El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la Abogacía del Estado, adelantado por infoLibre, contra la sentencia que anuló el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio, al considerar que durante el procedimiento judicial no se violó ninguno de sus derechos fundamentales, informa Europa Press.

Así consta en un auto donde, además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS reprocha a la Abogacía del Estado que "no diga absolutamente nada sobre la cuestión de fondo", centrándose únicamente en si la Fundación Hay Derecho -que fue quien recurrió la designación de Valerio- tenía legitimación para impugnar dicho nombramiento.

Cabe recordar que el Supremo ya rechazó el pasado enero el incidente de nulidad presentado por la propia Valerio. Entonces, los magistrados explicaron que en su día renunció a formar parte del caso, dejando su defensa en manos de la Abogacía del Estado, por lo que ahora no podía tenerse en cuenta su petición de nulidad.

Los incidentes de nulidad son acciones excepcionales basadas en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial que rara vez prosperan. Además, constituyen el paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

Fue el pasado 30 de noviembre cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anuló el nombramiento de Valerio estimando un recurso presentado por Hay Derecho al considerar que no cumple uno de los dos requisitos legales: el de ser "jurista de reconocido prestigio".

Los magistrados indicaron que la ley fija que quien ocupa este puesto debe ser "jurista de reconocido prestigio" y tener experiencia en asuntos de Estado, siendo necesarios ambos requisitos.

Sobre este segundo, afirmaron que no hay duda de que Valerio cumple, dada su "notoria y sobresaliente trayectoria" como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, entre otras responsabilidades públicas.

No obstante, señalaron que esa "carrera funcionarial meritoria" no es suficiente para considerarla jurista de reconocido prestigio, algo que "solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido".

¿Puede tener “reconocido prestigio” un jurista que haya asesorado, aun de modo informal, a un sospechoso de corrupción al tiempo que trabajaba como letrado de una institución pública? ¿Resulta inviable adjetivar como jurista de prestigio a quien dedique buena parte de su carrera a aplicar sus conocimientos en el campo del Derecho a la mejora de mastodontes esenciales, por ejemplo la Seguridad Social? Las dos preguntas que abren este texto, hasta ahora más ajustadas al marco de una tertulia de bar o televisión que al de un debate jurídico, han subido de golpe en el escalafón tras la sentencia por la que el Tribunal Supremo (TS) anula el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno. Porque lo que aduce el Supremo es que Valerio carece de la condición de “jurista de reconocido prestigio”. Y que solo cumple el requisito de tener experiencia en asuntos de Estado.

Dictada por los mismos cinco magistrados que hace una semana anularon y tacharon de “desviación de poder” la designación de la también exministra Dolores Delgado como fiscal de sala –la Militar–, la sentencia da alas a la subjetividad. Como subrayan distintas fuentes, una cosa es exigir para un puesto que quien a él aspira lleve equis años ejerciendo tal profesión o disponiendo de determinados méritos tangibles y otra, sustentar la nulidad del nombramiento en un “concepto indeterminado” –esa definición la formula el propio Supremo– como el “reconocido prestigio”.

La sentencia, que invoca como fundamento de gran relevancia la definición que el diccionario de la Real Academia (RAE) ofrece sobre prestigio, no incluye mención corta ni larga a alguna resolución previa sobre la materia. Es decir, no incluye lo que en el argot jurídico se conoce como la siempre presente jurisprudencia. ¿Y por qué no lo ha hecho? “Porque no hace falta”, responde Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, impulsora del recurso que ha desmoronado el nombramiento de Magdalena Valerio.

Juristas consultados y que han pedido mantenerse en el anonimato califican la sentencia sobre Valerio como “clasista y de derechas” y representativa de un negacionismo peligroso: el que sostiene que no se puede adquirir prestigio jurídico en la actividad funcionarial en un ámbito como el de la Seguridad Social, que quedó bajo su batuta ministerial en 2018 pero que ya antes había centrado gran parte de su actividad profesional. Y docente: entre 1986 y 1990 fue preparadora de opositores y coordinadora del Área de Laboral y Seguridad Social en el Centro de Estudios Velázquez-ADAMS. "Su currículum –se lee en la sentencia del Supremo que dinamita su nombramiento– muestra una carrera funcionarial meritoria pero no se deduce la pública estima que implica el prestigio reconocido".

Aunque considera un “error” que el Gobierno no pusiera más celo y detalle en la motivación sobre por qué había elegido a Valerio, el profesor de Derecho en la Hispalense Joaquín Urías, que fue letrado del Tribunal Constitucional, va más lejos: “El reconocido prestigio es algo subjetivo, un concepto imposible de objetivar. En ciertos grupos sociales, sacar dinero de debajo de las piedras es prestigio mientras que para otros es desprestigio”. “Estamos viviendo en España un momento en que los jueces están entrando a sustituir a los políticos”, diagnostica Urías con un pesimismo que entronca con uno de los conceptos que hoy ocupan un lugar destacado en el tablero: el llamado lawfare, o el uso de la ley como arma de guerra política.

Gloria Elizo,  jurista que en la anterior legislatura fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso y que ahora observa la política desde la distancia, va más lejos: “La sentencia me parece clasista y machista. ¿No se puede ser jurista si eres funcionaria del grupo A2 como Valerio? ¿Un tramitador judicial no es jurista? ¿Ni un agente judicial? ¿Solo son juristas los magistrados, fiscales y abogados?”, se pregunta quien durante una etapa dirigió el equipo legal de Podemos.

La exigencia del “reconocido prestigio” aparece en múltiples documentos sobre lo exigible para optar a un determinado puesto. Pero, como relatan distintas fuentes, la presencia de tal locución había operado hasta ahora como un cromo sin más valor que el decorativo si ningún requisito mensurable se le añadía. Por ejemplo, uno de los tres presidentes del Consejo de Estado que han ocupado el cargo en las dos últimas décadas, el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, pasó la mayor parte de su trayectoria profesional en tareas políticas. Cuando Mariano Rajoy lo nombró presidente del Consejo de Estado en 2012 –Beccaría ya lo había sido entre 2003 y 2004– enfatizó en su discurso la altura de Romay “como jurista de reconocido prestigio”, que había cobrado “mayor realce con el aval de una vasta cultura, y de una experiencia vital y laboral singularmente rica”. “Hablo –agregó Rajoy– de su labor académica como docente universitario, pero también hablo de su desempeño como experto administrativista en una diversidad de puestos que siempre contribuyó a dignificar, sin importar su mayor o menor visibilidad pública”.

Según la biografía que difunde la web del Consejo de Estado, el exministro Romay dio clases de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago durante un curso, 1957-1958. Al año siguiente se incorporó como letrado al Consejo de Estado, entonces máximo órgano consultivo del Gobierno franquista. Tras la recuperación de la democracia, ostentó múltiples cargos políticos. ¿Considera Hay Derecho que un currículum como el de Romay Beccaría le convierte en un jurista de “reconocido prestigio”? De la Nuez asegura que no ha rastreado la trayectoria de los antecesores de Valerio.

¿Y se planteó Hay Derecho impugnar el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo , a quien uno de los audios captados por la Guardia Civil durante una investigación judicial le colocaron años atrás en una situación difícil al destapar cómo le transmitía a Ignacio González, sucesor de Esperanza Agurire en la Comunidad de Madrid y principal investigado en el caso Lezo, que estaba moviéndose para lograr que el próximo fiscal anticorrupción fuese “bueno”? De la Nuez contesta que no. Hasta 2022 –razona–, cuando la fundación actuó contra el ascenso de Magdalena Valerio, Hay Derecho no se había planteado ningún recurso porque se consideraba improbable que un tribunal le concediera rango de entidad legitimada para buscar la nulidad de una decisión del Gobierno.

Hay Derecho no ha accedido a facilitar copia de su recurso a infoLibre. Tan solo un párrafo donde cita una sentencia dictada por el Supremo en 2011 y de la que no incluye ningún entrecomillado, al menos en el texto remitido a este diario. Lo que Hay Derecho expone basándose en esa sentencia y tomándola como fuente es lo que sigue: “El reconocido prestigio que se predica de la condición de jurista implica, al menos, un ejercicio profesional desplegado durante el tiempo necesario para que se haya producido ese reconocimiento que, al no indicarse por quien ha de ser prestado, deberá entenderse que ha de proceder de la comunidad jurídica, del conjunto de los profesionales del Derecho”. En efecto, la sentencia a la que apela la fundación donde Elisa Nuez ocupa un lugar preponderante así lo afirma, tal y como ha verificado este periódico. Pero a renglón seguido añade algo de gran importancia: que “relacionar el requisito [de reconocido prestigio] con un periodo temporalmente determinado es consustancial al mismo”.  

En el caso de aquella resolución del Supremo, lo que se dilucidaba era si la Generalitat de Valencia (PP) había actuado o no correctamente al nombrar abogado de la Administración autonómica a alguien que, en contra de lo señalado por la ley valenciana, no reunía los 15 años de experiencia exigidos en el preámbulo de la norma. “La noción de jurista de reconocido prestigio, por su carácter abierto, es susceptible de ser entendida de diversas maneras pero solamente una es la procedente”, añadía en otro momento el Supremo. Se refería así a que la manera procedente era cumplir lo que dictaba la propia ley: exigir en el preámbulo y como requisito obligado que el elegido acumulase 15 años de experiencia. La Generalitat llegó a alegar que lo consignado en el preámbulo era un error material.

¿Qué hizo entonces el alto tribunal? Confirmar la sentencia previa, recurrida por la Generalitat y que había anulado el nombramiento del abogado de la Comunidad autónoma ¿Una peculiaridad de aquella resolución de 2011? Que el ponente fue Pablo Lucas, el mismo magistrado que ahora ha dirigido la sentencia que tumba el nombramiento de Valerio pese a que, en última instancia, la normativa para designar a quien ha de presidir el Consejo de Estado ni siquiera señala que los candidatos deban acreditar tal o cual periodo temporal de experiencia. 

El jueves fue un día de cascada de decisiones del mundo judicial contra la acción del Gobierno. En concreto, de su política de nombramientos. Con dos grandes titulares: la anulación por parte del Tribunal Supremo de la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial contra la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general.

La decisión del Supremo no gustó en el Ejecutivo. Al ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, le pilló en mitad de sus reuniones con representantes de la Comisión Europea para analizar la futura ley de amnistía y la situación el Poder Judicial. Su mensaje: respeta pero no comparte el fallo del Alto Tribunal. 

En estas primeras horas tras conocerse el fallo se está analizando en profundidad por parte de los servicios jurídicos ese fallo del Supremo. El ministro señaló que se informará en los próximos días si se toma alguna “acción sobre esa sentencia”. Desde el Gobierno, según fuentes consultadas, todavía no se aclara si el próximo martes en el Consejo de Ministros se va a proponer un sustituto para Valerio al frente de ese órgano consultivo.

El Gobierno no comparte esa decisión y se defendió a través de Bolaños el “gran trabajo” de Valerio: “Tiene una trayectoria muy dilatada”. De esta manera, se evidencia la diferencia con la argumentación de la sentencia del Alto Tribunal, que cree que no cumple la condición de ser una jurista de “reconocido prestigio”.

Pero, además este fallo del Tribunal Supremo preocupa en el seno del Gobierno porque puede suponer el precedente para que se abra la puerta a que una entidad privada (el recurso fue presentado por la fundación Hay Derecho) pueda interponerse en la decisiones que competen exclusivamente al Gobierno de la nación.

Desde Sumar fueron más más allá y el diputado Enrique Santiago, uno de los cerebros jurídicos del espacio de Yolanda Díaz, indicó: “La Justicia ha declarado una guerra política a las instituciones elegidas democráticamente. Han decidido convertirse en un actor político funcional a la derecha y la ultraderecha. Se necesita un acuerdo político para evitar estas injerencias en el Ejecutivo y el Legislativo”.

También causó malestar en el PSOE y en Sumar que el Consejo General del Poder Judicial, que va a cumplir el próximo lunes cinco años, se haya mostrado contrario al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, una de las primeras decisiones que tomó Bolaños desde que fue nombrado la semana pasada ministro de Justicia. Se trata de la primera vez en democracia que sucede esto y, además, hace un año el mismo órgano dio el beneplácito a esa figura.

El informe no es vinculante para el Gobierno, que seguirá adelante con su propuesta sobre García Ortiz. Lo que sí evidencia es que el sector conservador domina este órgano de gobierno de los jueces, que sigue sin renovarse por el rechazo del Partido Popular. Este mismo jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Bolaños solicitaron a los populares que se avengan a cambiar la composición y cumplan la Constitución, aunque rechazaron cambiar las mayorías de la actual ley vigente (que data de 2001). Los conservadores del Poder Judicial admiten que cumple las condiciones pero unieron sus fuerzas para hacer constar que, en su opinión, no es idóneo.

Según Bolaños, “la ley establece que lo que ha de hacer el Consejo General del Poder Judicial es estudiar si se cumplen dos requisitos: ser un jurista de reconocido prestigio y si tiene más de 15 años de ejercicio”. “Ambos requisitos se dan –prosiguió el titular de Justicia– en el fiscal general del Estado. De hecho hubo un informe del CGPJ hace apenas un año dijo que se cumplían esos requisitos. Y no hay más requisitos. Por tanto, cualquier informe que se haga estableciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que llegó hace un año es al margen de la ley. Lo que se está haciendo en el Consejo es emitir un informe que es contradictorio con el de hace un año”. Además, tildó de “magnífica” su labor, por lo que el informe le pareció “sorprendente”.

El propio Bolaños reconoció que en sus reuniones con el comisario de Justicia, Vivier Reynders, y la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, el tema que preocupa de manera “máxima” en la Comisión Europea es esa falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque afecta ya al día a día de los ciudadanos. Por eso, hizo una llamada al PP para cumplir la Constitución.

El Partido Popular aprovechó estas dos resoluciones del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para hablar de “hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de nuestro país”, al mezclar estos temas también con la crisis diplomática con Israel.

“En solo un día, y por primera vez en la historia, el Gobierno ha logrado que el Consejo del Poder Judicial rechace el nombramiento del fiscal general del Estado, que el Tribunal Supremo anule el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y que un país amigo, como Israel, retire a su embajadora de España”, indicaron fuentes de Génova 13.

Los de Alberto Núñez Feijóó ahondaron en su línea más dura: “Y si a esto, además, añadimos que el partido que gobierna en España se reunirá el sábado con el partido del prófugo de la Justicia, con un mediador internacional en un país extranjero y de manera secreta, para alcanzar no sabemos qué pactos que posibiliten la continuidad del Ejecutivo de Sánchez, el panorama se presenta desolador y muy preocupante para el futuro de nuestro país y del Estado de derecho”.

Con este mensaje por parte del partido de la oposición: “El PP espera, en todo caso, que el Gobierno acepte el veredicto de la Justicia y no se empeñe en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado tras cuestionarse, una vez más, nuestro Estado de derecho con dos varapalos que no tienen antecedentes en nuestra historia democrática”.

El PP también aprovechó para cargar contra el “ministro de los tres poderes”, en referencia a Bolaños, que se ha convertido en uno de sus principales objetivos políticos. En él quieren personificar esa supuesta falta de separación de poderes por ostentar las competencias de Presidencia y Justicia, algo que los populares también hacen en comunidades como Madrid y Galicia.

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, el de ser "jurista de reconocido prestigio". La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado así el recurso presentado por la Fundación Hay Derecho, determinando que Valerio solo cumple uno de los requisitos legales, el de tener experiencia en asuntos de Estado.

En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal ha explicado que está claramente fijado que "son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano"."No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado", han apuntado los magistrados.

En la resolución, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, la Sala ha precisado que "la notoria y sobresaliente trayectoria de doña Magdalena Valerio Cordero --ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas-- sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio"."Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma", han apuntado los magistrados.

En 31 folios, el Supremo ha recalcado que "es verdad que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se pronunció a favor del nombramiento de la Sra. Valerio Cordero", pero ha incidido en que "ese juicio no es equivalente al que debe hacerse cuando es preciso determinar si quien comparece ante ella reúne o no la condición de jurista de reconocido prestigio".

"La idoneidad es algo diferente, indica adecuación o la cualidad de apropiado para algo, por seguir con la Real Academia Española, pero no incorpora el requisito específico de la Ley Orgánica, y se corresponde con el carácter político de este órgano parlamentario. Es, pues, la suya una valoración de esa naturaleza, política y no de carácter técnico-jurídico", ha señalado el tribunal. Sobre la falta de legitimación de la Fundación recurrente, que alegó la Abogacía del Estado, la Sala ha explicado que no se trata de un partido, ni de una estructura vinculada a un partido, y que por tanto no son aplicables los criterios sentados a propósito de ellos, criterios que serían extensibles a organizaciones o entidades instrumentales, vinculadas formal o materialmente a los mismos.

La exministra socialista de Trabajo, Magdalena Valerio, será la nueva presidenta del Consejo de Estado en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, que dimitió del cargo el pasado jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno.

Valerio es actualmente diputada del PSOE por Guadalajara en el Congreso de los Diputados. Fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. 

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado recibir con "inmenso honor" que el Consejo de Ministros vaya a proponerla como sucesora de Fernández de la Vega. Valerio ha destacado que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo el país, regulado en la propia Constitución, por lo que le "encantaría" asumir ese cargo, que afrontaría "como siempre, con ilusión y sentido de la responsabilidad".

No obstante, ha precisado que lo que se ha dado a conocer este domingo es que el Consejo de Ministro del próximo martes, además de aceptar la dimisión de Fernández de la Vega va a proponer su nombre para el cargo. "Pero después va todo un proceso, por el que tengo que comparecer en la Comisión Constitucional del Congreso para voten sobre mi idoneidad y luego el Consejo de Ministros tendría que formular el nombramiento", ha explicado.

La destitución de la que fue vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será efectiva a partir del próximo martes 18 de octubre, ya que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Su renuncia se produjo tras cumplir el compromiso adquirido por De la Vega con Pedro Sánchez de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado y de acometer una serie de reformas como la digitalización y la transparencia de la institución.

“En velocidad de crucero” dice el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, que tiene que entrar ya la negociación para derogar la reforma laboral de 2012. Un diálogo que se ha ido complicando no sólo por lo sensible de los contenidos y el alcance de sus repercusiones económicas en plena crisis pospandemia, sino también por el estallido de la penúltima pelea política en el seno del Gobierno. Sea como fuere, con acuerdo o sin él, los cambios en las leyes del trabajo deben quedar listos antes de que acabe el año.

Aunque esa pugna en la coalición parece “zanjada”, por repetir el término que utilizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aún siguen abiertos sobre la mesa todos los puntos calientes de la negociación. Para la reunión del próximo miércoles la agenda incluye el regreso a las recetas contra la temporalidad, que ya se discutió esta semana, y el mecanismo de sostenibilidad del empleo, los ERTE permanentes, del que se llevaba sin hablar un par de meses. Pero no está claro si la supresión del resto de los “aspectos lesivos” de la reforma de 2012 se da ya por cerrada o no.

La prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación– son para los sindicatos temas casi asegurados y liquidados “desde los tiempos de Fátima Báñez y de Magdalena Valerio”, las ministras de Trabajo del PP y el PSOE. Pero cuando en la mesa los sindicatos preguntaron a la CEOE y al Gobierno si esos asuntos habían quedado sellados, ninguno de los dos contestó.

Fuentes de CCOO, no obstante, aseguraron a infoLibre que, tras la última reunión, los sindicatos se sentían “reforzados”: ya no hay duda de que la derogación de la reforma laboral saldrá adelante, subrayan. Y ni la ultraactividad ni la prioridad de los convenios van a reabrirse, añaden. Para los sindicatos, sin “reequilibrio de la negociación colectiva” –que a su juicio descompensó la reforma de 2012 a favor de las empresas– no hay acuerdo posible.

Mariano Hoya atribuye el rechazo de la CEOE a ceder en esta materia a la presión de determinadas patronales. En concreto, menciona a Anfac, que agrupa a las grandes empresas de automoción. “Teme que la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa afecte a la flexibilidad a la carta de que disfrutan: pueden llamar con sólo 24 o 48 horas de antelación a un trabajador para que se incorpore a un turno o pueden doblar turnos o eliminar descansos”, explica. Es una flexibilidad interna que lleva años utilizando el sector y también, admite, una de sus fórmulas de éxito. Hoya asegura que esos mecanismos no corren peligro si se cambia la prevalencia de los convenios; se pueden preservar sin problemas en la negociación colectiva.

Hasta el 60% de temporalidad en la agricultura

“Los principales escollos [de la negociación] son el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores [modificación sustancial de las condiciones de los trabajadores] y el artículo 15 [duración de los contratos]”, resume el dirigente de UGT. Es decir, la enorme flexibilidad que dio a las empresas la reforma de 2012 y que ahora se resisten a ceder, apunta Mariano Hoya, y la temporalidad abusiva “y en muchos casos fraudulenta” del empleo.

Hasta ahora ninguna de las medidas aplicadas por los gobiernos desde los años 80 ha conseguido siquiera reducir apreciablemente la cifra récord de empleo temporal en España. La segunda más elevada de la UE sólo por detrás de Polonia. Un 26%, que se eleva al 31,6% en las administraciones públicas, al 35% en la construcción y nada menos que al 60% en la agricultura. Hoya cree que sólo con aplicar sanciones contundentes contra los contratos fraudulentos en el sector primario, la temporalidad se reduciría hasta siete puntos.

La patronal ha puesto el grito en el cielo cuando se ha planteado limitar a un 15% el número de trabajadores temporales en las empresas, una cifra cuya paternidad niegan tanto el Gobierno como los sindicatos. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, asegura que el 15% “como único referente” no le vale a su sindicato. Piensa más bien en aplicar una “escala progresiva” según el número de trabajadores que tenga la empresa. Algo que ya se recoge en algunos convenios colectivos. Mariano Hoya coincide en que hay que distinguir según el tamaño de las empresas. E incluso según los sectores, como ha planteado la patronal. El problema, apunta Mari Cruz Vicente, es que en el Estatuto de los Trabajadores no se pueden hacer distinciones sectoriales. “Aún queda mucho por debatir”, precisa, “por ejemplo, no acabamos de ver cómo encajar los contratos de muy corta duración, 15 días o un mes, que se repiten en el tiempo, aunque sea sólo una vez al año, en las campañas comerciales de rebajas”. Para estos trabajadores, Mariano Hoya vería con buenos ojos no sólo el contrato fijo discontinuo, sino incluso un contrato estable de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

La CEOE, por su parte, se irrita cuando se asimila temporalidad con precariedad, está en contra de establecer un tope general de contratos temporales para todos los sectores y es partidaria de canalizar parte de estos contratos a través de las mencionadas ETT.

Alternativas y restricciones al despido

Sobre el mecanismo permanente que debe convertir la fórmula de los ERTE en una alternativa a los despidos, CCOO cree que la propuesta del Gobierno es “insuficiente”. No hay nada concreto sobre las exoneraciones de cuotas de que disfrutarán las empresas, o sobre el periodo de carencia y el contador cero de las prestaciones, advierte Mari Cruz Vicente. Tampoco está claro cómo se va a financiar el nuevo esquema. En principio, Trabajo planteaba que se sufragara con el superávit del Servicio Público de Empleo (SEPE). Pero, de momento, no hay tal, y no se ha propuesto una alternativa, lamenta la dirigente de CCOO.

Fuera de la mesa han quedado otras cuestiones igual de “lesivas” y más candentes, como los despidos. Mariano Hoya precisa: “Volver a las indemnizaciones de 45 días por los despidos improcedentes –que la reforma de 2012 rebajó a 33 días– y recuperar tanto los salarios de tramitación –que cobraban los despedidos cuando se les readmitía tras ganar una demanda– como la autorización administrativa para los despidos colectivos”. No obstante, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió este viernes un “encarecimiento del despido” mediante medidas que lo restrinjan. “En España está muy activa la cultura del despido”, aseguró. Por lo que aboga por “taponar” esa vía para que las empresas prefieran flexibilizar jornadas.

Un acuerdo 'light'

Mariano Hoya teme que los esfuerzos del Gobierno por sumar a la CEOE al acuerdo terminen por generar un “acuerdo light” en el que “parezca que se toca algo pero no se toque nada” de la reforma laboral de 2012. A su juicio, con las peleas en el Gobierno, la patronal “se envalentona”. Sin embargo, y pese a las declaraciones públicas de sus dirigentes, en otra de las mesas del diálogo social, la de las pensiones, la CEOE no se mostró especialmente indignada por la propuesta de subir un 0,5% las cotizaciones sociales, más allá de expresar su rechazo, según explican fuentes sindicales. En la mesa sobre la reforma laboral sí que reveló su enfado por las enmiendas presentadas por Unidas Podemos a la primera parte de la reforma de las pensiones y por las filtraciones a la prensa de las propuestas del Gobierno. “¿Qué validez me da el Gobierno si un partido que está dentro del Gobierno, que tiene ministros, enmienda este acuerdo? ¿Va a hacer lo mismo con los siguientes acuerdos que hagamos?”, se preguntó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un congreso de directivos celebrado el pasado jueves en Córdoba.

A diferencia de los sindicatos, a la patronal la última reunión del diálogo social, con la incorporación de dos directores generales de Economía y Seguridad Social, no le dejó buen sabor de boca. “No sé si el Gobierno se ha coordinado o no, pero seguimos con el mismo papel de hace 15 días, a la mesa ha llegado el mismo papel que estaba”, protestó. Esperaba un cambio que no se produjo.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que todavía está por decidir si se suspende la subida de las pensiones del 0,25% y se suben un 0,9% en 2020, como se comprometió el Gobierno, antes de que acabe el año. En concreto, preguntada por si el hecho de que no haya Gobierno conllevará que las pensiones suban en 2020 según el índice de revalorización, que establece la subida del 0,25%, Valerio ha remarcado que "depende de si se decide mantener en vigor el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social donde se recoge este índice o suspender la aplicación del mismo y subirlas un 0,9%" en línea con el compromiso del Ejecutivo.

"Esto está todavía por decidir, igual que si se hace antes de que se acabe el año", ha apostillado la titular del Ministerio de Trabajo, tras dejar claro que la subida de esta prestación conforme a la inflación es un compromiso del actual Gobierno y del PSOE.

Asimismo, la ministra ha recordado que relacionar las pensiones con el IPC real fue el único tema en el que hubo preacuerdo claro en la mesa del Pacto de Toledo. También ha vuelto a insistir en que el compromiso, y así se registró en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, es que este próximo año haya subida del 0,9% de las pensiones, "que es más o menos lo que se prevé que puede ser la subida del IPC el próximo año".

Valerio espera que Pedro Sánchez consiga los apoyos que necesita para ser investido presidente del Gobierno y se vuelva a reunir "cuanto antes" la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y la Mesa del Diálogo Social en este ámbito, que también estuvo a punto de alcanzar un acuerdo en materia de sostenibilidad financiera del sistema antes de que se disolvieran las Cámaras y se convocaran las elecciones.

"Cuando no se vela por la sostenibilidad social y financiera del sistema de pensiones, es muy difícil mantener la sostenibilidad política, porque son muchos los millones de pensionistas, pero también lo somos los que no somos pensionistas ahora y queremos tener esperanza en que lo vamos a ser en el futuro", ha apostillado.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno solo va a utilizar 2.900 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones en diciembre, frente a los más de 3.600 millones de euros autorizados en un primer momento.

Así lo ha señalado la titular del Ministerio durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para pedir la convalidación del Real Decreto por el que se adoptaron medidas relativas al presupuesto de la Seguridad Social el pasado 15 de noviembre.

Con esta nueva disposición, la conocida como "hucha de las pensiones" contará con unos 2.150 millones de euros a finales de diciembre de este año.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó su importe máximo en 2011, cuando sumó un total de 66.815 millones de euros y, a partir de 2012, el primer año de disposición, se retiraron 7.003 millones de euros; en 2013, se dispuso de 11.648 millones de euros; en 2014, 15.300 millones de euros; en 2015, 13.250 millones de euros; en 2016 se dispuso de 20.136 millones de euros; en 2017, de 7.100 millones de euros, y en 2018 se retiraron 3.000 millones de euros.

Tras esta última disposición de la "hucha de las pensiones", a cierre de 2019 su importe se situará en unos 2.150 millones de euros, frente a los más de 66.000 millones que llegó a disponer en 2011 y a pesar de que el Gobierno ha ido aprobando diversos préstamos para no dejar el Fondo a cero.

Una medida que el Gobierno incluyó el pasado 30 de abril en el Programa Nacional de Reformas se ha convertido ahora en un elemento más de confrontación entre el PSOE y Unidas Podemos. Con una particularidad en este caso: que dentro del Gobierno, Trabajo y Economía mantienen posturas diferentes. Mientras el primero intenta desmarcarse de la iniciativa, el segundo la defiende como iniciativa del Ejecutivo. En Unidas Podemos no se creen esas discrepancias y creen que todo obedece a la intención del PSOE de pactar con la derecha tras las elecciones del 10N.

En aquel documento, se incluye un apartado referido al mercado de trabajo donde el Ejecutivo se compromete a elaborar un nuevo Estatuto de Trabajadores, reducir a tres los tipos de contratos e implantar un sistema conocido como mochila austriaca, que sustituirá al actual de indemnizaciones por despido. Se trata de un sistema implantado en Austria en 2003, que se basa en cuentas individuales alimentadas con un porcentaje de la cotización que empresas y trabajadores pagan cada mes de sus nóminas. Las cantidades acumuladas las puede cobrar el trabajador cuando lo despiden, dedicarlas a su formación o recuperarlas una vez jubilados. Mientras, esas cantidades se invierten en los mercados de capitales y la rentabilidad obtenida también la cobra el trabajador cuando hace uso de su cuenta. Si cambia de trabajo, sigue acumulando cotizaciones en su cuenta, no pierde la mochila, como si ocurre con la antigüedad al ser contratado por una nueva empresa.

La mochila austriaca ya estaba en la Agenda del Cambio, presentada en febrero de este año por el Gobierno y que constituye su “hoja de ruta” económica. En el Programa Nacional de Reformas se reiteraba la propuesta de la mochila, que debería abordarse en el marco del Diálogo Social, es decir, en las negociaciones con la patronal y los sindicatos, “para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”, dice el texto. Además, el Ejecutivo pide ayuda a un programa de la Unión Europea –Structural Reform Support Programme– para elaborar un estudio sobre este modelo. Según ha explicado un portavoz del Ministerio de Economía a infoLibre, la Comisión Europea ha encargado ese informe a la OCDE.

Economía sí, Trabajo no

El caso es que, preguntado por este periódico, el Ministerio de Trabajo responde que la mochila austriaca “sólo fue en su momento un documento del Ministerio de Economía, pero no está en el programa ni se ha planteado en el Diálogo Social”. “Ni se ha abordado ni se trabaja en ello en estos momentos”, reiteran fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio.

UGT y CCOO coinciden en que, en efecto, el “sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad”, tal y como lo denomina el Gobierno, no ha sido propuesto en las cinco mesas de negociación que se abrieron con el Ministerio de Trabajo en julio de 2018 y que apenas se han reunido desde entonces. El pasado enero, aseguran ambos sindicatos, fueron las últimas citas.

Es más, en la reunión que los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, mantuvieron el pasado miércoles con la ministra Valerio, ésta reiteró su compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, así como la reforma de las pensiones de 2013, según indica el responsable de Política Sindical ugetista Gonzalo Pino.

Sin embargo, el Ministerio de Economía precisa que “el compendio de reformas” incluidas en el programa enviado a Bruselas fue “consensuado con todos los ministerios implicados”. Aunque el documento lo coordina el ministerio de Nadia Calviño, añade su portavoz, las iniciativas las debaten de forma conjunta todos los ministerios del área económica. También precisa que la propuesta sobre la mochila austriaca se encuentra aún en una fase “absolutamente preliminar”.

Unidas Podemos: quieren pactar con PP y Cs

“Es un documento del Gobierno de España”, contrapone por su parte el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral, que denunció en Twitter el doble discurso –“una cosa es lo que dice y otra lo que pone el documento”– del PSOE . El Ejecutivo “no está compuesto de compartimentos estancos", argumenta, “esto no lo hace Economía a espaldas de Trabajo”. Por el contrario, cree que la supuesta discrepancia entre ministerios no revela más que “la ocultación de las verdaderas intenciones del PSOE”: según sostiene, hacer “un guiño al poder económico”, a la CEOE, ahora que parece “dispuesto a pactar todo con el PP y con Ciudadanos”.

Unidas Podemos rechaza la mochila austriaca porque supone una “quiebra del concepto de Derecho Laboral” tal y como se entiende en España. “Primero han rebajado la cuantía de las indemnizaciones por despido y ahora es el trabajador el que se las paga”, resume Mayoral en declaraciones a este periódico. El diputado de la formación morada también critica el sistema de cuentas de capitalización porque pone ese dinero en manos de las entidades financieras que las gestionarán. Lo que a su vez, denuncia, abre una puerta a la capitalización de las pensiones, al modo del sistema sueco, por ejemplo, también muy denostado por los sindicatos y por los partidos de izquierda.

No convence ni a los sindicatos ni a la patronal

“Mal empezamos si lo han enviado a Bruselas antes que ponerlo encima de la mesa del Diálogo Social”, lamenta por su parte la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, quien también se opone al nuevo modelo de indemnizaciones por despido. A su juicio, se trata más bien de una iniciativa de Nadia Calviño.

“No aporta nada”, mantiene además Gonzalo Pino. El problema en España no son las indemnizaciones, argumenta, sino la precariedad y la temporalidad, por lo que considera un “error” afrontar ambas desde esa perspectiva. Según un informe sobre la mochila austriaca elaborado por UGT, el nuevo sistema aumentará los costes laborales porque exige subir las cotizaciones sociales y castiga a las empresas que no despiden, premiando a las que despiden mucho –las cotizaciones deben pagarlas todas las empresas, por lo que diluye los gastos de despido–. Además, tampoco garantiza una mejoría de las pensiones: por lo general, el trabajador tiende a utilizar el dinero acumulado en su mochila cuando se queda en el paro, por lo que la cantidad con la que llega a la jubilación suele ser muy pequeña.

Finalmente, tampoco la CEOE cree en el cambio propuesto por el Gobierno. “Haría falta una etapa de transición muy dilatada para implantar el nuevo sistema y prescindir de las actuales indemnizaciones”, critican fuentes de la patronal a infoLibre, que recelan de su “alto coste”. “No sólo es difícil de poner en marcha, sino que además no se explica de dónde va a salir el dinero”, abundan. Los empresarios no quieren ser los que llenen las mochilas de los trabajadores. Cuando Fátima Báñez resucitó la idea, la CEOE respondió que debía ser el Estado el que las nutriera.

Un país con un paro del 4,5%

La iniciativa no es nueva, fue propuesta por primera vez en 2009. Un grupo de expertos estudió su adaptación en España, pero la desechó en un informe de 2011 por su elevado coste. Según sus cálculos, exigiría unos recursos de casi tres puntos de cotización a la Seguridad Social, equivalentes al 1,5% de la remuneración total de los asalariados y a cerca del 1% del PIB nominal. Resurgió después durante la etapa en el Ministerio de Empleo de Fátima Báñez. Pero no llegó ni a la mesa de negociación. Ni la patronal ni los sindicatos la recibieron con un mínimo de entusiasmo. Más tarde, Ciudadanos la adoptó como parte de su programa laboral en forma de anexo a su contrato único y el PP la incluyó en el programa para las últimas elecciones.

En Austria el cambio del sistema se tradujo en una rebaja de las indemnizaciones por despido de los trabajadores con contrato indefinido –que hasta entonces percibían entre 15 y 20 días por año–, mientras que empezaron a cobrar una compensación todos los que hasta ese momento no tenían derecho a ella, que eran el 88% de los asalariados: sólo eran indemnizados al ser despedidos los trabajadores que tuvieran más de tres años de antigüedad o estuvieran contratados en empresas de más de cinco empleados. El paro en Austria es del 4,5%, una tasa que llegó a su máximo en 2016, con un 6%, y a su mínimo del siglo en 2000 con sólo un 3,9%, según Eurostat. Su tasa de temporalidad es del 9,1%. Muy lejos, por tanto, de las cifras españolas: una tasa de paro del 13,9%, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA), y un 26,6% de trabajadores temporales.

La cuenta de cada trabajador se nutre en Austria de una cotización del 1,53% del salario bruto que hace la empresa. Las cantidades acumuladas en cada cuenta son gestionadas por las entidades financieras autorizadas por el Gobierno, que están obligadas a garantizar el capital aportado e incluso una rentabilidad mínima.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que "lo razonable" es que las pensiones suban en 2020 teniendo en cuenta una media anual del IPC, aunque ha resaltado que "se tendrá que decidir cuando llegue el momento oportuno".

Así lo ha señalado la ministra en un encuentro con los medios tras participar en la inauguración de unas jornadas sobre fraude en las prácticas no laborales organizada por UGT, donde ha afirmado que los descuadres entre el IPC previsto y el real se compensarán a principios del año que viene con "la paguilla", en caso de que los hubiera.

"Lo que no se ha hecho nunca en este país, ni hay previsión de hacerlo, es que los pensionistas abonen la diferencia si el IPC sube menos que las pensiones. Esto no se ha hecho jamás", ha dejado claro.

La titular del Ministerio ha remarcado que tanto el Ministerio de Economía como el de Hacienda todavía no tienen hechas las previsiones pertinentes para saber cuál será el IPC previsto para el año que viene, por lo que ha señalado que hasta que no esté el dato, no "se podrá actuar en consecuencia".

"Este año, por ejemplo, el IPC no está subiendo mucho, está bastante controlado", ha apuntado, tras recordar que este año las pensiones han subido un 1,6% en general y un 3% las mínimas, incremento que, desde su punto de vista, "no viene nada mal para compensar el poder adquisitivo que se perdió en años pasados, sobre todo cuando se aplicaba el 0,25%".

Hay tiempo hasta diciembre

Valerio ha señalado que hay que esperar a ver cómo evoluciona la inflación durante el mes de octubre y noviembre. "Todavía queda tiempo hasta finales de diciembre", ha apostillado.

También ha asegurado que siempre se intenta que las pensiones suban un poquito por encima de la media y que vayan ganando un "poquito" más de poder adquisitivo las mínimas para ir en línea con el principio de solidaridad y exclusión de la pobreza.

Preguntada sobre si la subida se podría hacer estando en funciones, la titular del Ministerio ha pedido "no adelantar acontecimientos", ya que "en diciembre podría haber un Gobierno en plenitud de funciones, con capacidad de hacer su tarea al 100%". "Espero y deseo que en diciembre haya un Gobierno en plenitud de funciones", ha añadido.

En esta línea, la ministra ha apuntado que existe la figura del Real Decreto Ley y que la Ley del Gobierno dice que si es de urgente necesidad o de interés general, se puede hacer uso de la misma. "El Gobierno en funciones, dentro de lo que permite la normativa vigente, obrará en consecuencia, pero no nos adelantemos a los acontecimientos", ha dejado claro.

"Subir las pensiones con el IPC no es algo novedoso. Parece que fuese algo extraño que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijese ayer que quiere que las pensiones se actualicen según el IPC el año que viene cuando viene estando este planteamiento en todos los programas electorales del PSOE de los últimos tiempos", ha afirmado.

En esta línea, ha recordado que los sindicatos también están de acuerdo y ha apuntado que cree que los demás grupos políticos no tendrán ningún problema para que esto fuese así, porque están afectadas 19 millones de personas.

"Estamos hablando de muchas personas y muchas familias afectadas y es fundamental que personas que han trabajado toda su vida no vean revertido su poder adquisitivo", ha matizado.

Además, Valerio ha recordado que el año pasado la subida de pensiones y de las bases de cotización se hizo a través de un "macrodecreto" que se aprobó el 28 de diciembre. "Todavía queda mucho para esta fecha. Vamos a tomárnoslo con normalidad y tranquilidad y vamos a esperar que haya Gobierno", ha pedido la ministra.

Si hay una marca característica del mercado de trabajo español, ésa es el abuso del contrato temporal. Desde que el primer Gobierno de Felipe González le quitó el corsé en 1984, el empleo temporal es el rey de la estadística. También la mayor lacra de un mercado laboral que no sólo ha alcanzado cifras récord de paro durante la crisis sino que además permanece encaramado en la mayor tasa de temporalidad de Europa: el 25,88% según la última Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre del año.

En 2018 se firmaron en España más de 20 millones de contratos temporales, casi el 90% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un porcentaje que apenas ha variado desde los años 80, cuando se produjo la eclosión de los contratos temporales sin causa justificada. En 1987, los datos más antiguos que suministra la EPA, los trabajadores con contrato temporal equivalían sólo al 15,3% de los asalariados. Sumaban 1,25 millones de personas. Ocho años después, en 1995, el porcentaje se había más que duplicado y representaban casi el 35%. En 2002 ya eran 4,37 millones los españoles con un empleo temporal. Cuatro años más tarde se contaron hasta 5,6 millones de eventuales. La cifra no bajó del tercio de los asalariados hasta que estalló la crisis y se hundió en 3,2 millones. Con la recuperación económica su número ha vuelto a escalar: el pasado marzo 4,23 millones de trabajadores vivían con contratos de duración determinada.

Pese a las numerosas reformas laborales aprobadas por gobiernos conservadores y socialistas, el contrato temporal sigue disfrutando de una salud envidiable. No sólo por las peculiaridades productivas nacionales –predominio del turismo y la hostelería, con una elevada estacionalidad–, sino también por el abuso, y en definitiva el fraude, que se hace de este tipo de contrato. Según los cálculos de UGT, el 46% de los contratos examinados por la Inspección de Trabajo en la Comunidad de Madrid sólo en los tres primeros meses de 2018 eran irregulares o fraudulentos.

Ninguna medida ha dado resultado. La lucha contra la “dualidad” era uno de los objetivos de la última reforma de 2012, pero el desequilibrio 90/10 entre temporales y fijos cada mes permanece inalterable.

En Francia el presidente Emmanuel Macron acaba de presentar una reforma del sistema de prestaciones de desempleo que viene acompañada de un mecanismo bonus/malus para combatir la elevada tasa de temporalidad. Aunque allí sólo alcanza al 16,7% –10 puntos menos que en España pero 2,5 puntos por encima de la media europea–, los franceses están asustados por el hecho de que el 70% de los contratos dura menos de un mes y su número no hace más que crecer. Casi un tercio no se prolonga más allá de un día.

A partir del 1 de enero de 2020, aquellas empresas de más de 11 trabajadores cuya plantilla tenga más temporales que la media de su sector pagarán un recargo en las cotizaciones por desempleo del 0,95%. El castigo afectará sólo a siete sectores productivos, de los que se han excluido la construcción y el sociosanitario, pero no la hostelería y la restauración. Por el contrario, las empresas que no alcancen la media de empleados temporales del sector tendrán derecho a un descuento en la cotización por desempleo del 1,05%. Además, a los contratos de obra se les impone un recargo de 10 euros, independientemente de su duración. La medida no ha gustado ni a los sindicatos ni a la patronal francesa. Sus críticos destacan que las cantidades del premio/castigo son muy escasas: 10 euros equivale a una hora del Salario Mínimo Interprofesional francés para los mayores de 18 años –1.498,47 euros brutos al mes–. Al mismo tiempo, además, Macron ha ofrecido a las empresas otras medidas que les van a suponer un ahorro de hasta el 40% en salarios en un año.

Ya están penalizados y el castigo no funciona 

El sistema no es una novedad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llevan años proponiéndolo como solución contra el abuso de la temporalidad junto al contrato único. Ciudadanos lo incorporó a su programa e incluso se introdujo en el programa pactado con el PSOE en febrero de 2016 y seis meses después en el que firmó con el PP. La exministra de Empleo Fátima Báñez lo planteó a sindicatos y patronal en la Mesa del Diálogo Social en 2017, junto con la reducción del número de tipos de contratos. Pero ni la CEOE ni UGT y CCOO ven con buenos ojos este sistema.

Fuentes de la patronal aseguran que el mecanismo “no aportaría gran cosa”, dado que los contratos temporales “ya están penalizados” con una sobrecotización respecto de los indefinidos. Y CCOO y UGT dudan de su eficacia.

En efecto, los contratos temporales tienen una cotización por desempleo del 6,7%, 1,2 puntos por encima de los indefinidos –en los contratos a tiempo parcial es superior, un 7,7%–. Los de menos de siete días sufren además un recargo del 36%, mientras que desde enero los de menos de cinco días se gravan con un 40%. Una medida pensada para desincentivar los empleos de menor duración, cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, ese castigo no ha tenido ningún éxito a tenor de las estadísticas. Las cifras del SEPE hasta el pasado mayo revelan que los contratos de menos de una semana no sólo no han disminuido sino que además siguen creciendo a buen ritmo. En los cinco primeros meses del año se han registrado 2,45 millones, un 3% más que en el mismo periodo de 2018. Si entonces representaban el 27,18% de los contratos firmados, este año equivalen al 27,37%, casi dos décimas más.

Por eso la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, prefiere otras medidas que, a su juicio, deberían enfocarse en el aumento de las indemnizaciones por extinción de los contratos temporales. Por ejemplo, recuperando los salarios de tramitación que desaparecieron con la última reforma laboral. Son los salarios que el trabajador deja de percibir desde que es despedido hasta que recibe la sentencia que declara improcedente su cese. La responsable de Políticas Sociales y Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, también apunta a un reforzamiento de las sanciones, incluso del doble de la actual indemnización por despido temporal o indefinido, para los contratos fraudulentos, de forma que se elimine el beneficio económico obtenido por el empresario al abusar del empleo eventual. También exige que se llenen los “vacíos” de la actual ley, definiendo bien las “causas” por las que las empresas pueden celebrar contratos temporales. En teoría, sólo excepcionales: aumentos puntuales de producción o ventas, sustituciones, formación... “Implantar el bonus/malus sería como empezar la casa por el tejado”, protesta. Sin contar con que en España la medida no se podría limitar a siete sectores como ha hecho Francia, teniendo en cuenta que el abuso de los contratos temporales se extiende aquí a todas las ramas productivas, sean estacionales o no.

El 16,8% de las empresas genera el 39% de las prestaciones por desempleo

En cambio, el profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea Florentino Felgueroso defiende la aplicación de un sistema como el francés. Según explica a infoLibre, no es justo ni eficiente que las prestaciones por desempleo generadas por empresas con elevado nivel de rotación –muchos trabajadores contratados y despedidos en periodos cortos de tiempo– las paguen también otras que apenas utilizan plantillas de temporales.

Y pone como ejemplo el sistema empleado en Estados Unidos, que está ligado directamente a las prestaciones por desempleo que generan las empresas. Tras establecer un mínimo y un máximo, cada Estado fija su bonus y su malus. El umbral, además, se adapta al ciclo económico y a las circunstancias, explica el investigador de Fedea.

Felgueroso, junto con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Marcel Jansen, ha calculado el impacto que sobre el gasto en prestaciones por desempleo tienen los contratos temporales y las sucesivas recontrataciones de los mismos trabajadores por las mismas empresas. Así resulta que el 47% de ese gasto procede del fin de contratos temporales. De hecho, sólo el 36% de los contratos temporales registrados en España no está asociado a un cese previo en la misma empresa. El 34% tiene detrás cuatro ceses previos.

Según los datos que Felgueroso y Jansen publicaron en el blog Nada es gratis, casi la mitad de las recontrataciones se produjeron entre 2013 y 2017 en la hostelería, las administraciones públicas y la agricultura. Un tercio, en la industria manufacturera, el comercio, la sanidad y la construcción. En el 14% de las empresas, más de la mitad de los trabajadores contratados estaban siendo recontratados. En la agricultura, la industria, la construcción y la educación se elevan al 20% las empresas que abusan de la recontratación de temporales. En las administraciones públicas, más aún, el 30%. Esta nefasta gestión de los recursos humanos se traduce en que el 63% de las prestaciones por desempleo procede de recontratacionesrecontrataciones. El 22% tiene detrás más de cuatro contrataciones previas y al menos una posterior.

De esta forma, resulta que el 16,8% de las empresas, destacan los investigadores de Fedea, son responsables del 39% del gasto en prestaciones por desempleo por culpa de un porcentaje de trabajadores recontratados de entre el 25% y el 50%. Y otro 6,6% de empresas, con recontrataciones que equivalen a entre el 50% y el 75% de su plantillas, son el origen de un 28,5% del gasto en prestaciones. “El sistema no sólo es perverso, por incentivar la concentración temporal, sino también injusto”, concluyen. Además de único en el mundo: mientras en Estados Unidos la tasa de trabajadores temporales recontratados es del 40%, en España casi alcanza el 60%.

En ese punto, el perjuicio que causa el abuso de la temporalidad en el gasto público en prestaciones por desempleo, están de acuerdo los sindicatos. Y Antonio González, que fue director del gabinete del exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez y antes secretario general de Empleo con Jesús Caldera. “El consumo de prestaciones por desempleo provocado por los contratos temporales triplica el de los indefinidos”, subraya. Por eso defiende que “cada tipo de contrato asuma su consumo de prestaciones”. Aunque, a su juicio, la solución no es un mecanismo bonus/malus.

Un fraude más barato que la ley

Para desincentivar el abuso del contrato temporal, explica González, haría falta un recargo en las cotizaciones por desempleo que superara el ahorro del 5% en costes laborales del que se benefician las empresas recurriendo a esta forma precaria de empleo. Por lo que un recargo del 1%, casi como el francés, no asustaría a los empresarios. La sobrecotización debería ser “muy superior” para ser disuasorio, resume, lo que quizá no resultaría muy recomendable. Y recuerda que los recargos del 36% y el 40% para los contratos hiperbreves de menos de siete y cinco días tampoco han resultado eficaces.

En su lugar, Antonio González considera más resolutivo aplicar una indemnización en función del contrato con una “cantidad a tanto lazado” que sirva de incentivo para que los trabajadores afectados demanden en los tribunales. Porque ahora la única sanción que recae sobre las empresas abusadoras es la conversión del trabajador en fijo. La Inspección de Trabajo, añade, no puede –“aunque fuera la mejor del mundo”– examinar los 20 millones de contratos temporales que se firman cada año en España. “El fraude”, concluye, “nunca puede ser más barato que cumplir la ley”.

Florentino Felgueroso sostiene, no obstante, que quizá el porcentaje de recargo aplicado en Francia se quede un poco corto, además de sugerir que el criterio utilizado –el número medio de contratos temporales por sector– se complete con otros como la duración de los contratos y el gasto en prestaciones por desempleo.  Y culpa a la falta de voluntad política de la persistencia del problema. Mari Cruz Vicente cree que también es necesario un “cambio radical” de cultura y de mentalidad. “Ahora, con la digitalización y la robotización se hace patente la necesidad de formación constante”, resalta la dirigente de CCOO, “y los trabajadores temporales reciben menos formación y son menos productivos”. Precisamente una de las causas de la baja productividad de la economía española es el elevado porcentaje de empleo temporal.

Hace dos años, la ex ministra de Empleo propuso el sistema de bonus/malus a la Mesa de Diálogo Social, una negociación que continuó con Magdalena Valerio pero sin grandes resultados. “La mesa de contratación ni siquiera llegó a abrirse”, lamenta Mari Cruz Vicente, y las otras –Seguridad Social, Igualdad, Formación Profesional y Lucha contra la Economía Sumergida– sólo funcionaron durante tres meses”.

La ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha negado este jueves que la Seguridad Social se encuentre en una situación de quiebra, al tiempo que ha asegurado que el pago de las pensiones está garantizado y que el "problema" del sistema no es de "gasto excesivo" sino de "déficit de ingresos".

"La Seguridad ni está en quiebra ni va a quebrar. No es una empresa privada, es una parte de la administración pública. Y desde luego está garantizado el pago de las pensiones", ha expresado en declaraciones a los medios en el marco de la reunión de ministros de Empleo de la UE al ser preguntada por el reciente informe del Tribunal de Cuentas.

"El problema de la Seguridad en nuestro país no es un problema de gasto excesivo, es un problema de déficit de ingresos", ha subrayado también la titular de Trabajo, que ha lanzado este mensaje para "tranquilizar a millones de pensionistas": "La Seguridad Social tiene el aval y la garantía del Estado", ha expresado.

Valerio, además, ha aprovechado para culpar de la situación actual a las políticas que puso en marcha el Gobierno del PP, con medidas en la reforma laboral que hicieron "perder poder a la negociación colectiva" e "implicaron una devaluación salarial y una devaluación de las cotizaciones que hizo que la recaudación fuese a menos".

También ha recordado que estaba "a punto de cerrarse" un acuerdo sobre la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social, pero Podemos "empezó a poner obstáculos" y Ciudadanos y PP "se sumaron a ese carro" cuando se convocaron las elecciones generales.

En este sentido, ha mostrado su confianza en que ahora que "ya han pasado las elecciones" se retomen los trabajos que "estaban no sólo avanzados" sino que las recomendaciones ya estaban "ultimadas". "Que este trabajo no caiga en el vacío y cuanto antes podamos darle una buena noticia a la ciudadanía", ha afirmado.

Políticas activas de empleo

Valerio también ha sido preguntada por el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre políticas activas de empleo, que el Gobierno estudiará "en profundidad", aunque ha dicho que "algunas de las cuestiones que están en ese diagnóstico" ya habían sido detectadas por su departamento previamente y ya se está "aplicando tratamiento".

En este sentido, ha señalado que el documento de la AIReF va "muy en la línea" de lo que ha hecho el Gobierno en el último año en cuanto a que recomienda destinar más fondos a la orientación laboral.

Valerio también ha calificado como "muy importante" avanzar en la formación y, en este sentido, ha recordado que el Consejo General de Formación llevaba sin reunirse desde 2010 y "ha tenido que llegar este Gobierno para convocarlo" de nuevo.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha augurado que la correcta implantación del control horario en las empresas supondrá un beneficio a todos los niveles, incluido a las empresas que "pagan correctamente" las horas extra frente a las que no lo hacen, reduciendo así la competencia desleal, informa Europa Press.

A preguntas de los medios, ha avanzado además que en próximos días se publicará una instrucción para que la Inspección de Trabajo pueda realizar el oportuno control de las empresas. Igualmente, ha recordado que sólo dos días después de la entrada en vigor de esta medida, una sentencia de ámbito europeo avalaba la norma e instaba a los Estados miembro "a poner en marcha estos sistemas".

"Es bueno para los trabajadores, para la prevención de riesgos laborales, para la conciliación y para la Tesorería, porque se están haciendo millones de horas que extra que no se cotizan", ha insistido, afirmando que se trata de una estrategia que "sólo tiene beneficios".

Sólo cuatro miembros del Gobierno especifican en su última declaración de bienes haber hecho aportaciones a la campaña de microcréditos que lanzó el PSOE para financiar las campañas electorales de los comicios generales del 28 de abril y de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, informa Europa Press.

Se trata del propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, y de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Magdalena Valerio, y Sanidad, María Luisa Carcedo. Todos ellos incluyen en su declaración de bienes –hecha pública este jueves por el Congreso de los Diputados– el dinero aportado a los microcréditos en concepto de derecho de cobro.

Estas cantidades les serán reembolsadas por el partido dentro de unos meses, con un interés del 2 por ciento anual. Así Sánchez o la ministra Valerio, que aportaron 2.000 euros cada uno, percibirán 2.040 euros. La ministra Montero, que dio 500 euros, tendrá una ganancia de 10 euros; y Carcedo, con un préstamo de 4.000, recuperará 4.080.

La mayor aportación, de 20.000 euros 

Sin embargo, hay otros miembros del PSOE que hicieron aportaciones mucho más elevadas. El récord lo marca la diputada por Palencia y miembro de la Ejecutiva Federal, Mari Luz Martínez-Seijo, que facilitó 20.000 euros y ganará 400 euros adicionales.

Por detrás de Seijo se sitúa la número dos del partido, Adriana Lastra, que puso 10.000 euros, la misma cantidad aportada por los diputados por Soria Javier Antón Cacho; Laura Berja (Jaén); Elvira Ramón (Granada), Felipe Sicilia (Jaén), Susana Ros (Castellón) y por el portavoz en el Senado, Ander Gil. Diputados como Esther Peña (Burgos), Vicent Manuel Sarriá (Valencia), Pau Mari Klose (Zaragoza) o César Joaquín Ramos han dado cantidades que oscilan entre los 5.000 y 4.500 euros.

Otros miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE como Patxi López, Odón Elorza, Héctor Gómez, Susana Sumelzo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Francisco Salazar, Juan Antonio Rodríguez Salas y Beatriz Corredor declaran aportaciones de entre 1.000 y 3.000 euros, mientras que el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, prestó 2.000 euros. Las aportaciones hechas por otros diputados socialistas oscilan entre los 200 y 500 euros.

En el Senado, entre quienes declaran aportaciones están Micaela Navarro (5.000 euros), Francisco Javier Aragón (2.000 euros) y Ramón Morales (1.000 euros). Ni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ni los presidentes del Congreso y del Senado, los socialistas Meritxell Batet y Manuel Cruz, declaran haber hecho aportaciones a los microcréditos para financiar ninguna de las dos campañas electorales de este año.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, envió el pasado lunes un correo electrónico a sus directores generales en el que les transmitía la felicitación de la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, “por el gran trabajo realizado por el conjunto del ministerio”, al que atribuía “en buena medida” el “éxito electoral” del pasado 28 de abril.

El correo, al que ha tenido acceso infoLibre, lleva como destinatarios a la directora del gabinete de Granado, María José Tarrero Martos; el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar Bernad; la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gloria Redondo Rincón; el responsable de Ordenación Económica de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo; el gerente de Informática de la Seguridad Social, Carlos Escudero Rivas; el interventor general de la Seguridad Social, Manuel Rodríguez Martínez; el director del Instituto Social de la Marina, Luis Casqueiro Barreiro, y el director de Comunicación, Gregorio Martínez Gutiérrez.

Como en el mensaje Granado hacía “extensible” la felicitación a todos los “colaboradores” de su plana mayor, algunos de éstos reenviaron el correo, que ha llegado a los trabajadores de la Seguridad Social de las delegaciones territoriales.

Y no ha sentado muy bien. “Nos encontramos ante una falta de respeto absoluta hacia nuestra profesionalidad”, ha reaccionado CGT en un comunicado. Los trabajadores de la Seguridad Social, replica el sindicato, rechazan ser tratados como “agentes políticos al servicio de partido alguno”. “Ni de parte, ni de partido, servicios públicos para toda la ciudadanía”, reclama.

CGT se queja del “maltrato” que le ha tocado padecer a la plantilla de la Seguridad Social por parte de los gobiernos tanto del PP como del PSOE. “Nuestra labor diaria no depende del partido que se encuentre en cada momento en el poder, y no es otra que ofrecer un servicio público con la mayor calidad posible a la ciudadanía”, protesta el sindicato. “No necesitamos felicitaciones, sino unos servicios públicos bien dotados”, subraya también, para terminar pidiendo al Gobierno una oferta pública de empleo para la Seguridad Social.

A preguntas de infoLibre, fuentes oficiales de la Seguridad Social han explicado que Granado envió el correo “exclusivamente a su equipo de colaboradores directos”, los ocho directores generales antes citados, “no a los funcionarios ni a los trabajadores”. Y atribuyen a una “malinterpretación” el comunicado sindical. “No se habla de ningún partido”, añaden. Por el contrario, interpretan el mensaje en el sentido de que el ministerio ha hecho una serie de “propuestas que han sido aprobadas por el Gobierno y que han contribuido a que la gestión del Ejecutivo en estos últimos 12 meses haya sido una gestión marcadamente social”.

Malestar en la plantilla

La Seguridad Social ha reducido su plantilla en un 15% en seis años. Según los datos publicados en el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, referidos a enero de 2018, la Seguridad Social ha perdido 4.565 funcionarios desde 2012.

Al tiempo, la falta de reposición de las plazas ha envejecido el personal hasta niveles alarmantes. Si en 2012 la Seguridad Social empleaba a 186 funcionarios con menos de 30 años, seis años más tarde el número había caído a sólo 62, el 0,2% de su personal. Por el contrario, en 2012 el 57,7% de sus empleados tenía más de 50 años; en 2018 el 81,6% habían superado esa edad.

De tal forma que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente. También los problemas para atender en los plazos establecidos los trámites que solicitan los ciudadanos. Las listas de espera para algunos de ellos han obligado a la Seguridad Social a poner en marcha un plan extraordinario para desatascar la resolución de expedientes en 12 de sus 52 direcciones provinciales. Hasta el 30 de junio, a los funcionarios que voluntariamente se apunten se les pagarán horas extraordinarias para que tramiten por las tardes las solicitudes de pensiones de jubilación e incapacidad permanente.

De ahí el enfado sindical. CGT denuncia la privatización del servicio público, “el cambio del concepto de ciudadanía con derechos al de mera clientela consumidora de servicios, echando al público de las oficinas e imponiendo la administración electrónica”.

La mayor parte de las solicitudes que está recibiendo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el cobro del subsidio para mayores de 52 años "se están resolviendo con total normalidad", según fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes precisan que sólo en aquellos casos en los que se ha denegado el subsidio y existen dudas sobre dicha decisión se ha "parado" el expediente hasta la resolución de las mismas. "Esa es la única instrucción que se ha mandado (al SEPE), que se paren algunas denegaciones en los casos en los que hay dudas", indican las fuentes consultadas.

El diario El Mundo publica en su edición de hoy que Trabajo ha enviado una instrucción a las oficinas del SEPE para que se paralice la tramitación de la mayoría de las solicitudes del nuevo subsidio para mayores de 52 años por las "lagunas" que se aprecian en el decreto que regula estas ayudas.

El nuevo subsidio para parados mayores de 52 años entró en vigor el pasado 13 de marzo tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto ley que lo regulaba. No obstante, el aumento de la cotización de este subsidio desde el 100% al 125% de la base mínima entra en vigor este lunes, 1 de abril.

La norma rebaja la edad de acceso a este subsidio desde los 55 años a 52 años; suprime el requisito de tener cumplidos los 52 años en el momento del hecho causante y elimina los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando el beneficiario proviene de un trabajo a tiempo parcial.

Asimismo, el subsidio, consistente en una ayuda mensual de 430 euros, eleva su duración máxima, ya que podrá percibirse hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, frente a la regulación anterior, que obligaba a dejar de cobrarlo en el momento en el que se pudiera acceder a cualquier modalidad contributiva de jubilación, dando lugar así a jubilaciones anticipadas forzosas.

Al mismo tiempo, la nueva regulación elimina la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso al subsidio e incrementa la cotización por jubilación durante la percepción del mismo del 100% al 125% de la base mínima de cotización vigente en cada momento.

El Gobierno calcula que las modificaciones introducidas en el subsidio beneficiarán a casi 380.000 personas (114.000 que podrán ahora acceder al mismo, 265.465 que verán mejoradas sus cotizaciones y 12.000 personas que actualmente cobran el subsidio de forma parcial y pasarán a percibirlo a tiempo completo). El coste estimado de esta reforma del subsidio es de unos 348 millones de euros.

Un fondo de banderas de España y de Europa. El gobierno casi en pleno —Josep Borrell está de viaje en América— y la plana mayor del PSOE. La presidenta del partido, Cristina Narbona, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como teloneras. Y Pedro Sánchez en modo presidencial —traje y corbata— para dar toda la solemnidad posible a la presentación de las primeras 110 medidas con las que quiere impulsar una “amplia mayoría” que le permita retener La Moncloa.

Un centenar largo de compromisos organizados en torno a siete grandes áreas: educación, ciencia y cultura, economía y empleo, el Estado del bienestar, feminismo, transición ecológica, nuevos derechos y libertades  y política europea. 

En la letra pequeña, promesas ya conocidas como la aprobación inmediata de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que la derecha y los independentistas tumbaron en el Congreso,  o la actualización anula y automática de las pensiones en función del IPC real y el aumento en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, para lo que eliminará el actual Índice de Revalorización (IRP), que limita la subida de las pensiones a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit en la Seguridad Social. Un índice que, sin embargo, no se ha aplicado ni en los años 2018 ni 2019, cuando las pensiones subieron con carácter general un 1,6%, por encima del IPC previsto. El IRP sigue vigente, por lo que el PSOE asume el compromiso de derogarlo.

Lo que no derogará si vuelve a gobernar tras las elecciones generales del 28 de abril es el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta 2022. El PSOE no habla de suprimirlo, pero sí de reformarlo buscando un "diseño compartido" con los agentes sociales. Y se compromete a reformar el sistema de pensiones desde el Pacto de Toledo y el diálogo social con el objetivo de eliminar en cinco años el déficit de la Seguridad Social, tal y como prometió la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el pasado verano.

Para ello buscará que las cotizaciones sociales soporten el gasto de naturaleza contributiva y aumentará progresivamente las aportaciones del Estado ante el gasto ligado a la jubilación de la generación del baby-boom, cuya llegada a la edad del retiro disparará la cifra de pensionistas de los 9,7 millones actuales a más de 14,4. En materia de empleo, el PSOE evita hablar de derogar la reforma laboral, y tal y como ha venido haciendo desde el triunfo de la moción de censura, se limita a proponer la eliminación de sus “aspectos más lesivos” mediante la reforma del Estatuto de los Trabajadores. También se compromete a seguir aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio, y a reordenar los contratos para dejarlos en tres modalidades: indefinido, temporal y formativo.

Recupera la renta básica de emancipación

Respecto a la vivienda, el PSOE asegura que fomentará la promoción de vivienda de alquiler social, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos públicos y privados, al tiempo que se reforzará el papel de Sepes e ICO en la política de vivienda.

Igualmente, impulsará una estrategia para combatir la pobreza energética, consolidando el derecho a la energía, y restablecerá la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos, una medida similar a la que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en su día y también a la que recientemente ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid.

Renuncia al impuesto de la banca

En materia fiscal, el PSOE no incluye finalmente el impuesto a la banca en su programa electoral, pero se compromete a recuperar las medidas fiscales que el Gobierno se ha quedado sin la oportunidad de hacer realidad, como reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios. También promoverá la armonización a nivel europeo con los impuestos sobre determinados servicios digitales (la llamada tasa Google), el impuesto sobre transacciones financieras  y el impulso a la fiscalidad ambiental para desincentivar la contaminación y favorecer la transición ecológica.

El terreno social, Sánchez se propone recuperar la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con bajos ingresos, una medida similar a la que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en su día y también a la que recientemente ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid.

Mejora de las retribuciones a los militares

El PSOE ha incluido entre sus prioridades para las próximas elecciones generales del 28 de abril una mejora de las retribuciones que percibe el personal de las Fuerzas Armadas para equipararlo al de otros sectores de la Administración Pública. "Avanzaremos en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en materia de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También mejoraremos las retribuciones del personal militar para que dejen de cobrar menos que otros sectores de la Administración Pública", ha anunciado.

El aumento de las retribuciones en una de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que denuncian que un militar cobra mucho menos que los miembros del resto de cuerpos de seguridad.

El Día Internacional de la Mujer se celebra este viernes 8 de marzo en España con la convocatoria, por segunda vez en la historia, de una huelga feminista. Los paros,  tanto generales como parciales, pretenden consolidarse en los ámbitos laboral, educativo, de los cuidados y del consumo. La jornada de huelga culminará con manifestaciones en toda España para reivindicar la igualdad real de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres.

Sigue en infoLibre minuto a minuto todo lo que está sucediendo en esta jornada:

21.45:Andalucía cierra la jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer con manifestaciones que han reunido a miles de personas en la tarde de este viernes en todas las provincias, en las que a lo largo del día se han celebrado un total de 139 acciones reivindicativas autorizadas por las subdelegaciones del Gobierno. En Sevilla, en cuya provincia se han celebrado un total de 23 concentraciones y manifestaciones feministas, la protesta ha reunido a más de 130.000 personas, de tal forma que, estando la cabecera ya en Plaza Nueva --partía del Puente de Triana--, la manifestación ocupaba toda la avenida de la Constitución y daba vuelta hasta la Plaza de Toros de la Maestranza, según los datos facilitados por el Ayuntamiento a Europa Press.

21.24: La cabecera de la manifestación en Madrid se acerca a la Plaza de España, donde se leerá el Manifiesto elaborado por la Comisión 8M de la capital [puedes consultar el texto aquí].

21.00: La Delegación del Gobierno en Madrid cifra entre 350.000 y 375.000 las asistentes a la manifestación del 8M. El año pasado, cuando aún gobernaba el PP, el mismo organismo calculó que en Madrid se habían manifestado 170.000.

Manifestación 8M de 2019 en Madrid

20.20: La manifestación feminista en Barcelona ha movilizado a unas 200.000 personas, según la Guardia Urbana. El color lila tiñe el agua de las fuentes de la plaza de Catalunya, donde concluirá la marcha. La manifestación ha desbordado la Gran Via de la capital catalana bajo el lema 'Ens aturem per parar-ho tot'.

20.05: Miles de feministas se han manifestado este viernes, 8 de marzo, en Zaragoza con el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo', convocadas por la Asamblea 8M Zaragoza, llenando las principales vías del centro, desde la Granvía, el Paseo Pamplona y el Paseo Sagasta por el Paseo de la Independencia hasta la plaza del Pilar, donde se ha dado lectura a un manifiesto. A la manifestación han acudido las organizaciones feministas, así como representantes de los barrios de Zaragoza, sindicatos y partidos políticos, coreando lemas como 'un bote, dos botes, machista el que no bote' y con pancartas contra el patriarcado y por el feminismo.

"Hoy esperamos romperlo todo", ha dicho Virginia Maza en representación de la Asamblea 8M Zaragoza, indicando que la movilización de este viernes "es el colofón de un gran año de trabajo, de mucho éxito", de tal forma que "hemos batido el récord".

20.00: Decenas de miles de personas han colapsado este viernes, por la tarde, el centro de Bilbao, con motivo de la manifestación convocada por el Movimiento Feminista para reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres, en una jornada en la que se ha celebrado la segunda huelga feminista de la historia del país. La marcha se ha iniciado media hora después de los previsto, a 19.30 horas, debido a la avalancha de gente que ha secundado la convocatoria. A esa hora, los manifestantes, todavía parados, llegaban desde la Plaza del Sagrado Corazón hasta Moyúa. El metro, que ha transportado numerosos pasajeros que se dirigían a la marcha, se ha visto obligado a abrir las canceladoras para permitir la rápida salida de la gente.

19.55: La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que "al trío de Colón", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox, "se le va a frenar blindando derechos". Así lo ha puesto de manifiesto en Madrid durante su participación en la manifestación del 8M. "Hoy somos millones de mujeres demostrando que a los que quieren volver al pasado, al trío de Colón se les va a frenar blindando derechos –ha asegurado–. Las mujeres que salen hoy a las calles van a llenar las urnas el 28 de abril de movimiento feminista". 

19.50: Una multitudinaria manifestación llena las calles del centro de València en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y para reivindicar el feminismo como "lo contrario de la ignorancia". Miles de mujeres y hombres recorren desde las 18.00 de esta tarde las principales vías de la capital valenciana y abarrotan la calle Colón y la calle Xàtiva. La marcha continuará hasta las Torres de Serranos.

Entre los cánticos que se han podido escuchar en la marcha se encuentran "No es no, lo demás es violación", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "Els carrers seran sempre nostres".

Manifestación del 8M en Valencia.

19.40: La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado al "feminismo caduco" que "cambia palabras" al llegar a la gran manifestación por el 8 de marzo convocada en Madrid, donde la política catalana ha dicho representar al feminismo "moderno", "más inclusivo y tolerante" que no quiere "criminalizar a todos los hombres".  "Hoy estamos aquí para representar a millones de hombres y mujeres que no se sienten representados por determinados tipos de feminismo", ha declarado a los medios antes del comienzo de la manifestación.

19.30: La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y miembros del Ejecutivo socialista como Magdalena Valerio, Isabel Celaá, Luis Planas, Fernando Grande-Marlaska, Dolores Delgado, María Luisa Carcedo, Reyes Maroto o Nadia Calviño acuden a la manifestación del 8M en Madrid. También la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien criticó a aquellos partidos que creen que el feminismo es "cosa de cuatro radicales". "Ahora están descolocados. No están aquí y no los esperamos", ha dicho Calvo, quien ha añadido que "desbarran constantemente" porque, a su juicio, el año pasado "eran feministas transversales y este son feministas liberales".

19.00: Arranca en Madrid la manifestación bajo el lema 'Somos imparables, Feministas siempre'. La marcha, convocada por la Comisión 8 de Marzo, ha partido desde la Glorieta de Atocha. Desde una hora antes el tráfico estaba cortado y los asistentes invadían el Paseo Del Prado.Una marea morada bajo muchos globos del mismo color ha echado a andar, siguiendo los pasos marcados por una batucada con música feminista. "Hemos colapsado Madrid", han asegurado antes de partir.

Poco antes de que la marcha arrancase, se ha unido a la cabecera la madre de la Plaza de Mayo Norita Cortiñas, de 88 años, en medio de aplausos de todas mujeres a su alrededor. "Juntas venceremos", ha proclamado. "De norte a sur, de este a oeste, la lucha igue, cueste lo que cueste", han coreado seguidamente. Varios de los asistentes portan pancartas y carteles o llevan pintados símbolos feministas o algo de vestimenta morada, el representativo del movimiento feminista.  

La vocera de Comisión 8M Justa Montero ha asegurado a los periodistas que los datos de participación "son muy alentadores" y muchas personas han estado en las más de 1.500 movilizaciones callejeras durante el día. A su juicio, el debate feminista "ha entrado en todos los espacios privados y públicos" .

El recorrido previsto pasa por las plazas de Neptuno y Cibeles, donde la cabecera bordeará la estatua de la diosa para enfilar por la Gran Vía, que transitará hasta desembocar en la Plaza de España, donde se ha instalado un escenario para la lectura del manifiesto.

18.30: Un total de nueve mujeres han muerto por violencia de género en lo que va de año, como revela la última estadística oficial actualizada por el Ejecutivo a 15 de febrero, una cifra que podría elevarse a 10 de confirmarse el asesinato de una octogenaria a manos de su marido, un hombre de 80 años, en el madrileño distrito de Ciudad Lineal.

18.00: Al menos seis millones de personas han secundado los paros feministas convocados por CCOO y UGT, según han señalado a Europa Press fuentes de UGT. CCOO ha convocado una huelga general laboral de dos horas por turno. UGT ha hecho un llamamiento a realizar paros de dos horas por turno "como mínimo" en los centros de trabajo, aunque dará cobertura legal a los trabajadores para secundar la huelga durante las 24 horas. Así, fuentes de UGT precisan que sólo en el turno de mañana un tercio de los trabajadores han secundado este paro, por lo que apuntan que se va a superar el seguimiento de la huelga del año pasado, que se cifró en 5,3 millones de personas. En un comunicado, CCOO añade que la huelga ha tenido un "alto seguimiento" y ha venido precedida por más de 600 asambleas y de más de 2.000 adhesiones de comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales de compañías que representan a más de seis millones de trabajadores y trabajadoras.

16.45: Acabar con la brecha de género en el mercado laboral supondría un estímulo del 35% de media para la economía de aquellos países con mayores desigualdades, según ha señalado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer.

16.00: El PP ha trasladado al interior de una guardería de Castellón una comparecencia ante los medios que el presidente del partido, Pablo Casado, inicialmente iba a realizar fuera del recinto debido a la protesta protagonizada por unas 200 mujeres que se han concentrado en el lugar y han coreado consignas como Pablo Casado es el patriarcado o Casado machista, estás en nuestra lista. 

14.30: Mujeres periodistas de decenas de medios y agencias de comunicación, gabinetes de prensa, y, en general, trabajadoras de medios y empresas periodísticas se han dado cita este viernes a las puertas del museo Reina Sofía de Madrid para leer el manifiesto conjunto Las Comunicadoras Paramos.Las Comunicadoras Paramos. Se han realizado actos similares promovidos por mujeres periodistas en otros puntos de la geografía española. Muchas portaban pancartas con el lema Le sigo la lista a tu titular machista o No queremos ser valientes, queremos ser libres. "Es necesario que se vea que nosotras somos la mitad de la población y, por lo tanto, queremos la mitad del pastel", ha indicado Maribela Gutiérrez, una de sus portavoces.

13.45: UGT y Comisiones Obreras han calificado de "hito histórico", con paros "similares, si no superiores" al año pasado, la huelga convocada este viernes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. "El 8M de 2019 no va a desmerecer al 8M de 2018. Creemos que ya se puede afirmar que 2019 va a marcar otro hito histórico", ha señalado el secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante una concentración en la Plaza de Cibeles a la que han acudido cientos de hombres y mujeres.

13.30: Varias mujeres de la Comisión 8M han leído este viernes un manifiesto en el que piden acabar con la violencia machista y luchar contra "la ofensiva ultraderechista y patriarcal". Alrededor de mediodía ha comenzado la lectura del texto en la madrileña Plaza de Lavapiés, que estaba prácticamente llena con la presencia de centenares de personas —mayoritariamente, mujeres y niños—. Bajo una pancarta de lema "Contra el patriarcado y su violencia, autodefensa", una decena de mujeres del colectivo han denunciado las "desigualdades" que debe afrontar la mujer en la sociedad.

13.15: 

La huelga feminista en los centros educativos de toda España ha tenido un seguimiento del 80% en la universidad, del 61% en los institutos de Secundaria y Formación Profesional, y del 42% en los centros de Educación Infantil y Primaria, según las cifras ofrecidas por el sindicato CCOO.

13.00: 

El seguimiento de la huelga en universidades catalanas está siendo muy alto, según han informado a fuentes de las universidades. En la mayoría de facultades está habiendo un seguimiento total sin docencia.

12.40: Media docena de activistas feministas han protestado este viernes ante la sede de Ciudadanos en Madrid, gritando consignas contra la gestación subrogada y diciendo que el feminismo que defiende este partido no las representa. Justo después de que el presidente de Cs, Albert Rivera, hiciera una declaración ante los medios con motivo del 8 de marzo junto a varias dirigentes del partido, un grupo de jóvenes han empezado a corear lemas en la entrada de la sede, en la calle Alcalá. "Vuestro feminismo no nos representa" es la frase que más han repetido, criticando así el "feminismo liberal" que reivindica Ciudadanos y cuyos principios ha plasmado en un manifiesto.

12.20: La presidenta del Congreso de los Diputados durante la legislatura que acaba de finalizar, Ana Pastor, ha asegurado que "la sociedad sigue estando plagada de tintes machistas".

12.15: 

En una línea similar se ha expresado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que apoyan las reivindicaciones de las mujeres con motivo de este viernes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer pero ha precisado que esto no tiene "nada que ver con un día de huelga".

12.00: La presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid y vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio, Eva Serrano, ha señalado que el manifiesto "no representa a todas las clases sociales, ideologías y categorías profesionales" de las mujeres del país.

11.50: La presentadora de Hoy por Hoy (Cadena Ser), Pepa Bueno, ha secundado la huelga convocada este viernes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, mientras que, al contrario que el año pasado, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso han presentado sus programas. Por su parte, La Mañana (TVE), que conduce María Casado ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que no se emitirá el programa de este viernes "con motivo de la huelga general convocada este 8 de marzo". "Os esperamos el próximo lunes con más actualidad y entretenimiento", ha apuntado.

11.40: 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han afirmdo este viernes que prácticamente en todos los centros de trabajo se están haciendo paros por la igualdad vinculados a jornadas de debate. Álvarez cree que estas jornadas de reflexión van a ser más mayoritarias que el año pasado, mientras Sordo cree que la presión de la calle va a ser "masiva e histórica de nuevo".

11.30: Siete de cada diez sentencias por violencia machista fueron condenatorias en 2018, según se desprende de la estadística del año 2018 que ha hecho pública este viernes el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Así, el documento constata un aumento interanual de un 3,1% en las condenas por violencia machista en los órganos judiciales, con un máximo histórico anual del 70,45%, y un incremento tanto de las órdenes de protección solicitadas como de las órdenes de protección concedidas.

11.20:

Google, como hace habitualmente con efemérides importantes, ha lanzado este viernes un doodle para conmemorar el Día Internacional de la Mujerdoodle. La empresa ha destacado 14 frases célebres de mujeres de todo el mundo que destacaron en diversos ámbitos.

Una de las frases con las que Google celebra el Día Internacional de la Mujer

11.15: La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos que han convocado paros este viernes, espera superar el dato de las "seis millones de mujeres" que, según esta organización, secundaron la huelga el año pasado. Según la secretaria de la Mujer de CGT, Vanessa Casado, en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Madrid; la incidencia de la huelga está siendo alta en sectores "feminizados" como la educación, la sanidad o el telemárketing. "Aunque este año destaca también el seguimiento en industrias masculinizadas como el metal", ha asegurado.

11.00:

 La Asamblea Abolicionista de Madrid, ha lanzado varias acciones reivindicativas en las que ha colgado pancartas en algunos puentes de la capital para pedir la abolición de la prostitución.

Uno de los puentes de donde cuelgan pancartas que piden abolir la prostitución

10.45: Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid están secundando la huelga de este viernes y acudirán a la manifestación feminista de Atocha a partir de las 19:00 horas. Por su parte, los de Cs han acudido a trabajar pero también acudirán a la manifestación. Por su parte, los concejales del PP no se han sumado a la huelga ni asistirán a la manifestación en la capital.

10.20: La plataforma Jueces para la Democracia ha difundido un vídeo en apoyo a la huelga y las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

10.15:

 El Partido Popular ha lanzado este viernes una nota de prensa revelando su posicionamiento con respecto a la huelga y las movilizaciones feministas del 8M:

10.10:

 El bicipiquete de Madrid, integrado por varios centenares de mujeres, se ha detenido unos momentos delante de la sede nacional del PP en la Calle Génova y ha lanzado consignas como "mi cuerpo es mío".

10.05:

 El Gobierno celebrará este viernes la reunión del Consejo de Ministros, si bien ésta es la única actividad programada en la agenda del Ejecutivo debido a la convocatoria de la huelga feminista. Hasta nueve ministros ya han confirmado su asistencia a la manifestación de la capital, esta tarde a las 19.00 horas: la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo; la de Educación, Isabel Celaá; la de Economía, Nadia Calviño, la de Trabajo, Magdalena Valerio, la de Sanidad, María Luisa Carcedo, la de Industria, Reyes Maroto, la de Justicia, Dolores Delgado, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas.

10.00: A primera hora de esta mañana, en Barcelona, se han producido varios cortes de calles de la ciudad, como la Avenida Diagonal. Poco después, la Guardia Urbana ha informado de que el tráfico se ha restablecido, volviendo a la normalidad.

9.55:

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó este jueves por la noche su apoyo a la huelga y las movilizaciones feministas del 8M. A través de un mensaje en su perfil de Twitter, Sánchez aseguró que "solo desde el feminismo acabaremos con la #violenciamachista y lograremos la #IgualdadReal. Solo desde el feminismo alcanzaremos una democracia plena".

9.50:

 A primera hora de esta mañana, se han empezado a ver los primeros síntomas de huelga en Madrid. Una de las iniciativas llevadas a cabo es el 'bicipiquete'.

9.40: Decenas de ciudades de toda España tienen previstas manifestaciones durante toda la jornada del viernes.

9.35: El movimiento feminista, por segundo año consecutivo, ha convocado una huelga que incluye tanto un paro general como paros parciales, y pretende que se consolide en los ámbitos laboral, educativo, de los cuidados y del consumo.

9.30: La jornada de huelga y movilizaciones feministas, por el Día Internacional de la Mujer, comenzaron anoche en la Puerta del Sol con una cacerolada en la que participaron centenares de personas.

El Ministerio de Trabajo no llevará al Consejo de Ministros de este viernes ni el decreto que derogará parte de la reforma laboral de 2012 ni el que incluye medidas de protección social como el aumento de las prestaciones por hijo a familias en situación de pobreza. Así lo han asegurado fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio, que han aplazado igualmente la aprobación del subsidio para mayores de 52 años, pese a que está prácticamente cerrado con los sindicatos. En cambio, este viernes sí se aprobará el decreto sobre medidas para fomentar la igualdad, que corre a cargo de la vicepresidenta –también ministra de Igualdad–, Carmen Calvo. Y éste incluirá el convenio especial para que coticen a la Seguridad Social los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Tras suspenderse la reunión de Trabajo con sindicatos y patronal prevista para este martes, ha corrido el calendario para los decretos con medidas laborales y sociales que prepara el Gobierno. El ministerio ha alegado “problemas de agenda” de sus responsables para anular la cita del Diálogo Social, pero UGT y CCOO aseguran que el  motivo es que Valerio no tiene aún cerrada ninguna propuesta. Trabajo responde que está “esperando a tener un texto” para llevarlo a la mesa y que ni siquiera sabe si las medidas se aprobarán en uno o en varios decretos.

Tampoco hay fecha para la próxima reunión con los sindicatos y la CEOE. Pero el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, avanza que a partir de ahora se sucederán los “contactos informales” y que es “optimista” respecto del resultado de la negociación. “Tiempo hay hasta el 28 de abril, y parece que también hay voluntad política de sacar adelante los cambios en la reforma laboral”, subraya. Una vez se disuelvan las Cortes el próximo martes, será la Diputación Permanente la encargada de aprobar la convalidación como ley de los reales decretos-leyes que apruebe el Consejo de Ministros. El Gobierno seguirá reuniéndose y tomando decisiones hasta la fecha de las elecciones generales.

La responsable de Acción Sindical de CCOO, María Cruz Vicente, pone la lupa en la falta de apoyos en el Congreso para convalidar el real decreto-ley como causa del aplazamiento de su aprobación prevista para el próximo viernes. “Pensaba [el Gobierno] que tenía algo más amarrado en el ámbito parlamentario y parece que no ha sido así, por lo que no habría tenido sentido una reunión: si pretende cambiar el acuerdo al que llegó con los sindicatos para conseguir respaldos parlamentarios, primero nos tiene que explicar esa propuesta y nosotros la tenemos que analizar”, explica.

Los mínimos de Unidos Podemos

La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz aclara que Magdalena Valerio respondió la noche del lunes a la carta que le envió dos días atrás, pero que no entiende que esa llamada signifique el inicio de un diálogo sobre la posible contrarreforma laboral. También recalca que la propuesta de su formación es “de mínimos”. “Estamos dispuestos a negociar pero con límites”, apunta. Tampoco Unidos Podemos ha recibido aún ningún texto sobre el futuro real decreto-ley. Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan la falta de diálogo con el grupo de Díaz, de la que tanto ella como los sindicatos se han quejado estos dos últimos días. “Llevamos meses hablando con Unidos Podemos sobre el artículo 42 [del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación], está todo muy negociado”, destaca, “sólo falta ponerlo negro sobre blanco”, aseguran.

Este martes en declaraciones a los periodistas, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, marcó las líneas rojas de su grupo en la derogación de la reforma laboral de 2012: ultraactividad [prórroga automática de los convenios] ilimitada, registro obligatorio de la jornada de trabajo y prevalencia “íntegra” del convenio sectorial sobre el de empresa. “Si mantiene esos tres ejes, apoyaremos la convalidación del decreto, pero si es una pantomima, parte de su campaña electoral, y no responde a las necesidades de los ciudadanos, no estaremos ahí”, adelantó.

Gonzalo Pino advierte al Ejecutivo de que los sindicatos no aceptarán una “contrarreforma laboral descafeinada” e insiste en que los decretos deben incluir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, de la reforma laboral de 2012 y medidas de fomento de la igualdad. “El Gobierno tiene que mover ficha”, zanja.

Igualdad y protección social

El lunes los responsables de Trabajo se reunieron con sindicatos y patronal para intentar cerrar las medidas de fomento de la igualdad que irán al Consejo de Ministros el viernes. Pero no consiguieron cerrar un acuerdo pese a que la cita terminó ya de noche. El Gobierno ha bajado de 250 a 50 el número de trabajadores que debe tener una empresa para estar obligada a aprobar un plan de igualdad, pero se quedó en el aire dónde deben registrarse esos planes. Los sindicatos quieren que se inscriban en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, donde también se incorporan los acuerdos salariales o los descuelgues, detalla María Cruz Vicente. Sin embargo, la idea del Ejecutivo es que se registren en el Instituto de la Mujer.

Además, han quedado en el aire los controles sobre el cumplimiento de los planes que UGT y CCOO consideran necesarios o qué va a pasar con las empresas que no consideren necesario tener un plan de igualdad. De acuerdo con los planes del Ejecutivo, las empresas tendrán que llevar un registro de los salarios medios de su plantilla según el sexo y. Una brecha superior al 25% se considerará discriminación salarial. Para CCOO, la brecha actual es más elevada, del 29%, por lo que a su juicio debería situarse el listón por debajo del 25%. 

Por su parte, Unidos Podemos insiste en que los permisos de paternidad deben ser “iguales, intransferibles y 100% remunerados” para que sean efectivos. “También deben tener su correspondiente partida presupuestaria y un calendario para aplicarlos”, resumió Montero.

Por decreto-ley el Gobierno quiere aprobar igualmente el aumento de la prestación por hijo que reciben las familias en situación de pobreza: de los 291 euros anuales actuales a 341 euros si sus ingresos son inferiores a 12.313 euros al año, y a 588 euros si su renta no supera los 10.439 euros. Además, prevé subir las pensiones contributivas por incapacidad permanente total de 5.838 a 6.930 euros anuales. 

El Ministerio de Trabajo ha desconvocado la reunión prevista este martes con la patronal y los sindicatos en la que, sin un orden del día, tenía previsto anunciar “novedades”. Presumiblemente, era el borrador del real decreto-ley que está previsto que apruebe el Consejo de Ministros para revertir parte de la reforma laboral de 2012revertir parte de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio aseguraron este lunes que aún no existe siquiera “un texto sobre el que negociar”. En cualquier caso, fuentes del Gobierno han descartado que ese decreto-ley se lleve al consejo este próximo viernes.

Fuentes sindicales interpretan la suspensión de la reunión en clave positiva, ya que la decisión coincide con la apertura de una ronda de contactos con el Ejecutivo.

Mientras, Unidos Podemos lamenta que el Ejecutivo no les ha haya llamado todavía en busca de su apoyo para cuando tenga que llevar ese real decreto-ley al Congreso. Las Cortes se disuelven el 5 de marzo, dentro de una semana, y después tendrá que ser la Diputación Permanente la que convierta en ley, o no, la norma que salga del Consejo de Ministros. La diputada del partido morado Yolanda Díaz explica a infoLibre que el pasado viernes envió una carta a la ministra Valerio donde le resume todo lo que ambas partes han negociado desde agosto, pero aún no le ha contestado. “Se hablará con quien toque cuando haya un texto que negociar”, apuntan por su parte fuentes del ministerio.

Ante este panorama, CCOO y UGT temen que la derogación parcial por decreto de la reforma laboral no llegue a hacerse realidad o, si lo hace, quede descafeinada. Porque, al mismo tiempo, el Gobierno necesita también los apoyos de PDeCat y PNV para conseguir su ratificación en el Congreso. Y ambos partidos no comulgan al 100% con los planteamientos preacordados por el Ejecutivo con los sindicatos. Tampoco al 100% con los de la CEOE, que rechaza cualquier cambio en la reforma elaborada por el PP al comienzo de la crisis. Puede que para vestir a un santo –catalanes y vascos–, el Gobierno vaya a desvestir a otro –Unidos Podemos–.

“Vamos a pedirle al Gobierno que respete el acuerdo al que llegamos en diciembre en el Diálogo Social”el acuerdo al que llegamos en diciembre en el Diálogo Social, avanza la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Cruz Vicente, quien asegura que únicamente aceptarán “retoques mínimos para desbloquear” la negociación. Según explica, desde diciembre sólo ha habido “contactos” y una reunión formal el 25 de enero. Unidos Podemos aseguró el pasado viernes que su única cita con el Ministerio de Trabajo fue el pasado día 7.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado a los partidos políticos que dieron soporte al Gobierno del PSOE “que cumplan con los compromisos mínimos que adquirieron con los ciudadanos durante la moción de censura y desmonten las reformas más lesivas para las personas”. “Si no nos satisface lo que mañana [por hoy] nos pone sobre la mesa el Gobierno en la mesa del Diálogo Social, debatiremos con CCOO la respuesta que vamos a dar”, advirtió , en una entrevista en RNE. Tanto UGT como CCOO han anunciado movilizaciones si el Ejecutivo finalmente no deroga los aspectos de la reforma laboral acordados. “A CCOO nadie le tiene que convencer de que es mejor que las modificaciones en materia laboral se hagan con acuerdo de los agentes sociales”, ha declarado en TVE el secretario general de este sindicato, Unai Sordo, quien ha advertido de que “la CEOE no tiene derecho de veto”, pero lleva seis meses impidiendo el pacto.

Precisamente, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, se ha manifestado repetidamente estos últimos días en contra de que el Gobierno recurra al decreto-ley cuando ya está en tiempo de descuento para las elecciones. Y menos para asuntos que, dijo, “no son urgentes”, en referencia a la reforma laboral. “Con un proyecto de ley existe capacidad de audiencia, pero un decreto-ley es un contrato de adhesión: o me compras el papel o no hay nada”, ha subrayado en Sevilla en un desayuno convocado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Las medidas en juego

Es seguro que el Consejo de Ministros aprobará dos medidas laborales, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años –que el Gobierno del PP limitó a los mayores de 55– y de las cotizaciones para los cuidadores no profesionales de dependientes, sobre las que no debería haber problemas para su convalidación. Pero la incógnita se mantiene sobre el núcleo duro de lo que se ha dado en llamar la “contrarreforma laboral”, aunque sólo atañirá a una parte de los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores a partir de 2012.

Que las empresas sean obligadas a registrar la jornada de sus plantillas es rechazado por la CEOE, pero aceptado por PDECaT ni PNV que, no obstante, condicionan su respaldo definitivo a los “detalles” de un texto que aún no se les ha hecho llegar. Los catalanes también apoyan devolver la prioridad aplicativa al convenio sectorial, pero de forma limitada, y equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas, no con las establecidas para la plantilla de la empresa principal como reclaman los sindicatos y Unidos Podemos, sino sólo con algunas de las fijadas en el convenio sectorial. Para recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos –su prórroga automática una vez caducan y mientras se negocia su renovación– también hay acuerdo con los nacionalistas vascos y catalanes, pero no con la patronal.

Ciudadanos y Calviño

Yolanda Díaz adelanta que su grupo apoyará los cambios en la reforma laboral “salvo que en el texto final salga algo muy duro”. Y pese a las premuras de tiempo, cree que es posible un acuerdo porque “ya está todo escrito” desde que Unidos Podemos y el PSOE alcanzaron en octubre un pacto para apoyar los Presupuestos del Estado. “Hemos intercambiado miles de documentos”, resalta además la diputada, quien no obstante teme las presiones que el Ministerio de Economía ejerza en contra de las intenciones de Trabajo. “La Agenda del Cambio que presentó Nadia Calviño el día 8 es una recuperación del acuerdo que firmó el PSOE con Ciudadanos en 2016el PSOE con Ciudadanos en 2016, y es antitético con nuestro acuerdo de octubre”, resalta. Aun así, considera “asumibles y factibles” las propuestas que su formación quiere incluir en la contrarreforma laboral. Por ejemplo, Unidos Podemos está dispuesto a aceptar que las condiciones de los trabajadores subcontratados se igualen no a las de la empresa principal sino a las del convenio de su sector.

Lo que está descartado, pese a que los sindicatos insisten en reclamarla, es la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 por decreto. El fracaso del Pacto de Toledo la semana pasada impide cualquier medida al respecto, que queda aplazada a la nueva legislatura.