Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

Hace 6 años, en pleno inicio del encierro del covid, participé en el primer análisis actual sobre la irregularidad en España. Era abril del 2020 y no había datos desde el año 2005, cuando tuvo lugar la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de Zapatero. Conseguir dichos datos era muy complicado porque una de las características principales de las personas en situación irregular es que no están registradas en ningún sitio: no firman contratos, no cotizan a la Seguridad Social, muchas veces evitan incluso acudir al médico por miedo a ser identificadas.

El economista Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III) diseñó un modelo para calcular la inmigración irregular que sirvió de base para todas las estimaciones de irregularidad que se han hecho desde entonces.

Los resultados de esa primera estimación nos sorprendieron mucho: el porcentaje de personas africanas en situación irregular era bajísimo. La mayoría de las personas sin papeles provenían de América Central y del Sur, habían entrado por el aeropuerto, con un visado de turista o pidiendo asilo, y habían caído en la irregularidad después, al no conseguir renovar sus permisos. Ese contraste —entre lo que ocupa horas de televisión y lo que dicen los números— no es casual: la frontera sur, con sus imágenes de cayucos y vallas, concentra la atención política y mediática, y alimenta lo que en la Fundación porCausa denominamos "la industria del control migratorio", un entramado de discursos, contratos y presupuestos construido alrededor de una ruta que, estadísticamente, es minoritaria.

Con toda esta información se construyeron unos argumentarios que ofrecían a la ciudadanía información veraz que justificaba la necesidad de una regularización extraordinaria. Las líneas principales aparecen en el informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles". La primera, de tamaño: eran ya demasiadas personas viviendo y trabajando aquí como para seguir ignorándolas. La segunda, era ética: la irregularidad deja fuera del acceso a la salud, la justicia y la vivienda a miles de familias, niños y mujeres especialmente vulnerables. La tercera apelaba al interés colectivo: regularizar no es una carga, sino una inversión, que aumenta la recaudación fiscal y ayuda a sostener las pensiones frente a una población que envejece, dado su perfil joven. La cuarta llegó con la pandemia: el miedo a ser identificado aleja a las personas de los centros de salud, y eso es un riesgo para todos. Y la última era puramente pragmática: España lleva décadas regularizando, con gobiernos de todos los colores. No es una medida excepcional, sino una herramienta habitual. Estos datos y conceptos fueron interiorizados por una sociedad española que se sitúa mayoritariamente a favor de la migración, como lo explica la encuesta de More in Common de 2025. Y este es un elemento crucial para entender cómo se ha desarrollado el proceso de la regularización extraordinaria más importante de nuestra historia.

Lo que empezó en abril de 2020 con un informe y la histórica organización de una sociedad civil migrante, ha culminado el pasado martes 30 de junio, cuando se cerró con éxito el proceso de solicitud para la regularización extraordinaria. Y ¿en qué consiste este éxito? En que, pese a los intentos de grupos políticos y colectivos antimigratorios, el proceso ha tenido lugar.

Este jueves se han presentado los datos finales del proceso, y confirman las tendencias que llevábamos años estimando. Más de 1,17 millones de personas han solicitado la regularización extraordinaria. El 20% eran solicitantes de asilo. Solo el 2,9% de las solicitudes ha sido de origen senegalés y el 13,3% marroquí, ambos parte de un 22,9% total de solicitudes africanas, frente al 67% de personas procedentes de Centro y Sudamérica. El 11,1% de los solicitantes son menores de 15 años, y el 81% del total tiene menos de 45 —el mismo perfil joven que, según calculábamos entonces, ayudaría a sostener el sistema de pensiones una vez regularizado. Seis años después de aquella primera fotografía en pandemia, los datos reales confirman lo que las estimaciones ya anticipaban.

Los intentos de parar este proceso han sido varios. Estos meses ha tenido lugar una campaña de desinformación constante: los grupos antimigratorios han ido probando argumentos diversos para generar tensión y rechazo social. Las líneas argumentales antimigratorias primero se prueban en redes dominadas por estos grupos, como X o grupos de Telegram, y si tienen éxito se extienden a otras redes sociales y medios de comunicación. Desde que se anunciara el proceso hemos visto cómo argumentos que no están avalados por los datos surgen y desaparecen de nuestro debate público. Los recurrentes, como la seguridad o la sobrecarga de los servicios públicos, han sido reemplazados en estos últimos días por el potencial pucherazo y la llamada "ley de nietos". Esta última tiene la gracia de haber sido un argumento recurrente en la campaña de voto en el extranjero del Partido Popular, pero sorprendentemente estos días se ha usado para alimentar el bulo del potencial fraude electoral, demostrando una vez más que la agenda pública la marca más la ultraderecha que el partido de Feijóo.

En cualquier caso, la sociedad española ha aguantado el envite con dignidad y ejemplaridad. Las múltiples encuestas que se han realizado durante estos meses han corroborado las informaciones recogidas por la encuesta de More in Common del 2025: la mayoría de la sociedad española cree que la regularización extraordinaria era necesaria. De no haber sido así, no se habría podido llevar a cabo. El proceso está lleno de historias preciosas de apoyo comunitario y red. Desde personas que han ayudado a sus vecinas sin papeles en el proceso hasta grupos de desconocidas que se han jurado en las colas y se han apoyado las unas a las otras en las esperas y las desesperanzas.

Es muy importante entender que esta regularización extraordinaria es el resultado de una voluntad social. El proceso finalmente ha tenido lugar a través de un decreto ley y no de la ILP que se presentó tras haber superado las 600.000 firmas. Pero todos los años de debate público, de titulares, de debates parlamentarios y de celebraciones de la ILP han servido para construir una opinión social informada a este respecto. Y hay que entenderlo como un éxito colectivo y estar muy orgullosas de ello. El discurso antimigratorio solo beneficia a unos pocos, entre los que no se encuentran las personas comunes. La búsqueda constante de mantener el espacio de debate público polarizado es extremadamente irresponsable. Fracturar la sociedad con desinformación debería ser un delito. Utilizar los sistemas de generación democrática para destruirla también. Y la judicialización política, igualmente.

Estos dos últimos días he estado respondiendo a medios extranjeros para valorar las solicitudes que las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia han presentado ante el Tribunal Supremo para anular el proceso de regularización extraordinaria y sus posibles consecuencias. La primera consecuencia de todas es la generación de miedo y tristeza entre una población trabajadora que acaba de llevar a cabo un proceso para poder tener papeles. Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo. O quizás sí, ¿mano de obra esclava? Para las vecinas y vecinos que vivimos en esta ciudad, que todas tengamos papeles y estemos en regla solo puede ser una buena noticia. Ahora solo hace falta que todo ese dinero que se recaude de más a través de estos nuevos contribuyentes sirva para incrementar la inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son esenciales para todas las personas que vivimos aquí.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.

Con el mayor de los secretismos e intentando no ofrecer detalles, la Comisión Europea recibió este martes en Bruselas a una delegación de talibanes afganos, la primera que pisa la capital comunitaria, para tratar posibles acuerdos migratorios con los que aumentar las deportaciones a Afganistán de nacionales de ese país que se encuentren en algún Estado miembro de la Unión Europea. Lo hizo bajo la premisa de "una reunión técnica" en la que participaron también representantes de 15 países, pero no de España.

El encuentro estuvo pilotado por "los servicios de la Comisión y Suecia", según Bruselas. La antigua embajadora afgana en Noruega y jurista Shukria Barakzay denunció la invitación en términos muy duros: "No es diplomacia. Lo que está haciendo la Unión Europea es normalizar un apartheid de género". Las palabras de la actual presidenta de la Women’s Coalition for Justice resonaron en el Parlamento Europeo el mismo día en que la delegación talibán pisaba la capital comunitaria y reflejan la polémica desatada por la reunión.

La Unión Europea todavía no ha reconocido al régimen de los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán. De ahí la encrucijada del equipo de Von der Leyen, que argumenta su negativa a hablar abiertamente de los participantes y de los detalles de la reunión "por motivos de seguridad", aunque admite que "los contactos con representantes del gobierno de facto de Afganistán han tenido lugar desde hace un tiempo. La primera reunión fue en Afganistán en enero y desde entonces la Comisión se ha estado preparando para esta reunión técnica en Bruselas", explica el portavoz Markus Lammert.

La visita de la delegación afgana se esperaba desde hacía semanas, pero se retrasó por problemas con los visados. Finalmente, estuvo liderada por el jefe de comunicación de su ministro de Exteriores. Estuvo liderada por el jefe de comunicación del Ministerio de Exteriores talibán y formada por cinco representantes, a los que solo se permitió permanecer un día en Bélgica, sin posibilidad de desplazarse a otros países comunitarios aprovechando el espacio Schengen. Desde el Ministerio de Exteriores belga aseguran que el visado especial se concedió "después de los análisis de seguridad llevados a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado y la inteligencia militar".

La Comisión no dudó en recoger el guante lanzado en octubre de 2025, cuando 20 países de la UE pidieron en una carta "a la Comisión que coordine contactos técnicos sobre retornos". "El objetivo de estos 20 países es devolver a personas que han cometido graves crímenes o que supongan amenazas a la seguridad", explicaron funcionarios comunitarios en su misiva. La ministra de Exteriores belga estuvo detrás de la iniciativa junto a su colega sueco, y congregaron a socios de norte a sur y de este a oeste del continente, de Alemania a Italia y Malta, hasta Polonia, República Checa o Irlanda.

La presidenta del Comité de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, cree que este paso de una mayoría de Estados miembros "es una irresponsabilidad total y absoluta, plegarse a unos tiempos que nos retrotraen a décadas atrás en lo que habíamos avanzado en derechos humanos y en un marco internacional en su defensa". La eurodiputada socialista advierte de que, como se está viendo con el reciente Reglamento de Retornos o los debates dentro del Consejo, "el mensaje internacional que se envía es de hipocresía: una vez más se toma una deriva muy transaccional de lo que son las relaciones exteriores de la UE, donde se pone por delante el control migratorio frente a los valores fundamentales de la Unión".

Bruselas dio este martes continuidad a un "enfoque coordinado y amplio" centrado solo en cuestiones migratorias para "llevar a cabo los retornos de personas" sin "ofrecerles nada a los talibanes a cambio de aceptar", pero en ningún caso para hablar de derechos humanos y, especialmente, de la situación de las mujeres, como le pide una reciente resolución del Parlamento Europeo. El texto denuncia "la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán" ante un régimen que "institucionaliza violaciones masivas de los derechos fundamentales, incluyendo el apartheid de género, la esclavitud y los castigos corporales".

Al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, en la Eurocámara se denunciaba esta omisión en los intercambios con los talibanes. En conversación con infoLibre, Lina Gálvez reprocha los términos de la Comisión. "Lo técnico también es político, no hay reunión técnica en estos temas. Reunirse con una delegación talibán es una decisión política en sí misma y encierra una incoherencia muy grande: la UE afirma que los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia son valores fundamentales de su acción exterior, pero al mismo tiempo se sienta con los talibanes. Una cosa no es compatible con la otra".

La reunión de comienzos de año ya estuvo capitaneada por el subdirector del Departamento de Asuntos Interiores de la Comisión, y no por miembros del Servicio Exterior, el cuerpo diplomático de la UE. Ahora, "se ha dado seguimiento a esas conversaciones técnicas, en particular a lo relativo a la identificación de las personas objeto de retorno y la expedición de documentos de viaje", obviando las cuestiones de derechos humanos. Y eso que, como denuncia la jurista afgana Shukria Barakzay, "las leyes de los talibanes no decrecen, hay uno de los mayores ataques sistemáticos a los derechos de las mujeres en la historia moderna", mientras pide a "la comunidad internacional decidir si apoyará a las víctimas o está con aquellos que las oprimen".

Irene Montero, también eurodiputada en el Comité de Derechos de las Mujeres, coincide en preguntarse "si ahora los derechos de las mujeres en Afganistán ya no importan" y en poner a la UE y a las fuerzas políticas dirigentes ante el espejo. "Es importante asumir nuestra responsabilidad, la mayoría de los grupos parlamentarios dan soporte a la Comisión Europea que se está reuniendo con los talibanes", dice la dirigente de Podemos. "Esto es una hipocresía criminal y, peor, complicidad".

Los talibanes aprovecharon la visita a Bruselas para dejar una primera reclamación tras este pequeño avance en su reconocimiento internacional: quieren empezar por acceder de nuevo a las delegaciones afganas repartidas en los Estados miembros, todavía gestionadas por diplomáticos y funcionarios nombrados antes de su vuelta al poder en 2021, para retomar la prestación de servicios consulares a los afganos presentes en los Veintisiete. Esta decisión corresponde a cada país europeo y hay 20 países dispuestos desde hace año y medio a sentarse a negociar con ellos.

Desde hace unos años se habla tímidamente del momento en el que la población mundial empezará a decrecer. Si las previsiones actuales se mantienen, esto sucederá alrededor del año 2070. En Europa hemos empezado este año 2026 y Eurostat estima que la eurozona reducirá su población a partir de 2030 y calcula que en 2100 habremos perdido más del 11% de la actual, situándonos por debajo de los 400 millones, es decir unos 50 millones menos que ahora. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Cómo podremos mantener el estado del bienestar? Desde luego no con el modelo actual.

Allá por el año 2022 hice una entrevista sobre la situación migratoria en España para la radio estadounidense NPR. Al acabar la entrevista, la última pregunta era cuál pensaba yo que serían las soluciones para la supuesta crisis migratoria. 2021 había acabado con la reactivación de la ruta canaria después de muchos años y en navidades había tenido lugar un pico fuerte de entradas. Respondí lo que habría contestado a día de hoy: la migración está a 50 años de dejar de ser un problema tal y como lo entendemos ahora. El decrecimiento de la población de los países de la OCDE va a convertir a la migración en algo indispensable, escaso y deseable. Cinco años más tarde no puedo dejar de sorprenderme por el hecho de que no haya mucha más gente abordando este asunto. Por eso es el gran tema que debería ocuparnos cuando hacemos proyecciones futuras.

Ya son unos cuantos los países que están en pleno decrecimiento demográfico. Unos pocos han perdido población debido a las guerras; otros, como China, por subestimar el efecto de las políticas antinatalidad; y muchos de nuestros vecinos europeos han decrecido por la combinación de emigración de nativos sumada a su incapacidad absoluta de atraer a población migrante suficiente para compensar la baja natalidad. Los países del Este son los peor parados de Europa en este sentido. Rumania y Bulgaria están a la cabeza de un pelotón que se pierde población sin remisión. Muy de cerca les siguen nuestros socios mediterráneos, liderados por Italia, que ocupa el número 10 en el ranking histórico mundial de pérdida demográfica. Junto a ese país, Grecia en el puesto 16. El think tank Bruegel sacó el año pasado un informe analizando esta situación, anticipando lo que hoy ya es incuestionable. Los países del sur y el este de Europa se despueblan, generando una situación de extrema desigualdad en nuestra frágil Unión Europea.

¿Y qué pasa cuando pierdes población? Si las razones de esta pérdida son la combinación de una baja natalidad con una falta de atracción de población migrante, la situación demográfica del país se representa por una pirámide con forma de nube de hongo de una bomba atómica. Una base muy fina que se ensancha a partir de los 55 años. Esto significa que la población mayor de esa edad representa un porcentaje muy alto, marcando las necesidades socioeconómicas del país. En los Estados miembros de la OCDE, donde la esperanza de vida es cada vez más alta, las personas mayores comienzan a representar un grupo cada vez más numeroso que depende de las capacidades de los Estados y del resto de la población para poder sobrevivir dignamente. Y esto no es relativo a la capacidad económica individual de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que un buen tratamiento de cáncer, por poner un ejemplo, es absolutamente inasumible por una sanidad privada. Es decir que, tomando el caso de la salud, sin un buen sistema de sanidad pública hasta las personas mayores con dinero acabarán pasándolo mal. El profesor Daniel Markovits describía durante una charla reciente el decrecimiento demográfico de China, Italia, Japón o Corea como devastador. Señalaba que todas estas sociedades se han construido sobre un sistema de pensiones que grava a las generaciones futuras. Dado que dichas generaciones van a ser muy inferiores a las actuales, el sistema va a colapsar.

El punto curioso de esto es que, como también comenta en su análisis Markovits, todos estos países tienen un discurso y unas políticas antimigratorias bastante fuertes. Japón es uno de los precursores históricos de las políticas de puerta cerrada. El país enfrenta un desafío demográfico sin precedentes, con una población envejecida y una baja natalidad que amenazan su fuerza laboral. Para contrarrestar el estancamiento, el país optó por una estrategia multidimensional basada en la automatización y la robótica, evitando depender de la inmigración. En el ámbito laboral ha tenido que elevar progresivamente la edad de jubilación. También ha habido un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, todas estas medidas han tenido lugar en un marco de fuerte desigualdad que se ha ido acrecentando con los años. Las mujeres y los jóvenes son los principales afectados, encontrándose con sueldos y condiciones muy inferiores a las de los hombres mayores de 55 años. El profesor Kohei Saito analiza esta situación en su superventas El Capital en el Antropoceno, advirtiendo que el sistema, tal y como está concebido, está destinado a derrumbarse. Mientras, el país ha tenido que ir abriendo la mano inexorablemente a la tan temida migración.

¿Y qué pasa con Europa? La Italia de Giorgia Meloni representa uno de los futuros posibles. Un país en caída libre demográfica donde la fuerza que gobierna es activamente antimigratoria. Este maridaje está llevando al país a una situación crítica. Muchos de los sectores esenciales no encuentran trabajadores. La crisis económica y la falta de calidad de vida, incluyendo la seguridad democrática como uno de los factores a tener en cuenta, han llevado a cientos de miles de italianos a abandonar su país. Y aunque Meloni anunció la emisión de medio millón de visados para trabajadores extracomunitarios, ¿quién va a querer ir a un país donde te pueden detener y deportar a Albania? La previsión del estudio de Bruegel es que esta tendencia a la despoblación de los países del sur y del este de Europa se va a agudizar con los años. Las poblaciones autóctonas europeas van a empezar a moverse a los países de la Unión que mejores condiciones de vida ofrezcan. Estas migraciones internas van a ir acompañadas de las migraciones extracomunitarias, conformando un mapa desigual de la Unión.

De modo que parece que aquella predicción del año 2022 se está cumpliendo con una celeridad impensable y en breve empezaremos a vivir este cambio de ciclo donde la migración será más que deseable.

En España, el Gobierno progresista ha conseguido frenar nuestra caída demográfica que, sin población migrante, habría sido de unas 100.000 personas en 2025. Sin duda, gracias a esto, nuestra economía es la que tiene una de las mejores previsiones de la eurozona. Sin embargo, el debate público sigue estando intoxicado por un discurso racista y antimigratorio que lidera la extrema derecha, e incluso la derecha en general. Para contrarrestar este tipo de situaciones, Suiza realizó un referéndum hace unos días. La propuesta, impulsada precisamente por la extrema derecha del Partido Popular Suizo (UDC), planteaba limitar la población a 10 millones de habitantes para frenar la inmigración. El resultado fue un contundente "no" con el 55% de los votos. Me parece interesante cómo, a pesar de la intensa campaña de la derecha, la ciudadanía y el tejido empresarial priorizaron un enfoque pragmático y económico sobre el relato emocional y aislacionista.

En nuestro país quizás haría falta algo parecido. Es cierto que por el momento el progresismo sigue en el Gobierno y, pese a todas las miserias y corrupciones que van aflorando, la ventana de una renovación progresista no está del todo cerrada. Pero el mero hecho de que exista una posibilidad de un cambio de ciclo que deje nuestras posibilidades futuras en manos de quienes quieren aplicar las mismas medidas que Meloni da escalofríos.

El futuro de nuestros países pasa por entender que tenemos que ser competitivos en amor, entendido este como un acto político: asegurar calidad democrática, integración, servicios públicos sanos y potentes, y comunidades libres de odio. Lo contrario es declive y decadencia. Ojalá cuando llegue la hora de votar esto tenga el peso específico que se merece.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

El domingo 12 de abril, Donald Trump publicó en su red social personal una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con túnica blanca y capa roja, rayos saliendo de sus manos, sanando a un enfermo sobre una camilla. La imagen generó una ola inmediata de críticas, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, y Trump la borró al cabo de unas 12 horas, aunque ya era demasiado tarde para contener el escándalo. Días después publicó una nueva imagen en la que Jesús lo abrazaba, esta vez sin borrarla, con la apostilla de que a los “extremistas de izquierda” quizá no les gustaría, pero que a él le parecía “bastante guay”.

Más allá de las anécdotas que cada vez más nutren la política-espectáculo americana, esta publicación está en el núcleo de una disputa que lleva semanas escalando y en la que Trump ha llamado a León XIV “débil” y “terrible para la política exterior”, ha afirmado que el papa “no estaba en ninguna lista para ser papa” y que solo fue elegido porque era estadounidense. El pontífice respondió desde el avión que lo llevaba a África con una frase que resume bastante bien el choque: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”.

Este intercambio verbal, sin precedentes entre un presidente de EEUU y un papa, ha revelado una fractura mucho más profunda que separa a dos familias de la derecha cristiana que llevan décadas conviviendo en el mismo campo político y que ahora se descubren, en el fondo, con proyectos incompatibles.

La derecha evangélica radical que sostiene el trumpismo tiene una lógica propia y coherente. El líder político no necesita ser un cristiano ejemplar en el sentido clásico del término: lo que importa es que sea eficaz en la guerra cultural, que defienda la nación de sus enemigos —el inmigrante, el progresismo, el islam, el woke— y que proteja las posiciones del conservadurismo moral en el Estado.

La fe funciona aquí como identidad y como ariete, no como marco doctrinal que impone límites al poder. Por eso las imágenes de Trump como Cristo no generan en ese ecosistema el mismo rechazo que en otros: la frontera entre símbolo religioso y símbolo político se ha vuelto deliberadamente porosa. De ahí que quienes asumen estas formas de entender la religión abrazan a Trump rezando en el Despacho Oval en imágenes que se han convertido ya en iconos de una teocracia aspiracional genuinamente norteamericana.

La derecha católica, en cambio, opera con otra arquitectura intelectual. Comparte con el evangelicalismo conservador la preocupación por la familia, el rechazo al aborto y la desconfianza hacia el secularismo agresivo, pero se mueve dentro de una tradición que tiene sus propias reglas: la doctrina social, el bien común, la subsidiariedad, la dignidad de la persona. Y sobre todo cuenta con una institución global —la Iglesia— que tiene su propia diplomacia, sus propias posiciones y su propia pretensión de hablar con autoridad moral independiente del Estado. Eso es exactamente lo que Trump aparentemente no soporta y lo que León XIV no está dispuesto a sacrificar.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, declaró a CNN Antonio Spadaro, sacerdote jesuita, teólogo y periodista italiano muy vinculado al papa Francisco.

El choque con el papa ha puesto bajo luz ultravioleta las grietas que recorren el Partido Republicano y el movimiento MAGA.

La primera línea de fractura es la más obvia: la electoral. Dos sondeos realizados antes de que Trump atacara al papa mostraban que los católicos le apoyaban en mayor proporción que el conjunto de los votantes —un 42% de aprobación entre católicos frente al 35% en el total de adultos en una encuesta de CNN, y un 48% frente al 38% entre votantes registrados según Quinnipiac—, ventaja que ahora está en riesgo. El profesor Ryan Burge, de la Universidad de Washington en San Luis, lo resumió así: “La mayoría de los católicos adoran a León XIV y están consternados de que alguien vaya a por él de esta manera”. Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte de noviembre, los estrategas republicanos tienen razones para estar inquietos.

La segunda fractura es institucional. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, confesó su desaliento por “que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre” y recordó que “el Papa no es su rival, ni es el Papa un político”. 

Pero lo más revelador no fue la reacción de los obispos progresistas, sino la de figuras del conservadurismo católico que hasta ahora habían guardado silencio o apoyado a Trump. El obispo Robert Barron, de Winona-Rochester, uno de los comunicadores católicos conservadores más influyentes, calificó los comentarios de Trump de “completamente inapropiados e irrespetuosos” y afirmó que “el presidente le debe una disculpa al Papa”. Cuando Trump pierde a Barron, se queda sin algo más que un aliado incómodo: deja escapar la cobertura intelectual del catolicismo conservador.

La tercera fractura es la más profunda, porque afecta al núcleo doctrinal del movimiento. El vicepresidente J.D. Vance —converso al catolicismo en 2019— y el presidente de la Cámara, Mike Johnson —evangélico—, salieron a defender la guerra contra Irán como una “guerra justa” en términos teológicos, mientras pedían al papa que se limitara a “cuestiones de moral” y dejara la política exterior a los políticos. 

La paradoja es tan gruesa que resultaría cómica si no fuera tan reveladora: la misma administración que exige al pontífice que no juzgue guerras lleva semanas enmarcando el conflicto con Irán como una cruzada bendecida por Dios, con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, invocando a la divinidad en servicios religiosos en el Pentágono y Trump afirmando que “Dios quiere ver a la gente cuidada” para justificar los bombardeos.

Vance llegó a reprender al líder espiritual de 1.400 millones de católicos —incluido él mismo— por sus supuestos errores de teología sobre la doctrina de la guerra justa, tergiversando de paso lo que el papa había dicho realmente. El obispo James Massa, de la Conferencia Episcopal, tuvo que salir a corregir la distorsión. La escena de las últimas semanas ha incluido al vicepresidente dando lecciones de doctrina al papa y a Pete Hegseth citando como escritura sagrada frases que resultaron proceder de Pulp Fiction.

Todo esto muestra que no estamos exclusivamente ante un conflicto político. Es la colisión entre una religiosidad de identidad —instrumental, tribal, al servicio del líder— y una tradición institucional que lleva siglos construyendo una arquitectura moral independiente del poder. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió al presidente que “deje a la Iglesia en paz”. La senadora republicana Susan Collins, católica, calificó los comentarios de “ofensivos e inexplicables” y recordó que Trump “no debería tratar al Papa como a un rival político”. Que esas voces existan dentro del Partido Republicano certifica la fractura.

Pero las grietas no se detienen en las fronteras de Estados Unidos. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta ese momento la aliada europea más cercana a Trump, emitió un comunicado en el que calificó sus palabras hacia el papa de “inaceptables” y recordó que el pontífice tiene plena legitimidad para abogar por la paz y condenar toda forma de guerra. La respuesta de Trump fue instantánea: “Es ella la inaceptable”. En pocas horas, el conflicto con el papa había costado a Trump su principal puente con la derecha europea.

Si hay un terreno donde esa diferencia se vuelve irreconciliable, es la inmigración. Para Trump y para la derecha radical que lo imita en Europa, el migrante es ante todo una amenaza: para la identidad, para la seguridad, para el empleo, para la cultura. El endurecimiento de fronteras, las deportaciones masivas y la criminalización del irregular son la respuesta natural a ese diagnóstico. Para la Iglesia católica, en cambio, la cuestión migratoria no es táctica, sino doctrinal. El migrante es una persona con dignidad innata, y la tarea pastoral no puede subordinarse a la lógica del orden público.

León XIV lo ha dicho sin ambages. Ha advertido que las deportaciones masivas terminarán “mal” y ha cuestionado que quienes se declaran “provida” pero aceptan el trato inhumano a los migrantes puedan llamarse así. Es una afirmación incómoda que pone en evidencia la incoherencia de un conservadurismo que defiende la vida en el útero y acepta su deshumanización en la frontera.

Esta tensión no es nueva, pero se ha agudizado. Para Blandine Chelini-Pont, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marsella y experta en religión y política internacional, las declaraciones de León XIV se enmarcan dentro de la tradición vaticana de actuar según un sentido moral contra las guerras y los abusos del poder, y no como intervención política partidista. El problema es que en el mundo de Trump —y en el de sus epígonos europeos— esa distinción no existe: si la Iglesia critica sus políticas, la Iglesia es un actor político hostil.

Mientras buena parte de Europa endurece sus posiciones migratorias y la retórica de la deportación se normaliza en varios gobiernos del continente, España ha ido en la dirección contraria. El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que previsiblemente beneficiará a centenares de miles de personas, respaldada de forma explícita por la Conferencia Episcopal y por Cáritas, que la han presentado como una exigencia de justicia social. La derecha radical la ha denunciado como un riesgo para la seguridad y perjuicio para los nacionales, mientras los obispos insisten en que solo afecta a personas ya presentes en el país. A esa bandera Vox y el PP han sumado la apuesta por la segregación, a la que han bautizado con el eufemismo de “prioridad nacional”.

En España, la Conferencia Episcopal se ha convertido en un muro infranqueable para la derecha radical en la cuestión migratoria. Vox, que intenta presentarse como el partido “católico y patriótico” por excelencia, choca frontalmente con los obispos cuando estos defienden la acogida de migrantes. Esa paradoja —la derecha más identitaria enfrentada a la institución cuya identidad dice defender— es una de las grietas más reveladoras de la política española actual.

El politólogo de la Universidad Carlos III Pablo Simón ha apuntado un matiz que importa: los católicos tienden a votar conservador-tradicional, pero no necesariamente a la extrema derecha. En la práctica, eso significa que la Iglesia como institución no es movilizable sin más por la derecha radical, porque arrastra una tradición doctrinal que se resiste a quedar subsumida en la lógica de la guerra cultural. Y esa doctrina impulsada por el papa —que habla de la inmoralidad de la guerra y de la protección de los migrantes— tiene todo el potencial de llegar a los católicos prácticamente en cada celebración religiosa. 

En este contexto hay que leer la visita de León XIV a España, con paradas en Madrid, Barcelona y —aquí está la clave simbólica— las Islas Canarias, donde el pontífice tiene previsto reunirse con migrantes que han llegado en patera a través de la principal ruta de entrada al continente europeo desde África. El papa se sitúa en la frontera real, en el punto exacto donde la derecha radical construye su relato del miedo, y dice con el gesto que esa frontera es un lugar de humanidad, no de amenaza.

León XIV ya había advertido a los obispos españoles sobre la amenaza que representa la extrema derecha para los valores democráticos, en una señal de que el Vaticano sigue de cerca la reconfiguración de la política europea. Ha descartado además visitar Estados Unidos este año, una ausencia que se lee como un gesto de distancia deliberada hacia la administración Trump, y eligió en cambio África y España como destinos. El mensaje geopolítico es difícil de malinterpretar: el primer papa estadounidense de la historia se niega a ser el capellán del trumpismo.

Lo que este conflicto muestra es que la religión ya no funciona como elemento cohesionador de la derecha, sino como uno de sus principales ejes de fractura. Durante décadas, el conservadurismo occidental pudo presentar una coalición más o menos estable entre evangelicales, católicos y creyentes de distinto signo, unidos por la defensa de valores morales tradicionales frente al progresismo secular. Ese frente común se está resquebrajando.

La razón es que el trumpismo ha radicalizado las exigencias de esa coalición hasta un punto que la doctrina social católica no puede seguir. Aceptar que las deportaciones masivas son compatibles con el evangelio, que criminalizar al migrante es una política cristiana o que el presidente puede autorrepresentarse como Cristo sanador sin que eso merezca condena es demasiado para una institución que lleva siglos construyendo una teología que predica la dignidad humana.

Esta vez, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, la imagen de Trump como Cristo ha generado rechazo. Eso dice algo importante: los límites existen, aunque estén siendo empujados con una agresividad sin precedentes. La visita del Papa a Canarias, coincidiendo con la regularización de personas en España, no es solo un acto pastoral. Es una declaración de que hay una forma de entender la fe —más antigua, más institucional, más incómoda para el poder— que no se deja domesticar por ningún líder político, por muy poderoso que sea.

La imagen de Trump con los rayos en las manos duró 12 horas en internet. El debate sobre qué significa ser cristiano en la política del siglo XXI va a durar bastante más.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revelaba como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’ y cuyo directo puede verse de nuevo a través de YouTube y X (antes Twitter).

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permitió conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Hemos reflexionado también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversó con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes se encontraban Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

Los cambios de paradigma a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán son cada día más tangibles. Muchos Estados europeos, entre ellos España, se han lanzado a los despachos para crear y modificar nuevas relaciones comerciales internacionales que les permitan asegurarse su ración de hidrocarburos y minerales críticos.

África es el lugar elegido para desarrollar estos ejercicios extractivistas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba recientemente que el Gobierno ha multiplicado sus contactos bilaterales y consultas políticas con el continente vecino para así "consolidar una asociación duradera". 

A raíz de estos movimientos, el escritor y experto en relaciones internacionales Sani Ladan comenta con infoLibre que "el paradigma está cambiando, pero no necesariamente hacia algo más justo para África, si no hacia algo mucho más competitivo y mucho más violento".

Estos movimientos se enmarcan dentro de la Estrategia España-África 2025-2028, un plan de negocios bajo el que se han creado numerosos organismos, como la Comisión Interministerial para África (CIMA) o el Consejo Asesor España-África, entre otros. 

La Unión Europea tampoco se ha quedado atrás. Su programa Global Gateway , al cual se destinan más de 300.000 millones de euros, está desarrollando, entre sus proyectos, corredores estratégicos, una red de transporte de materias primas que conecta entre sí a diferentes países a lo largo del continente africano y, por supuesto, con Europa.

"Lo que estamos viendo no es el fin del extractivismo, sino una forma actualizada de esos nuevos imperialismos", afirma Ladan. "Muchas veces se habla de una cooperación, de que vamos a ayudar, pero es importante que la sociedad entienda que los Estados no tienen amigos, tienen intereses".

Tras la colonización de muchos países africanos por Estados europeos, sus economías y estructuras de poder quedaron profundamente desestabilizadas. Las independencias, ocurridas en su mayoría a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fueron duramente castigadas por los países colonizadores, que compraron a sus élites para así perpetuar estos roles de poder.

El doctor en Ciencias Históricas, Dagauh Komenan, también ha hablado con infoLibre sobre este asunto: "Existen mecanismos internacionales que obligan a estos países a seguir manteniendo una relación con la metrópolis", asegura el experto. "En muchos casos, cada vez que un país africano ha intentado diversificar de verdad sus socios comerciales se han producido conflictos, golpes de Estado y disturbios a nivel interno".

Un ejemplo explícito de este intervencionismo militar es el de Francia. El país europeo ha realizado más de 50 intervenciones directas dentro del continente africano para apoyar rebeliones armadas y fomentar cambios de gobierno en distintos países, como en Senegal, Chad o Gabón. "Los medios occidentales intentan mostrar a los dirigentes que miran por el beneficio de la población como los peores que existen. Es una lucha para ver quién controla la narrativa en ese sentido", añade Ladan.

Los intereses de España se concentran en la búsqueda de energía y en el control de la "inseguridad", es decir, del flujo migratorio.

Atendiendo esta primera parte, y en la carrera por conseguir suministros tras el cierre del Estrecho de Ormuz, Albares retomaba la relación diplomática con Argelia, el mayor proveedor de gas del país, en una visita oficial a finales de marzo. 

La compraventa energética entre ambos Estados se había suspendido en 2022 tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que impedía una libre autodeterminación del territorio. El ministro asegura que el asunto ha sido mencionado un par de veces en las conversaciones, pero "sin profundizar", lo que reafirma su posición junto a su también socio estratégico: Marruecos.

Rabat es, junto a otros países africanos, colaborador en materia de este "control migratorio", y a tal efecto se le entregan materiales antidisturbios. Algo que también sucede con Mauritania, un país donde el Gobierno abrió dos cárceles para migrantes que incluyen la detención de bebés en edad lactante, algo que la legislación española imposibilita. Según la Fundación porCausa, en una investigación que publicó en 2025, estas instalaciones fueron desarrolladas por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una organización autodenominada como "de cooperación" y dependiente del Gobierno.

Ladan contrapone estas medidas con el reciente anuncio de una regularización de más de medio millón de personas migrantes, y asegura que ese proceso "no es mérito del Gobierno, sino de la sociedad civil y de los colectivos de migrantes que han estado durante mucho tiempo luchando". El experto en geopolítica asegura que el del PSOE "es el mismo Gobierno de la masacre de Melilla y es el mismo que mantiene a un ministro como Marlaska en el Ministerio del Interior".

Las políticas imperialistas y los negocios energéticos en África han convertido al continente en una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. Mientras en Europa y España se promueve la transición ecológica, los materiales necesarios para sostenerla se extraen sin respetar el medio ni los derechos de quienes los obtienen. 

"Europa reduce su huella de carbono interna mientras externaliza parte del impacto ambiental a otros territorios", reflexiona Ladan. "Aquí te dicen que necesitan un coche eléctrico para proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo un niño de nueve años tiene que trabajar en una mina de litio en el Congo para que tú puedas tener el coche eléctrico con baterías de litio".

La extracción de estos minerales críticos implica un impacto directo en el continente a través de la contaminación del agua y, por consiguiente, de la degradación de sus suelos, lo que genera que las poblaciones locales se vean forzadas a desplazarse. Esta problemática alrededor de la minería también puede alimentar conflictos preexistentes, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Ruanda.

Como respuesta a las consecuencias del cambio climático, Occidente ofrece a África una serie de préstamos para mitigar estos efectos: "Se debería plantear como una reparación a estos países, pero en lugar de eso es un préstamo que tienen que devolver con intereses", asegura Komenan.

La trampa del mal menor en política no está en elegir entre opciones imperfectas, sino en lo que ocurre después de elegir: el riesgo de convertir la derrota de la gesticulación autoritaria en la normalización ideológica del extremismo y tratar el alivio como si fuera un logro. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones húngaras de este domingo es el ejemplo más reciente y más nítido de ese mecanismo.

Las capitales europeas han celebrado el resultado como un retorno de Hungría a la “senda europea”. Lo que no han explicado es qué significa exactamente esa senda cuando el nuevo primer ministro mantiene la valla fronteriza de Orbán, rechaza el Pacto de Migración de la UE, no se ha comprometido a derogar las leyes que estigmatizan a la comunidad LGTBI y ha evitado cuidadosamente cualquier posición que incomode a su base electoral conservadora. Bruselas respira aliviada. La pregunta es si tiene razones para tanto alivio, o si simplemente ha decidido que ya no las necesita.

Magyar no llegó desde fuera a desafiar el régimen de Orbán. Fue miembro de Fidesz durante más de dos décadas y formó parte de su entorno de gobierno antes de romper con él. El politólogo Cas Mudde, una de las referencias más sólidas en el estudio del populismo europeo, lo ha formulado sin eufemismos: “Pasó años trabajando para el régimen de Orbán y está claramente alineado ideológicamente con su antiguo partido”.

Pero es “uno de los nuestros”, desde el punto de vista del PP Europeo, al que pertenece desde 2024. Lo que ya es un primer indicador de hasta qué punto la derecha tradicional, incluido el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha ido escorando hacia posiciones cada vez más extremistas.

Esa alineación tiene consecuencias programáticas concretas. En migración, Magyar ha sido explícito: mantendrá la valla fronteriza con amenazadoras cuchillas que Orbán levantó en la frontera con Serbia y una parte de Croacia, rechazará las cuotas obligatorias de reubicación de refugiados y se opondrá al Pacto de Migración y Asilo de la UE. Sus eurodiputados son del PPE, pero han votado en el Parlamento Europeo alineados con Fidesz en resoluciones sobre seguridad fronteriza.

La posición de Magyar sobre la mano de obra extranjera implica, además, una paradoja que dice mucho sobre la naturaleza de su conservadurismo. Orbán, pese a su retórica antiinmigración, permitió la entrada de decenas de miles de trabajadores asiáticos —filipinos, vietnamitas, indonesios— para cubrir las líneas de producción de las fábricas de baterías chinas instaladas en el país, con cuotas que rozaban los 35.000 trabajadores para 2026, los llamados “trabajadores invitados”.

Magyar ha calificado ese sistema de “traición” a los trabajadores húngaros y promete desmantelarlo: auditoría de los permisos vigentes, reducción drástica de las cuotas de contratación extranjera y fomento del retorno de los cerca de un millón de húngaros emigrados a Alemania, Austria o el Reino Unido mediante incentivos salariales.

No se trata, en su planteamiento, de una política de acogida más humana, sino de la versión economicista del mismo nativismo: primero los nuestros. La xenofobia de Orbán era identitaria y performativa; la de Magyar es laboral y tecnocrática. Salvo sorpresa, el resultado para los trabajadores extranjeros afectados será prácticamente el mismo.

En derechos LGTBI, su posición ha sido de neutralidad estratégica en un asunto que no admite equidistancias: no participó en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025, no ha incluido en su programa la derogación de la ley de “protección infantil” de 2021 que prohíbe la representación de la homosexualidad ante menores, y no ha dado garantías sobre la retirada de cargos criminales contra activistas procesados por organizar marchas.

Donde Magyar difiere de Orbán es en las formas institucionales: promete desbloquear los 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados, restaurar la independencia judicial, sumarse a la Fiscalía Europea y comprometer a Hungría con la eurozona en 2030. Son reformas sustanciales en términos procedimentales. Pero el procedimiento, por sí solo, no es un programa de derechos.

El problema no es elegir a Magyar sobre Orbán —dadas las circunstancias, esa elección, para muchos, tiene sentido—. El problema es la narrativa que acompaña esa elección: la que convierte un cambio de gestión en una victoria de valores, la que celebra el retorno al marco institucional como si fuera equivalente al retorno a los principios.

Cuando una sociedad acepta durante años que el debate se desplace hacia la derecha, el punto de referencia de lo razonable se desplaza con él. Lo que antes era la posición extrema se convierte en el nuevo centro, y lo que antes era el centro desaparece del mapa. Los politólogos llaman a esto el efecto ventana de Overton: el rango de ideas consideradas aceptables se mueve y lo hace sin que nadie firme ningún acuerdo. Basta con que las instituciones traten ciertas posiciones como normales para que lo sean.

Para muchos analistas, la celebración acrítica de Magyar es un acto de esa naturaleza: al presentarlo como la solución, Europa está ratificando que su programa —xenofobia gestionada, ambigüedad sobre los derechos LGTBI— y el contexto en el que lo desarrollará —un parlamento sin izquierda— son el nuevo estándar de lo aceptable.

Frente a las celebraciones de gran parte de la Europa progresista, algunos de cuyos dirigentes han hablado de “esperanza”, de “vibrante y sólida democracia”, e incluso de “punto de inflexión” para Europa, Manon Aubry, copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, alzó una voz mucho más crítica que es toda una advertencia: “Péter Magyar no es una ruptura clara con la era Orbán. Liderará una política firmemente anclada en la derecha”.

La UE ha construido en los últimos años una doctrina implícita: si un gobierno es proeuropeo y antiputinista, el resto es negociable. Ese credo tiene una lógica geopolítica comprensible en el contexto de la guerra en Ucrania y de la erosión del proyecto comunitario desde dentro. Pero tiene un coste ético que raramente se contabiliza.

Al priorizar la estabilidad institucional sobre el progreso en derechos, Europa está diciendo a sus minorías —a los solicitantes de asilo que seguirán encontrando la valla, a la comunidad LGTBI húngara que seguirá viviendo bajo leyes discriminatorias— que su situación es un asunto de segunda categoría. Que lo que importa es el voto en el Consejo Europeo y el desbloqueo de fondos, no la arquitectura legal que regula sus vidas.

El contexto parlamentario completa un cuadro mucho más sombrío de lo que la mera caída de Orbán sugiere. Por primera vez desde el fin del régimen totalitario, en 1989, la Asamblea Nacional húngara no tendrá ningún partido de izquierda. Tisza, Fidesz y Mi Hazánk —centroderecha, derecha nacionalista y extrema derecha— ocuparán todos los escaños. 

Es como si en el Congreso solo tuviesen asiento Ayuso, Abascal y Falange. La Coalición Democrática (centro izquierda) no superó el umbral del 5%. El Partido Socialista Húngaro (MSZP), los partidos verdes y los centristas de Momentum, con escasas expectativas en solitario, renunciaron a presentar candidatos para facilitar la victoria del partido de la oposición mejor situado.

Tisza cuenta con una supermayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución. Sin una oposición parlamentaria progresista, esa capacidad de reforma se ejercerá en un espacio ideológico que va del conservadurismo moderado al ultranacionalismo.

Para los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, eso significa operar sin representación institucional, dependiendo exclusivamente de la presión desde fuera del sistema. Es, en términos prácticos, la institucionalización del orbánismo bajo una dirección más presentable.

La derrota electoral de Orbán es real y todo hace pensar que tendrá consecuencias reales. El fin de la captura sistemática de instituciones, de la presión sobre la prensa independiente, del bloqueo a los fondos europeos como herramienta de chantaje político: todo eso importa.

Pero confundir el fin del síntoma con el fin de la enfermedad, advierten cada vez más analistas, es un error que la izquierda europea lleva cometiendo con demasiada frecuencia. La enfermedad es la normalización de un programa político que excluye a las minorías, cierra las fronteras a quienes huyen de la guerra o la pobreza y trata los derechos civiles como moneda de cambio electoral. Esa enfermedad no desaparece porque su portador aprenda a hablar en los foros de Bruselas con buenos modales.

Human Rights Watch ya ha señalado que la prueba real para el gobierno de Magyar será concreta y medible: si retira los cargos criminales contra activistas LGTBI, si reforma los criterios que permiten prohibir eventos del colectivo bajo estándares vagos de “daño a menores” o si da señales de que la arquitectura legal discriminatoria heredada de Orbán tiene fecha de caducidad. Hasta ahora, Magyar no ha dado esas señales.

Lo que queda, si se confirman los peores temores, no es una primavera democrática. Es algo más parecido a un invierno social: el fin de los ataques más estridentes del Estado, sin la voluntad política —al menos de momento— de desmantelar las estructuras que los hacían posibles. Una transición gestionada en términos conservadores, paradójicamente celebrada en términos progresistas. Y en ese desajuste entre lo que se celebra y lo que ha ocurrido realmente reside, para muchos observadores europeos, el problema más duradero de todos: el de una izquierda que lleva tanto tiempo gestionando derrotas que ha olvidado cómo se distinguen de las victorias.

“Cuando la Guardia Nacional llegó a la ciudad, pensé: ‘¿qué puedo hacer yo para protestar?' Fue justo después de que comenzasen a venir, y al mismo tiempo empezaron las redadas del ICE [los agentes del servicio de Inmigración de EEUU, por sus siglas en inglés]. No soy el tipo de persona que puede estar todo el día por ahí protestando… Así que me dije: ‘um, tenemos esta impresora 3D, ¿por qué no usarla para hacer el bien?’ Imprimí unos silbatos para ver qué tal iba… y a la gente pareció gustarle mucho. De repente, he impreso y distribuido cerca de 2.500 silbatos”.

Como muchos ciudadanos estadounidenses, las políticas del presidente Donald Trump llevaron a Jon a decidir que tenía que hacer algo para manifestar su oposición y a la vez ayudar a los que más lo podían necesitar. Por eso, este joven que nació y vive en Washington, la capital, y que prefiere que no demos a conocer su nombre completo, decidió utilizar su impresora para fabricar silbatos con los que los vecinos pudiesen alertar de la presencia de los agentes migratorios o de la Guardia Nacional, que desde agosto patrullan la ciudad. Después, colocó un bol con un buen puñado de ellos en una biblioteca pública, les hizo una foto y contó su iniciativa en Reddit.

"Con la reciente ocupación del Distrito de Columbia, quizá es el momento de protegerte a ti mismo y a los demás, o simplemente dar una señal de alerta con este silbato pequeño pero ENSORDECEDOR. ¡Hagamos ruido! Acabo de dejar cien silbatos en la biblioteca Martin Luther King. Por favor, coged uno”, escribió en el foro de la plataforma dedicado a Washington. “Y si tienes una impresora 3D, te animo a que imprimas copias para tus amigos o para reponer los de la biblioteca", añadió.

Hoy la publicación tiene mil "me gusta" y las respuestas están llenas de personas que proponen lugares donde se pueden usar impresoras 3D para fabricar más silbatos, que anuncian que ellos y sus amigos van a hacer lo mismo o que simplemente aplauden el gesto y proponen donar fondos a Jon para que pueda seguir imprimiendo silbatos. Quizás gracias a esa motivación, ha estado semanas llenando el bol de la biblioteca con 150 silbatos nuevos cada día. "Y seguiré así hasta que este sinsentido acabe. Y recordad, ¡si veis algo, haced ruido o llamad al número que aparece en la parte de atrás!", publicó recientemente de nuevo en la red.

Jon sentía que mucha gente no sabe cómo protestar, afirma en conversación con infoLibre, pero no pensaba que su iniciativa fuese a animar a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, lo cierto es que desde el desembarco de los agentes de inmigración en Mineápolis, y especialmente desde que Renee Good y Alex Pretti muriesen acribillados por los tiros de esa misma policía, se han multiplicado las iniciativas individuales y colectivas para dificultar su tarea, expresar rechazo y proteger a quienes son su objetivo. 

Sobre todo, gracias al papel de las redes sociales, que están permitiendo dar a conocer nuevas ideas a un público muy amplio y poner en contacto a organizadores con interesados en movilizarse. Como le pasa al washingtoniano, muchos piensan que actuar ahora es lo correcto, y ya son decenas las cuentas las que están aportando al movimiento. Entre las más repetidas están esas que, ciudad a ciudad, avisan de dónde se ha visto a agentes de inmigración y que muchos migrantes sin papeles consultan antes de salir de casa, ya como hábito diario.

Una búsqueda rápida en Instagram permite encontrar multitud de iniciativas individuales. Las hay de todos los tipos, desde quienes prefieren protestar discreta pero constantemente a quienes optan por ponerse en el camino de los agentes del ICE para que pierdan el tiempo con ellos, que son ciudadanos estadounidenses, en lugar de dedicarlo a arrestar inmigrantes. 

“Es momento de crearle problemas al ICE”, dice una mujer que se define como amante de los animales y del medio ambiente en un vídeo en Instagram mientras se la ve sacando unos imanes con la bandera de México de una bolsa y colocándolos en la parte de detrás de su coche. “Recordemos que incluso si solo dedican un minuto a buscar información sobre mí, será un minuto en el que no estarán persiguiendo a nuestros vecinos”, explica en la publicación.

“El patrón para tejer este cartel que pone ‘Que le jodan al ICE’ ya está gratis en mi blog y también se puede comprar. Todos los fondos irán al Fondo de Respuesta Rápida y al Centro de Derecho para Inmigrantes de Minesota, pero os animo a donar directamente y a encontrar otras maneras de ayudar. Puedes buscar grupos en tu zona o programar una donación periódica, si puedes. Hay que abolir el ICE”, dice también en Instagram la artista de crochet Divine Debris.

En Washington, es normal encontrar en tiendas pequeñas tarjetas de papel o panfletos que explican qué hacer en caso de que los agentes de ICE se presenten en casa. “Usted tiene derechos constitucionales: no abra la puerta si un agente de inmigración está tocando, no conteste ninguna pregunta, usted tiene derecho a guardar silencio; no firme nada sin haber hablado con un abogado”, reza una encontrada en una librería de la ciudad, que no incluye información sobre su autor o autores.

Las redes sociales también están sirviendo para informarse sobre dónde y cuándo van a tener lugar protestas, y para darles difusión una vez celebradas. En todas ellas hay decenas de vídeos de manifestantes sentados en el suelo de tiendas Target, nuevo foco de los activistas contra el ICE, llevando pancartas y cantando eslóganes juntos. En algunas de esas publicaciones aparecen frases como “Así se ve la resistencia cuando el miedo desaparece” o “Esto es una advertencia: cuando te pones del lado del autoritarismo, la gente dará un paso adelante para hacerte daño donde duela”.

Target lleva un año enfrentándose al boicot de muchos de sus clientes porque, pese a ser una marca que presumía de valores progresistas, cuando Trump llegó al poder decidió acabar con todas sus políticas de igualdad y equidad y con su programa de impulso a los emprendedores afroamericanos. Pero desde que los agentes del ICE detuviesen a dos empleados de los grandes almacenes dentro de una tienda de Minesota, de donde es originaria la compañía, los activistas han redoblado sus protestas, exigiendo a Target que se posicione contra las políticas de inmigración de Trump.

Los activistas también se están organizando para dar conciertos nocturnos a las puertas de los hoteles donde duermen los agentes. En los vídeos se ven auténticas bandas de rock con guitarras, bajos y baterías que desafían los 30 y 40 bajo cero de Minneapolis y Saint Paul (Minnesota) para no dejarlos descansar. “Anoche fuimos a tres hoteles diferentes para exigirles responsabilidades por su colaboración con el ICE. Estas iniciativas están funcionando, y no vamos a parar. Los hoteles están cerrando temporalmente para echar al ICE. Les están denegando reservas. Sin nuestro permiso, estos agentes no pueden aterrorizar a nuestras comunidades. Únete a nuestra resistencia y no cooperación, ¡ganaremos!”, han escrito esta semana los grupos Sunrise Twin Cities y Climate Defiance, originalmente activistas climáticos de Minnesota. 

En esa misma línea, el movimiento 50501, que surgió para protestar contra las políticas de Trump en todos los estados de EEUU —los 49, más el Distrito de Columbia, donde está la capital— está promoviendo acciones similares contra los agentes del ICE, pidiendo a sus seguidores que no les sirvan comida ni bebida, que no les den alojamiento, y que boicoteen a las marcas que sí lo hacen, facilitando además guías y otros recursos online para quien desee seguir sus consejos.

“¡No sirvas al ICE! ¡Y tampoco dejes que les sirvan! Si ves al ICE en un negocio o establecimiento, vete y di a los dueños por qué te vas. Si eres propietario de un negocio, no sirvas al ICE ni a otros agentes que apoyen las operaciones del ICE. Ni comer, ni repostar gasolina, ni hoteles, ni servicios. Haz esto en cualquier parte en la que veas agentes, publícalo en redes y comparte historias de tus acciones con el hashtag #DontServeICE (“no sirvas al ICE”). Esto hará la vida inaccesible para los agentes. Si quieren participar en la sociedad, deben parar con su comportamiento criminal”, recalca la publicación del movimiento 50501.

A Jon, el fabricante de silbatos, le anima que las personas estén respondiendo con activismo a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero teme por lo que venga después. “El tema del ICE es terrible, la falta de transparencia, la brutalidad con la que se está haciendo, la crueldad… recuerda a los años 30 en Alemania. Y no hay escapatoria. Es horrible de ver, de leer... odio decir que no me sorprende que estén matando a gente en Mineápolis, estos no son agentes entrenados, no saben lo que están haciendo. Algunos son insurreccionistas del 6 de enero [de 2021, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio de Washington] que ahora tienen un trabajo, y están más interesados en sí mismos que en el propósito real”, lamenta. 

“La historia se repite, sobre todo cuando la gente no recuerda su historia, y eso es exactamente lo que está sucediendo”.

Casi el 20% de las publicaciones en X contienen algún tipo de desinformación y la inmigración es la temática más afectada por la manipulación de información, ya que la mitad de los mensajes que se escriben sobre migrantes son desinformadores, según informa EFE. 

Estos son dos de los principales hallazgos del estudio Entre el ruido y los datos, presentado este jueves por Fad Juventud en Madrid con motivo del Día de la Internet Segura y cuyo objetivo es analizar la desinformación en la red social X (antes Twitter) a partir de una muestra representativa de publicaciones de entre abril y junio de 2024. 

El investigador responsable de la investigación, Xavier Moraño, ha explicado que de cada 1.000 publicaciones lanzadas en X, alrededor de 200 contienen desinformación (un 18,5%), principalmente en forma de engaño (el 60%), pero también de descontextualización y otro tipo de desinformación que puede llevar a error, como la exageración o la broma. La temática en la que se registra mayor desinformación es la inmigración: de cada dos publicaciones, uno la contiene, "un 50% es un porcentaje muy preocupante". 

"Se genera rechazo o alarma social generalizando hechos aislados, tergiversando estadísticas, vinculando sin pruebas a inmigrantes con delitos y fomentando temores sobre una amenaza cultural. Usa datos desactualizados o inventados para reforzar prejuicios", precisa el estudio. También la justicia, la religión, los conflictos bélicos, la política, los medios de comunicación, la sanidad y el género son ámbitos afectados por la desinformación. 

Según el estudio, tres de cada cuatro menciones desinformadoras tienen un tono negativo destinado a generar desconfianza o rechazo hacia personas, colectivos e instituciones. Pretenden dañar o insultar. Esas publicaciones atacan más a políticos, periodistas y jueces. El responsable de la investigación ha señalado que esa desinformación hace desconfiar de estas figuras y debilita la credibilidad de las instituciones, "lo que pone en entredicho la propia democracia". 

Al analizar la orientación política de esta desinformación, el estudio ha detectado que el 45% de las menciones desinformadoras están alineadas con la extrema derecha. "Son perfiles críticos hacia la inmigración y el multiculturalismo, con exaltación nacionalista y religiosa, rechazo a políticas progresistas y defensa del revisionismo histórico conservador". 

Además, un 11% presenta una orientación de extrema izquierda; un 20%, de izquierda; un 14% carece de orientación política; y un 8% se vincula a la derecha. 

Los perfiles que aparecen como los principales altavoces de la desinformación son los creadores de contenido, que utilizan la polarización y la confrontación como estrategias habituales y llegan a ser superdesinformadores. De hecho, los cien mayores altavoces de la desinformación son capaces de movilizar 11 millones de publicaciones en un solo mes. 

Desde Fad Juventud consideran que estos "resultados permiten dimensionar el fenómeno y evidencian que el ruido no es marginal, sino una presencia constante integrada en el debate cotidiano en redes sociales".  

En el marco de la jornada De la incertidumbre a la confianza, educar en entornos digitales, celebrada con motivo del Día de la Internet Segura, Fad Juventud ha querido abordar los retos de la seguidad digital en la infancia, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado que se va a limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. 

La directora general Fad Juventud, Beatriz Martín, ha subrayado la necesidad de crear un entorno de convivencia en la red "más saludable, más ética, mejor" y ha explicado que para ello es necesario pedir responsabilidades y avances a la industria, pero también avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital, la alfabetización digital y mediática y combatir la desinformación. 

Martín considera útil asimismo que la UE armonice un mecanismo de verificación de edad común para los distintos países y ha precisado que la desinformación no sólo afecta a la forma de pensar, sino de actuar, y a la seguridad ciudadana, la polarización, la radicalización y los discursos de odio.  

El director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Julio Albalad, ha destacado que el uso que los menores dan a las tecnologías puede ser dañino e incorrecto, si bien ha defendido que la escuela puede ser un lugar para mejorar las competencias digitales y que pueden acceder a una relación sana con las tecnologías.

"Wow". Así respondía Elon Musk hace unos días ante una de las últimas medidas del Gobierno: la regularización de casi medio millón de inmigrantes en España que están ahora mismo en situación administrativa irregular. Ahora, la política española ha vuelto a llamar su atención. ¿Su objetivo esta vez? Irene Montero.

En un mitin del viernes pasado en Zaragoza en plena campaña electoral por las elecciones aragonesas que se celebrarán el próximo domingo, la eurodiputada de Podemos se refirió a la regularización. “Ojalá la teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora”, expresó Montero, que también anunció que el partido trabajará para que estas personas puedan nacionalizarse y participar en los procesos electorales.

Ante su intervención, la derecha internacional ha sido rápida. De hecho, el mensaje al que contestó Musk no fue el vídeo directo de Irene Montero sino otro comentario de la ultraderechista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, conocida por su discurso antiinmigración y en contra del feminismo. La abogada apuntaba: "Esta mujer, que aboga por el reemplazo de la gente blanca, está casada con un hombre blanco y tiene tres hijos blancos. Este nivel de traición, no solo a su propia gente, sino también a sus propios hijos, solo puede calificarse de patología extrema o maldad pura, o ambas".

Con su respuesta a la ultraderechista, Musk no se quedaba corto. El hombre más rico del mundo acusó a Montero de promover un "genocidio" y aseguró que era "absolutamente despreciable". Montero contestó rápidamente. "Por supuesto, la gente decente —que constituye la mayoría de la humanidad— debe reemplazarlos. Urgentemente. Para que dejen de violar, bombardear, secuestrar niños y matar". Con este mensaje, la candidata de Podemos a la presidencia hace referencia al último escándalo de Musk.

En la última tanda de archivos relacionados con el caso Epstein, el nombre del magnate figura entre los documentos. Musk intercambió mensajes con el pedófilo entre 2012 y 2014 en los que intentaban cuadrar agendas para poder verse en Florida o en el Caribe. "Si encuentras el tiempo, visítame en mi isla", escribió Epstein en 2012.

Hace unos días, Musk también se pronunció por las políticas de inmigración del Gobierno de España. En su red social, respondió a un mensaje que decía: "Al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral". El mensaje continuaba: "La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente importar un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda". La respuesta del magante fue sencilla: "Wow".

La del presidente del Gobierno no fue tan escueta. Ante los mensajes de Musk, Pedro Sánchez se defendió haciendo referencia al rol de Musk como dueño de Tesla, y su obsesión por ir al espacio. "Marte puede esperar. La humanidad no".

La lógica de Musk es la misma que ha seguido la derecha española. Alberto Núñez Feijóo promovió en un primer momento la idea de que la medida buscaba el rédito electoral asegurando que con la regularización el PSOE quería obtener más votos. "No tiene derecho [el Gobierno] a incrementar el censo con la ley de nietos y con la regularización de la inmigración de más de 800.000 personas", aseguró el líder del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue un paso más allá y manifestó que lo que pretendía el Gobierno era "alterar el censo electoral".

Nada más lejos de la realidad. La regularización solo concede el permiso de residencia a los beneficiarios para poder trabajar de forma legal. La única forma de poder votar pasa por pedir la nacionalidad española, un proceso que puede tardar entre dos y diez años, si es que se aprueba. Los populares finalmente admitieron que su afirmación era falsa, aunque solo se retractaron en los tiempos, asegurando que el censo no se alteraría "a corto plazo", según contó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, durante una entrevista en RNE.

La Comisión Europea (CE) presentó este jueves dos nuevas estrategias en materia migratoria, una sobre visados y un plan quinquenal para acotar los ingresos "irregulares", que en la práctica afianzan el endurecimiento de la política sobre inmigración de la Unión Europea.

Con estos planes la Comisión busca reducir la migración "ilegal", según el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, así como luchar contra las redes de tráfico de personas e impulsar la atracción de talento a la Unión Europea para aumentar la competitividad económica de los Veintisiete, según el político.

La Estrategia de la UE en materia de visados hace más estricta su concesión y promueve la deportación de personas a terceros países, con los que los migrantes pueden no tener ningún tipo de relación. Además, plantea la suspensión, denegación o restricción a Estados que lleven a cabo "acciones hostiles" que socaven la seguridad del bloque comunitario.

A su vez, plantea un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes, que la UE tiene con países como Argentina, Brasil, Japón o Estados Unidos, "con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado".

En la misma línea se sitúa la Estrategia Europea de Asilo y Migración, es decir, los objetivos políticos de la Unión en esta materia para los próximos cinco años y que se basan en el uso de "una diplomacia migratoria firme" para afrontar estos desafíos.

Este endurecimiento choca sobre el papel con la reciente decisión del Gobierno de España de regularizar a 500.000 migrantes irregulares residentes en España, aunque la Comisión se esforzó este jueves en matizar que se trata de "un tema distinto" al presentado. "Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" de esa migración y "ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España", dijo Brunner en rueda de prensa.

Ambos planes tienen como punto en común la intención de Bruselas de atraer todo el talento posible desde terceros países debido a "las carencias de competencia y la escasez de mano de obra que se acentuarán en muchos sectores claves" que la UE presentará durante los próximos cinco años. Para ello, la CE propuso simplificar y acelerar las normas y el proceso a la hora del reconocimiento y validación de cualificaciones y competencias, el aprovechamiento de la digitalización y la inteligencia artificial en la migración y la lucha contra el empleo ilegal y la explotación de trabajadores migrantes.

Ahora, los países de la UE, representados en el Consejo de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo deberán avalar estos planes que pretenden adaptar a los Veintisiete a los retos migratorios del próximo lustro.

La regularización de migrantes es la mejor noticia política del año. En ocasiones nos traiciona el lenguaje porque no es “masiva”, es una regularización administrativa extraordinaria. Una modificación del Reglamento de Extranjería que permite ajustar la realidad vital de miles de personas a la realidad burocrática. Ya viven en España, trabajan, llevan a sus hijos al colegio, algunos desde hace años. Es tan fácil como dar derechos a quien ya tiene obligaciones. A quienes son uno más en el sistema, pero sin las prestaciones sanitarias, sociales, de justicia que merecen. El encaje legal rellena un desajuste que a falta de mecanismos legales más ágiles acaba generando una bolsa de más de medio millón de personas fuera de los márgenes a los que ya pertenecen. 

La desigualdad no nos es ajena. Cuando existe una bolsa de personas desprotegidas, debilita a todos los demás. Son más explotables y permite una degradación del entorno laboral, una correlación de fuerzas desequilibrada que es incompatible con nuestro Estado de Derecho. Y luego están los bulos de la derecha. No es una “compra de votos”, no pueden votar. Ni es una fábrica de españoles”. Ojalá. Para nacionalizarse, aun viviendo y trabajando en España, hacen falta diez años de residencia en el país y muchas veces se supera con creces ese plazo. Tampoco es un “efecto llamada”. Nadie que venga a partir de este mes de enero podrá acogerse. 

Que el PP se desmarque ahora de esta regularización solo responde a Vox. En todas las que se han hecho en democracia ha estado a favor. Con Felipe González, José María Aznar hizo lo propio y José Luis Rodríguez Zapatero. Solo se la saltó Mariano Rajoy, que habría recibido la misma presión de organizaciones religiosas, Cáritas y la propia Conferencia Episcopal de haber terminado la legislatura. En esa batalla, solo gana el más fuerte. Feijóo no puede engañar a Abascal. Ni siquiera con las embestidas de Ayuso y las Nuevas Generaciones. Ni la izquierda ni la derecha pueden escapar del debate migratorio que atraviesa Europa. Pero la respuesta que tiene que dar el PP es si su alternativa es la deportación de quienes ya viven en España o cómo pretende abordar un proceso que por necesidad tiene que ser “masivo” porque afecta a medio millón de personas. 

Sabemos que la extrema derecha –la propia y la tendencia global– va a por todos los colectivos vulnerables. Quien piense que no forma parte de ellos sólo tiene que esperar. El primer frente son los sin papeles. Y por extensión, como está demostrando Donald Trump, todo el que parezca de fuera o haya venido antes y ahora se juegue ser expulsado. Después van las feministas liberales, cualquier demócrata que no siga el juego, y así hasta una larga lista de objetivos y derechos. La regularización es una mejora concreta y también una declaración de intenciones que contrapone modelos de sociedad. O queremos ir a por los débiles y dividirnos o garantizar derechos y proteger a todos los integrantes de la sociedad. 

Se trata de elegir entre quienes están enviando paramilitares a aniquilar inmigrantes y asesinar a quienes protestan, y quienes no lo hacen. Elegir entre permitir la militarización de los barrios o construir una sociedad más justa con las reglas del estado de bienestar. Una pelea que va de Minesota y Lavapiés hasta Davos. La extrema derecha y los movimientos ultras están demostrando que pretenden llegar todo lo lejos posible. Mientras no encuentren resistencia, seguirán avanzando. Una regularización de quienes ya están aquí es una medida pública concreta, un punto extra que funciona como dique y mensaje a esta corriente. Metidos en la refriega nacional, al levantar la cabeza tenemos que elegir entre una sociedad multirracial o con visión autoritaria del pasado. La nostalgia de algo que nunca fue. Como escribió John Donne, No man is an island. Y una sociedad sin migrantes es una sociedad muerta.