El 29 de noviembre de 2010, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. Ante los máximos responsables de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y Caixa Galicia, Mauro Varela, Feijóo celebró como un “hecho histórico” una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

También atribuyó la “fortaleza de la fusión” a su “demostrada solvencia”. Y glosó la “gestión profesional e independiente” que quedaba en manos de Gayoso, Varela y sus directores generales, José Luis Pego y Javier García de Paredes, también presentes en el acto celebrado en Santiago de Compostela.

Sin embargo, no había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros, según los últimos cálculos publicados por el Banco de España. De esa cantidad, el supervisor da por perdidos 9.178 millones: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros.

Además, apenas unos meses más tarde –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcelcada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre.

En resumen, año y medio después de ese acto en Santiago, Galicia se quedaba sin cajas de ahorros, ya que Novacaixagalicia se convirtió en banco en octubre de 2011. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad autónoma tampoco tiene ya bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de éste, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja hace menos de dos meses la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no sólo se han perdido 9.178 millones de euros de dinero público, sino que, además, la fusión de las dos grandes cajas se saldó con cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones –la mitad de la plantilla–, y en el cierre de 300 sucursales.

Fernández Ordóñez, en contra

El fiasco de las cajas gallegas está bajo investigación en dos comisiones parlamentarias, una en la Cámara gallega y otra en el Congreso de los Diputados, que indaga en la crisis financiera española al completo. En esta última compareció el pasado noviembre el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. No quiso acudir en persona al Parlamento de Galicia cuando se le convocó, en julio de 2013, pero presentó una declaración por escrito. En ambos foros explicó que la fusión de Caixanova y Caixagalicia provocaba un problema de falta de competencia y, sobre todo, que existían otras alternativas “más sólidas”.

“Tuve ocasión de plantearle estos problemas de competencia al presidente de la Xunta en una entrevista en la que traté de convencerle –y es obvio que no pude– de que permitiera buscar soluciones más sólidas y mejores desde todos los puntos de vista económicos, incluido éste”, contestó al Parlamento gallego. Ambas cajas sumaban el 50% de la cuota de mercado en Galicia, un hecho que no había ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma, precisaba Fernández Ordóñez.

Cuatro años después, lo reiteró en el Congreso. La fusión de las cajas gallegas fue “un ejemplo típico” de regulación con los “incentivos mal alineados”. De hecho, fueron las únicas entidades que tuvieron ese problema. “El incentivo”, subrayó, “estaba mal diseñado porque se dejaba al presidente de la comunidad autónoma –y no sólo el señor Feijóo, en el Parlamento gallego había una idea muy grande de galleguidad– que vetara las fusiones”. La operación, explicaba Fernández Ordóñez a los diputados, ha costado “mucho dinero, 9.000 millones”, pero “Galicia no los ha pagado, los paga el Estado, y ése es un ejemplo de libro de incentivo mal alineado”.

La tesis del Banco de España siempre ha sido que la Xunta “lideró” tanto el proyecto de integración de las dos cajas como “las propias negociaciones entre los dos órganos de administración”. Lo repitió el exsubgobernador y expresidente del FROB Javier Aríztegui Yáñez en la misma comisión cuando dejó claro que el Banco de España prefería “otra opción” pero fue imposible “porque las autoridades de Galicia formaron otro criterio e impulsaron otro proyecto”.

Esa alternativa a la fusión de las dos cajas era la integración con una entidad de otra comunidad autónoma. Fernández Ordóñez reveló ante el Parlamento gallego que en 2009 Caixanova y Caixagalicia “estuvieron trabajando en proyectos corporativos independientes”. En concreto, Caixagalicia trabajaba en la integración con otras dos cajas de ahorro, que el exgobernador no cita. Mencionó también a otra “entidad grande con una demostrada capacidad de gestión y que ha superado el ejercicio de estrés de Oliver Wyman con holgura”, que estaba interesada en adquirir la entidad coruñesa. Mientras, Caixanova negociaba con “un grupo de cajas de ahorro de similar tamaño y elevada solidez”, aseguró sin más precisiones.

Pero, continuó, Fernández Ordóñez, “la insistencia y el bloqueo de la Xunta a cualquier fusión de las cajas gallegas con otras de fuera de la comunidad autónoma” frustró estas actuaciones.

Un mandato de la sociedad gallega, dice Feijóo

El Gobierno de Núñez Feijóo replica que no hizo más que cumplir el mandato del Parlamento gallego, que en noviembre de 2009 le había instado por unanimidad a defender que los centros de decisión de las cajas se mantuvieran en Galicia. Así lo explicó en la comisión de investigación del Congreso el pasado mes de abril quien entonces era conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. “Era el criterio que defendió toda la sociedad gallega”, esgrimió. La futura caja debía ser “solvente y gallega”. Lo que Fernández Currás negó es que la Xunta “antepusiera gallega a solvente”. “El orden fue el inverso; hasta cinco veces se nos dijo que [la caja fusionada] era solvente”, recalcó.

Tanto la conselleira en el Congreso como Núñez Feijóo siempre que le han preguntado han apuntado el tiro hacia Fernández Ordóñez. A juicio de Fernández Currás, “la opinión del gobernador en materia de competencia tampoco es muy relevante”, ya que hasta la Dirección General de Competencia de la UE dio su visto bueno a la fusión. También se quejó la conselleira de los “agravios comparativos” sufridos por Galicia: el Gobierno del PSOE recurrió la Ley de Cajas gallega ante el Tribunal Constitucional, el FROB negó un Esquema de Protección de Activos (EPA) –garantías– a la caja fusionada y valoró su patrimonio neto en sólo 181 millones de euros cuando en libros alcanzaba los 1.714 millones… “La fusión fue la consecuencia de la mala situación de las cajas, de 13.500 millones de euros de aumento del crédito inmobiliario en cuatro años”, resumió en el Congreso.

Núñez Feijóo tampoco ha admitido responsabilidad alguna sobre una operación que Julio Fernández Gayoso consideró “la solución más traumática de todas”. Por el contrario, culpa a los directivos de las cajas, a “algunos políticos y al Banco de España, que “no actuó con la diligencia debida en la fusión de las entidades, en su supervisión y en toda la remodelación bancaria española”. “Y él [Fernández Ordóñez] era el máximo responsable”, remacha.

La conselleira de Facenda, además, descarta que hubiera opciones distintas a la que se ejecutó.  Se reducían a la recapitalización o la liquidación ordenada, “que es la más barata”, sintetizó. Pero la segunda “habría supuesto tener que hacer frente a 30.000 millones de depósitos de minoristas”, así que se prefirió “inyectar dinero público, lo mismo que hicieron todos los países europeos”.

La Xunta sostiene también a su favor que la fusión fue aprobada por el mismo Banco de España que en un principio se opuso. Después, también por el Parlamento gallego –con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención del BNG, pero porque temía que se abrieran las puertas a la privatización–, la CNMV y Bruselas.

En su día, Fernández Ordóñez indicó que el Banco de España había dado luz verde a la fusión “como mal menor para evitar una situación de bloqueo”. Según escribió al Parlamento gallego, ese bloqueo habría aumentado el deterioro de las cajas, lo que a su vez habría acabado en la intervención de las entidades, “una solución más traumática y de mayor coste” –la que se produjo dos años más tarde–. Por eso, el supervisor prefirió “exigir condicionantes para que la fusión pudiera ser aprobada con un mínimo de razonabilidad en cuanto a solidez”. Sin embargo, vuelve a cargar de nuevo Fernández Ordóñez, los condicionantes “se cumplieron muy parcialmente”.

La auditoría que sólo era un “diagnóstico acelerado”

Además de en el mandato aprobado por el Parlamento gallego, la Xunta basó su apuesta por la fusión de Caixanova y Caixagalicia en un informe que encargó a KPMG y publicitó ampliamente. Costó 835.000 euros. Según Fernández Currás, se eligió a esta multinacional de la consultoría por recomendación del Banco de España. El 20 de enero de 2010, la conselleira compareció ante los medios de comunicación para presentar lo que definió como una “auditoría externa”. El comunicado que hizo público la Xunta incluso hablaba de due diligence, el informe previo por el que se investiga a la otra parte en una operación mercantil. Ese documento, aseguraba el Gobierno gallego, no sólo “avalaba la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, sino que también auguraba que la entidad resultante se convertiría en “la quinta caja española por volumen de activos”.

En su comparecencia, Fernández Currás descartaba la fusión con cajas de otra comunidad autónoma tanto como el SIP –Sistema Institucional de Protección o fusión fría–, porque “vaciaría de contenido” las entidades, se perdería la capacidad de decisión, supondría su “bancarización” y resultaría “un proceso irreversible, con un trasvase de trabajadores a la nueva entidad, y que sólo permitiría competencias residuales y de imagen”.

Aunque reconocía que el informe no analizaba otras opciones aparte de la fusión intrarregional y que una integración con entidades de fuera de Galicia podría obtener mejores resultados económicos, la conselleira alegó que no se trataba de “buscar el máximo rendimiento del dividendo”. “Las cajas”, argumentaba, “no se crearon con fines lucrativos”.

En las dos comisiones parlamentarias que investigan la operación gallega comparecieron también dos de los autores de esa auditoría externa. Y negaron que fuera tal, como falsamente argumentó la Xunta. Su trabajo no era sino un “informe preliminar” o “diagnóstico acelerado” sobre la fusión de las cajas. Ni una auditoría de cuentas, ni una due diligence ni ningún otro tipo de documento requerido por la normativa mercantil. Tampoco se les pidió que analizaran otras alternativas a la fusión de ambas cajas, indicó el consultor de KPMG Francesc Gibert Pibernat. Según añadió, el estudio pormenorizado de un proceso tan complejo como una fusión requiere un trabajo de cuatro a seis meses. En cambio, el informe preliminar fue elaborado durante un mes, por un equipo de 50 personas. Se trató de un análisis de la viabilidad de la fusión, para “anticipar el trazo grueso de un trabajo completo”. Una segunda fase, que debía durar tres o cuatro meses, consistía en elaborar los planes de integración y fue encargada a Pricewaterhouse Coopers (PwC) y Deloitte. 

De acuerdo con los datos del informe de KPMG, la fusión debía suponer el cierre de 280 oficinas, un 20% de la red, y un recorte de plantilla de 1.300 empleados, el 90% a través de prejubilaciones. Así se ahorrarían 120 millones de euros al año. Además, preveía unas ayudas del FROB de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Con estos mimbres, y pese a una exposición al sector inmobiliario de 17.000 millones de euros, la consultora calculaba que la entidad resultante no sólo tendría beneficios en un plazo de cinco años, sino que para entonces, además, sería “rentable y sostenible en el tiempo”.

No fue así en absoluto. Según el consultor de KPMG, porque la economía se deterioró de una forma que ni ellos ni nadie habían previsto y porque cambió el marco regulatorio. Gibert Pibernat se refería a las nuevas exigencias de capital impuestas al sector financiero. En 2011 las cajas fueron obligadas a tener un 10% de core capital, o capital principal y por entonces la recién nacida Novacaixagalicia no superaba el 5,2%. El Banco de España cifró entonces las necesidades de capital de la caja fusionada en 2.622 millones de euros, las mayores de todo el sistema financiero español. “Nuestras conclusiones continuaban siendo válidas un año después [de elaborado el informe, en diciembre de 2009], no así a partir del segundo o tercer año”, justificó el consultor de KPMG.

Gayoso, contra la fusión con el vecino del norte

Pero no fue Fernández Ordóñez la única voz discrepante con la fusión de las cajas gallegas. El presidente de una de ellas, Julio Fernández Gayoso, también la rechazó en un primer momento. “[Caixanova y Caixagalicia] ocupaban el mismo territorio desde hacía 100 años, era imposible evitar duplicidades de sedes centrales y de oficinas”, lamentó en la comisión del Congreso. Director general de Caixavigo y Caixanova desde 1965 y presidente no ejecutivo de Caixanova desde 2006 hasta 2010, Fernández Gayoso creía que fusionarse con su competidor del norte de Galicia supondría no sólo una sangría de despidos y oficinas, sino además una disminución del negocio, “del crédito viejo, vivo” y una caída de los depósitos, por tanto también de los resultados y de la obra social. Por eso consideraba preferible “una unión de cajas de distintas comunidades, la misma solución que aplicaron todas las cajas de España, sin excepción”. “¿Por qué no se hizo esto en Galicia?”, se preguntó ante los diputados el pasado mes de mayo, “porque no estaba permitido”. Aun así, Gayoso firmó la fusión con Mauro Varela al abrigo de Núñez Feijóo. En la comisión echó balones fuera: “Yo estaba en contra de la fusión, pero quienes tenían que tomar la decisión eran los órganos de gobierno de la caja que, unánimemente, estaban alineados con esa postura”.

Para el presidente de la Xunta, la culpa de todo fue del Banco de España y, retroactivamente, de directivos como Gayoso además del Gobierno que le precedió en San Caetano, integrado por el PSOE y el BNG. Ellos deberían explicar “por qué aumentó tanto la red de oficinas, por qué esas sucursales se abrían en Levante y en lugares de enorme especulación urbanística y por qué se incrementaron tanto los riesgos y las inversiones en inmuebles”, recapituló en una entrevista concedida a la Radio Galega. Pero sobre la decisión de la Xunta, ni una duda: “Volveríamos a hacer lo mismo que hicimos”. La decisión le costó a los contribuyentes 9.178 millones de euros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros a la “entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones” de la entidad gallega por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron “mediante engaño” en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones.

Una de las cuestiones que el Supremo debía dilucidar es qué entidad era la perjudicada y a la que los exejecutivos debían pagar, por tanto, esas cantidades. La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a dos años de prisión a los principales ejecutivos de Novacaixagalicia en 2015 determinaba que el dinero debía devolverse al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ya que la entidad gallega, fruto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, había desaparecido como persona jurídica y estaba enteramente participada por el FROB. Sin embargo, en otra sentencia posterior, tras un recurso al Supremo de los condenados, el mismo tribunal establecía que la beneficiaria del reintegro debería ser “quien haya sucedido en sus derechos y obligaciones a Novacaixagalicia, que deberá acreditarse en ejecución de sentencia”. En el mismo sentido se pronuncia ahora el TS, instado por un nuevo recurso interpuesto por los exdirectivos, donde éstos alegaban que el cambio de criterio de la Audiencia Nacional vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Supremo considera que los condenados deben pagar al FROB puesto que los contratos fraudulentos de los exdirectivos de Novacaixagalicia se ejecutaron en 2011, cuando el organismo público ya era el socio mayoritario de la entidad gallega y la transformó en un banco. En diciembre de 2012, el FROB adquirió el 100% de las acciones. Y no fue hasta diciembre de 2013 cuando el Estado vendió Novacaixagalicia Banco al venezolano Banesco, que lo convirtió en Abanca.

Sin embargo, el Supremo destaca también en su sentencia que “desconoce cuáles fueron las condiciones que pudieron pactarse en la venta del banco del FROB a Banesco y, en particular, si se estipuló alguna cláusula o contraprestación en relación con las sumas a devolver por los altos directivos de Novacaixagalicia imputados o qué fue lo que convinieron –si algo acordaron, que se ignora– sobre esa cuestión el FROB y en banco comprador de la entidad fusionada”.

De hecho, los magistrados de la Sala de lo Penal critican la “opacidad” que rodea esta cuestión, hasta el punto de que “la postura de las partes se muestra confusa y da pie a no pocas especulaciones”. La sentencia revela el desconcierto del tribunal por la actuación delFROB, que no llegó a personarse como acusación “pese a que se le ofrecieron las acciones penales al inicio del procedimiento”, pero al mismo tiempo tampoco renunciara a ninguna indemnización ni a que se le restituyeran las cantidades pagadas a los exdirectivos gallegos. “Es más”, abunda la sala, “cuando se le consideró perjudicado en la primera sentencia y se le asignaron en el fallo las restituciones que tenían que abonar los condenados, sí interesó la ejecución contra ellos”.

Cobrados ya 10 millones

El FROB ha declinado comentar las “reflexiones” del Tribunal Supremo sobre la “opacidad” de las condiciones contractuales acordadas para la venta a Banesco de la entidad gallega. Tampoco entra a detallar qué cláusulas incluye el documento por tratarse de un “contrato entre partes”. No obstante, a preguntas de infoLibre, un portavoz aseguró que ese tipo de documentación se suele facilitar siempre en este tipo de causas judiciales, aunque no puede asegurar si en la de Novacaixagalicia Banco se entregó el contrato que el Supremo dice desconocer.

En una comparecencia ante la comisión de economía del Congreso, en octubre de 2016, el presidente del FROB, Jaime Ponce, afirmó que el organismo había “impuesto a todos los adquirientes de entidades con ayudas públicas la obligación de mantener la acción procesal o de ceder las acciones judiciales de responsabilidad civil iniciadas o que pudieran iniciarse, y a entregar al FROB todas las cantidades que pudieran ser restituidas”.

Sobre su personación en la causa que se siguió contra los exdirectivos gallegos, el FROB aclara a este periódico que no lo hizo directamente, sino “a través de Novacaixgalicia Banco”, ya que en 2012 ya poseía la mayoría del capital.

Además, asegura el portavoz, la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los exdirectivos en 2015 ya fue ejecutada provisionalmente. El procedimiento sigue en curso y concluirá ahora que el TS ha dictado sentencia y podrá instarse la ejecución definitiva. Según precisó Jaime Ponce en otra intervención ante la misma comisión parlamentaria el pasado septiembre, los ejecutivos condenados ya han pagado al FROB 10 de los 10,4 millones de euros que deben devolver.

Por su parte, Abanca indica que no tiene interés ni es parte en el procedimiento y no puede ni quiere reclamar cantidad alguna. Novacaixagalicia Banco ya no existe y su “sucesora en derechos y obligaciones”, como figura en la sentencia, es el FROB, no Abanca. El financiero venezolano dueño de Banesco, Juan Carlos Escotet, adquirió en 2013 por 1.003 millones de euros. Para entonces el Estado había inyectado en Novacaixagalicia Banco 10.118 millones de euros a fin de evitar su quiebra. De esa cantidad, el Banco de España da por perdidos 8.648 millones en su último informe sobre el rescate financiero.

A sabiendas de que iban a ser destituidos

La sentencia corrobora al detalle cómo maniobraron los exdirectivos de Novacaixagalicia para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. Engañando a los consejos de administración, lograron unos contratos de alta dirección blindados con unas “altísimas remuneraciones” cuando al mismo tiempo el FROB inyectaba más de 10.000 millones de euros en Novacaixagalicia, “para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas”.

“Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron, mediante engaño, que se les aprobaran unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos 12 millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes”, explica el Supremo, en referencia a Pego, Gorriarán, Ricardo Pradas Montilla y el histórico Julio Fernández Gayoso, director general de Caixavigo desde 1965, director general de Caixanova desde 2000 y su presidente hasta la fusión con Caixa Galicia en 2010. El dinero, destaca la sentencia, fue cobrado por los directivos en 2011.

Pego, Gorriarán y un tercer ejecutivo, Óscar Rodríguez Estrada, fueron condenados por la Audiencia Nacional en octubre de 2015 a dos años de prisión por administración desleal y apropiación indebida. Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Esa sentencia fue recurrida, el Supremo declaró nulo el procedimiento sobre responsabilidad civil y acordó la devolución de la causa a la Audiencia Nacional para que ésta motivara cuál era la responsabilidad civil derivada de los delitos y fijara la cuantía de la indemnización solicitada por el fiscal y las acusaciones. La sentencia en la que la Audiencia Nacional cumplía el mandato del Supremo  y que declaró responsables civiles solidarios a los exdirectivos fue de nuevo recurrida por cuatro de ellos. Ahora, la Sala de lo Penal del TS estima parcialmente los recursos de casación interpuestos por Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, pero desestima el de Ricardo Pradas.

El Supremo asegura que, dado que los contratos de los exdirectivos eran “claramente fraudulentos” y “resulta patente” que se trata de un delito de estafa, la indemnización debe ser la máxima acordada por la Audiencia Nacional. Finalmente, deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria establecida por la Audiencia y la transforma en responsabilidad civil directa en tres de los cuatro condenados. La razón del cambio es que la Audiencia Nacional, al imponer a todos la responsabilidad solidaria en su segunda sentencia sin que lo hubiera solicitado ninguna acusación, perjudicó a los acusados, argumenta el TS. Óscar Rodríguez Estrada queda exonerado de toda responsabilidad civil.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó este lunes que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego y Gregorio Gorriarán deberán pagar 10,4 millones de euros a la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de la entidad por el cobro de sus prejubilaciones millonarias, informó Europa Press.

En concreto, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo, José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán deberán devolver 6.476.237 y 3.969.349 de euros, respectivamente.

El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar "unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria", dado que, recuerda, el FROB tuvo que inyectar una suma de más de 9.000 millones de euros "para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas", creando NovaCaixaGalicia Banco.

"Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron que, mediante engaño, se les aprobaran unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos doce millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes", recoge el fallo.

Este dinero fue cobrado en el año 2011, cuando se llevaba "ya tres años aportando dinero público a las entidades bancarias en crisis", concluye la Sala.

Sin responsabilidad solidaria

La Sala estimó parcialmente los recursos de casación interpuestos por José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de octubre de 2016, que les declaró responsables civiles solidarios en relación con el delito de apropiación indebida por "gestión desleal". desestimó, por su parte, el recurso de Ricardo Pradas Montilla.

El tribunal recuerda que una sentencia anterior, en la que se confirmaron las responsabilidades penales, devolvió la causa a la Audiencia Nacional para que "corrigiera" algunos aspectos relativos a las responsabilidades civiles, por considerar que se habían resuelto de forma errónea.

En concreto, entendía que había sumado las dos cantidades alternativas de restitución dineraria que había propuesto el fiscal dependiendo de que el delito objeto de condena fuese el de estafa –más de diez millones de euros– o el de apropiación/administración desleal –más de tres millones de euros– en lugar de optar por una de ellas.

En su nueva sentencia, la Audiencia Nacional optó por la primera alternativa, debido a que de ese modo se indemnizaba en mayor cuantía a los perjudicados.

La nueva sentencia del TS afirma que la sala está de acuerdo con ese criterio, dada la naturaleza y contenido de los contratos, que eran "claramente fraudulentos", algo que "resulta inexplicable, puesto que engañaron al Consejo de Administración del Banco, según consta en los hechos probados". "Dado lo cual, y aunque no se entra en profundidad en el tema, resulta patente que estamos ante un delito de estafa y no de apropiación indebida, y así se deja entrever en la sentencia", concluye.

La Sala explica que la razón de la estimación parcial de los recursos reside en que la Audiencia Nacional, al imponer a todos la responsabilidad solidaria en su segunda sentencia, sin que lo hubiera solicitado ninguna acusación, perjudicó a los acusados, que habían sido condenados como responsables directos en la primera sentencia.

Por ese motivo, deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria atribuida por la sentencia recurrida a estos tres recurrentes y establece la responsabilidad directa de José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán, exonerando a Óscar Rodríguez Estrada de toda responsabilidad civil.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha impuesto el pago de una fianza de 80 millones de euros al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y otros siete acusados en el caso Alfageme por el perjuicio causado a la caja extinta al conceder cerca de 135 millones de euros en créditos a una promotora para la compra de la conservera, por su cercanía con los gestores de la misma.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expone que esta es la cantidad que se corresponde con los perjuicios sufridos por Caixanova en relación con las operaciones financieras que llevaron a cabo entre los años 2005 y 2009 y advierte de que si en el plazo de cinco días no abonan dicha caución se procederá a embargar los bienes de los acusados hasta cubrir la cantidad estipulada, según informa Europa Press.

El juez acuerda esta medida tras tomar declaración entre lunes y martes a los ocho investigados. Se trata del expresidente de la caja gallega Julio Fernández Gayoso; el exdirector José Luis Pego Alonso; el exdirectivo Gregorio Gorriarán; el que fuera subdirector general de Caixanova Domingo González; el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente; el administrador de la promotora Promalar Juan Lago Pérez y los tasadores Manuel Ardid y Manuel Asende. A todos ellos se les investiga por el delito de administración desleal y blanqueo de capitales.

Los hechos se remontan a otoño de 2005 cuando Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al administrador de Promalar y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente. El objetivo era beneficiar a estos accionistas en su salida de la conservera y para ello simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de la financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra.

El magistrado expone que se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después una póliza de crédito de 5 millones de euros.

No es una medida prematura

Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia.

En su auto, el juez tiene en cuenta la gravedad y complejidad de los hechos, la duración temporal de la causa y la cuantía de las responsabilidades. Además expone que no se trata de una medida "precipitada o prematura".

Para tres de los investigados en esta causa —Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso— se trata de un nuevo proceso judicial relacionado con su gestión en la caja ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata toma declaración este lunes en calidad de investigados al exdirector de Caixanova José Luis Pego Alonso, el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente y otras tres personas por otorgar créditos y préstamos hipotecarios por importe cercano a los 135 millones de euros a una promotora viguesa para la compra de la conservera Bernardo Alfageme, vinculada a antiguos gestores de la caja gallega.

El juez atribuye a todos ellos los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales y cita para este martes al expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, y al exdirector general Gregorio Gorriarán, según expone en el auto en el que incoa diligencias contra un total de ocho personas los hechos que se remontan a 2005.

Tres de los investigados en esta nueva causa —Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso— ya fueron condenados por este mismo tribunal a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

Según el relato de los hechos, en otoño de 2005 Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al también investigado Juan Lago Pérez, administrador de Promalar, y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente.

De la Mata expone que los máximos gestores de Caixanova "querían beneficiar económicamente" a los accionistas de Bernardo Alfageme facilitando su salida de la sociedad en perjuicio de la entidad financiera. Por ello

simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra tras la adquisición de la conservera.

Cuatro operaciones de crédito

Entre 2005 y 2009 se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después concedieron una póliza de crédito de 5 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos dado que el quebranto sufrido por Caixanova ascendería a más de 80 millones de euros, lo que supone una "grave repercusión" en la economía nacional.

También recuerda que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acabó inyectando "importantes cantidades de dinero" en Nocavaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia. En concreto la nacionalizada recibió 5.425 millones de euros.

Abanca reparte este martes entre sus accionistas un dividendo de casi 50 millones de euros, a cuenta de los beneficios obtenidos este año. Es la tercera vez en lo que va de ejercicio que el banco presidido por Juan Carlos Escotet distribuye dividendos. En total, ha pagado a sus accionistas 426 millones de euros en 2017.

Abanca es la sucesora de Novagalicia Banco, que fue adquirido en 2013 por el financiero venezolano tras pagar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 1.003 millones de euros. Para entonces el Estado había inyectado en la entidad, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, 10.118 millones de euros a fin de evitar su quiebra. De esa cantidad, el Banco de España da por perdidos 8.648 millones en su último informe sobre el rescate financiero.

De los 426 millones de euros de dividendo distribuidos este año, la mayor parte, 315,4 millones, corresponden al reparto efectuado el pasado mes de junio. Eran a cuenta de los beneficios obtenidos en 2016, que alcanzaron los 334 millones. Sólo dos meses antes, en abril, ya había pagado otros 61,18 millones de euros, en este caso por las ganancias del primer trimestre del año. Ahora abona 49,39 millones más, a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso.

En 2016 también repartió beneficios entre sus accionistas, 315,5 millones, a cuenta de los resultados del año anterior. Es decir, en los dos últimos años ha distribuido 741,5 millones de euros en beneficios. Como Juan Carlos Escotet, a través de Abanca Holding, posee el 86,79% de las acciones de Abanca Corporación Bancaria. El financiero venezolano se ha desembolsado 643,5 millones del total de dividendos repartidos desde 2016.

En 2015 no hubo pago de dividendos, pese a que el ejercicio anterior Abanca ganó 1.157 millones de euros, gracias a que se apuntó 556 millones en créditos fiscales. Entonces, cuando no había transcurrido más que un año desde la privatización, la entidad planeó repartir 150 millones en dividendos, pero finalmente la junta general de accionistas prefirió destinar la cantidad a aumentar la solvencia del banco.

Escotet ya ha abonado al Estado los 1.003 millones de euros que se comprometió a pagarle por las cajas gallegas fusionadas. Lo ha hecho en tres plazos: 313 millones en 2014, 300 millones en 2016 y 300 millones más el pasado mes de febrero. Terminó de pagarlos con un año de antelación sobre el plazo previsto. Para ello ha empleado una parte de los beneficios obtenidos desde 2014: 2.097,4 millones de euros.

Además de las cantidades aportadas por el Estado, Novagalicia recibió otros 917 millones del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones del resto de las entidades financieras españolas. De esa cifra, el Banco de España da por irrecuperables 627 millones.

Abanca sale de compras

El beneficio acumulado hasta septiembre por Abanca, 276,4 millones de euros, es un 3,7% superior al obtenido en el mismo periodo del año anterior. La entidad atribuye la mejora de sus resultados a que ha “intensificado” la actividad comercial “en todos los frentes” y a la buena marcha del margen comercial. Según explica, el crédito a clientes creció un 8,9% al cierre del tercer trimestre respecto a 2016, mientras que el volumen de depósitos aumentó un 4% interanual. La captación de nóminas ha mejorado un 5,5%, las primas de la nueva producción de seguros generales un 19,6% y los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro un 31,5%. Además, Abanca se ha deshecho de 1.600 millones de euros de fallidos y dudosos en los dos últimos años.

También presume la entidad de estar “situada entre las entidades mejor capitalizadas del sector”, con una ratio de capital CET1 del 14,1%. Ese porcentaje, dice, le permite mantener “una holgura de capital” de 1.755 millones de euros sobre los requisitos del Banco Central Europeo (BCE).

El pasado mes de mayo, el banco de Escotet ha comprado Popular Servicios Financieros. Es la quinta financiera de consumo dependiente de un banco del mercado. Al cierre de 2016 poseía una cartera de créditos de 200 millones de euros y de medio millón de clientes en España y Portugal. Abanca incluso pujó por el negocio de Deutsche Bank en España. Presentó una oferta mayor que BBVA por hacerse con la red del banco alemán, que pretendía obtener unos 1.000 millones de euros con la operación. Sin embargo, la de Abanca, pese a ser la más elevada, no superaba los 500 millones y Deutsche Bank terminó por desistir, hace sólo unas semanas, de vender su negocio español. En España, el banco alemán cuenta con unos 2.500 empleados y 650.000 clientes.

Abanca registró un beneficio neto de 276,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 3,7% más que en las mismas fechas del año anterior, ha informado este miércoles Europa Press.

En este periodo, la entidad vio crecer sus ingresos recurrentes, con un margen que aumentó un 18,4%, gracias a un 19,7% más de margen de intereses y a un incremento del 15,1% en los ingresos por prestación de servicios.

El margen de intereses de la entidad se situó en 358,4 millones de euros al término del mes de septiembre, gracias a la buena marcha del margen comercial, según ha indicado la entidad en un comunicado. Por su parte, los ingresos por prestación de servicios se situaron en 127 millones de euros.

De hecho, el crédito a clientes creció un 8,9% al cierre del tercer trimestre respecto a las mismas fechas del año pasado, hasta los 27.717 millones de euros.

El volumen de depósitos a clientes aumentó un 4% interanual al cierre del tercer trimestre, mientras que la captación de nóminas lo hizo un 5,5%, las primas de la nueva producción de seguros generales un 19,6% y los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro un 31,5%.T

Al término del tercer trimestre, la tasa de morosidad del banco gallego se situó en el 5,35%, tras catorce trimestres consecutivos de reducción. La entidad ha reducido entre 2016 y 2017 su cartera de fallidos y dudosos a través de operaciones de venta por un importe de 1.600 millones de euros.

La ratio de capital CET1 de Abanca es del 14,1%, lo que le hace mantener "una holgura de capital" sobre los requisitos del Banco Central Europeo (BCE), que son de 1.755 millones de euros, según ha informado.

El banquero venezolano Juan Carlos Escotet compró Novagalicia Banco en 2013 por 1.003 millones de euros. Se los pagó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que antes había inyectado en el banco gallego 10.118 millones de euros para evitar su quiebra. En su último informe sobre el rescate financiero, el Banco de España da por perdidos 8.551 millones de euros en Novagalicia Banco. Pero de la cifra habría que restar los 300 millones de euros que Abanca devolvió el pasado mes de febrero, cuando anunció que había terminado de pagar, con un año de antelación, esos 1.003 millones de euros que le había costado la entidad gallega intervenida por el Estado.

Las entidades financieras españolas han cerrado el 37,3% de sus sucursales desde 2008. Es decir, según los datos del Banco de España, hay 17.019 oficinas bancarias menos ahora que hace ocho años. Esa reducción ha sido simultánea al recorte de plantilla que han sufrido los bancos y cajas como resultado de la crisis financiera y la consiguiente restructuración que le siguió. Desde 2008 el número de empleados del sector ha disminuido en 82.285 personas, un 30,6%.

Las cifras las ha facilitado el Gobierno al diputado por Valencia Ricardo Sixto, diputado de IU integrado en el grupo de Unidos Podemos, que presentó una pregunta parlamentaria sobre el cierre de sucursales y el empleo destruido desde 2008 en España. El Ejecutivo sólo ha respondido a una parte de las cuestiones suscitadas por el diputado y, remitiéndose a la información en poder del Banco Central Europeo (BCE) y Eurostat (la Oficina Estadística de la UE), asegura que España es desde 2015 el país europeo con mayor número de sucursales bancarias por cada 1.000 habitantes, 0,67. Le siguen Chipre, con 0,66, y Francia con 0,56. Alemania cuenta con 0,41 y Reino Unido, con 016.

En cualquier caso, España llegó a poseer un máximo de 45.660 oficinas en 2008, que desde entonces no ha dejado de disminuir. El año que más sucursales se cerraron fue 2013, el siguiente al rescate bancario, en que desaparecieron 4.384. Antes, en 2011, se eliminaron otras 3.091. Tras reducirse el ritmo de clausuras en 2014 y 2015, el año pasado volvió a repuntar: los bancos han suprimido 2.279 oficinas más, lo que multiplica casi por tres los cierres del ejercicio anterior.

Una evolución similar han tenido las plantillas de bancos y cajas de ahorro. En 2008 alcanzaron un máximo de 268.959 empleados. El año en que más puestos de trabajo se destruyeron fue 2013, cuando se perdieron 18.206. En 2011, el segundo año con mayor recorte de empleos, 15.033 trabajadores se quedaron en la calle. Y en 2016, después de dos años con menos pérdidas, la extinción de puestos de trabajo alcanzó a 9.565 personas, casi el doble que en 2015.

El Gobierno no contesta

Ricardo Sixto destaca que la reestructuración del sector ha supuesto el cierre de seis oficinas y la destrucción de 28 puestos de trabajo al día durante ocho años. Ese enorme recorte de plantilla se ha llevado a cabo mediante grandes Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con despidos pero también con planes de bajas voluntarias y prejubilaciones. El ERE de Bankia en 2013 supuso el despido de 4.500 trabajadores. El del Banco Popular, hace sólo unos meses, se saldó con 2.592 empleos menos. Los ERE en Caixabank –700 trabajadores– y Barclays –975– fueron voluntarios. En el último año, el BBVA ha reducido su plantilla en 2.366 personas. Una vez absorbido Banesto, en 2013, el Santander encogió su nómina en 4.364 empleados. Novagalicia prescindió de 1.850 trabajadores ese  mismo ejercicio.

El grupo parlamentario de Ricardo Sixto lamenta que el Gobierno no haya contestado cuántas localidades se han quedado sin ninguna sucursal bancaria y cuántos ciudadanos se ven afectados por esa carencia. Tampoco aporta datos el Ejecutivo sobre cuántas oficinas móviles y ofibuses ofibusesestán utilizando ahora las entidades financieras para prestar servicios a clientes que ya no cuentan con una sucursal en su localidad. Ni informa sobre el número de oficinas que se abren sólo cuando un trabajador se desplaza desde otra una o dos veces por semana. Si en 2015 España contaba con 0,67 oficinas por cada 1.000 habitantes, en 2005 casi se duplicaba esa ratio: 0,95 sucursales.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, se ha negado este jueves a informar a la comisión de las cajas sobre los activos traspasados por parte de NCG Banco, como así le pedía la comisión de investigación de las antiguas cajas gallegas del Parlamento de Galicia, según ha informado Europa Press.

En su respuesta a la Cámara gallega, justifica su negativa al asegurar que se trata de información que "afecta a personas físicas" y sujeta a las "obligaciones de confidencialidad" recogidas en la ley y en el acuerdo firmado con NCG Banco.

Ante ello, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado que la normativa "no justifica" la negativa de la Sareb a dar a conocer cuestiones de "transparencia mínima". "Es necesario tener ese listado de activos traspasados", ha manifestado la diputada Noa Presas, que ha recordado que "ya pasaron unos años" que "avalan que es necesario arrojar luz sobre esta cuestión para hacerse una idea de cuál fue la dimensión del proceso", ha manifestado.

Además, Noa Presas ha criticado que, con esta negativa, la comisión de investigación sobre las antiguas cajas gallegas "no pueda profundizar" sobre lo que pasó y se tenga que quedar "con la documentación que había".

Ante ello, ha explicado que el BNG valora hacer una queja formal, a la espera de "ver qué va a pasar con alguna de la nueva documentación que se solicitó para ver a dónde puede llegar esta comisión".

El BNG se ha mostrado muy crítico con el funcionamiento de esta comisión de investigación y ha exigido en varias ocasiones al Partido Popular que no "amordace" este órgano y lo deje trabajar "sin vetos".

En la necesidad de maximizar las certidumbres es en lo que se justifica el habitual interés empresarial por la cercanía con la política y los responsables del poder público. La influencia de aquellos en éstos, es lo que se define como plutocracia: “Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el Gobierno del Estado”.

Un ejemplo de operación que puede ilustrar lo anterior, es lo que ha sucedido con la empresa Vitaldent, que más allá de que su fundador, Ernesto Colman, siga en prisión, ha sido vendida a través de la administración judicial, por 18,5 millones euros, cuando la última oferta que tenia su anterior propietario, para enajenarla, era de 300 millones de euros, por parte de un fondo de capital riesgo; pero al margen de la diferencia de precio entre ambas posibilidades, no debe ser baladí que quien la ha terminado comprando por 281,5 millones de euros menos de esa cifra, sea Javier Botín, hijo de don Emilio y hermano de Ana Patricia.

Algo parecido a lo sucedido con Vitaldent es lo ocurrido con Abanca, marca con la que se renombró a Novacaixagalicia Banco (NCG), quien ha anunciado un nuevo reparto de dividendos, por 315,5 millones euros, con lo que desde que el banco venezolano Banesco adquirió esta entidad, ha sumado 1.754 millones de euros de beneficios, importe muy superior a lo que pagó al FROB por ella, 1.003 millones de euros, después de que las ayudas públicas inyectadas en ella fueran de 10.795,87 euros, es decir a Banesco, y a quien domina éste, Juan Carlos Escotet, Abanca (antigua Novacaixagalicia Banco -NCG-), le ha salido gratis, a costa del sufrido contribuyente español y gracias a los responsables políticos.

Y en los próximos meses veremos otro capítulo de esta serie de hechos de la plutocracia imperante, ya que las cartas de BMN y Bankia serán puestas sobre la mesa.

Se ha anunciado el deseo del FROB de desprenderse de BMN, que tiene recibidas ayudas públicas por 1.646 millones de euros, pero como la participación de áquel en ella es del 65%, el hipotético comprador debería realizar una oferta de, al menos, 2.500 millones de euros para resarcir al contribuyente, lo cual no parece probable. También parece que se estudia su integración en Bankia, para sumar sinergías ante la hipotética venta futura de ambas, pero ello podría ir contra las leyes del libre mercado, porque como bien defiende la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, cualquier operador del mercado podría realizar una oferta superior a lo que Bankia desembolsará, que será “0”.

Pero dando por sentada la integración de BMN y Bankia, y la del sumatorio de ambos en otro banco, a cuyo respecto Luis de Guindos ya ha expresado su opinión de que el presidente de esa unión debería ser José Ignacio Goirigolzarri, ¿cuanto pagaría esa marca por Bankia+BMN?; si tenemos en cuenta la capitalización bursátil actual de Bankia, 11.436,70 millones de euros, y que el FROB es propietario del 65% de ella, en el mejor de los escenarios obtendría 7.433 millones de euros, con lo que el contribuyente español estaría consumando una nueva pérdida de otros 15.000 millones de euros en relación a las ayudas públicas inyectadas en ella.

Tras el estallido de la crisis financiera, en 2008, con la caída de Lehman Brothers; y a pesar de que en 2010, bancos y cajas de ahorro, en España, tenían unos niveles de morosidad similares, con una cuota de mercado superior en favor de las segundas; los poderes políticos y económicos, después de haber abusado de éstas a través de su politización y dilapidado sus recursos, señalaron que el problema eran éstas, avanzando medidas para su privatización y caer en manos de sus competidores bancarios, pero eso si, a cargo del contribuyente, por la vía de las ayudas financieras, irrecuperables, por mucho que el señor Rajoy y su ministro, Luis de Guindos, dijeran una y otra vez que el rescate de la banca no iba a tener coste para los ciudadanos españoles.

Lo cierto es que, más allá de las peripecias de preferentistas y accionistas para recuperar el dinero de sus inversiones, lo cual lograrán sin duda en los tribunales, debido a la insuficiente transparencia en esas operaciones, los perdedores de todo este proceso son el contribuyente español y los empleados de estas entidades, que han perdido sus puestos de trabajo, ellos son las víctimas reales de estas Cajas robadas.

Todo lo ocurrido en este régimen marcado por la plutocracia, cobra todo su sentido en la atinada afirmación de Fernando Savater: “El robo está siempre asociado a la idea del poder” y éstas cajas robadas, son la prueba del nueve de esa aseveración. ___________________

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

El vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha destacado que la entidad con la que se hizo en subasta en 2013 "era un banco escarallado". "Era un paciente en terapia intensiva y ahora está en condiciones de correr la maratón de Nueva York", aseveró, según recoge Europa Press.

Así se ha pronunciado Escotet, en rueda de prensa, en una larga respuesta a la pregunta de si considera que el precio que pagó por Novagalicia Banco –resultado de la privatización de las cajas de ahorro gallegas fusionadas– fue muy barato. El valor fue de 1.003 millones de euros. El rescate costó al Estado 10.800 millones de euros. 

Al respecto de que socialmente se cuestione este precio, el banquero ha destacado que le "preocupa muchísimo que se haya tratado de hacer populismo" con un proceso de privatización que, ha subrayado, "fue técnicamente manejado y se ganó en buena lid".

En este sentido, ha llamado la atención sobre que los resultados –con ganancias durante los tres años de gestión del nuevo equipo– "no son magia", y los ha atribuido a un "gran equipo de profesionales" en lo que considera "un caso de éxito" del que sentirse "orgullosos".

Abanca obtuvo en 2016 un beneficio neto de 333,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al año anterior, según informó este miércoles la entidad financiera, que presentó en rueda de prensa los resultados del pasado ejercicio, y recogió Europa Press.

El resultado antes de impuestos alcanzó los 358,8 millones de euros, un 3% más que en 2015. Esta cifra, según destaca el banco, permite elevar la rentabilidad hasta el 9,7%. Además, el margen comercial recurrente avanza un 12% y los ingresos por prestación de servicios aumentan un 5,9%.

La morosidad en Abanca se reduce un 20% y se sitúa en el 6,8%, con una cobertura de los activos problemáticos del 54%. Con 13.000 millones de volumen financiado, en 2016 se concedieron 3.000 millones en circulante a empresas y autónomos, un 27% más que en el año anterior.

El foco en seguros y productos de valor añadido, según resalta, se refleja en un crecimiento del 33% en ventas de seguros y del 12% en volumen de fondos, planes y seguros de ahorro. Además, con un 14,7% de 'CET1', la entidad reivindica que se mantiene entre las más solventes del sector financiero español.

Evolución de Abanca

El grupo venezolano Banesco, liderado por Juan Carlos Escotet, se hizo con Novagalicia Banco –resultado de la fusión de las antiguas cajas de ahorro gallegas y su posterior privatización– por 1.003 millones en una subasta que se resolvió en diciembre de 2013.

En 2014, ya como Abanca, la entidad ganó 601 millones de euros antes de impuestos, si bien el resultado se elevó hasta 1.157 millones por la activación de créditos fiscales. El año siguiente, en 2015, obtuvo un beneficio de 330 millones.

En abril del año pasado, el consejo de administración del banco acordó su primer reparto de dividendos entre sus accionistas (Escotet posee más del 80% de las acciones) por un total de 315,5 millones de euros, cifra prácticamente idéntica a los 315,4 millones en concepto de dividendo a cuenta aprobados el pasado febrero.

Precisamente este viernes, la cabecera del grupo Abanca informó de que había abonado al FROB (fondo de reestructuración ordenada bancaria) de manera anticipada los 300 millones de euros correspondientes al último plazo de los pagos establecidos en el contrato de compraventa de la entidad financiera.

Los contribuyentes pierden 8.532 millones de euros

Si bien fueron 1.003 millones de euros los que desembolsa Banesco para hacerse con Abanca, los contribuyentes han perdido 8.532 millones de euros del rescate de la entidad financiera de los 10.800 millones de euros que costó. Tal y como publicó infoLibre, el banco dirigido por Escotet pagará con año y medio de adelanto el último plazo de esos 1.003 millones. Desde que el grupo venezolano adquirió el quebrado banco gallego, ha obtenido un total de 1.754 millones de beneficios.

Sólo dos días después de repartir entre sus accionistas 315,5 millones de euros en dividendos, Abanca anuncia que pagará con año y medio de adelanto el último plazo de los 1.003 millones que le costó Novacaixagalicia cuando la compró al Estado en 2013. Abonará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 300 millones de euros. Mientras Abanca, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha obtenido un total de 1.754 millones de beneficios1.754 millones de beneficios desde que adquirió el quebrado banco gallego, el Estado ha dado por perdidos 8.532 millones de los casi 10.800 millones de euros con que lo rescató.

En la nota donde anuncia la operación, Abanca presume de haber cumplido su compromiso público de “acelerar el pago de las cuotas lo máximo posible”. La factura de 1.003 millones que debía abonar al FROB se dividió en plazos hasta 2018. En 2014, nada más firmar la operación, Escotet pagó 313 millones de euros y otros 90 millones al Fondo de Garantía de Depósitos –que nutren los bancos con sus aportaciones–. En mayo de 2016 ingresó 300 millones más: la cuota de ese año, el 50% de la de este ejercicio y el 33% de la de 2018, explica en su comunicado Abanca.

Según la entidad, el pago adelantado al Estado ha sido posible gracias a que ha aumentado su cuota de mercado y su solvencia, hasta convertirse “en una de las entidades más sólidas del sector”. Abanca cuenta con 4.541 empleados y una red de 668 oficinas repartidas por España y otros ocho países. Dice contar con una cuota de mercado en Galicia del 31% en crédito y del 41% en depósitos.Ampliación de capital, costes judiciales, activos tóxicos

Ampliación de capital, costes judiciales, activos tóxicos

Pero para llegar a ese punto, el Estado tuvo antes que nacionalizar Novacaixagalicia, fruto de la fusión de las dos grandes cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, y comprometer en ella los 10.800 antes citados. También recibió otros 1.484 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. Un total de 12.279 millones de euros en ampliaciones de capital, conversión de preferentes en accionistas y garantías que incluyeron la cobertura de los costes judiciales por la venta de preferentes y las cláusulas suelo. Además, los activos tóxicos del ladrillo que guardaba Novacaixagalicia pasaron a la Sareb, el banco malo. En resumen, unos recursos inyectados que el Estado no recuperará.

En cambio, Abanca Holding Financiero, la sociedad a través de la cual Juan Carlos Escotet posee el 86,79% de la entidad financiera gallega, se ha embolsado ya 273,82 millones del dividendo repartido en 2015 –fue también 315,5 millones el total– y otro tanto del correspondiente a 2016: 547,65 millones de euros en dos años, la mitad de lo que ha pagado por el banco.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido este martes hacer comentarios sobre el ingreso en prisión de cuatro exdirectivos y un asesor de Novacaixagalicia, entre los que está quien fue su presidente (y antes director de Caixanova), Julio Fernández Gayoso, y se ha limitado a instar a los periodistas a que pregunten al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Pregúntenle a Feijóo. Recuerden aquellas fotos que se sacaba cuando fue la fusión. Yo siempre estuve en contra de esa fusión", ha afirmado, en alusión al proceso de fusión de las cajas de ahorro gallegas.

Este lunes, por orden de la Audiencia Nacional, ingresaron en prisión Fernández Gayoso, José Luis Pego (exdirector general de la entidad), Óscar Rodríguez Estrada (exresponsable de la oficina de integración), Gregorio Gorriarán (exresponsable del área inmobiliaria) y el asesor externo Ricardo Pradas, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que los condenó a dos años de cárcel por asignarse prejubilaciones millonarias, que no devolvieron.

La Intervención General del Estado (IGAE) fiscalizó una muestra de 16 de los 65 contratos de más de 18.000 euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicó entre 2009 y 2013. La operación formaba parte del control financiero permanente a que está obligado a someterse este organismo, encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. El resultado del primer control fue un informe, con fecha de mayo de 2014, que revisaba la política de contratación, personal y tesorería del FROB hasta el primer semestre de 2013 y al que ha tenido acceso infoLibre.

Uno de esos contratos fue concedido en octubre de 2009 a la firma de cazatalentos Seeliger y Conde para que seleccionara personal directivo. Su presidente, Luis Conde, fue nombrado dos años más tarde consejero independiente de Catalunya Banc, entidad cuyo accionista mayoritario era el FROB. Conde se sentó en el consejo de la entidad hasta julio de 2013, cuando renunció por “motivos personales”. Por entonces, aún seguía vigente el contrato de cazatalentos con el organismo público, que le había sido adjudicado en un procedimiento negociado sin publicidad. Su importe era de 64.656 euros anuales.

Seeliger y Conde fue la firma que fichó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en enero de 2013, para que presidiera su consejo asesor. Es una de las principales consultoras españolas especializadas en la selección de directivos para las mayores compañías. Luis Conde explica a infoLibre que empezó a trabajar para Catalunya Banc “mucho antes de que el FROB entrara en el banco” y que fue “a raíz de esas colaboraciones y de conocer a sus principales ejecutivos” por lo que su presidente, Adolfo Todó, le propuso incorporarse al consejo. Recuerda que antes había trabajado en banca durante 15 años. “No entré por mediación del FROB ni con el conocimiento del FROB, sino por Todó”, replica, “por tanto, no hubo ningún tipo de incompatibilidad”.

También asegura que dejó el puesto en el consejo de Catalunya Banc porque no podía dedicarle el tiempo que le exigía, también porque ser consejero le impedía contratar con el banco. Y eso ocasionaba un “claro perjuicio” a su empresa.

Los interventores encontraron varias deficiencias en la ejecución de este contrato, por el que Seeliger y Conde seleccionaba a los administradores del FROB en las entidades nacionalizadas. Entre ellas, la firma de cazatalentos redactó un informe con fecha de 23 de noviembre de 2009, un día antes de que le fuera hecho el encargo. Además, Seeliger y Conde no acreditó ante el FROB que no estuviera prestando sus servicios a otras personas o empresas que pudieran suponer un conflicto de interés con el gestor del rescate financiero.

Entre esos 16 contratos de la muestra analizada por los interventores figuran los firmados con tres de las cuatro grandes de la auditoras internacionales: Ernst & Young, KPMG y Deloitte. También firmó con BDO Auditores. Todas ellas se encargaron de los procesos de due diligence de las entidades administradas por el FROB, las investigaciones a que se someten las empresas para determinar la conveniencia y el precio de una operación financiera. Por cada entidad las auditoras cobraron entre 180.000 euros y 1,1 millones de euros.

Por su parte, los bancos franceses Crédit Agricole y Société Générale hicieron valoraciones de las entidades intervenidas por el FROB. El primero cobró entre 50.000 y 250.000 euros según el banco, y el segundo percibió 200.000 euros por cada una de las tres valoraciones que entregó.

Grandes despachos

Para asistirle en temas jurídicos, el FROB acudió a grandes despachos. J&P Garrigues percibió 45.000 euros al año por asesorarle sobre recapitalización de las entidades intervenidas, 45.000 euros más sobre restructuración y otros 44.000 por consultoría. Los interventores del Estado advierten en su informe de que les ha sido imposible verificar si fueron realmente gratuitas las 100 horas de servicios profesionales que fueron pactadas como tales en el contrato de asistencia jurídica firmado con este bufete.

Con el despacho internacional Clifford Chance también suscribió un contrato genérico de asesoramiento y asistencia jurídica, por el que abonaba una minuta de 10.000 euros al mes. El despacho británico fue el que asesoró al venezolano Banesco para la compra del 88% de Novacaixagalicia, una de las entidades administradas por el FROB, por 1.003 millones de euros.

Con Simmons & Simmons, otro bufete internacional, el FROB pactó una remuneración de 75.000 euros anuales para que le asesorara en el proceso penal que se sigue contra Bankia y sus consejeros en la Audiencia Nacional. Y con el banco japonés Nomura celebró otro contrato para que le asesorara sobre estrategias para fortalecer las entidades que administra, a cambio de 517.241 euros. Según el interventor, en este contrato Nomura subcontrató los encargos de Banco de Valencia y Caja Sur sin que el FROB se lo autorizara o denegara. El banco japonés fue accionista, a través de un fondo, de la empresa de infraestructuras y tecnología de la información Avanzit, luego renombrada como Ezentis. Uno de sus consejeros fue Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Sin concurso ordinario

Todos estos contratos de asesoría fueron adjudicados por un procedimiento negociado y sin publicidad, como el 83% de los contratos que suscribió el FROB en esos años. Se trata de concursos restringidos en los que se invita a un mínimo de tres candidatos. El de Simmons & Simmons, no obstante, se hizo sin invitaciones.

También recurrió el FROB a la consultora internacional Oliver Wyman para diseñar el plan de resolución del Banco de Valencia. Le pagó 550.000 euros por un mes de trabajo. No hubo concurso, se le adjudicó directamente el contrato. Oliver Wyman fue la firma que llevó a cabo los test de estrés de la banca española en 2012 y 2014.

infoLibre preguntó al FROB sobre el informe de la Intervención General del Estado y los datos que allí aparecen sobre el contrato que el organismo firmó con Seeliger y Conde en 2009. Le envió un correo con las siguientes preguntas, que ha declinado contestar:

–En octubre de 2011, Luis Conde fue nombrado consejero independiente de Catalunya Banc, cuyo mayor accionista era el FROB. Es decir, su nombramiento debió de contar con la aprobación del FROB. ¿No existe algún tipo de incompatibilidad entre el hecho de que Conde fuera al mismo tiempo adjudicatario del FROB y consejero de una entidad administrada por el FROB?

–¿Sigue vigente este contrato (el informe dice que sí lo estaba a la fecha de su entrega, mayo de 2014)?

También el servicio de estudios del BBVA es uno de los mayores defensores de lo que llama “modernización del sistema de despido”. Su última propuesta defiende abaratarlo creando un contrato único con una indemnización que crecería según la antigüedad del trabajador, de forma que sólo llegaría a los 33 días por año quien acumulara un mínimo de ocho años en la empresa. Por su parte, el servicio de estudios de Caixabank rechaza en sus informes las “rigideces” del mercado laboral, como los elevados costes de despido, y considera “insuficiente” la “flexibilidad” de la legislación española sobre el trabajo.

Aunque la institución que con más entusiasmo ha reclamado una reforma laboral que, entre otras novedades, abaratara los despidos es el Banco de España. Tanto con su anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como con el actual, Luis Linde. En 2009, el primero llegó a pedir la desaparición del despido indemnizado, y el año pasado el segundo se mostró a favor de “acercar” la cuantía de la compensación por despido de los contratos indefinidos a los temporales; es decir, de 33 a 12 días por año trabajado.

Sin embargo, cuando ha tenido que recortar sus plantillas, y lo ha hecho con profusión durante toda la crisis, la banca española se ha olvidado de sus reparos teóricos sobre el coste de despido. Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2008, los bancos han despedido a 67.464 trabajadores, el 25% de su personal. Pero nunca ha aplicado los mínimos legales que le permite la reforma laboral, que tanto reclamó y cuya rebaja, ahora, incluso considera “insuficiente”.

Hasta 50 días en Banesto y Santander

Por el contrario, las indemnizaciones concedidas a los empleados de banca durante todos estos años han más que duplicado los 20 días por año trabajado del despido objetivo. El Banco Santander acaba de anunciar un recorte de 1.660 trabajadores, tanto en las sucursales como en los servicios centrales. En principio, ha puesto sobre la mesa indemnizaciones de 40 días por año trabajado. Pero los sindicatos han replicado que quieren los 50 días con que la entidad despidió a 3.000 trabajadores de Banesto cuando lo fusionó en 2013. Y, según fuentes sindicales, parece que está dispuesta a pagarlos. También ofreció prejubilaciones para mayores de 55 y 58 años con hasta el 80% del salario. Ahora  –aún no ha comenzado la negociación– propone el 70% para los mayores de 58 años.

Caixabank llegó a los 45 días por año trabajado y entre 36 y 42 mensualidades  –el tope legal para el despido improcedente es de 24 mensualidades– para los 867 trabajadores que se acogieron el año pasado a un plan voluntario de bajas. Fueron los mismos días que dio en 2013 a 2.600 empleados, pero multiplicados por 42 mensualidades.

En el caso de Barclays, que fue adquirido por la entidad catalana el año pasado, un total de 975 trabajadores se llevaron 38 días, pero sumados con una prima de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad y otros 1.000 euros más por año trabajado, supuso que la cuantía final de la indemnización podía alcanzar un máximo de 250.000 euros. 300.000 euros si se trataba de una prejubilación, con el 90% del salario.

Ambos ejemplos muestran el patrón por el que se han regido los despidos colectivos en la banca durante estos años: altas indemnizaciones y predilección por las bajas voluntarias y las prejubilaciones.

Salarios que doblan la media nacional

La generosidad de la banca, en cualquier caso, tiene que ver con diferentes factores. Primero, las plantillas cuentan de partida con salarios por encima de la media. Según la última Encuesta Anual del Coste Laboral, correspondiente a 2014 y elaborada por el INE, el salario bruto medio en el sector financiero es de 48.760,4 euros al año, más del doble que la media nacional, de sólo 22.605,8 euros. Las indemnizaciones de la banca alcanzan los 1.866,5 euros, el 2,8% del coste salarial total, casi seis veces más que la media nacional.

Además, los directivos de las entidades financieras cuentan con algunas de las remuneraciones más elevadas. Ana Patricia Botín se llevó el año pasado 9,8 millones de euros, un 10% más que en 2014. El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se jubiló en 2015 con sólo 54 años y una pensión de 45 millones de euros. La cobrará de forma vitalicia a razón de 1,79 millones de euros anuales. Muy lejos, de todos modos, de los 108 millones de pensión que cobró en 2002 el ex consejero delegado del Santander, Ángel Corcóstegui.

También hay que tener en cuenta que los beneficios del sector, pese a la crisis financiera, no han dejado de crecer desde 2012. En 2015, la banca española ganó 10.389 millones de euros, un 5,6% más que el ejercicio anterior. Suma así tres años consecutivos de beneficios.

Los ERE de Santander o de Caixabank, por ejemplo, se debieron a razones organizativas, o fusiones, también para afrontar la necesaria transformación digital. Hace una semana, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, preparó el terreno para futuros recortes de plantilla al anunciar la eventualidad del cierre de 2.800 de sus 3.800 sucursales por la adaptación digital y la aparición de nuevos competidores ajenos al sector.

Alta afiliación sindical, huida de la conflictividad

Todo lo anterior, añadido a que el sector cuenta con unos buenos convenios colectivos y una larga y consolidada tradición sindical, se traduce en unas negociaciones que suelen terminar en acuerdo y con cifras consideradas de lujo. De ahí el elevado número de adhesiones voluntarias a los planes de recorte. “Hasta el 60% de las plantillas de la banca en España están afiliados a un sindicato”, destaca el responsable del sector financiero de CCOO, Juan José Giner.

Además, la edad media de las plantillas le ha permitido jugar la baza de las prejubilaciones. Al menos hasta ahora, cuando ya no alcanza los 45 años. Giner precisa, no obstante, que esta manera de rejuvenecer el personal tiene cada vez menos recorrido después de los sucesivos ERE que han ejecutado muchas entidades.

A su juicio, los bancos prefieren evitar la conflictividad cuando se trata de recortar plantilla. Sobre todo en un sector, explica, en el que los empleados “no son fácilmente remplazables”, porque “la profesionalidad, la formación y la estabilidad” son un activo primordial. Por eso alerta ante la pérdida constante de empleo que está sufriendo el sector. “España se encuentra entre los tres últimos países de la zona euro por número de empleados bancarios cada 10.000 habitantes”, lamenta. Una cosa son las oficinas, zanja, y otra los profesionales.

Las nacionalizadas, menos de 30 días

Pero dentro de la banca también hay clases. Y las entidades que sucumbieron a la crisis y la mala gestión, y fueron nacionalizadas o recibieron cuantiosas ayudas públicas, no han sido tan espléndidas con sus trabajadores. El ERE de Bankia fijó el límite que no debía sobrepasarse en estos casos. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.000 millones de euros del Estado y se deshizo de 4.500 trabajadores en el mayor ERE de la historia del sector. Los despedidos recibieron indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y las prejubilaciones se firmaron con el 60% del salario bruto. En cualquier caso, 10 días por encima del mínimo legal.

También se ofreció 30 días, aunque con un tope de 30 mensualidades, a los 1.557 excedentes de Catalunya Caixa, que fue adquirida por BBVA el año pasado. Las prejubilaciones ascendían al 70% del sueldo. Catalunya Caixa había percibido 12.052 millones en ayudas públicas. Los 1.850 trabajadores incluidos en el ERE de Novacaixagalicia se llevaron indemnizaciones de 25 días, con un tope de 16 meses y una prima de 2.000 euros por cada trienio, 30 días con un límite de 22 mensualidades y una prima por trienio de 22.000 euros en el caso de las bajas voluntarias. Las prejubilaciones alcanzaban el 80% del salario. La entidad gallega ingresó 8.981 millones de euros de las arcas públicas. Aún no se sabe qué cantidad va a ofrecer Banco Ceiss  –fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero–, a los 1.120 trabajadores que tiene pensado despedir, pero la entidad también recibió dinero del Estado: 1.129 millones.

Pese a su volumen, las indemnizaciones de los bancos no son las más elevadas que constan en los registros. En plena crisis, empresas como General Electric o Yahoo pagaron 60 días por año a sus trabajadores. Levi's lo hizo en los tiempos de euforia económica, en 2004. El año pasado Coca-Cola despidió a 60 directivos con indemnizaciones de al menos 100 días por año trabajado, según informó en su día El Economista. Mientras, pleiteaba en los tribunales con los sindicatos por el ERE con el que se deshizo de 1.156 empleados a razón de 33 días  –aumentados a 45 por la Audiencia Nacional–. La embotelladora española del refresco de cola tuvo unos beneficios de 311 millones ese año, un 47% más que en 2014.

Fernando Herrero (Valladolid, 1975) es el portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que en los últimos años ha batallado contra los dirigentes que hundieron una parte importante del sistema financiero español. Gracias a este trabajo y a su prestigio, centenares de personas recurren a Adicae para tratar de recuperar sus inversiones. En los últimos meses casi un millar de afectados por la salida a bolsa de Bankia ha reclamado su personación en la Audiencia Nacional con la intermediación de esta asociación, que también se ha querellado contra los exdirigentes de Bankia, Caja del Mediterráneo (CAM), Novacaixagalicia y Caja Castilla-La Mancha, entre otros.

PREGUNTA: La Audiencia Nacional ha condenado a los exdirigentes de Caixa Penedès y Novacaixagalicia a dos años de cárcel, pero en realidad no pisarán la prisión...

RESPUESTA: Si se miran las resultados de los procedimientos de las cajas de ahorros, la realidad parece ser que la impunidad es la tónica. Es decir, las sentencias conocidas hasta ahora afean la actuación y la actitud de los directivos condenados. Señalan que han obrado en defensa de sus intereses exclusivos y a costa de los de la entidad, y por ende, de los de la clientela, y en general de la ciudadanía. Sin embargo, las penas que se imponen son solo por un dinero que se autoatribuyeron en forma de pensión, una subida de sueldo, unas compensaciones de un tipo o de otro, y eso lleva a decir, ¿esto cómo es posible? Entendemos que es un intento institucional de hacer borrón y cuenta nueva, olvidar lo pasado, decir que todo está arreglado y tirar hacia adelante sin que se depuren de verdad las responsabilidades, ya que era un subsector que representaba el 50% del sistema financiero español. 

P: Pero la ciudadanía no entiende que no se juzgue este expolio.

R: Más allá de la posibilidad de revisar la legislación penal, hay que darse cuenta de que estos procedimientos no han entrado a abordar los intereses de los verdaderos perjudicados. La realidad fue que, fruto de esa nefasta gestión, cuando no corrupta, en las causas no se han investigado las estrategias que siguieron los directivos para tapar los agujeros, que supusieron una auténtica huida hacia adelante. Intentaron tapar esos agujeros a costa de los ciudadanos, con toda clase de estrategias, como las preferentes y en general los productos de ahorro que hemos calificado de tóxicos.

P: Adicae está desarrollando una importante labor en la lucha contra la corrupción al personarse como acusación popular. ¿Qué opinión tiene del trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción?Adicae

R: La justicia en general no ha querido abordar las actuaciones que condujeron a las quiebras. Y las propias querellas de la Fiscalía o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco han entrado en esto. Han ido a la punta del iceberg, como por ejemplo los sobresueldos o las tarjetas black. Pero, en realidad ,todo eso son las migajas del saqueo, aunque sea mucho dinero, y por eso no van a la cárcel. Pero si lo comparas con el agujero que generaron, pues es el chocolate del loro.

Eso ha llevado a que las condenas sean anecdóticas. No penalizan la gestión, y lo que es objeto de condena, la atribución de los beneficios, no es más que el exponente de algo mucho más grave. Ninguna caja se habría ido a la quiebra porque unos señores se hubieran llevado 15 millones. Eso era el día a día de la entidad, y la expresión de cómo funcionaban estas instituciones.

P: ¿Entonces considera que la justicia no está dando respuesta al saqueo de las cajas y a los derechos de los afectados, como por ejemplo los preferentistas?

R: Sí, en los procedimientos parece que las víctimas de los delitos son las propias entidades, pero se olvidan de que las víctimas del saqueo de estas entidades tienen muchos nombres y apellidos, y son un número muy grande de personas. Y si tenemos en cuenta lo que supone el saqueo de una caja de ahorros, una entidad con un téorico carácter benéfico-social que en el fondo no tiene propietarios, pues estamos hablando de que las víctimas han sido los consumidores y la ciudadanía en general, que habría que considerarla propietaria, en sentido figurado, de todo el patrimonio social que representaban las cajas.

Y no me refiero solo a los inmuebles, sino también a la relevancia teórica, que fue minada año a año, de estas entidades ligadas al territorio, al desarrollo económico y social en un determinado ámbito. Y todos esos perjudicados concretos o la globalidad no han sido tenidos en cuenta en los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de NovacaixagaliciaNovacaixagalicialos perjudicados fueron Novagalicia Banco, como acusación particular, y el FROB, porque tuvo que poner unos fondos para evitar la quiebra definitiva. Pero, en realidad, hubo muchos más.

P: ¿Qué le parece la actuación de la Fiscalía en los casos sobre las cajas? En el caso de Caixa Penedés acordó una pena de dos años, y en el de las cajas gallegas no ha recurrido la sentencia....

R: La Fiscalía en Novacaixagalicia ha aceptado la sentencia, lo que significa que la da por buena, que la condena de dos años la consideran adecuada y conforme a la ley. Todo esto tiene que ver con los déficit de los procedimientos en sí mismos, que solo abordan una serie de prácticas concretas. Y por eso solo se acusa por esas prácticas concretas, pues la ley establece unas penas determinadas. Por ejemplo, en el caso de Novacaixagalicia no se ha planteado que haya habido una estafa o un fraude a los consumidores, que es también un tipo penal reciente.

P: Quizá por eso la Fiscalía no quiera recurrir, ya que lo que podría conseguir no sería gran cosa.

R: Por eso decimos que el problema viene de origen. Puede haber elementos de una voluntad institucional, política, como queramos llamarlo, y luego la complejidad de los asuntos en sí mismos, porque acreditar toda esa gestión corrupta es muy complejo. Pero la complejidad no puede ser excusa, ya que en las sentencias conocidas hasta ahora se pone de manifiesto que actuaban de una forma, como mínimo irresponsable, y eso en el mejor de los casos. Es muy fácil acreditar cómo se fue llevando a las cajas a la quiebra y con qué operaciones y con qué manejos. Entendemos que no se ha querido. Estamos hablando del saqueo de unas entidades que, en sentido figurado, eran de todos. Nosotros hemos insistido en la conexión del tema que se juzgaba con otros asuntos, como las preferentes, y nos hemos encontrado con el rechazo frontal de los magistrados, que en instrucción no querían ni oír hablar del tema.

P: En el caso Bankia sí se ha abierto una pieza separada respecto a los preferentistas, pero a día de hoy no está avanzando.caso Bankia

R: Yo creo que se ha querido silenciar el debate público, político y jurídico sobre la liquidación y el expolio de las cajas de ahorros, y claro, eso tiene una traducción en la práctica en este procedimiento. Ahora mismo, y que nosotros sepamos, el caso de las preferentes está viviendo el sueño de los justos.

P: Los banqueros se defienden asegurando que una mala gestión de las cajas no implica una actuación delictiva...

R: Sí, de alguna manera dicen eso pero, claro, a la vez se hacen una serie de afirmaciones. Por ejemplo, en la reciente sentencia del caso Novacaixagalicia ha quedado acreditado que los dirigentes estaban actuando en su exclusivo beneficio y a costa de los intereses de la entidad. Decir eso y argumentar que es solo una mala gestión no es compatible. Vulneraron todos los principios aplicables a la gestión empresarial y a la legalidad, que es lo importante, porque aquí no hablamos de buenos o malos empresarios o gestores, aquí estamos hablando de un uso interesado que vulnera los intereses societarios de la entidad.

P: ¿Y qué pasará en los casos que faltan por juzgar, como el de la fusión y salida a bolsa de Bankia?

R: En el caso Bankia, en el que se investiga la salida a bolsa, hay una acreditación muy evidente de que hubo una manipulación de las cuentas, es decir, un intento explícito de ocultación y que, además, usaron esa ocultación para engañar a la gente y captar dinero. Eso más allá de todas las cuestiones que vienen saliendo y que son compartidas en otras muchas cajas, como las operaciones que se hacían que escapaban a toda lógica económica, al menos desde una perspectiva de la gestión.

P: En Bankia se está investigando la fusión y la salida a bolsa, sin hacer piezas separadas por cada una de las operaciones de refinanciación sospechosas...

R: Uno de los peligros que se aprecia en otros casos es que la causa se focaliza en uno de los dirigentes o directivos, que parece un factótum que era capaz de hacer todo eso sin que nadie se diera cuenta. Cuando se habla de Rodrigo Rato y de Miguel Blesa, aunque serían los principales responsables, en realidad no operaron solos. Ahí hubo toda una caterva de altos dirigentes y altos directivos que no eran en absoluto ajenos a lo que estaba sucediendo. Eran perfectos conocedores, en mayor o menor grado. 

Nosotros hablamos de la necesidad de una causa general. Ya que no se trata de múltiples operaciones irregulares aisladas, en realidad no era un problema de estas inversiones, sino que era el diseño, el enfoque y el funcionamiento general de la caja. Por eso hay que esclarecer quién puso en marcha la operativa, cómo se propició y cómo se mantuvo toda esta dinámica.

P: Ustedes han sido la única acusación activa en el caso Caja Castilla-La Mancha...caso Caja Castilla-La Mancha

R: Ese es un caso muy significativo, que ha pasado más desapercibido. Nosotros nos personamos como acusación popular contra los dirigentes, de la órbita del PSOE de esta comunidad, y hay que decir que ahí no ha intervenido ninguna de las acusaciones más que nosotros. Otra acusación que provenía del ámbito político [Partido Popular] se batió en retirada. Y esto es muy expresivo de la tendencia a dejar pasar el problema, porque ya hay decretos de saneamiento del sistema financiero, nuevas entidades, fundaciones bancarias, en las que en algunos casos se ha colocado a los mismos que estaban en las fundaciones bancarias. Ahora mismo todo apunta a que tratan de hacer borrón y cuenta nueva.

P. En España es muy difícil entonces que se dé como en Estados Unidos un caso Madoff, en el que el banquero acaba en la cárcel... caso Madoff

R. En España se ha optado por investigar los pequeños casos. Y por eso las sentencias, de menos de dos años, ni siquiera tienen un carácter de desincentivo de la corrupción, y por eso decimos que si todo esto se cierra así, dentro de cinco, ocho o 10 años, volveremos a hablar de lo mismo en otros ámbitos. Si no hay consecuencias por esquilmar ese patrimonio, algunos estarán dispuestos a seguir adelante porque les saldrá a cuenta.

La Justicia condenó en octubre pasado a cinco ex altos directivos de bancos por su papel en la crisis. En total, el número de banqueros condenados es de 26, y pasarán sumando las penas de todos ellos 72 años en prisión. Esta noticia no se refiere a España, sino a Islandia, un país que ha sabido superar el colapso financiero y depurar las responsabilidades de la caída del sector bancario.

Mientras tanto, aquí, solo nueve exdirectivos de Caixa Penedès y Novacaixagalicia han sido condenados a penas que van de uno a dos años. Pero como ninguno de ellos tiene antecedentes penales, nadie ingresará en prisión.

Se trata en concreto del ex director general de Caixa Penedés Ricard Pagès (2 años); y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, condenados a un año de cárcel. Y también José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán; y el expresidente Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas, estos dos últimos como cooperadores.

Devolución del dinero

Tanto en el caso de la entidad catalana como la gallega los directivos han sido condenados por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Los primeros tendrán que devolver 28,6 millones y 14 los gallegos.

Y en el futuro próximo tampoco habrá cambios significativos en las sentencias previstas, ya que en el juicio que se celebrará en febrero próximo contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, y contra el ex director general Ildefonso Ortega, la pena máxima solicitada por la Fiscalía Anticorrupción es de dos años y medio de cárcel por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad.

La acusación popular de Adicae pide cinco años de cárcel para Moltó y su número dos, una cifra idéntica a la reclamada por la acusación particular de Banco CCM, hoy Liberbank.

Absolución en la CAM

Pero el caso más sonado, y que muestra las dificultades de la justicia española para condenar las actividades de los banqueros que hundieron a las cajas, fue la absolución de los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Meditaráneo (CAM).

Estos banqueros, considerados responsables del mayor agujero del sistema financiero español, pues el Estado español tuvo que consignar 24.000 millones para sanear la caja por 22.400 millones de Bankia, han logrado eludir su primera petición de cárcel.

La Audiencia Nacional exoneró a los exdirectivos de CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, para los que la Fiscalía pedía cuatro y dos años y medio de prisión, respectivamente, de haber ideado un sistema ilegal de cobro de dietas en una empresa participada de la caja.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exoneró, además, a los otros 18 presuntos partícipes a título lucrativo de devolver las cantidades que percibieron como miembros de la comisión de control de la empresa Tenedora de Inversiones (TI), que ascendieron a 1,4 millones de euros.

El Supremo revisa la sentencia

No obstante, el pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo deliberó acerca de la conveniencia de repetir el mencionado juicio tras aceptar dos recursos interpuestos por el Fondo de Garantía de Depósitos y la Fundación CAM contra la resolución dictada.

Al margen de la decisión del Supremo, que se dará a conocer en los próximos días, está claro que el resultado de la acción de la justicia española difiere, hasta el momento, de la de Islandia, pero incluso también de la de Estados Unidos. Las autoridades de Washington no dudaron en encarcelar de forma fulgurante al estafador Bernard Madoff, que cumple 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal de la historia: 35.570 millones de euros.

El agujero de la banca española, que según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas ha necesitado más de 100.000 millones de euros para evitar la quiebra del sector bancario, es tres veces superior al que supuso la estafa perpetrada por Madoff.

200 banqueros y empresarios imputados

Mientras tanto, la acción de la justicia española sigue con lentitud, pese a que en noviembre de 2013 cerca de 200 exconsejeros de cajas de ahorros y empresarios ligados a las mismas permanecían imputados en toda España por su relación con los presuntos delitos cometidos en el seno de las diferentes cajas de ahorros.

Llama la atención que hasta el momento, y a falta de que los jueces y fiscales vayan cerrando sus investigaciones, los exdirectivos de las cajas solo han tenido que afrontar juicios por la percepción de sobresueldos irregulares. Pero no por su gestión delictiva.

Banco de Valencia, una excepción

Una de las excepciones a este modus operandi de la justicia es el caso Banco de Valencia, que necesitó 17.000 millones de euros antes de ser vendido a Caixabank por 1 euro. Instruido en la Audiencia Nacional por el titular del Juzgado Central de instrucción número 1, Santiago Pedraz, tiene más de 30 imputados.

Desde un principio, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado partió el caso en una rama principal, de la que se desgajaron una decena de piezas separadas en las que se investigan operaciones concretas.

Gracias a esta forma de actuar, Pedraz está a punto de cerrar la primera de estas piezas. En concreto, se trata de la relacionada con el agujero que sufrió Banco de Valencia al decidir su anterior cúpula directiva la entrada en el accionario de Aguas de Valencia de la mano de los empresarios Calabuig, cinco de los cuales están imputados.

El pasado octubre Pedraz reclamó a las partes que le indicaran sí tenían alguna diligencia más que solicitar, en lo que parece un claro movimiento previo al cierre de la instrucción.

Además, el juez Pedraz ha citado para esta semana a los primeros peritos del Banco de España que realizaron informes sobre el Banco de Valencia. Y posteriormente tiene intención de citar a declarar como imputados a los directivos de Banco de Valencia que fueron objeto de la querella por parte del abogado Diego Muñoz-Cobo, en nombre de los pequeños accionistas de la entidad (Apabankval).

Andreu no quiere investigar Caja Madrid

Por el contrario, el caso Bankia, instruido por Fernando Andreu, ha seguido derroteros muy diferentes. Iniciado por la querella del abogado Andrés Herzog, hoy máximo dirigente de UPyD, el titular del Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional solo ha querido investigar la fusión y la salida a bolsa de Bankia.

En todo momento el juez ha rechazado asumir investigaciones concretas, como por ejemplo cuando el juez de Madrid Elpidio José Silva, expulsado de la carrera judicial tras encarcelar a Miguel Blesa, le pidió que asumiera la investigación de los créditos del expresidente de la patronal de Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán, o la compra del City National Bank de Miami. Ambos casos están archivados.

La negativa de Andreu, que también rechazó asumir otra querella interpuesta por UPyD por la gestión de Miguel Blesa en Caja Madrid, y que ahora se instruye en parte en un juzgado de instrucción de Madrid, ha hecho que los diferentes casos se investiguen, de forma individual, por otros jueces. La percepción de sobresueldos irregulares por un valor de 15 millones por parte de Blesa y de su equipo se está instruyendo en un juzgado ordinario de Madrid (Plaza de Castilla).

Además, la propia instrucción del caso ha reducido el número de imputados de Bankia de 36 a cuatro, que son los directivos que han tenido que afrontar junto con Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la fianza de 33,4 millones, que son Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

Sin embargo, Andreu sí que asumió, dentro del caso Bankia, la investigación de las tarjetas black. Siguiendo las conclusiones del Ministerio Público, este magistrado acordó el archivo de las imputaciones realizadas en un principio contra los exdirectivos Blesa y Rato. La Sala de lo Penal revocó esta decisión, por lo que tanto los consejeros nombrados por los políticos como la guardia pretoriana de Blesa y Rato permanecen imputados por gastar cerca de 15 millones de euros de forma indebida.

Treinta denuncias de Bankia

Bankia, según la información difundida por la propia entidad, ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción una treintena de operaciones bancarias de los periodos de Miguel Blesa (Caja Madrid), Rodrigo Rato (Caja Madrid y Bankia) y José Luis Olivas (Bancaja, Banco de Valencia y Bankia). Como por ejemplo el caso Grand Coralcaso Grand Coral, heredado por Bankia pero que tuvo su origen en las inversiones realizadas por Bancaja.

Solo en la operación de Grand Coral, que consistió en la compra de terrenos y hoteles en el Caribe mexicano, Bankia perdió alrededor de 200 millones de euros.

Entre estas denuncias presentadas por el grupo BFA-Bankia ante la Fiscalía Anticorrupción se encuentran también las operaciones financieras de Share Capital, Ferrobús y Fuentes de Chiva, cuyo recorrido judicial no ha trascendido.

La asociación de consumidores Adicae, personada como acusación popular en la causa contra los exdirectivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones millonarias, ha decidido no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que les condenó a dos años de cárcel, según ha confirmado a infoLibre Fernando Herrero, portavoz de la asociación.

La Audiencia Nacional que los exdirectivos de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas fueran condenados por un delito de administración desleal y apropiación indebida a dos años de cárcel por el cobro ilegal de prejubilaciones millonarias. Los banqueros tendrán que devolver casi 14 millones de euros, correspondientes a las cantidades que percibieron indebidamente.

Tras conocer el fallo del tribunal, el presidente de Adicar, Manuel Pardos, anunció su intención recurrir el mismo, al considerarlo "una burla a los gallegos, a los consumidores y al conjunto de la ciudadanía".

Cambio de opinión

"No hemos recurrido porque nos parece inconcebible, inaceptable y estrambótico que ante una sentencia que afirma prácticamente que los dirigentes llevaron a la caja a la quiebra la pena sea la que es", asegura el portavoz de Adicae, que ataca al Ministerio Público: "Nos parece estrambótico que la Fiscalía decida no recurrir, y que la acusación particular, que en el fondo no deja de ser el FROB, tampoco".

La decisión de Adicae de no recurrir se justifica, según Fernando Herrero, porque esta asociación de consumidores, que no tiene ánimo de lucro, se expondría con el recurso "a unas costas de seis millones de euros, porque la cuantía del procedimiento son 18 millones, y todo eso para conseguir que en vez de dos años se les condene a tres. No queremos ser el Cid Campeador", se lamenta el portavoz de la asociación, que sentencia: "En esa tesitura hemos resuelto no recurrir, porque no queremos ser el cabeza de turco de la escasa voluntad de la Fiscalía y de la acusación particular. Aunque un aumento tiene su relevancia, porque con más de dos años podrían ingresar en prisión".

Los recursos de los condenados

No obstante, Adicae sí se personará en los recursos interpuestos por los acusados "para que por los menos no se dé el esperpento de una aminoración de la pena que, visto lo visto, no sería descabellado, tal y como está reaccionando el sistema judicial en relación a los delitos de cuello blanco", resalta Fernando Herrero.

"No queremos ser la Fiscalía Anticorrupción, ya que para eso existe este organismo en España, y que es el que debería operar en asuntos de este tipo, sobre todo porque aquí no se ha querido incluir lo que más le interesa a Adicae, que es que se restituyan los perjuicios que se han causado a los afectados, como por ejemplo las preferentes. No tenemos porqué usurpar el papel de la Fiscalía", finaliza el portavoz de la asociación.