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Consejo General del Poder Judicial

El CGPJ otorga amparo a Llarena ante lo que considera un "ataque planificado" a su independencia

  • Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros presentaron una demanda contra el juez, al que acusan de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia
  • El Consejo busca que el Estado asuma la condena simbólica de 1 euro que reclama Puigdemont, y los gastos del juicio

Publicada el 16/08/2018 a las 19:41 Actualizada el 16/08/2018 a las 20:20
El vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, Pablo Llarena, momentos antes de participar en la mesa redonda celebrada en El Escorial.

El vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, Pablo Llarena, momentos antes de participar en la mesa redonda celebrada en El Escorial.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves otorgar al instructor de la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el amparo que este había solicitado frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga a instancias del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Este apoyo supone solicitar a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado "para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press han explicado que estas medidas podrían incluir la personación de los Servicios Jurídicos del Estado o incluso la designación de un abogado que represente a Llarena en el proceso judicial en Bélgica.

Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, que le acusaron civilmente ante justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre.

El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena –Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica– y las costas que se deriven de una eventual condena civil.

Un voto en contra

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez –designada por IU y que concluye este mismo jueves su labor en el órgano tras ser fichada por el Ministerio de Justicia– ha votado en contra.

El órgano de gobierno de los jueces, al que Llarena dirigió su solicitud de amparo el pasado 30 de julio, califica así la demanda presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

En la demanda, los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, rechazó a finales del pasado mes de junio dar traslado a Llarena de la demanda y del emplazamiento para que comparezca ante un tribunal belga el próximo 4 de septiembre, al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que la solicitud versa sobre asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado español por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad y, por tanto, carece de contenido civil o mercantil real.

El decano de los Juzgados de Madrid sí puso la demanda en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo, que el pasado 10 de julio se dirigió a los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores para, tras concluir que el texto de la demanda ponía en cuestión "las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado", instarles a llevar a cabo "las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica".

En su solicitud de amparo, Pablo Llarena dice que tiene conocimiento de estas actuaciones, así como de las que, tras la carta remitida por el presidente del Tribunal Supremo al ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado el Gobierno español ante el de Bélgica, aunque añade que ignora si esas gestiones han dado lugar "a una decisión concreta de actuación procesal por parte del Gobierno belga".

Demanda "groseramente fraudulenta", según Llarena

El magistrado señala en su escrito el carácter "groseramente fraudulento" de la demanda, que en su opinión solo pretende "sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española" defraudando los instrumentos del ordenamiento jurídico español para asegurar la independencia de la función jurisdiccional: el aforamiento de los jueces y magistrados ante el Tribunal Supremo y la prohibición, contenida en el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que puedan dirigirse demandas directas contra ellos por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función.

A la vista de los hechos, la Comisión Permanente concluye que "una simple y somera lectura de la demanda formulada y de la citación ponen de manifiesto que los procesados, demandantes en Bélgica, han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

"La demanda cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes –añade el acuerdo–. En este estado de la cuestión, se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español", añade la Permanente, que considera que "cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático".

El acuerdo hace también referencia al intento de los procesados de eludir la garantía establecida en el artículo 296 de la LOPJ, circunstancia que –dice– "añade un plus de gravedad a la planificación del ataque que se dirige contra el magistrado, ya que ni por justicia, ni por la dignidad de la función que desempeña, debe soportar una acción de responsabilidad civil directa que prohíbe nuestro ordenamiento jurídico".

"La conclusión de todo ello es que los procesados en la causa especial instruida por el magistrado Pablo Llarena, con la interposición de la demanda contra él en Bélgica, han realizado un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional, pretendiendo desacreditar la instrucción llevada a cabo en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional ante la opinión pública internacional a través de un cauce inidóneo para ello, con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse en la causa especial nº 20907/2017 y en otros procedimientos que puedan sustanciarse ante la jurisdicción española", concluye el Consejo.
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8 Comentarios
  • Juanjo Seoane Juanjo Seoane 17/08/18 14:19

    Hemos de aguantar a ese sinvergüenza de Llarena? Hemos de aguantar a sus amiguetes del TS? Hemos de aguantar a los neofranquistas del CGPJ?
    Como he comentado en otro lugar, Llarena dice que es una conspiración "judeo-masónica" y le apoyan, que le dan amparo, que el Gobierno ha de defenderle, que los ciudadanos hemos de pagar lo que cueste su "defensa?
    Estamos locos?
    FRANCO HA RESUCITADO?

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  • Ciro2 Ciro2 17/08/18 11:43

    Ay, Llarena, Llarena, que la justicia llega a todos.

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  • El chipionero El chipionero 17/08/18 11:13

    Yo fui sentenciado, en 1973 por un tribunal de excepción, el TOP, por asociación ilícita y propaganda ilegal. Salí en "libertad" a la muerte del dictador. Mi asombro fue que los "jueces" de ese tribunal fascista formaron parte del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, así como la policia nazi-franquista (la Político Social), pasó a la estructura policial condecorados, como "Willy El Niño". ¿Qué confianza me puede merecer a mi el CGPJ cuando dicta una norma de amparo a un juez  cuyas calificaciones contra los independentistas catalanes han sido rechazadas por jueces de Alemania y Bélgica?

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  • Dc Dc 17/08/18 11:02

    Mi postura ante esto es: con mis impuestos no me gustaria que se pague a la abogacia del estado para tapar las chapuzas del juez llarena. Sinceramente si ha actuado conforme a derecho no deberia tener problema en explicarlo frente a un tribunal y, en caso contrario, deberia costearse él mismo su defensa por los errores cometidos

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  • Antonio Basanta Antonio Basanta 17/08/18 08:50

    Si los tribunales admiten todas las querellas de los delincuentes (como Puigdemont) contra los jueces que por reparto les toca su instrucción o enjuiciamiento, es que ya no existe democracia en ese pais, es que ese pais ha suplantado y eliminado la independencia judicial. A mi no me gusta el juez que me toca, dirían los terroristas, los ladrones, los delincuentes de guante blanco, los delincuentes poderosos, los delincuentes golpistas sean secesionistas o no, luego le presento una querella al juez. Como en las dictaduras, como hizo el dictador Maduro contra la fiscal general de Venezuela.

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    • Dc Dc 17/08/18 10:59

      Los tribunales europeos son igual o mas independientes y justos que los españoles. Si admiten las querellas será que observan indicios de algo y por tanto podria ser que el delincuente pudiera ser el juez español y si lo fuese habria que investigarlo. Es un principio del derecho fundamental. Todos somos iguales ante la ley, jueces incluidos.
      La otra postura es "a mi no me gusta lo que diga el juez y por tanto lo tacho de atentado contra mi independencia porque no me deja encarcelar a quien quiero" y esto si que es propio de dictaduras muy señor mio

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  • MASEGOSO MASEGOSO 17/08/18 01:07

    Estas actuaciones del Poder Judicial solo van encaminadas a tapar la tremenda chapuza jurídica que suposo la implantación del Art. 155 de la CE 1978 y, de la sumisión del Poder Judicial al gobierno corrupto del partido popular dirigido po m.rajoy.

    Se está haciendo un bufo de todo el sistema nacional al mezclar, de manera fraudulenta, al Tribunal Constituciona,Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, al Congreso de losDiputados y al Senado. Es, en una palabra una actuación impresentable y un insulto a los españoles representados en el Congreso y Senado.

    Pero a eso, al PP y sus delincuentes les da igual. Sus bolsillos están llenos.

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  • frikeldon frikeldon 16/08/18 21:37

    La noticia muestra el punto de vista de Llarena sobre la querella. Se echa de menos el punto de vista de la otra parte.

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