregulares, las mujeres tienen también menores pensiones contributivas. La media de los hombres llega a los 1.147,98 euros mensuales, mientras que la de las mujeres no es más que de 725,02 euros, un 37% inferior. Además, de los 3,75 millones de pensionistas cuya prestación pública no alcanza el SMI, el 65,2% son mujeres. Por el contrario, de los 941.499 jubilados que perciben pensiones por encima de los 2.000 euros mensuales, el 75,6% son hombres.

Igualmente se resienten las prestaciones de los autónomos, las más bajas de todos los regímenes de la Seguridad Social: 644,41 euros de media, un 31% inferior a la media global. En el caso de los autónomos jubilados, su pensión media, de 716,25 euros mensuales, no alcanza el SMI y cae un 33,3% respecto a la que cobran los asalariados.

La edad es otro factor determinante de la cuantía de la pensión contributiva. Las mayores prestaciones las cobran quienes tienen entre 60 y 70 años. A partir de esa edad, no dejan de caer. Si a los 65 años la pensión media asciende a 1.171 euros mensuales, a los 75 años ya es de sólo 903 euros, para los de 80 se queda en 798 euros y a partir de los 85 años desciende hasta los 703,68 eurosa partir de los 85 años desciende hasta los 703,68 euros de media. La caída para las mujeres es aún mayor, de forma que a partir de los 85 años la pensión media es de sólo 598,67 euros, por 919 euros para los hombres.

El motivo estriba en que cuanto más antigua es la pensión, más bajo era también el salario de quien la generó. Las prestaciones nuevas que se reconocen cada año son más altas que las de los jubilados más antiguos. Aunque las de 2017, con una media de 1.332 euros, se han quedado por debajo de las nuevas altas de 2016 –1.348,57 euros–, de 2015 –1.346,62 euros– y de 2014 –1.356,51–.

Tasa de pobreza de los mayores de 65 años

Con estas cifras, resultan menos sorprendentes las tasas de riesgo de pobreza que revela la Encuesta de Condiciones de Vida. Para el Instituto Nacional de Estadística (INE), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en 8.209 euros al año –el SMI anual asciende a 10.302,6 euros–. Así, con datos de 2015, la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años alcanzaba el 13% de la población residente en España. Es decir, 4,72 millones de personas por encima de esa edad ingresan al año menos de esa cantidad y pueden ser considerados pobres. Ese porcentaje no ha dejado de subir desde 2012, aunque es menor que en 2011, cuando alcanzó el 14,8%.

La encuesta también mide la tasa de pobreza incluyendo el valor de la vivienda, tal y como cree el gobernador de Banco de España que debe calcularse la renta real de los jubilados. Según el INE, esa tasa se reduce entre los mayores de 65 años al 6,3%. Por tanto, aun con una vivienda en propiedad, 2,3 millones de personas por encima de la edad de retiro se encuentran en riesgo de pobreza por la escasez de sus ingresos.

La Encuesta de Condiciones de Vida ofrece un segundo indicador de riesgo de pobreza, Arope (At Risk of Poverty or Social Exclusion), establecido en la Estrategia Europa 2020 de crecimiento de la UE. Según su definición, se encuentra en riesgo de pobreza la población que queda en alguna de estas tres condiciones: sus ingresos están por debajo del 60% de la mediana nacional, son hogares sin empleo o baja intensidad de empleo y su carencia material es severa. En esa situación se hallan en España el 14,4% de los mayores de 65 años, 5,23 millones de personas. Ese porcentaje también es el más alto desde 2013: ha crecido un punto y medio, 545.381 más en dos años.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, opina que retrasar aún más la edad de jubilación "podría estar justificado" para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y ha puesto sobre la mesa una medida adoptada en algunos países, donde la edad de acceso legal a la jubilación depende de la esperanza de vida.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, Linde ha responsabilizado del déficit de la Seguridad Social al incremento de los gastos, que ha crecido un 3,9% entre 2007 y 2015, casi cuatro veces más de lo que han aumentado los ingresos en el mismo periodo (+0,9%).

En estas circunstancias, el sistema se enfrenta fundamentalmente a un reto demográfico por el envejecimiento de la población –que conlleva un menor número de cotizantes– y el aumento de la esperanza de vida –que hace que haya que pagar pensiones durante más tiempo–, asociado además a unas nóminas más elevadas para los jubilados a resultas de unas mayores y mejores carreras de cotización.

Reducir la tasa de sustitución

En este contexto, el gobernador ha señalado que ya se han tomado medidas para compensar estos desequilibrios con las reformas de las pensiones del PSOE, que en 2011 retrasó la edad de jubilación a los 67 años, y del PP, que en 2013 introdujo el factor de sostenibilidad y desvinculó la evolución de las pensiones del IPC.

Así, al margen de los efectos positivos que tendría una mejora del mercado laboral, Linde ha defendido que haría falta reducir la tasa de sustitución –el porcentaje del último salario que se recibe como pensión inicial– aunque ha reconocido que eso ya se ha conseguido con el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno popular, que empezará a aplicarse en 2019.

Sin embargo, incluso en un escenario de pleno empleo, la reducción de la tasa de sustitución necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo sería "muy elevada", por lo que Linde cree que "lo sensato" es buscar soluciones tanto por la vía de reducción de la tasa de sustitución como de incremento de los ingresos.

Edad de jubilación y esperanza de vida

En el primer apartado, el gobernador ha abogado por nuevos retrasos de la edad de jubilación, dada la mayor esperanza de vida, las menores exigencias físicas de los trabajos, el retraso en la entrada al mercado laboral y las mejores condiciones de envejecimiento. Informa Europa Press.

"Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y retrasar la jubilación tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad del sistema", ha insistido, señalando que algunos países han optado incluso por establecer "enlaces automáticos entre la esperanza de vida y la edad de jubilación", aplicando cuentas nocionales en función de las que la cuantía de la pensión depende de las cotizaciones aportadas durante la vida laboral.

No obstante, el responsable del Banco de España ha añadido que sería positivo "extender" la incidencia de los fondos privados de pensiones para "complementar" los recursos públicos durante la jubilación, aunque ha reconocido que este tema es "complejo" y requiere de un "análisis" exhaustivo sobre los periodos transitorios, si se hacen obligatorios o voluntarios o los niveles de rentabilidad aceptables en contextos de baja productividad, entre otras cosas.

Buscar nuevas fuentes de financiación

La segunda vía a explorar para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es buscar nuevas vías de financiación. En este punto, Linde rechaza la posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales por el impacto que esto tendría sobre el mercado laboral y también ha alertado de que destopar las cotizaciones generaría un "fuerte incremento de los costes laborales" y afectaría a la relación entre contribuciones y pensiones si no se incrementan a la vez las pensiones máximas.

Otra posibilidad sería destinar los fondos de la Seguridad Social únicamente a las pensiones de jubilación y financiar el resto de pensiones –como viudedad u orfandad, entre otras– con los Presupuestos Generales del Estado, lo que "exigiría reducir otros gastos públicos o aumentar la imposición general", algo que el gobernador desaconseja porque podría afectar a su vez al crecimiento económico.

En este contexto, Linde cree necesario mantener un mecanismo automático de equilibrio como el actual índice de revalorización, aunque pueda ser reformado, y también ha emplazado a las Administraciones públicas a "volver a la senda de consolidación fiscal y reducción de la deuda para situar las finanzas públicas en la mejor posición para afrontar" los retos futuros, que exigen una "estrategia amplia de política económica" y la "mayor transparencia posible".

El Banco de España prevé que la fase de expansión de la economía se prolongará durante los próximos tres años, aunque el ritmo de crecimiento experimentaría una cierta desaceleración, con el PIB creciendo de media al 2,5% en 2017, al 2,1% en 2018 y al 2% en 2019, informa Europa Press.

Así lo estima la Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España en su contribución al ejercicio conjunto de previsión del Eurosistema de diciembre de 2016.

La institución cree que la expansión económica en el periodo 2016-2019 se apoyará en los estímulos monetarios y en los progresos realizados en la corrección de algunos de los principales desequilibrios de la economía, en particular en los avances registrados en los procesos de desendeudamiento de los agentes privados y de recuperación de competitividad exterior.

En todo caso, el ritmo de crecimiento experimentaría una cierta desaceleración a lo largo del próximo año, en un contexto en que la senda reciente de los precios del petróleo o el abandono por parte de la política fiscal del tono expansivo de los dos últimos ejercicios harán que cesen algunos de los impulsos que la economía ha recibido en la etapa reciente, considera la institución.

De esta forma, tras situarse en 2016, por segundo año consecutivo, en el 3,2%, el crecimiento medio del PIB se moderaría hasta el 2,5% en 2017. En 2018 y 2019, el incremento del PIB se situaría en el 2,1% y el 2%, respectivamente.

Desde el punto de vista de la composición de la demanda agregada, se espera que el crecimiento del PIB siga sustentándose en el gasto interno, mientras que la contribución de la demanda exterior neta continuaría siendo positiva, aunque decreciente a lo largo del horizonte de proyección.

Tras un descenso estimado del 0,3% en 2016, los precios de consumo aumentarían un 1,6% en 2017, reflejando el notable repunte del componente energético. En el bienio posterior, el Banco de España espera avances en términos de las medias anuales del 1,5% en 2018 y del 1,7% en 2019.

Como es habitual en los períodos expansivos de la economía española, la creación de empleo continuaría siendo elevada en relación al ritmo de avance del PIB, lo que contribuirá a reducir la tasa de paro, que se situaría, al final del horizonte de proyección, ligeramente por debajo del 15% de la población activa, superior al 12,8% proyectado por el Gobierno para ese año.

Riesgos por EEUU y el 'brexit'

En cuanto a los riesgos que rodean el escenario central de crecimiento del PIB, el Banco de España considera que predominan los de índole negativa, principalmente en relación con el contexto exterior. En particular, en los últimos meses se han intensificado las incertidumbres acerca del rumbo de las políticas económicas globales –de modo singular por lo que respecta a la economía estadounidense–, lo que podría terminar repercutiendo negativamente en la economía mundial.

Dentro de la Unión Económica y Monetaria (UEM), además de la incertidumbre generada por las diversas citas electorales nacionales próximas, cabe destacar la derivada de la negociación pendiente para la salida del Reino Unido de la UE.

En el ámbito interno, el organismo constata que la constitución de un nuevo Gobierno "ha comenzado a disipar las incertidumbres acerca del curso futuro de las políticas económicas".

Así, en el terreno de la política fiscal ya se han producido novedades en esta dirección, con la aprobación de varias medidas de ajuste presupuestario con posterioridad al cierre de estas previsiones que recoge la institución.

La reanudación de la consolidación presupuestaria, que podría comportar un menor dinamismo de la actividad a corto plazo con respecto al considerado en estas previsiones del Banco de España, resulta a su juicio "prioritaria" para mitigar las vulnerabilidades de la economía española ante eventuales cambios en las condiciones de financiación en los mercados internacionales.

Necesidad de proseguir con las reformas

La incertidumbre, sin embargo, es mayor en relación con la agenda de reformas estructurales necesarias para dinamizar el ritmo de avance de la productividad y el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios y de factores productivos, según el organismo que dirige Luis María Linde.

En este sentido, estima que la aprobación temprana de medidas orientadas en esa línea "tendería a favorecer el crecimiento de la actividad y a paliar la vulnerabilidad de la economía ante perturbaciones externas".

Los riesgos de desviación con respecto a las proyecciones de inflación se inclinan asimismo a la baja, fundamentalmente como consecuencia de una eventual concreción de las contingencias desfavorables para la actividad.

En sentido opuesto, también ve posible que el repunte reciente del componente energético de la inflación dé lugar a un impacto más elevado sobre los precios de consumo de otros bienes que el considerado en el escenario central. Además, indica que los supuestos acerca del precio del petróleo sobre los que se condicionan las proyecciones no incluyen el impacto alcista del acuerdo que los países de la OPEP alcanzaron el 30 de noviembre para restringir el volumen de producción de esta materia prima, dado que esa fecha es posterior a la del cierre del escenario central de las proyecciones.

Por primera vez la DGEE publica proyecciones referidas al año 2019, pero no incorporan las medidas presupuestarias aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre.

El colectivo ciudadano 15MpaRato ha interpuesto una denuncia por los delitos de prevaricación y falso testimonio en los juzgados de la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona contra el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro, por "ocultar" pruebas al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Bankia, Fernando Andreu, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Pero el colectivo dirige también su denuncia contra el predecesor en el cargo de Linde, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; contra el ex jefe de Supervisión Pedro Comín y su sucesor, Mariano Herrera García-Canturri; y contra el director general de Regulación y Estabilidad Financiera, Julio Durán Hernández.

En concreto, 15MpaRato acusa al gobernador del Banco de España de omitir entre los correos que envió por petición del magistrado Fernando Andreu cuatro emails a los que aludió "de forma expresa y exhaustiva" el inspector José Antonio Casaus, en los que manifestaba a su superior, Pedro Comín, que la salida a bolsa de Bankia "iba a resultar un perjuicio grave para los contribuyentes", especifica el documento. 

Entre la documentación aportada "no figuraban" cuatro correos electrónicos que "sin ningún género de dudas se encontraban incluidos en el requerimiento realizado por el Juzgado, y que fueron aportados solo a partir de un segundo requerimiento expreso, de fecha 3 de octubre de 2016, al detectarse que los mismos no se encontraban entre los efectivamente remitidos. A dichos cuatro correos electrónicos hizo expresa referencia el testigo José Antonio Casaus en su declaración ante el juzgado de fecha 5 de septiembre de 2016. Finalmente dichos correos se han aportado por el Banco de España en fecha 14 de octubre", resalta la denuncia.

"Decisión de Linde"

"Resulta extremadamente anómalo que el organismo requerido, el Banco de España, haya ocultado precisamente al Juzgado Central de Instrucción los cuatro correos electrónicos a que se hace referencia, correspondiendo tal decisión en última instancia, y sin duda de forma directa, por su entidad y trascendencia, a su gobernador, el denunciado Luis María Linde", completa el escrito remitido por 15MpaRato a los juzgados de Barcelona, y que muy probablemente acabarán en los de Madrid, localidad en la que está la sede del Banco de España.

Además, según la denuncia, del contenido de los mencionados correos "se desprenden indicios delictivos" en la actuación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri y Julio Durán Hernández, "pues que, de acuerdo con la documentación mencionada, los mismos tuvieron conocimiento directo de la situación y expectativas del Grupo Bankia y obviaron cualquier actuación que evitase la salida a Bolsa del mismo".

Carácter "fraudulento"

Tales declaraciones, complementadas con los correos electrónicos, permiten suponer, indica el colectivo denunciante, que los responsables del Banco de España "tenían un conocimiento inmediato y directo" de la situación patrimonial del Grupo Bankia y que, por tanto, la salida a Bolsa podría tener carácter "fraudulento".

"Pese a los avisos y advertencias que constan, las mismas no tuvieron respuesta alguna a los efectos de fiscalizar, controlar y supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido legalmente", resalta la denuncia, que hace hincapié en el papel desempeñado en los hechos por el exgobernador del Banco de España y por Pedro Comín: "Tales correos electrónicos permiten fundamentar que, por activa o por pasiva, la supervisión del Banco de España no cumplió con sus funciones legales, y ello pese a disponer de suficientes elementos para conocer la situación real y de medios para corregirla".

Compromís exige explicaciones al Banco de España por el dinero público destinado al rescate bancario que el Estado no podrá recuperar, pidiendo la comparecencia de su gobernador, Luis María Linde, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Según informó esta formación política en un comunicado, recogido por Europa Press, su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, acusó al Gobierno de "mentir conscientemente desde el principio sobre los costes del rescate para la ciudadanía".

"Únicamente se ha recuperado un 5% del dinero público total entregado a los bancos" cuando, según manifestó Baldoví, "el Gobierno aseguró que se recuperarían en su integridad los 51.303 millones de euros aportados por la ciudadanía a través del Banco de España".

La petición de Compromís se produce días después de que el Banco de España reconociera que daba por perdidos 26.300 millones de euros del total destinado por el Estado a recapitalización de la banca española.

Baldoví destacó "el contraste entre las declaraciones de Mariano Rajoy en 2012, cuando aseguraba que el dinero no era un rescate, sino 'un crédito a la banca que van a devolver' y su actitud pasiva ante la noticia de que el dinero inyectado a la banca no podrá ser recuperado".

"Estamos hablando de 26.300 millones de dinero público que el Banco de España ha regalado a los bancos, dinero que debería ir destinado a mejorar servicios como la sanidad, la educación o el sistema de pensiones", concluyó.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reafirmó que el PIB crecerá más del 3% este año, con inflación negativa y con una creación de empleo y afiliación a la Seguridad Social que permitirán rebajar la tasa de paro por debajo del 20% de la población activa en 2016, y advirtió que "no se debe poner en riesgo la consolidación fiscal".

Durante su intervención en el VI Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG, el gobernador ha puesto en valor que la economía española describió un "triángulo virtuoso" a lo largo de este ejercicio, con un crecimiento vigoroso, creación de empleo y superávit exterior.

Con todo, Linde ha advertido de que el grado de incertidumbre de las previsiones económicas se ha ampliado en los últimos meses y ha señalado "riesgos a la baja" por el deterioro de las expectativas de crecimiento mundial.

"Pero la economía española está en condiciones de afrontar estos retos", ha afirmado, para después instar a perseverar en la corrección de los desequilibrios frutos de la crisis, como el elevado paro y la "abultada" posición deudora internacional de España. Por ello, ha abogado por mantener las ganancias de competitividad y contener el endeudamiento.

"No hay que exagerar el margen de maniobra de la política económica, ni poner en riesgo la consolidación fiscal, que debe seguir siendo un marco de referencia básico", avisó. El gobernador incidió en que las reformas emprendidas favorecen la recuperación económica y contribuyen a incrementar la resistencia ante "perturbaciones exógenas".

"Hay que recordar que nuestro esfuerzo de reequilibrio se ha realizado en un contexto adverso, consecuencia de la grave recesión que ha atravesado la economía española entre el año 2009 y la primera mitad de 2013", recordó.

Por último, Linde aseguró que la senda de desendeudamiento privado de la economía española se podrá prolongar más en el tiempo, si bien ha garantizado que la "mayor parte del ajuste" ya se ha realizado.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó este miércoles que ve "altamente improbable" y "casi imposible" un corralito en Cataluña, al tiempo que añadió que no es la cuestión que más preocupe de España en el seno de la Unión Europea.

"Creo que el siniestro del cual se habla es altamente improbable, yo diría que casi imposible. Sigo ratificándome en que es un futurible altamente improbable. No creo que le preocupe a nadie en este momento en Europa, preocupan otras cosas de España más que ésta", afirmó Linde.

Por otra parte, el gobernador del Banco de España negó que el Banco Central Europeo (BCE) tenga preparado un documento para asegurar la permanencia de Cataluña en la zona euro en el caso de independencia y advirtió de que los tratados que se mantienen con países como Mónaco, Kosovo, San Marino, Vaticano o Andorra no son aplicables en este caso.

En su turno de respuesta a los portavoces de los diferentes grupos, Linde se refirió a las declaraciones que ofreció el pasado lunes en un desayuno informativo organizado por Europa Press y ha señalado que con sus palabras no ofreció una amenaza de corralito.

"Respondí a la pregunta: '¿hay algún riesgo de corralito?' en el supuesto. Respondí "en situaciones de mucha tensión y de incertidumbre es un riesgo que no puede excluirse, ahí está el caso de algunos países latinoamericanos y el caso de Grecia. Si me pregunta si existe alguna posibilidad o riegos de corralito, debo decir que sí, pero es un futurible altamente improbable", señaló, al tiempo que ha confesado que, antes de contestar a la cuestión planteada, tuvo "unos segundos de duda". "Respondí lo que honradamente me parecía que tenía que responder como gobernador del Banco de España y como algo experto en la materia", añadió.

Sin acceso a la liquidez del BCE 

Linde destacó que los responsables políticos de la Unión Europea señalan que si "un pedazo de territorio" se separa de la UE deja de ser miembro de la Unión Monetaria. En este supuesto, las instituciones bancarias pertenecientes a ese territorio "no son de la Unión Monetaria" y no tienen acceso a las facilidades de crédito del BCE de acuerdo con las actuales reglas en vigor.

Por otra parte, Linde se refirió al comunicado publicado por la Asamblea Nacional de Cataluña en el que se afirma que, en el caso de secesión, el territorio alcanzaría acuerdos con las autoridades europeas. En este sentido, negó, como gobernador del Banco de España y miembro del BCE, que la institución que preside Mario Draghi haya preparado algún documento para asegurar la permanencia de este territorio en la zona euro.

No obstante, ha destacado que el Banco Central sí tiene acuerdos firmados con Mónaco, San Marino, Vaticano, Andorra o Kosovo, pero matizó que estos acuerdos "no son aplicables" al caso catalán porque "no tiene nada que ver".

"No es cierto que haya ningún acuerdo preparado para firma en cualquier momento. Es una invención y los acuerdos con otros miniestados no son aplicables al caso que nos ocupa", añadió Linde, quien advirtió de que si "alguien" cree que su visión del asunto es "sesgada", "solo tiene que acudir al BCE".

Linde, además, precisó que no ve cómo se solucionar el acceso a la liquidez desde bancos domiciliados en el territorio que se ha separado y que ya no es parte de la UE. "Es muy complicado realmente", dijo.

Linde respondió así a la cuestión catalana tras las preguntas de los portavoces de los grupos del Senado. Fue el portavoz de Convergencia, Ferran Bel, quien cargó con dureza contra las palabras de Linde porque no casan con la "neutralidad" que le corresponden y le instó a aclarar si ofreció su opinión o la del Banco de España y a retirar en cualquier caso sus palabras.

Bel situó estas declaraciones en los intentos "de interferencia en la campaña de unas elecciones que todo el mundo se empeña en que son autonómicas normales, pero que también estas declaraciones demuestran que no lo son, que son plebiscitarias". "¿Puede descartar un corralito en el conjunto del Estado español si Cataluña se independiza?", agregó.

Prever incertidumbres 

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y portavoz de Entesa pel Progrés de Catalunya, José Montilla, pidió una aclaración porque es preocupante que se hagan declaraciones de este tipo sobre el futuro de los ahorros de los catalanes si se produce una declaración de independencia tras las elecciones.

"Alertar de los riesgos no creo que sea hacer campaña del miedo si se hace con rigor. Es altamente improbable el corralito como altamente improbable es la independencia de Cataluña", afirmó.

Por parte del PSOE, Joan Lerma, defendió que es "obligación" del gobernador del Banco de España "referirse a las incertidumbres" sobre la economía. "Siempre son posibilidades, pero para Cataluña y para España es mala la situación en que estamos ahora", dijo.

El portavoz del PP, Francisco Utrera, defendió que Linde responda a una hipótesis y admita la posibilidad de corralito y ha insistido en que la independencia supondrá para Cataluña salir de la UE y del euro. "Negar la realidad es darse de cabezazos con una pared y pensar que se puede atravesar", dijo.

Las reacciones de los tuiteros a las declaraciones de Linde son variopintas. Algunos se preguntan de qué país habla el gobernador:

Otros ironizan con el corralito...

Y luego están los tuiteros que consideran que Linde debería haberse pronunciado antes:

O aquellos otros que recuerdan que el corralito ya existió, aunque se le llamara oficialmente "participaciones preferentes".

Aunque no solo Luis María Linde ha protagonizado la actualidad tuitera relativa a Cataluña. Las palabras pronunciadas el domingo por el president Artur Mas, en un acto de campaña, también han tenido eco en las redes sociales. Y es que no ha gustado a casi nadie las palabras sarcásticas de Mas. En concreto, dijo: "Indígenas [en alusión a los catalanes] decir a grandes jefes Madrid PP, PSOE y Podemos que un gran corte de mangas', lo que en la lengua de la reserva es una gran butifarra, y una victoria contundente de Junts pel Sí, que seguro que esto no les gustará nada".

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha reclamado este lunes al Gobierno que regule las tarifas máximas que las entidades bancarias cobran por cada uno de sus servicios con el fin de frenar la subida de las comisiones.

A su juicio, los incrementos que vienen produciéndose en los últimos años en las distintas comisiones que aplica la banca "solo pueden frenarse introduciendo topes en la normativa del sector", como ocurre, por ejemplo, con las relacionadas con las cancelaciones de préstamos hipotecarios, reguladas en 2007.

Por otra parte, la asociación ha solicitado tanto al Banco de España como a las autoridades de protección al consumidor autonómicas que impongan multas a los bancos que estén vulnerando la legislación al aplicar "comisiones abusivas".

En este sentido, apuntan que si la infracción se califica como muy grave, el Banco de España tiene competencias para aplicar multas de entre el triple y el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse, entre el 5% y el 10% del volumen de negocios neto anual total o entre 5.000.000 y 10.000.000 euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.

En cuanto a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, según la ley autonómica de defensa del consumidor que se aplique, las multas pueden llegar a alcanzar el millón de euros, más una cantidad equivalente a entre una y diez veces las cantidades ingresadas con la práctica fraudulenta.

Comisiones abusivas

En un comunicado, Facua hace un repaso por las comisiones que a día de hoy cobran los bancos y que, a su entender, "son abusivas". Así, mencionan el cargo que se aplica a los usuarios cuando ingresan dinero a un tercero si no son clientes de la entidad.

La asociación también denuncia que los bancos cobran comisión cuando la cuenta queda en números rojos. "De hecho, se trata de dos comisiones: una por tener la cuenta en negativo, por lo que los bancos cobran una media de 10,79 euros según el último estudio de Facua, y otra por notificar esta situación al usuario para que la regularice, donde el importe medio es de nada menos que 32,88 euros", indica.

La última comisión que ha desatado la polémica ha sido la de cobrar a los usuarios por sacar dinero en cajeros de entidades de las que no son clientes, una práctica que ya aplica La Caixa y a la que se sumarán, próximamente, Santander y BBVA.

"Facua considera lamentable que ni el Banco de España ni las autoridades de consumo autónomas hayan anunciado aún la aplicación de sanciones económicas por esta práctica ilegal, en la que se cobra al usuario dos veces por el mismo servicio", ha denunciado.

La asociación recuerda que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, "ha confirmado la ilegalidad" de esta doble comisión. No obstante, hace hincapié en que hace seis meses que esta comisión se aplica en los cajeros de La Caixa "reportando pingües –e ilegales– beneficios", y Linde "solo se ha limitado a decir que el organismo actuará" oportunamente, "sin mencionar en ningún momento la palabra multa".

Pese a que confía en que esta comisión acabe desapareciendo, Facua teme que las dos comisiones pueden acabar fusionándose en una sola, es decir, que los bancos renegocien las condiciones del uso de sus cajeros, acuerden aumentar las comisiones que se repercutan unos a otros y, en definitiva, a los usuarios acaben cargándoles cantidades mayores de las que estaban acostumbrados. "Es uno de los motivos por los que Facua reclama la regulación legal de las cuantías máximas de las comisiones bancarias", concluye.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advirtió este martes de que el supervisor actuará en el caso de que las entidades cobren dos comisiones por un mismo servicio, aunque señaló que primero esperará a que tanto bancos como patronales "tomen medidas".

Durante su comparecencia en la Comisión de presupuestos del Congreso, Linde insistió en que no se pueden cobrar dos comisiones por un mismo servicio, razón por la que el Banco de España ya hizo un llamamiento a las entidades en el mes de julio.

"(La advertencia) está dirigida a las entidades y patronales para que actúen en consecuencia. Esperaremos que actúen y tomen medidas y, si no fuera así, el Banco de España actuará como fuera oportuno en esta materia con sus responsabilidades. Es el supervisor bancario", dijo.

Linde hizo este llamamiento nuevamente después de que La Caixa, BBVA y Santander hayan anunciado su intención de cobrar comisiones por la retirada de dinero en sus cajeros a los no clientes.

Defiende el rescate

Por otra parte, el gobernador del Banco de España defendió el rescate del sistema financiero, ya que sirvió para proteger los depósitos de los españoles, al tiempo que descartó que con la ayuda prestada al sistema se haya salvado a consejos de administración o a directivos.

"El rescate y su coste ha tenido como objetivo salvar a los depositantes. Puede ser para algunos sorprendente, pero es así. El coste ha servido para salvar a los depósitos. Si no se hubiera hecho lo que se ha hecho, los depósitos se hubieran perdido y las consecuencias hubieran sido importantes", destacó.

El Santander, BBVA y CaixaBank ganaron en el primer semestre de 2015, en conjunto, 6.893 millones de euros. Un 53,5% más. Eso significa que tuvieron un beneficio al día, hasta el 30 de junio de este año, de 38,3 millones. Pero esos números verdes no han impedido que esos tres grandes bancos hayan adoptado una decisión polémica y que impacta en el bolsillo de los usuarios: cobrar una comisión adicional de dos euros a los no clientes que saquen dinero de sus cajeros. Una medida que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de consumidores y que ha sido rechazada por el Banco de España, aunque el supervisor no ha anunciado sanciones si no se revierte la decisión. 

Este viernes, se pudieron hacer los números de la gran banca española después de que las entidades presentaran los resultados de la primera parte del año. Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular registraron un beneficio neto conjunto de 7.989 millones de euros de enero a junio. Una cifra que se debe a las menores provisiones realizadas, a la mejora del negocio y a las plusvalías obtenidas por algunas entidades. En 2014, en el mismo periodo, ingresaron 5.389 millones. Es decir, que en un año la ganancia ha crecido un 48,2%. 

Si se tiene en cuenta sólo a los tres primeros, resulta que en la primera parte de 2014 ganaron 4.489 millones. En el mismo periodo de 2015, fueron 6.893, 2.404 más. El aumento, pues, de los tres gigantes es del 53,5%. Teniendo en cuenta que del 1 de enero al 30 de junio transcurrieron 180 días, la cuenta es fácil: 38,29 millones de ganancia neta cada jornada. 

La primera, CaixaBank

El grupo financiero que más beneficio neto logró en el primer semestre fue el Santander, con 3.426 millones (un 24% más, en comparación con los 2.756 que ganó el año anterior). Por detrás quedó el BBVA, con una ganancia de 2.759 millones, el 107,7% más, debido a las plusvalías obtenidas por la venta de su participación en el banco chino CNCB, y a la aportación a las cuentas de Catalunya Banc. Sin esas plusvalías, no obstante, el beneficio habría crecido el 52,9%, hasta los 2.031 millones. CaixaBank ganó de enero a junio 708 millones (un 75% más); Bankia, 556 (un alza del 11,5%); el Sabadell, 352 (un aumento del 55,3%) y el Popular, 188 (+7,2%). 

Las tres primeras, las tres mayores entidades españolas, han ido anunciando en las últimas semanas la implantación de una tasa adicional de dos euros a los que no sean sus clientes cada vez que utilicen su red de cajeros automáticos. Primero fue CaixaBank, la que cuenta con un mayor parque de instalaciones de este tipo, cerca de 9.700. Cobra los dos euros a los no clientes desde el 24 de marzo. El consejero delegado del banco defendía este mismo viernes que entendía "lógica" la decisión de reclamar la comisión a los no clientes, tras invertir 500 millones en la renovación de sus máquinas. El objetivo de CaixaBank es que sus usuarios tengan "una experiencia de calidad y diferencial" cuando empleen sus cajeros, los más modernos del mercado, según esgrimió el directivo. 

Tras CaixaBank, quien hizo el anuncio fue el BBVA. Copió la medida, que aplicará en septiembre. Dos euros a los no clientes que extraigan efectivo en los casi 7.000 cajeros de su red. El consejero delegado de la entidad, Carlos Torres Vila, también abanderó este viernes la defensa de la tarifa extra. Con ella, dijo, el BBVA pretende no tanto recaudar dinero, sino diferenciar a los clientes de los que no lo son y captar a estos últimos o bien que dejen más disponibles las máquinas. Añadió que el banco dedica unos 20 millones al año en el mantenimiento e instalación de estos cajeros pensando en sus clientes. Más sencillo: "Buscamos que los no clientes se hagan clientes", resumió el número dos de Francisco González.

Una estrategia "sana"

El último en subirse al carro ha sido el Santander. Lo hizo este jueves. Con un diseño semejante: empezará a cobrar una comisión de "en torno" a dos euros a los no clientes que retiren dinero en efectivo de sus cajeros a partir de finales de septiembre o principios de octubre. La entidad que dirige Ana Patricia Botín cuenta con 5.000 máquinas. Los argumentos utilizados por el consejero delegado del Santander fueron semejantes: la instalación y el mantenimiento de estas máquinas es un servicio "caro" y "tiene sentido que los costes se trasladen a los no clientes". El número dos llegó incluso a calificar de "sana" la nueva política implantada por el banco. 

El problema es que esta tarifa extra de dos euros se suba a la que ya pagaban los usuarios de tarjetas en casi todas las entidades al sacar dinero de cajeros ajenos a su red, que podía llegar hasta los 1,50 euros. Es decir, que se trata de dos comisiones distintas. Lo resumió este jueves el consejero delegado del Santander: "Hay dos costes. Son dos servicios distintos". 

De los otros tres grandes bancos, dos están estudiando imitar a CaixaBank, el BBVA y el Santander y su doble imposición. Son el Sabadell y el Popular. "Todavía no tenemos una decisión tomada, la tomaremos a lo largo de las próximas semanas en función de cómo se evolucione y las actuaciones de la competencia", indicó este viernes Francisco Gómez, el número dos del Popular, poseedor de una red de 2.500 máquinas. BFA-Bankia (5.500 cajeros) ya adelantó el pasado 27 de julio que "hoy por hoy" no cambiará su política de trato a clientes y no clientes.

"Un único servicio de pago"

El malestar por la implantación de la medida ha sido tal que ha obligado al Banco de España (BdE) a pronunciarse. En un comunicado –el único lanzado por el supervisor este julio y colgado en su web– instaba a la banca a "que adopte las medidas necesarias para garantizar que, en cada operación, se procede al cobro de la comisión sólo por una de ellas". 

El organismo que dirige Luis María Linde considera que la retirada de efectivo de un cajero automático "constituye un único servicio de pago, con independencia de que se realice en un cajero propiedad de la entidad emisora de la tarjeta bancaria o de otra entidad". "En consecuencia –añade–, ese servicio sólo puede originar el cobro de una comisión, ya sea por la entidad emisora de la tarjeta o por la entidad propietaria del cajero".

Para comunicar este criterio, el BdE acordó remitir sendos escritos a la Asociación Española de Banca (AEB) –la patronal del sector–, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED). 

"Falta de contundencia"

A las asociaciones de consumidores la respuesta del Banco de España les pareció tibia. Insuficiente. Echaron en falta que amenace con multas a quienes no atiendan su criterio. Así, Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), aunque se felicitó de que por fin hubiera un pronunciamiento, criticó que el supervisor haya "obviado cualquier tipo de sanción a las entidades implicadas y tampoco haya exigido la devolución a los consumidores de las cantidades que los cajeros de CaixaBank han cobrado hasta ahora". La entidad deploró que el organismo haya tardado "cuatro meses en pronunciarse desde la primera denuncia registrada por este motivo". Y alertó de que si finalmente se renuncia a la segunda comisión no se establezca de forma concertada y generalizada un "camuflado encarecimiento" de las tasas que ya se aplicaban. Adicae también ha exigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúe. 

Facua-Consumidores en Acción compartió planteamiento. En una nota de prensa, criticó la "falta de contundencia" del BdE ante un "fraude" que viene produciéndose desde marzo, cuando CaixaBank empezó a aplicar el doble cobro. Reclamó "multas proporcionales al beneficio extra" que reporta demandar dinero "dos veces por un único servicio". 

La Unión de Consumidores de Andalucía-UCE exigió al supervisor que frene el cobro de las tasas extras a los no clientes porque además podría ser algo "absolutamente contrario" a la ordenación contemplada en la Unión Europea. 

El caso ya ha llegado, de hecho, al corazón del Viejo Continente. El pasado mayo ya se conoció que la Comisión Europea había solicitado a CaixaBank que le proporcionase información con respecto al cobro de su nueva comisión. El Ejecutivo comunitario analiza si la medida es compatible con el reglamento relativo a los pagos transfronterizos en la UE. 

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, insistió este miércoles en que el recorte de las pensiones públicas es “inexorable” por una mera cuestión demográfica. Por tanto, invitó a los españoles a suscribir planes privados de pensiones. Sólo unos días antes ya había instado al ahorro a los jóvenes, en concreto, ante ese “inevitable” descenso de las pensiones públicas. Las críticas de los sindicatos y los partidos de la oposición han sido inmediatas. Para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y acusar a Linde de “generar miedo” y de convertirse en publicista de las entidades financieras que ofrecen los planes privados. El gobernador no hace sino repetir la tesis que defienden esas entidades, expertos actuariales y muchos economistas: para sostener el sistema público de reparto actual hay que recortar la cuantía de las pensiones que cobrarán los jubilados nacidos durante el baby boom de los 60 y 70baby boom.

Pero, además de los motivos demográficos, tras el recorte hay que colocar la reforma de las pensiones, iniciada por el PSOE en 2011 y ampliada después por el PP. Ese año, un trabajador cobraba al jubilarse el 81,2% de su salario. En 2013, último ejercicio del que hay datos, ya era el 73,9%, según datos de la OCDE. Es más, España será el país de la Unión Europea en que más aumentará la distancia entre sueldo y pensión desde ahora y hasta 2060 si se cumplen las proyecciones del último Informe sobre Envejecimiento de la UE: la brecha se agrandará en 30,4 puntos porcentuales en los próximos 45 años, el doble que Grecia –16,4 puntos–. Para entonces, la pensión pública que cobrarán los españoles equivaldrá a menos de la mitad de sus sueldos, el 48,6%.

Tasa de ahorro del 9,8%

Más allá de las reformas legislativas y de la demografía, Luis Linde eludió un dato fundamental que, sin embargo, conoce muy bien: la devaluación salarial y las cifras récord de desempleo han desplomado la tasa de ahorro de las familias españolas “hasta niveles históricamente bajos”, como admite el Banco de España en su último boletín sobre el asunto. Es decir, a los ciudadanos, con sueldos jibarizados, cuando no directamente entrampados en el paro, les resulta muy difícil, cuando no imposible, destinar parte de su renta a nutrir un plan de pensiones privado.

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de las familias en 2014 fue del 9,8%, seis décimas menos que el año anterior. El propio Banco de España prevé que este ejercicio baje hasta el 9,5% y que en 2016 sea aún menor, del 8,7%. El órgano supervisor reconoce, además, que los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales, quienes han “sufrido un retroceso más intenso en sus rentas”, son también los que “han reducido en mayor medida sus tasas de ahorro”. Nada dice del cada vez mayor número de trabajadores que sólo pueden conseguir un contrato a tiempo parcial y cobran de media el 38% de un asalariado con empleo a tiempo completo –10.056 euros al año, según el INE–.

Ni los jóvenes ni los parados pueden ahorrar

Esos datos macroeconómicos los corrobora una encuesta realizada por Adicae, la asociación de usuarios de banca. Dos de cada tres personas menores de 36 años no ahorran ni un euro al mes. El 84% de los desempleados, tampoco. Sólo el 24% de los jóvenes consiguen ahorrar menos de 100 euros. Entre los parados, sólo el 5% puede reservar esa cantidad cada mes.

Prueba de las dificultades para ahorrar en tiempos de recesión es que el 86% de los menores de 36 años y de los parados llegan “muy justos a final de mes” y sólo después de “controlar mucho sus gastos”. Otro 12% de los más jóvenes admite “serias dificultades para pagar sus deudas y llega a final de mes en números rojos. Entre los inmigrantes, el 36% no puede ahorrar nada y el 79% llega muy justo a final de mes. Si se pregunta a los mayores de 65 años, sólo el 35% puede reservar algo de dinero cada mes y el 44% tiene problemas para pagar sus deudas.

La Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE apunta más detalles: el 42,4% de los hogares –1,4 puntos más que en 2013– no puede afrontar gastos imprevistos, que se calculan en 650 euros. En Canarias son el 68% de los hogares; en Andalucía, el 58,3%, y en Murcia del 55,6%. Además, el 10,2% de las familias, un punto más que el año anterior, se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda habitual, ya sea la hipoteca, el alquiler o los recibos de gas, luz y comunidad.

Fondos menos rentables que los bonos del Estado

Luis Linde también omitió un segundo dato. Los fondos privados de pensiones han tenido una rentabilidad media de sólo el 1,2% en los últimos 15 años. Según un estudio del profesor del IESE Pablo Fernández sobre la evolución de 313 fondos de pensiones entre 1999 y 2014, sólo 21 superaron la rentabilidad del Íbex 35, que fue de un 3,28% en ese periodo. Únicamente dos mejoraron la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años, un 5,83%.  Y un total de 58 fondos registraron una rentabilidad promedio negativa.

La patronal del sector, Inverco, cifra en 67.837 millones de euros el patrimonio de los fondos de pensiones privados individuales hasta el primer trimestre de este año, un 13,8% más que el año anterior. Pero el número de los partícipes cayó en 2014 un 0,5%, hasta los 9,94 millones. Además, en 2013 se multiplicó por 10 el volumen de fondos que los trabajadores atrapados en el paro de larga duración retiraron de sus planes de pensiones respecto a 2007. La crisis les forzó a sacar 462 millones, frente a los 44,2 millones de seis años atrás.

Con ocasión de la reforma fiscal que el Gobierno elaboró el año pasado, tanto Inverco como Unespa, la patronal de las aseguradoras, pidieron al Gobierno un mejor tratamiento de los sistemas privados de pensiones y medidas para aumentar su atractivo entre los ahorradores. Unespa, incluso, envió una polémica carta a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledouna polémica carta, encargada de vigilar las pensiones, instándoles a promover los sistemas privados.

Así, el Ejecutivo ha bajado las comisiones, la de gestión del 2,5% al 1,75% y la de depósito del 0,5% al 0,25%. También ha limitado la aportación anual a 8.000 euros. El tope anterior era de 10.000 euros para los menores de 50 años y de 12.500 para los mayores de esa edad. Finalmente, se puede recuperar el dinero ahorrado a los 10 años de antigüedad.

Sin carta naranja en año electoral

Otra de las peticiones tradicionales de las entidades financieras es la llamada carta naranja, un documento con el que el Ministerio de Empleo tenía previsto informar a cada trabajador del cálculo aproximado de su futura pensión. Unespa quiere que los ciudadanos sepan cuál será el importe de su prestación para que decidan si necesitan un plan privado que la complemente. El pasado mes de noviembre, Empleo ya había adjudicado los contratos necesarios para llevar a cabo el envío de los primeros 5,3 millones de cartas. También había concluido los trabajos técnicos para hacer las proyecciones. Pero la Secretaría de Estado de Economía bloqueó el proyecto de real decreto, de abril de 2014, que regula ese “derecho de los trabajadores a una información personalizada sobre su futuro derecho a la jubilación”. Desde entonces, la carta naranja se encuentra en el limbo.

El primer cálculo de su futura pensión deberían haber empezado a recibirlo en sus casas el pasado mes de noviembre los mayores de 50 años. La previsión era enviarlo a un total de 17,65 millones de trabajadores en 2016. La carta tendría que incluir una proyección realizada suponiendo que hasta el momento de la jubilación el ciudadano va a seguir cotizando lo mismo que en los últimos 12 meses. La cantidad se reflejará en euros constantes, calculada sobre 14 pagas. La siguiente carta, con la estimación basada en las cotizaciones de 2014, deberían haberla recibido los trabajadores antes del pasado 16 de mayo.

Pese a que el borrador del real decreto deja claro que la cifra aportada se remitirá “a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros”, los sindicatos sospecharon motivos electoralesen el aparcamiento de la iniciativa durante un año plagado de llamamientos a las urnas.

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, negó este miércoles "haber defendido jamás que sea buena una bajada general de salarios". De lo que sí se mostró partidario es de un modelo que "tenga en cuenta las diferencias entre sectores" para que el despido no sea "la única válvula de ajuste" en aquellos sectores y empresas que no puedan asumir subidas salariales basadas en el IPC, que son "un error total".

"Jamás he defendido, ni jamás he pensado, que sea buena una bajada general de salarios. Ni yo ni el Banco de España ni el FMI lo han dicho jamás. Son cosas que circulan, pero que nunca se han dicho realmente. No defendemos en absoluto que para España lo bueno sea bajar los salarios. Jamás se nos ha ocurrido ni se nos va a ocurrir", sentenció Linde.

El gobernador se ha visto en la necesidad de rectificar después de que fueran públicas dos noticias que dan pie a la crítica. Por un lado, el Banco de España se refirió hace unos días a la moderación salarial. Por otro, se supo que en 2014 Linde había ganado un 5,8% más (178.000 euros), algo que se apresuró a matizar.

Si bien es cierto que él no ha pedido en ningún momento –explícita y literalmente– una bajada general de salarios, las continuas recetas del Banco de España sí se refieren a la moderación salarial. El 11 de junio presentó sus recomendaciones al Gobierno y entre ellas estaba reducir "la brecha que separa las condiciones de terminación de las distintas modalidades de contratación". Eufemismos aparte, lo que el Banco de España propuso es abaratar el despido, concretamente el referido a los contratos indefinidos. Señaló además que los trabajadores fijos "están muy protegidos", lo que a su juicio desincentiva la movilidad laboral.

El informe del banco central destacaba "la elevada concentración de las tarifas salariales en el entorno del 0% [...] en un contexto de inflación negativa durante la mayor parte del año". La relación de estos datos denota cierta "preocupación" por parte del organismo ante la estabilidad media de los salarios frente a la bajada de precios.

Contratos por debajo del salario mínimo

Dos años antes, en mayo de 2013, el Banco de España levantó ampollas al proponer que fuera posible contratar con carácter "excepcional por debajo del salario mínimo interprofesional". Con ello, las empresas podrían contratar pagando menos de lo acordado en los convenios colectivos y además cabría la posibilidad de suprimir el salario mínimo para los trabajadores menos cualificados y los parados de larga duración.

Se argumentó que esta medida pretendía "evitar que el salario mínimo actúe comon una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad". El Banco de España aprovechó también para plantear la necesidad de retrasar cuanto antes la edad de jubilación a los 67 años.

Luis Linde se pronunció también sobre otro aspecto que influye en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo hizo el pasado abril al referirse a los recortes. "Apartarse de un camino que nos lleve a situaciones imposibles e insostenibles no es austeridad, sino sentido común y, en un sentido muy real, patriotismo", aseguró.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que hace apenas dos meses culpaba a las altas subidas salariares de la destrucción de empleo, percibió un salario bruto de 176.060 euros por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2014, lo que supone un 5,8% más respecto al ejercicio precedente, según consta en el informe anual de la institución.

Por su parte, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, volvió a percibir un importe superior al de Linde por su actividad en el organismo. Restoy ganó 203.410 euros brutos en 2014, un 15,5% más que Linde tras engrosar su salario un 3,9% respecto al año precedente.

El Banco de España aclara que en estos importes se incluyen las cantidades percibidas por complementos personales y atrasos, que ascendieron a 1.360 euros para el gobernador y a 29.810 euros para el subgobernador.

Los miembros no natos del Consejo de Gobierno perciben un salario anual bruto de 51.800 de euros. En caso de pertenecer a la Comisión Ejecutiva, el salario asciende a 64.980 euros.

Además, los miembros de los órganos de gobierno perciben cantidades iguales en concepto de dietas por asistencia a las sesiones de estos órganos, fijadas en 1.026 euros por sesión del Consejo de Gobierno y 492 euros por sesión de la Comisión Ejecutiva.