Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

Inhabilitar a la única autoridad judicial nombrada directamente por el Gobierno –el fiscal general del Estado– con una sentencia basada en meros indicios en la que dos de las siete magistradas firmantes aseguran que vulnera los derechos fundamentales y las más básicas garantías del condenado, no va a salir gratis al ya tocado prestigio del Tribunal Supremo. La condena al jefe del Ministerio Público ha abierto una fractura sin precedentes en la Sala de lo Penal que se refleja en dos visiones alternativas de la realidad y reproches de fondo en su propio seno que en la calle y en gran parte de la academia se entienden como acusaciones de lawfare, cuando no de algo peor. Esa grieta de raíz no deja de expandirse desde el martes, cuando se notificó la resolución. Dos días después, la principal asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), se ha desvinculado de su tradicional posición de no entrar en el contenido de las resoluciones de juzgados y tribunales y ha hecho público este jueves un inusual comunicado en el que carga directamente contra el criterio mantenido por el Alto Tribunal y sostiene que lo más adecuado hubiera sido la absolución.

El extraordinario texto de la asociación se difunde por "la extraordinaria relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo" que justifica "un posicionamiento público, leal con el Poder Judicial, pero firme en la defensa de los derechos y principios que informan el sistema del justicia penal". En román paladino: la principal asociación judicial progresista, la tercera en número de miembros tras las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (FdV) considera que la polémica resolución afecta directamente a esos derechos y principios, todos ellos de máxima importancia en una democracia y por ello recogidos y tutelados a nivel constitucional. Se trata, además, de unos derechos que corresponde garantizar al Poder Judicial en su conjunto y, en particular, a su más alta instancia Penal, la Sala Segunda del Supremo.

Que se han vulnerado esos principios y derechos constitucionales del proceso penal es algo que subrayan las dos magistradas que han redactado un voto particular que discrepa radicalmente del criterio seguido por cinco de sus compañeros. En su texto, Ana Ferrer y Susana Polo (ambas asociadas a JJpD) sostienen que los cinco compañeros que sacaron adelante la sentencia –Andrés Martínez Arrieta (presidente y ponente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela– han vulnerado la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz con interpretaciones contra reo, contrarias a ese derecho fundamental.

También mantienen que considerar el borrado del móvil –sin conocer qué contenía ni qué ni cuándo se borró exactamente– como un indicio contra García Ortiz "vulnera el derecho que a toda persona acusada en un proceso le asiste a no autoinculparse, a no colaborar con la acusación, sin sufrir por ello consecuencias negativas, núcleo esencial del derecho a un proceso equitativo, al derecho de defensa y a la garantía de presunción de inocencia", es decir los principios que integran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.

Esta visión garantista que, de haberse impuesto en el tribunal, habría llevado a la absolución del fiscal general, no solo la sostiene el sector progresista de la Sala de lo Penal. El magistrado no asociado, pero aupado por el sector conservador del Consejo Andrés Palomo, como miembro de la Sala de Apelaciones, también redactó un voto particular –este contra el auto de procesamiento de García Ortiz– en el que aseguraba textualmente: "No resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado". Sobre el desmentido oficial del bulo de Ayuso que también ha servido de base a la mayoría para condenar, Palomo afirmaba de manera expresa: "Acudir a la reviviscencia típica de la publicación de la nota informativa, que por sí sola no habría dado lugar a la apertura de dligencias en esta Sala Segunda (...) no denota sino un mero intento de reforzamiento argumental, ante la escasez, debilidad e insuficiencia de los indicios de la filtración".

En su comunicado, JJpD critica, en primer lugar, que la sentencia considere "dato reservado" el correo enviado por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía en el que confesaba la comisión de dos delitos fiscales a cambio de evitar su entrada en prisión. Ese correo, según la asociación progresista, no era más que "información generada por la defensa" del propio Alberto González Amador "voluntariamente trasladada al Ministerio Fiscal" y "que no afecta a la intimidad personal ni revela extremos patrimoniales desconocidos para la administración". Pero, además, según el colectivo, esa información "termina siendo utilizada y alterada" en los medios por personas ajenas a García Ortiz. Extender el concepto de "dato reservado" a ese correo afecta al derecho fundamental a legalidad penal del 25.1 de la Constitución –nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito–. Pero, además, genera "una evidente inseguridad para todas las instituciones y responsables públicos que, en cumplimiento de su función, deban facilitar información veraz a la ciudadanía en asuntos de relevancia pública", sostiene JJpD.

La asociación, que a finales de 2024 contaba con 436 afiliados, considera "discutible" la "prueba indiciaria" que ha servido de base al fallo. "Se otorga un peso decisivo a elementos como el borrado de datos o la negativa del acusado responder, desplazando en la práctica el derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio", es decir, otra vez el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías de García Ortiz (ver más arriba). La sentencia, según el colectivo de izquierdas, da "escasa operatividad" a los argumentos de descargo del propio acusado y a los testimonios de los periodistas que negaron que el fiscal general fuera su fuente. Falta, según JJpD "una explicación reforzada suficiente" que justifique que no se haya atendido a ellos.

La asociación también critica aspectos fundamentales de la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, que, según el comunicado, "normaliza medidas de investigación de máxima injerencia". Entre ellas se refiere al "copiado íntegro de dispositivos o amplias búsquedas en repositorios electrónicos". Todo ello acordado de manera desproporcionada "pese a que el objeto del procedimiento era una filtración muy concreta de un correo que albergaba la propuesta de un pacto de conformidad que ya había sido difundido públicamente". "Se consolida así un umbral de intervención tecnológica especialmente intenso frente a un alto cargo institucional", como el máximo responsable de la Fiscalía, puesto cuya regulación tiene rango constitucional.

La nota informativa se queja también de que el Alto Tribunal no haya tenido en cuenta el contexto en que se produjeron los hechos que han llevado a la inhabilitación del jefe del Ministerio Público. Recuerda que se dieron en medio de "intensas polémicas mediáticas y difusión de informaciones inexactas o abiertamente falsas sobre la actuación del Ministerio Fiscal". Frente a esos ataques, según JJpD, el desmentido por el Ministerio Público de los bulos difundidos por Isabel Díaz Ayuso, su principal asesor, Miguel Ángel Rodríguez, y su pareja, no solo no era ilícito, sino un acto obligado. "La Fiscalía no solo puede, sino que debe defender su prestigio institucional y la legalidad de su actuación, desmintiendo bulos y rectificando narrativas que erosionan la confianza ciudadana en la justicia", sostiene el comunicado. Restringir ese deber "frente a campañas organizadas de desinformación" o la "manipulación informativa", que afecta a otro derecho fundamental: el de "recibir información veraz sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de la persecución de los delitos", reconocido en el artículo 20.1.d de la Constitución.

La asociación concluye que la sentencia mayoritaria, "envía el mensaje de que se ensancha el perímetro del derecho penal sobre conductas vinculadas a la comunicación institucional", es decir, restringe la forma en que las instituciones se han comunicado hasta ahora con los medios y la opinión pública. También "flexibiliza el control de proporcionalidad sobre medidas de investigación especialmente intrusivas", como los registros y la clonación de dispositivos electrónicos que afectan a otros derechos fundamentales también protegidos constitucionalmente como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones (artículo 18 de la Constitución).

Para JJpD, la solución correcta al caso habría sido la que se sostiene en el voto particular discrepante de sus asociadas Polo y Ferrer –pero también el del magistrado conservador Andrés Palomo, que sostuvo que García Ortiz jamás debió ser juzgado–. "Una solución absolutoria hubiera sido más respetuosa con estos principios y más coherente con la función de última ratio que corresponde al derecho penal en un Estado social y democrático de derecho", prosigue el comunicado, que concluye con una advertencia sobre el retroceso en las garantías y el daño institucional de la condena. "La sentencia obliga a toda la comunidad jurídica a una profunda reflexión dirigida a asegurar y mantener la defensa de las instituciones y de los derechos fundamentales de la ciudadanía". Es nada menos que eso lo que, a juicio de la asociación progresista, la tercera en jueces y magistrados afiliados en España, cree que el Supremo ha puesto en peligro.

La justicia amenazada es el título del último libro publicado por el polémico expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. También es el alarmista resumen que la derecha política y judicial hace de la mayor revolución judicial en décadas, emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conscientes de su precariedad de apoyos en el Parlamento, las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras cargan con fuerza contra todas y cada una de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, como si fueran un paso más hacia la autocracia de países como la Hungría de Viktor Orbán. Un intento sostenido de acabar con la separación de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, el Estado de derecho.

Si los cambios, pese a la oposición conservadora, salen adelante, serán históricos, porque supondrán una transformación de gran calado: la entrega de la investigación de los delitos al fiscal, como en el resto de Europa; el consecuente refuerzo de la autonomía del Ministerio Público, la conversión de los centenarios juzgados unipersonales en tribunales... También el sistema de acceso a la judicatura, que se democratizará con la generalización de las becas y la introducción de criterios prácticos en la oposición. Esta última, precisamente, es la que más crítica ha suscitado entre la derecha judicial.

El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal busca mitigar el sesgo de clase que, desde hace siglos, el sistema de acceso a ambos cuerpos ha generado. Históricamente, convertirse en juez o fiscal ha supuesto un encierro de una media de cinco años sin generar ingresos –algo que solo las clases más favorecidas podían permitirse–, el aislamiento de la sociedad y pasar un examen en el que solo se evaluaba la capacidad de memorizar temas. A diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, ni las habilidades prácticas o la capacidad argumentativa, ni los idiomas, ni los conocimientos de otras disciplinas son valorados en una prueba de acceso que, según la inmensa mayoría de los expertos, está completamente obsoleta y facilita corruptelas como el cobro en B de los jueces y fiscales que compatibilizan su trabajo con el de preparadores.

Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo son mínimos y, en ningún caso, suponen darle la vuelta al sistema. El importe de las becas para opositores con menos recursos (ya existentes) se duplica hasta el salario mínimo. También se amplían las funciones del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se convierta en un centro público de preparación para las personas con menos recursos. Además, se introduce entre las pruebas un examen escrito para comprobar las habilidades prácticas de cada aspirante y no solo las memorísticas.

El proyecto establece que un cuarto de las plazas de cada convocatoria sean cubiertas por el llamado "cuarto turno", es decir, por juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia mediante una prueba escrita y una baremación de méritos, sistema que se extiende también a los fiscales. Por último, contempla la asimilación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes (más de 900 actualmente) mediante esta última puerta de entrada.

Frente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que avaló por unanimidad (con solo algunas observaciones) el texto, las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– consideran que la reforma supone un retroceso democrático. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron en un comunicado conjunto el pasado 15 de mayo.

En una visión hiperbólica, esos colectivos consideran que la introducción de la prueba práctica en la oposición "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de jueces y fiscales". El "cuarto turno" (que ya existe) "posibilita un acceso discrecional arbitrario". Y lo mismo con la regularización de los jueces sustitutos, que no acredita "los conocimientos jurídicos necesarios" para ser juez o fiscal, pese a que algunos lleven lustros ejerciendo esas funciones. El nuevo centro público de formación de opositores es poco menos que un sistema de "control ideológico" de aspirantes, según las asociaciones.

Desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la permanencia del Gobierno que lo nombró, limitar la discrecionalidad del máximo responsable de la Fiscalía y dar plena trasparencia a sus comunicaciones con el Ejecutivo, que sean los representantes del Ministerio Público y no los jueces los que instruyan los delitos, y reforzar la autonomía interna de los fiscales respecto de sus superiores jerárquicos no solo son reivindicaciones históricas del cuerpo, sino también recomendaciones y exigencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y de los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Sin embargo, después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada esas medidas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del Gobierno, en palabras de las dos asociaciones conservadoras más representativas –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, son, en realidad, una involución democrática.

Así lo ha sostenido la mayoritaria AF en un escrito enviado al fiscal general en el que le anunciaba que no acudiría a la reunión convocada este lunes para debatir la reforma, considera que se ha elaborado "al margen de la carrera" y que el texto refuerza el poder del máximo responsable de la Fiscalía "sin introducir verdaderos contrapesos internos", algo que no se corresponde con el articulado aprobado. Lo que en realidad quiere transmitir este colectivo conservador es que el Gobierno de Sánchez no tiene legitimidad para dar la instrucción a los fiscales porque "ha generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes"; es decir, que está a favor de la medida pero no de que la apruebe el actual Ejecutivo.

Desde la APIF, su presidente emérito, Salvador Viada, consideró la desvinculación del mandato del fiscal general y del Gobierno "una medida en principio buena, incluso recomendada desde Europa". "Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la que el fiscal general del Estado está absolutamente vinculado con el Gobierno", como si esa coyuntura no se hubiera dado igualmente con Ejecutivos del PP. "Encima, vamos a atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal (...), todo orientado a mantener el control de la Fiscalía por parte del Gobierno". "Que no me expliquen que esto tiene que ve con dar más imparcialidad a la Fiscalía, esto tiene la finalidad de apretarla más", concluyó. APIF es el colectivo que ejerce la acción popular contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por supuesta revelación de secretos que se le ha abierto en el Tribunal Supremo.

La reforma de la acción popular, una institución recogida en la Constitución que solo existe en España y que permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse como acusación en un proceso penal, ha sido objeto de reformas finalmente fallidas tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Su limitación está recogida en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará la instrucción al Ministerio Fiscal, pero el Grupo Socialista en el Congreso registró el pasado 10 de enero una proposición de ley para tratar de acelerarla. La proposición impide que la acción popular la ejerzan los partidos y las asociaciones ligadas a estos, y limita su actuación a la fase de juicio oral para evitar que la figura pueda servir para filtrar información de los procesos a los miembros.

El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, obvió los intentos de su partido de abordar una reforma similar en 2013, mientras era presidente Mariano Rajoy, y no dudó en calificar la modificación de "recorte del Estado de derecho" cuya única finalidad es "amordazar a los jueces". La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue mal acogida también por las asociaciones judiciales conservadoras que, como el PP, recordaron que dos casos impulsados por la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias afectan al entorno de Pedro Sánchez: el que instruye el juez Peinado en Madrid contra su esposa y el que se sigue en Badajoz contra su hermano. A las críticas a la proposición socialista también se sumaron las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

La oposición de la derecha, esta vez solo la derecha política, también se ha dado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, publicada en el BOE el pasado enero y que entró en vigor el 3 de abril. Gobierno y comunidades autónomas deben colaborar para poner en marcha la norma que convierte los juzgados unipersonales en tribunales de instancia para unificar criterios y equilibrar la carga de trabajo. Sin embargo, los gobiernos autónomos del PP con competencias en Justicia –Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja– decidieron dejar plantado al ministro Félix Bolaños el pasado 4 de abril en la reunión de coordinación con el Ejecutivo central, porque, dijeron, en el encuentro no estaba previsto hablar de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esa norma. Son las comunidades competentes las que deben de dotar de medios y personal a los nuevos tribunales.

Que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sin intervención del Parlamento. Es lo que defiende la inmensa mayoría de la judicatura española y las tres asociaciones más conservadoras y corporativas del cuerpo. También el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, que el próximo 6 de febrero tendrá que entregar al Gobierno y a las Cortes un informe con una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de extracción judicial —12 de los 20 con que cuenta la institución–. En Italia, ese sistema existe desde hace más de 65 años y se ha modificado en varias ocasiones para limitar, sin éxito, el poder de los colectivos profesionales, que han multiplicado el corporativismo, el clientelismo y el amiguismo en los nombramientos. La primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha presentado una reforma constitucional para que los jueces dejen de elegir a los vocales y se nombren por sorteo.

Los 20 miembros del CGPJ español son elegidos por el Parlamento, también los 12 de procedencia judicial, que se sacan de una lista de candidatos presentada por el órgano de gobierno de los jueces. En Italia, el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) está formado por 30 miembros, de los cuales, 20 son elegidos directamente por la magistratura y los 10 restantes son expertos juristas catedráticos de universidad elegidos por las dos Cámaras legislativas. De él forman también parte tres miembros natos: el presidente de la República, el de la Corte de Casación y el Fiscal General del Estado, y no solo decide sobre los jueces, también sobre los fiscales. El resultado es un órgano en manos de las cuatro corrientes principales de la única asociación de magistrados que existe en el país, la Associazione Nazionale di Magistrati: Area di centrosinistra (izquierda), Autonomia e Indipendenza (próximo al Movimiento 5 Estrellas), Unicost (centro) y Magistratura Indipendente (de derechas).

Es lo que en Italia se llama il correntismo. Una práctica por la que los principales nombramientos se sacan adelante por acuerdo de los líderes de cada uno de esos grupos y en proporción a su representatividad en el órgano, una práctica calificada despectivamente como lottizzazione. Los constitucionalistas llevan décadas criticando el sistema que solo permite el acceso a los altos cargos, los ascensos y los mejores destinos a través de esas corrientes y genera prácticas, no solo corporativas, sino también clientelares. El mérito y la capacidad o el prestigio de los diferentes candidatos a los puestos de cobertura discrecional queda en un segundo plano, lo que ha generado una importante desafección entre la Justicia y la Sociedad.

El sistema, además, debido a su falta de transparencia ha dado lugar a sonados casos de corrupción en el reparto de cargos. Uno de los consejeros fue expulsado de la judicatura en 2020 por pactar nombramientos con políticos y empresarios a través de su corriente después de que se airearan en la prensa sus conversaciones y otros dos fueron suspendidos temporalmente de funciones por el mismo motivo. El corporativismo judicial en el CSM también es motivo de queja respecto al régimen disciplinario por la escasez de sanciones. Perro no come perro.

Desde los años 70, el Gobierno italiano ha impulsado al menos cinco reformas para acabar con estas disfunciones, la última en 2020, pero sin lograrlo. Los sucesivos cambios legales del sistema electoral con el que los jueces eligen a sus 20 vocales no han conseguido acabar con los pactos opacos de las distintas corrientes. Cada cierto tiempo saltan soluciones, como invertir la procedencia de los consejeros para que los elegidos por el Parlamento sean mayoría. O una elección de éstos por tercios -el primero por los jueces, el segundo por el Parlamento y el tercero por el presidente de la República-. Como en España, el órgano de gobierno de los jueces italianos es objeto de constante polémica, aunque no por su politización, sino por el poder de los colectivos profesionales, que solo responden a los intereses de sus afiliados sin que los ciudadanos puedan apenas intervenir o fiscalizar su actuación de manera eficaz.

La última propuesta de cambio es la apoyada por el Gobierno de Meloni. La modificación constitucional que ha puesto en marcha consiste, primeramente, en crear dos Consejos, uno para jueces y otro para fiscales. Los candidatos para formar parte de ellos serán elegidos por sorteo, al igual que los vocales de cada uno de los órganos que debe elegir el Parlamento: los partidos solo podrán proponer una nómina de catedráticos y juristas para cubrir la cuota del Legislativo, que también se echará a suertes. La iniciativa ha provocado una importante tormenta política en la que los grupos opositores y gran parte de la judicatura señala a la jefa de Gobierno por intentar socavar la independencia judicial con el objetivo de alcanzar una magistratura dócil para los intereses y procesos que afectan a su Ejecutivo.

En España, algunas figuras políticas como el expresidente del Gobierno Felipe González, y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, también han propuesto la instauración de este sistema, pero solo para obligar a los partidos a ponerse de acuerdo transcurrido un plazo y tras constatar la falta de voluntad de estos para alcanzarlo, como en el bloqueo de cinco años del anterior CGPJ provocado por el PP.

En una jornada sobre el sistema de elección de vocales organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el pasado lunes, los representantes de las tres asociaciones conservadoras y más corporativas (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) propusieron superar la "partitocracia" que, a su juicio, domina el Consejo y, con varios vocales del Poder Judicial presentes, uno de sus representantes no dudó en llamarlos "comisarios políticos". Para lograrlo volvieron a proponer que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros del órgano. La pregunta incómoda la lanzó el catedrático de Constitucional de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa Rafael Bustos. "¿Y qué garantías tenemos de que esa partitocracia no se convierta en una asociaciocracia?" Italia es un buen ejemplo.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha instado este lunes al Gobierno y la oposición a acordar "la mejor renovación posible" del Consejo General del Poder Judicial para sacar al órgano de gobierno de los jueces de la situación de interinidad que limita sus poderes, al tiempo que ha reclamado un "compromiso claro" de que habrá también una reforma del sistema de elección para alinearlo con los estándares europeos, informa Europa Press.

"Es muy importante salir de esta situación, de un Consejo Judicial interino con una limitación de sus poderes. Es una situación anormal y por eso pedimos a todos los partidos políticos intentar salir", ha declarado Reynders a la prensa en Bruselas, después de reunirse a lo largo del día con las principales asociaciones de jueces españolas.

Por eso, ha añadido, es "muy importante continuar las discusiones" para tratar de "organizar la mejor renovación posible del CGPJ con un claro compromiso de que en el futuro estará en pleno cumplimiento con los estándares europeos", ha dicho el comisario, en referencia a la recomendación de que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces tal y como recomienda el Consejo de Europa -institución ajena a la UE-.

El comisario ha recibido a lo largo del lunes a representantes de las cuatro principales asociaciones de jueces: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) .  Al término ha celebrado percibir un "principio de acuerdo" entre asociaciones respecto a la necesidad de abordar tanto la renovación inmediata como la reforma profunda.

El comisario ha apelado a los grupos políticos en Gobierno y oposición a dialogar para buscar puntos de encuentro que permitan superar el bloqueo, consciente de que en lo político los acuerdos cuando no se cuenta con mayorías claras son "difíciles" y pueden llevar tiempo.

Por ello, Reynders ha dicho no querer poner plazos precisos a las demandas que dirige a España para desbloquear no solo la renovación del CGPJ sino también de otros órganos constitucionales pero ha insistido en cómo el retraso afecta a la imagen del sistema judicial español.

El comisario de Justicia ha querido dejar claro que en Bruselas "no hay una preocupación general sobre la independencia" judicial, sino que existe un problema por la "percepción" por parte de la sociedad que observa que existe un bloqueo que obliga a tener un CGPJ con poderes limitados y "no hay una señal clara" de que se vaya a renovar.

Preguntado por los tiempos y cuál de las dos reformas ve más urgentes, Reynders ha dicho que "ambas son muy importantes" pero que no quería pronunciarse sobre si debe ser "antes el huevo o la gallina".

Renovar y reformar el CGPJ

Las principales asociaciones de jueces de España han llevado este lunes ante la Comisión Europea el bloqueo de la renovación del CGPJ, escenificando un frente común para abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Asi, la principal diferencia reside en cuándo abordar la reforma del órgano de gobierno de los jueces. Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) la renovación y la reforma es "indisoluble" y han destacado que se llevan el compromiso de Reynders con el cambio de modelo.

Por su lado, Juezas y Jueces para la Democracia considera "inasumible" cambiar el sistema de elección de jueces de forma inmediata y ha centrado su mensaje en la necesidad de desbloquear la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato caducó hace tres años.

No es muy habitual que las cuatro asociaciones de jueces se unan para hacer la misma reivindicación, sobre todo porque cada una tiene distintas sensibilidades y no siempre coinciden sus puntos de vista. Pero Enrique López, el responsable de Justicia del Partido Popular, ha conseguido unirlas a todas este lunes, ya sean las más conservadoras como las progresistas, en un mismo comunicado para recriminar que el partido conservador se adueñe de una reinvindicación histórica de estos colectivos para el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que esa demanda se utilice con fines puramente partidistas.

Las asociaciones de jueces no han tardado mucho en ponerse de acuerdo y redactar un texto de denuncia que, aunque no cita específicamente a Enrique López, la interpretación lleva de forma inevitable a las declaraciones que sólo un día antes había pronunciado en una entrevista al diario La Razón. "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial", decía el titular de la información en boca del también consejero madrileño, que subrayaba: "La renovación es también un deseo de la carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ".

No deja de ser llamativo que las asociaciones se revuelvan contra lo que dice el que en realidad es un compañero de carrera. López es juez y ha ejercido como tal, pero siempre se le ha vinculado con el PP, o al menos con los intereses de este partido. Ya fuera durante su etapa como vocal del órgano de gobierno de los jueces –en la que coincidió con el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo–, luego como magistrado del Tribunal Constitucional por empeño de los conservadores y finalmente en la Audiencia Nacional, donde fue recusado por sus compañeros para formar parte de los tribunales que debían juzgar el caso Gürtel precisamente por esa afinidad con el partido que luego se confirmó cuando fue nombrado responsable de Justicia por Pablo Casado y consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid.

"Juego sucio"

Lo primero que dicen las asociaciones es que están todas de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial". La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) lo recuerdan porque, según han explicado a infoLibre representantes de estos colectivos, se trata de una reivindicación histórica a la que el PP se ha enganchado ahora, cuando el órgano de gobierno de los jueces está lastrado por el bloqueo político para su renovación, y después de que este partido no haya hecho nada por cambiar el sistema cuando ha tenido oportunidad.

Así, insisten en que no es que una mayoría de la carrera apoye las tesis del PP, como parece que, en su opinión, quiere hacer ver Enrique López, sino que lo que ahora dice defender el partido conservador como condición para renovar el CGPJ es lo que las asociaciones llevan años pidiendo a los políticos. Desde JJpD, que lleva recogidas más de 50.000 firmas para reclamar al PP que cese en el bloqueo institucional que ya dura más de 1.000 días, consideran que el dirigente conservador da a entender lo contrario y eso es "jugar sucio".

El retraso en la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que el PP ha justificado por distintos motivos cada vez, ha creado un clima político del que las asociaciones judiciales no son ajenas. No es este el primer comunicado que unas y otras han emitido para quejarse de la intromisión del poder político en el poder judicial y para reclamar a los partidos que cumplan con sus obligaciones. Pero el de este lunes es un texto diferente. Como explican desde JJpD y la AJFV, las declaraciones de López no son el motivo exclusivo del comunicado, pero sí han supuesto el "detonante" que no podían "pasar por alto".

¿Apoyo u oportunismo?

Las palabras del consejero madrileño llegan cuando se van a cumplir casi tres años de bloqueo institucional y el hartazgo de los colectivos de jueces es más que evidente, que consideran que los partidos están haciendo de la renovación del CGPJ un campo más de la lucha partidista. Ese contexto previo es el que, según explican, hace que las declaraciones de López no tengan un pase. "En otro contexto, quizá no pasarían de ser un comentario muy desafortunado", apunta la AJFV.

"Da la sensación de que desde el PP se aprovechan de lo que nosotros reivindicamos", añaden esta asociación, ideológicamente situada entre la conservadora APM y la progresista JJpD. Desde esta asociación no se fían de las reclamaciones que ahora hace el partido conservador, puesto que, según recuerdan, ha ido "dando bandazos" en los últimos años: a pesar de llevar en su programa electoral de 2011 un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y de conseguir mayoría absoluta, no hizo nada por llevarlo a la práctica. De ahí que desde la AJFV se pregunten si lo que defienden ahora los de Pablo Casado es sólido o se trata de mero "oportunismo" y una excusa para seguir bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La APM, la AJFV y el FJI tampoco están de acuerdo con la posición que mantiene el PSOE de Pedro Sánchez, al que piden que no venda el relato de que la mayoría de asociaciones judiciales, a excepción de JJpD, respaldan al PP. 

El contexto de bloqueo institucional que ya va para tres años, una situación sin precedentes, no ha concitado siempre la misma respuesta de todas las asociaciones judiciales. Aunque todas defienden un cambio en el sistema de elección de los vocales, JJpD casi siempre se mantiene al margen del discurso de las otras tres, ya que es la que culpa directamente y sin matices al PP de la falta de acuerdo. Además, según dejan constancia los colectivos en su último comunicado, discrepan sobre cuándo es conveniente "proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales", si "con carácter inmediato o más adelante". Mientras la APM, la AJFV y FJI quieren que se haga ya, los progresistas prefieren que la modificación legislativa se aborde con un Consejo en plenas facultades, es decir, una vez renovado.

Las asociaciones de jueces echan en cara al Ejecutivo y a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que desde marzo de 2020 no se haya redactado y aprobado una ley especifíca de pandemias.Señalan que esa legislación 'ad hoc' habría evitado la situación de ambigüedad existente con decisiones de diferentes tribunales superiores de justicia contrarias a medidas impulsadas por las comunidades autónomas, informa Europa Press.

Tras la enésima decisión de la justicia, este lunes el TSJ de Cataluña acordaba mantener la decisión de aplicar el toque de queda solo en 19 municipios catalanes en contra de la petición de la Generalitat. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) indican a Europa Press que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trasladando la responsabilidad de una decisión política al ámbito judicial.

Recuerdan que los magistrados que están entrando a validar o a vetar decisiones relativas a medidas de índole sanitarias para combatir la pandemia, como la obligatoriedad o no del conocido como 'pasaporte covid' para determinadas actividades, valoran y deciden no por conveniencia de la medida sino atendiendo a la legalidad de la misma.

Desde la AJFV explican que al final lo que se consigue es que una decisión que es política, que se basa en criterios sanitarios de "prevención y prudencia", recae en el poder judicial que actúa con otro criterio, que "no es incompatible pero que no es igual".

Indican así que la perspectiva de decisión de un político y la de un juez es diferente y esto genera un problema. Añaden que esta problemática ya se preveía desde hace un año y por eso desde el ámbito judicial se ha reclamado un marco normativo que aporte "precisión" a la toma de decisiones. "Las normas sanitarias ahora son ambiguas y permiten todo y nada al mismo tiempo", lamentan.

Y ese nuevo marco, explican, debe llegar a través de reformas legales impulsadas desde el Parlamento, por iniciativa propia o del Gobierno. Algo que podría reducir el margen de incertidumbre del 90% al 40% o incluso al cero%.

Uniformiar las decisiones en todo el territorio 

Este punto de vista es compartido también por el Foro Judicial Independiente (FJI) desde donde se acusa al Ejecutivo de no haber querido aprobar esa 'ley de pandemias' a pesar de que se espera que la situación actual no cambie a medio o largo plazo.

Creen que esa normativa para pandemias lograría "uniformar las decisiones" que se adoptan en todo el territorio, y lamentan que el Ejecutivo haya "declinado" de esa responsabilidad dejando las decisiones a expensas de los diferentes tribunales superiores de Justicia que han tenido que resolver porque han de velar por los derechos fundamentales.

Al hilo, recalcan desde el FJI que esa nueva normativa, que ha de ser una ley orgánica, es posible dado que han salido adelante numerosas modificaciones legales. "Para otras cosas sí que hay rapidez", indican, poniendo como ejemplo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula una vez expirado su mandato.

Proporcionalidad y motivación

Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) señalan que, a pesar del decreto-ley por el que el Supremo tiene la última palabra sobre restricciones sanitarias que se adopten desde las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, no se ha logrado acabar con la disparidad de criterios.

A su juicio, no se ha evitado porque la interpretación la realiza cada TSJ en función de la situación de cada Comunidad Autónoma, y todo depende en definitiva de la proporcionalidad de las medidas aprobadas y de que estén bien justificadas.

Ahonda en que el Supremo ya ha advertido de que las decisiones de los TSJ se han de adoptar revisando esa proporcionalidad y su justificación o motivación, y por ese motivo se produce la disparidad de criterios.

Al hilo, coinciden con el resto de asociaciones al puntualizar que no se ha legislado ex profeso para esta pandemia de covid-19 y denuncian que desde el 14 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, hasta ahora se habría podido legislar." Si la situación se prorroga, hay que plantearse una legislación ad hoc", han insistido.

Los nombramientos discrecionales en la cúpula de la carrera judicial revelan un claro "sesgo de género", atendiendo a las asignaciones de plazas en el Tribunal Supremo, en tribunales superiores de justicia (TSJ) y en audiencias provinciales que se han efectuado en toda la historia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una realidad que requiere con "auténtica urgencia" la realización de los estudios convenientes para conocer las razones detrás de ella así como para analizar las limitaciones con las que cuentan juezas y magistradas y que explican su menor participación en los procesos selectivos.

Así lo concluye un reciente informe elaborado por la comisión de igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), al que ha tenido acceso infoLibre, y que ha analizado todos los nombramientos discrecionales que ha realizado el órgano de gobierno de los jueces, una de las actuaciones, admite, "más polémicas de todas las que integran" la institución, "no sólo por la insatisfacción de la mayoría de los integrantes de la carrera, sino la desconfianza de la opinión pública respecto de la percepción de los ciudadanos en cuanto a la credibilidad e independencia de actuación de jueces y tribunales".

El informe, que han realizado dos magistradas de la asociación, parte de la base de que la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres afecta a todos los estratos del Estado, también a la Administración de Justicia, y, de hecho, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) obliga a que las propuestas de candidatos "contendrán una valoración de su adecuación a lo dispuesto" en la norma que se aprobó a iniciativa del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, tal y como expone el documento, "nada se ha avanzado en cuanto al desarrollo reglamentario concreto de tal previsión orgánica", pues "no ha representado ningún cambio sustancial en la realidad de los nombramientos de carácter discrecional aprobados por el CGPJ después de su entrada en vigor".

Más mujeres juezas, menos presencia femenina en los escalones superiores

Las cifras son contundentes y así lo recoge el informe sobre la estructura demográfica de la carrera judicial a fecha 1 de enero de 2020: a pesar de que las mujeres son mayoría actualmente en la carrera judicial (54,3%) –y en las nuevas incorporaciones, la tendencia sigue en aumento, pues, por ejemplo, más del 70% de los 188 nuevos jueces y juezas que ingresaron por oposición en la carrera en 2018 eran mujeres–, su presencia en los escalones superiores de la judicatura y, especialmente, en aquellos cargos que son de nombramiento discrecional, es, sin embargo, y en proporción al porcentaje que en la misma representan, realmente escasa. En el Supremo y las presidencias de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, la presencia de mujeres no supera el 21% en ningún caso.

Un informe de septiembre de 2020 reveleba que en el alto tribunal solamente había 16 mujeres (20,51%) frente a 62 hombres, sólo dos mujeres (12,5%) presidía un tribunal superior de justicia pese a que el 36,98% de sus integrantes son mujeres, y sólo diez mujeres (21,27%) presidían audiencias provinciales a pesar de que la presencia femenina en estos órganos era del 39,89%. Cuando se hizo este estudio, en el Supremo ninguna mujer presidía una de las cinco salas, pero esto cambió a finales de septiembre del año pasado, cuando la magistrada María Luisa Segoviano fue designada presidenta de la Sala Cuarta (de lo Social).

Estas cifras fueron evaluadas en el Pleno del CGPJ de enero de 2020 en el que se aprobó por unanimidad el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, donde se llegó a una conclusión parecida a la que se pone de manifiesto en el informe realizado un año después por la AJFV, y es que el análisis de la presencia de mujeres en puestos de nombramiento discrecional en la carrera judicial revelaba que "los avances en este punto, aun siendo perceptibles", eran "todavía insuficientes".

Diferencia mínima en la antigüedad

Según el estudio de la asociación judicial, "la más tardía incorporación de las mujeres a la carrera judicial no explica, actualmente, la diferente representación de uno y otro sexo en los cargos de nombramiento discrecional", pues a 1 de enero de 2020, la antigüedad media de los jueces y magistrados varones en activo era de 22,3 años y de las juezas y magistradas, de 18 años. En el Tribunal Supremo, la diferencia era entonces casi igual de pequeña: 33 años de antigüedad en el caso de los hombres y 28,7 años en caso de sus compañeras mujeres. "Por lo tanto, los datos expuestos indican que existe un sesgo de género en el nombramiento de los cargos discrecionales en la carrera judicial, en perjuicio de las mujeres", concluye el informe.

Los últimos nombramientos, apunta, "no revelan ningún cambio significativo de tendencia". Echando un vistazo a las adjudicaciones de plaza realizadas por el CGPJ en su último mandato, que se extiende desde diciembre de 2013 y sigue vigente debido al bloqueo político para su renovación, se desprende que sólo 56 del total de 253 nombramientos llevados a cabo fueron para mujeres, esto es, un 22,13%. 

Entre los factores que pueden explicar estos porcentajes tan bajos está el hecho de que las solicitudes de juezas y magistradas para optar a cargos en la cúpula judicial han sido menores a las de los varones, apunta el informe, por lo que desde la asociación urgen a realizar los estudios sociológicos necesarios para "analizar en profundidad las causas de la baja participación de mujeres en esteos procesos" de selección, tal y como establece entre sus ejes de actuación el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial. Este estudio ya era una previsión que contenía el I Plan de Igualdad que fue aprobado en 2013: "realización de investigaciones o estudios con la finalidad de conocer las modificaciones del déficit de solicitudes y presencias de cargos de mayor responsabilidad en la carrera judicial a fin de proponer medidas reglamentarias y legales para alcanzar la paridad". Según la AJFV, ningún análisis de este tipo, que ve como una "auténtica urgencia", se ha hecho.

Y para realizar un estudio así no se puede "dejar de contemplar la realidad sociológica en la que la condición de mujer implica que juezas y magistradas se encuentran con mayores limitaciones que sus compañeros varones para poder compatibilizar su trabajo jurisdiccional, las atenciones a la familia y el cuidado de hijos e hijas menores y personas dependientes con la realización de otras actividades jurídicas no jurisdiccionales, tales como la docencia complementaria en las universidades, la dirección de cursos y actividades dentro del área de formación del propio CGPJ, publicaciones, obtención de doctorados, másteres, etc". Así lo revelan las estadísticas: entre 2013 y 2019, el 97,3% de las excedencias por cuidados en la judicatura fueron concedidas a mujeres.

La conciliación, la asignatura pendiente

Sobre este asunto se pronunció recientemente la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, quien en entrevista con infoLibre a propósito del Día Internacional de la Mujer afirmó que "sin ninguna duda" la conciliación es una de las tareas pendientes en la justicia para que cada vez más mujeres accedan a puestos de responsabilidad. "El tema del techo de cristal es real. La mayoría de las sentencias en España las dictan mujeres porque mucho más del 50% de los jueces son mujeres. Sin embargo, si vas ascendiendo en el escalafón, vas viendo que en los altos tribunales, en el Supremo o en tribunales superiores de justicia, no hay ese 50% de mujeres. Lo que estamos viendo es que hay pocas mujeres que se presenten porque todavía las mujeres siguen conciliando su carrera profesional con la vida familiar y, por lo tanto, esa conciliación que sólo hacen las mujeres provoca que no puedan acceder a altos cargos. Es lo que nos queda por hacer en España, no sólo en el ámbito judicial desde luego, en todos los ámbitos profesionales", aseveró.

Según el informe de AJFV, existe una "cierta masculinización o mayor accesibilidad de los varones jueces a lo largo de su carrera profesional para participar" en actividades adicionales que permiten "incorporar méritos que posteriormente serán computables para el acceso a cargos discrecionales, en relación con la mayor incidencia de las cargas familiares en las mujeres juezas tras obtener plaza en unos años que son cruciales para posicionarse en tales ámbitos".

"Pero ello no explica en absoluto que en aquellos casos en los que sí se ha producido una participación significativa de mujeres entre las personas aspirantes, la decisión del Pleno del CGPJ haya sido la de seleccionar, en todo caso, a un candidato varón. (...) Sin que tal hecho haya merecido, siquiera, la menor referencia, valoración ni informe", lamentan las autoras del estudio, que remarcan que "basta una mera lectura de los C.V. de las mujeres aspirantes que optaban a las plazas indicadas y el visionado de sus respectivas comparecencias" ante la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces "para reclamar como absolutamente necesaria la explicitación en el acuerdo de nombramiento de las razones por las que no se ha considerado que ninguna de las candidatas llegó a alcanzar una valoración de méritos en términos de igualdad con los varones finalmente designados".

Las asociaciones de jueces piden explicaciones tanto al Gobierno como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebra este viernes en Barcelona en la sede de la Escuela Judicial.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demanda en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no asistirá este viernes a la Escuela Judicial, ya que según varios medios de comunicación han apuntado que el Gobierno ha "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad", informa Europa Press.

La asociación mayoritaria de jueces ve "muy preocupante" que el Gobierno "declare su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional" y más aún si estas razones de seguridad pretenden "disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución".

Por ello, piden que se "adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física de todos los asistentes y, en particular, de los compañeros que integran la nueva promoción de jueces".

"Ausencia de transparencia"

Por su parte, desde Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) señalan que a pesar de que ha habido "ausencia de transparencia" en la decisión de que Felipe VI no viaje a Barcelona para asistir al acto, consideran que en estos momentos no es conveniente alentar polémicas, y ponen el foco en que lo importante del acto son los nuevos jueves que inician su carrera.

"La alegría e ilusión de los compañeros por ejercer su función para la que han dedicado tantos años de esfuerzo superará en mucho la ausencia del rey", ha explicado en declaraciones a Europa Press su portavoz Ascensión Martín, quien ha añadido que es importante que se celebre en Barcelona "con total normalidad" puesto que es donde está la Escuela Judicial.

No obstante, ha explicado que quizá una explicación sobre la ausencia del jefe del Estado "sería prudente" en aras de una mayor transparencia pero ha incidido en que el país se enfrenta a problemas más importantes, por lo que se queda con lo positivo, y es que en esta ocasión se celebre en Barcelona, algo que no pudo ser el año pasado.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también cree que alguien debe dar una explicación "más clara" sobre la ausencia del monarca, debido a que la presencia del jefe del Estado o alguien en su representación es necesaria en este tipo de acto institucional y sobre todo por "respeto" a los nuevos integrantes de la Carrera judicial.

Según ha explicado el portavoz de esta asociación, Jorge Fernández Vaquero, que el rey no presida la entrega de despachos es una "mala noticia" porque no se podrá "simbolizar o poner de manifiesto" que los nuevos jueces son "investidos por un poder público". "Los jueces administramos justicia porque nos lo otorga el poder público", ha indicado y lamentado que el Poder Judicial "permanentemente ve gestos que al final degradan el papel constitucional que tiene".

Ante la convocatoria de la huelga de este lunes por asociaciones judiciales y fiscales, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han emitido una declaración en la que manifiestan su apoyo a las protestas por "las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir".

En la nota, que consta de tres puntos, los presidentes manifiestan su imposibilidad de sumarse a los paros convocados debido a su "posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma" y reconocen que la, a su juicio, situación de precariedad ha "desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la Carrera Judicial y Fiscal".

"Mostramos nuestra solidaridad con las Asociaciones judiciales y fiscales en su intento por mejorar la situación actual y apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales que defienden", finaliza el documento.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han adherido este viernes al comunicado en defensa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, informa Europa Press.

Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena– ha sido firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que "en ningún caso" ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por "actos privados que se le atribuyen" en la demanda, que ha sido promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

Los investigados por el procés piden que se condene a Llarena a indemnizarles con un euro de forma simbólica por su parcialidad y utilizan como argumento unas manifestaciones que el magistrado del Tribunal Supremo español realizó tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el procés independentista en Cataluña "no hay presos políticos".procés

La afirmación de que el Gobierno actuará "en la medida proporcional y adecuada" para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España, se entiende desde diversos ámbitos jurídicos –entre los que figuran los compañeros de Llarena en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– desde "el desconocimiento absoluto de los trámites procesales o peor aún, desde el propósito de no hacer nada", según ha manifestado la asociación mayoritaria de jueces en un comunicado.

Como el ordenamiento belga exige que antes de la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda se aleguen los argumentos por las diferentes partes, si este trámite no se realiza en el momento adecuado España no podrá oponerse a la demanda, advierten.

Si no se persona, pierde inmunidad

A ello se añade que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno español que la inmunidad debe invocarse ante el tribunal y le recomendaron "asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancias de Bruselas". Si España no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que renuncia a su inmunidad jurisdiccional.

Añade que tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del magistrado Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan, según la asociación de jueces.

Consideran que un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que "se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto".

Reclama defensa sin reparos

Por ello, la APM insta al Ministerio de Justicia a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo promovida por el propio Llarena.

Por otra parte, los jueces de la APM piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado la pasada semana asegurando su defensa en caso de "inacción del Gobierno".

Finalmente, y en el caso de no adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad jurisdiccional de España, la APM anuncia que valorará la adopción de "las medidas oportunas para suplir la inacción e interesar la depuración de las responsabilidades penales y administrativas en que se hubiera podido incurrir por dicha pasividad".

La UPF también lo pide

Pese a que no ha secundado el manifiesto de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido que el Estado se persone en el procedimiento penal emprendido en Bélgica contra Llarena, y ha calificado de "absolutamente inasumible" el intento de "enjuiciar" su actuación en tribunales extranjeros.

En un comunicado, la UPF "ratifica su compromiso en defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española".

En este sentido, tacha de "inasumible" e "improcedente" el intento perpetrado por los exdirigentes independentistas de "fiscalizar o enjuiciar" la actividad de un magistrado español ante órganos judiciales extranjeros.

"El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del Estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales", ha esgrimido esta asociación, que ha manifestado su "unidad" en torno a Llarena y la "necesidad" de que el Estado se persone en el procedimiento judicial.

Más de 2.000 jueces y de 650 fiscales de toda España han secundado este jueves el segundo paro de una hora convocado por las asociaciones de jueces y fiscales para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales, informan portavoces de algunas de éstas a Europa Press.

Para continuar dando visibilidad a estas exigencias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado para este jueves una concentración ante las puertas del Ministerio de Justicia, a partir de las 13.00 horas.

Según han adelantado los representantes de los jueces y fiscales hasta el momento se conoce que más de 2.000 miembros de la judicatura y más de 650 de la carrera fiscal han parado este mediodía durante una hora, manteniendo servicios mínimos. Estas cifras —de las que aún sigue el recuento oficial— son similares a las del primer día de protesta, que tuvo lugar, el pasado 26 de abril.

Dimisión del ministro

Además, algunos de los jueces y fiscales que han dejado de trabajar de 12.00 horas a 13.00 horas y han salido a las puertas de juzgados de toda España han portado carteles que recogen algunas de estas reclamaciones, que se mezclaban con otros que pedían la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

"Mayor autonomía del Ministerio Fiscal", "cargas de trabajo saludables" o "12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por nosotros/as", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en los papeles que han sujetado. Los paros se repetirán los días 10 y 17 de mayo y habrá una jornada de huelga el día 22 del mismo mes.

Las asociaciones judiciales reclaman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

Por su parte, las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) se sumará a la huelga feministahuelga feminista del próximo 8 de marzo, un "hito histórico" con el que pretende "reivindicar la igualdad real de oportunidades entre sexos" en una "huelga pionera, transversal y de ámbito internacional que se replicará en numerosos países de todo mundo" a la que muestra todo su apoyo.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, la huelga feminista "desborda su concepto tradicional" de las huelgas para reivindicar el derecho de todas las mujeres y su papel en la sociedad. "La brecha de género salarial global es actualmente un 23% según la Organización Internacional del Trabajo y a este ritmo, nos llevará 170 años cerrarla. El reparto desigual en las tareas del hogar se alza como uno de los factores más importantes de la endémica desigualdad laboral de género", expone la AMJE.

La asociación de juezas también destaca que las mujeres siguen sosteniendo "mayoritariamente" los cuidados familiares, cuando en Europa tengan el "60% de las licenciaturas" universitarias, aunque sólo el 6% de las mujeres ocupa "puestos de dirección ejecutiva de grandes compañías".

Del mismo modo recuerdan que desde 2003, cuando existen registros en España, casi un millar de mujeres han muerto a manos de "sus progenitores, parejas o exparejas", motivos que han impulsado a la asociación a sumarse a la huelga feminista. "La aportación y el talento femenino enriquecen y son un complemento imprescindible para lograr decisiones más plurales, justas y equitativas que garanticen la diversidad representativa de la otra mitad de la población", concluye el comunicado.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este jueves a Vicente Magro Servet, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, nuevo magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Magro fue senador del PP por Alicante entre 1996 y 1997 y ha sido presidente de la asociación mayoritaria de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a los jueces conservadores.

El órgano de Gobierno de los jueces ha elegido hoy a otros dos magistrados para el alto tribunal, uno de los cuales, Pedro Román —que formará parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo—, fue secretario de Estado durante el paso de Alberto Ruiz-Gallardón por el Ministerio de Justicia. La tercera elegida hoy ha sido María Luz García Paredes, de tendencia progresista, que irá a la Sala de lo Social, según informa Europa Press.

Magro, que ocupará la vacante producida por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano, ha obtenido diez de los 20 votos emitidos en Pleno, al que no ha asistido el vocal Álvaro Cuesta por cuestiones de salud. Los también candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García han recibido cinco votos cada uno.

El nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ingresó en la carrera judicial por oposición en 1987 y tuvo sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Elche-Elx, donde fue elegido juez decano; para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante.

Elegido dos veces -en 1989 como juez y en 1994 como magistrado- para formar parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido miembro nato de este órgano gubernativo durante su etapa como presidente de la Audiencia alicantina.

Vicente Magro es desde 2002 asesor del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, formando parte de su grupo de expertos. Además, es autor de una veintena de protocolos, como el puesto en marcha en Alicante en 2001 para coordinar la lucha contra la violencia doméstica, el de prevención de la violencia juvenil de 2007 o el dirigido a la reeducación de los condenados por delitos de maltrato animal de 2016.

Román, amigo de Lesmes y elegido por Gallardón

Por lo que respecta a Román, ha obtenido diez de los 19 votos emitidos en el Pleno. En su votación no ha participado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha participado en el debate y votación de este nombramiento dada su amistad con este candidato.

Román fue nombrado en 2004 jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, cargo que desempeñó hasta 2011. En esa fecha fue nombrado secretario de Estado de Justicia, puesto en el que permaneció hasta 2014. En la actualidad estaba destinado en la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Finalmente, el Pleno del CGPJ ha designado a María Luz García Paredes, hasta ahora destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nueva magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante —correspondiente al turno general— producida por la jubilación de José Luis Gilolmo López.

María Luz García Paredes fue juez decana de los Juzgados de lo Social de Madrid, cuenta con experiencia docente como profesora del Máster de Derecho Procesal Laboral de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha participado como ponente en distintos cursos, jornadas y seminarios y es autora de diversas publicaciones jurídicas, tanto individuales como colectivas.

El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles en el tercer trimestre del año fue de 1.329.913, lo que representa un incremento del 2,5 % respecto al mismo periodo de 2016, según el informe "Situación de los órganos judiciales" publicado este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La tasa de litigiosidad se sitúa en 28,6 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, los órganos judiciales resolvieron 1.181.304 asuntos, un 3,8 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2016; quedando en trámite al final del periodo estudiado otros 2.335.310 asuntos, lo que supone un aumento del 3,4 %.

La entrada de asuntos experimentó un incremento tanto en la jurisdicción civil -con una subida del 14,2 %- como en la social -donde el aumento fue del 6,3 %-, mientras que descendió en la jurisdicción penal -un 3,3 %- y en la contencioso-administrativo -el 3,6 %-.

En cuanto a la resolución de asuntos, el informe revela que bajó en todas las jurisdicciones: el 2,2 % en la civil; el 4,4 % en la penal; el 2,1 por ciento en la contencioso-administrativa; y el 5,8 % en la jurisdicción social.

Por jurisdicciones

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el tercer trimestre de 2017 alcanzó los 437.255, con un incremento del 14,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En esta subida han tenido un papel relevante las 59.327 demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea un persona física -por ejemplo, las cláusulas suelo- registradas.

Los órganos de la jurisdicción civil resolvieron 352.251 asuntos, un 2,2 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2016; quedando en trámite al final del periodo 1.127.511 asuntos, un 9 por ciento más que hace un año.

En la jurisdicción penal entraron 761.912 nuevos asuntos, lo que supone una disminución del 3,3 por ciento. Se resolvieron 727.919 asuntos -un 4,4 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior- y quedaron en trámite 728.873 asuntos.

Por su parte, en contencioso-administrativo se registraron 39.841 nuevos asuntos, lo que representa una disminución interanual del 3,6 por ciento. El número de asuntos resueltos fue de 35.402 -un 2,1 por ciento menos que en 2016- y el de asuntos en trámite al final del periodo de 187.867.

Por último, en la jurisdicción social entraron 90.860 nuevos asuntos, un 6,3 por ciento más que en el tercer trimestre del año pasado; se resolvieron 65.693 -un 5,8 por ciento menos- y quedaron en trámite otros 290.962.

Canarias, Baleares y Andalucía, a la cabeza en litigiosidad

Las comunidades autónomas con mayor tasa de litigiosidad en este último periodo estudiado fueron Canarias -con 37,4 asuntos por cada mil habitantes-, Baleares -con 33,3- y Andalucía -con 32,7-. También en Cantabria -con 29,6 asuntos por cada mil habitantes- y en Murcia -con 28,8- se superó la media nacional.

En el otro extremo, los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja -18,4 asuntos por cada mil habitantes-, el País Vasco -19,7 asuntos-, Navarra -22,1 asuntos- y Extremadura -22,4 asuntos-.

El exjuez Baltasar Garzón ha planteado la abstención y subsidiariamente la recusación del magistrado de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo José Luis Requero Ibáñez por "tener interés directo o indirecto en el pleito" del caso Papel Moneda de la República o caso del dinero rojo.

En concreto, se aduce enemistad manifiesta hacia Garzón en base a un artículo de opiniónpublicado en el periódico La Razón en el que Requero se refiere peyorativamente a Garzón como "lamentable personaje" y "juez estrella".

Se trata en realidad de dos recusaciones de idéntico contenido porque hay dos procedimientos en curso sobre este asunto.

El juez Requero fue designado ponente en las dos causas que se siguen en la Sección Segunda de la Sala Tercera en el caso del Papel Moneda sobre la demanda de más de cien afectados que reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado para la devolución del dinero de la República incautado por el Gobierno de Franco.

Baltasar Garzón, director del despacho jurídico Ilocal, representa a estos demandantes junto al bufete Amparo Legal.

En el recurso se explica cómo el 19 de noviembre de 2017, José Luís Requero Ibáñez publicó en el diario digital La Razón un artículo dedicado al fallecido fiscal general del Estado Jose Manuel Maza en el que  afirmaba que "lo alabó cuando discrepó de la mayoría de la Sala al archivarse unas actuaciones seguidas contra un juez estrella" en el marco del caso del franquismo.

Seguidamente, se refiere al magistrado Garzón como "lamentable personaje incompatible con la independencia judicial".

La asociación Jueces para la Democracia (JPD) ha acordado durante la última jornada de su 32º congreso, que concluye este viernes en Lleida, cambiar su denominación para dar visibilidad a las mujeres que la integran y pasa a llamarse Juezas y Jueces por la Democracia, según ha anunciado este colectivo en su cuenta de Twitter.

La aprobación del cambio de nombre ha requerido el voto favorable de una mayoría cualificada de dos tercios de los asistentes al congreso, ya que implica una reforma de los estatutos de la asociación.

La asociación, fundada en 1984 tras una escisión de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) está constituida por juristas de tendencia progresista. Su actual portavoz es Ignacio González, que sustituyó en el cargo al magistrado valenciano Joaquim Bosch.

Lezo, Pujol, Bankia, Gürtel, Púnica, 3%, Palau, Bárcenas, ERE fraudulentos, Taula, Nóos... son sólo algunos de los casos que han generado páginas y páginas de atestados de las unidades de élite de las fuerzas de seguridad que se han acabado investigando en juzgados de toda España. Jueces, fiscales, guardias civiles, policías, inspectores y técnicos de hacienda contribuyen con su trabajo a atajar la corrupción, un mal endémico que ya constituye la principal preocupación para casi la mitad de los españoles, según el CIS. 

Los actores implicados en la lucha contra esta lacra, sin embargo, denuncian que la escasez de medios humanos y materiales a la que se enfrentan impide que puedan llegar a todo y hace que su trabajo pierda eficacia. También lamentan el hecho de que esta situación pueda ocasionar que los procesos se alarguen durante años, lo que fomenta una preocupante sensación de impunidad entre los ciudadanos.

Lo ilustró de manera muy clara el coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de uno de esos cuerpos de élite, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una entrevista reciente con la agencia Efe en la que aseguró que "con demasiada frecuencia" su unidad tenía que "rechazar casos" por falta de medios. Esta denuncia la vienen realizando, desde hace años, sindicatos y asociaciones profesionales, aunque sin duda resulta muy relevante escucharla de un alto mando.

El trabajo de las unidades de policía judicial es muy relevante en la lucha contra los poderosos entramados de corrupción política y económica, pues hacen labores de "auxilio" de los órganos judiciales y fiscales que investigan estas causas. Estas unidades de élite están presentes en la Policía Nacional a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV); en la Guardia Civil, con la UCO y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ); en el Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria; en el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), integrado en el Banco de España; y en los Mossos d'Esquadra, que también cuentan con una unidad especializada en este ámbito. 

El hecho de que una u otra unidad policial se encargue de realizar las indagaciones sobre un caso concreto depende, en última instancia, de quién haya levantado la liebre. "Hay tres posibilidades: si el caso lo desvela un determinado cuerpo policial, será también el encargado de realizar las pesquisas; si es la Fiscalía Anticorrupción la que lleva el caso al juez, es el Ministerio Público el que decide; y si es un particular el que se remite una denuncia al juez, queda en manos del magistrado decidir qué unidad le auxiliará", explica un fiscal. 

En cualquier caso, lo habitual es que el trabajo se realice de forma coordinada entre la unidad policial y los jueces y fiscales. De hecho, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción califican de "excepcional" lo ocurrido esta semana en relación a la vinculación de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato al empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica como donante del PP. Mientras la UCO ve un posible delito de cohecho y otro de prevaricación en la actuación de Cifuentes, tanto el juez como el fiscal aseguran no haber encontrado pruebas que acrediten esos supuestos delitos. 

  Guardia civil 

La UCO es la unidad de la Guardia Civil que tiene como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica e internacional. Sus agentes han redactado los atestados que han dado lugar a las operaciones Púnica y Lezo, que acabaron con Francisco Granados e Ignacio González en prisión; o el caso de los ERE, por el que se sentarán en el banquillo los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

En toda la unidad trabajan medio millar de personas: alrededor de 400 en Madrid y el resto en otros territorios, principalmente Alicante, Canarias, Málaga, Palma de Mallorca y Pontevedra, tal y como indican a infoLibre fuentes del Ministerio del Interior. Alrededor de un centenar de agentes están dedicados en exclusiva a la Unidad de Delincuencia Económica y contra la Corrupción, una de las cinco en las que se estructura la UCO. 

"Las declaraciones del coronel Manuel Sánchez Corbí poniendo voz a las demandas que llevamos planteando desde hace años nos han sorprendido gratamente, pues una de nuestras principales reclamaciones ha sido la carencia de personal", subraya el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández. "Esa carencia hace que sea imposible analizar toda la corrupción que sabemos que existe. Lo que se hace es priorizar lo más importante", añade. 

Fernández califica de "mastodónticos" algunos de los casos sobre los que indaga este cuerpo de élite. Sin embargo, en una causa de la relevancia de Lezo, con más de medio centenar de investigados y varias personas en prisión, apenas han trabajo seis agentes a tiempo completo. Además, otros miembros de la unidad participaron prestando labores de apoyo para, por ejemplo, colocar micrófonos ambientales. 

Además, Fernández subraya también que parte de los problemas que tienen los agentes para enfrentar los casos de corrupción está en la falta de medios materiales. "Esto es algo que algunos jueces intentan paliar cediendo en usufructo a los agentes bienes intervenidos a personas investigadas", señala. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, con los coches intervenidos a los principales investigados del caso Lezo, que podrán ser utilizados por los agentes para sus operaciones previa autorización del juez Velasco. Por otro lado, el portavoz de la AUGC también reclama que se apueste más por la formación continua de estos agentes de élite, que ya pasan un período específico de preparación.

  policía nacional 

También los sindicatos de la Policía Nacional vienen quejándose de forma reiterada de la carencia de personal y de medios materiales que sufre todo el cuerpo, en general, y las unidades especializadas en corrupción, estafas, blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos, en particular. 

El trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ejerce en muchas ocasiones como policía judicial, está detrás de casos tan mediáticos como la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas, la investigación sobre el patrimonio de la familia del expresident Jordi Pujol, o el caso Emperador, una trama vinculada a las mafias chinas. Fuentes del Ministerio del Interior señalan a este periódico que en esa unidad trabajan alrededor de 350 agentes. 

"La actividad de investigación es muy intensiva en recursos humanos y materiales", explica Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Además del personal, que es nuestra principal carencia, se necesitan ordenadores potentes, programas informáticos, licencias, desplazamientos...todo eso implica una gran inversión económica de la que no siempre dispones", señala. 

Por otro lado, Cossío también pone encima de la mesa el tema de la formación continua, una cuestión muy relevante para hacer frente a las formas de criminalidad del siglo XXI. "En las cuestiones relacionadas con la formación, los sindicatos estamos supliendo el papel de la Administración, que argumenta que no tiene recursos económicos suficientes", asevera.  

  Jueces y fiscales 

Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que para luchar contra la corrupción son imprescindibles más medios humanos y materiales en la Administración de Justicia. "Este es un tema que está pendiente desde hace demasiado tiempo y que, naturalmente, repercute en la lentitud de la respuesta judicial a la defensa de los intereses de los ciudadanos", señala el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado Celso Rodríguez Padrón. 

Todos consideran interesante equiparar el número de jueces y fiscales en España a la media europea. Según explica Ignacio González Vega, magistrado del Juzgado de lo Penal 20 de Madrid y portavoz de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), en la actualidad en España la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes está situada en 10, mientras que la media de los países de nuestro entorno está en 21. Recuerda, además, que este resultado sitúa a España en el séptimo puesto por la cola entre los Veintiocho.

Pero no sólo hacen falta jueces y fiscales, pues otro punto destacado es la petición de que se refuercen las labores de auxilio de los órganos judiciales y fiscales que realizan las unidades de policía judicial. "La labor de estos profesionales es determinante en la intervención de comunicaciones o el análisis de la información volcada en ordenadores, teléfonos, discos duros... porque estos dispositivos son la principal fuente de información", explica Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

A pesar de ello, señala, los atascos son "tremendos". "En los casos estrella, como la operación Lezo, los tiempos son menores, pero en delincuencia ordinaria te dan plazos de hasta un año para analizar un teléfono que se haya intervenido", añade. Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador al igual que la APM, también cree que haría falta más personal auxiliar para que las tramitaciones fueran "más rápidas". 

Las asociaciones coinciden también en que es necesaria la creación de un cuerpo de funcionarios adscrito a los juzgados y las fiscalías que esté especializado en temas contables, en auditoría de cuentas, en operaciones de alto nivel financiero y en cuestiones informáticas. Esta figura, explica el magistrado Rodríguez Padrón, de la APM, sería similar a la de los médicos forenses, los únicos peritos externos con los que cuentan actualmente los juzgados. 

"Un juez de instrucción no puede conocer con profundidad todas las materias, especialmente cuando son de gran complejidad e incluyen conceptos complejos que deben de presentarse en la instrucción lo suficientemente explicados y detallados para que luego eso pueda traducirse en una decisión jurídica concreta. La disposición de esos cuerpos de peritos-investigadores que dependiesen de los órganos judiciales, como los actuales médicos forenses, sería un gran avance", explica Rodríguez Padrón. El fiscal Alonso, de la AF, también cree interesante la creación de cuerpos auxiliares que dependan orgánica y funcionalmente de los jueces y de los fiscales y que estuviesen especializados en toda la gama de nuevos delitos que se producen en el ámbito económico. 

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción es la única que cuenta a su disposición con este tipo de unidades específicas. Pero no todos los jueces y fiscalías tienen los medios de Anticorrupción, donde trabajan en la actualidad 48 fiscales: 27 en la sede central en Madrid, media docena de ellos en comisión de servicio; y otros 21 fuera de la capital. Estos 21 se reparten de la siguiente manera: Barcelona (3), Baleares (3), Valencia (3), Málaga (3), Canarias (2), Sevilla (2), Alicante (1), Almería (1), Badajoz (1), Cádiz (1) y Murcia (1).

Por otro lado, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), pone el acento sobre la necesidad de que haya más coordinación entre los estamentos judiciales de las diferentes comunidades autónomas. "Hay muchas deficiencias en cuanto a medios operativos que son más de coordinación que de dinero", señala. 

También hay otra cuestión clave, la reforma del proceso penal que prepara el Gobierno y que, entre otras novedades, prevé limitar el plazo de instrucción estableciendo un límite de un año, salvo en causas justificadas; acotar la acusación popular; o atribuir la investigación de las causas penales a los fiscales. Tanto Pallarés como Alonso defienden que se ganaría en "eficacia y prontitud" dejando la instrucción en manos del Ministerio Público, si bien difieren sobre el momento para hacerlo. 

Pallarés, de Apif, entiende que quizá no sería lo apropiado en un momento en el que la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al poder ejecutivo parece estar más en entredicho que nunca. "No sé si el ministro Catalá está en condiciones de abordar una reforma de este calado", subraya. Alonso, de la AF, sin embargo, entiende que "ahora" sería la mejor ocasión porque "el hecho de que no haya mayorías absolutas favorece que no se imponga la visión de un único partido". 

  inspectores de hacienda 

Los trabajadores de la Agencia Tributaria llevan años denunciando que no se dota a este organismo de los medios humanos necesarios, algo que provoca, a su juicio, que los sucesivos planes de lucha contra el fraude tengan unos resultados "infructuosos". Las memorias de la Agencia Tributaria dan cuenta de esa evolución. La plantilla del organismo estaba integrada a finales de 2015 (último dato publicado) por 25.429 personas, 2.522 menos que en 2008. El descenso es del 9%.

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, alerta, además, de que esta situación puede ir a peor en los próximos años por las jubilaciones de los funcionarios que empezaron a trabajar en los ochenta, en el organismo que precedía a la Agencia Tributaria, constituida en 1992. Su organización cree que la Agencia Tributaria debería incorporar hasta 10.000 funcionarios de alto nivel técnico en los próximos diez años, entre ellos 800 inspectores y 3.200 técnicos. "La actividad de investigación para descubrir fraudes o para hacer investigaciones patrimoniales de deudores de la Hacienda es muy intensiva en recursos humanos. Si no se incrementan los funcionarios difícilmente se podrá reducir drásticamente la deuda pendiente de cobro, que en 2016 ascendía a 45.849 millones de euros,", señala Groba. 

Groba también destaca las "limitaciones" con las que realizan los inspectores y técnicos de hacienda su función de auxilio a jueces y fiscales. "Sería mucho más eficiente que la Agencia Tributaria tuviese entre sus competencias la persecución e investigación de los delitos contra la hacienda pública, y que pudiera, con respecto a estos delitos, convertirse en policía judicial", señala. A su juicio, la situación actual lleva a la "judicialización temprana" de los expedientes en cuanto la vía administrativa se muestra insuficiente frente al fraude fiscal más grave, lo que se traduce en que los profesionales de la Agencia Tributaria pierden la iniciativa investigadora. 

Groba también defiende la necesidad de crear un nuevo marco en la lucha contra los delitos económicos, que están estrechamente ligados con la corrupción. Los inspectores sostienen que sería positivo crear una Oficina Antifraude, dependiente de la Agencia Tributaria, que se erigiera en el máximo órgano responsable y coordinador en materia de prevención, investigación y represión de la corrupción, y de los delitos de blanqueo de capitales y otros económicos. 

Un nuevo caso de abusos sexuales a menores salpica a la Iglesia Católica. Este martes se conocía que el exvicario general de Gipuzkoa, Juan Kruz Mendizabal, fue condenado por la Iglesia el año pasado a "diversas penas expiatorias" por abusar de dos menores de edad en 2001 y 2005, y un día después la Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto y anunció que tiene previsto investigar estos abusos. Por su parte, IU también ha solicitado que el Ministerio Público investigue "si hubo un delito de ocultación por parte de la Iglesia" al no denunciar los hechos ante la justicia. Pero no está tan claro que la institución pudiera hacerlo.

La Diócesis de San Sebastián hizo público el martes un comunicado en el que admitía que Mendizabal fue sancionado en base al derecho canónico al considerarse probado que había abusado –la Iglesia hablaba de "tocamientos deshonestos"– de dos menores de edad en 2001 y 2005. Según el comunicado –que publicó la Iglesia al conocer que las dos víctimas, ya mayores de edad, tenían pensado hacer público el caso–, la información sobre estos delitos llegó al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en marzo de 2016, y la condena se hizo efectiva un mes después, cuando Mendizabal fue destituido de su cargo de vicario general.

El sacerdote, no obstante, no se sometió a la justicia ordinaria, sino que sólo ha sido juzgado por los tribunales eclesiásticos. Según se explica en el capítulo II del Código de Derecho Canónico, las diferentes penas expiatorias son "la prohibición o mandato de residir en un determinado lugar o territorio; la privación de la potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio, facultad, gracia, título o distintivo, aun meramente honorífico; la prohibición de ejercer los actos que se enumeran en el número 2, o la prohibición de ejercerlos en un determinado lugar o fuera de un lugar determinado; pero estas prohibiciones nunca son bajo pena de nulidad; el traslado penal a otro oficio o la expulsión del estado clerical".

Pero, ¿tenía el obispo que haber denunciado los abusos en el momento en el que los conoció? Según los expertos consultados por infoLibre, el quid de la cuestión está en la edad que tuvieran las dos víctimas –que ahora son mayores de edad– en marzo de 2016, el momento en el que Munilla asegura haber tenido conocimiento del caso. Y es que, si las dos víctimas son mayores de edad y no cuentan con ningún tipo de discapacidad psíquica, los únicos con derecho para denunciar los abusos son ellos.

Delitos perseguibles a instancia de parte

"Los delitos de abusos sexuales únicamente son perseguibles a instancia de parte, es decir, que los únicos que pueden denunciarlos son los propios afectados", explica Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Con él coincide Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que asegura que "cuando son mayores de edad, la decisión de denunciar o no denunciar es únicamente suya". Por tanto, Munilla no podría haber interpuesto una demanda ante los tribunales, aunque sí podría haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, sostiene García.

Las víctimas, según señaló el Obispado en su comunicado, decidieron seguir un procedimiento "en el marco eclesial" y no denunciar al pensar que se trataba de casos aislados y también para "llevar las cosas con el mayor sigilo posible". No obstante, la Fiscalía actuará de oficio para comprobar estos hechos y determinar si procede o no interponer una querella o iniciar algún tipo de acción penal. Y es que, tal y como aseguró a Europa Press el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, y confirma García, los fiscales sí tienen la capacidad de perseguir este tipo de casos.

En cualquier caso, todas las asociaciones de jueces consultadas por este diario recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier ciudadano tiene el deber de denunciar un delito si tiene conocimiento de que se ha cometido. "No hay vuelta de hoja, cualquiera que conozca un delito debe denunciarlo, y aquí no se aplica ninguna de las excepciones contempladas", sostiene Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Estas excepciones, explica por su parte Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, afectan fundamentalmente a los familiares directos o al secreto profesional en determinadas profesiones.

Pero los representantes de las cuatro asociaciones judiciales no tienen tan claro que el hecho de que Munilla no pusiera en conocimiento de la Fiscalía los abusos sexuales sea constitutivo de delito. "No existe un delito que castigue no denunciar", señala González Vega, mientras que Rodríguez afirma que "en principio, no sería constitutivo de delito, porque hay una obligación legal" de alertar a las autoridades pero no está tipificado como infracción no hacerlo.

Por el contrario, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, plantea que no poner un delito en conocimiento de las autoridades al saber de él "podría considerarse encubrimiento", aunque afirma que habría que conocer los detalles del caso para pronunciarse con rotundidad al respecto. González Vega rechaza esta hipótesis: "[Mendizabal] ha sido castigado por su propia organización, así que no se puede decir que haya habido intención de tapar el delito", argumenta.

El derecho canónico, "como los estatutos de la RFEF"

Sin embargo, las "diversas penas expiatorias" que le impuso la Iglesia a Mendizabal no tienen ningún tipo de validez legal, según confirman la mayor parte de las fuentes legales consultadas. "El derecho canónico es como los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, sólo sirve como reglamento interno", asegura el fiscal Álvaro García, mientras el propio González Vega señala que las sanciones contempladas en estos códigos pertenecen a "un régimen disciplinario interno". "Las resoluciones de la Iglesia no tienen ningún efecto jurídico", afirma el portavoz de Jueces para la Democracia.

La única fuente consultada que tiene un posicionamiento diferente sobre la decisión eclesiástica es Celso Rodríguez, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. "Es verdad que hay una obligación general de denunciar los delitos que se hayan cometido al tener conocimiento de ellos, pero en este caso nos encontramos ante un terreno confuso", señala el juez, que explica que el obispo Munilla puede argumentar que, "de acuerdo al derecho canónico, ostenta jurisdicción suficiente" para sancionar a Mendizabal.

"Es un tema complejo, pero veo complicado decir que [Munilla] ha incurrido en una omisión del deber de denunciar", señala Rodríguez, que afirma que, en cualquier caso, si la Fiscalía va a abrir diligencias "investigará el conjunto de circunstancias que rodean el caso". "Y si cree que hay otro delito, además de los abusos, lo denunciará", sostiene el juez.

Medio siglo después de que se aprobara la ley que derogó la prohibición del acceso de las mujeres a la carrera judicial, ellas son mayoría en el conjunto de la judicatura, donde se entra por oposición; pero apenas llegan a las cúpulas, donde los nombramientos son discrecionales. Esta realidad se hace todavía más evidente en las instituciones de más alto rango. Entre ellas, el Tribunal Constitucional (TC), donde desde su fundación, en 1980, sólo ha habido cinco mujeres de un total de sesenta magistrados que han participado en las diferentes composiciones que ha tenido a lo largo de estos años. 

Estas cifras han llevado a la Asociación de Mujeres Juezas a lanzar la voz de alarma aprovechando que el próximo 19 de diciembre se acaba el plazo para que las comunidades autónomas, a través del Senado, propongan sus candidaturas en el proceso de renovación de cuatro de los integrantes del Tribunal Constitucional. Este colectivo de magistradas entiende que es un elemento de "legitimidad democrática" que la diversidad social se refleje en la composición de los tribunales. 

Su presidenta Glòria Poyatos, señala a preguntas de infoLibre, que esa inequidad de género es todavía más llamativa en un tribunal como el Constitucional, que es el encargado de velar por valores máximos y esenciales entre los que se encuentra la igualdad. "Ya que es un tribunal que debe velar por la aplicación transversal de este principio, sería muy recomendable que se lo aplicara de forma real y endógena. Es decir, que diera ejemplo y, con su composición, respondiera a la diversidad social existente", señala. 

El colectivo de mujeres juezas entiende que es el momento de que los representantes políticos asuman su responsabilidad y den cumplimiento a la exigencia de "igualdad real" de acuerdo con lo que dice tanto la Constitución como la ley de igualdad. "Reivindicamos una verdadera participación de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales y judiciales", reclaman en un comunicado difundido este jueves. 

Cinco de sesenta 

Lo cierto es que, a lo largo de la historia han sido únicamente cinco las mujeres que han llegado a ser magistradas del Tribunal Constitucional. Sólo una de ellas, María Emilia Casas, llegó a la presidencia; y dos a la vicepresidencia, Gloria Begué y Adela Asúa (en el cargo actualmente). Las otras dos mujeres miembros del TC son Elisa Pérez Vega y Encarnación Roca, que es magistrada en la actualidad. 

María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y desde 1998 magistrada del Constitucional, fue elegida presidenta de esa institución en 2004 a propuesta del PSOE. Dejó la institución en 2011, precisamente con un discurso [ver en PDF] en el que resaltó la incorporación de una nueva magistrada (Adela Asúa) al tiempo que insistió en lo "llamativo" de que fuera sólo la cuarta mujer en la historia del tribunal en desempeñar ese cargo. Casas llamó también a abrir una "reflexión" teniendo en cuenta, además, la reciente aprobación de la ley de igualdad.

Sin embargo, han pasado más de cinco años desde entonces y sólo una mujer más se ha incorporado al alto tribunal. En conversación con este diario, la exmagistrada Casas llama a mantener esa reflexión sobre la escasa participación de la mujer en determinados ámbitos. A su juicio, en los órganos judiciales se debería tener en cuenta que la sociedad está dividida casi a la par y, por tanto, deberían tener una composición "más equilibrada". 

Por otro lado, la jueza Poyatos pone el acento sobre el hecho de que la presencia femenina en órganos como el TC se reserve a determinados puestos. Y da una cifra llamativa: de las 18 plazas del cuerpo de secretaría administrativa de este tribunal 16 están ocupadas por mujeres y sólo dos por hombres. "Está claro que hay unas laborales que histórica y culturalmente se han reservado a los perfiles femeninos y otras, como es el caso de los magistrados, a los masculinos", señala. 

Desfase en las cúpulas 

Sin embargo, la escasa participación de la mujer en la alta jerarquía no es una realidad que sólo afecte al Constitucional. De hecho, en el conjunto de la judicatura –donde se entra por oposición– hay más mujeres que hombres. Sin embargo, hay una única mujer presidenta de un Tribunal Superior de Justicia. De las 50 Audiencias Provinciales sólo 8 están presididas por mujeres. No mandan en ninguna sala del Supremo. Y también son minoría en el Consejo General del Poder Judicial.

Es decir, el desfase se produce en las cúpulas donde los nombramientos son discrecionales. "Todo esto ocurre en el seno de una judicatura en la que más de la mitad de las sentencias son rubricadas por juezas que nunca aparecen en la foto oficial de la Justicia que cada ilustra la apertura del año judicial", se queja la Asociación de Mujeres Juezas en el comunicado difundido este jueves. 

"Hasta que no nos dejen demostrar que las mujeres somos tan competentes para tomar decisiones en igual medida que los hombres, no se va a confiar en nosotras para designarnos en aquellos puestos que son discrecionales o que se miden con unos valores curriculares que también nos perjudican porque, en modo alguno reflejan cuestiones importantes que actualmente están siendo monopolizadas por las mujeres, como los cuidados", sentencia Poyatos.