Que Carlos Hugo Preciado, vocal díscolo de la cuota progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por Sumar, se convierta en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es algo, por ahora, incierto. Pero su candidatura a la Corte de Estrasburgo –la más alta instancia en derechos humanos en el ordenamiento jurídico español, por encima incluso del Tribunal Constitucional– en caso de prosperar, pondría en peligro el precario equilibrio entre progresistas y conservadores para entregar el poder interno del órgano de gobierno de los jueces a los consejeros propuestos por el PP. Su hipotética salida la cubriría el magistrado almeriense David Villagrá Álvarez, delegado en esa provincia de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Para convertirse en magistrado, Preciado debe primero superar con éxito varios filtros. El primero, el de la comisión de selección española, integrada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal conservadora del CGPJ Gema Espinosa, y la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés. Ese órgano seleccionará la terna de candidatos que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se enviará al Consejo de Europa. El segundo filtro se produce en la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional que debe seleccionar al magistrado español para los próximos nueve años por mayoría absoluta.

En el incierto caso de que el vocal propuesto por Sumar superara todo ese proceso, la consecuencia para el CGPJ sería la alteración de su juego de mayorías, que pasaría de un empate a diez vocales entre conservadores y progresistas a una mayoría de derechas de once miembros frente a los nueve propuestos por la izquierda y la presidenta, Isabel Perelló, con etiqueta progresista pero casi siempre alineada con los conservadores. Así lo establece el acuerdo del Pleno del Senado del 24 de julio de 2024 que, además de elegir a Preciado como uno de los seis vocales judiciales correspondientes a esa Cámara, seleccionó como primer suplente a David Villagrá Álvarez, actual presidente del Tribunal de Instancia de Almería, de la conservadora APM. La lista la completan como segundo suplente el progresista Ignacio Martín Verona, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la también conservadora Isabel Serrano Frías (APM).

La última renovación del Consejo vino acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa, precisamente, a la elección de los suplentes. En lugar de establecer, como hasta entonces, una lista de tres nombres en el orden elegido por el Congreso o el Senado para cada uno de los seis vocales judiciales y cuatro seleccionados entre juristas de reconocido prestigio que tocan a cada Cámara, se estableció que cada uno de los consejeros titulares tuviera su propio sustituto para el caso de que dejara el cargo anticipadamente. Esta nueva regulación, sin embargo, no es de aplicación al actual CGPJ, cuya renovación se hizo con el sistema anterior.

La salida de Preciado es solo una hipótesis de futuro, pero en el sector progresista hay otro vocal judicial que sí tendrá que ser sustituido dentro de dos años. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena que, en agosto de 2028, alcanzará la edad de jubilación (72 años) y, al formar parte de la cuota de consejeros procedentes de la carrera, tendrá que dejar el Consejo. A diferencia de lo que ocurriría con Preciado, en este caso, la sustituta será, al igual que el vocal saliente, de sensibilidad progresista. Arozamena fue elegido por acuerdo del Pleno del Congreso el 23 de julio de 2024. En ese mismo acuerdo, como primera suplente aparece Adoración Jiménez Hidalgo, titular de la plaza 3 de lo Social del Tribunal de Instancia de Terrassa (Barcelona), miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y de JJpD.

La asociación progresista Juezas y Jueces para la democracia (JJPD) ha denunciado la falta de transparencia del Consejo General del Judicial al no hacer público el acuerdo por el que aprobó el pasado septiembre una subida salarial generalizada para los vocales y la presidenta, que en algunos casos supone hasta 800 euros al mes.

En un comunicado, esta asociación pide al órgano de gobierno de los jueces "mayor responsabilidad a la hora de afrontar las prioridades del gobierno del Poder Judicial", y subraya que el citado acuerdo aún no aparece en la página web del CGPJ.

Dicha subida salarial, según explicaron fuentes jurídicas, respondió a la adecuación del complemento de antigüedad previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que es la que actualmente está en vigor, para los altos cargos del Tribunal Constitucional, el CGPJ y el Tribunal de Cuentas.

La asociación recuerda asimismo que, cuatro meses después de que se haya generalizado la puesta en marcha de los tribunales de instancia en el país, sigue siendo necesario que el CGPJ reforme los reglamentos para su correcto funcionamiento y para afrontar la reorganización del trabajo judicial.

"Entendemos que la premura y consenso deben alcanzarse en estas cuestiones esenciales para el servicio público que constituye la administración de justicia, y no en una innecesaria elevación de la remuneración de las vocalías del CGPJ cuya insuficiencia no se ha demostrado", señala.

La asociación JJPD también considera "impropia, inadecuada y errónea la reciente decisión reconocer públicamente la labor de las personas que conformaron el anterior CGPJ promoviendo una condecoración", y recuerda el "ilegal e irresponsable bloqueo" de su renovación, que estuvo en funciones más de cinco años.

"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha asegurado que la futura Ley de multirreincidencia vulnera el principio de proporcionalidad y considera que el "innecesario" endurecimiento de las penas en los delitos de hurtos y estafas no tiene un efecto disuasorio real, según recoge EFE.

JJpD ha manifestado su "profunda preocupación" por la reforma del Código Penal prevista en la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves salió adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV, que supone un "retroceso" en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico.

"Elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal", ha señalado JJpD en un comunicado.

A su juicio, el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad.

Así, ha precisado que la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces) no ha tenido un efecto disuasorio real pues desde su aprobación los hurtos han crecido más de un 20%.

Ademá, según esta asociación, la reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.

"La solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos (..) y no simplemente elevar las penas", ha incidido JJpD, que ha advertido de que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y suponen una criminalización de la pobreza.

Por ello, JJpD insta a los poderes públicos a abandonar la senda del "populismo punitivo" y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución.

Inhabilitar a la única autoridad judicial nombrada directamente por el Gobierno –el fiscal general del Estado– con una sentencia basada en meros indicios en la que dos de las siete magistradas firmantes aseguran que vulnera los derechos fundamentales y las más básicas garantías del condenado, no va a salir gratis al ya tocado prestigio del Tribunal Supremo. La condena al jefe del Ministerio Público ha abierto una fractura sin precedentes en la Sala de lo Penal que se refleja en dos visiones alternativas de la realidad y reproches de fondo en su propio seno que en la calle y en gran parte de la academia se entienden como acusaciones de lawfare, cuando no de algo peor. Esa grieta de raíz no deja de expandirse desde el martes, cuando se notificó la resolución. Dos días después, la principal asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), se ha desvinculado de su tradicional posición de no entrar en el contenido de las resoluciones de juzgados y tribunales y ha hecho público este jueves un inusual comunicado en el que carga directamente contra el criterio mantenido por el Alto Tribunal y sostiene que lo más adecuado hubiera sido la absolución.

El extraordinario texto de la asociación se difunde por "la extraordinaria relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo" que justifica "un posicionamiento público, leal con el Poder Judicial, pero firme en la defensa de los derechos y principios que informan el sistema del justicia penal". En román paladino: la principal asociación judicial progresista, la tercera en número de miembros tras las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (FdV) considera que la polémica resolución afecta directamente a esos derechos y principios, todos ellos de máxima importancia en una democracia y por ello recogidos y tutelados a nivel constitucional. Se trata, además, de unos derechos que corresponde garantizar al Poder Judicial en su conjunto y, en particular, a su más alta instancia Penal, la Sala Segunda del Supremo.

Que se han vulnerado esos principios y derechos constitucionales del proceso penal es algo que subrayan las dos magistradas que han redactado un voto particular que discrepa radicalmente del criterio seguido por cinco de sus compañeros. En su texto, Ana Ferrer y Susana Polo (ambas asociadas a JJpD) sostienen que los cinco compañeros que sacaron adelante la sentencia –Andrés Martínez Arrieta (presidente y ponente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela– han vulnerado la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz con interpretaciones contra reo, contrarias a ese derecho fundamental.

También mantienen que considerar el borrado del móvil –sin conocer qué contenía ni qué ni cuándo se borró exactamente– como un indicio contra García Ortiz "vulnera el derecho que a toda persona acusada en un proceso le asiste a no autoinculparse, a no colaborar con la acusación, sin sufrir por ello consecuencias negativas, núcleo esencial del derecho a un proceso equitativo, al derecho de defensa y a la garantía de presunción de inocencia", es decir los principios que integran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.

Esta visión garantista que, de haberse impuesto en el tribunal, habría llevado a la absolución del fiscal general, no solo la sostiene el sector progresista de la Sala de lo Penal. El magistrado no asociado, pero aupado por el sector conservador del Consejo Andrés Palomo, como miembro de la Sala de Apelaciones, también redactó un voto particular –este contra el auto de procesamiento de García Ortiz– en el que aseguraba textualmente: "No resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado". Sobre el desmentido oficial del bulo de Ayuso que también ha servido de base a la mayoría para condenar, Palomo afirmaba de manera expresa: "Acudir a la reviviscencia típica de la publicación de la nota informativa, que por sí sola no habría dado lugar a la apertura de dligencias en esta Sala Segunda (...) no denota sino un mero intento de reforzamiento argumental, ante la escasez, debilidad e insuficiencia de los indicios de la filtración".

En su comunicado, JJpD critica, en primer lugar, que la sentencia considere "dato reservado" el correo enviado por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía en el que confesaba la comisión de dos delitos fiscales a cambio de evitar su entrada en prisión. Ese correo, según la asociación progresista, no era más que "información generada por la defensa" del propio Alberto González Amador "voluntariamente trasladada al Ministerio Fiscal" y "que no afecta a la intimidad personal ni revela extremos patrimoniales desconocidos para la administración". Pero, además, según el colectivo, esa información "termina siendo utilizada y alterada" en los medios por personas ajenas a García Ortiz. Extender el concepto de "dato reservado" a ese correo afecta al derecho fundamental a legalidad penal del 25.1 de la Constitución –nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito–. Pero, además, genera "una evidente inseguridad para todas las instituciones y responsables públicos que, en cumplimiento de su función, deban facilitar información veraz a la ciudadanía en asuntos de relevancia pública", sostiene JJpD.

La asociación, que a finales de 2024 contaba con 436 afiliados, considera "discutible" la "prueba indiciaria" que ha servido de base al fallo. "Se otorga un peso decisivo a elementos como el borrado de datos o la negativa del acusado responder, desplazando en la práctica el derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio", es decir, otra vez el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías de García Ortiz (ver más arriba). La sentencia, según el colectivo de izquierdas, da "escasa operatividad" a los argumentos de descargo del propio acusado y a los testimonios de los periodistas que negaron que el fiscal general fuera su fuente. Falta, según JJpD "una explicación reforzada suficiente" que justifique que no se haya atendido a ellos.

La asociación también critica aspectos fundamentales de la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, que, según el comunicado, "normaliza medidas de investigación de máxima injerencia". Entre ellas se refiere al "copiado íntegro de dispositivos o amplias búsquedas en repositorios electrónicos". Todo ello acordado de manera desproporcionada "pese a que el objeto del procedimiento era una filtración muy concreta de un correo que albergaba la propuesta de un pacto de conformidad que ya había sido difundido públicamente". "Se consolida así un umbral de intervención tecnológica especialmente intenso frente a un alto cargo institucional", como el máximo responsable de la Fiscalía, puesto cuya regulación tiene rango constitucional.

La nota informativa se queja también de que el Alto Tribunal no haya tenido en cuenta el contexto en que se produjeron los hechos que han llevado a la inhabilitación del jefe del Ministerio Público. Recuerda que se dieron en medio de "intensas polémicas mediáticas y difusión de informaciones inexactas o abiertamente falsas sobre la actuación del Ministerio Fiscal". Frente a esos ataques, según JJpD, el desmentido por el Ministerio Público de los bulos difundidos por Isabel Díaz Ayuso, su principal asesor, Miguel Ángel Rodríguez, y su pareja, no solo no era ilícito, sino un acto obligado. "La Fiscalía no solo puede, sino que debe defender su prestigio institucional y la legalidad de su actuación, desmintiendo bulos y rectificando narrativas que erosionan la confianza ciudadana en la justicia", sostiene el comunicado. Restringir ese deber "frente a campañas organizadas de desinformación" o la "manipulación informativa", que afecta a otro derecho fundamental: el de "recibir información veraz sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de la persecución de los delitos", reconocido en el artículo 20.1.d de la Constitución.

La asociación concluye que la sentencia mayoritaria, "envía el mensaje de que se ensancha el perímetro del derecho penal sobre conductas vinculadas a la comunicación institucional", es decir, restringe la forma en que las instituciones se han comunicado hasta ahora con los medios y la opinión pública. También "flexibiliza el control de proporcionalidad sobre medidas de investigación especialmente intrusivas", como los registros y la clonación de dispositivos electrónicos que afectan a otros derechos fundamentales también protegidos constitucionalmente como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones (artículo 18 de la Constitución).

Para JJpD, la solución correcta al caso habría sido la que se sostiene en el voto particular discrepante de sus asociadas Polo y Ferrer –pero también el del magistrado conservador Andrés Palomo, que sostuvo que García Ortiz jamás debió ser juzgado–. "Una solución absolutoria hubiera sido más respetuosa con estos principios y más coherente con la función de última ratio que corresponde al derecho penal en un Estado social y democrático de derecho", prosigue el comunicado, que concluye con una advertencia sobre el retroceso en las garantías y el daño institucional de la condena. "La sentencia obliga a toda la comunidad jurídica a una profunda reflexión dirigida a asegurar y mantener la defensa de las instituciones y de los derechos fundamentales de la ciudadanía". Es nada menos que eso lo que, a juicio de la asociación progresista, la tercera en jueces y magistrados afiliados en España, cree que el Supremo ha puesto en peligro.

La agrupación de Juezas y Jueces para la Democracia se ha pronunciado finalmente sobre la sentencia de la condena contra el ex giscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la nota de prensa en la que se explicaba que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había admitido cometer dos delitos y pedía un acuerdo. 

Ahora, la asociación expresa que, en la condena a García Ortiz por revelación de secretos, no ven delito alguno, ya que consideran que la nota de prensa tuvo como motivación el asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. El cuestionar que se enviara esa nota de prensa supone, según ellos, “debilitar injustificadamente los mecanismos de defensa de la Fiscalía frente a la manipulación informativa”. 

“En un Estado democrático de Derecho, la Fiscalía no sólo puede, sino que debe defender su prestigio institucional y la legalidad de su actuación, desmintiendo bulos y rectificando narrativas que erosionan la confianza ciudadana en la justicia”, afirman en un comunicado de prensa. 

También justifican al ex fiscal general del Estado alegando que se trataba de una “información generada por la defensa, voluntariamente trasladada al Ministerio Fiscal”. Además aseguran que no hubo daño alguno ya que no afectó a la intimidad personal de nadie ni reveló “extremos patrimoniales desconocidos para la administración”. Por ello, denuncian que la información alrededor de García Ortiz y lo ocurrido se tergiversó con un solo objetivo: alterar el debate público. 

La coalición de partidos liderada por los socialistas que gobierna España desde 2018 está causando un grave daño a la democracia que afecta a principios básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. Pero este mantra, que repiten desde hace años las tres asociaciones judiciales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– tiene, según esos colectivos, una suerte de solución mágica: cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la judicatura para que sean elegidos directamente por sus compañeros. Sin que el Parlamento, en el que están representados todos los ciudadanos, legitime democráticamente su designación, como hace ahora. Se trata de una propuesta a la que la izquierda judicial y política se opone. Porque considera que supondría una cesión perpetua a la derecha del órgano, que además dejaría de guiarse por intereses generales para centrarse en los más corporativos.

Este debate eterno, que se inició con la elaboración de la Constitución hace casi 40 años, tuvo su último hito el pasado febrero. El CGPJ aprobó por unanimidad un informe con dos propuestas opuestas para elegir a estos vocales de extracción judicial. La de los progresistas propugnaba que fueran las Cortes –como hasta ahora– las que los eligieran de entre una nómina de candidatos elegida por la judicatura. Los conservadores, sin embargo, defendieron que fueran los propios jueces los que los seleccionaran. El informe era un mandato recogido en la ley que acompañó a la última renovación del órgano, en junio de 2024, que obligaba al órgano de gobierno de los jueces a elaborarlo con el objetivo de que pudiera "ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea". Es decir, que fuera la UE la que examinara si esa propuesta se acomodaba a "los mejores estándares europeos".

Tras semanas de negociación, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los promocionados por el PP no se pusieron de acuerdo. Para sacar adelante un solo informe con dos propuestas opuestas, los conservadores exigieron a los progresistas que aceptaran que las dos iniciativas no solo fueran analizadas por la Comisión Europea como establecía la ley aprobada con el pacto de renovación. También por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho –más conocida como Comisión de Venecia– el organismo consultivo y de supervisión del Consejo de Europa. Esa Comisión, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), también dependiente de esa misma organización internacional, son los que más recurrentemente han recomendado al Gobierno la propuesta que defienden los conservadores: la elección por sus compañeros de los 12 vocales jueces. La condición impuesta por la derecha del Poder Judicial también afecta al Gobierno, que tendrá que defender ante la delegación de esa Comisión su apuesta por la elección parlamentaria, la prevista en la ley con algunas variaciones desde 1985.

La delegación permanecerá en Madrid este lunes y el martes y está formada por la exministra de Justicia y expresidenta del Tribunal Constitucional italiano Marta Cartabia, la jurista y profesora universitaria suiza Regina Kiener y el magistrado del Tribunal Constitucional francés François Séners. Además de con los vocales, los miembros del organismo internacional mantendrán un encuentro con representantes de las cuatro asociaciones judiciales, tres de las cuales –APM, Francisco de Vitoria y Foro– reclaman que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales judiciales. Representantes de esas tres asociaciones han llegado a comparar la situación de la independencia judicial en España a la de Polonia bajo los populistas del PiS o la Hungría de Víktor Orbán, y han reclamado a la Comisión Europea la apertura de un expediente sancionador contra España como el que se inició contra esos dos países del este de Europa. Esos expedientes pueden llegar a cortar el flujo millonario de fondos europeos, como ha ocurrido ya con Budapest. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, se aleja de esa visión catastrofista, y reclama que se mantenga un sistema como el actual con algunas mejoras.

Tras las asociaciones, la Comisión de Venecia tiene previsto reunirse con lo que el programa de la visita denomina "representantes de la sociedad civil". Los conservadores del Consejo han incluido entre estos al catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón. Aragón, propuesto para el tribunal de garantías por el PSOE, votó sin embargo con los conservadores en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña presentado por el PP. La sentencia, de 2010, supuso el punto de partida del proceso independentista que culminó con el referéndum de 2017 y la fugaz declaración de independencia. Los vocales a propuesta del PP también han seleccionado como experto al notario Segismundo Álvarez, patrono de la fundación de tinte conservador Hay Derecho. El sector progresista ha propuesto al exministro de Justicia con Felipe González, ex presidente del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. También a la politóloga, exconsejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya en el último Gobierno de Pere Aragonès (ERC) y exdirigente de Podemos Gemma Ubasart.

Junto a todos ellos, la Comisión de Venecia ha propuesto también para este bloque a uno de los jueces conservadores que más activismo contra el Gobierno ha practicado en los últimos años. Se trata de Jesús Manuel Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Ese colectivo, cuyo presidente es el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, fue la que se dedicó a repartir entre los jueces y magistrados un manual para presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la ley de amnistía. Villegas también se ha mostrado muy activo durante la última huelga ilegal de jueces y fiscales convocada el pasado 1 de julio en contra de las reformas judiciales anunciadas por el Gobierno. En su discurso, muy catastrofista, el Estado de derecho en España se encuentra en perpetuo peligro, algo que ni la UE ni el propio Consejo de Europa han detectado en ninguno de sus informes. De esa plataforma también forma parte el juez Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente en el Consejo por sus insultos al presidente del Gobierno –psicópata sin límites éticos, lo llamó–, varios ministros, el fiscal general o el presidente del Constitucional.

La visita incluye también un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuyo departamento defiende la elección parlamentaria de los vocales procedentes de la magistratura. El encuentro se producirá en un momento de extraordinaria conflictividad del Gobierno con la derecha judicial. Los 10 vocales del Consejo a propuesta del PP, en clara alineación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mayoritaria y conservadora APM, reclamaron el pasado 4 de julio a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, que el fiscal general del Estado no fuera invitado al acto de apertura del año judicial que presidió el rey. También le pidieron que Bolaños no se sentara en el estrado presidencial. El motivo fue una entrevista del presidente del Gobierno en la que aseguró que "una minoría de jueces hacen política" y con ello causan "un daño enorme a la democracia".

Por muchos párrafos de solidaridad con los huelguistas que contenga la resolución sacada adelante este jueves por el Pleno del Poder Judicial con el apoyo de todo el sector conservador y de su presidenta, Isabel Perelló, el mensaje del Consejo a los jueces a sus asociaciones de derechas es inequívoco: la huelga que han organizado es ilegal y el órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, la tiene por no convocada y no piensa decretar servicios mínimos, porque no le corresponde. Ocho de los 11 vocales que han apoyado ese acuerdo pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el mayor colectivo de los cinco convocantes a la movilización y cuyos militantes la han aprobado con un 70% de votos a favor, según la propia asociación. Se trata de una clara desautorización de los consejeros de ese grupo a la mayoría de los jueces asociados a su colectivo corporativo de referencia.

Con su decisión de este jueves de no reconocer el derecho a la huelga judicial y fiscal, los ocho vocales de la APM se desmarcan, no solo del apoyo a la protesta de su asociación, sino también del lenguaje catastrofista y del discurso de regresión democrática que sus dirigentes utilizan cada vez que pueden y que trata de equiparar la España de Pedro Sánchez a la Hungría de Viktor Orbán sin ningún eco en Europa. La manifestación a la que ha llamado esa asociación junto al resto de las convocantes —FdV, FJI, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— para este últimosábado, se organiza bajo el lema Sin Estado de derecho no hay democracia. Y la convocatoria de huelga para los días 1, 2, y 3 de julio tiene como objetivo “la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, según el manifiesto que llama a defender “una justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos”, como si no lo estuviera.

En sus comunicados anteriores enviados a los medios, los colectivos convocantes no dejan de recurrir a un alarmismo extremo. Las reformas judiciales del Gobierno constituyen “un serio retroceso en el Estado de derecho” y propician “un acceso arbitrario a la judicatura”, “someter instancias claves a criterios partidistas” y fomentar “el control ideológico de los jueces”. Todo ello pone en entredicho algo tan importante para la democracia como “la independencia judicial”, según las asociaciones de derechas, lo que constituye una “deriva” que “compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal y como exige el respeto a los estándares constitucionales”.

La desautorización de los vocales de la APM a la dirección de su asociación y al resto de huelguistas no solo se manifiesta en el hecho de que no apoyen los paros al considerarlos ilegales. También se deduce de la posición que esos consejeros han mantenido respecto a los dos proyectos de ley —el de la reforma del sistema de acceso y el del Estatuto de la Fiscalía— que su asociación, fuera del órgano, exige retirar mediante la huelga. Los ocho vocales de la APM, junto con los otros dos conservadores, los 10 progresistas y la presidenta Isabel Perelló, han informado ya ambas iniciativas del Ejecutivo avalando el grueso de las dos reformas. Esos riesgos sistémicos y fundacionales, que aprecia la APM (y el resto de convocantes) y que afectan a la democracia en sus pilares y principios más básicos no los encuentran por ninguna parte sus ocho vocales. Si consideraran que la independencia judicial o la separación de poderes estuvieran realmente en riesgo, habrían reflejado sus dudas sobre el encaje en la Constitución de ambos textos. No lo han hecho.

Los convocantes rechazan que su movilización se califique de “huelga política” contra el Gobierno y, en el comunicado de convocatoria, aseguran que no se dirige contra el Poder Ejecutivo ni contra el Legislativo. Pero la realidad es que lo que reclaman las asociaciones judiciales y fiscales de derechas es que el Gobierno retire de manera inmediata dos de sus principales iniciativas judiciales: la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que ya está en plena tramitación en las Cortes, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía frente al Ejecutivo y desgajar el mandato del fiscal general de la duración del gabinete que lo nombró. Que los convocantes exijan que el Gobierno se inhiba de su función constitucional de iniciativa legislativa y que el Parlamento suspenda su tramitación es lo que este jueves llevó a los vocales progresistas del CGPJ a considerar que los paros convocados por los jueces afectan a la separación de poderes al tratar de interferir en las labores del Ejecutivo y el Legislativo.

Los ocho vocales de la APM (los otros dos consejeros conservadores no son jueces y por lo tanto no pueden ser miembros de esa asociación) han conseguido que en el reparto entre sensibilidades del Consejo de las vacantes de los principales cargos judiciales de libre designación —magistrados y presidentes de Sala del Supremo; presidente y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, y presidentes y presidentes de Sala de los tribunales superiores de justicia— todas las que les ha correspondido cubrir, sin excepción, hayan sido para militantes de ese colectivo. La APM en el Consejo funciona a la perfección —"como una agencia de colocación", bromean algunos jueces— para copar con sus cuadros, al menos, la mitad de los puestos discrecionales que el órgano de gobierno de los jueces debe cubrir. Frente a los nombramientos monocolor propuestos por los conservadores, los progresistas no solo promueven a miembros de Juezas y Jueces para la Democracia, también a los de las otras dos asociaciones de derechas (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y jueces no asociados.

Alrededor de 3.000 personas, entre ellos cientos de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

La concentración ha sido convocada por cinco asociaciones que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal y ha servido como antesala de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas entidades.

En la manifestación, los portavoces las asociaciones han pedido la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial, al grito de proclamas como "Sin Estado de derecho no hay democracia", "Jueces colocados, procesos trucados" o "Bolaños, tramposo, tu ley es un destrozo".

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha dicho, en declaraciones a los medios, sentirse emocionado "por el respaldo tan increíble" de la ciudadanía y ha recalcado que las reformas del Ejecutivo van en perjuicio del derecho de todos a tener una justicia profesional, independiente e imparcial. "Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que se apruebe esta ley", ha asegurado.

Sobre el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, los portavoces han asegurado que "no responde a demanda social alguna" y está siendo tramitado por vía de urgencia "sin ninguna razón para ello".

Han recalcado que este proyecto ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pretende rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, con pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

En cuanto al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, han censurado que este busque aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien seguirá nombrándose por el Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo", a la vez que elimina las garantías de autonomía de los fiscales, "reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes".

 Han enmarcado estas reformas en "un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan" y tratan al Ministerio Fiscal como "un apéndice del Gobierno", lo que mina la confianza de los ciudadanos en su Justicia.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha confirmado ante los medios que los jueces y fiscales ejercerán su derecho a huelga "por más que algunos hayan querido ahora, 15 años después", cuestionar este derecho.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que esta huelga carece de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

"Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con responsabilidad y con respeto a los ciudadanos. Pero tenemos que hacer huelga por ellos, no solo por nosotros, por ellos también", ha expresado Del Barco, quien ha precisado que sí habrá servicios mínimos a preguntas de los periodistas.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha subrayado que en la protesta no se reclaman mejoras salariales ni mejores condiciones de trabajo sino la protección del Estado de derecho, que se verá "socavado" si estos proyectos salen adelante.

Muchos de los asistentes, entre los que abundaban banderas de España, han proferido gritos con insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los que los representantes de las asociaciones se han desmarcado en varias ocasiones recalcando que se trataba de una protesta apolítica, en defensa del poder judicial.

Cuando Sergio Oliva (AJFV) estaba leyendo el manifiesto, este ha sido interrumpido por un hombre que ha comenzado a proferir insultos hacia el presidente del Gobierno y el portavoz de los jueces le ha reprochado, desde el micrófono: "Quien insulta se define así mismo, caballero".

Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a la concentración asegurando que "ni una sola línea" de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta a la independencia de jueces y fiscales. Además, ha considerado "infundadas" las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo.

Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que "con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas".

"Pueden estar tranquilos, porque ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho", ha subrayado el ministro, que ha lamentado los insultos a Sánchez durante la protesta.

Bolaños ha defendido que la reforma judicial contempla que durante los próximos tres años se incorporen 2.500 jueces y fiscales y ha explicado que "el dilema ahora mismo es si inmovilismo o reformas" para "llevar la Justicia al siglo XXI".

El ministro ha asegurado que este proyecto incluye también una reivindicación histórica para descargar la carga de trabajo de los jueces y lograr descender la ratio de jueces/ciudadanos.

Así, ha insistido en que "nunca ha habido tantas" plazas en tan poco tiempo, al tiempo que ha destacado que el proyecto de reforma no afecta a las nuevas promociones de jueces.

"Al revés, mejora su formación profesional, porque en cinco años todos serán magistrados sin necesidad de concursar", ha resumido Bolaños, que, asimismo, ha defendido que las oposiciones serán "más duras" porque se le añade un examen escrito, "como es lógico en un trabajo que consiste, en parte, en escribir autos".

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha confirmado que no apoyará la huelga convocada por la mayoría de las asociaciones a principios de julio en protesta de las reformas judiciales en marcha, pese a que se muestra contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera, según informa EFE. 

Cinco de la siete asociaciones de jueces y fiscales (tampoco está entre ellas la Unión Progresista de Fiscales) han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo el próximo sábado, y tres días de huelga (1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. 

Aunque JJPD no estaba entre las convocantes, ha sometido a sus asociados a una consulta, en la que el 75,81% han votado en contra de secundar la huelga, de modo que en un comunicado anuncian que la asociación "no apoyará dicha medida (...) sin perjuicio del ejercicio individual y personalísimo de este derecho por cada asociado". 

La asociación explica que algunas medidas de la reforma de acceso a la carrera le parecen positivas, si bien se muestra muy crítica con otras, como el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, que considera que "no es aceptable". 

Pese a ello, cree que, aunque se puede discrepar, el proyecto no supone la quiebra del Estado de Derecho ni pone en riesgo la independencia judicial, como sostiene la mayoría de las asociaciones.

El portavoz de JJPD sostiene que, en el proceso de estabilización, "deberían excluirse a los juristas que no tienen tal condición, pues se trata de atajar un problema de abuso de temporalidad" y que debe ampliarse la antigüedad exigible, promocionar la incorporación por el cuarto turno y, sobre todo, "que en ningún caso se vean lesionados los derechos de quienes ya forman parte de la carrera judicial". 

La asociación afirma que este proceso de estabilización previsto por el proyecto no tiene justificación jurídica y europea clara y es en realidad un acceso extraordinario, al abrirse a otros profesionales (operadores jurídicos con cinco años de experiencia), generando discriminación. 

En definitiva, cree que el proyecto, en este sentido, es "técnicamente discutible y jurídicamente inseguro". No obstante, el portavoz de la asociación ensalza otros aspectos como las becas, el aumento en transparencia de las pruebas de acceso, o que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro público de preparación de oposiciones.

El éxito de un movimiento de protesta articulado a través de un grupo de WhatsApp que ha congregado a más de 1.000 jueces (casi el 20% de los 5.500 que hay en España) ha llevado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el cuerpo y de ideología conservadora, a desautorizar a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP, de los que ocho pertenecen a ese colectivo. El órgano de gobierno de los jueces aprobó por unanimidad el pasado 19 de marzo un informe que avalaba la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía impulsada por el Gobierno proponiendo una serie de mejoras para su tramitación posterior. La protesta surgida en la aplicación de mensajería contra ese proyecto de ley ha terminado arrastrando a todas las asociaciones de derechas, incluida la APM –la única con representación en el Consejo–, que al contrario que sus consejeros, reclama ya al Ejecutivo su retirada total.

La APM, junto a las también conservadoras Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), unidas a las asociaciones de fiscales conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron el pasado viernes un comunicado en el que se sostenía que las medidas contenidas en la reforma eran "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial (...), incrementando los riesgos de politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho". El comunicado no solo pedía al Gobierno que diera un paso atrás y frenara la tramitación del proyecto, que ya ha empezado su recorrido por el Congreso, sino que, aprovechando el tirón del chat reivindicativo de WhatsApp convocaban un paro de 10 minutos el próximo 11 de mayo.

El comunicado de la asociación ha causado desconcierto en parte del sector conservador del CGPJ. Sus diez miembros aprobaron por unanimidad, junto con los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, un informe al anteproyecto previamente consensuado entre ambas sensibilidades que, en general, avalaba el contenido de la reforma. En el documento del órgano de gobierno de los jueces, de 125 páginas y que estudia el anteproyecto a fondo, no aparecía ningún indicio de que la nueva norma promovida por el Ejecutivo pudiera comportar un riesgo sistémico para el Estado de derecho o una supuesta involución democrática, al contrario de lo que sostiene el comunicado de las asociaciones de derechas. El documento sí que contiene una serie de propuestas a incluir en el texto durante el resto de su tramitación.

"En el conjunto del anteproyecto destacan ciertas innovaciones de calado y que pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas", decía el estudio elaborado por el Consejo en tono constructivo. Entre sus conclusiones finales no había ninguna enmienda a la totalidad de la reforma ni se sostenía que su texto pudiera contener algún vicio de inconstitucionalidad. De hecho, el Gobierno ya ha incluido algunas de las sugerencias del documento en el texto y otras podrían entrar durante su tramitación parlamentaria en las Cámaras.

El comunicado del viernes suscrito por la APM, sin embargo, va mucho más allá. Las asociaciones firmantes se comprometen incluso a recurrir judicialmente la reforma "asumiendo los costes de forma conjunta". Se refieren, en concreto, al proceso que la ley prevé para permitir el ingreso en el cuerpo de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que superen las correspondientes pruebas de acceso. Alrededor de 900 jueces se encuentran en esa situación y realizan la misma labor que los titulares de esas plazas mientras estos disfrutan de permisos, licencias o excedencias.

De la marea suscitada por el grupo de WhatsApp se han desmarcado tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La primera ha recordado que el cambio del sistema de acceso supone "adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI". "Alegar que se pretende elegir juezas y jueces por su ideología carece de fundamento", sostiene JJpD en un comunicado hecho público este lunes. "Precisamente se tiende a lo contrario, especialmente cuando el proceso selectivo mantiene exámenes anonimizados (cosa que hoy no ocurre), objetivos y garantizados con medios tecnológicos para su posterior revisión. Todos estos están basados en el mérito y capacidad y reducen el margen de discrecionalidad y de potenciales errores por su constancia, favoreciendo el derecho de quienes aspiran a una corrección y a un control posterior".

La asociación judicial progresista sí introduce sus reclamaciones en su comunicado, pero valorando los avances que a su juicio aporta el texto. No están en contra de la regularización de los jueces sustitutos, por ejemplo, pero piden que solo puedan incorporarse al cuerpo tras diez años de ejercicio (en lugar de cinco, como establece la reforma) y que su entrada no comporte una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre (la tradicional oposición) o por el llamado "cuarto turno" (que da acceso directo a la categoría de magistrado tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen y una baremación de méritos). "El proyecto debe incorporar un incremento sustancial de plazas en la judicatura y la fiscalía", defiende JJpD.

El giro de guión de la APM y del resto de asociaciones judiciales y fiscales conservadoras también carga contra una segunda reforma largamente demandada por los colectivos del Ministerio Público: el refuerzo de la autonomía del fiscal general a través de la desvinculación de su mandato de la duración del Gobiernovque lo nombró, el aumento de los contrapesos internos a las órdenes del máximo responsable de la Fiscalía y la transparencia total de sus relaciones con el Ejecutivo. Se trata de reclamaciones históricas de todo el colectivo (también de las asociaciones conservadoras), que además exigen la Comisión Europea y el Consejo de Europa y que son necesarias para que los fiscales asuman la instrucción de los delitos, que actualmente dirigen los jueces. Lo que hasta hace pocos meses se reclamaba con insistencia, se dibuja desde los colectivos conservadores como un ataque a la separación de poderes justo en el momento en el que el Gobierno lo pone en marcha.

El comunicado de JJpD de este lunes, precisamente, carga contra la crítica hiperbólica de la derecha judicial a cualquier reforma impulsada desde el Ejecutivo como un ataque a la independencia judicial y a la democracia. "La independencia judicial no es la sumisión a la voluntad corporativa", es decir, a la de las asociaciones, dice la nota. "Una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial". "El proyecto no introduce elementos que comprometan la independencia judicial", sino que "muchas de sus medidas (...) refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la estabilidad del poder judicial", prosigue. La independencia, en fin, "es una garantía para el ciudadano y no un comodín a usar diariamente para expresar el disgusto o rechazo a cualquier opción que se oponga a las preferencias de unos u otros".

La reforma de acceso a la judicatura y a la fiscalía que ha aprobado el Gobierno ha abierto fisuras entre los jueces, su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) y gran parte de su tejido asociativo. Un grupo de WhatsApp, cuyos administradores llaman a la huelga judicial por esa y otras modificaciones legales en marcha, ha conseguido congregar a un millar de jueces y magistrados, aproximadamente un 20% de los 5.500 registrados en España.

La resistencia a las medidas del Ejecutivo contrasta con la posición del CGPJ, que el pasado 19 de marzo avaló por unanimidad de progresistas y conservadores –y solo con algunas objeciones técnicas– un informe sobre la futura norma. El movimiento también choca con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los colectivos conservadores y mayoritarios de ambos cuerpos criticaron la norma sugiriendo que, con ella, se abría la puerta al control ideológico de los aspirantes, pero, hasta el momento, rechazan cualquier tipo de acción reivindicativa. Por ahora, solo la muy corporativa Foro Judicial Independiente les ha mostrado apoyo.

Una de las voces cantantes en el chat, según fuentes asociativas, se hace llamar Max Power. Detrás de ese pseudónimo, según esas mismas fuentes se encuentra un joven juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) incorporado al cuerpo en 2022. Muchos de los organizadores del grupo de WhatsApp –denominado "Proyecto de estabilización"– son, como Max Power, integrantes de la carrera que se sacaron la oposición en los últimos años, según fuentes judiciales. El grupo creó al inicio un comité formado por siete integrantes (seis jueces y un fiscal) con el objetivo de redactar un manifiesto. Después el comité se amplió hasta nueve miembros. Entre ellos, al menos tres forman parte de asociaciones, aunque, según han manifestado en el chat, actúan al margen de sus colectivos.

Fuentes judiciales explican que muchos de los que forman parte del grupo expresan "un malestar difuso" sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno, aunque otra parte solo ha entrado "para enterarse de qué se cuece entre los compañeros", dicen. Los administradores han difundido entre sus miembros una encuesta de WhatsApp (una de las utilidades que ofrece la aplicación) para decidir entre todos los participantes las reivindicaciones concretas.

Las opciones eran centrarse únicamente en la reforma del sistema de acceso a la carrera; el acceso y la otra gran reforma ya aprobada en las Cortes, la ley de eficiencia (que agrupa los juzgados unipersonales en tribunales de instancia), o sumar a todo ello otras reivindicaciones sobre carga de trabajo y salario. La opción que hasta el momento ha logrado más votos a través de los teléfonos es la primera (ver imagen). Los administradores aseguran que han hecho llegar sus peticiones a las asociaciones para sondear si se suman. Hasta el momento, sus reclamaciones solo han obtenido eco en Foro Judicial Independiente, la cuarta en número de afiliados en la judicatura.

La reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, tras su aprobación por el Gobierno, ha comenzado su tramitación en el Congreso. El proyecto reforma la tradicional oposición libre incluyendo una nueva prueba escrita de carácter práctico –para comprobar la habilidad argumentativa de cada aspirante– que se suma a la prueba memorística oral. También potencia el llamado "cuarto turno", que permite el acceso directo a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen jurídico y la posterior baremación de sus méritos. Al menos un cuarto de las plazas de cada convocatoria anual deberá cubrirse mediante este sistema. Los que consigan así el puesto obtendrán, a diferencia de los opositores, una antigüedad automática en la carrera de cinco años. La nueva ley también prevé también un sistema de regularización y estabilización de los jueces sustitutos (más de 900 en toda España), muchos de los cuales trabajan en condiciones muy precarias tras años enlazando contratos temporales.

Los miembros del grupo más activos, muchos todavía con el recuerdo de la oposición muy presente, están en contra de la introducción de criterios prácticos y no solo memorísticos en las pruebas, así como del reclutamiento regular de juristas para la carrera y que a estos se les reconozcan cinco años de servicio, y la regularización y asimilación de los compañeros sustitutos que cubren sus permisos, bajas y excedencias ejercitando sus mismas funciones. Consideran que esas novedades solo buscan el control político e ideológico de los nuevos jueces y fiscales.

Sus posiciones coinciden con las expresadas por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– cuando el Gobierno dio a conocer la reforma. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron estos colectivos de los que se desmarcaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también criticó la reforma al asegurar que el sistema actual ya es "democrático" y que "garantiza" que cualquier persona "de cualquier procedencia, origen social e ideología pueda competir en igualdad de condiciones".

La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su contenido memorístico, democratizarlo y mitigar su sesgo de clase es una reivindicación de décadas entre expertos universitarios, magistrados e incluso del CGPJ, que creó un grupo de trabajo para abordarla sin llegar a ningún resultado. La futura norma dará rango de ley a las becas para opositar y las duplicará hasta el salario mínimo, además de crear un centro público de preparación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, lo que facilitará el acceso de candidatos con ingresos reducidos. El "cuarto turno" para juristas de reconocido prestigio existe desde 1985 y la reforma solo obliga a incluir esas plazas en cada convocatoria. La sospecha de que la regularización de jueces sustitutos pueda servir al Gobierno para escoger personas ideológicamente afines no tiene fundamento ya que son las salas de gobierno de los diferentes tribunales (muy escoradas a la derecha judicial) las que los seleccionan, y son nombrados por el CGPJ sin la más mínima intervención del Ejecutivo.

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de reforma el pasado marzo avalando en gran parte las medidas. El texto consensuado entre progresistas y conservadores avalaba en general su contenido aunque planteaba objeciones respecto del abono de cinco años de antigüedad a los que accedieran por el "cuarto turno" a la condición de magistrados, una medida que consideraban "discriminatoria" respecto a los que hubieran llegado a esa categoría desde la de juez. También cuestionaba la regularización de los jueces sustitutos al considerar que no acabará con los contratos temporales en la carrera. Otra de las quejas relacionadas con el nuevo sistema de acceso, el traslado forzoso al ascender a la categoría de magistrado que, según las asociaciones afectaba a la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, ya ha sido eliminada por el Ejecutivo del texto inicial.

La justicia amenazada es el título del último libro publicado por el polémico expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. También es el alarmista resumen que la derecha política y judicial hace de la mayor revolución judicial en décadas, emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conscientes de su precariedad de apoyos en el Parlamento, las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras cargan con fuerza contra todas y cada una de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, como si fueran un paso más hacia la autocracia de países como la Hungría de Viktor Orbán. Un intento sostenido de acabar con la separación de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, el Estado de derecho.

Si los cambios, pese a la oposición conservadora, salen adelante, serán históricos, porque supondrán una transformación de gran calado: la entrega de la investigación de los delitos al fiscal, como en el resto de Europa; el consecuente refuerzo de la autonomía del Ministerio Público, la conversión de los centenarios juzgados unipersonales en tribunales... También el sistema de acceso a la judicatura, que se democratizará con la generalización de las becas y la introducción de criterios prácticos en la oposición. Esta última, precisamente, es la que más crítica ha suscitado entre la derecha judicial.

El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal busca mitigar el sesgo de clase que, desde hace siglos, el sistema de acceso a ambos cuerpos ha generado. Históricamente, convertirse en juez o fiscal ha supuesto un encierro de una media de cinco años sin generar ingresos –algo que solo las clases más favorecidas podían permitirse–, el aislamiento de la sociedad y pasar un examen en el que solo se evaluaba la capacidad de memorizar temas. A diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, ni las habilidades prácticas o la capacidad argumentativa, ni los idiomas, ni los conocimientos de otras disciplinas son valorados en una prueba de acceso que, según la inmensa mayoría de los expertos, está completamente obsoleta y facilita corruptelas como el cobro en B de los jueces y fiscales que compatibilizan su trabajo con el de preparadores.

Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo son mínimos y, en ningún caso, suponen darle la vuelta al sistema. El importe de las becas para opositores con menos recursos (ya existentes) se duplica hasta el salario mínimo. También se amplían las funciones del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se convierta en un centro público de preparación para las personas con menos recursos. Además, se introduce entre las pruebas un examen escrito para comprobar las habilidades prácticas de cada aspirante y no solo las memorísticas.

El proyecto establece que un cuarto de las plazas de cada convocatoria sean cubiertas por el llamado "cuarto turno", es decir, por juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia mediante una prueba escrita y una baremación de méritos, sistema que se extiende también a los fiscales. Por último, contempla la asimilación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes (más de 900 actualmente) mediante esta última puerta de entrada.

Frente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que avaló por unanimidad (con solo algunas observaciones) el texto, las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– consideran que la reforma supone un retroceso democrático. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron en un comunicado conjunto el pasado 15 de mayo.

En una visión hiperbólica, esos colectivos consideran que la introducción de la prueba práctica en la oposición "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de jueces y fiscales". El "cuarto turno" (que ya existe) "posibilita un acceso discrecional arbitrario". Y lo mismo con la regularización de los jueces sustitutos, que no acredita "los conocimientos jurídicos necesarios" para ser juez o fiscal, pese a que algunos lleven lustros ejerciendo esas funciones. El nuevo centro público de formación de opositores es poco menos que un sistema de "control ideológico" de aspirantes, según las asociaciones.

Desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la permanencia del Gobierno que lo nombró, limitar la discrecionalidad del máximo responsable de la Fiscalía y dar plena trasparencia a sus comunicaciones con el Ejecutivo, que sean los representantes del Ministerio Público y no los jueces los que instruyan los delitos, y reforzar la autonomía interna de los fiscales respecto de sus superiores jerárquicos no solo son reivindicaciones históricas del cuerpo, sino también recomendaciones y exigencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y de los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Sin embargo, después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada esas medidas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del Gobierno, en palabras de las dos asociaciones conservadoras más representativas –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, son, en realidad, una involución democrática.

Así lo ha sostenido la mayoritaria AF en un escrito enviado al fiscal general en el que le anunciaba que no acudiría a la reunión convocada este lunes para debatir la reforma, considera que se ha elaborado "al margen de la carrera" y que el texto refuerza el poder del máximo responsable de la Fiscalía "sin introducir verdaderos contrapesos internos", algo que no se corresponde con el articulado aprobado. Lo que en realidad quiere transmitir este colectivo conservador es que el Gobierno de Sánchez no tiene legitimidad para dar la instrucción a los fiscales porque "ha generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes"; es decir, que está a favor de la medida pero no de que la apruebe el actual Ejecutivo.

Desde la APIF, su presidente emérito, Salvador Viada, consideró la desvinculación del mandato del fiscal general y del Gobierno "una medida en principio buena, incluso recomendada desde Europa". "Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la que el fiscal general del Estado está absolutamente vinculado con el Gobierno", como si esa coyuntura no se hubiera dado igualmente con Ejecutivos del PP. "Encima, vamos a atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal (...), todo orientado a mantener el control de la Fiscalía por parte del Gobierno". "Que no me expliquen que esto tiene que ve con dar más imparcialidad a la Fiscalía, esto tiene la finalidad de apretarla más", concluyó. APIF es el colectivo que ejerce la acción popular contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por supuesta revelación de secretos que se le ha abierto en el Tribunal Supremo.

La reforma de la acción popular, una institución recogida en la Constitución que solo existe en España y que permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse como acusación en un proceso penal, ha sido objeto de reformas finalmente fallidas tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Su limitación está recogida en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará la instrucción al Ministerio Fiscal, pero el Grupo Socialista en el Congreso registró el pasado 10 de enero una proposición de ley para tratar de acelerarla. La proposición impide que la acción popular la ejerzan los partidos y las asociaciones ligadas a estos, y limita su actuación a la fase de juicio oral para evitar que la figura pueda servir para filtrar información de los procesos a los miembros.

El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, obvió los intentos de su partido de abordar una reforma similar en 2013, mientras era presidente Mariano Rajoy, y no dudó en calificar la modificación de "recorte del Estado de derecho" cuya única finalidad es "amordazar a los jueces". La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue mal acogida también por las asociaciones judiciales conservadoras que, como el PP, recordaron que dos casos impulsados por la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias afectan al entorno de Pedro Sánchez: el que instruye el juez Peinado en Madrid contra su esposa y el que se sigue en Badajoz contra su hermano. A las críticas a la proposición socialista también se sumaron las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

La oposición de la derecha, esta vez solo la derecha política, también se ha dado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, publicada en el BOE el pasado enero y que entró en vigor el 3 de abril. Gobierno y comunidades autónomas deben colaborar para poner en marcha la norma que convierte los juzgados unipersonales en tribunales de instancia para unificar criterios y equilibrar la carga de trabajo. Sin embargo, los gobiernos autónomos del PP con competencias en Justicia –Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja– decidieron dejar plantado al ministro Félix Bolaños el pasado 4 de abril en la reunión de coordinación con el Ejecutivo central, porque, dijeron, en el encuentro no estaba previsto hablar de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esa norma. Son las comunidades competentes las que deben de dotar de medios y personal a los nuevos tribunales.

La representación equilibrada entre hombres y mujeres en la cúpula judicial es un imperativo que impone la ley de paridad. La entrada en esa cúpula de representantes de todas las asociaciones y de jueces no asociados -no solo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- es una reclamación histórica de toda la judicatura que exige también la presencia del segundo colectivo más representado (el también conservador pero más moderado Francisco de Vitoria) y del cuarto (de derechas y muy corporativo Foro Judicial Independiente). Pero de las dos tandas masivas de nombramientos sacadas adelante por el Consejo General del Poder Judicial en lo que va de año se deduce que solo los vocales de la izquierda del órgano de gobierno de los jueces se sienten vinculados con ambos mandatos.

La última de esas tandas, sacada adelante en el Pleno de este miércoles, muestra que los vocales a propuesta del PP solo han colocado en las plazas que les han correspondido -12 en total- a candidatos de la APM. Esa asociación, muy crítica con el Gobierno, se ha llevado una presidencia de sala del Supremo (la de lo Civil), la presidencia de la Audiencia Nacional y la de dos de sus salas (Contencioso y Social), dos presidencias de tribunales superiores de justicia (Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana), tres presidencias de sala de esos tribunales autonómicos y tres presidencias de audiencias provinciales (Burgos, Gipuzkoa y Álava). De los 12 nombramientos apoyados por los conservadores, además, solo cuatro correspondieron a mujeres, lo que no cumple el reparto equitativo entre sexos del 60%-40%, aunque solo es exigible legalmente respecto a la totalidad de las designaciones en cada tribunal.

Esa representación equilibrada sí ha sido respetada por los vocales progresistas. De los 12 aspirantes defendidos por ese sector que han accedido a las vacantes, siete son magistradas. Su nómina de nuevos cargos, además, refleja mayor pluralismo asociativo. Seis son miembros de JJpD: una presidencia de sala del Supremo (la de lo Social), la de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una presidencia de tribunal superior de justicia (Cataluña), una presidencia de sala de este tipo de tribunal y dos presidencias de audiencias provinciales (Girona y Murcia). Los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar han ascendido además a cuatro magistrados no asociados (el 42% de la carrera no lo está): el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una presidenta de TSJ (Castilla y León) y dos presidentes de sala de TSJ. Incluso han dado la presidencia de la Audiencia de Huesca a una candidata de la conservadora Foro Judicial Independiente.

Los vocales progresistas subrayan que ambos criterios (el de representar a todas las asociaciones y el de paridad) solo se reflejan en sus propuestas. Pero también admiten que, en muchos casos, recurrir a no asociados y a colectivos que no sean el que tradicionalmente han tenido como referencia, JJpD, se debe también a la carencia de candidatos de la asociación progresista a las plazas vacantes. Un destacado magistrado de esta asociación lo explica: "Tenemos que animar a nuestros asociados a que se presenten a las convocatorias porque en la inmensa mayoría de ellas siempre hay un candidato de la APM". Un magistrado progresista de la Audiencia Nacional afirma que la creciente derechización de la carrera desincentiva a los jueces de izquierdas, que, a final de 2024 vieron cómo los colectivos de derechas se hicieron con la práctica totalidad de los puestos electivos de las Salas de Gobierno del Supremo, la AN y los 17 TSJ en unas elecciones a las que estaban llamados todos los miembros de la carrera.

Fuentes del sector progresista destacan que, tras los nombramientos de este miércoles, la APM se apresuró a hacer valer su influencia en el Consejo entre sus asociados y en redes sociales tras conseguir colocar a 12 de sus miembros en los diferentes puestos de mando en liza. "La impresión que genera el modo en que nombran los vocales a propuesta del PP es que, para ascender como juez en España, son necesarias dos cosas: sacarse la oposición y apuntarse a la APM", ironiza un vocal a propuesta del PSOE. "La APM ha terminado funcionando como una agencia de colocación", señala un dirigente de JJpD. En la anterior tanda de nombramientos -21 plazas de magistrado del Supremo- la derecha judicial también designó únicamente a afiliados de la asociación conservadora y mayoritaria.

En varios de los puestos cubiertos este miércoles, como en los abordados el pasado enero por el Consejo solo se han presentado candidatos conservadores. Ignacio Sancho, de la APM, era el único aspirante a presidir la Sala de lo Civil del Supremo. Para dirigir la Audiencia Nacional solo se presentaron postulantes de derechas, entre ellos varios antiguos cargos de gobiernos del PP. "Con la ola de conservadurismo actual, nos cuesta mucho encontrar entre nuestros asociados a gente que quiera presentarse", explican desde JJpD, la asociación en la que tradicionalmente ha pescado el sector progresista. "La gente no quiere mandar sus candidaturas porque piensan que pueden quedar muy señalados", añaden. "En esas condiciones lo que intentamos es buscar buenos aspirantes, que crean en la responsabilidad de su trabajo y que tengan un claro sentido de servicio público, y no nos importa que sean de otras asociaciones o no asociados".

Lo mismo piensan los vocales progresistas del CGPJ, que son conscientes de que van a tener que designar a muchos candidatos más bien conservadores a lo largo del actual mandato. "Lo que tenemos que hacer es fijarnos en los currículos y en los programas de actuación y ver cuáles son los mejores para cada vacante concreta", explica uno de los consejeros de esa sensibilidad. Desde que tomó posesión el nuevo Consejo -en el que el sector conservador y el progresista cuentan con 10 vocales cada uno- se han aprobado 51 nombramientos discrecionales que exigen consenso entre ambas sensibilidades al requerir una mayoría de tres quintos (13 votos). 26 han sido para candidatos de la APM, 13 para JJpD, cuatro para Francisco de Vitoria, uno para Foro Judicial Independiente y siete para magistrados no asociados.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo. Habrá un solo informe para el Gobierno y las Cortes en el que se analizarán los sistemas de elección de vocales de los órganos similares al español así como los mejores estándares europeos. Pero a él se añadirán dos propuestas de modificación del sistema de renovación: una parlamentaria, defendida por los 10 vocales progresistas, y otra por elección directa de jueces y magistrados sin intervención de las Cámaras, la de los conservadores. Tras el difícil acuerdo -que muestra que, en realidad, no lo hay- ambas sensibilidades del órgano de gobierno de los jueces coinciden en un punto. La participación de los jueces y magistrados en el sistema de elección de los vocales debe pasar necesariamente por un proceso electoral en el seno de la magistratura. Para los consejeros a propuesta del PP, esa elección debe servir para elegir directamente a 12 de sus miembros, los de extracción judicial. Para los designados por el PSOE y Sumar, para elaborar una nómina de 42 candidatos de los que diputados y senadores tendrán que seleccionar a esos 12 integrantes.

El planteamiento de unas elecciones judiciales -sea para candidatos o directamente para vocales- ya constituye en sí misma una novedad que aporta transparencia y participación al proceso. Si el Gobierno y el Parlamento se inclinan por el sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales, los ciudadanos podrán comprobar, mediante el acceso a los resultados de los comicios, cómo y a quién votan los jueces y magistrados. Si el Gobierno y las Cortes inspiran su reforma en el sistema propuesto por el sector progresista -el que, dada la actual composición del Ejecutivo y el Parlamento, tiene, a priori, más posibilidades de prosperar- los resultados electorales podrán ser luego comparados con el uso que hagan los grupos políticos de su última palabra sobre las 12 designaciones, conociendo el concreto grado de apoyo de cada vocal entre sus compañeros.

La propuesta de los vocales progresistas, además, garantiza la presencia en el Consejo de todas las asociaciones judiciales, una reclamación histórica en la carrera. Desde su creación, los partidos han primado tradicionalmente a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (el PP) y la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (el PSOE). El segundo colectivo más importante en número de afiliados, la también conservadora pero más moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, ha quedado sistemáticamente relegada (salvo en un solo mandato en el que contó con un vocal). Lo mismo con el cuarto, el conservador y muy corporativo Foro Judicial Independiente. Con el sistema que proponen los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, diputados y senadores "deberán mantener el equilibrio entre las diferentes asociaciones, evitando exclusiones y sobrerrepresentaciones, y las candidaturas de personas no asociadas", lo que implica que la pluralidad de la carrera debe quedar reflejada en el Consejo.

Respecto a los sistemas electorales concretos, los conservadores (partidarios de la elección directa de los 12 vocales) proponen una sola circunscripción nacional y un sistema de listas abiertas. En cada papeleta, según la propuesta de la derecha judicial, constarán todos los candidatos con sus categorías (juez, magistrado o magistrado del Tribunal Supremo) y las asociaciones a las que, en su caso, pertenezcan. Los electores podrán seleccionar con su voto a ocho compañeros. Los progresistas (que defienden que se siga con la renovación parlamentaria) también plantean un solo colegio para todo el Estado pero dan dos posibles modalidades de elección: o listas abiertas (de las que se seleccionen entre seis y ocho nombres) o una papeleta dividida por categorías en la que se pueda elegir a un magistrado del Supremo, cuatro magistrados y dos jueces.

El modelo conservador de elección directa de los vocales prevé que tras la votación se elabore una lista con los doce consejeros electos que tendrá que contener necesariamente tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. En cada una de esas categorías deberá aplicarse el criterio de paridad. Las elecciones que proponen los progresistas darán como resultado una nómina de 42 candidatos en la que deberán constar los seis magistrados del Supremo, 24 magistrados y 12 jueces más votados, que deberá elevarse al Congreso y al Senado. Además de seleccionar nombres de todas las asociaciones y no asociados, las Cámaras deberán garantizar la paridad y la pluralidad territorial para elegir a los 12 vocales judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial afronta este miércoles uno de los principales encargos con los que llegó la renovación el pasado junio. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario y monográfico sobre la propuesta de reforma de la elección de vocales que el Consejo debe entregar el jueves al Gobierno y a las Cortes. Conservadores y progresistas llegan divididos a la reunión de la que, según fuentes del Consejo, saldrá previsiblemente un solo informe técnico que contenga las propuestas de ambos sectores. La de los conservadores defiende que sean los jueces los que elijan directamente a los 12 vocales procedentes de la carrera (a los otros ocho los elige el Parlamento por mandato constitucional) mediante un sistema de listas abiertas en una única circunscripción electoral nacional. Los progresistas, que sigan siendo las Cámaras las que elijan a esos consejeros de un catálogo más o menos amplio de candidatos seleccionados previamente por los jueces para que el órgano constitucional siga siendo reflejo del pluralismo político de la sociedad. Ahora será el Ejecutivo o el Parlamento los que tendrán que elaborar una iniciativa de reforma que no estará sujeta a la posición de los vocales.

La presidenta, Isabel Perelló, ya se pronunció el pasado diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de la elección corporativa de al menos ocho consejeros. Pero su voto, alineado con el sector conservador, solo sumaría uno más al de los 10 miembros de ese grupo. El acuerdo exige el voto de 13 de los 21 miembros del órgano (mayoría de tres quintos), según la ley orgánica que acompañó la última renovación. El debate es el mismo que en 1985, cuando, a propuesta del entonces diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, se introdujo la modificación legal que extendió la elección parlamentaria a los 20 vocales para evitar el control total del órgano por la derecha judicial, como ocurrió en su primera composición (1980-1985), en la que fueron los jueces los que eligieron a 12 vocales y todos procedieron de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Alianza Popular, a través de José María Ruiz Gallardón (padre del exministro de Justicia y expresidente y alcalde de Madrid) defendía entonces que no se reformara el sistema, pero el PSOE, con su mayoría absoluta de entonces, apoyó la propuesta del diputado vasco. Desde entonces, ni los socialistas ni los populares han querido volver al sistema anterior.

La disposición adicional que estableció el pasado agosto la obligación de que los nuevos vocales hagan su propuesta de reforma impone varios contenidos al informe. En primer lugar, que examine los sistemas europeos de elección de los consejos de la magistratura análogos al español. La propuesta debe, además, garantizar "la independencia" de los vocales y contar "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Por último, el sistema que se proponga debe poder ser evaluado positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea y establecer un CGPJ "acorde con los mejores estándares europeos". Pero ninguno de los dos sectores coincide en la interpretación de esos criterios pactados por el Gobierno y el PP con la renovación acordada el pasado junio tras cinco años de bloqueo. Desde la creación del grupo de trabajo que debía abordar el informe —formado por los progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt; y los conservadores José Carlos Orga e Isabel Revuelta— estos son los puntos sobre los que se han centrado las discrepancias.

Uno de los motivos que esgrime el sector conservador para defender que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales judiciales sin intervención del Parlamento es que es así como se hace en los países europeos que cuentan con un consejo similar al español, formado por vocales procedentes de la judicatura y otros miembros seleccionados entre juristas de reconocido prestigio; son los jueces los que eligen a los consejeros de extracción judicial. Así ocurre en Italia, Francia, Bélgica y Portugal.

El Consiglio della Magistratura italiano es el único, junto a España, en el que los vocales extraídos de la carrera son mayoría (20 de 33 en Italia, 12 de 20 en España). Pero la elección corporativa de 20 miembros solo ha provocado problemas en sus 65 años de historia. El sistema de elección ha sido modificado hasta en cinco ocasiones desde su instauración en 1958 para tratar de frenar el poder de las asociaciones judiciales, que ha generado enormes críticas de clientelismo, amiguismo y sospechas de corrupción en los nombramientos y en las investigaciones y sanciones contra jueces.

Los progresistas recuerdan que, en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Austria, es directamente el ministerio de justicia, es decir, el Gobierno, el que ejerce las funciones que el Consejo tiene en España, nombra los principales cargos judiciales y ejerce la potestad disciplinaria contra los que cometen infracciones. Se trata, además, de un sistema que cuenta con un fuerte respaldo popular como garante de la independencia del cuerpo, aunque sea otro poder, el Ejecutivo, el que garantice esa independencia. Es decir, no existe un modelo único europeo de elección del Poder Judicial.

Para los consejeros de la izquierda judicial, la polémica sobre la elección judicial o parlamentaria de los vocales procedentes de la carrera parte de un error de percepción, que el Consejo es una suerte de órgano de autogobierno de los jueces. Los vocales progresistas mantienen que es un órgano constitucional de carácter político y administrativo en el que debe estar representado el pluralismo, no solo de la magistratura, también de la ciudadanía, para asegurar que se proyecta en el cuerpo.

El sistema de elección de los 12 vocales judiciales que proponga el actual CGPJ debe, según la disposición adicional, garantizar su independencia. Para los conservadores, esos vocales solo pueden ser realmente independientes si son los propios jueces y no el Parlamento quienes los eligen. Esa es, arguyen, la única manera de evitar la politización del órgano. Los representantes de las tres asociaciones judiciales de derechas que defienden la elección judicial consideran despectivamente que, desde 1985, el Consejo se ha convertido en un organismo "partitocrático" e incluso hablan de los vocales como "comisarios políticos".

Los progresistas, sin embargo, consideran que ese argumento es equívoco. "Si la elección parlamentaria lastra supuestamente la independencia de los vocales, ¿por qué solo quiere abolirse respecto de los vocales procedentes de la carrera y no de los juristas? ¿Es que estos no tienen que ser también independientes?", se pregunta una fuente del sector progresista. "Existe una confusión entre el Consejo, que es un órgano político y no juzga, y el Poder Judicial representado por los jueces y magistrados independientes que sí lo hacen. Ningún organismo internacional ni europeo ha puesto en duda la independencia de nuestros jueces".

"Detrás de la elección corporativa está la idea de que el Poder Judicial es una corporación de jueces y magistrados, pero no es así. Se trata de un poder público que, como el Legislativo y el Ejecutivo, debe ser gestionado y controlado de manera democrática por la sociedad", explica otro vocal de ese sector. "El Consejo no es un colegio profesional sino un órgano constitucional que gestiona un poder del Estado, el judicial, y la justicia, según la Constitución, emana del pueblo, no de los intereses que puedan tener las asociaciones judiciales, en los que el ciudadano tiene poco o nada que decir".

En un foro sobre la cuestión celebrado el pasado 27 de enero en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el que participaron las cuatro asociaciones judiciales y expertos constitucionalistas, varios de estos últimos culparon de la percepción de politización del órgano al bloqueo de su renovación, un arma a la que ha recurrido el PP en dos ocasiones, la última vez con el anterior Consejo, que se prorrogó durante más de cinco años. El otro gran partido español, el PSOE, siempre ha facilitado el nombramiento de nuevos vocales.

El mandato de que la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales cuente con "la participación directa de jueces y magistrados" ha sido fuente de discrepancias entre conservadores y progresistas desde que se iniciaron los trabajos de redacción del informe. Mientras que los conservadores consideran que participación directa equivale a elección, los progresistas entienden el término en su significado textual y consideran que es la propuesta (o propuestas) que finalmente se haga la que establezca sus términos, ya que la disposición adicional dice literalmente la participación directa "que se determine".

En realidad, desde 2001, el sistema de elección de los 12 vocales judiciales ha contado con esa participación directa en los diferentes sistemas de elección, aunque el Parlamento siempre ha tenido la última palabra. Ese año, el pacto de Estado por la Justicia, firmado por PSOE y PP estableció que las asociaciones, a través de la votación de sus miembros, y los jueces no asociados, mediante la obtención de avales entre sus compañeros, elaboraran una lista de 36 candidatos para que las Cámaras eligieran a los 12 consejeros. En 2013, fue el PP quien decidió ampliar la nómina de candidatos al aceptar candidaturas de cualquier juez siempre que estuviera avalado por una asociación o un grupo de colegas. Este es el sistema con el que se ha elegido al Consejo actual.

Es el documento al que los 10 vocales a propuesta del PP y tres de las cuatro asociaciones judiciales (todas, salvo la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia) se agarran con más fuerza para plantear que los vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por sus compañeros. Con el Consejo bloqueado por el PP, en 2023, el informe del Estado de Derecho de la UE recomendaba a España "dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial". Acto seguido hacía referencia al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) de diciembre de 2022, que recomendó que "cuando exista una composición mixta del consejo del poder judicial", es decir, cuando lo formen miembros procedentes de la judicatura y externos a ella, como es el caso de España, los vocales judiciales "deben ser elegidos por sus pares (...) y las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo no deben participar en ninguna fase del proceso de selección".

El sector progresista, sin embargo, explica que esos dos informes no son vinculantes y solo contienen recomendaciones. Que, en realidad, no existe ningún tratado, directiva o reglamento europeo que imponga que los vocales jueces deban ser elegidos directamente por sus compañeros. Además, el máximo órgano judicial europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), nunca ha establecido en sus sentencias que los consejos europeos tengan que tener una determinada forma de elección de sus miembros, tampoco del español. Ni siquiera ha ordenado que los Estados miembros tengan que tener órganos similares al español —varios socios no lo tienen, como Alemania o Austria—. Lo que sí ha decretado es que el sistema que cada miembro elija garantice la independencia judicial —algo que ninguno de estos organismos europeos ha puesto en duda en España— a través de un procedimiento cierto y previo a cada proceso judicial en curso y que, en ningún caso, una reforma pueda menoscabarla.

Fuentes de ese mismo sector recuerdan que las recomendaciones de la UE y del Consejo de Europa se producen en un contexto concreto: los ataques a la independencia judicial perpetrados por los gobiernos de los ultraderechistas Victor Orban y Mateusz Morawiecki en Hungría y Polonia, que provocaron el inicio de procedimientos sancionadores por la Comisión, algo que jamás ha ocurrido en España. "No existe ningún argumento jurídico en el derecho europeo que respalde que el hecho de que los jueces elijan a los vocales procedentes de la carrera vaya a producir mejoras en la independencia de nuestros jueces y magistrados", aseguran desde el sector progresista del Consejo.

Diez vocales conservadores, 10 progresistas y una presidenta, Isabel Perelló, que en teoría forma parte de este último grupo, aunque su nombre lo pusieron sobre la mesa los vocales a propuesta del PP. Esa composición tan pareja se ha reflejado en las propuestas de las dos sensibilidades en el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial este miércoles. Pero la derecha y la izquierda judicial buscan candidatos de perfil diferente. Nueve de los 10 nuevos miembros del alto tribunal seleccionados por los primeros son integrantes de su colectivo profesional de referencia, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los progresistas han propuesto a 11 magistrados, pero solo cinco pertenecen a la única asociación de izquierdas (Juezas y Jueces para la Democracia). El resto son jueces no asociados (tres) y un candidato de la también conservadora pero más moderada Francisco de Vitoria (FdV).

Cuando los nuevos 20 vocales y su presidenta accedieron a sus cargos, se propusieron potenciar al máximo la valoración de los perfiles de los distintos candidatos a las más de 120 plazas vacantes en toda la judicatura que el bloqueo generado por el PP provocó. Los consejeros se conjuraron para buscar "la excelencia" de los aspirantes y reducir al máximo la discrecionalidad ideológica o asociativa con el objetivo de nombrar a los más válidos, recuerdan fuentes del CGPJ. Pero en su primera gran tanda de designaciones del Supremo, todos los nuevos magistrados propuestos por la derecha judicial (salvo uno, que es letrado de las Cortes) pertenecen a la APM, su asociación de referencia. Los procedentes de otras asociaciones y del colectivo de jueces no asociados han sido apadrinados por los vocales de la izquierda.

La APM sale especialmente potenciada en la sala más importante, la de lo Contencioso-Administrativo (también denominada Sala Tercera), que resuelve todos los recursos contra las decisiones del Gobierno y demás administraciones públicas, y que también tiene la última palabra sobre los nombramientos y demás actos del Consejo. Los conservadores han conseguido colocar en ella a seis miembros de la asociación mayoritaria y conservadora: Manuel Fernández-Lomana, Concepción García Vicario, Sandra González de Lara, Francisco José Sospedra, Miguel de los Santos Gandarillas y Francisco Javier Pueyo. La izquierdista JJpD, sin embargo, queda mucho menos representada en esa sala clave con solo tres nuevos miembros: Alicia Millán, Consuelo Uris y José Luis Quesada.

Los vocales progresistas también han propuesto al vitorino Juan Pedro Quintana, expresidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a tres no asociados valorados especialmente por su currículo: José Luis Gil Ibáñez y Berta Santillán y Juan Manuel San Cristóbal. Junto a todos ellos, los conservadores han apostado por el letrado en Cortes Manuel Delgado-Iribarren, avalado por la vocal de ese mismo cuerpo funcionarial Isabel Revuelta y considerado cercano al magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo; y los progresistas a la abogada del Estado ante el Supremo María Pilar Cáncer Minchot.

En la Sala de lo Social (la Cuarta), la representación de APM y JJpD ha resultado mucho más pareja. La primera contará con dos nuevos magistrados, el exvocal a propuesta del PP Juan Martínez Moya y Ana María Orellana Cano; y otros dos de la progresista, el exconsejero a propuesta del PSOE Félix Azón y la magistrada Isabel Olmo Parés. Los otros dos nuevos integrantes de la sala, también propuestos por el sector progresista, son no asociados: el exmagistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional Rafael López Parada y el exdirector del gabinete técnico del alto tribunal Juan Manuel San Cristóbal, exvitorino y apadrinado por la presidenta del CGPJ Isabel Perelló.

El papel de Perelló, además de en el caso de San Cristóbal, también ha sido especialmente relevante en el de Manuel Almenar, seleccionado para formar parte de la Sala de lo Civil (la Primera). El magistrado de la Audiencia de Pontevedra, exvocal conservador y exvicepresidente de la APM formó el tándem que, junto a la actual ministra de Defensa Margarita Robles, dominó de facto el CGPJ en su mandato de 2008-2013. También formó parte de ese Consejo Félix Azón, progresista también propuesto por la presidenta. Todos ellos tuvieron un papel clave en el ascenso de Perelló y del líder del sector conservador José Antonio Montero al Supremo en 2009.

Fuentes del Consejo apuntan a la fuerte derechización de la carrera y a la escasez de candidatos progresistas como claves para la baja representación de JJpD. Desde el sector progresista recuerdan que, a determinadas plazas, como la presidencia de la Audiencia Nacional, todavía por cubrir, solo se han presentado candidatos conservadores por lo que auguran que serán más aspirantes de esta sensibilidad los que saldrán elegidos en las próximas convocatorias. "En esas condiciones tendremos que apostar por los de mayor calidad técnica y que tengan una fuerte conciencia de la Justicia como servicio público", apunta uno de sus miembros.

En el apoyo de magistrados y magistradas del Supremo por sexo también hay diferencias entre el sector conservador y el progresista. De los 10 nombramientos al alto tribunal apoyados por los primeros solo tres fueron para mujeres. Las nuevas magistradas del alto tribunal propuestas por los progresistas son cinco, de las 11 plazas que les han correspondido en esta tanda de designaciones.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son una suerte de "comisarios políticos" de los partidos, según el portavoz de la asociación conservadora Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo. El sistema de elección parlamentaria de los vocales es "partitocrático", lo que "afecta a la independencia" de los jueces y magistrados, en palabras de Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (FdV). El Consejo es un órgano constitucional "enfermo" y "sin credibilidad", por su "dependencia del poder político", según María Pilar Astray, dirigente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Esos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por las tres asociaciones judiciales conservadoras en una jornada de debate organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre el sistema elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esos tres colectivos defienden una reforma en la que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de la institución procedentes de la magistratura (los otros ocho deben ser elegidos por el Parlamento por mandato constitucional). A esa posición, la mayoritaria en la carrera judicial, solo se opone la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Frente a ellos, dos exministros de Justicia, un exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho Constitucional han coincidido, en su mayoría, en la necesidad de evitar un modelo de Consejo que solo refleje los intereses corporativos de los jueces y defienden que su órgano de gobierno refleje el pluralismo de la sociedad española y no solo el de sus colectivos profesionales. Los expertos, que han participado en el encuentro denominado El sistema de elección de los vocales del CGPJ han afirmado que, con el sistema actual, la independencia judicial en España está garantizada, aunque han reclamado mecanismos legales para evitar bloqueos en la renovación, como el provocado por el PP.

La jornada se ha organizado con motivo del mandato que las Cámaras impusieron al CGPJ de redactar un informe con una propuesta de reforma del sistema de renovación de los 12 vocales de procedencia judicial "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" que sea acorde "con los mejores estándares europeos". Progresistas y conservadores no se ponen de acuerdo. Mientras que los primeros mantienen que la elección debe ser parlamentaria, como hasta ahora, los conservadores exigen que sea la carrera la que los seleccione sin ninguna intervención de las Cortes. El informe debe ser enviado al Gobierno y a las Cámaras el próximo 6 de febrero. Con toda probabilidad, el documento que se elabore recogerá sendas propuestas de ambos grupos ante la falta de consenso.

Ante las reclamaciones de las tres asociaciones conservadoras, varios expertos recordaron ayer que las recomendaciones de la Comisión de Venecia o el Greco (organismos del Consejo de Europa) de que una parte de los vocales sean elegidos por sus pares no son obligaciones. En primer lugar, porque no todos los países del entorno europeo cuentan con un órgano similar al español -algunos, como Alemania, no tienen-. Pero también porque no hay una norma concreta del derecho europeo que imponga ese sistema de elección a los Estados miembros ni tampoco sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto esas recomendaciones como las del informe del Estado de derecho de la Comisión Europea tienen su origen en las crisis judiciales de Polonia y Hungría, en las que sus gobiernos pusieron en riesgo la independencia judicial, algo que, según los expertos, en España siempre ha estado garantizado.

Entre los participantes se encontraba el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo y candidato inicial del sector conservador a la presidencia del Consejo, Pablo Lucas, que se ha declarado partidario de la elección parlamentaria, en contra del criterio mayoritario de la carrera judicial. También el exmagistrado del TEDH y del TC, Luis López Guerra, que aseguró que el derecho europeo deja "una amplia libertad de actuación en el sistema de elección de vocales" a los Estados miembros y no únicamente el corporativo. "Si solo se permitiera la elección de los vocales judiciales por sus pares, muchos países quedarían fuera del estándar europeo", ha afirmado.

La abogada del Estado jefa ante el TJUE, Andrea Gavela, ha explicado que la intervención de la Comisión Europea en el último proceso de renovación "no se debió tanto al sistema de elección de los vocales como al bloqueo" de más de cinco años al que el PP sometió al órgano de gobierno de los jueces. Y recordó que en el último informe sobre España, de julio de 2024, se constataron "avances significativos" en las recomendaciones.

El que más ha insistido en la necesidad de que el futuro sistema de renovación garantice el pluralismo político en el CGPJ ha sido el exministro y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. El profesor ha identificado la calidad de la justicia con "el pluralismo de los órganos judiciales" y ha asegurado que debe ser el Consejo el que lo garantice. "La elección de los vocales por los jueces no lo hace", ha concluido. La catedrática de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, ha defendido que la elección parlamentaria "es la que mejor se corresponde con la naturaleza del Consejo como órgano constitucional", aunque propuso medidas para evitar el bloqueo, como la elección por sorteo en caso de que los partidos no se pongan de acuerdo.

Solo una de las constitucionalistas invitadas se ha mostrado favorable al sistema corporativo de elección de los 12 vocales. Se trata de la catedrática de la Universitat de València, Rosario Serra, que, además, ha propuesto que el órgano se renueve por partes -como el Constitucional, que lo hace por tercios- para evitar la prórroga del mandato. Su colega de la Universidad Complutense, Javier García Roca, ha recordado que hay muchos más jueces en las asociaciones conservadoras que en la progresista JJpD. También ha recomendado mecanismos que obliguen a la renovación en plazo, como la insaculación si los grupos políticos no actúan, impedir el reparto de las vocalías por lotes entre asociaciones judiciales y evitar que el Consejo se convierta en un ascensor de sus miembros hacia el Tribunal Supremo o el Constituicional.

Recitar más de 200 temas como un papagallo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo. Ese es el modelo de acceso a la carrera judicial que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la progresista pero propuesta por los conservadores Isabel Perelló, defiende como "democrático", según el discurso que dio este jueves en la entrega de despachos de la 73 promoción de la carrera judicial.

El discurso de Perelló, como otros posicionamientos anteriores, ha causado sorpresa y perplejidad en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. La defensa del sistema actual de acceso a la carrera se produce la misma semana en la que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de reforma que busca mitigar el sesgo de clase que, según los expertos, existe en la carrera mediante la creación de un centro de preparación público –el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Presidencia y Justicia– y duplicando las becas para los opositores hasta los 1.184 euros mensuales para los aspirantes (ahora el máximo es de 550). No obtener ingresos durante la preparación es uno de los principales obstáculos para que los licenciados y licenciadas con menos renta lo intenten. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar no dudan de que su intervención pública demuestra, una vez más, su alineamiento con los conservadores. Estos consejeros critican abiertamente que, sin previo debate en el órgano, la presidenta posicione al Consejo en la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Perelló accedió al cargo de presidenta del CGPJ con un marchamo de progresismo –es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia– y feminismo. Pero las iniciales esperanzas de renovación puestas en su elección se han desvanecido en la izquierda judicial en los casi cinco meses que han pasado desde su elección. Su resistencia a la modificación de la oposición –algo que ya planteó el propio Consejo en 2011, que llegó a proponer un máster previo avalado por el órgano y una prueba de personalidad– llega solo una semana después de que mostrara su oposición a la anterior iniciativa del PSOE, la reforma de la acción popular para evitar sus abusos. A petición de los vocales a propuesta del PP, el 15 de enero, la presidenta se mostró a favor de aprobar una declaración que exigiera a las Cámaras que el CGPJ se pronunciara sobre ella y pidió al resto de integrantes del órgano que sopesaran la preparación de un texto para el próximo pleno del 29 de enero. La mayoría de vocales de izquierda se oponen tajantemente a la iniciativa.

Su tacticismo a favor de la derecha también fue muy criticado por sus compañeros progresistas en el nombramiento de las tres vocales del Consejo que forman parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Los vocales de ambas sensibilidades pactaron previamente que en el órgano hubiera mayoría progresista –con las consejeras Esther Erice y Lucía Avilés y la conservadora Esther Rojo–. Sin embargo, Perelló reclamó para sí la presidencia, lo que supuso el veto de Avilés, única vocal procedente de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). Poco después la delegó en Erice provocando un empate entre conservadores y progresistas y dejando fuera a una de las consejeras de talante más feminista.

El resultado más inmediato de esa decisión fue el tibio comunicado que emitió el Observatorio tras los improperios, faltas de respeto y cuestionamiento del juez Adolfo Carretero a la víctima de los presuntos abusos sexuales del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. La nota se limitó a condenar la filtración del vídeo de la declaración -sin su publicación es más que probable que ni siquiera se hubiera redactado una nota- sin ningún posicionamiento expreso sobre lo sucedido. Días después, el Consejo se vio obligado a abrir una investigación disciplinaria contra el juez después de que se presentaran 900 quejas contra él en el buzón de atención al ciudadano del órgano de gobierno de los jueces.

Uno de los deberes que puso el Parlamento al nuevo CGPJ tras su renovación el pasado junio fue la elaboración de un informe con una propuesta para reformar la elección de los 12 vocales del órgano que proceden de la carrera judicial. Perelló ya se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho alineándose también con los conservadores (y también con el PP). El grupo de trabajo encargado de elaborar el primer borrador pidió a la Sala de Gobierno del Supremo -que también preside Perelló- su opinión. Y esta, de manera unánime, es decir, con el voto de la presidenta, propuso que, o bien esos 12 vocales fueran elegidos directamente por todos los jueces y magistrados, como defiende la derecha judicial, o que los seleccionados de ese modo fueran al menos ocho, lo que garantizaría a los conservadores (con mayoría aplastante en la carrera) el control perpetuo del organismo constitucional. El sector progresista, al que teóricamente pertenece Perelló, defiende que esos 12 vocales, como hasta ahora, sean elegidos por el Parlamento para garantizar la pluralidad.

Desde su nombramiento, la presidenta no ha dado entrevistas. A diferencia de sus antecesores, tampoco ha hecho declaraciones a los periodistas a la entrada o salida de los actos institucionales a los que asiste. Pero el pasado 13 de diciembre sí reaccionó después de que el presidente del Gobierno dijera ante un corrillo de redactores en la copa de Navidad de Moncloa que el PP juega "con las cartas marcadas" en el mundo judicial por tener información privilegiada y adelantar decisiones de los tribunales. Los vocales progresistas consideraban que el Consejo no debía pronunciarse, al tratarse de unas palabras dichas en un entorno informal. Pero la presidenta volvió a actuar unilateralmente e hizo público un comunicado en el que recordó que "la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho". También rechazó el cuestionamiento "generalizado y permanente", "atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos", lo que a juicio de Perelló "menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia".

A dos semanas largas de que se cumpla el plazo legal para presentar al Gobierno y al Parlamento un informe sobre la renovación de los 12 vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado este miércoles la fractura total entre conservadores y progresistas. Los primeros sostienen que deben ser los jueces y magistrados los que los elijan directamente sin participación alguna de las Cortes. Los segundos, que sea el Legislativo el que tenga la última palabra aunque se abren a varias fórmulas para que sea la carrera la que seleccione previamente a los candidatos y ofrecen mejoras. Ante la falta de acuerdo, los vocales asumen que redactarán un solo documento, como impone la ley que acompañó la renovación del pasado junio, pero en él se contendrán dos propuestas diametralmente opuestas. Lo que está en juego es garantizar que la institución siga contando con voces de izquierda y no caiga en el control perpetuo de la derecha judicial.

El acuerdo alcanzado en el Pleno de este miércoles solo establece la futura convocatoria de otro Pleno extraordinario en el que los 20 vocales y su presidenta debatirán las diferentes propuestas. Pero durante, la reunión de este miércoles, se han constatado las diferencias irreconciliables entre las dos sensibilidades del Consejo. PP y PSOE pactaron el pasado junio un empate a 10 vocales entre los propuestos por ambos partidos, pero el informe final necesitará un apoyo de tres quintos, es decir, 13 votos. La presidenta, Isabel Perelló (de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta por el sector conservador) se manifestó el pasado 11 de diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de que sea el cuerpo el que elija directamente a al menos ocho de los 12 vocales de procedencia judicial. Pero para que salga adelante su tesis y la de los vocales a propuesta del PP se necesitarían dos votos más del sector progresista, para el que la elección parlamentaria es innegociable.

El mandato legal al Consejo exige que el sistema que proponga el informe –que debe ser entregado el 6 de febrero– cuente "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Los vocales progresistas están abiertos a negociar esa forma de participación para que sea la carrera la que designe a los candidatos entre los que elija el Parlamento. Una de las fórmulas sería que la lista de aspirantes fueran seleccionados mediante un proceso electoral. Establecer esos comicios previos supone un avance importante respecto a la intervención de la judicatura. Con el sistema actual, cualquier juez o magistrado puede presentarse a vocal si cuenta con el aval de una de las asociaciones judiciales o con el del 25 compañeros. Los conservadores exigen, sin embargo, que los 12 más votados en esas hipotéticas elecciones accedan directamente a las vocalías sin intervención del Congreso y el Senado.

Este último sistema supondría de hecho entregar a la derecha judicial el control permanente del Consejo sea cual sea la composición de las Cámaras y el partido del Gobierno. Lo demuestra el hecho de que en las últimas elecciones a salas de gobierno, en las que tenían derecho a voto los 5.500 jueces y magistrados en activo, 116 de las 118 plazas en juego fueron para las asociaciones conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Solo dos de los puestos en liza fueron ocupados por magistrados de JJpD. Una traslación a unas hipotéticas elecciones al Consejo daría sistemáticamente una mayoría aplastante a estas asociaciones. Los ocho vocales restantes, cuyo nombramiento atribuye la Constitución a las Cámaras con total discrecionalidad, se repartirían entre los dos principales grupos a razón de tres para cada uno o una relación de cuatro a dos. La derecha judicial se garantizaría así, casi con total seguridad, los 13 votos necesarios para nombrar a los principales cargos judiciales en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos así como para designar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

Que sean los jueces los que elijan mediante elecciones a los candidatos a vocal, como estarían dispuestos a negociar los vocales progresistas, sería ya un gran logro para la derecha judicial. El creciente conservadurismo del cuerpo mostrado en los resultados del último proceso para las salas de gobierno podría dar lugar –dependiendo del sistema electoral que se elija– a que la lista de aspirantes que se entregue a las Cámaras refleje de manera muy mayoritaria el peso de esa ideología en la judicatura, dificultando la selección final por el Legislativo de candidatos procedentes de la izquierda judicial. El tamaño de esa lista también sería determinante para lograr que el CGPJ tenga una composición equilibrada y conforme con el pluralismo político representado en el Parlamento.

Fue el PP el que, en 2013, facilitó que cualquier juez o magistrado pueda presentar su candidatura a vocal siempre que contara con los avales necesarios o con el apoyo de una de las asociaciones. Ese sistema, puesto en marcha con Mariano Rajoy en la Moncloa y Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia, daba a los principales partidos –PSOE y PP– un inmenso margen de discrecionalidad a la hora de proponer a sus vocales. A la última renovación, lograda cinco años y medio después de que se pusiera en marcha por el bloqueo del partido de Alberto Núñez Feijoo, optaron 50 jueces y magistrados para las 12 plazas de procedencia judicial. Esa modificación de 2013 acabó con un sistema mucho más restringido establecido en 2001 por un pacto entre el PP y el PSOE. En él, el Consejo debía entregar a las Cámaras una lista de 36 candidatos procedentes de las asociaciones y de los jueces no asociados según su representatividad. Ahora, sin embargo, el PP defiende que esos 12 vocales sean elegidos directamente por la judicatura.

Otro de los aspectos que los progresistas están dispuestos a explorar es que se establezcan mecanismos para que las Cortes tengan que elegir a vocales de todas las asociaciones. Tradicionalmente, el PP ha extraído sus vocales de la conservadora y mayoritaria APM, mientras que el PSOE ha hecho lo propio en la progresista JJpD. La más moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, y la conservadora y corporativa Foro Judicial Independiente (la cuarta) no cuentan actualmente con ningún vocal, lo que entre los miembros de la carrera es percibido como una disfunción que los vocales a propuesta del PSOE estarían dispuestos a corregir.