"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

Jean-Marie Le Pen está sometido desde febrero a un "mandato de protección futura", según reveló Radio Monte-Carlo (RMC). Desde hace varios meses, las facultades del fundador del Frente Nacional (FN), de 95 años, se han visto considerablemente mermadas. Tras esta decisión, sus tres hijas –Marine, Marie-Caroline y Yann Le Pen– gestionan ahora los intereses de su padre, aunque él conserva todos sus derechos. 

Esta decisión, efectiva desde febrero, había sido anticipada hace varios meses por la familia, que no desea dar detalles sobre su estado de salud, alegando el secreto médico. "Se trata de una cuestión de la intimidad de su vida privada", declaró Marine Le Pen a Le Parisien. "Está muy cansado. Intentamos que no salga mucho. Pero no está postrado en la cama, no tiene Alzheimer", argumentó su esposa, Jany Le Pen, que no parecía, según el diario, "estar al corriente de la activación de la decisión". 

"No es una tutela o una curatela, este mandato significa que participa en las decisiones que le conciernen, en la medida de lo posible, y que los asuntos cotidianos son gestionados íntegramente por sus tres hijas", explicó a Mediapart uno de sus familiares, que precisó que su estado "se deterioró cuando le hospitalizaron, en la primavera de 2023". "Hoy sigue más o menos la actualidad, con una comprensión intermitente de los acontecimientos. Ya no tiene conocimiento de sus asuntos; lo ha olvidado todo sobre sus negocios, sus cuentas, etc. Es senilidad natural.” 

Durante los últimos meses, Jean-Marie Le Pen ha estado en completo retiro. A finales de junio, grabó su último "Journal de bord", rodeado de sus dos fieles seguidores, Marie d'Herbais, la histórica presentadora de ese podcast, y Lorrain de Saint Affrique, su asesor de comunicación. Una semana más tarde, Lorrain de Saint Affrique, el último empleado de Le Pen, se retiró, reclamando sus derechos de pensión. 

"Para garantizar que nadie pudiera resultar perjudicado por interpretaciones de sus comentarios, se decidió que no habría más comentarios", explicó su entorno. Salvo un tuit de solidaridad tras el terremoto de Marruecos, en septiembre, y una entrevista en su domicilio con André Bercoff, difundida por Sud Radio en octubre, Jean-Marie Le Pen no ha hablado ni recibido a periodistas. 

Aunque su esposa se niega en principio a permitir un examen médico judicial, poner al fundador del FN bajo protección legal tiene numerosas repercusiones en asuntos de interés público, desde el proceso judicial abierto contra él hasta los misterios que rodean su patrimonio y, por tanto, su herencia.  

A corto plazo, esta medida de protección podría tener repercusiones en el juicio por el caso de los asistentes parlamentarios europeos, que se celebrará del 30 de septiembre al 27 de noviembre y en el que Jean-Marie Le Pen está procesado por "malversación de fondos públicos". 

En una audiencia celebrada la semana pasada, su abogado, François Wagner, declaró ante el tribunal que el fundador del FN no podría asistir al juicio porque ya no podía "desplazarse" y por "sus facultades considerablemente mermadas", informa Le Parisien. Sin embargo, su abogado no presentó  en la vista ningún certificado médico. El tribunal ha ordenado un examen médico y debe decidir el 3 de julio si Jean-Marie Le Pen podrá asistir o no al juicio. 

Interrogado por RMC, Wagner negó que el objetivo de esta protección legal fuera permitir a Jean-Marie Le Pen evitar el juicio. Al ser contactado, el abogado nos dijo que no tenía "ninguna declaración que hacer a Mediapart". 

"Objetivamente, Jean-Marie ya no está en condiciones de asistir a un juicio", explicó uno de sus allegados, que refutó cualquier "voluntad de evasión" y recordó que Le Pen "ha estado desde hace mucho tiempo asistiendo a los juicios que le conciernen [por injurias o por incitación al odio - nota de la redacción]". 

En declaraciones a RMC el miércoles por la mañana, el vicepresidente de Rassemblement National (RN, heredera del FN, ndt)), Louis Aliot, que fue yerno y consejero de Jean-Marie Le Pen durante muchos años, también habló de un "hombre cansado" y consideró que el tribunal debería "dictaminar que no puede asistir ni testificar en este juicio". 

Además del caso de los asistentes parlamentarios, en el que Jean-Marie Le Pen es solo uno de los 27 miembros del FN procesados, su estado de salud también podría tener consecuencias en otro caso que le apunta más directamente: el relativo a su patrimonio y sus declaraciones como eurodiputado ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP). 

Iniciada en 2013, esta investigación preliminar anda pasando de mano en mano en los tribunales desde hace más de diez años. Abierta inicialmente en París, tras un chivatazo del precursor de la HATVP, fue transferida a la nueva Fiscalía Nacional Financiera (PNF) en 2015, y luego entregada a la fiscalía de Nanterre (delitos financieros, ndt) en marzo. 

El centro del caso es un enriquecimiento sospechoso (alrededor de 1,1 millones de euros) entre el principio y el final de su mandato como eurodiputado en 2004-2009; sospechas de que su patrimonio estaba infravalorado; una cuenta suiza y una sociedad offshore pertenecientes a su mayordomo que los investigadores sospechan que eran en realidad suyas. 

En 2015, el servicio antiblanqueo Tracfin comunicó a las autoridades judiciales francesas la existencia de una cuenta bancaria secreta en Suiza, vinculada a un trust con sede en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo beneficiario era el cuñado de Jean-Marie Le Pen, Georges Paschos, y luego su mayordomo, Gérald Gérin. Esta cuenta bancaria contenía un pequeño tesoro de 2,2 millones de euros, de los cuales 1,7 millones en lingotes y monedas de oro. 

En su informe a las autoridades judiciales, Tracfin destacó la "estrecha relación" entre Jean-Marie Le Pen y su mayordomo –que también era su asistente parlamentario y el tesorero de sus micropartidos– y consideró "posible" que este último "asumiera plenamente su papel de hombre de confianza, actuando incluso como testaferro". 

Gérald Gérin insistió en que el dinero no tenía "nada que ver con Jean-Marie Le Pen" y que era "para su vejez". Le Pen había mantenido que no tenía "ninguna cuenta en un banco suizo" y negó cualquier "fraude fiscal". 

Según ha desvelado Mediapart, el ex mayordomo responderá por estas acusaciones esta semana de abril ante el tribunal penal, donde ha sido citado por "fraude fiscal" y "blanqueo de fraude fiscal". Las acusaciones contra Jean-Marie y Jany Le Pen han sido separadas. La fiscalía de Nanterre aún no ha tomado una decisión: "El caso lo tiene que remitir aún la PNF", han indicado a Mediapart. 

Frédéric Joachim, que se ocupa de la defensa en este caso, considera que "la fiscalía ha dejado que este asunto se alargara durante diez años", pensando en que "este expediente vacío desaparecería de forma aún más natural con la muerte de Jean-Marie Le Pen", como nos explicó en enero. 

Poner a Jean-Marie Le Pen bajo protección legal también resucita el debate en torno a la herencia de su fortuna y la cuestión del alcance de su patrimonio, que, desde la herencia del fabricante de cemento Hubert Lambert en 1976, ha sido objeto de muchas polémicas.  

A lo largo de los años, su hija Marine Le Pen siempre ha rechazado las preguntas sobre este tema, repitiendo que no estaba "en absoluto al corriente de los asuntos financieros de Jean-Marie Le Pen". Y cuando el periodista Jean-Pierre Elkabbach le preguntó en 2015, en el momento en que Mediapart reveló la cuenta en un banco suizo, si aceptaría los bienes de su padre como herencia, se enfadó: "¡Me parece indecente sacar ese tema, señor Elkabbach!".  

"Todo el tema patrimonial de Jean-Marie está arreglado desde hace mucho tiempo y figura en su testamento. No hay discusiones internas en la familia sobre este tema", asegura una persona cercana al fundador del FN. 

En 2016, sin embargo, el tema de la herencia fue objeto de discusiones tormentosas en el seno de la familia Le Pen, como relatamos en nuestro libro Marine est au courant de tout (Marine está al corriente de todo, edit. Flammarion, 2017). Sobre todo entre Jean-Marie Le Pen y su hija menor, Yann Le Pen, que aún vivía en Montretout. 

La omnipresencia de Gérald Gérin no era ajena a estas tensiones intrafamiliares. En su momento, no se podía descartar que el mayordomo, que tenía firma en sus cuentas bancarias, fuera uno de los beneficiarios de su cuantioso patrimonio. "Eso forma parte de las relaciones familiares, que son más o menos cordiales según el ambiente, la temperatura y el tiempo", se despachó entonces Jean-Marie Le Pen, añadiendo: "No sé qué quedará de mi herencia cuando muera". En aquel momento, una persona cercana a la familia temía que "todo esto acabe, como siempre, con todos en los tribunales". 

Desde entonces, Gérald Gérin –que no respondió a nuestras preguntas– ha hecho las maletas y abandonó hace dos años y medio Rueil-Malmaison, donde vivía en una dependencia del chalet de Jean-Marie y Jany Le Pen. Según una de las personas cercanas al fundador del FN, su marcha se debió a "un conflicto permanente con Jany". "El ambiente se había degradado. Se debía a una incompatibilidad de humores y de marcaje territorial, porque Gérald era el hombre en quien confiaban", explicó. Desde su marcha, "ahora se encuentra solo en los procesos pendientes".

Caja negra

Hemos solicitado la opinión de Jean-Marie y Jany Le Pen a través de sus abogados, François Wagner y Frédéric Joachim. El primero no ha querido contestar; el segundo aún no ha respondido.

Traducción de Miguel López

En una facultad de medicina, un montón de estudiantes escuchan atentamente a la persona que habla desde el atril. De pronto, se ponen a gritar como locos y a saltar en sus pupitres. ¿Qué ha ocurrido?

A. Ha entrado un ratón en clase.

B. Han anunciado que habrá aprobado general, sin presentarse al examen.

C. Una exprofesora ha comunicado que va a donar 1000 millones de dólares al centro.

La respuesta correcta es C. Ha ocurrido en el Bronx y la donante de ese pastizal es la doctora Ruth Gottesman, exprofesora del Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York. El regalo millonario se traducirá en clases gratuitas, ningún estudiante tendrá que pagar su matrícula a partir de ahora. 

El centro universitario Albert Einstein está en una de las zonas más deprimidas de la ciudad y, hasta ahora, los alumnos se han endeudado, curso tras curso, para poder llevar a cabo sus estudios. Ya sabemos que “el sueño americano” tan igualitario sobre el papel, eso de que cualquiera puede tomar el ascensor social para escalar puestos según su valía, es, en muchos casos, una pesadilla… No, no todos los inicios de la carrera de la vida parten de las mismas oportunidades.

Claro, al leer el titular: “Donación millonaria de una antigua profesora a una universidad del Bronx”, pensé: “¡pero qué sueldazos tienen los profes en esa facultad, si una profesora emérita puede regalar esa cantidad de dinero procedente de su fortuna personal!”. 

Al continuar con el cuerpo de la noticia, supe que la donante es la viuda de David Gottesman, uno de los primeros inversores en Berkshire Hathaway, la sociedad de Warren Buffet. Al morir su marido, Ruth heredó algo con lo que, según dice, no contaba, una cartera de acciones con un mensaje de David: “haz lo correcto”.

Ruth Gottesman ha decidido transformar parte de su herencia en futuro y ha elegido como depositaria la facultad a la que lleva vinculada cincuenta y seis años de su vida. Doctora por la universidad de Columbia, se unió al centro de Evaluación y Rehabilitación Infantil de la Albert Einstein en 1968, y a lo largo de su carrera desarrolló diversos programas de detección, evaluación y tratamiento para abordar los problemas de aprendizaje que presentaban muchos niños. Durante su experiencia como profesora, supo de las dificultades económicas de muchos de sus alumnos. 

Sí, soy pesadísima con los legados vitales, me fijo mucho en quienes dejan algún tipo de “herencia” que ayude a que otros caminen. Y no suelo referirme a algo tangible como una millonada, los legados que más me interesan son de conocimiento, de experiencia, de transmisión de saber… Pero en este caso, se unen en la misma persona ambos tipos de patrimonio. Por finalidad y por coherencia con su trayectoria académica y profesional, ese millón de dólares de Gottesman es, como diría mi abuela, “un dinero muy bien gastado”.

¿Qué puede hacer una señora de 93 años con mil millones de dólares con los que no contaba?

A. Fundírselos en la Teletienda. 

B. Dejárselos en herencia a un caniche.

C. Donarlos con un fin claro, formación para quien no pueda pagarla. 

La respuesta correcta es C. 

Cuanto más desigual es una sociedad y más difícil resulta encontrar estabilidad e ingresos seguros y suficientes trabajando, más aparecen los chamanes necroliberales que culpan a los trabajadores de su precariedad y les recetan practicar la cultura del siervo. Cuanto más desigual es una sociedad, más se reivindica la meritocracia y más se legitiman las asimetrías de poder entre la ciudadanía como el reflejo de la justicia. Las políticas que fomentan algo amplían su apoyo sobre ese algo y no generan su contrario de forma mecánica. Cuanta más desigualdad, más apoyo a los que desigualan; cuantos más coches, más apoyo a la movilidad basada en el coche; cuanto más transporte público y bicicleta, más apoyo a ese tipo de movilidad. El deseo por la igualdad crece con la propia igualdad y, al revés, a mayor desigualdad, más se tolera y naturaliza. Por eso, es tan difícil imaginar igualdad en una sociedad desigual y, por eso, es tan necesario dar la batalla ideológica donde más fuerte se siente el adversario.

Se instala una creencia: el que es pobre lo es porque no aprovechó las oportunidades y/o es incapaz. La pobreza como consecuencia de tus decisiones y tus actos, cuando es al revés, ya que la pobreza es la causa que dificulta desarrollar las capacidades y aprovechar las oportunidades. Creer que los ricos concentran la riqueza porque están más capacitados es creer que los pobres son pobres porque son unos fracasados. Es al revés, unos concentran riqueza porque son ricos y otros fracasan porque son pobres. La riqueza y la pobreza son la premisa, no el resultado. Los más ricos están convencidos de que lo son porque son los más hábiles y son los más hábiles porque son los más capaces. Creen que el mercado es neutral porque premia, en un mismo plano de igualdad, a los individuos más capaces para satisfacer las necesidades de otros.

Sin embargo, la principal razón por la que alguien alcanza la cima de la riqueza no es ni el talento ni el espíritu emprendedor, ni el mérito ni el valor añadido. No, la principal razón es la riqueza de los padres, los contactos, el entorno y las relaciones que vienen incluidas. La meritocracia entiende que hay gente que parte de malas condiciones, pero logra salir de ahí. Por lo tanto, el argumento estructural sería una excusa para justificar a los vagos. Pero incluso siendo cierto que hay gente que 'lo consigue', eso evidencia dos cosas: 1) que le cuesta mucho más que a quien nace en cuna de oro y 2) que la gran mayoría no lo consigue, mientras que la mayoría que nace pudiente sigue siéndolo al margen de su capacidad. El elemento estructural, el de las condiciones de partida, explica mejor por qué la mayoría de las personas que nacen ricas y pobres sigue siéndolo al margen de sus capacidades individuales. De hecho, son las cualidades personales e individuales las que son anuladas por razones estructurales causadas por la desigualdad. Tanto es así, que la brecha de origen social explica cómo las personas que provienen de familias socioeconómicamente privilegiadas obtienen mejores trabajos y mayores ingresos que las personas igualmente calificadas que provienen de familias desfavorecidas.

El hecho de que haya gente que suba viniendo de abajo no significa que el resto no suba porque no se esfuerza lo suficiente, al contrario, significa que la desigualdad hace muy difícil que la mayoría pueda prosperar. La desigualdad no es el resultado que se explica por el mérito y las capacidades de cada uno, es al revés; la desigualdad es la causa que impide valorar el mérito y desarrollar las capacidades de cada uno. Por eso, cuanta más igualdad, más se recompensa el mérito, y es la igualdad lo que permite generar las condiciones para democratizar el mérito y el esfuerzo.

La meritocracia no recompensa el mérito. Ha servido para justificar la desigualdad: si eres rico o pobre te lo mereces, hayas heredado millones o hayas nacido en las peores condiciones. El mérito, lo merecido, en cambio, va ligado a la igualdad. Cuanto más abajo se está socialmente, más hay que esforzarse y menos rédito da ese esfuerzo; y viceversa. Cuanto más arriba, menos esfuerzo para conseguir más. Sin embargo, al de abajo muchas veces no le queda otra cosa más que el esfuerzo. La crítica tiene que ser hacia un orden, el de la desigualdad, que impide desarrollar las capacidades de mucha gente porque, entre otras razones, carece de un tiempo propio y unas condiciones básicas para desplegar todo su potencial. La desigualdad ataca a la libertad y sólo se restaura implantando la igualdad que garantice la libertad de cualquiera para poder desarrollar su potencia de obrar.

Weber y Aristóteles coinciden en que sólo se es libre para la política. Esto es, para poder participar del poder, quien dispone de tiempo libre. El primero habla del rentista, el segundo de los pobres que reciben una renta. En ambos casos se trata de obtener ingresos al margen de la dependencia con un tercero, aumentando así la autonomía sobre el propio tiempo. Si la igualdad es el método de la libertad, la democracia es la tensión que dinamita la relación entre la riqueza, el poder y el saber. Desmontar el orden de la desigualdad pasa por cuestionar que los que mandan son los que tienen y los que tienen son los que saben. La igualdad, en cambio, es la libertad de quienes están excluidos para hacer lo que supuestamente no deben, no pueden y no quieren hacer: tener, saber y mandar. Gracias a que pueden hacerse valer (poder) y tienen tiempo libre (riqueza), consiguen desarrollar su potencial y capacidad de obrar (saber). Por eso, la libertad, la capacidad y la amistad solo pueden ejercerse plenamente entre iguales.

El rearme ideológico del proyecto político que hace indisociable el ejercicio de la libertad con el de la igualdad pasa por colocar la dimensión del tiempo como el núcleo central de la democracia. Abanderar una igualdad que no se corresponda con la definición que hace Nietzsche de ella, esto es, como debilidad, envidia, aplanamiento y rebaño. La igualdad tiene que ser todo lo contrario, a saber, la potencia, posibilidad, innovación, diversidad e inteligencia que desprecia la moral de esclavo.

El orden de la desigualdad defiende un liberalismo como una forma de comunismo privado: fuga del trabajo basado en la herencia, los ingresos pasivos y el rentismo. El orden de la igualdad tiene que defender una democracia como una forma de aristocracia igualitaria: emancipación del trabajo basada en los derechos de existencia, esto es, en los servicios públicos, la vivienda y la renta básica incondicional. Que cualquiera pueda ser el mejor no excluye que lo mejor pueda ser para cualquiera. Lo más revolucionario es lo más básico: que todo el mundo pueda dormir bien, comer bien, respirar bien, gozar de tiempo libre. El enfoque más sencillo es también el más eficaz, el más necesario y el más complicado de lograr: tiempo, garantías, autonomía.

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* Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y diputado de Más Madrid. 

Nuevo incendio alrededor de la Casa del Rey. Nada tiene que ver, en esta ocasión, el desarrollo de la segunda visita del emérito. Ni tampoco sus oscuros negocios. En este caso, el foco está sobre la existencia de una supuesta hija secreta. El asunto no es nuevo. De hecho, la periodista Pilar Eyre lleva años hablando de una "aristócrata muy famosa". Pero ahora, el caso ha vuelto a reavivarse con la publicación de un adelanto del libro King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I (Libros del K.O.) La obra pone por primera vez nombre al vástago. Se llama Alejandra. Y, según los expertos jurídicos consultados por infoLibre, tendría derecho a parte de la opaca herencia del monarca. Eso sí, tras un proceso complejo.

La hija, siempre según el capítulo publicado en El Confidencial, es fruto de una relación extramatrimonial de Juan Carlos I con una conocida aristócrata a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, tras el nacimiento de las infantas Elena y Cristina y del actual rey, Felipe VI. Supuestamente, Alejandra, que actualmente está casada y tiene un niño, creció ignorando quién era realmente su padre y, cuando lo averiguó, decidió continuar con su vida, si bien el rey emérito la habría estado ayudando económicamente. Todos los miembros de la familia conocerían la existencia de esta joven. Una paternidad secreta que Juan Carlos I habría compartido con su círculo más íntimo y que a los autores de la obra habrían confirmado tres fuentes diferentes.

Tras la publicación de la información surge una gran pregunta: ¿a qué podría tener derecho Alejandra? Varios abogados consultados por este diario explican que, como poco, a una doceava parte de la herencia del monarca. Un legado de valor desconocido. Poco, o muy poco, se sabe por el momento sobre el patrimonio que a lo largo de su vida ha podido ir amasando Juan Carlos I. Algunas estimaciones, como la que hizo The New York Times en 2012, atribuían al emérito casi 2.000 millones de euros. Desde entonces, se han conocido algunos detalles más. Por ejemplo, que cuatro años antes de que se pusiera sobre la mesa esa cifra el régimen de Arabia Saudí ingresó 65 millones de euros en la cuenta bancaria que en suiza tenía la fundación Lucum, de la que el emérito figuraba como primer y último beneficiario.

Pero para poder optar a parte de esa herencia Alejandra tendría que ser reconocida antes como hija de Juan Carlos I. "Ésta no tendrá derecho alguno mientras no sea reconocida", explica Juan Ignacio Navas, socio fundador de Navas & Cusí. Podría hacerlo el propio emérito, pero lo cierto es que el monarca niega tener una hija secreta. Por tanto, la alternativa pasaría por los tribunales. "Si no está reconocida por el padre, deberá abrir un procedimiento de filiación", explica el abogado Manuel Vilches, del bufete Vilches Abogados. Jesús Odériz, socio fundador del despacho Odériz Echevarría, apunta que lo primero que debería hacer la hija no reconocida sería interponer una demanda de paternidad contra el emérito. En todo este tiempo, sin embargo, ella nunca ha querido reclamar nada.

Ahora bien, para que sea admitida a trámite tiene que haber "prueba suficiente". Esto último se lo conocen a la perfección la belga Ingrid Sartiau y el español Albert Solá. Ambos presentaron hace ocho años demandas de paternidad contra el rey emérito en el Tribunal Supremo. Sin embargo, ninguna llegó a buen puerto. El Alto Tribunal las acabó tumbando al entender que no se aportaba ese "principio de prueba de los hechos" que el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fija como necesario para la admisión. En el caso de Sartiau, se puso sobre la mesa un acta notarial en la que la madre de la ciudadana belga explicaba las circunstancias en las que se había producido el encuentro sexual con Juan Carlos I en 1965.

En el marco de dicho procedimiento, explican los expertos consultados, se podría solicitar que el rey emérito se someta a una prueba de ADN, como hizo en su día Sartiau. Él puede negarse. Ahora bien, desde el despacho Gaurley Abogados avisan de que "oponerse a la prueba" se entiende como "favorable". "Un rechazo se entiende que va a favor del demandante", insiste también Vilches. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si bien la negativa a someterse a dicha prueba "no puede ser considerada" como una confesión presunta, sí que tiene la condición de "un indicio probatorio" que, unido a otras pruebas, debe ser ponderado por el juez a la hora de atribuir una paternidad reclamada.

Pelear por ese reconocimiento, por tanto, el paso previo a luchar por la parte de la herencia que le correspondería. En este sentido, los abogados consultados señalan que, como mínimo, a una supuesta hija secreta del rey emérito le correspondería la parte "legítima" –la que corresponde a los hijos y descendientes–, que equivale a un tercio del haber hereditario. Una porción que, al mismo tiempo, debería repartir con sus otros tres hermanos: las infantas Elena y Cristina y Felipe VI. Por tanto, le correspondería al menos una doceava parte de la herencia. A no ser que el actual rey renuncie a su parte, tal y como prometió tras estallar el escándalo de la fortuna oculta de su padre. En ese caso, el trozo de pastel sería mayor para las hermanas.

Con ese reconocimiento, la hija secreta ya podría reclamar lo que le correspondería de la herencia. En caso de que se abriese el testamento y ella no estuviese, explican los abogados consultados, tendría que impugnarlo. "Debería abrirse un proceso de preterición", explica Vilches. La preterición, en concreto, hace referencia a la ausencia de mención de un heredero forzoso en el testamento. Y puede ser de dos tipos: intencional –no se nombra un heredero a pesar de que se conoce su existencia– o no intencional –se omite al heredero porque se ignora su existencia–. En este sentido, Vilches señala que si se demuestra que ha sido intencional la herencia "quedaría bloqueada". Si se considera no intencional, la heredera simplemente sería incluida y cogería su parte del pastel.

Más allá de la herencia, los expertos descartan por completo que la hija secreta del rey emérito pueda tener derecho sobre la corona y aquellos otros derechos asociados. Al fin y al cabo, la proclamación de Felipe VI como rey ya está consolidada, pues fue a él a quien se reconoció como heredero al trono y a quien se proclamó en su día. Además, recuerda Xabier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, la Ley Fundamental prima al varón sobre la mujer.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2019 a favor de la Comunidad de Madrid y en contra de cuatro de los cinco hermanos Del Pino, los principales accionistas de Ferrovial, en un pleito sobre el Impuesto de Sucesiones que el Gobierno regional reclamaba por la herencia del fundador de la constructora, fallecido el 14 de junio de 2008. En cuatro sentencias, los jueces establecen que Rafael, Joaquín, María y Leopoldo del Pino no tenían derecho a aplicarse la bonificación del 95% que la ley concede a las transmisiones de empresa familiar mortis causa. De ese modo, su factura fiscal por este concepto aumentó considerablemente, aunque tampoco demasiado. Contaban aún con la reducción del 99% que permite la Comunidad de Madrid.

Según los cálculos que ha realizado infoLibre con la ayuda del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de la información revelada en las sentencias del TSJM, de haber aplicado el 95% de descuento que pedían, los cuatro hermanos Del Pino –falta un quinto, Fernando–, habrían pagado solo 199.544,41 euros en el Impuesto de Sucesiones por las acciones heredadas de su padre, valoradas en 1.047,06 millones de euros en 2008. Es decir, apenas el 0,019% de esa cantidad. Pero como el TSJM no se lo permitió, debieron pagar 4,05 millones de euros a Hacienda, lo que equivale al 0,39% de la herencia en acciones.

La cuenta se refiere únicamente a las participaciones –ni inmuebles ni otro tipo de patrimonio– que dejó a sus hijos Rafael del Pino y Moreno, un total de 59.130 títulos de la sociedad Karlovy SL –con la que controlaba Ferrovial a través de otra sociedad, Portman Baela–, que en 2008 fueron valorados en 17.705,34 euros cada uno. No se han incluido en el cálculo ninguna carga o deuda deducibles. Los hermanos eran entonces dueños del 44% del grupo; hoy controlan el 35,3%. Ese enorme paquete de acciones les permite figurar cada año en la lista de los más ricos de España. De hecho, si al patrimonio del actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, se le unen los de sus cuatro hermanos, superan el de Sandra Ortega, la hija del dueño de Inditex, la segunda persona más adinerada del país. Al menos según la lista que elabora la revista Forbes y que atribuye a los Del Pino una fortuna de 9.050 millones de euros, solo por debajo, por tanto, de los 53.500 millones de Amancio Ortega. Para medir el patrimonio de los superricos, la revista se basa en el porcentaje de capital que poseen en empresas cotizadas y sicavs, a partir de la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. Pero también recoge datos de activos inmobiliarios.

En las sentencias, el TSJM establece que los hermanos Del Pino diseñaron una operación “compleja” para venderse a sí mismos –cada uno de ellos a una sociedad instrumental– parte de las acciones heredadas. En el caso de Rafael del Pino, fueron traspasados todos los títulos. E hicieron coincidir esa venta con la caída de las acciones de Ferrovial por culpa de la crisis inmobiliaria en 2009. Según los jueces, se “aprovecharon” de ese momento para compensar en el IRPF con la pérdida de valor de esas participaciones –más de la mitad de su precio– las ganancias patrimoniales que habían obtenido en esas mismas fechas en otras operaciones.

El TSJM dictamina que los Del Pino perdieron el derecho a beneficiarse del 95% de bonificación por transmisión de empresa familiar mortis causa porque vendieron las acciones heredadas antes de los cinco años en que la ley madrileña obliga a mantener –10 años la ley estatal– su número o su valor. Los hermanos, en cambio, defendieron ante los jueces que la pérdida de valor de sus acciones no era imputable a su voluntad, sino por efecto de la crisis. Por el contrario, las sentencias dejan claro que la venta de los títulos “carece de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales de los herederos, que “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”.

Rafael del Pino se encuentra en el centro de la atención pública desde que Ferrovial anunció el traslado de su sede social a Países Bajos. El Gobierno sostiene que tras la decisión se encuentran los intereses personales tributarios de su presidente y principal accionista. La constructora, por el contrario, aduce motivos de seguridad jurídica y su deseo de cotizar en la Bolsa de EEUU.

De acuerdo con las estimaciones basadas en las acciones que figuran en las sentencias, Rafael del Pino debió de pagar a Hacienda 1,66 millones de euros en el impuesto de sucesiones por las 23.043 acciones heredadas, que vendió en su integridad a la sociedad de su propiedad Lester-Loriner SL. Si hubiera accedido al 95% de bonificación estatal, no habría ingresado en Hacienda más que 82.298 euros por los 407,98 millones en acciones recibidas de su padre.

María del Pino debió de pagar 1,06 millones por los 311,79 millones de euros heredados en títulos de Karlovy SL. La factura se habría reducido a solo 52.230 euros de haber conseguido la bonificación que le negó el TSJM. Leopoldo del Pino heredó 191,07 millones en acciones, que le supusieron una tributación de 776.265 euros, pero que podrían haberse quedado en 38.158 euros si hubiera podido acogerse al descuento del 95%. Joaquín del Pino tuvo que abonar 554.796 euros por la herencia de 136,2 millones, un ingreso que se habría reducido a 26.857 euros si hubiera disfrutado de la bonificación perdida.

La Comunidad de Madrid hace gala de las exenciones que aplica a los impuestos de sucesiones y patrimonio, que de hecho casi los suprime. Sin embargo, en el caso de los dueños de Ferrovial, peleó en los tribunales por el 1% que aún cobra en ese tributo tras aprobar hasta cinco bonificaciones en los últimos años. “No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo”, llegó a declarar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso en abril de 2021. La Comunidad de Madrid deja de ingresar unos 2.663 millones de euros al año por esos múltiples descuentos que aplica al Impuesto de Sucesiones, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Pero la bonificación de la que quisieron beneficiarse los Del Pino tiene carácter estatal y se establece en la Ley General de Tributos. Sin embargo, los jueces les privaron de ella acudiendo no solo a la letra de la ley, sino también al “fundamento básico” del descuento para los casos en que se hereda una empresa familiar: “garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”; en concreto, de las pequeñas y medianas, evitando que los impuestos que gravan la sucesión y la donación las pongan en peligro. Así lo recoge la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994 que fue trasladada a la legislación española en un Real Decreto-Ley de 1996. En cambio, en el caso de la herencia de Ferrovial, la bonificación del 95% pudo terminar sirviendo a un fin para el que no estaba pensada: reducir al mínimo la contribución fiscal de una de las mayores compañías españolas y de la segunda familia más rica del país.

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María José López Lario es socia de infoLibre

Todos anhelamos la posibilidad de tener un nombre propio. Es lo que subyace a la polémica de estos días a propósito de la meritocracia, desde que Lilith Verstrynge, secretaria de organización de UP, afirmara que la meritocracia es un mito, y recibiera críticas inflamadas que señalaban que con qué legitimidad hablaba ella, dedicada a la política siendo precisamente hija de un político de reconocida trayectoria. Berna León, impulsor del think tank Future Policiy Lab, ha recibido críticas parecidas. La crítica se extiende, en general, siempre que una persona que parta de alguna condición favorable, especialmente respecto de su origen familiar, enuncia posiciones progresistas o trabaja a favor de políticas en esa dirección.

Se sobreentiende que lo que enfada a estos críticos es la sospecha de que, si uno no goza de determinados apellidos, tiene muy difícil alcanzar posiciones de éxito, excelencia, influencia o visibilidad en la esfera pública o laboral. Es decir, lo que genera indignación es la sospecha —o algo más que sospecha— de que, a menos que a uno le amparen apellidos que son más viejos que uno mismo, tiene casi imposible ser escuchado, alzar una voz propia, aportar algo significativo, poder contar la propia historia.

En una palabra, el humilde tiene imposible propiamente labrarse un nombre propio. Está condenado a permanecer atrapado por el silencioso tejido de la red de condiciones sociales y económicas que le limitan: precariedad, pobreza, inestabilidad, necesidad de alimentar el ciclo de la reproducción de su propia supervivencia, sin tiempo ni espacio para aquello que pueda desear hacer como fin en sí mismo, por pasión o por puro goce. No tiene acceso, en fin, a la libertad, que es lo mismo que la posibilidad de decir “yo” frente a un mar de condiciones. Porque, como sabía cualquier ilustrado, sin independencia civil no hay libertad ni ciudadanía. Y ello moviliza a la acción, a alzar la voz: a buscarse un nombre.

Por cierto, la persona que porta apellidos tampoco tiene acceso inmediato a esa posibilidad. No dice de entrada nada propio, porque siempre hablan sus apellidos antes que ella. Por inercia, y a menos que se resuelva a actuar y tomar otra posición, su palabra es una pantalla para que siga funcionando un ciego automatismo: el de la herencia de su privilegio. No tiene que hacer nada para que le vayan bien las cosas, más que seguir el curso de la corriente que le empuja desde la cuna. Incluso si critica las condiciones mismas que han hecho posible que sean ellos y no otros quienes estén donde están, si lo hacen incluso recalcando que precisamente por tener ese punto de partida saben mejor que nadie hasta qué punto eso es así, se considera que siguen hablando desde el privilegio de haber accedido a la posibilidad misma de la enunciación. Tampoco son todavía ellos mismos: hasta que no demuestren lo contrario, están ahí “por ser hijos de”. No tiene un nombre propio: solamente apellidos. Y, también ellos, lo buscan.

Por esto nos importa poder tener un nombre propio. Si importa poder hablar con voz propia, es porque queremos ser algo más que el producto de una jaula de condiciones. 

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Clara Ramas es doctora Europea en Filosofía (UCM) y profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora en Albert-Ludwigs-Universität Freiburg y HTW Berlin y profesora invitada en universidades europeas y latinoamericanas. Fue Diputada en la XI Legislatura en la Asamblea de Madrid.

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey, en función de guardia de detenidos, ha dejado en libertad provisional al actor Luis Lorenzo y a su pareja acusados de envenenar hasta la muerte a la tía de esta, pero se les ha impuesto la obligación de comparecer cada semana en el juzgado, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Luis Lorenzo, conocido por las series El Comisario y Al salir de clase, y su mujer fueron detenidos a principios de esta semana por agentes de la Guardia Civil. Este viernes por la mañana pasaron a disposición judicial.

La jueza les ha impuesto la medida cautelar de presentarse en el juzgado cada semana, además de retirarles el pasaporte de forma provisional.

Este mismo juzgado es el que lleva la causa. Ambos están investigados por la presunta comisión de un delito de homicidio. En su presencia ante la jueza, Luis Alfonso L.C. se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que Arancha P.F. ha negado los hechos.

Tras la comparecencia, el fiscal ha solicitado la imposición de las medidas cautelares de prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias semanales, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

La mujer falleció en junio de 2021 en el domicilio del matrimonio en Rivas Vaciamadrid de supuesta muerte natural por demencia y fue enterrada en su tierra natal, Asturias. Sin embargo, el hermanó de la víctima dudó de esta versión y pidió una autopsia, que finalmente fue concedida por el juez.

Los forenses encontraron en el cuerpo de la mujer la presencia de dos metales pesados en dosis elevadísimas que habían provocado la muerte. Isabel, según la autopsia, murió envenenada y la etiología de su fallecimiento es violenta/homicida, según ha publicado El Confidencial.

Entonces, se hicieron cargo de la investigación los agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil. Descubrieron que durante su estancia en la casa de los detenidos la fallecida se gastó una gran cantidad de dinero y que había firmado un nuevo testamento, en el que dejaba toda su herencia a la esposa del actor.

El juez, que ha bloqueado la herencia hasta que concluyan las pesquisas, ordenó este jueves el registro de la casa de los detenidos para localizar los supuestos materiales utilizados para el envenenamiento, además de pruebas del presunto homicidio. El matrimonio ha pasado este viernes a disposición del juzgado de guardia de Arganda del Rey.

Aunque la idea de que la riqueza de una sociedad debe ser distribuida con relación al mérito de cada uno puede parecer que lleva con nosotros siglos, la noción de “meritocracia” es relativamente reciente. Introducida en una sátira política, Michael Young imaginó en los años cincuenta —a modo de advertencia— una sociedad en la que ganadores disfrutaran de enormes privilegios, mientras los perdedores fueran abandonados a su suerte. Esta distopía es prácticamente una realidad en muchas partes del mundo. Todos sabemos que cuando se critica a los superricos (es decir, a los milmillonarios), inmediatamente salen una miríada de voces defendiendo esa desigualdad abismal a partir de sus logros. Este discurso meritocrático permea todas las áreas de la sociedad: desde los debates sobre reformas fiscales, hasta el diseño de nuestro sistema educativo. Las consecuencias de este discurso se pueden resumir en una: justificar sistemáticamente unas desigualdades económicas y sociales que hace no muchas décadas nos habrían parecido inaceptables. ¿Cómo podemos, por tanto, derribar este dique ideológico?

Esta semana hemos presentado Derribando el dique de la meritocracia, un informe coordinado por Borja Barragué (director adjunto de Future Policy Lab), y en ella hemos participado Javier Carbonell, Javier Soria-Espín, Marina Romaguera, Guillermo Kreiman y quien escribe estas líneas. Este informe representa la investigación más completa llevada a cabo sobre esta cuestión publicada hasta la fecha en nuestro país, que pone de relieve dos realidades: en primer lugar, el hecho de que empíricamente en nuestro país es imposible hablar de meritocracia, puesto que el 65% de la riqueza se explica por herencias; en segundo lugar, que, incluso si empíricamente hubiera mayor movilidad social, normativamente resulta injusto legitimar desigualdades de riqueza con relación al mérito, ya que estas se derivan fundamentalmente de dos loterías: la natural y la social.

¿Cuál es, entonces, la realidad en España? En este estudio, Javier Soria-Espín utilizaba la base de datos de su investigación doctoral, en la que analiza la movilidad intergeneracional de más de tres millones de personas durante treinta años, concluyendo que —con mucha diferencia— el factor determinante a la hora de acceder a la élite económica era la riqueza de los padres:

Esta observación empírica está en línea con los diferentes estudios que la economía y la sociología de la desigualdad vienen llevando a cabo desde la segunda mitad del s. XX. Grosso modo, la manera en la que la economía estudia la reproducción de la desigualdad es comparando el nivel de renta de padres e hijos, mientras que los sociólogos se interesan por cuestiones más ligadas a la categoría socioprofesional y el prestigio de los trabajos. Aquello que debemos retener es el hecho de que ambas disciplinas han observado una fuerte reproducción social, asociada tanto al capital económico heredado por los hijos, como también a su capital cultural (por ejemplo, cómo expresarse al escribir o tener “cultura general”), que influye enormemente en el éxito educativo, o el capital social, es decir, una red de contactos. La investigación que recoge Soria-Espín en nuestro informe, demuestra por primera vez a esta escala esta falta de movilidad social.

¿Pero qué sucede cuando, pese a todas estas barreras, los estudiantes de origen humilde llegan a la universidad y obtienen mejores notas que sus compañeros ricos? Pese a que no tenemos datos de nuestro país, nuestro estudio recoge las recientes observaciones de Friedman y Laurison en Reino Unido, que demostraban la irrealidad de la meritocracia y cómo esos estudiantes brillantes de clase trabajadora acababan en peores empleos que sus compañeros ricos con peores notas:  

Asimismo, este informe recoge también los avances más recientes en otras disciplinas como la genética. Así, una de las secciones del informe explora la “lotería natural” (ciertas capacidades cognitivas pre-sociales), llegando a dos conclusiones: en primer lugar, que las desigualdades que se derivan de esta lotería también tienen que ser corregidas, puesto que disfrutar de una mayor capacidad cognitiva es una cuestión arbitraria que nadie se “merece”. En segundo lugar, que aun siendo importantes, la “lotería social” (la familia en la que naces) sigue siendo más importante. En la siguiente imagen podemos ver cómo aquellos que vienen de un ingreso paterno bajo pero tienen un índice poligénico alto tienen una menor tasa de graduación universitaria que aquellos que tienen un índice poligénico bajo pero vienen de buenas familias:

En resumen, este informe demuestra cómo empírica y normativamente, hemos de terminar con la ideología de la meritocracia. Puesto que como argumentaba Guillem Vidal (revisor del informe), “la crítica a la meritocracia no es una crítica al esfuerzo. Es una crítica a la falsa idea de que el esfuerzo se recompensa igual para todos”.

Entonces, ¿qué alternativas cabe proponer a la narrativa meritocrática? En este momento, resulta inexplicable que no existan políticas como la educación gratuita de cero a tres años, cuando esos años son cruciales para la formación de un niño, algo que se arrastra durante toda la vida. Asimismo, propuestas como las prestaciones por hijo a cargo permitirían no solo un sistema educativo más justo, sino que además serían beneficiosas para otro problema que arrastra nuestro país: su baja tasa de natalidad.

No obstante, necesitamos un cambio de paradigma. Puesto que la desigualdad —tanto de oportunidades como de riqueza— está tan estrechamente relacionada en nuestro país con las herencias, necesitamos transformar cómo entendemos estas últimas. Por ello, proponemos introducir en nuestro país una “herencia universal” que reciba cada ciudadano al cumplir la mayoría de edad. Esta herencia, tal como la han propuesto pensadores como Thomas Piketty, sería de unos 120.000 euros en nuestro país (un 60% de la riqueza media), y estaría condicionada a llevar a cabo un proyecto profesional o educativo. Solo así podríamos hablar de una verdadera igualdad de oportunidades.

Sabemos por numerosos estudios que la ultraderecha no solo llega al poder por la cuestión migratoria, sino también por la ansiedad económica que se deriva de la desigualdad y de la falta de expectativas. En un momento en el que la ultraderecha roza el poder en España, Francia, EEUU o Italia, los demócratas necesitamos un discurso que le haga frente proponiendo una alternativa ilusionante. Una “herencia universal” para que todos puedan realizar su proyecto de vida es, sin lugar a dudas, un buen punto de partida.

Si pudiéramos mirar al microscopio el ADN de nuestro dinero y hasta de nuestra posición en la vida, comprobaríamos que tiene más carga de nuestra herencia que de nuestros logros. Quizás no sea el mensaje más agradecido para nuestro ego, pero al menos ayuda a mirar con realismo la sociedad. Sí, la meritocracia –o, mejor dicho, el ideal meritocrático, según el cual cada uno llega donde lo lleva sólo su esfuerzo– es un mito desmontado académicamente, aunque mantenga un notable éxito como creencia popular. Los datos fríos prueban que los condicionantes sociales y familiares tienen un peso más determinante que el esfuerzo. Lo ha anotado, con un elocuencia infrecuente en un paper, Adrian Adermon, Mikael Lindahl y Daniel Waldenström en La movilidad intergeneracional de la riqueza y el papel de la herencia (2016): "El éxito económico se hereda".

Y, además, en España la herencia resulta ser especialmente determinante.

"La riqueza de los abuelos está fuertemente asociada con la riqueza de los nietos", añadían Adermon, Lindahl y Waldenström. Pero no se quedan en esta conclusión; tratan de precisar ese "fuertemente". ¿Qué obtienen? "Al menos la mitad de la persistencia de la riqueza" se debe a las transferencias directas de los padres (y abuelos) a sus hijos (y nietos). Es decir, pertenecer a un grupo u otro dentro de la clasificación de la riqueza está determinado, al menos en un 50%, por lo que los mayores entregan a sus criaturas, sea en bienes o acciones o dinero, sea en vida como una donación o como herencia en testamento. A eso habría que sumarle la influencia de la educación, la red familiar, los contactos, las expectativas. Factores todos ellos también ajenos al mérito.

Pero ciñámonos ahora a las herencias contantes y sonantes. Los tres investigadores concluyen que el papel de las herencias en el hecho de seguir siendo rico –o pobre– es "sorprendentemente" importante. Aunque lo verdaderamente sorprendente es que el estudio está realizado a partir de datos de cuatro generaciones de un país nórdico llamado Suecia, que presume de un Estado eficaz en la corrección de desigualdades.

Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar poniendo la lupa en España, un país comparativamente atrasado en gasto social –mirando al entorno UE, qué decir de los Estados del bienestar nórdicos– y cuyo modelo fiscal y social ha acreditado poca fuerza redistributiva?

Aporta respuestas de interés un reciente estudio de Pedro Salas-Rojo y Juan Gabriel Rodríguez, economistas especializados en desigualdad de la Universidad Complutense. Se titula Herencias y desigualdad de la riqueza y centra su análisis en hogares de entre 35 y 80 años de cuatro países con economías capitalistas desarrolladas: Estados Unidos, Canadá, Italia y España. Dos norteamericanos anglosajones y dos euromediterráneos.

Los autores exploran la relación entre las herencias recibidas –contando herencias y donaciones entre vivos– y la desigualdad de la riqueza, tomando como referencia el coeficiente de medición de la desigualdad Gini. ¿Resultado? Las herencias explican el 42% de la desigualdad de la riqueza en Italia, el 48% en Canadá, el 61% en Estados Unidos y el 66% en España.

Los investigadores no se quedan ahí. Utilizando datos de finanzas de los hogares del Banco de España y aplicando técnicas de aprendizaje automático (machine learning), Salas-Rojo y Rodríguez precisan los porcentajes de desigualdad atribuibles a las herencias según el tipo de riqueza: total, financiera y no financiera.

En el caso de la riqueza financiera –depósitos, activos financieros, acciones–, la herencia tiene un peso en la desigualdad de un 54% en Italia, un 61% en Canadá, un 68% en España y un 71% en Estados Unidos. En el caso de la no financiera –casas, garajes y de más bienes inmuebles–, las herencias son responsables del 43% de la brecha en Italia, el 51% en Canadá, el 71% en EE.UU y el 72% en España.

Salas-Rojo, en conversación con infoLibre, recalca que el concepto "herencia", aunque jurídicamente está delimitado, en la práctica se extiende más allá de lo que recoge el artículo. "Por ejemplo –explica–, nosotros no computamos como herencia que tu padre te pague un máster fuera de España, pero está claro que es una inversión que hace en ti tu familia y que va a afectar tanto a tu riqueza como a tus ingresos". Si esto llegara a computarse, el porcentaje de desigualdad atribuible a las herencias sería mayor. A ello habría que sumarle lo que supone el origen social, la educación de los padres, los contactos... En suma, todos los factores que disminuyen el peso del mérito en la riqueza.

Una aclaración pertinente, en la que el propio Salas-Rojo incide: este estudio habla de la riqueza, no de la renta. Es decir, habla de lo que tienes, no de lo ganas. Aunque está relacionado, no es lo mismo. En un estudio anterior, detectaron que la educación de los padres, el tamaño de la familia, el tipo de escuela, la ocupación del padre y el entorno cultural eran, por ese orden, los factores más decisivos en la desigualdad de renta.

Los investigadores tenían entonces las herencias en una base de datos distinta y no pudieron incorporarlas a aquel estudio. Ahora sí lo hacen en su investigación sobre la riqueza. Salas-Rojo advierte que no pueden meterse en el estudio sobre renta por ser variables diferentes, pero sí deja claro que todo está relacionado y acaba presentando un cuadro de desigualdad grave: "Las herencias y donaciones contribuyen a la generación de brechas en la riqueza, pero también de renta. A los más beneficiados [por las herencias] les permite, por ejemplo mediante inversiones, incrementar a su vez sus ingresos".

Todos los investigadores consultados coinciden en la dificultad de cuantificar con total precisión el peso de cualquier factor en la desigualdad de la riqueza y la renta. En el reciente artículo Transferencias intergeneracionales y desigualdad de la riqueza, Juan César Palomino, Gustavo A. Marrero, Brian Nolan y Juan Gabriel Rodríguez ofrecen valiosas respuestas. "Uno de los sospechosos habituales que subyacen a la desigualdad de la riqueza son las transferencias intergeneracionales, es decir, las herencias y las donaciones intervivos. [...] Nuestros resultados sugieren que las transferencias intergeneracionales desempeñan un papel importante en el apuntalamiento de la desigualdad de la riqueza", señalan. De nuevo, tratan de ponerle números a ese "papel importante". Y lo hacen con España y otros países. Veamos.

Una vez medidas las desigualdades de riqueza en España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, los investigadores calculan qué porcentaje está asociado a las herencias y el origen familiar (educación/ocupación de los padres). El resultado es un 36,3% en Reino Unido, un 44,6% en Francia, un 46,9% en España y un 48,8% en EEUU. Alguien podría preguntarse: ¿Y el resto de la desigualdad? ¿Con qué factores se explica? Tanto en el estudio de Salas-Rojo y Rodríguez como en este, el resto es un residuo heterogéneo de factores difíciles de ponderar y no observables en los datos disponibles, entre los que figurarían tanto el mérito como otros elementos inseparables del origen social.

Palomino y Marrero descomponen ese 46,9% de peso en la desigualdad de la riqueza en España atribuible a la herencia más el origen familiar en tres categorías:

– Herencia exclusivamente: 26,3%, porcentaje que sitúa a España por encima de Reino Unido (21,8%), a la par que Estados Unidos (26,6%) y por debajo de Francia (30,5%).

– Origen familiar exclusivamente: 7,2% en España, frente a 4,1% en Francia, 5,7% en Reino Unido y 11,7% en Estados Unidos.

– Interacción entre herencia y origen familiar: 13,4% en España, más que en Estados Unidos (10,5%), Francia (10%) y Reino Unido (8,8%).

Las diferencias de resultados entre ambos estudios se explican por cuestiones metodológicas, como los índices de desigualdad diferentes (Gini Vs MLD) y el uso en sólo uno de los casos de machine learning.

¿Puede considerarse alta la contribución de las herencias a la desigualdad de riqueza en España? Palomino responde sin dudar que sí. "Debemos tener en cuenta que un índice de desigualdad es muy difícil de cambiar. Son índices inerciales. Que un factor esté asociado a un porcentaje tan elevado de un índice de desigualdad indica que las herencias son un factor importante", señala.

Es interesante la letra pequeña del estudio. En España el 30,63% de las familias con riqueza positiva –más activos que deudas– entre 30 y 80 años reciben herencias, cerca de Francia (36,14%) y Reino Unido (34,41%) y por encima de Estados Unidos (21,64%). Las cosas funcionan de diferente manera por debajo. El porcentaje de los hogares con riqueza negativa –más deudas que activos– que reciben herencia se queda en un 4,94%, menos el de EEUU (7,81%), Reino Unido (13,8%) y Francia (24,93%).

Veamos ahora quién recibe no solamente herencias, sino herencias del tipo mayor, es decir, superiores a 127.345 dólares, unos 115.000 euros al cambio en 2016. De las familias con riqueza positiva, el 13,88% recibe herencias grandes, porcentaje similar al de Francia y Reino Unido y superior al de Estados Unidos (7,81%). En cambio, sólo reciben herencias grandes un 1,07% de las familias con riqueza negativa, por detrás de Estados Unidos (1,23%), Reino Unido (2,92%) y Francia (5,24%).

Palomino señala que, en el caso de España, una explicación de sus datos más acentuados que el resto de los países estudiados es que hay menos hogares con riqueza cero o negativa que en Estados Unidos y están situados en su mayoría en el extremo bajo de la distribución. Por lo tanto, las conclusiones más "sólidas", añade, son las que afectan a todos los países. Ejemplo: que en todos los países, incluida España, los que tienen riqueza cero o negativa reciben menos herencias que los que sí tienen riqueza, sobre todo las más altas. De modo que aunque a veces se hable en España de un "país de herederos", por la tendencia a la vivienda en propiedad, lo cierto es que las herencias, y más aún las altas, son ante todo un asunto de los que ya tienen. Esto debería mover la cautela ante discursos del tipo "¡a mí nadie me ha regalado nada!".

Los dos trabajos sobre España y otros países explicados en este artículo apuntan a unas conclusiones que no se han quedado tras los muros académicos. El propio Gobierno es consciente del excesivo peso de las herencias en la desigualdad. "Se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, un porcentaje superior al de los países de nuestro entorno europeo y similar al de EEUU", señala el Gobierno en el Plan 2050, que añade: "En la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial". Según el diagnóstico del Gobierno, este desequilibrio heredado afecta más a las generaciones "jóvenes".

El Gobierno se sitúa así en sintonía con la OCDE, que ha mirado la influencia de las herencias tanto en la riqueza como en los ingresos. En su estudio de 2018 Desigualdades en la riqueza de los hogares, de 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos detecta que en España la herencia media recibida por los hogares del quintil superior de ingresos es de 179.200 dólares (162.100 euros), frente a los 47.700 dólares (43.150 euros) de los hogares del quintil inferior. "Esto indica una fuerte relación entre los ingresos actuales de los hogares y la cantidad que pueden heredar (y, por tanto, la riqueza de sus padres u otros familiares), lo que implica un bajo nivel de movilidad intergeneracional", señala el informe. La OCDE subraya que el caso español es llamativo. Es decir, esta tendencia, no sólo observable en España, sí es aquí más acentuada.

En un estudio posterior, de mayo de 2021, la OCDE advierte de otro fenómeno propio de España: el peso desproporcionado –comparativamente– de las herencias dentro de la población en el segundo quintil de riqueza, es decir, entre lo que se podría llamar "clase media-baja". Lo heredado y lo recibido por donación constituye un 95,6% de lo que el receptor tiene como riqueza neta. Para entenderlo esquemáticamente: si alguien de este segundo quintil tiene 100 euros, pues además recibe 95,6 por herencias, lo que significa que casi la mitad de lo que tiene este individuo es heredado.

Se trata de resultados que apuntan a una dificultad de generar riqueza por los propios medios –mediante el propio trabajo– y de una riqueza relativa baja del segundo quintil en España. Todo ello es elocuente de un deterioro de lo que se ha dado en llamar "clases medias". El gráfico es claro. El caso español es excepcional. En esa gráfica está parte de la explicación del importante rechazo, incluso de las clases menos pendientes, a gravar las sucesiones.

Ante todo esto, ¿qué hacer? Salas-Rojo señala que de su estudio se desprende una clara recomendación de política pública, concretamente fiscal, aunque el trabajo no se adentra en el terreno impositivo. ¿Cuál? "Serían necesarios –apunta– impuestos homogéneos sobre la riqueza en todo el Estado". Se refiere tanto a Patrimonio como a Sucesiones y Donaciones. "Es problemático que sea una competencia autonómica, porque favorece la competencia desleal", afirma. Salas-Rojo se remite al trabajo de Clara Martínez Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College Business School, que en papers como este y artículos como este ha desentrañado los efectos negativos del dumping fiscal de la Comunidad de Madrid en el resto de España.

La conclusión es unánime entre quienes han explorado a fondo la cuestión. Adrian Adermon, Mikael Lindahl, Daniel Waldenström han señalado: "El impuesto sobre donaciones y herencias es deseable para la igualdad de oportunidades". En este trabajo, Palomino y sus colegas añaden: "La imposición sobre la riqueza puede tener implicaciones más que normativas, y la evidencia empírica existente indica que la desigualdad de riqueza y la desigualdad de oportunidades son perjudiciales para el crecimiento económico". Por ello "el diseño de un sistema fiscal que trate adecuadamente la acumulación de riqueza y las transferencias no es sólo una cuestión de equidad, sino también de eficiencia".

El Gobierno, de nuevo en su Plan 2050, destaca como propuesta aún "embrionaria" la "herencia pública universal". "En la desigualdad de la riqueza –dice el documento–, las herencias juegan un papel cada vez más crucial. Una propuesta novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de una herencia pública universal: una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían una vez alcanzada una cierta edad. Esta dotación podría usarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación. Ahora mismo puede sonar utópico, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países".

Veremos si es así y si entre esos países está España.

Año 1953. Una niña abre en su casa el libro juvenil España es así. Empieza a leer. Devora una página, luego otra. Hasta que se detiene en una frase que le llama la atención. Habla del dictador. “Franco es austero. Cobra actualmente en un mes menos de lo que cobraba en un día el presidente de la República”. Esta imagen de un caudillo alejado de la riqueza, del dinero, fue uno de los pilares sobre los que se apoyó la propaganda oficial durante todo el franquismo y una de las ideas más repetidas por la familia tras su fallecimiento en 1975. Pero la realidad es bien diferente. A lo largo de las cuatro décadas que se mantuvo la represión, los Franco amasaron una fortuna descomunal. Una de las joyas de la corona es el Pazo de Meirás. Pero no es la única. Tras la muerte del dictador, acumulaban casi una veintena de propiedades. Algunas fueron vendidas. Otras, todavía siguen en sus manos. El ejemplo perfecto es el palacete Cornide, un inmueble del que se están intentando deshacer. No lo tendrán fácil. Esta semana, el Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que emprenderá acciones legales para su recuperación.

Cuando llegó al poder, el caudillo estaba cobrando como capitán general del Ejército unas 30.000 pesetas anuales. Sin embargo, de la Guerra Civil ya salía millonario. El periodista Javier Otero cifra su fortuna a finales de agosto de 1940 en unos 34 millones de pesetas, una cantidad que en la actualidad equivaldría a unos 388 millones de euros, según ha explicado en sus investigaciones el historiador Ángel Viñas. Tampoco le fue nada mal económicamente la dictadura a su mujer, Carmen Polo. En su declaración fiscal de 1977, admitía un patrimonio de 89 millones de pesetas. Y a pesar de la muerte del dictador, la democracia la mantuvo entre algodones hasta su fallecimiento en 1988. Al año percibía del Estado nada menos que 12,5 millones de pesetas en 14 pagas. Por ser viuda del jefe de Estado, por la pensión por viuda de capitán general, por la Cruz Laureada de San Fernando, por medallas militares… Estaba cobrando, en el momento de su muerte, más incluso que el presidente del Gobierno.

Más de cuatro décadas después del fin de la dictadura, nadie ha sido capaz todavía de calcular con exactitud la fortuna amasada por la familia durante los momentos más negros de la historia reciente de España. Algunos han estimado unos 20.000 millones de pesetas. Otros, como el periodista Jesús Ynfante, ya escribía en 1977 que ascendía a más de 100.000 millones de pesetas (600 millones de euros). “No hay manera real de cuantificarla. Sólo se pueden hacer estimaciones”, explica en conversación telefónica con infoLibre Mariano Sánchez Soler. Este veterano periodista lleva décadas buceando en registros mercantiles, de la propiedad y archivos históricos. Todo con el objetivo de hacer inventario de los bienes y negocios millonarios ligados a la familia del dictador. Del exhaustivo trabajo de investigación salió en 2003 la obra Los Franco S.A, que se encargó de ampliar en noviembre de 2019 bajo el título La familia Franco S.A. Es, probablemente, la mejor radiografía realizada hasta la fecha sobre el patrimonio que acumulan los herederos del caudillo.

Ir tirando del hilo no fue nada sencillo. “Se conocen tres propiedades a nombre de Franco. El resto, tenían detrás empresas creadas en la década de los cincuenta”, explica Sánchez Soler. En concreto, el periodista se refiere al Pazo de Meirás, el palacete Cornide y el Palacio del Canto del Pico. El primer inmueble perteneció históricamente a la novelista gallega Emilia Pardo Bazán, pero tras la Guerra Civil cayó en manos del dictador. Durante décadas, fue utilizado como residencia oficial. En la actualidad, los herederos del dictador y el Estado pleitean por la propiedad del pazo. Los primeros consideran que les pertenece. Algo que rechaza tajantemente la Abogacía, que mantiene que la operación de compraventa que permitió a Franco inscribir el inmueble en el registro de la propiedad fue fraudulenta. Un tira y afloja con la administración que no impidió a la familia del caudillo poner a la venta Meirás a través de una inmobiliaria de lujo por 8 millones de euros. Eso sí, el juez ha ordenado que en el registro conste que el pazo se encuentra inmerso en un proceso judicial.

Otra de las propiedades de las que se está intentando deshacer la familia Franco es la conocida como Casa Cornide, si bien en el anuncio subido a Fotocasa no se fija ningún precio. Este edificio de piedra de tres plantas, cimentado en pleno casco viejo de A Coruña a comienzos del siglo XVIII, fue adquirido en 1958 por el Ministerio de Educación y, cuatro años después, pasó a manos del ayuntamiento de la ciudad. Pocos meses más tarde, el palacete salió a subasta. La puja fue de lo más discreta. Sólo estuvieron presentes el subjefe provincial del Movimiento y el empresario Pedro Barrié de la Maza. Este último, conde de Fenosa, se hizo con la propiedad por debajo del valor que previamente había fijado un arquitecto municipal. Luego, se lo regaló a la familia Franco. Ahora, más de medio siglo después, el consistorio gallego se muestra dispuesto a pugnar por su recuperación. Por el momento, se están llevando a cabo los trabajos para declarar el inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligaría a los herederos a abrirlo al público.

“Ante el peligro de judicializar algunas propiedades, necesitan deshacerse de ellas cuanto antes. No obstante, ellos llevan intentando vender patrimonio casi desde el principio. Lo que ocurre es que quizá con la muerte de Carmen Franco quieran convertir las reliquias en dinero para repartírselo entre ellos”, asevera Sánchez Soler.

Del Canto del Pico al edificio de Hermanos Bécquer

La familia ya consiguió colocar en la década de los ochenta la finca conocida como el Canto del Pico. La operación fue un buen pelotazo. La propiedad, ubicada en plena sierra de Guadarrama y coronada por la Casa del Viento, que en la década de los treinta había sido declarada monumento nacional, perteneció a José María de Palacio y Arbazuza, el conde de las Almenas. Y siempre ha estado cargada de historia. Por allí pasaba de forma habitual el político conservador Antonio Maura y fue utilizada en plena Guerra Civil como cuartel general del Ejército republicano durante la batalla de Brunete. Sin embargo, la propiedad terminó en manos del dictador. El conde le incluyó en su testamento “por su grandiosa reconquista de España”. Fue el primer gran regalo inmobiliario. Y lograron venderlo a un hostelero español por un buen pellizco a finales de los ochenta. Se embolsaron 320 millones de pesetas.

No ha sido el único pelotazo dado por la familia. Otra jugosa operación la realizaron con Valdefuentes, en Arroyomolinos (Madrid). Esta inmensa finca, que ronda los diez millones de metros cuadrados, nunca estuvo a nombre del dictador aunque siempre fuera considerada el coto privado de caza del caudillo. Las sociedades y los intermediarios en este terreno, utilizado durante la década de los ochenta como plató de cine, jugaron durante toda la dictadura un papel fundamental. Luego, la presidencia de Valdefuentes S.A. terminaría en manos de Carmen Franco. “La superficie, al tener calificación rural, poseía un valor que rondaba los mil millones de pesetas. Si en su totalidad se convirtiera en zona edificable, los beneficios se multiplicarían exponencialmente. Había que recalificar”, expone Sánchez Soler en su obra. Dicho y hecho. En apenas diez meses, ayuntamiento y Comunidad de Madrid, presididos entonces por el PP, dieron el visto bueno a la recalificación de 3,3 millones de metros cuadrados para levantar miles de viviendas, un polígono industrial y un centro comercial.

Palacio del Canto del Pico, en la sierra de Guadarrama. | EFE

Las firmas interpuestas han sido habituales en el control de otras tantas propiedades de la familia. En total, tras la muerte del dictador el periodista contabilizaba algo más de una veintena de inmuebles y terrenos repartidos por Madrid, Málaga, Córdoba, Guadalajara o Málaga. Tentáculos que llegan incluso hasta Filipinas o Miami. En la capital, la familia del dictador tiene otra de las joyas de la corona. Es el famoso edificio de la calle Hermanos Bécquer, a pocos metros del Paseo de la Castellana. El bloque estuvo desde la década de los cincuenta ligado a la sociedad Ursaria SA, de la que el apellido Franco no afloraría a través de la hija del caudillo hasta dos años después de la muerte del dictador, si bien es cierto que cuando se disolvió la firma se dejó constancia de que todas las acciones pertenecían a Carmen Polo. Ahora, los herederos intentan desesperadamente colocar el edificio, cuyos pisos estaban alquilando a unos 7.000 euros al mes, según publicó El Mundo. El inmueble está valorado en unos 50 millones de euros.

Plazas de garaje, inmobiliarias, actividad sanitaria

Los herederos del dictador también han soltado lastre en los últimos años a través de la venta de joyas familiares. El pasado noviembre, casi un mes después de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, vendieron dos piezas de diamantes y esmeraldas por más de 168.000 euros. La subasta fue polémica. Los colectivos memorialistas exigieron al Gobierno que se investigase el origen del collar, los pendientes y el anillo por si alguna vez formaron parte del patrimonio del Estado. La preocupación de la ARMH tiene su razón de ser. Solo hay que recordar lo que pasó con las estatuas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria. Vendidas al Ayuntamiento de Santiago en 1948, las dos esculturas acabaron en manos de la familia Franco, que al parecer se encaprichó de ellas. El consistorio gallego intentó recuperarlas en los tribunales. No tuvieron suerte. La jueza desestimó íntegramente la demanda.

A todo este botín hay que añadir los numerosos negocios familiares. Hasta el momento de su fallecimiento, Sánchez Soler cifra en veintiuno el número de consejos de administración en los que ocupaba puestos la hija del caudillo. Ahora, los nietos controlan una maraña societaria compuesta por más de una veintena de firmas y con un patrimonio neto que sobrepasa los 100 millones de euros, según una reciente investigación del diario El País. La mayoría de ellas están dedicadas al sector inmobiliario, aunque hay negocios de todo tipo: relaciones públicas, antigüedades, actividad sanitaria... De todos los herederos del dictador, el que figura en mayor número de sociedades es Francis Franco. Buena parte de su patrimonio descansa sobre las plazas de aparcamiento. Sólo en la capital acumula más de dos centenares a través de tres empresas. Y otras tantas en Málaga, donde también posee más de seis decenas de pisos, así como almacenes y oficinas.

'Olvidos' tributarios

El nieto mayor del dictador, Francis Franco. | Europa Press

El nieto mayor del general también ha hecho negocios fuera de territorio español. Hasta 2016, por ejemplo, controló a través de sus sociedades la naviera eslovaca Slovenská Plavda. Y no siempre se ha acordado de declarar al fisco todas sus finanzas. Francis Franco fue una de las personas que se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy para regularizar 7,5 millones de euros no declarados por una de sus empresas. No es la primera vez que el apellido del dictador salta a la palestra por cuestiones similares. El estallido de los papeles de Panamá puso al descubierto que dos de los hijos de Francis Franco habían firmado como directores generales de dos sociedades ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Y en marzo de 2018, la nieta mayor del caudillo, Carmen Martínez-Bordiú, saltaba a los titulares tras haber sido condenada por la Audiencia Nacional a abonar más de medio millón de euros a Hacienda por impuestos impagados tras una importante venta de acciones. La viva imagen del patriotismo.

“Ellos han vivido de las rentas, del patrimonio que tenía la familia a partir de la muerte de Franco”, asevera Sánchez Soler. Para el periodista, la fortuna se amasó en base a un “expolio”. “Ellos igual pensaban que eso era normal. Y lo más alucinante es que crean que tienen derecho a todo”, apunta al otro lado del teléfono. El tiempo, dice el investigador, corre a su favor. Si no hay denuncias, continúa, es complicado “demostrar” la existencia de “ilegalidad” alrededor de parte del botín amasado. “A ver quién se atrevía entonces a no vender o a desplazarse a El Pardo a pasar la cuenta”, sostiene. Sánchez Soler, no obstante, recuerda que esta cuestión es “un poco el mascarón de proa”. Recuerda que no hay que olvidarse tampoco del “expolio” de los “grandes capos” del régimen que, del mismo modo, amasaron enormes fortunas al calor de la dictadura. Fueron tiempos oscuros. Ahora, es necesario que no se pierda la memoria.

La riqueza en España creció durante los años de la burbuja inmobiliaria como en ningún otro país. Mientras la ratio entre riqueza privada –capital financiero e inmobiliario– y renta nacional –el PIB– en España era del 800% en 2007, la media del resto de las naciones desarrolladas no superaba el 550%. Una vez hundido el ladrillo y disparada la crisis, en 2014, la diferencia entre ambos valores cayó al 650%, pero aún quedó por encima de esa media. Sin embargo, que creciera la fortuna nacional no significa que se alterara su reparto. Según los cálculos del estudio sobre la desigualdad en el mundo que elaboraron Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman en 2018, el 10% de los españoles más ricos acumulaba en 2013 el 57% de la riqueza personal del país, con un patrimonio medio de casi 813.000 euros per cápita, mientras que el 50% más pobre sólo poseía el 7% de la riqueza nacional, con un patrimonio por persona de 18.900 euros. Los autores aseguran que esta distribución no ha cambiado en los últimos 30 años.

Uno de los factores que explican esta persistente desigualdad es la herencia. Al menos es lo que se deduce del estudio que firman dos investigadores de la Universidad Complutense; Pedro Salas Rojo y Juan Gabriel Rodríguez Hernández. El 68,8% de la desigualdad en España, medida según el índice Gini, tiene su causa en la herencia. Un porcentaje que se eleva hasta el 76,4% si se considera sólo la riqueza no financiera –básicamente, la inmobiliaria–. Ese reparto es muy parecido al de Estados Unidos: un 68,6% de la desigualdad procede de la herencia considerada en su conjunto, pero se eleva hasta casi el 75% en el caso de la riqueza financiera y desciende hasta el 66,6% en el de la inmobiliaria. Los valores de ambos países superan en mucho los de Italia, Reino Unido y Canadá, aunque los autores creen que sus resultados están sesgados a la baja por la mala calidad de los datos que ofrecen estos tres países.

Salas y Rodríguez también han medido la influencia del nivel educativo de los padres en la desigualdad. En este caso, el problema con los datos afecta a España y Canadá. Pero en Italia el 61,6% de la desigualdad financiera y del 52% de la no financiera se deben a la suma de la herencia y del nivel educativo de los progenitores: mejores colegios, mejores universidades, mejores redes de contactos. En Reino Unido, hasta el 49% de la desigualdad financiera procede de la conjunción de ambas circunstancias. En Estados Unidos el peso combinado de herencia y educación familiar se dispara hasta el 75% en la desigualdad financiera y el 65% en la inmobiliaria. Según explica a infoLibre Pedro Salas, en España el efecto del nivel de educación de los padres sobre la desigualdad es mucho más pequeño, añade un 6% de la desigualdad.

Sus resultados corroboran los de otra investigación anterior, del think tank estadounidense Instituto Peterson, que analizó el origen de la fortuna de los multimillonarios mundiales. Y la herencia era el germen de casi el 54% de los superricos españoles, sólo un poco menos que los alemanes –el 64,7%–, pero mucho más que los italianos –el 37,1%– y los británicos –sólo el 6,4%–. Otros países, no obstante, se sitúan a la cabeza de los millonarios de nacimiento: en Dinamarca y Finlandia superan el 80%, en Suecia se acercan al 70%. “Aunque son países más igualitarios, allí la aristocracia es también la propietaria del capital”, explica Pedro Salas, “digamos que la duquesa de Alba y Amancio Ortega se juntan en la misma persona”.

Pese a los vaivenes económicos y la introducción de múltiples mecanismos de redistribución –los impuestos–, la importancia de la herencia como origen de la riqueza ha disminuido mucho menos en los últimos 150 años de lo que podría pensarse. Dos de los economistas citados, Alvaredo y Piketty, junto con Bertrand Garbinti, descubrieron que la evolución de la riqueza heredada en Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XIX ha seguido el mismo patrón: era muy alta hasta 1910, con una participación superior de entre el 70% y el 80% de la riqueza total, cayó abruptamente con las dos guerras mundiales y se situó por debajo del 40% entre 1950 y 1980, pero desde entonces no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar el 60% a partir de 2000. Y sigue subiendo, aseguran.

El menos “distorsionador y perjudicial para el crecimiento”

“No son las rentas ganadas sino las no ganadas las que deben ser limitadas por el bien común”, escribió a finales del siglo XIX uno de los grandes teóricos del liberalismo económico, John Stuart Mill, el mismo que dudaba de la idoneidad de los impuestos progresivos para la tributación general pero cuya aplicación consideraba “justa y conveniente” para las herencias. Casi un siglo antes, el propio Adam Smith había tachado de “manifiestamente absurdo” considerar que existe un derecho a disponer “para siempre” de un patrimonio. La revista británica The Economist ya se pronunció hace tres años a favor del impuesto de sucesiones como parte necesaria de un sistema fiscal “justo y eficiente”. A su juicio, ese impuesto debería gravar a los herederos, no a los patrimonios, estableciendo un amplio mínimo exento, y eliminar las deducciones. La recaudación obtenida, además, debería permitir el recorte de otros impuestos por los que tributan la mayoría de los contribuyentes.

Sin embargo, la tendencia mundial es la contraria. “El impuesto de sucesiones está en declive en toda la OCDE, cada vez recauda menos”, advierte Miguel Artola Blanco, historiador económico y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III de Madrid. Suecia y Noruega lo han eliminado, en Estados Unidos el impuesto federal sobre las herencias fue recortado desde la llegada de Ronald Reagan a la presidencia y los impuestos adicionales creados en cada estado terminaron decayendo. En Canadá, la competencia fiscal entre sus estados también acabó con el tributo.

En España, las voces a favor de su supresión son recurrentes y polémicas las exenciones aplicadas por algunas comunidades autónomas. “Es una herramienta muy desatendida”, lamenta Artola Blanco, “con un potencial recaudatorio muy importante”. Lo mismo cree la OCDE: existe “margen para reforzar el papel del impuesto de sucesiones en algunas comunidades autónomas”, sobre todo porque “la desigualdad ha aumentado en los últimos años”, asegura en una de sus habituales recomendaciones. Además, destaca que este impuesto es menos “distorsionador y perjudicial para el crecimiento” que otros tributos –se paga una sola vez, por ejemplo–. Por ese motivo invita a los gobiernos autonómicos a eliminar las desgravaciones concedidas a “los estratos de población más acomodados”.

la presión actual del impuesto no difiere mucho de la que existía en 1900

El impuesto de sucesiones nació en España como “Impuesto sobre Derechos Reales y Transmisión de Bienes” en 1872, durante el reinado de Amadeo de Saboya. “Fue un impuesto muy progresivo desde muy pronto”, apunta Miguel Artola. Pero la última reforma a la que se le ha sometido se llevó a cabo hace ya mucho tiempo, en 1987, si se exceptúa su cesión en 1996 a las comunidades autónomas, que pueden recaudarlo y aplicar sus propios tipos o reducciones de la base imponible. Desde entonces los territorios se han embarcado en una carrera por bajar la tributación y atraer así herencias de otras comunidades.

La consecuencia ha sido doble. Por un lado, la recaudación ha caído un 7,6% desde que alcanzó su máximo en 2007. Según las últimas cifras que proporciona la Agencia Tributaria, correspondientes a 2017, el impuesto de sucesiones generó unos ingresos totales de 2.709 millones de euros, apenas el 0,23% del PIB.

Por otro, también se ha recortado el tipo efectivo. Según los cálculos de Artola Blanco, realizados a partir de las estadísticas de transmisiones patrimoniales mortis causa y donaciones de los Registros de la Propiedad, ese tipo no supera el 5%. A principios del siglo XX, la recaudación era sólo del 2% o el 3% del caudal hereditario, a partir de 1910 fue subiendo hasta llegar a un máximo del 20% en los años 90. Pero desde entonces, explica el profesor de la Universidad Carlos III, las exenciones han recortado los ingresos por el impuesto de tal manera que la presión fiscal no difiere en gran medida de la que existía en 1900: la recaudación no ha variado sustancialmente, mientras que el patrimonio no ha dejado de crecer.

“El impuesto de sucesiones es muy opaco en su gestión”, critica Miguel Artola. Las comunidades autónomas sólo publican las cifras de su recaudación, por lo que “se desconoce el volumen de patrimonio que es objeto del gravamen y el efecto de las deducciones que aplica cada una de ellas”, añade. Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco ofrecen bonificaciones de casi el 100% a las herencias entre parientes más cercanos.

En Andalucía, donde desde abril de 2019 la bonificación es del 99% para los herederos en primer grado de parentesco, de las 228.088 liquidaciones presentadas hasta el mes de septiembre de ese año –los últimos datos publicados– sólo tuvieron que pagar 12.630, el 13%. El fisco andaluz ingresó por ellas 119,2 millones de euros. Por donaciones unos escasos 10, 4 millones. En todo el ejercicio, la recaudación por ambos impuestos ascendió a 261,4 millones de euros, un 12,7% menos que el año anterior, cuando no existía la bonificación pero sólo tributaban las herencias superiores al millón de euros. En 2017, el último ejercicio completo del que la Agencia Tributaria ofrece datos, Andalucía recaudó por el impuesto de sucesiones y donaciones 364,2 millones, la tercera en volumen detrás de Cataluña y Madrid.

Mínimo común estatal

Miguel Artola defiende un rediseño del impuesto, que incluya la fijación de un mínimo común a todos los territorios. En la misma dirección apuntaron los expertos que elaboraron en 2017 un informe para reformar el sistema de financiación autonómica y antes incluso, en 2014, los expertos que redactaron el informe para la reforma fiscal de 2014. El objetivo de ese suelo de tributación no es otro que impedir la “espiral de competencia a la baja” entre comunidades que amenaza con hacer desaparecer el impuesto, una opción que los técnicos no consideran deseable. Incluso precisaban que la tarifa lineal puede establecerse entre el 4-5% y el 10-11% según el grado de parentesco. Además, recomendaban suprimir el actual sistema de coeficientes multiplicadores en función del parentesco y del patrimonio preexistente del heredero, así como “clarificar” las reducciones.

Otras posibilidades para modernizar el impuesto de sucesiones incluyen integrarlo con la llamada plusvalía que cobran los ayuntamientos sobre las transmisiones de inmuebles e impedir la huida hacia sociedades de inversión y financieras de esas transmisiones de propiedad, obligando a que éstas tributen en el impuesto sobre sociedades, tal y como propone el profesor Luis Puch, de la Universidad Complutense de Madrid. Una actualización más que necesaria de un tributo que mantiene inalterados desde 1987 tanto sus tarifas estatales como los tramos de la base liquidable, pese a que la renta per cápita en España se ha triplicado desde entonces. “Si realmente estamos preocupados por la desigualdad,”, resume Pedro Salas, “el impuesto de sucesiones tiene un efecto redistributivo innegable, porque la desigualdad que procede de la herencia es vertical y prescriptiva, no la genera el esfuerzo y el mérito”.

Ángel Hernández, el hombre que ayudó a su mujer, María José Carrasco, a morir ha decidido donar los 300.000 euros de herencia al Proyecto M1 de Esclerosis Múltiple España, una iniciativa pionera puesta en marcha por los pacientes para impulsar la investigación de esta enfermedad, informa Europa Press.

"Ella ya tenía síntomas de algo, pero no sabíamos a qué se debía. En el año 89 le pusieron nombre, le dijeron a mi mujer que tenía esclerosis múltiple. Tuvimos mucho interés en seguir qué es lo que se estaba investigando, y qué se había descubierto hasta ese momento. Y veíamos que para la esclerosis múltiple en esa variante que tenía María José (primaria progresiva) no había nada", ha asegurado Hernández.

Y es que, aunque no es una enfermedad mortal y cada vez hay más tratamientos gracias a los avances en la investigación que se han producido en los últimos años, en los casos más graves puede condicionar la vida de los pacientes y ser "muy limitante".

Precisamente por ello, el Proyecto M1, que impulsó Esclerosis Múltiple España en el año 2013, es una iniciativa de los propios pacientes para responder a la misma demanda de Ángel, la necesidad urgente de investigar en las formas progresivas de la enfermedad, para las que apenas existen tratamientos que permitan ralentizar o frenar su avance.

"Para nosotros resultaba evidente que para las formas que cursan a brotes existían multitud de opciones terapéuticas, y cada vez más efectivas. Y, sin embargo, las personas que tenían formas progresivas estaban desamparadas, no había nada para ellas. Esto fue lo que nos llevó a remangarnos y comenzar a buscar fondos para financiar su investigación. Ahora, siete años después, estamos contribuyendo a impulsar algunos de los proyectos de investigación más importantes del mundo", ha explicado el director de Esclerosis Múltiple España, Pedro Carrascal.

Fruto de la donación del marido de María José Carrasco, el Proyecto M1, junto a la Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM), han puesto en marcha la 'Convocatoria de Proyectos de Excelencia María José Carrasco Motos', a la que podrán concurrir equipos científicos de la red. De entre los presentados, el Comité de Evaluación seleccionará tres proyectos de investigación excelentes, que recibirán 100.000 euros cada uno para desarrollarse durante los próximos dos años.

Este año se repartirán 500.000 euros para impulsar la investigación a través de convocatorias nacionales e internacionales. De esa cantidad, 55.000 euros se destinarán a proyectos internacionales a través de la Alianza Internacional de EM Progresiva. Además, en España la REEM recibirá 445.000 euros.

"Nuestra red, pese a estar conformada por investigadores con un gran prestigio a nivel internacional, apenas cuenta con un 10% de la financiación que reciben otras redes similares en Francia o Alemania. Recibimos estos fondos de los pacientes con mucha gratitud, y una gran responsabilidad", ha zanjado la coordinadora de la REEM y jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Luisa Mª Villar Guimerans.

"Pablo rescata a 300 niños en situación de riesgo con sus ahorros". "Alberto protege a elefantes de la sabana con su barco velero". "Marta ayuda a limpiar los plásticos del mar con un collar de perlas". Evidentemente, se trata de titulares falsos, aunque posibles. No son pocas las personas que, antes de fallecer, deciden dejar su herencia, o parte de ella, a causas solidarias. Parece algo novedoso, pero en realidad no lo es. Que cada vez se escuche, se lea y se vea más publicidad que anuncia esta posibilidad sólo se explica porque desde el año 2006 distintas organizaciones han intentado que cada vez más gente sepa que puede hacerlo. Y que no implica dejar a sus familiares sin su trocito de la herencia. Fue ese el momento en el que comenzó la campaña Legado Solidario, en la que ahora mismo participan 25 organizaciones de diferentes ámbitos: defensoras de los Derechos Humanos, del medio ambiente, de la infancia, impulsoras de la investigación médica, etc. Desde grandes a pequeñas. "Es una campaña muy bonita porque ha conseguido juntar por una causa común a entidades muy diversas, algunas enormes como Acnur y algunas más pequeñas como la Federación Amigos de los Mayores", explica Sonia Gómez, responsable de la campaña. 

Estos esfuerzos comunicativos, hasta ahora, parece que han dado sus frutos. Según un estudio externo solicitado por Legado Solidario, cada vez más gente conoce la opción de dejar su herencia a una causa concreta. En 2018, un 64% de los entrevistados sabía que podía hacer una donación a una ONG en su testamento. Cinco años antes, en 2013, tan sólo lo sabía el 40% de las personas preguntadas. Pero que el conocimiento sea mayor no implica necesariamente que la gente opte más por esta opción. Y es que en España, según explica Gómez, existe muy poca tradición de hacer testamento antes de fallecer, sobre todo si se compara con el resto de países europeos. Algo que también notan las propias organizaciones que forman parte de la campaña. Según los datos del Consejo General del Notariado, en 2018 se registraron 1.134 legados solidarios: 688 (el 60,6% del total) destinados a la Iglesia y 446 (el 39,3%) a ONG, fundaciones y otras entidades benéficas. 

Los números, por tanto, continúan evidenciando que todavía hay frenos que impiden que más gente se decida por esta opción. Según Gómez, hay un problema de desinformación que intentan minimizar desde la campaña: que hacer un testamento es algo costoso y que incluir a alguna o a varias organizaciones puede suponer desheredar a sus familiares. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que se destina a las causas sociales es el conocido como tercio de libre disposición, del que puede disponer el testador sin ningún tipo de restricción. Por tanto, en ningún caso afectaría al tercio de legítima, aquel que, por ley, está destinado a los herederos forzosos de la persona fallecida —descendientes o ascendientes—. 

Y el proceso tampoco es complicado. Cada organización puede actuar de asesor y guía en el proceso, aunque la persona también puede acudir directamente a un notario. "En el caso de que decida realizar un legado solidario, podrá establecer una cantidad económica fija para que se destine a una entidad concreta o legar un bien tangible (una casa, un coche, joyas...) o genérico (una prestación, el derecho de cobro de una deuda, un porcentaje patrimonial o acciones)", explican desde el Consejo General del Notariado. En manos de la persona quedará si avisa o no a la organización y si lo hace antes o después de firmar el testamento. 

25 organizaciones adscritas a la campaña

La campaña dio sus primeros pasos de manera progresiva. Desde su nacimiento en el año 2006 y hasta el día de hoy ha conseguido aunar a 25 organizaciones de todo tipo. De este modo, se juntan desde Amnistía Internacional, que defiende los Derechos Humanos, hasta Unicef, que defiende a la infancia, pasando por WWF España, que lucha por el planeta. Esta última, de hecho, fue "pionera" en entrar dentro de Legado Solidario. Así lo explica Bárbara Crespi, la responsable de testamentos solidarios en la organización. "El motivo por el que nos sumamos fue para darle difusión a esta vía solidaria que muy poca gente conoce", afirma en conversación con infoLibre. Y desde entonces sí que han notado una evolución positiva. Sobre todo, dice, "a nivel de solicitudes de interés". 

La experiencia de Amnistía Internacional fue muy similar. En su caso, según cuenta Concha Martínez, la responsable de herencias solidarias en la organización, se adscribieron "casi desde el principio". Y el motivo también es muy parecido. "Hasta ese momento se habían recibido muy pocas herencias o legados y nos pareció una buena plataforma para llegar a más gente e informar de esta manera de hacer aportaciones", asegura. 

El caso de Unicef ha sido diferente. David Moreno, responsable de testamentos solidarios en la entidad, cuenta que, "tradicionalmente", la organización ya recibía herencias por parte de algunas personas que decidían incluir a la entidad en su testamento. "Lo hacían sin que nosotros hubiéramos sido proactivos a la hora de comunicarlo", recuerda. Fue en el año 2015 cuando decidieron empezar a serlo. "Hemos realizado campañas publicitarias por varios canales y hemos visto un crecimiento muy importante en cuanto al número de personas que piden información. Esta es una forma de colaboración que, salvo estas personas que incluían espontáneamente a Unicef en su testamento, muy poca gente conoce", asegura.

Cris contra el cáncer, en cambio, decidió formar parte de la campaña nada más constituirse. "Nos unimos desde el momento en que nacimos, hace ocho años", recuerda Marta Cardona, la directora de la organización. Y lo hicieron para sacar adelante su proyecto: la lucha contra el cáncer a través de la investigación. "Es una enfermedad que toca a todos muy de cerca y cuando se sufre siempre se piensa en que ojalá hubiera mejores tratamientos que, por lo menos, permitan cierta calidad de vida. Sabemos que la gente está sensibilizada, y no hay nada más bonito que dejar un mundo mejor, sin cáncer", explica. 

Greenpeace, por su parte, encontró en Legado Solidario una manera adecuada de unir esfuerzos con el resto de organizaciones y conseguir, de este modo, "plantar la semilla" para que cada vez más personas conozcan esta opción, según explica Edurne Rubio, directora de engagement. "Así se garantiza nuestra estabilidad económica, la resiliencia y la independencia, también política", apunta. 

Poca tradición en comparación con Europa

Todas estas organizaciones, a pesar de sus dispares campos de actuación, coinciden en algo: sin excepción, explican que han notado que, en Europa, la tradición de los legados solidarios está mucho más extendida, lo que permite a las ONG una mayor capacidad de poner en marcha sus proyectos. "Sabemos que fuera de España la investigación en la lucha contra el cáncer encuentra una fuente de financiación muy grande en los legados y en las herencias", dice Carmona. Moreno coincide con ella. "Hay otras entidades en otros países donde existe una gran tradición de colaborar de esta manera. En Reino Unido, por ejemplo, la principal fuente de ingresos" de Unicef "es a través de testamentos". 

En España estamos lejos de poder hacer esas afirmaciones, pero sí que es cierto que las organizaciones coinciden en celebrar el aumento de los fondos recibidos a través de esta vía. En Unicef, por ejemplo, son muy elevados. "Nuestras herencias están en torno al 4% o al 5%, unas cantidades muy significativas porque hablamos de alrededor de cuatro millones de euros anuales", detalla Moreno. "Son cada vez más significativos y relevantes, pero la vía tradicional de ingresos continúan siendo los socios, las empresas y las administraciones públicas", añade. 

Pero esto es una excepción. El resto de ONG no llegan a esas cifras. Es lo que le ocurre a Amnistía Internacional, una organización donde, según Martínez, el porcentaje de financiación procedente de herencias "todavía es pequeño". "En 2018 supuso un 2,1% de nuestros ingresos, 285.000 euros", matiza. "El 89% de nuestra financiación sigue perteneciendo a las cuotas de socios y socias", añade. "Todavía nos supone un porcentaje muy pequeño de nuestros ingresos", coincide Carmona. 

A dónde se dirigen las herencias

Según explican desde todas las organizaciones y desde el Consejo General del Notariado, las herencias se pueden recibir de múltiples maneras: en forma de una cantidad económica o de, por ejemplo, una vivienda. Pero el objetivo para todas las entidades es el mismo: poder invertir los fondos en sus proyectos. Por eso, proceden siempre del mismo modo: tasan los bienes tangibles y, a continuación, los venden en función del precio fijado. De este modo, lo aportado pasa a formar parte de la ONG, que lo invierte en los proyectos que en cada momento considere prioritarios, según explican todas las fuentes consultadas. Eso no impide que, por ejemplo en el caso de Cris contra el cáncer, el testador pueda elegir con qué proyecto concreto solidarizarse. "Nosotros publicamos nuestros proyectos de investigación en la web y se puede consultar los de cáncer infantil, adulto, y los hospitales en los que se desarrollan", explica Cardona. 

¿Y a dónde va el dinero que se destina? En el caso de Cris contra el cáncer, a los equipos de investigación. "Nosotros desarrollamos tratamientos nuevos experimentales para quienes no respondan a los tratamientos actuales. Es algo muy tangible porque se trata de buscar esos nuevos tratamientos", dice la directora de la organización. 

En Unicef, según explica Moreno, los fondos ayudan a mejorar la situación de niños y niñas en todo el mundo. Concretamente, los fondos permitieron, solo en 2018, "vacunar, proporcionar agua potable y saneamiento a 62 millones de niños y a sus familias y tratar la desnutrición aguda grave a 4,1 millones de niños". En Amnistía, por su parte, consiguen llevar a cabo las campañas en defensa de los Derechos Humanos y de lucha contra la violencia machista. "Aunque parezca que la defensa de los Derechos Humanos es más ambigua que otras causas, tenemos muchísimas campañas y casos concretos de personas concretas a las que hemos podido ayudar con la financiación que recibimos", explica Martínez. 

"El legado solidario es una forma de mantener vivo tu esfuerzo por lograr un mundo mejor. Dejando una donación en testamento a alguna de las causas que te preocupan hoy, estarás apoyando mañana el trabajo de organizaciones que comparten tu mismo compromiso", sentencia Legado Solidario. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha avalado a una mujer que decidió plasmar en el testamento como su última voluntad desheredar a dos de sus hijos tras recibir por parte de ellos conductas de menosprecio y abandono, así como maltrato psicológico durante años, según informa Europa Press.

El alto tribunal ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que a su vez confirmaba la decisión de un juzgado de primera instancia que entendió que la mujer tenía derecho para desheredar a sus hijos tras acreditarse el maltrato al que había sido sometida, siendo ésta la excepción "justa" que recoge el apartado segundo del artículo 853 del Código Civil para quitar a un descendiente su condición de beneficiario del testamento.

El Supremo desestima todos las alegaciones de los hijos, que pedían ser incluidos en el testamento junto a un hermano, al quien se designó como único heredero, pues comparte con la Audiencia Provincial que ha quedado acreditado que "ambos hermanos incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar respecto de su madre, sin justificación alguna y sólo imputable a los mismos". También subraya que sufrió un maltrato psíquico a lo largo de los años, sobre todo en la última etapa de su vida, cuando ya estaba enferma.

Según los hechos que recoge la resolución del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña, en el testamento se expresa que uno de los hijos manifestó "reiteradamente" a su madre que "está llena de maldades y brujerías", al igual que la casa en la que vivía.

Desplantes por teléfono 

Por otro lado, su hermano, según dicho documento, le atribuyó a la mujer la responsabilidad de "todos los males" que éste "ha padecido en la vida", por lo que le negó "formal y expresamente su condición de madre". Añade que le impidió cualquier interlocución entre ambos "hasta el punto de haber intentando la testadora felicitarle el día de su cumpleaños y sufrir el desplante de que le colgara el teléfono".

Según los recurrentes, la desheredación sólo se podía haber justificado por la vía de las injurias hacia su madre y la sentencia recurrida ha omitido cualquier referencia al concepto de maltrato psicológico. Sin embargo, el Supremo destaca que la resolución impugnada sustenta su fundamentación jurídica desde el concepto del maltrato psicológico que viene dado por la propia jurisprudencia dictada por el alto tribunal.

En cuanto al segundo de los hermanos, que alega que tiene derecho a recibir la herencia porque se reconcilió con su madre, la sentencia afirma que también se probó que éste residió con ella durante sus últimos meses de vida "por razones económicas y no de cuidados y asistencia". Asimismo, la Sala reprocha a este recurrente que haya intentado "alterar la base fáctica" que expone la Audiencia Provincial en su resolución para continuar alegando que ya volvía a tener relación con su madre.

Andalucía se va a unir a Madrid, Murcia, La Rioja, Extremadura y Canarias, las comunidades autónomas que han suprimido de facto el impuesto de sucesiones y donaciones. El pasado sábado, el nuevo Gobierno andaluz acordó aplicar una bonificación del 99% en la cuota del impuesto para quienes hereden de sus padres, de sus hijos, abuelos, nietos o sus cónyuges. Según los cálculos que ha hecho la Consejería de Hacienda, gracias a la medida 10.000 personas cuya herencia supere el millón de euros dejarán este año de pagar el impuesto de sucesiones. Los que heredaban por debajo de esa cifra ya estaban exentos de tributar desde el 1 de enero de 2018, cuando entró en vigor la rebaja fiscal aprobada por la socialista Susana Díaz tras pactarla con Ciudadanos.

La bonificación del 99% la disfrutarán sólo los herederos que se integran en los llamados grupos I y II de parentesco: descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Los grupos III y IV –hermanos, sobrinos, tíos, primos, parientes más lejanos y extraños– seguirán pagando el impuesto de sucesiones como hasta ahora, con las mismas reducciones que les permite la ley –si heredan una empresa o la vivienda habitual del fallecido, o por discapacidad, por ejemplo–. El mínimo exento de un millón de euros que se fijó el año pasado se mantendrá para que quienes reciban un patrimonio por debajo de ese umbral no tengan que pagar el 1% que a partir de ahora será la tasa general.

En total, la Hacienda andaluza asegura que debido a la reducción al mínimo del impuesto de sucesiones dejará de ingresar este ejercicio 40 millones de euros, según el cálculo que la consejería ha facilitado a infoLibre. Aún no están disponibles los datos de recaudación de todo 2018, sólo de los tres primeros trimestres. Así, hasta septiembre, el fisco ingresó por este tributo 158,99 millones de euros –143,75 millones por sucesiones y 15,24 millones por donaciones–, 28 millones menos o un 15% por debajo de lo recaudado en los nueve primeros meses de 2017, cuando la exención era sólo hasta 250.000 euros.

Si se calcula para 2018 una recaudación del entorno de los 200 millones de euros, la merma de recaudación ocasionada por la rebaja fiscal del anterior Gobierno andaluz puede alcanzar el 45% respecto de 2017, cuando se ingresaron 364,2 millones de euros en concepto de sucesiones y donaciones, según los datos definitivos para ese ejercicio que publica el Ministerio de Hacienda. En cifras absolutas, el recorte fiscal del anterior Ejecutivo puede ascender entonces a unos 164 millones de euros; es decir, la bonificación casi total decidida por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá un impacto sobre la recaudación cuatro veces menor.

Ante las cámaras de La Sexta, el flamante presidente andaluz presentó la rebaja fiscal como “una medida contra el desempleo”. “Los territorios que bajan la presión fiscal atraen inversiones y eso genera empleo”, explicó. También aseguró que Andalucía sufre “una de las presiones fiscales más altas de España” y que, por ese motivo, “hay muchas personas que no se censan” en la comunidad.

Hasta septiembre de 2018, se presentaron un total de 229.489 declaraciones del impuesto de sucesiones, de acuerdo con las estadísticas de la propia Consejería de Hacienda. Todos los herederos están obligados a presentarlas –un modelo 650– en los seis meses siguientes al fallecimiento del testador, aunque su resultado sea cero euros. Con el umbral de un millón de euros aplicado en 2018, el número de liquidaciones que resultó en pago a Hacienda fue de sólo 23.693 en los tres primeros trimestres, el 9,8%. De ellas, 14.363 fueron por sucesiones –el 6,2%– y 9.330 por donaciones –el 91,6%–. Respecto a 2017, cuando el mínimo exento era inferior, 250.000 euros, el número de declaraciones aumentó en un 13%. También subió la cifra de las declaraciones con resultado positivo, un 4,5%, que asciende al 7,7% si se consideran sólo las sucesiones.

Además, de las 14.363 declaraciones de sucesiones con ingreso asociado presentadas en los nueve primeros meses de 2018, 12.379 gozaron de reducciones de cuota, el 86%, frente al 84,4% de un año antes. Entre estos beneficios fiscales, el más aplicado fue el de parentesco –lo disfrutaron el 98%–. Le siguen las reducciones por adquirir una explotación agraria, un 38%, y por tener un seguro de vida, el 4%, así como por adquirir la vivienda habitual del fallecido, un 2% –un heredero puede acceder a más de un tipo de reducción, de ahí que sumen más del 100%–.

Cataluña recauda 433,4 millones y Madrid 410,9

En total, el Estado recaudó por este impuesto en 2017 –último ejercicio del que el Ministerio de Hacienda facilita datos– en las comunidades de régimen común 2.411,3 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. A esa cifra hay que añadirles los 161,3 millones –un 2,5% más que en 2016– ingresados por el País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen fiscal. Este tributo es uno de los cedidos a las comunidades autónomos, que tienen competencia para modificar los tipos establecidos en la norma estatal que lo regula, una ley de 1987.

Es lo que han hecho casi todas las comunidades autónomas. Madrid, La Rioja, Murcia, Canarias y Extremadura –a partir de ahora también Andalucía– aplican bonificaciones del 99% para los herederos de los grupos I y II de parentesco, lo que significa en la práctica la desaparición del impuesto en sus territorios. Pero el resto ha establecido numerosas reducciones y exenciones. Aragón permite bonificaciones del 65% para bases imponibles inferiores a los 100.000 euros. La bonificación en Cantabria para los grupos I y II alcanza el 90% como regla general, a no ser que el patrimonio heredado no supere los 100.000 euros, en cuyo caso el beneficio se eleva al 99%. En Castilla-La Mancha, el descuento es del 80% si la herencia supera los 300.000 euros, pero del 100% si es inferior. Cataluña aplica bonificaciones decrecientes del 99% al 20% e inversamente proporcionales a la base imponible. Asturias exime de pagar a quienes hereden menos de 300.000 euros si pertenecen a los grupos I y II de parentesco, bonifica el 99% si se reciben una explotación agraria y el 95% si se les lega una empresa.

Tras aplicar este amplio esquema de beneficios fiscales, la comunidad autónoma que más recauda por este impuesto es Cataluña, con unos ingresos en 2017 de 433,4 millones de euros –la que tiene tipos más altos–, seguida de los 410,9 millones de Madrid, pese a que su bonificación es la máxima. Andalucía era hasta ahora las tercera de la clasificación, con 364,2 millones, pero bajará unos cuantos puestos en 2018, con la rebaja pactada por Susana Díaz con Ciudadanos, y volverá a hacerlo este año, con la práctica exención total del impuesto pactada por el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos –que ostenta la Consejería de Hacienda–. En 2017 la comunidad andaluza ya redujo su recaudación por este tributo en un 4% respecto a 2016, pero más la recortaron Canarias –un 29%–, Extremadura –13,3%–, Asturias –un 12,5%–. Esas mermas de recaudación fueron la consecuencia de aplicar ese año bonificaciones al 99% –Extremadura y Canarias– y nuevas reducciones –Asturias–.

Por el contrario, dispararon sus ingresos La Rioja –un 41,6%–, la Comunidad Valenciana –39,1%– y Baleares –26,5%–.

El consejo de administración de El Corte Inglés ha destituido a Dimas Gimeno como presidente y ha nombrado al hasta ahora consejero delegado Jesús Nuño de la Rosa en su lugar. Lo ha hecho casi por unanimidad. El cese fue apoyado por ocho de los nueve miembros del consejo presentes, ya que Dimas Gimeno no asistió. El representante del jeque catarí Hamad Bin Yasim Bin Jaber Al Thani se abstuvo cuando se votó el cese de Gimeno, pero apoyó la designación de Nuño de la Rosa como nuevo presidente, según han informado fuentes de la cúpula de la compañía.

Dimas Gimeno, que fue nombrado presidente en septiembre de 2014 tal y como había decidido su antecesor y tío, Isidoro Álvarez, ha anunciado que impugnará en los tribunales el consejo celebrado este jueves. La convocatoria que él mismo había realizado de un consejo extraordinario el 12 de julio queda, según explican fuentes próximas a Gimeno, a expensas de lo que determine el juez. El ya expresidente continuará como miembro del consejo al menos hasta que se celebre la junta general de accionistas en agosto. La asamblea puede entonces decidir también su cese en ese puesto. Y casi el 67% del capital ha apoyado su salida de la presidencia.

Tanto la Fundación El Corte Inglés, que preside Florencio Lasaga, como las hermanas Álvarez Guil apoyan el cese del presidente. La fundación posee el 37,39% de las acciones; las hijas de Isidoro Álvarez, a través de la patrimonial IASA, controlan el 15%. Dimas Gimeno tiene el 7% también a través de IASA, que en total cuenta con el 22% de El Corte Inglés y cuyo voto deciden las hermanas Álvarez Guil por ser las mayoritarias. Cartera Mancor, la sociedad patrimonial de la familia García Miranda, posee el 7%. Otro 9% está en manos de Corporación Ceslar, propiedad de la familia Álvarez Areces, que fue expulsada del consejo en 2015. El jeque catarí se hará con hasta el 12,5% cuando capitalice el préstamo de 1.000 millones de euros que concedió a la compañía hace tres años. Finalmente, los directivos de El Corte Inglés son los dueños de un 6% de las acciones.

Fuentes de la cúpula de la empresa se han felicitado por el resultado de la votación con la que, a su juicio, “recupera la normalidad en los órganos de gobierno de El Corte Inglés”. Además de destacar la “unidad del consejo”, las mismas fuentes sitúan al nuevo presidente y al consejero delegado, Víctor del Pozo, como quienes “mejor conectan con el espíritu de Isidoro Álvarez”. Ambos fueron promocionados por el anterior presidente, fallecido en 2014, cuando se encontraban en la treintena. “Son una apuesta por la profesionalización y la gestión”, aseguran.

Ocho meses de pugna interna

El cambio en el timón de los grandes almacenes se produce después de ocho meses de conflicto. El pasado octubre el consejo de administración desposeyó de competencias ejecutivas a Dimas Gimeno y nombró a dos consejeros delegados en su lugar: Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo. El primero quedó al cargo del área corporativa y el segundo, de la comercial. Se estrenaba una bicefalia desconocida en el gigante de la distribución. Al tiempo, prendía la pólvora. Gimeno abrió 2018 con una inusual actividad pública para un presidente de El Corte Inglés, con discursos en el Foro Económico de Davos (Suiza), la Cámara de Comercio de Barcelona, la Confederación de Altos Ejecutivos y Directivos (CEDE) y en el World Retail Congress, al lado del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero de puertas hacia dentro, las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez, Marta y Cristina Álvarez Guil, apoyadas por dos consejeros históricos, Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, acusaban a Dimas Gimeno de “deslealtad” con el legado del presidente fallecido. Su gestión era insatisfactoria, intentaba capitalizar la salida a Bolsa y otras decisiones que ya no le correspondían a él sino a los consejeros delegados después de no “no haber hecho nada en tres años y medio”, no fue capaz de formar un equipo y le han abandonado sus directivos… eran algunas de sus quejas. También le atribuían la campaña de “noticias falsas” sobre la empresa que los medios comenzaron a publicar en torno a los contratos supuestamente irregulares que el director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, había firmado con dos empresas de vigilancia de las que éste resulta ser propietario.

Por el contrario, Dimas Gimeno se presentaba como el gestor llamado a modernizar la empresa, a “ponerla en el siglo XXI, a abrir puertas y ventanas y levantar alfombras”, en lucha contra “la vieja guardia” reacia a instaurar “los principios del buen gobierno corporativo y la transparencia”. Tribunales, campaña mediática, negociaciones

Aunque la batalla no es sólo corporativa. La familia de Gimeno ha interpuesto hasta cuatro demandas judiciales relacionadas con la herencia de Isidoro Álvarez. Reclama la nulidad de la reducción de capital de IASA –la patrimonial que comporte con las hermanas Álvarez Guil– que se acordó para repartir bienes entre los herederos. La madre de Dimas Gimeno denunció también que heredó cinco millones de euros cuando, asegura, debieron ser 10 millones.

Para ganar la pugna en el consejo de administración, Dimas Gimeno intentó recabar el apoyo del jeque catarí, sin éxito según se ha visto después. Tampoco tuvo el de Paloma García Peña, quien representa a Cartera Mancor, la sociedad patrimonial de la familia García Miranda. Ni el de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y exdiputado del PP. El consejo ordinario que se celebró el 30 de mayo aprobó las cuentas de 2017 y dejó para el extraordinario de este jueves la decisión sobre la continuidad de Gimeno. Entre una reunión y otra el enfrentamiento ha seguido aireándose en los medios, entre anuncios de impugnación judicial por parte de Dimas Gimeno y de desmentidos de la cúpula sobre la ambición de Marta Álvarez Guil de auparse a la presidencia de la compañía. Al tiempo, se sucedían las negociaciones para buscar una “salida ordenada” del sobrino de Álvarez que, finalmente, ha sido imposible, pese a que el traspaso del poder a Nuño de la Rosa parecía el único punto de contacto entre ambas partes. Es el primer presidente de El Corte Inglés que no pertenece a la familia fundadora.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Nuño de la Rosa fue director general de Viajes El Corte Inglés desde 1998 hasta octubre de 2017, cuando fue nombrado consejero delegado del grupo. “El Corte Inglés es una compañía líder que ha destacado siempre por su capacidad de innovación y de adaptación a las nuevas necesidades de los clientes. Tenemos ante nosotros retos importantes y apasionantes para los que contamos con un gran equipo de profesionales. Estamos ilusionados y preparados para ganar ese futuro”, han sido sus primeras declaraciones como presidente de El Corte Inglés, tal y como las ha enviado la compañía en un comunicado.

La muerte de Isidoro Álvarez en septiembre de 2014 y su relevo por Dimas Gimeno ha llevado a El Corte Inglés a una insólita, y peligrosa, pugna por el poder que comienza a dirimirse este miércoles en la mesa de su consejo de administración. El gigante de los grandes almacenes, paradigma de solidez empresarial y hasta ahora casi imbatible en su sector, está aireando por primera vez en sus casi 80 años de historia la feroz bronca desatada entre el presidente no ejecutivo y las hijas de su antecesor.

El consejo de administración, en principio convocado para aprobar las cuentas del ejercicio de 2017, no destituirá a Dimas Gimeno. La decisión se espera para el consejo extraordinario que se celebrará en la primera quincena de junio y cuya convocatoria han solicitado cuatro de los 10 consejeros. Pero el ordinario tampoco será pacífico. Gimeno ha introducido en el orden del día nuevos asuntos: un plan estratégico con un calendario para la salida a Bolsa de la empresa, la incorporación de consejeros independientes y la auditoría encargada a Ernst & Young sobre unos contratos de seguridad de la compañía que han despertado sospechas.

En esa mesa el sobrino de Isidoro Álvarez no encontrará muchos apoyos. Ni para aprobar sus propuestas ni para evitar la destitución. De los 10 consejeros, las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil –las hijas de Isidoro Álvarez– cuentan con el respaldo de Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, dos históricos de la empresa, así como de Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, ambos nombrados consejeros delegados el pasado mes de octubre. También el de Paloma García Peña, que representa a Cartera Mancor, propietaria del 7% de las acciones. Las únicas dudas recaen sobre Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y exdiputado del PP, y Shahzad Sahabaz, representante del jeque catarí Hamad Bin Yasim Bin Jaber al Thani.

En realidad, la contienda se reveló hace siete meses, cuando en una decisión inédita el consejo retiró los poderes ejecutivos a Gimeno y nombró a De la Rosa y Del Pozo consejeros delegados, el primero al cargo del área corporativa y el segundo, de los grandes almacenes. “Fue toda una declaración de guerra”, esgrimen fuentes próximas a Gimeno, que consideran la medida un ataque a la “voluntad de Isidoro Álvarez”: “Él quiso que Dimas Gimeno fuera el presidente de El Corte Inglés”.

A su juicio, no había ninguna “razón objetiva” para desposeer al sobrino de sus funciones ejecutivas ni la hay ahora para destituirlo de la presidencia. Su gestión, añaden, ha sido buena, encaminada a “poner a la empresa en el siglo XXI, a abrir puertas y ventanas y levantar alfombras”. Las mismas fuentes plantean el clima de hostilidades como una batalla entre “la vieja guardia”,anclada en unos métodos de gestión desfasados, y un presidente empeñado en la modernización de la empresa y en aplicar “los principios del buen gobierno corporativo y la transparencia”.

Por el contrario, fuentes de El Corte Inglés críticas con Gimeno atribuyen la decisión de octubre a las deficiencias de la gestión del presidente. “No ha habido un plan estratégico, los beneficios y las ventas no han crecido al ritmo esperado y se ha recortado la rentabilidad”, aseguran. También se quejan de que Dimas Gimeno pretenda ahora “capitalizar” la salida a Bolsa, “cuando los dos consejeros delegados llevan preparándola desde octubre”. Le echan en cara también que no hiciera “nada”, ni preparar el estreno en el parqué ni elaborar un plan estratégico, en los tres años y medio anteriores que ha permanecido al frente de la empresa.

Como prueba de su deficiente desempeño, las mismas fuentes aseguran que le han abandonado un buen número de altos ejecutivos: la directora de Compras, el director de Redes Sociales, el de Marketing y el de Recursos Humanos. “No ha sabido hacer un equipo propio ni transmitir ideas de negocio que convenzan”, le reprochan. El otro bando replica que “a alguno se le ha invitado a irse y otros se han marchado por razones personales; por ejemplo, el responsable de Redes Sociales se ha mudado a Milán con su pareja”.

“Deslealtad”

Para las hermanas Álvarez Guil y sus apoyos dentro de la empresa, quien ha sido “desleal” con Isidoro Álvarez ha sido el sobrino. “Él dejó claro en el testamento que quería que las acciones de IASA [Isidoro Álvarez SA] se mantuvieran unidas”, destacan. Por el contrario, Dimas Gimeno quiere disolver la sociedad patrimonial, dueña del 22,18% del capital de El Corte Inglés y segundo mayor accionista tras la Fundación El Corte Inglés, que posee el 37,39% y preside Florencio Lasaga. IASA se reparte, tal y como dejó escrito Isidoro Álvarez en su testamento, entre un 69% para ambas hermanas y un 31% para Dimas Gimeno, su madre, María Antonia Álvarez, y su tío César Álvarez. El objetivo de segregar las participaciones sería controlar de forma directa lo que ahora es un control indirecto de las acciones de El Corte Inglés. En total, Gimeno y su familia poseen el 7,2% del capital. Las hermanas, a través de IASA, el 15%.

Las fuentes próximas a Marta y Cristina Álvarez Guil añaden más motivos de “deslealtad” para querer apartar a su primo de la presidencia. Le atribuyen la responsabilidad de una “campaña de difamación” tras filtrarse a la prensa los contratos firmados por el director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, con dos empresas de las que éste resulta ser propietario.

Dimas Gimeno pidió una auditoría sobre los contratos “hace tres años”, explican las fuentes próximas al presidente, “pero el consejo de administración sólo la aprobó hace tres meses”. Y se encargó a Ernst & Young, la misma firma que audita las cuentas de El Corte Inglés desde hace un año. “No quieren que se haga una auditoría”, acusan las fuentes, “que además debería encargarse a una firma especializada en forensic [investigación de fraudes], no al auditor de la compañía”.

Ernst & Young acaba de suspender sus trabajos, tras pedir a El Corte Inglés que realice primero su propia investigación sobre los contratos bajo sospecha.

Finalmente, las hermanas Álvarez Guil acusan a su primo de “defender sus intereses personales” en detrimento de la empresa. En esa hoja de ruta encuadran la intensa campaña pública que Dimas Gimeno emprendió una vez desposeído de sus funciones ejecutivos. Con un comportamiento desconocido hasta ese momento en El Corte Inglés, el presidente comenzó a protagonizar titulares. Primero fue en el Foro de Davos, donde se da cita cada año la élite económica y financiera mundial, después en la Cámara de Comercio de Barcelona y ante la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), para culminar en el World Retail Congress con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sus anuncios sobre el reto del comercio on line y sus propuestas de alianza con el pequeño comercio y otros grandes de la distribución frente a Amazon sorprendieron a muchos. También a la propia empresa, apuntan ahora los críticos a su gestión. “¿Por qué habla ahora del desafío del comercio electrónico y no lo ha hecho en estos últimos tres años y medio?”, se preguntan.

Por su parte, las fuentes próximas a Dimas Gimeno dirigen el tiro hacia Florencio Lasaga, que preside la Fundación El Corte Inglés y, dicen, es quien realmente manda. “Es una disputa sobre cómo gestionar la compañía, como siempre, como un cortijo, o como una empresa moderna”, resumen. El bando contrario lo desmiente con rudeza. “Dicen que quieren profesionalizar la gestión, ¿es que los consejeros delegados no son profesionales? Llevan 30 años en la empresa con cargos de la máxima responsabilidad y son profesionales de probada eficacia”, resaltan. Del Pozo era hasta ahora director de Retail y antes, subdirector de Compras, tras una carrera al completo en El Corte Inglés. De la Rosa ha sido director general de la compañía y de la filial de Viajes. Las fuentes no discuten la edad de Lasaga y Echavarría, 84 años, pero defienden su posición: “Algún día tendrán que jubilarse, pero han hecho muchísimo por esta casa”.

También la herencia

Aunque no sólo es una pelea por la gestión. También por la herencia de Isidoro Álvarez. Según las fuentes próximas a Dimas Gimeno, el anterior presidente “no lo hizo muy bien” cuando redactó el testamento. En este caso, las disputas se dirimen en los tribunales. La familia del sobrino ha presentado cuatro demandas en total. Reclaman la nulidad de la reducción de capital de IASA que se acordó para repartir bienes entre los herederos. La madre de Dimas Gimeno denunció también que heredó cinco millones de euros cuando, asegura, debieron ser 10 millones. Precisamente, el juicio por la primera demanda se celebrará este jueves, el día siguiente al consejo de administración que puede dar el primer empujón hacia la salida al presidente no ejecutivo.

Si Gimeno es destituido también de ese cargo en el consejo extraordinario, aún conservará su asiento en ese órgano. Pero puede quedar fuera, en cualquier caso, si así lo decide la junta de accionistas que se celebrará en agosto. Queda por ver qué votan tanto el jeque catarí como Manuel Pizarro. Y, entre los accionistas, cuáles son las lealtades de la Corporación Ceslar, poseedora del 9% de las acciones. Es la sociedad patrimonial de algunos de los sobrinos de Isidoro Álvarez, que también protagonizaron una agria disputa cuando se opusieron a la entrada del jeque de Catar en la empresa, acudieron a los tribunales y perdieron su puesto en el consejo.

Otro tanto ocurre con el propio inversor árabe, al que Gimeno ha intentado atraer a su causa y que se hará con hasta el 12,5% de las acciones cuando capitalice los 1.000 millones de euros que prestó a la compañía hace tres años. Al Thani también es el propietario de los grandes almacenes británicos Harrod’s y de los franceses Printemps, que adquirió no sin polémica.

Golpeado por la crisis

La crisis económica hizo sufrir a El Corte Inglés, un gigante que parecía inmune a cualquier contratiempo económico pero que terminó siendo adelantado por Mercadona a partir de 2010, primero en facturación y luego en beneficios. La caída del consumo hundió las cifras de los históricos grandes almacenes. Pasó de una facturación –17.898 millones de euros– y unas ganancias –747 millones– de récord en 2007 a desplomarse un 20,5% sus ingresos en 2013 y hasta un 84,2% los resultados en 2014. Tocó fondo, aunque desde entonces ha logrado recuperarse algo. Las últimas cifras conocidas son las de 2016 –El Corte Inglés cierra sus ejercicios en febrero y presenta las cuentas anuales en agosto–: ha aumentado su volumen de negocio hasta los 15.505 millones de euros y los beneficios hasta 161,9 millones..

Aun así, esas cifras quedan lejos de los tiempos de apogeo anteriores a la crisis. De hecho, la empresa no ha conseguido que su Ebitda –resultado bruto de explotación– crezca un 12% anual durante tres ejercicios como le había prometido al jeque catarí en su acuerdo para entrar en el capital. En 2015 aumentó un 10,4% y en 2016, un 7,5%. Cuando presentó sus últimas cuentas el pasado agosto, El Corte Inglés quitó a hierro a esos números en la confianza de que en 2017 el ebitda se dispare para compensar los porcentajes de los dos años anteriores.

Para este último ejercicio, Dimas Gimeno avanzó el pasado abril ante la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) que el beneficio iba a crecer “a doble dígito” y las ventas aumentarían “a un ritmo superior a la media del conjunto consumo”, sin precisar más.

Además, la crisis trajo convulsiones inéditas en una empresa de propiedad familiar, acostumbrada a negociar con sindicatos dóciles y con una nula exposición a los medios más allá de las campañas promocionales. A fin de salir del pozo de los peores tiempos de la crisis, El Corte Inglés tuvo que refinanciar una deuda de 3.650 millones de euros, lanzar una emisión de bonos por importe de 600 millones en la Bolsa de Irlanda y vender parte de la empresa a un jeque catarí por 1.000 millones más.

También recortó las condiciones laborales de su plantilla de tal forma que perdió entre 2013 y 2015 más de 3.000 trabajadores. La congelación de salarios, el aumento de jornada, la supresión del plus por trabajar los domingos y el recorte en las comisiones llevaron a un buen número de trabajadores a pedir la baja voluntaria durante esos años. Desde 2007, cuando El Corte Inglés tenía 109.800 empleados, hasta 2016, la plantilla se ha reducido en 18.110 personas. El año pasado se gastó 178 millones de euros en un plan de bajas voluntarias por el que dejaron la empresa 1.341 trabajadores.

Adiós a su rama industrial, el desafío electrónico

Otra de las víctimas de la crisis fue la rama industrial de El Corte Inglés, que comenzó a desmantelar en 2007, en un lento y continuado proceso que ha costado el puesto de trabajo a casi 3.000 personas. Induyco, fundada en 1955, llegó a ser una de las principales factorías textiles de España. Era el fabricante de marcas como Tintoretto, Síntesis o Amitie. En 1977 empleaba a 7.000 trabajadores, de los que en 2011, justo antes de su fusión con El Corte Inglés y posterior desaparición, quedaban sólo 908. Otra de sus empresas, Móstoles Industrial, la mayor factoría de esa ciudad madrileña y fabricante de los muebles de cocina Forlady, sufrió cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) en dos años, que diezmaron la plantilla: los 1.106 trabajadores de 2007 se quedaron en sólo 150 en 2015.

Al tiempo, ha tenido que hacer frente al desafío del comercio electrónico. Hasta el momento, El Corte Inglés no ha querido hacer público cuánto factura por internet. Sólo explica que en 2016 sus ventas on line crecieron un 40%, un 60% el número de sus pedidos por este canal y un 25% el tráfico en su web.

Pero, según la clasificación que elabora la feria de comercio electrónico y marketing digital eShow Barcelona, mientras Amazon facturó en España 4.241,1 millones de euros en 2017, las ventas por internet de El Corte Inglés se quedaron en sólo 683,8 millones. Es decir, la compañía de Jeff Bezos multiplica por seis las que hace Dimas Gimeno por internet. Si Amazon consiguió el año pasado 53 millones de pedidos en España, El Corte Inglés únicamente gestionó 3,7 millones.

El Estado prevé recaudar en 2017 un total de 202.593 millones de euros, de los cuales una parte son cedidos a las comunidades autónomas. Con los porcentajes que se repartieron en 2015, el último ejercicio del que ofrece datos cerrados la Agencia Tributaria, el 82% de los ingresos impositivos autonómicos procedían de la parte que las comunidades reciben del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales recaudados por el Estado. El 11% proviene del Impuesto sobre el Patrimonio, así como el de Sucesiones y Donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales, totalmente cedidos a las comunidades autónomas.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Consejo General de Economistas de España, ha detallado en su Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018 la gestión que hacen las comunidades tanto de sus impuestos propios como de los cedidos y transferidos por el Estado. Entre los cedidos, la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio en 2015 ascendió a 983,66 millones de euros, tras experimentar una reducción del 58% respecto a 2008, antes de la crisis. El desplome lo explica el REAF en el hecho de que en 2011 se estableció por defecto un mínimo exento de 700.000 euros y una exención de la vivienda hasta 300.000 euros. Además, la Comunidad de Madrid lo bonifica al 100% –no hay que pagarlo, pero sí declararlo a partir de dos millones de euros– desde 2008.

En comparación, la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sólo ha caído un 3,47% desde 2008 hasta 2015, ejercicio en el que las arcas públicas ingresaron por este concepto 2.241 millones de euros. El informe explica la escasa disminución porque la valoración de los inmuebles, tal y como se establece en la ley, no descendió durante la crisis tanto como el mercado inmobiliario. Sin embargo, tras los cambios normativos aprobados por las comunidades autónomas el año pasado, las cifras van a cambiar. Y a la baja.

Ocho comunidades autónomas aplicarán a partir de este año un total de 134 reducciones, deducciones y bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y otras 94 en el de Donaciones que recortarán los ingresos del fisco. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja y Navarra han emprendido lo que el REAF llama una “perversa carrera”, compitiendo por rebajar el impuesto y arriesgándose a su “desaparición”, pese a la importancia que le otorga “para la equidad tributaria intergeneracional”.

Batería de descuentos

Así, en 10 comunidades los descendientes pagan sólo “importes simbólicos” y en otras no tributan si la herencia no supera el millón de euros (Andalucía) o los 400.000 euros (Castilla y León). Cantabria bonifica al 100% si no llega a 100.000 euros, la Comunidad Valenciana al 75%, y Cataluña lo gradúa del 99% al 20% de forma inversamente proporcional a la base imponible. Además, en Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja los cónyuges y ascendientes que hereden no tributarán a partir de este año. En el País Vasco, sólo tributarán al 1,5%. En Cantabria disfrutan de una bonificación del 90%. En Castilla-La Mancha, los descuentos van del 80% al 100%. En Baleares, pagan sólo del 1% –hasta 700.000 euros– al 20%. En Galicia tributarán del 5% al 18%. El tipo estatal es muy superior: el 34%.

Otro tanto ocurre con el Impuesto sobre las Donaciones. Madrid y Murcia bonifican el 99%, Canarias el 99,9%. Castilla-La Mancha, del 85% al 95%. La Rioja, del 98% –si la base liquidable supera los 500.000 euros– al 99%. En Illes Balears sólo se paga el 7% de la base liquidable, en Aragón se aplica una reducción del 65% para bases por debajo de los 75.000 euros… También hay reducciones para sucesiones y donaciones de empresas familiares en casi todas las comunidades autónomas.

El informe del REAF no calcula cuánto les va a costar al conjunto de las haciendas autonómicas esa competencia por desnudar los impuestos que gravan la riqueza, la que se posee (Patrimonio) y la que se hereda (Sucesiones), pero sí detalla lo que dejarán de ingresar cuatro comunidades. Andalucía perderá un 15,34% de su recaudación en el Impuesto sobre el Patrimonio y un 53,89% en el de Sucesiones. El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía cifraba en un 10,8% la caída de los ingresos por este tributo en 2018 tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos que lo recorta. Illes Balears perderá sólo un 0,1% en el Impuesto sobre Patrimonio y un 13,13% en el de Sucesiones. En Cantabria el agujero en ambos será mayor: un 38,88% en el primero y un 67,71% en el segundo. Finalmente, La Rioja dejará de ingresar un 30,36% en Patrimonio y otro 76,96% en Sucesiones.

Aragón y Extremadura, donde más hay que pagar

El informe del REAF utiliza ejemplos para comparar la carga de cada impuesto en las diferentes comunidades autónomas. Para quien tiene un patrimonio de hasta 800.000 euros –sin contar la vivienda de hasta 300.00 euros–, Aragón es la hacienda más cara, aunque no mucho: el contribuyente deberá pagar sólo 1.164 euros –en Madrid, nada; en La Rioja, 50 euros–. Si el patrimonio alcanza los cuatro millones de euros o supera los 15 millones, donde más tendrá que ingresar será en Extremadura: 59.919 euros y 418.155 euros, respectivamente.

En el Impuesto sobre Sucesiones, el documento utiliza el caso de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido. De nuevo es en Aragón donde más debe tributar, 155.393 euros, seguida de Asturias y Castilla y León. En Andalucía le saldría gratis la herencia. En Cataluña sólo pagaría 9.796 euros y en Madrid, 1.586. En Canarias, 134 euros.

Además de alertar sobre la pérdida de recaudación en estos impuestos, el Consejo General de Economistas critica el “caos normativo” que lastra, en particular, el Impuesto sobre Sucesiones, al tiempo que pide una “armonización más estricta” de éste y del Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, reclama una definición única de la base y el establecimiento de una tarifa mínima en todo el territorio.