La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.

La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.

La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.

España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.

Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.

La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.

_______________

David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

“Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”. Estas han sido las palabras de Alberto Núñez Feijóo en su segunda visita a Ceuta para defender que todos los migrantes que entraron el pasado 30 de julio a la ciudad autónoma sean devueltos sin importar su edad. Un argumento al que también se ha sumado el presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Sin embargo, la actual ley de extranjería no permite este tipo de devoluciones masivas y menos, cuando se trata de menores. En su artículo 35 recoge que la Administración del Estado tiene que llevar a cabo un procedimiento individualizado en el que se debe recabar la información sobre las circunstancias familiares del menor en su país de origen, además de dar audiencia al propio afectado y contar con los informes pertinentes de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal. Sólo entonces puede decidirse entre su retorno al país de origen, la reunificación con su familia o su permanencia en España, siempre atendiendo al interés superior del menor.

“El Gobierno de España tiene que afiliar al menor, tiene que saber quién es y de qué país viene y en qué circunstancias ha venido”, explica a infoLibre la abogada y presidenta de L’Escola, Nuria González. Este artículo de la ley es el que permitió que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenara por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, un proceso en el que Gonzalez representó a la acusación.

“Se llevaron de golpe a 55 chavales que no se sabía a dónde iban a ir”, señala la letrada sobre estos menores que fueron trasladados a Marruecos “sin papeles, sin haber sido escuchados y sin haber hecho el procedimiento que marcaba el artículo 35”. Esta sentencia, firmada a finales de 2025, marcó el primer hito en el que se aplicaba de forma efectiva este artículo de la ley de extranjería.

Sin embargo, esta normativa en ningún momento “quiere decir que los niños estén destinados a quedarse en España”, aclara González, simplemente el retorno solo se puede llevar a cabo tras estudiar el caso concreto y determinarse qué es lo mejor para el menor. “Lo único que dice la ley es que mientras estén en España, España es responsable de esos niños”, añade.

La ley de extranjería se creó a principios del año 2000 a petición de varios grupos políticos, como Izquierda Unida y Convergència i Unió (CiU). En ese momento, uno de sus artículos, el 32 en concreto, denominado como “Residencia de menores”, establecía que, cuando hubiera dudas sobre la edad de una persona indocumentada, debían determinarse su identidad, edad y “circunstancias personales y familiares”. Si se demostraba la minoría de edad, la Administración debía decidir individualmente entre el retorno o la permanencia. 

Sin embargo, no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando el propio Gobierno de Aznar, del Partido Popular, con mayoría absoluta, planteó por iniciativa propia un cambio en esta ley en el que se introdujo la redacción del nuevo artículo 35. Esta vez establecía que, ante las dudas sobre la edad, el menor debía recibir atención inmediata y que el Ministerio Fiscal debía intervenir en su determinación. Si se acreditaba la minoría, la decisión sobre la devolución correspondía a la Administración del Estado, que debía actuar “conforme al principio de reagrupación familiar del menor” y contar previamente con un informe de los servicios de protección de menores.

El propio Gobierno de ese momento defendió este artículo con una lógica muy diferente a la que ahora acoge el PP. En mayo de 2000, antes incluso de que el Ejecutivo presentara su proyecto, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, estableció como prioridades ante el problema de los menores extranjeros no acompañados la determinación correcta de la edad, identificar a los menores, crear centros que facilitaran el “futuro reagrupamiento familiar” y conseguir la repatriación “cuando sea posible y cuando no haya riesgos en el país de origen”. 

Meses después, durante la tramitación de la reforma, la diputada del PP María Ángeles Muñoz Uriol defendió una redacción que incorporaba precisamente esos elementos: atención inmediata, intervención del fiscal, reagrupación familiar como principio, informe de los servicios de protección y decisión entre retorno y permanencia.

Esta posición tampoco planteaba entonces la repatriación como una consecuencia automática de la entrada irregular. En octubre de 2001, ya con la reforma en vigor, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, declaró que “los niños deben desarrollarse y vivir con sus familias siempre que sea posible”. Si después de nueve meses no podía producirse la reagrupación, defendía su acogida, documentación e integración en España. El reglamento, aprobado ese mismo año por el Gobierno, presentó, de hecho, su desarrollo como una norma que incorporaba “mayores garantías en los procesos de repatriación”.

Ya en 2009, el Gobierno de Zapatero introdujo un nuevo cambio, que simplemente desarrolló y reforzó las garantías que ya contemplaba la normativa. La Ley Orgánica 2/2009 estableció que, antes de iniciar una repatriación, el Estado debía recabar información de las autoridades del país de origen sobre las circunstancias familiares del menor. Si el procedimiento seguía adelante, había que oír al menor si tenía suficiente juicio, recabar los informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y adoptar la decisión atendiendo al “interés superior del menor”.

Además, la reforma precisó que el retorno no podía consistir simplemente en dejar al menor en su país de origen. Debía producirse mediante su reagrupación familiar o mediante su entrega a servicios de protección adecuados, siempre que existieran condiciones para que pudieran hacerse cargo de él. También reforzó su capacidad para recurrir la decisión y estableció garantías específicas cuando el menor tuviera menos de 16 años y su voluntad entrara en conflicto con la de su representante.

Por lo tanto, desde hace un cuarto de siglo, existen normas en España que impiden la devolución automática de menores migrantes como ahora exige Núñez Feijóo. Es más, fue su propio partido el que introdujo reformas en la ley para que se velara por el interés superior del menor y no se procediera a hacer devoluciones globales bajo el paraguas de “han de regresar todos”.

Si los procesos migratorios sitúan a quienes los transitan en contextos de extrema vulnerabilidad, los riesgos se multiplican cuando se trata de mujeres e infancias. Más aún en situaciones excepcionales como la que desde hace semanas tiene lugar en Ceuta. Las autoridades de la ciudad autónoma han recibido varias denuncias de violencia sexual, los juzgados especializados han tramitado al menos tres y las instituciones han comenzado a activar todas las alertas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señaló en un comunicado emitido el miércoles que los juzgados ceutíes han tramitado tres denuncias por delitos contra la libertad sexual de mujeres marroquíes, dos de ellas menores de edad, en los últimos días. En dos de los casos, los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados y en el tercero se acordó la expulsión del detenido. 

El Ministerio de Igualdad envió este jueves un oficio al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para reiterar la "plena colaboración" ante la "necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado". En la misiva, dirigida también a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, la ministra Ana Redondo se ofrece a conceder "los recursos económicos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más ágilmente posible". 

El departamento también solicita que se utilice al completo el centro de crisis para víctimas de violencia sexual, ocupado actualmente de forma parcial. "Se considera que hay que aprovechar toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad", sostienen fuentes de la cartera. Amnistía Internacional denunció en un informe publicado a finales del año pasado que el centro de la ciudad autónoma era el único inactivo de todo el país.

La realidad es que numerosos testimonios atestiguan episodios de violencia sexual en la ciudad y no son pocas las mujeres llegadas al territorio que expresan el temor que las asola ante la escalada de violencia. A la situación de vulnerabilidad propia del proceso migratorio, se suman en su caso los riesgos ligados a su género. El Defensor del Pueblo inició este jueves una actuación de oficio en la que advierte de menores todavía sin identificar, con especial preocupación por las niñas fuera del sistema de protección. Las alianzas entre organizaciones del tercer sector y vecinos han llevado a la apertura improvisada de espacios específicos para dar cobijo a mujeres y niñas, centros que se encuentran ya al límite de su capacidad. 

A las complejidades de una situación extraordinaria se suma la falta de recursos y la desinformación en torno a los derechos que asisten a las víctimas. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que hayan sufrido violencia machista tienen derecho a recibir protección, asistencia sanitaria, psicológica, social y jurídica, con independencia de su situación administrativa y al margen de que exista una denuncia formal. 

Lo recuerda la jueza Victoria Rosell. Las mujeres que han sufrido violencia machista a su llegada a la ciudad autónoma tienen "exactamente los mismos derechos" que las españolas, asiente la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La conocida como ley del solo sí es sí determina en su artículo 3.2 que la protección integral fijada por la norma es de aplicación "a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales" en territorio español, con independencia de "su nacionalidad y de su situación administrativa". 

La misma ley, expone la exdelegada, modificó la legislación de extranjería para "evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género".

Las mismas pueden solicitar además un permiso de residencia y trabajo por situaciones extraordinarias, como las descritas, pero en este caso sí "sería necesaria una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal acreditando que existen indicios de violencia", puntualiza Rosell. Por esta vía, las mujeres podrían obtener una autorización provisional mientras se resuelve el caso. En el supuesto de que termine en archivo o sobreseimiento debido a la expulsión del agresor o a que se encuentra en paradero desconocido, la ausencia de condena no impide obtener la autorización definitiva, siempre que de la resolución judicial se deduzca que la mujer fue víctima de violencia sexual.

Aquellas que huyan de sus países debido a episodios de violencia machista, tienen además derecho a protección internacional siempre que exista riesgo de persecución por razones de género. Pero la información no siempre llega, los recursos escasean y la ayuda se revela insuficiente. Y es preciso tener en cuenta que "la necesidad de las víctimas crece cuando no tienen red o cuando dependen del agresor", situaciones que hacen necesario "mucho más apoyo y atención", con una mediación cultural especializada, abunda la magistrada. 

En el año 2010, Médicos Sin Fronteras documentó cómo "el uso de la violencia sexual se convierte en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio", basándose en las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. Dos años después, otro análisis de la situación concluía que si bien el peso exacto de la violencia sexual es imposible de medir, los datos sugieren que se trata de "un problema de alarmantes proporciones". La organización dibuja a mujeres y niñas como sujetos especialmente expuestos durante el viaje y en las zonas fronterizas, tanto a violencia sexual como a captación por redes de trata y explotación.

También Caminando Fronteras, en un análisis sobre las personas migrantes en la frontera occidental euroafricana, advierte que mientras están en situación de tránsito, las mujeres "sufren violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual, viéndose obligadas a sobrevivir en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y los trabajos precarios, además de correr el peligro de ser captadas por redes de trata".

En términos generales, Red Acoge reseña que "muchas mujeres sufren discriminaciones y violencias que son acumulativas a lo largo del proceso migratorio". La violencia, sentencia la organización en una guía publicada hace tres años, "puede ser una de las motivaciones para querer migrar, puede darse también en los territorios de tránsito, en especial si se han visto forzadas a utilizar canales irregulares y, también, pueden sufrirla en los países de acogida".

A las mismas conclusiones llega Alejandra Alemán, abogada en la organización Women’s Link Worldwide. "La migración no afecta igual a las mujeres que a los hombres, por las motivaciones, los riesgos, las formas de migrar y la inserción social posterior", afirma la experta, todos ellos procesos caracterizados por una "mayor exposición a la violencia basada en el género". 

A todo ello, lamenta la jurista, se suman los muchos obstáculos en los países de destino: desde las barreras para denunciar hasta el trato de las autoridades, lo que deriva en ocasiones en una suerte de violencia institucional que se cronifica. "El estatus migratorio irregular no reduce las obligaciones de los Estados", recuerda Alemán. Al contrario, las instituciones tienen la obligación de garantizar la integridad de las mujeres, no solo mediante la identificación de situaciones de violencia, "sino también activando sistemas de protección independientemente de la condición migratoria de la víctima".

Lucila Rodríguez-Alarcón, cofundadora y directora de la Fundación porCausa, pone de relieve las características diferenciales que obligan a extremar la precaución en el análisis sobre la situación en Ceuta. El volumen de personas que han llegado a la ciudad autónoma "es enorme", por tanto la situación es de "una excepcionalidad máxima" en comparación con los procesos migratorios "irregulares en todo el camino", en los que "las mujeres representan una minoría, precisamente porque tienen un nivel de vulnerabilidad elevado".

La emergencia actual, afina la experta al otro lado del teléfono, no equivale a "un proceso migratorio, sino a una marcha organizada que ha utilizado a un pueblo muy vulnerable como herramienta para desestabilizar el gobierno de una nación". En consecuencia, "no hay recursos para atender a nadie, porque es una marcha diseñada para desbordar el sistema de la ciudad". 

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

La regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en abril y concluyó el pasado mes de junio ha impulsado con fuerza el mercado laboral, al menos si se atiende a los datos de la estadística oficial. El proceso se ha traducido en un total de 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social a finales de julio, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una incorporación al mercado de trabajo que se produce en tiempo récord y que ha elevado considerablemente las cifras de afiliación en España. Para los analistas y las asociaciones, esta entrada rápida en el ámbito profesional obedece a la demanda de mano de obra en algunos sectores como la hostelería o la construcción, pero también a que han emergido trabajadores que hasta el momento “habrían estado trabajando de forma irregular”, como señala un análisis de Funcas.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5% del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8%), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3%), 14.054 al del hogar (5,4%) y 155 al del mar (0,05%). Si miramos las cifras totales, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral.

Si bien el proceso de regularización extraordinaria que propuso el Gobierno ya está cerrado, la tramitación está en curso para muchas personas que aún no han obtenido una resolución a su solicitud, por lo que el efecto de la medida se seguirá notando durante los próximos meses. Lo que sorprende es la velocidad a la que muchas de estas personas han logrado un contrato. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan a múltiples factores, aunque destacan la alta demanda en algunos sectores. Pero otras voces hablan de un afloramiento del empleo irregular.

El think tank Funcas señala que el acelerón en la afiliación con respecto a años anteriores puede explicarse precisamente por este fenómeno. “Podrían haber estado trabajando previamente de forma irregular. De hecho, esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración”, explican desde el área de Coyuntura de Funcas. De hecho, la evolución interanual en junio del empleo de extranjeros ha sido superior a la de los españoles por primera vez desde que hay registros.

Desde Accem, una organización sin ánimo de lucro que ha estado ayudando a muchas de estas personas en los trámites para adquirir el permiso de residencia, resaltan que este proceso ha contribuido a reducir la vulnerabilidad y a agilizar las gestiones, de ahí que muchas de ellas hayan llegado de forma casi automática a obtener un contrato. “La sensación que tenemos responde principalmente a dos realidades: personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social; y la falta de mano de obra en muchos sectores como la agricultura, la hostelería y el sector servicios en general”, explican a infoLibre.

De hecho, en febrero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ponía en palabras la evidencia del trabajo irregular. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que se estima que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino también a pequeñas empresas de la construcción”, puntualizaba. Y es que la regularización es también una manera eficaz de propiciar que además de lograr un trabajo, este sea decente: "Una autorización de trabajo combate esa vulnerabilidad a la que están expuestas las personas migrantes y facilita el acceso a un trabajo en condiciones dignas", resume Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Desde Accem explican que también han atendido dudas del lado de la patronal. “En muchos lugares de España en los que trabajamos, los empresarios nos preguntaban por la posibilidad de contratar a personas a las que atendemos, principalmente para estos campos laborales, por lo que creemos que el hecho de que estén regularizados ha hecho que muchos se incorporen rápidamente al mercado de trabajo”, concluyen.

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ponen el foco en el papel importante que juegan los trabajadores extranjeros a la hora de cubrir vacantes. “Muchas personas migrantes que ya se encontraban en España estaban a la espera de regularizar su situación administrativa para poder acceder a un contrato de trabajo”, señalan a infoLibre. “A ello se suma la demanda de mano de obra en determinados sectores con dificultades para cubrir vacantes, lo que ha facilitado una rápida incorporación al empleo una vez obtenida la autorización correspondiente”, concluyen.

La formación y el tirón estacional del verano en la hostelería o la agricultura —dos sectores de alta demanda— son otros dos factores importantes para explicar cómo algunas personas han logrado un contrato de forma relativamente rápida. Lo explica Ruiz, coordinadora de CEAR, quien apunta que, antes de obtener un permiso de trabajo, las organizaciones sociales empiezan a ofrecer formación e identifican nichos de empleo para que, cuando la cuestión burocrática se solventa, puedan optar a un contrato acorde con lo que han aprendido. "Nosotros, si la persona no tiene autorización de trabajo, no la derivamos a ninguna oferta, pero sí tratamos de formarla desde que llega, atendiendo a lo que ya sabe hacer y a los nichos de empleo que hay aquí", apunta. "Ese trabajo previo, que seguramente también realizan otras organizaciones, puede explicar la rápida incorporación de muchas personas migrantes al mercado laboral", añade.

Por otra parte, el tirón del empleo en verano en un país como España, con gran peso del sector turístico y de servicios, también puede estar favoreciendo esta incorporación. "Es importante tener en cuenta que es verano y hay más sustituciones y refuerzos de plantilla en sectores como hostelería, logística o agricultura, por lo que también existen más oportunidades de empleo", concluye Ruiz.

Las patronales CEOE y Cepyme llevaban tiempo reclamando la regularización y, con el objetivo de agilizar las contrataciones, han llegado a pedir acceso a los datos de los solicitantes para no contratar a personas cuyas peticiones terminen siendo desestimadas. Esto es así porque, con la mera admisión provisional de sus peticiones, los solicitantes pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.

Por sectores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en el empleo por cuenta ajena. En concreto, en hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en agricultura, el 28,9%; en construcción suponen el 25,9%; en actividades administrativas el 18,6% y en transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el agrario, el 41,7%.

Comunicados, vídeos publicados en redes sociales o incluso copias de cartas enviadas al Gobierno: durante todo el fin de semana del 1 y 2 de agosto, así como el lunes 3 de agosto, la derecha y la extrema derecha francesas se han volcado en alimentar el fantasma de una avalancha migratoria. No han dejado de desplegar su discurso xenófobo sobre un fondo de imágenes difundidas ad nauseam de jóvenes “inundando” las playas, de fuerzas del orden “desbordadas” y de habitantes de Ceuta “indignados” por la presencia de jóvenes marroquíes.

Días antes, el jueves 30 de julio, varias decenas de miles de personas habían logrado entrar en el enclave español. Apenas 48 horas después, España expulsó a la mayoría de estos exiliados y anunció una “vuelta a la normalidad”. ¿El culpable de lo ocurrido? La “laxitud” del Gobierno socialista español, que en abril puso en marcha un plan de regularización de los indocumentados en la península, según sostienen la derecha y la extrema derecha francesas.

Como era de esperar, fue Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional (RN), quien publicó el mayor número de tuits en X —media docena solo el viernes— para denunciar los acuerdos de Schengen y exigir una “reunión de urgencia del Parlamento Europeo en sesión plenaria extraordinaria”.

“Al regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales, […] Pedro Sánchez ha abierto las puertas de Europa a todo tipo de peligros. El resultado está a la vista: desde hace varios días, miles de migrantes acuden en masa al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, en contra de la voluntad del pueblo francés”, fantaseó el eurodiputado ya el jueves. Jean-Luc Mélenchon le contestó inmediatamente.

“El señor Bardella debería abstenerse de comentar temas que no comprende. Repetir los argumentos de Trump es ridículo. La afluencia tiene lugar a mil kilómetros de nuestra frontera. Ceuta está en África. Las personas que se encuentran en el enclave de Ceuta no pueden cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y no tienen ninguna otra posibilidad”, respondió el líder de La Francia Insumisa.

Con dos tuits, Marine Le Pen, presidenta del grupo RN en la Asamblea Nacional, pidió por su parte que Francia refuerce “sin demora” sus controles fronterizos. “En 2027 pondremos fin a esta locura reservando la libre circulación de Schengen a los ciudadanos de la UE “, prometió, sin explicar cómo lo llevaría a cabo, en sintonía con su aliado Éric Ciotti, alcalde de Niza, quien también aseguró que “las imágenes de Ceuta serán mañana las de Francia si no se hace nada”.

Como si las imágenes le hubieran despertado, Éric Zemmour volvió a mostrarse especialmente agitado estos últimos días. Sin escatimar superlativos, el ensayista se declaró alarmado ante una “marea de migrantes que se abalanza sobre Ceuta” para “asaltar” la frontera española. “Lo que nuestras élites denominan cobardemente ‘flujos migratorios’, los pueblos europeos pueden verlo como lo que es: una invasión. Es hora de restablecer nuestras fronteras y poner en marcha la remigración; de lo contrario, nuestros pueblos serán arrasados por ese tsunami”, declaró el experiodista de Le Figaro, condenado en múltiples ocasiones por incitación al odio y por racismo.

Siempre dispuesto a ir un paso más allá que la extrema derecha, el exministro del Interior de Emmanuel Macron —y actual candidato a las presidenciales—, Bruno Retailleau, también se apresuró a sumarse al coro xenófobo del fin de semana. “Hoy España, mañana Europa […]. Las normas de Schengen con España ya no son sostenibles. Hay que enviar una señal clara y aplicar sin demora el reglamento de retorno para dejar de sufrir por fin”, declaró el líder del partido Los Republicanos (LR), sin ocultar su orgullo por haber propuesto “excluir a España” de la Unión Europea ya en primavera.

Una idea retomada en los últimos días por la neofascista italiana Giorgia Meloni, respaldad por Dinamarca y Finlandia, pero imposible de aplicar y rechazada de plano en Bruselas, según la Agencia France-Presse.

En LR, sin embargo, predominaba la exigencia de aplicar “sin demora” la directiva de retorno, aprobada en junio por el Parlamento Europeo. Una medida que contempla, entre otras cuestiones, crear centros para migrantes en los países fronterizos de la UE, como han reclamado el ex primer ministro Michel Barnier y Éric Ciotti, quien ha escrito en este sentido al primer ministro, Sébastien Lecornu, para pedirle que haga frente a la “avalancha migratoria”.

Otro ex primer ministro de Emmanuel Macron que reclama la creación de estos hubs —considerados inhumanos por la izquierda y cuestionados por el propio presidente de la República en nombre de los “valores de la UE”— es Édouard Philippe, quien también intervino el viernes en el debate migratorio.

En una extensa publicación, el candidato a la presidencia, inmerso en una pugna soterrada con Bruno Retailleau por hacerse con el electorado de LR, sostuvo que “los países de origen y de tránsito deben asumir sus responsabilidades” y que “no es aceptable que un país pueda decidir por sí solo sobre regularizaciones masivas que crean un efecto llamada para todo el continente”. “Quiero acabar con una forma de impotencia migratoria”, insistió el líder del partido Horizontes, al que algunos siguen viendo como la “derecha limpia” e incluso como una alternativa “aceptable” en 2027 para una parte de la izquierda.

Su texto provocó inmediatamente la reacción de Marine Le Pen: “Recordatorio: este mensaje de gran firmeza lo publica un primer ministro que ha concedido cada año un 30% más de permisos de residencia y un 60% más de estatutos de refugiado que el socialista François Hollande. Se acabó la broma”, ironizó. Sintiéndose aludido, el alcalde de Le Havre respondió que, como primer ministro, había demostrado “firmeza” con las órdenes de abandono del territorio francés (OQTF), había reducido la concesión de solicitudes de asilo “a pesar del aumento vertiginoso de las peticiones” y había impulsado la aprobación de la ley de asilo e inmigración de 2018. A cada cual sus victorias.

En cuanto a los medios conservadores franceses, no han lamentado las más de 70 muertes contabilizadas hasta el momento por las autoridades españolas. Más bien se han alarmado ante una supuesta amenaza de “invasión” a las puertas de Francia.

En la mañana del 3 de agosto, el debate continuó en el plató de CNews, donde pudo escucharse al presentador de L’heure des pros comparar al presidente del Gobierno español con un “bombero pirómano”, pedir un referéndum para derogar los acuerdos de Schengen o mencionar a los “2.000 menores” que siguen en Ceuta, entre los que —sugirió— podría haber incluso “terroristas infiltrados”.

La cadena de Vincent Bolloré tampoco dejó pasar la oportunidad de hacerse eco de las declaraciones conspirativas del presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei: “Pedro Sánchez utiliza a estos migrantes para naturalizarlos y hacer que voten por él con el fin, digamos, de perpetuar su tiranía”. “Tiene toda la razón, la inmigración es una fuente de votos para algunos partidos de la izquierda del espectro político”, aplaudió Sabrina Medjebeur, presentada como “ensayista y socióloga”, cuando en realidad es una propagandista de extrema derecha.

Traducción de Miguel López

El poder de Marruecos sobre la frontera sur de España se hizo notar como nunca durante el asalto a Ceuta del pasado jueves de más de 50.000 jóvenes. El acontecimiento aireó la idea de que la monarquía alauí tiene capacidad para presionar al Gobierno español tanto como quiera y de manera indefinida bajo la amenaza de una nueva ola de éxodo poblacional incontrolado. Sin embargo, España también tiene una fuerte herramienta de disuasión sobre su socio desde el punto de vista energético. Casi todo el gas natural que consume Marruecos procede de la tubería que parte de Cádiz, mientras que dos grupos de cables aportan seguridad de suministro a la red eléctrica del país.

La dependencia energética marroquí nace de la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Argelia en el verano de 2021, tras la reavivación del conflicto del Sáhara Occidental. En octubre de ese año Argelia cortó el flujo de gas a Marruecos por la importante tubería Magreb-Europa y rompió también el comercio de electricidad, convirtiendo a la monarquía alauí en casi una isla energética, solo conectada con España de manera limitada a través del Estrecho.

Ignacio Urbasos, investigador de la Universidad de Navarra especializado en relaciones internacionales y energía, opina que después de los acontecimientos de los últimos días, el Gobierno español debería explotar esta debilidad en vista de que su socio del sur está dispuesto a llevar al límite las vulnerabilidades de Ceuta y Melilla. No se trata de cortar estas conexiones energéticas ni de amenazar con hacerlo, pero sí cree que el poder disuasorio que tiene España en materia energética está muy infravalorado.

"Marruecos tiene una dependencia energética real de España, especialmente eléctrica. La disuasión depende de tener capacidad de presión, y el Gobierno la tiene", valora el analista. "Pero también depende de tener la determinación para utilizar tu fortaleza y de comunicar que la tienes, y eso es evidente que no lo hay, por eso hay que construir esa estrategia mejor de comunicación", añade.

Es difícil saber con precisión hasta qué punto Marruecos depende de la infraestructura española para su abastecimiento porque las estadísticas energéticas de ese país se publican con mucho retraso y tienen información limitada. Urbasos cree que entre el 8% y el 12% de la electricidad que se consume en Marruecos se importa desde la península ibérica, y entre el año 2000 y 2010 llegó a suponer probablemente entre el 15% y el 20%. A eso se suma que el gas que llega hasta allí desde España alimenta dos centrales eléctricas de gas, que producen otro 10% de la luz que utiliza ese país.

La conexión eléctrica entre España y Marruecos data de 1997, cuando entró en funcionamiento una primera línea de 700MW, y se amplió en 2006 con una segunda de capacidad similar. Ambas hacen el recorrido Tarifa-Fardioua y permitieron no solo que Marruecos pudiese importar energía, sino que elevó la tensión de la red marroquí de 225 kV a 400 kV y dio más estabilidad a la frecuencia de esa red, ya que ahora puede apoyarse en el sistema europeo para reducir el riesgo de apagón, otro punto a tener en cuenta.

En estos 30 años, el saldo eléctrico de estos dos conjuntos de cables ha sido siempre exportador, salvo 2019, 2020 y 2021, cuando puntualmente fue Marruecos el vendedor de electricidad a España. Entre 2021 y 2026, el 86% del flujo ha sido de España hacia Marruecos. 

En lo que respecta al gas natural, Marruecos no es un gran consumidor –quema alrededor de 1.000 millones de metros cúbicos al año, frente a los 34.000 millones de España–, pero ese combustible es igualmente imprescindible para salvaguardar la seguridad energética de este país, ya que alimenta sus tres centrales eléctricas de ciclo combinado: Tahaddart, Al Wahda y Ain Beni Mathar. Marruecos solo produce alrededor del 10% del gas que necesita –fundamentalmente en los pozos de gas de la compañía SDX Energy–, de manera que depende del exterior para cubrir su demanda.

En octubre de 2021, Argelia –una potencia mundial en producción de gas natural– cesó su exportación a Marruecos a través del gasoducto Magreb-Europa y desde entonces prácticamente toda su demanda la importa por esa misma tubería, pero en sentido contrario, partiendo de Zahara de los Atunes (Cádiz).

La razón por la que Rabat necesita a la península ibérica para su abastecimiento es que España es el país europeo con mayor número de regasificadoras, con seis, mientras que el país norteafricano no tiene por ahora ninguna. Estas instalaciones permiten transformar a estado gaseoso el gas natural licuado que llega en metaneros desde cualquier punto del planeta. Marruecos lleva años intentando adquirir una planta regasificadora flotante para no depender del Estrecho, pero el proyecto sigue congelado.

Aunque la infraestructura gasista está ubicada en suelo español, el gas natural que compra Marruecos es de terceros países. Principalmente de un pacto con la británica Shell, con quien cerró un acuerdo en 2023, tras la ruptura de relaciones con Argelia, para adquirir cada año 500 millones de metros cúbicos al año.

La tubería Magreb-Europa tampoco es del Gobierno español, sino que está dividida por tramos. La compañía española Enagás tiene uno de ellos, pero también Metragaz (tramo marroquí), Sonatrach (argelino) y Galp (portugués).

La construcción de una regasificadora no es el único proyecto inacabado de Marruecos. También lleva años anunciando que va a construir una tubería hasta Nigeria para importar de allí gas natural asequible con la idea de reducir la enorme dependencia del carbón para producir electricidad y de transportar el gas restante a la Unión Europea a través de España, aunque este plan se ha ido activando y paralizando de manera recurrente. 

El experto de la Universidad de Navarra opina que este proyecto es sencillamente una ilusión. "Sería pagar un gasoducto de 4.000 kilómetros para una demanda de 1.000 millones de metros cúbicos, no tiene sentido. La estrategia es desviar la atención y rivalizar con un proyecto similar que tiene Argelia para construir una tubería similar con Nigeria", afirma Urbasos.

PP y Vox huelen sangre. Conscientes de que es un tema sensible y del desgaste que puede suponer para el Gobierno la crisis migratoria desatada por la sentencia del Supremo que, aprovechando un vacío legal, impide la expulsión en caliente de los migrantes que acceden a Ceuta nadando, la derecha se ha lanzado con todas las armas a su alcance contra el Ejecutivo.

Unas 50.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los cálculos que manejan las fuerzas de seguridad. Más de medio centenar perdieron la vida en el intento. Eso supone aproximadamente un 60% de la población censada en la ciudad autónoma. De ellas, al menos 48.300 ya habían regresado a su país de origen a media tarde del viernes, según el Ministerio del Interior.

Sin mencionar ni la responsabilidad de Marruecos, cuyas autoridades miraron hacia otro lado durante casi toda la jornada del jueves y toleraron, de hecho, el flujo masivo de personas hacia Ceuta, ni el origen del problema —la sentencia del Supremo—, la derecha acusó a Sánchez de ser el causante del problema y de no haber reaccionado adecuadamente para hacerle frente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó primero al Ejecutivo haber reaccionado con “debilidad” y no hacer “nada suficiente para evitar” la entrada masiva de migrantes irregulares.

Y eso a pesar de que el Gobierno activó el jueves un dispositivo en Ceuta destinado a reforzar la seguridad fronteriza y ciudadana que ha incluido la movilización de militares, carros blindados, guardias civiles, policías nacionales —incluyendo unidades antidisturbios— y un grupo especial de actividades subacuáticas, además de medios aéreos y marítimos.

Pero nada de esto parece relevante para Feijóo, según el cual el Gobierno debía adoptar “instrumentos excepcionales” y solicitar la intervención de Frontex y de sus unidades de intervención rápida —una solución que tardaría días en ser operativa—, además de declarar la situación de interés prevista en la Ley de Seguridad nacional.

Coordinación reforzada

En España, una declaración de este tipo está pensada para atender una crisis que, por su gravedad, alcance, urgencia y necesidad de medidas transversales, exige una coordinación reforzada de las administraciones bajo la dirección del Gobierno. No es un estado de alarma: se afronta con medios y competencias ordinarios y no permite suspender derechos fundamentales.

A través de un comunicado, el líder del PP, Feijóo, subió después el tono adoptando la terminología propia de la extrema derecha: “Un territorio español está siendo ocupado”. Es, dijo, una “crisis de soberanía”. “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver”, subrayó, ignorando que miles de ellos ya estaban cruzando en esos momentos la frontera hacia Marruecos.

El PP, no obstante, pese a poner el foco en el Gobierno, no ha tenido más remedio que reconocer que el origen del problema es la sentencia del Supremo, al pedir la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera se aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla y taponar así ela agujero abierto por el Supremo.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que no ha dudado en usar el término “invasión”, sobre el que se asientan las políticas xenófobas de la extrema derecha en toda Europa, ha pedido que se convoque al Congreso de los Diputados este fin de semana para aprobar una modificación por la vía de urgencia de la Ley de Extranjería.

Pero la solución a corto plazo mediante una reforma legal es imposible. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, es totalmente imposible modificar la Ley de Extranjería en 48 horas. Al afectar a derechos fundamentales, cualquier cambio en esta norma requiere el rango de ley orgánica. Además, la Constitución prohíbe de forma expresa que el Gobierno recurra a un real decreto-ley de urgencia para regular materias que afecten a libertades públicas, por lo que la vía de un Consejo de Ministros exprés queda descartada por inconstitucional.

A esto se suman los plazos y trámites parlamentarios obligatorios del sistema bicameral español. Aunque se convocase un Pleno extraordinario de urgencia en el Congreso durante el fin de semana, como pide el PP, la legislación exige garantizar un periodo mínimo para que el resto de grupos presente enmiendas. Posteriormente, el texto debe remitirse obligatoriamente al Senado, cámara que dispone de un plazo legal de hasta 20 días para debatir, enmendar o vetar la norma. Y después, el proyecto tendría que volver al Congreso.

En el afán por culpar a Pedro Sánchez se han aplicado especialmente las voces más extremistas del PP y Vox. El secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró este viernes que “a nadie puede sorprenderle” que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares “de un día para otro”. “El responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del Gobierno”, insistió, pasando por alto que nadie que haya entrado irregularmente en España después del 31 de diciembre del año pasado puede optar siquiera a regularizar su situación.

El problema, en realidad, no ha nacido del Gobierno, sino de la sentencia del Supremo que dificulta la devolución inmediata (“en caliente”) de los migrantes que entren en Ceuta a nado, lo que ha alimentado la falsa creencia de que quienes entrasen así en España podrían quedarse. El tribunal ha establecido que llegar a nuestro país de ese modo no equivale a rebasar una valla o barrera física, que es el requisito que marca la ley para hacer posible la devolución inmediata. 

El fallo judicial obliga al Estado a aplicar el procedimiento administrativo ordinario, lo que no impide las expulsiones, solo exige abrir un expediente individualizado con asistencia letrada, intérprete y el derecho formal a solicitar asilo, un trámite que paraliza cautelarmente la devolución. En la práctica, la resolución no regulariza a la persona ni le otorga residencia, pero sí convierte un rechazo instantáneo en un proceso burocrático mucho más garantista y lento que aplaza la ejecución de las expulsiones mientras se resuelve cada caso.

No obstante, al PP y a Vox no parece importarles esa realidad. En la misma línea, pero en una afirmación todavía con menos fundamento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo el jueves por la noche que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido deliberadamente “la invasión” de Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso opinó: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”.

La fundación FAES, que preside el expresidente José María Aznar, echó más leña al fuego atribuyendo lo ocurrido a la “actitud claudicante” del Ejecutivo y a su política “servil” hacia Marruecos.

Tampoco ha medido sus palabras el líder de Vox, Santiago Abascal. También en un mensaje publicado en la red social X, propiedad del tecnólogo ultraderechista Elon Musk, Abascal sostuvo que los inmigrantes “no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza”, sino que “son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras, para que después deambulen por las calles de España diciendo: ‘Viva Pedro Sánchez”. En realidad, los que entraron fueron jóvenes, mujeres y familias enteras, incluidos niños.

Vox se está empleando a fondo en la difusión de mentiras, como afirmar que la llegada de inmigrantes es el resultado “de darles menú halal, construirles mezquitas o gastar millones en mataderos móviles para la fiesta del cordero”. Sin dar nombres, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), amenazó con retirar las ayudas de su comunidad a cualquier ONG que atienda a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta.

De estas posiciones, sin base, se ha distanciado una muy significativa: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”.

Y es que la entrada masiva fue posible, en gran parte, gracias a la ausencia de medios policiales del lado marroquí desplegados para contener el tránsito de migrantes hacia el espigón que marca los límites entre el reino alauita y España, algo que las autoridades de Rabat corrigieron ya este viernes, utilizando incluso material antidisturbios y permitiendo la apertura de la frontera para facilitar el retorno.

Uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, a diferencia de la que tuvo lugar hace cinco años, es que, en sintonía con la derecha española, son numerosas las voces de la derecha y la extrema derecha de Europa y de Estados Unidos que se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez. Algunas de forma sorprendente —teniendo en cuenta que la crisis migratoria ha tenido lugar en África, al otro lado del Mediterráneo—, como las que llegaron de Finlandia o Italia, al pedir el cierre de la libre circulación con España.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, representante en su gobierno de la formación ultra Partido de los Finlandeses, acusó a España de haber “fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”.

El presidente español, Pedro Sánchez, les respondió a través de redes sociales recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplicaron las de España. Y añadió: “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”.

En lo que parece una declaración coordinada con el PP Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Exteriores del Gobierno italiano —liderado también por la formación de ultraderecha Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni— , que además es el interlocutor de Feijóo en ese país, relacionó la llegada de migrantes con la reciente regularización de migrantes en España. El canciller alemán, Friedrich Merz, del mismo partido, se pronunció también contra nuestro país.

También a miles de kilómetros de distancia, Francia reforzó los controles en la frontera con España. E incluso Dinamarca, situada a 2.500 kilómetros en línea recta de Ceuta, con un Gobierno socialdemócrata pero que practica duras políticas antiinmigración, se sumó a las críticas hablando de la posibilidad de cerrar fronteras con España.

Hasta la Casa Blanca atribuyó este jueves a las “políticas globalistas de extrema izquierda” de España la situación en Ceuta. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

El propio presidente Trump se refirió a este asunto: “Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor”, declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

La desinformación es tal que el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, tuvo que negar este viernes que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente europeo.

De hecho, Brunner acogió “con satisfacción” la “estrecha cooperación entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar los retornos rápidos” y recordó que Marruecos figura en la lista de la UE de países de origen seguros.

La Comisión Europea añadió que sigue considerando a “Marruecos un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica”, aseguró un portavoz comunitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la ciudad de Ceuta para conocer de primera mano la situación, se mostró dispuesto a abordar la reforma de la Ley de Extranjería para corregir el agujero abierto por el Supremo, cuya difusión en Marruecos a través de las redes sociales atribuyó a las mafias que trafican con personas.

No obstante, y en tanto no se reforme la ley, el Ejecutivo ha ordenado a la empresa Sasemar, encargada de Salvamento Marítimo, que despliegue una barrera de separación apoyada en boyas para prolongar el espigón que separa la frontera y hacer mucho más difícil la entrada irregular en Ceuta desde territorio marroquí.

La presión migratoria vuelve a dispararse en Ceuta. Cinco años después de la crisis con Marruecos que derivó en la entrada masiva de 2021, miles de personas, entre las que había no pocos jóvenes y niños, han accedido en las últimas horas a la ciudad autónoma sorteando el espigón del Tarajal. Lo han hecho ante unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han visto desbordados. Y con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar un rechazo en frontera si los migrantes entran a nado en territorio español. Una resolución judicial que, denuncia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está siendo "instrumentalizada" por "redes de tráfico de personas" para "fomentar el flujo de migrantes indocumentados".

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 y cuya prometida reforma sigue sin culminarse, dio cobertura a las llamadas devoluciones en caliente. Lo hizo incluyendo una disposición adicional, la décima, en la Ley de Extranjería. La misma establecía un "régimen especial" para las ciudades autónomas. Y recogía lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

El Tribunal Constitucional consideró, aunque no por unanimidad, que dicho precepto legal no choca, en principio, con la Ley Fundamental. "Es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad la de establecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", recogía aquella sentencia. Eso sí, siempre y cuando se aplique de forma individualizada –es decir, nada de devoluciones colectivas– y respetando las obligaciones internacionales, prestando "atención" a las personas "especialmente vulnerables" –menores, embarazadas o afectados por serios motivos de incapacidad–.

Unas reglas de juego que el Tribunal Supremo completó hace un mes. En una sentencia fechada el 29 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que el "rechazo en frontera" no está contemplado en la ley "con carácter general" para todos aquellos que intentan "cruzar ilegalmente la frontera", sino "solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos". Y eso hace imposible aplicarlo, por tanto, a las personas "que son interceptadas en el mar" pretendiendo "entrar a nado" en Ceuta y Melilla.

Aquella sentencia dejaba claro que las autoridades no pueden apoyarse en drones, cámaras térmicas o sensores para intentar cubrir esa laguna. Los mismos no pueden entenderse como "elementos de contención", sino que son "dispositivos tecnológicos de control fronterizo". Cuestión distinta sería, por ejemplo, que se instalaran obstáculos acuáticos "para proteger la línea fronteriza", lo que ya permitiría rechazar en frontera a todos aquellos que los rebasasen. O, directamente, que se modificase la norma para que esas llegadas marítimas quedasen incluidas en la disposición adicional décima.

Con estos límites, el Tribunal Supremo estableció que lo correcto sería aplicar a estas personas que llegaron a nado el procedimiento de devolución recogido en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, destinado a aquellos "que pretendan entrar ilegalmente en el país", lo que incluye a "personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones". En estos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras deben conducir "con la mayor brevedad posible" a las personas interceptadas a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a su "identificación".

"Se tiene que abrir un expediente con todas sus formalidades legales y procedimentales", explica a infoLibre Marcelo Belgrano, abogado experto en extranjería. Es decir, la persona respecto de la cual se sigan trámites para "adoptar una resolución de devolución" tiene "derecho" a "asistencia jurídica" y de "intérprete", que serán "gratuitas" si carece de recursos económicos suficientes. Y, por supuesto, puede interponer recursos. "Ambos países –España y Marruecos– se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente", señalan desde el Ministerio del Interior.

Dicha devolución no podrá llevarse a cabo cuando se trate de mujeres embarazadas o personas enfermas, ni tampoco cuando se haya formalizado una solicitud de protección internacional. En esos casos, el procedimiento, explica Belgrano, quedará paralizado "hasta que exista una resolución jurisdiccional definitiva". Mientras eso ocurre, estas personas tienen derecho a plena libertad de movimiento. Y eso es algo que ha dejado claro el Supremo en diferentes sentencias: "El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o, en su caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España", recordaba el Alto Tribunal en 2021.

Tampoco podrá ejecutarse una devolución cuando "existan indicios de que la persona extranjera pueda ser menor de edad, siempre y cuando no esté acompañada". En el caso de este colectivo con especial protección, el procedimiento debe ser exhaustivo. Se tiene que determinar la edad y se debe comprobar si hay alguien que pueda hacerse responsable de él en su lugar de origen. La directiva europea de retorno establece que "antes de expulsar" del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado las autoridades deben cerciorarse "de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados" en aquel país. "Hasta entonces, estarán tutelados por la comunidad autónoma pertinente", completa el abogado.

Otra noche de "gran presión" migratoria, como ha calificado la Guardia Civil, ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes y la aparición de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.

La Guardia Civil ha informado de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Según han informado a EFE fuentes policiales, nuevamente decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres, según ha podido comprobar EFE.

Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa. Todos los marroquíes se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.

Los migrantes son jóvenes de entre 16 y 30 años, según las fuentes, y todos ellos realizan la travesía en pequeños grupos.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este jueves la "emergencia nacional" y un "mando único" al Estado ante la crisis migratoria que se está produciendo en los últimos días en la ciudad, una situación de "absoluta emergencia humanitaria y social".

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha declarado el presidente ceutí a varias emisoras de radio.

Vivas ha recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

"Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días", ha explicado en la Cadena Ser.

El presidente ceutí ha señalado que "la sobreocupación del área de menores es de un 2.400 %" y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de migrantes que hay dentro.

"En el intento de llegar a Ceuta han aparecido en el mar 60 cadáveres en el último mes. Por otra parte, esta crisis está teniendo un impacto en la población que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad", ha indicado.

Por todo ello, Juan Jesús Vivas ha solicitado "el apoyo financiero del Estado, intensificar la colaboración con Marruecos y reforzar a los cuerpos de seguridad en efectivos y en medios".

"Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia nacional. La frontera es de España y también de Europa, por lo que hay que abordarlo como una emergencia nacional a través de una acción decidida, contundente, inmediata y coordinada con un mano único", ha señalado Vivas en Onda Cero.

En declaraciones a esa emisora, ha explicado que hay cerca de 1.000 personas fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

Hace 6 años, en pleno inicio del encierro del covid, participé en el primer análisis actual sobre la irregularidad en España. Era abril del 2020 y no había datos desde el año 2005, cuando tuvo lugar la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de Zapatero. Conseguir dichos datos era muy complicado porque una de las características principales de las personas en situación irregular es que no están registradas en ningún sitio: no firman contratos, no cotizan a la Seguridad Social, muchas veces evitan incluso acudir al médico por miedo a ser identificadas.

El economista Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III) diseñó un modelo para calcular la inmigración irregular que sirvió de base para todas las estimaciones de irregularidad que se han hecho desde entonces.

Los resultados de esa primera estimación nos sorprendieron mucho: el porcentaje de personas africanas en situación irregular era bajísimo. La mayoría de las personas sin papeles provenían de América Central y del Sur, habían entrado por el aeropuerto, con un visado de turista o pidiendo asilo, y habían caído en la irregularidad después, al no conseguir renovar sus permisos. Ese contraste —entre lo que ocupa horas de televisión y lo que dicen los números— no es casual: la frontera sur, con sus imágenes de cayucos y vallas, concentra la atención política y mediática, y alimenta lo que en la Fundación porCausa denominamos "la industria del control migratorio", un entramado de discursos, contratos y presupuestos construido alrededor de una ruta que, estadísticamente, es minoritaria.

Con toda esta información se construyeron unos argumentarios que ofrecían a la ciudadanía información veraz que justificaba la necesidad de una regularización extraordinaria. Las líneas principales aparecen en el informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles". La primera, de tamaño: eran ya demasiadas personas viviendo y trabajando aquí como para seguir ignorándolas. La segunda, era ética: la irregularidad deja fuera del acceso a la salud, la justicia y la vivienda a miles de familias, niños y mujeres especialmente vulnerables. La tercera apelaba al interés colectivo: regularizar no es una carga, sino una inversión, que aumenta la recaudación fiscal y ayuda a sostener las pensiones frente a una población que envejece, dado su perfil joven. La cuarta llegó con la pandemia: el miedo a ser identificado aleja a las personas de los centros de salud, y eso es un riesgo para todos. Y la última era puramente pragmática: España lleva décadas regularizando, con gobiernos de todos los colores. No es una medida excepcional, sino una herramienta habitual. Estos datos y conceptos fueron interiorizados por una sociedad española que se sitúa mayoritariamente a favor de la migración, como lo explica la encuesta de More in Common de 2025. Y este es un elemento crucial para entender cómo se ha desarrollado el proceso de la regularización extraordinaria más importante de nuestra historia.

Lo que empezó en abril de 2020 con un informe y la histórica organización de una sociedad civil migrante, ha culminado el pasado martes 30 de junio, cuando se cerró con éxito el proceso de solicitud para la regularización extraordinaria. Y ¿en qué consiste este éxito? En que, pese a los intentos de grupos políticos y colectivos antimigratorios, el proceso ha tenido lugar.

Este jueves se han presentado los datos finales del proceso, y confirman las tendencias que llevábamos años estimando. Más de 1,17 millones de personas han solicitado la regularización extraordinaria. El 20% eran solicitantes de asilo. Solo el 2,9% de las solicitudes ha sido de origen senegalés y el 13,3% marroquí, ambos parte de un 22,9% total de solicitudes africanas, frente al 67% de personas procedentes de Centro y Sudamérica. El 11,1% de los solicitantes son menores de 15 años, y el 81% del total tiene menos de 45 —el mismo perfil joven que, según calculábamos entonces, ayudaría a sostener el sistema de pensiones una vez regularizado. Seis años después de aquella primera fotografía en pandemia, los datos reales confirman lo que las estimaciones ya anticipaban.

Los intentos de parar este proceso han sido varios. Estos meses ha tenido lugar una campaña de desinformación constante: los grupos antimigratorios han ido probando argumentos diversos para generar tensión y rechazo social. Las líneas argumentales antimigratorias primero se prueban en redes dominadas por estos grupos, como X o grupos de Telegram, y si tienen éxito se extienden a otras redes sociales y medios de comunicación. Desde que se anunciara el proceso hemos visto cómo argumentos que no están avalados por los datos surgen y desaparecen de nuestro debate público. Los recurrentes, como la seguridad o la sobrecarga de los servicios públicos, han sido reemplazados en estos últimos días por el potencial pucherazo y la llamada "ley de nietos". Esta última tiene la gracia de haber sido un argumento recurrente en la campaña de voto en el extranjero del Partido Popular, pero sorprendentemente estos días se ha usado para alimentar el bulo del potencial fraude electoral, demostrando una vez más que la agenda pública la marca más la ultraderecha que el partido de Feijóo.

En cualquier caso, la sociedad española ha aguantado el envite con dignidad y ejemplaridad. Las múltiples encuestas que se han realizado durante estos meses han corroborado las informaciones recogidas por la encuesta de More in Common del 2025: la mayoría de la sociedad española cree que la regularización extraordinaria era necesaria. De no haber sido así, no se habría podido llevar a cabo. El proceso está lleno de historias preciosas de apoyo comunitario y red. Desde personas que han ayudado a sus vecinas sin papeles en el proceso hasta grupos de desconocidas que se han jurado en las colas y se han apoyado las unas a las otras en las esperas y las desesperanzas.

Es muy importante entender que esta regularización extraordinaria es el resultado de una voluntad social. El proceso finalmente ha tenido lugar a través de un decreto ley y no de la ILP que se presentó tras haber superado las 600.000 firmas. Pero todos los años de debate público, de titulares, de debates parlamentarios y de celebraciones de la ILP han servido para construir una opinión social informada a este respecto. Y hay que entenderlo como un éxito colectivo y estar muy orgullosas de ello. El discurso antimigratorio solo beneficia a unos pocos, entre los que no se encuentran las personas comunes. La búsqueda constante de mantener el espacio de debate público polarizado es extremadamente irresponsable. Fracturar la sociedad con desinformación debería ser un delito. Utilizar los sistemas de generación democrática para destruirla también. Y la judicialización política, igualmente.

Estos dos últimos días he estado respondiendo a medios extranjeros para valorar las solicitudes que las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia han presentado ante el Tribunal Supremo para anular el proceso de regularización extraordinaria y sus posibles consecuencias. La primera consecuencia de todas es la generación de miedo y tristeza entre una población trabajadora que acaba de llevar a cabo un proceso para poder tener papeles. Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo. O quizás sí, ¿mano de obra esclava? Para las vecinas y vecinos que vivimos en esta ciudad, que todas tengamos papeles y estemos en regla solo puede ser una buena noticia. Ahora solo hace falta que todo ese dinero que se recaude de más a través de estos nuevos contribuyentes sirva para incrementar la inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son esenciales para todas las personas que vivimos aquí.

_________________________

Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.

Con el mayor de los secretismos e intentando no ofrecer detalles, la Comisión Europea recibió este martes en Bruselas a una delegación de talibanes afganos, la primera que pisa la capital comunitaria, para tratar posibles acuerdos migratorios con los que aumentar las deportaciones a Afganistán de nacionales de ese país que se encuentren en algún Estado miembro de la Unión Europea. Lo hizo bajo la premisa de "una reunión técnica" en la que participaron también representantes de 15 países, pero no de España.

El encuentro estuvo pilotado por "los servicios de la Comisión y Suecia", según Bruselas. La antigua embajadora afgana en Noruega y jurista Shukria Barakzay denunció la invitación en términos muy duros: "No es diplomacia. Lo que está haciendo la Unión Europea es normalizar un apartheid de género". Las palabras de la actual presidenta de la Women’s Coalition for Justice resonaron en el Parlamento Europeo el mismo día en que la delegación talibán pisaba la capital comunitaria y reflejan la polémica desatada por la reunión.

La Unión Europea todavía no ha reconocido al régimen de los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán. De ahí la encrucijada del equipo de Von der Leyen, que argumenta su negativa a hablar abiertamente de los participantes y de los detalles de la reunión "por motivos de seguridad", aunque admite que "los contactos con representantes del gobierno de facto de Afganistán han tenido lugar desde hace un tiempo. La primera reunión fue en Afganistán en enero y desde entonces la Comisión se ha estado preparando para esta reunión técnica en Bruselas", explica el portavoz Markus Lammert.

La visita de la delegación afgana se esperaba desde hacía semanas, pero se retrasó por problemas con los visados. Finalmente, estuvo liderada por el jefe de comunicación de su ministro de Exteriores. Estuvo liderada por el jefe de comunicación del Ministerio de Exteriores talibán y formada por cinco representantes, a los que solo se permitió permanecer un día en Bélgica, sin posibilidad de desplazarse a otros países comunitarios aprovechando el espacio Schengen. Desde el Ministerio de Exteriores belga aseguran que el visado especial se concedió "después de los análisis de seguridad llevados a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado y la inteligencia militar".

La Comisión no dudó en recoger el guante lanzado en octubre de 2025, cuando 20 países de la UE pidieron en una carta "a la Comisión que coordine contactos técnicos sobre retornos". "El objetivo de estos 20 países es devolver a personas que han cometido graves crímenes o que supongan amenazas a la seguridad", explicaron funcionarios comunitarios en su misiva. La ministra de Exteriores belga estuvo detrás de la iniciativa junto a su colega sueco, y congregaron a socios de norte a sur y de este a oeste del continente, de Alemania a Italia y Malta, hasta Polonia, República Checa o Irlanda.

La presidenta del Comité de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, cree que este paso de una mayoría de Estados miembros "es una irresponsabilidad total y absoluta, plegarse a unos tiempos que nos retrotraen a décadas atrás en lo que habíamos avanzado en derechos humanos y en un marco internacional en su defensa". La eurodiputada socialista advierte de que, como se está viendo con el reciente Reglamento de Retornos o los debates dentro del Consejo, "el mensaje internacional que se envía es de hipocresía: una vez más se toma una deriva muy transaccional de lo que son las relaciones exteriores de la UE, donde se pone por delante el control migratorio frente a los valores fundamentales de la Unión".

Bruselas dio este martes continuidad a un "enfoque coordinado y amplio" centrado solo en cuestiones migratorias para "llevar a cabo los retornos de personas" sin "ofrecerles nada a los talibanes a cambio de aceptar", pero en ningún caso para hablar de derechos humanos y, especialmente, de la situación de las mujeres, como le pide una reciente resolución del Parlamento Europeo. El texto denuncia "la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán" ante un régimen que "institucionaliza violaciones masivas de los derechos fundamentales, incluyendo el apartheid de género, la esclavitud y los castigos corporales".

Al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, en la Eurocámara se denunciaba esta omisión en los intercambios con los talibanes. En conversación con infoLibre, Lina Gálvez reprocha los términos de la Comisión. "Lo técnico también es político, no hay reunión técnica en estos temas. Reunirse con una delegación talibán es una decisión política en sí misma y encierra una incoherencia muy grande: la UE afirma que los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia son valores fundamentales de su acción exterior, pero al mismo tiempo se sienta con los talibanes. Una cosa no es compatible con la otra".

La reunión de comienzos de año ya estuvo capitaneada por el subdirector del Departamento de Asuntos Interiores de la Comisión, y no por miembros del Servicio Exterior, el cuerpo diplomático de la UE. Ahora, "se ha dado seguimiento a esas conversaciones técnicas, en particular a lo relativo a la identificación de las personas objeto de retorno y la expedición de documentos de viaje", obviando las cuestiones de derechos humanos. Y eso que, como denuncia la jurista afgana Shukria Barakzay, "las leyes de los talibanes no decrecen, hay uno de los mayores ataques sistemáticos a los derechos de las mujeres en la historia moderna", mientras pide a "la comunidad internacional decidir si apoyará a las víctimas o está con aquellos que las oprimen".

Irene Montero, también eurodiputada en el Comité de Derechos de las Mujeres, coincide en preguntarse "si ahora los derechos de las mujeres en Afganistán ya no importan" y en poner a la UE y a las fuerzas políticas dirigentes ante el espejo. "Es importante asumir nuestra responsabilidad, la mayoría de los grupos parlamentarios dan soporte a la Comisión Europea que se está reuniendo con los talibanes", dice la dirigente de Podemos. "Esto es una hipocresía criminal y, peor, complicidad".

Los talibanes aprovecharon la visita a Bruselas para dejar una primera reclamación tras este pequeño avance en su reconocimiento internacional: quieren empezar por acceder de nuevo a las delegaciones afganas repartidas en los Estados miembros, todavía gestionadas por diplomáticos y funcionarios nombrados antes de su vuelta al poder en 2021, para retomar la prestación de servicios consulares a los afganos presentes en los Veintisiete. Esta decisión corresponde a cada país europeo y hay 20 países dispuestos desde hace año y medio a sentarse a negociar con ellos.

Desde hace unos años se habla tímidamente del momento en el que la población mundial empezará a decrecer. Si las previsiones actuales se mantienen, esto sucederá alrededor del año 2070. En Europa hemos empezado este año 2026 y Eurostat estima que la eurozona reducirá su población a partir de 2030 y calcula que en 2100 habremos perdido más del 11% de la actual, situándonos por debajo de los 400 millones, es decir unos 50 millones menos que ahora. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Cómo podremos mantener el estado del bienestar? Desde luego no con el modelo actual.

Allá por el año 2022 hice una entrevista sobre la situación migratoria en España para la radio estadounidense NPR. Al acabar la entrevista, la última pregunta era cuál pensaba yo que serían las soluciones para la supuesta crisis migratoria. 2021 había acabado con la reactivación de la ruta canaria después de muchos años y en navidades había tenido lugar un pico fuerte de entradas. Respondí lo que habría contestado a día de hoy: la migración está a 50 años de dejar de ser un problema tal y como lo entendemos ahora. El decrecimiento de la población de los países de la OCDE va a convertir a la migración en algo indispensable, escaso y deseable. Cinco años más tarde no puedo dejar de sorprenderme por el hecho de que no haya mucha más gente abordando este asunto. Por eso es el gran tema que debería ocuparnos cuando hacemos proyecciones futuras.

Ya son unos cuantos los países que están en pleno decrecimiento demográfico. Unos pocos han perdido población debido a las guerras; otros, como China, por subestimar el efecto de las políticas antinatalidad; y muchos de nuestros vecinos europeos han decrecido por la combinación de emigración de nativos sumada a su incapacidad absoluta de atraer a población migrante suficiente para compensar la baja natalidad. Los países del Este son los peor parados de Europa en este sentido. Rumania y Bulgaria están a la cabeza de un pelotón que se pierde población sin remisión. Muy de cerca les siguen nuestros socios mediterráneos, liderados por Italia, que ocupa el número 10 en el ranking histórico mundial de pérdida demográfica. Junto a ese país, Grecia en el puesto 16. El think tank Bruegel sacó el año pasado un informe analizando esta situación, anticipando lo que hoy ya es incuestionable. Los países del sur y el este de Europa se despueblan, generando una situación de extrema desigualdad en nuestra frágil Unión Europea.

¿Y qué pasa cuando pierdes población? Si las razones de esta pérdida son la combinación de una baja natalidad con una falta de atracción de población migrante, la situación demográfica del país se representa por una pirámide con forma de nube de hongo de una bomba atómica. Una base muy fina que se ensancha a partir de los 55 años. Esto significa que la población mayor de esa edad representa un porcentaje muy alto, marcando las necesidades socioeconómicas del país. En los Estados miembros de la OCDE, donde la esperanza de vida es cada vez más alta, las personas mayores comienzan a representar un grupo cada vez más numeroso que depende de las capacidades de los Estados y del resto de la población para poder sobrevivir dignamente. Y esto no es relativo a la capacidad económica individual de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que un buen tratamiento de cáncer, por poner un ejemplo, es absolutamente inasumible por una sanidad privada. Es decir que, tomando el caso de la salud, sin un buen sistema de sanidad pública hasta las personas mayores con dinero acabarán pasándolo mal. El profesor Daniel Markovits describía durante una charla reciente el decrecimiento demográfico de China, Italia, Japón o Corea como devastador. Señalaba que todas estas sociedades se han construido sobre un sistema de pensiones que grava a las generaciones futuras. Dado que dichas generaciones van a ser muy inferiores a las actuales, el sistema va a colapsar.

El punto curioso de esto es que, como también comenta en su análisis Markovits, todos estos países tienen un discurso y unas políticas antimigratorias bastante fuertes. Japón es uno de los precursores históricos de las políticas de puerta cerrada. El país enfrenta un desafío demográfico sin precedentes, con una población envejecida y una baja natalidad que amenazan su fuerza laboral. Para contrarrestar el estancamiento, el país optó por una estrategia multidimensional basada en la automatización y la robótica, evitando depender de la inmigración. En el ámbito laboral ha tenido que elevar progresivamente la edad de jubilación. También ha habido un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, todas estas medidas han tenido lugar en un marco de fuerte desigualdad que se ha ido acrecentando con los años. Las mujeres y los jóvenes son los principales afectados, encontrándose con sueldos y condiciones muy inferiores a las de los hombres mayores de 55 años. El profesor Kohei Saito analiza esta situación en su superventas El Capital en el Antropoceno, advirtiendo que el sistema, tal y como está concebido, está destinado a derrumbarse. Mientras, el país ha tenido que ir abriendo la mano inexorablemente a la tan temida migración.

¿Y qué pasa con Europa? La Italia de Giorgia Meloni representa uno de los futuros posibles. Un país en caída libre demográfica donde la fuerza que gobierna es activamente antimigratoria. Este maridaje está llevando al país a una situación crítica. Muchos de los sectores esenciales no encuentran trabajadores. La crisis económica y la falta de calidad de vida, incluyendo la seguridad democrática como uno de los factores a tener en cuenta, han llevado a cientos de miles de italianos a abandonar su país. Y aunque Meloni anunció la emisión de medio millón de visados para trabajadores extracomunitarios, ¿quién va a querer ir a un país donde te pueden detener y deportar a Albania? La previsión del estudio de Bruegel es que esta tendencia a la despoblación de los países del sur y del este de Europa se va a agudizar con los años. Las poblaciones autóctonas europeas van a empezar a moverse a los países de la Unión que mejores condiciones de vida ofrezcan. Estas migraciones internas van a ir acompañadas de las migraciones extracomunitarias, conformando un mapa desigual de la Unión.

De modo que parece que aquella predicción del año 2022 se está cumpliendo con una celeridad impensable y en breve empezaremos a vivir este cambio de ciclo donde la migración será más que deseable.

En España, el Gobierno progresista ha conseguido frenar nuestra caída demográfica que, sin población migrante, habría sido de unas 100.000 personas en 2025. Sin duda, gracias a esto, nuestra economía es la que tiene una de las mejores previsiones de la eurozona. Sin embargo, el debate público sigue estando intoxicado por un discurso racista y antimigratorio que lidera la extrema derecha, e incluso la derecha en general. Para contrarrestar este tipo de situaciones, Suiza realizó un referéndum hace unos días. La propuesta, impulsada precisamente por la extrema derecha del Partido Popular Suizo (UDC), planteaba limitar la población a 10 millones de habitantes para frenar la inmigración. El resultado fue un contundente "no" con el 55% de los votos. Me parece interesante cómo, a pesar de la intensa campaña de la derecha, la ciudadanía y el tejido empresarial priorizaron un enfoque pragmático y económico sobre el relato emocional y aislacionista.

En nuestro país quizás haría falta algo parecido. Es cierto que por el momento el progresismo sigue en el Gobierno y, pese a todas las miserias y corrupciones que van aflorando, la ventana de una renovación progresista no está del todo cerrada. Pero el mero hecho de que exista una posibilidad de un cambio de ciclo que deje nuestras posibilidades futuras en manos de quienes quieren aplicar las mismas medidas que Meloni da escalofríos.

El futuro de nuestros países pasa por entender que tenemos que ser competitivos en amor, entendido este como un acto político: asegurar calidad democrática, integración, servicios públicos sanos y potentes, y comunidades libres de odio. Lo contrario es declive y decadencia. Ojalá cuando llegue la hora de votar esto tenga el peso específico que se merece.

______________________________________

Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

______________________________________

Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

_____________

Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.