Gobierna once (11) de diecisiete (17) Comunidades Autónomas. Tiene más territorio que cualquier otro partido en España. Y, aun así, no tiene un proyecto de financiación autonómica propio.

Criticar es fácil. Proponer, motivar soluciones, imposible. Eso es lo que muestra la oposición ante la propuesta del Ejecutivo: mucho poder, pero cero responsabilidades.

El Gobierno propone un sistema técnico y claro: más recursos para todas las comunidades: mayor cesión de IRPF e IVA. Reducción de desigualdades históricas: mecanismos de nivelación por habitante ajustado.

Criterios objetivos: población, necesidades sociales y capacidad fiscal. Beneficia a la mayoría de las comunidades, incluso a varias gobernadas por el PP. La justicia territorial no es una promesa: es un cálculo real, medible y transparente.

El PP domina el mapa, pero carece de propuesta propia, individual o colectivamente. Denuncia favoritismos hacia otras comunidades. Critica supuestos problemas técnicos. Pero no presenta cifras, ni criterios, ni alternativas. En resumen: se limita a la política de desgaste, mientras España necesita soluciones. Equidad real, no gestos políticos. Algunas comunidades reciben más dinero que otras. Eso no es injusticia: es corregir desigualdades históricas. Por primera vez, cada ciudadano podrá acceder a servicios públicos equivalentes, sin importar su comunidad. El modelo no reparte igual, reparte lo que es justo.

En definitiva. El Ejecutivo propone un modelo sólido, transparente y equitativo. El PP, con su mayoría territorial, no propone, no concreta nada. Criticar sin ofrecer alternativa es fácil. Liderar con ideas requiere responsabilidad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez, según ha informado EFE.

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo en un acto en Zaragoza, acompañado de todos los barones del partido.

Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la Declaración de Zaragoza, un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.

En el escenario del auditorio del World Trade Center de Zaragoza, los barones del PP han firmado el documento junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Todo ello en respuesta a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

Una propuesta rechazada en bloque por los presidentes autonómicos del PP, quienes la consideran un pacto entre los independentistas para mantener a Sánchez en el poder.

De hecho, el PP ha advertido que, si el Congreso aprueba la ley sobre financiación autonómica que se elabore en base a la nueva propuesta presentada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, será derogada cuando Feijóo llegue a la Moncloa para implementar otro modelo.

La cumbre de Zaragoza, anunciada por Feijóo el fin de semana pasado en la 28ª Interparlamentaria de A Coruña, tiene el objetivo de mostrar a un PP en bloque contra Sánchez y la ministra de Hacienda, candidata a las elecciones de Andalucía. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado que en la reunión de líderes autonómicos de su partido de este domingo acordarán pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "retire" su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, porque "nadie" lo apoya, según recoge EFE.

Solo Cataluña quiere el nuevo modelo propuesto, ningún otro gobierno autonómico, ha dicho Feijóo en una intervención ante la prensa en Lanave (Huesca), emitida en streaming por el partido.

Feijóo tendrá un encuentro el domingo en Zaragoza con los barones de su partido y el lunes por la tarde se reunirá en la Moncloa con Sánchez durante una hora, que será el primer contacto de la ronda prevista por el presidente del Gobierno con el resto de formaciones parlamentarias.

Una ronda de Sánchez para tratar sobre el envío de tropas a Ucrania, aunque Feijóo ya avisó esta semana de que aprovechará para solicitar a Sánchez la retirada de su propuesta de financiación autonómica.

Feijóo ha dicho en Lanave que "nadie ha apoyado" ese nuevo sistema, cuyo origen, ha recordado, es un pacto entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, salvo Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa.

A juicio de Feijóo, "eso acredita" que la intención de Sánchez es "comprar más meses de Gobierno", ya que llegó a la Moncloa "entregando el Código Penal al separatismo", en referencia a la ley de amnistía, y pretende mantenerse "entregando más dinero al separatismo".

Según Feijóo, Aragón será una de las comunidades "peor financiadas" si ese nuevo sistema resulta aprobado.

Ha prometido que, si el PP gobierna, "las inversiones en autovías, infraestructuras hidráulicas y en puertos, aeropuertos y ferrocarril volverán a ser una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado".

En concreto, se ha "comprometido" a finalizar la variante sur de Huesca, unir las autovías A22 y A23, y desdoblar los tramos pendientes de la A21, para unir Lanave con Sabiñánigo.

Previamente, en otra breve intervención, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y candidata del PP por Huesca a las elecciones al parlamento aragonés del 8 de febrero, ha hecho hincapié en las infraestructuras viarias que requiere la provincia para, ha explicado, facilitar la accesibilidad "de los turistas" al Pirineo.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que es "mentira" que se haya pactado "un cupo separatista" en la nueva propuesta de financiación autonómica, informa EFE.

"Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña", ha apuntado en una rueda de prensa tras la cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno.

Según Montero, todos los datos ponen de manifiesto que siempre que se ha planteado una propuesta para un territorio se ha hecho extensivo al resto de territorios y que "no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma".

Noticia en ampliación

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

La reunión ha terminado poco antes de las 14:30 horas de este mediodía tras de más de cuatro horas de debate, centrado fundamentalmente en que Montero expusiera los detalles del nuevo sistema, que necesitaría la mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.

El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, o la consejera de Madrid, Rocío Albert, han expresado tras el encuentro, y en declaraciones a los periodistas, que todas las comunidades autónomas participantes en el encuentro, salvo Cataluña, han manifestado su desacuerdo.

Albert ha explicado que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña. ¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación, que la mayoría de ellas rechaza, será voluntaria, según informa EFE.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que Montero ha trasladado esta circunstancia a los representantes de las comunidades que asisten al Consejo de Política Fiscal y Financiera que este miércoles debate en Madrid la propuesta de financiación planteada por el Gobierno central.

Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en 2009.

La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema-, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra de Hacienda.

Además, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los representantes de las comunidades que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera está reunido en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid desde las 10:30 horas, con nulas perspectivas de consenso acerca del modelo de financiación planteado por el Gobierno y acordado previamente con ERC, de acuerdo con lo avanzado por las distintas comunidades.

Únicamente la consejera catalana de Economía y Finanzas ha mostrado, en declaraciones a la prensa a su llegada al Ministerio de Hacienda, una buena disposición hacia el nuevo sistema, mientras todas las comunidades gobernadas por el PP y al menos Castilla-La Mancha entre las socialistas, han expresado su rechazo.

El 2026 ha arrancado con uno de los 'melones' que el Gobierno se había resistido a abrir hasta ahora: el de la financiación autonómica. La propuesta busca renovar el actual modelo que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y que está caducado desde hace doce años. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez surge de un acuerdo con Esquerra Republicana en 2024 pero supone más recursos no solo para Cataluña sino para todas las autonomías, una mayor cesión de impuestos y una reducción de las brechas de financiación entre territorios.

La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que integra al Gobierno central y a los autonómicos donde se debaten y votan las cuestiones que afectan a ambos organismos, y en el Congreso posteriormente. Este último será el escollo más difícil para el Gobierno, tanto por la negativa del Partido Popular como la de Junts, que tacha de insuficiente el acuerdo.

Este miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá el CPFF, con una mayoría de consejeros de ramo del Partido Popular, que acudirán a la cita pero que —como ya sucedió en el consejo que aprobó la quita de la deuda autonómica— podrían amagar con levantarse de la mesa en señal de protesta pese a que, según el reparto anunciado por Montero, las comunidades controladas por las derechas recibirán el 70% de los nuevos fondos.

Lo cierto es que la mayor parte de las autonomías del PP no están cómodas con el modelo actual, que caducó en 2014. En aquel entonces era Mariano Rajoy quien presidía el Gobierno, pero fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. En las dos primeras legislatura con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso y el complejo calendario electoral.

La propuesta que presentó la ministra de Hacienda el pasado viernes ampliaría en 21.000 millones los recursos que se reparten entre las comunidades y las principales beneficiarias serían Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Unos fondos que saldrían de una mayor cesión de impuestos a las autonomías, que pasarían a recaudar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, en lugar del 50% actual, aunque el Estado aportaría también más. Una de las novedades pasaría por el cambio en las reglas de reparto, con el objetivo de que las autonomías dependan más de "lo que cuesta dar servicios", la llamada población ajustada, y de un mecanismo de solidaridad.

Con todo, todavía falta por conocer mucha "letra pequeña" de esta propuesta, tal y como subraya Jesús Ruiz-Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. El experto, eso sí, destaca que la propuesta "trata de salir del impás" del modelo actual. "Lo más significativo es que hay un importante volumen de recursos. Eso significa poner trabas al desequilibrio vertical, es decir, a las autonomías que se encontraban con insuficiencia de recursos. Eso es importante y se hace realizando nuevas propuestas y ajustando los problemas actuales", explica a infoLibre.

Hacienda ha planteado ajustes metodológicos en el cálculo de la población ajustada, la principal variable de reparto de los recursos del sistema. Este indicador se corresponde a la población real de cada territorio, ponderada por variables que influyen en el coste de prestar los servicios públicos básicos, como el envejecimiento o la dispersión geográfica. Pero también garantiza a Cataluña el "principio de ordinalidad", que implica que las comunidades que más aportan a la financiación común no se queden después rezagadas en el reparto de los recursos del sistema.

Esto último es lo que ha provocado el enfado de algunas comunidades del PP y de otras socialistas como Castilla-La Macha, pero a juicio de Ruiz-Huerta no es "ninguna barbaridad" ya que "es lógico que haya una redistribución" pero también tiene sentido que las comunidades que más aporten pidan un retorno similar. "La filosofía general, y es necesario que la gente lo sepa, es que ordenamos las autonomías según su capacidad de obtención de recursos", señala. El experto afirma que hay muchas "variables" a tener en cuenta y a veces hay que "ajustar" el reparto, pero que con este modelo la diferencia entre "la que mas recibe y la que menos se recorta sustancialmente".

Tal y como explicó Montero, uno de los objetivos es ese. Es decir, reformar el "mecanismo de solidaridad interterritorial" para reducir la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor, una brecha que actualmente alcanza los 1.500 euros por habitante y que con el ajuste diseñado se estrecharía hasta los 700 euros. Frente al discurso enarbolado por la derecha de que 'España se rompe' con este reparto, Ruiz-Huerta subraya que, según lo que conocemos, se trata de "un reparto razonable" porque "ninguna autonomía va a perder": "Todas van a ganar", zanja.

Desde que se anunció el acuerdo en 2024, los barones autonómicos del PP han rechazado el modelo antes de conocer los detalles argumentando que únicamente iba a beneficiar a Cataluña y a conferirle unos privilegios territoriales sobre el resto. La realidad es mucho más compleja, ya que las autonomías del PP tienen intereses contrapuestos en función de las especificidades de sus territorios. Eso no ha impedido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cite a sus barones este domingo en Zaragoza para "fijar una postura común". El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, también prometió que su formación aprobará un nuevo sistema de financiación autonómica "en un año" si llega a la Moncloa.

Las autonomías de la derecha se quejan de manera habitual de la cantidad de recursos que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección: la de bajar impuestos.

La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades del PP. La que defienden Juanfran Pérez Llorca, Juanma Moreno y Fernando López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población. En el caso valenciano, se reconoce que la propuesta puede aportar un aumento "sustancial" de recursos, pero se insiste en que sin condonación de deuda ligada a la infrafinanciación —o con un fondo transitorio previo— el problema no queda resuelto. Todas ellas insisten en que el modelo debe ser multilateral y "sin singularidades" pese a que el actual reparto les beneficia.

Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. Algunas de ellas rechazan frontalmente la "ordinalidad", ya que según ese criterio serían las que menos fondos recibirían.

El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio citado anteriormente: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos. En ese sentido, las dos comunidades presididas por Isabel Díaz Ayuso y por Marga Prohens critican que solo se aplique a Cataluña, lo que a su vez choca con lo que demandan otras autonomías del PP.

Para el director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas "es normal que los políticos de cada comunidad intenten defender sus intereses", pero cree que que es "importante romper la dinámica partidista" y califica de "lamentable" los intentos de hacer una "guerra" con esta cuestión. "En las negociaciones hay que ceder y es muy importante tener lealtad institucional, porque al final al quien acaba repercutiendo es a la ciudadanía", zanja.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes el "máximo respeto" a la presencia de Repsol en Venezuela y a los "criterios privados" con los que opera, que son "absolutamente legítimos", informa EFE.

Sánchez ha contestado así en la rueda de prensa en Madrid junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, acerca de la intención de la empresa de invertir con fuerza en Venezuela en el escenario abierto tras el secuestro de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

El presidente del Gobierno ha indicado que para una transición democrática en Venezuela es necesaria "también" la presencia y cooperación económica de compañías privadas.

Por eso, además de respetar, el Gobierno "aprecia" la presencia de empresas españolas en Venezuela y otros países latinoamericanos.

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno siempre ha defendido "los intereses de Repsol en todos los foros internacionales y ante todos los gobiernos".

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo ha explicado que el pasado viernes trasladó a la presidenta "temporal" de Venezuela, Delcy Rodríguez, la "necesidad de seguir liberando presos políticos" y ha reconocido la labor que realiza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.

Sánchez ha recordado que también habló con el líder opositor Edmundo González, refugiado en España, y ha destacado asimismo la conversación que mantuvo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y también con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica" y que debe dirigir al país a unas "elecciones libres, transparentes y limpias", ha subrayado.

Sánchez ha reconocido el trabajo que está haciendo Zapatero para la liberación de presos políticos, convencido de que "su buen hacer", junto al de otro actores y países cuya labor ha sido reconocida por las autoridades venezolanas, está haciendo posible las excarcelaciones que comenzaron el viernes.

En este contexto se ha congratulado por la liberación de los presos españoles y por su regreso a casa, como prometió a los familiares de tres de ellos cuando les recibió el pasado diciembre.

Sobre EEUU y su vínculo con Europa, Sánchez, ha defendido de forma reiterada el pro-atlantismo de España, pero entendiéndolo como una relación de igual a igual entre la Unión Europea y el país norteamericano, no de "vasallaje" de los europeos ante la administración que ahora encabeza Donald Trump.

Además de cuestiones como Ucrania y Venezuela, los jefes de Gobierno de España y Grecia han abordado las aspiraciones de Trump sobre Groenlandia, después de que el presidente de Estados Unidos haya afirmado su determinación de controlar este territorio "por las buenas o por las malas".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que España firmó la pasada semana una declaración junto a otros países europeos sobre este asunto y se ha mostrado convencido de que se puede garantizar la seguridad en el Ártico. A su juicio, lo fundamental es ser conscientes de que la seguridad colectiva no es contradictoria con la seguridad de un país como Estados Unidos.

Por ello ha subrayado que todos han de contribuir a esa seguridad colectiva, y ha destacado que España lo demuestra de forma continua poniendo como ejemplo que tenga más de 2.000 efectivos militares desplegados en el este de Europa ante la amenaza del "neoimperialismo" del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Somos un Gobierno pro-atlantista que defendemos la vigencia y el vigor de la Alianza Atlántica, pero esa relación no admite desigualdades y es importante trabajar conjuntamente desde el respeto y teniendo en cuenta la comunión de valores y principios de todos los países occidentales", ha añadido antes de insistir en su idea de que no puede haber una relación de "vasallaje", sino de igual a igual.

La defensa de esos valores cree que debe aplicarse tanto ante las aspiraciones de Putin o "ante cualquier otra cuestión que tenga que ver con la violación del Derecho Internacional", en alusión a las pretensiones de Donal Trump con Groenlandia.

Por su parte, Mitsotakis ha señalado que el futuro de Groenlandia le corresponde decidirlo a este territorio y a Dinamarca, y que la Unión Europea debe estar en primera línea en la defensa del territorio de todos sus estados.

Pero se ha mostrado convencido de que se pueden encontrar soluciones sobre los asuntos de seguridad en el Ártico en beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico, y, ante ello, ha apelado a una Unión Europea unida.

Respecto a la relación bilateral entre España y Grecia, los dos jefes de Gobierno han destacado el buen momento que atraviesan y la importancia de la colaboración conjunta ante intereses comunes de la agenda europea.

Así, se han referido en concreto a la negociación del próximo presupuesto comunitario, con especial relevancia para los dos países con lo que se decida destinar a la política agraria común, o el cumplimiento del pacto migratorio

De la misma forma, Sánchez y Mitsotakis han resaltado la transformación económica de España y Grecia, en cuyo contexto, el presidente del Gobierno ha señalado que eran considerados los "enfermos de Europa" no hace muchos años y ahora son un referente y un motor de progreso.

Sánchez, que ha resaltado asimismo la importancia del acuerdo final al que la UE ha llegado con Mercosur, ha coincidido con su homólogo griego en la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania y buscar la paz definitiva en Oriente Medio.

Cambiando de tema, el presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que su socio de Sumar en el Ejecutivo de coalición, al igual que otros aliados parlamentarios, acabarán apoyando su plan para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Sánchez ha defendido la iniciativa que el Gobierno canalizará a través de un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas y cuyo contenido está trabajando "con todos los socios", ha aseverado.

Sumar, miembro del gobierno de coalición, ya ha advertido de que no va a apoyar en el Congreso la convalidación de ese decreto porque, en opinión del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se trata de una propuesta "ineficaz" e "injusta".

El jefe del Ejecutivo ha explicado que como hay comunidades autónomas que no están aplicando los preceptos de la Ley de Vivienda, que a su juicio permitirían frenar la subida de los precios, el Gobierno tiene que recurrir a herramientas propias para intentarlo, en este caso incentivando fiscalmente a los propietarios que acepten no subir el alquiler a sus inquilinos.

Y ello, en un momento en que, ha recordado, se van a actualizar más de 600.000 contratos de alquiler que cumplen cinco años, lo cual podría suponer un alza superior a la permitida para las revisiones anuales. Sumar plantea resolver este problema prorrogando los contratos que vencen este año.

Pedro Sánchez ha apuntado que "pese al debate" en el seno del Gobierno de coalición y a la posición de otros grupos -Podemos también lo ha rechazado-, él está seguro de que acabarán aprobando una medida que es "buena para la gente" y que no enfrenta a propietarios e inquilinos, sino que los une en favor de un "bien común".

Sobre la nueva financiación, Sánchez ha pedido este lunes a los gobiernos autonómicos que dejen a un lado el partidismo y apoyen el sistema que su Ejecutivo presentó la semana pasada y que, por ahora, no ha recibido apoyos para garantizar su viabilidad.

En respuesta a los periodistas, ha hecho “un llamamiento a todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que tienen presencia en gobiernos autonómicos, para de que dejen de lado la disputa partidista y piensen en sus ciudadanos y en mejorar la financiación de los servicios públicos, que se lleva en muchos casos más de un 60 o un 70% de sus presupuestos”.

También ha dirigido el mismo “llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias. Espero que podamos sacar adelante el sistema nuevo de financiación autonómica en este año”, ha dicho.

Sánchez ha señalado que “este Gobierno ha dado a las comunidades autónomas más recursos que nunca. Estamos hablando de un de un 47% más de lo que dio la anterior administración a las comunidades autónomas”.

Ha recordado que su nuevo modelo garantiza con 21.000 millones de euros más la financiación de la Sanidad, la Educación o la Dependencia.

Estos recursos proceden, ha explicado, “de la renuncia que hace la Administración General del Estado a financiar otras políticas públicas”, una decisión que demuestra su voluntad de “robustecer” los servicios sociales.

“No hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos, eso que cohesiona a una sociedad. Creo que once años después de caducado el modelo anterior, este gobierno pone una solución encima de la mesa que salvaguarda la multilateralidad, y que no hace perdedores, porque todos ganan”, ha explicado.

“Estamos en un momento económico en el que podemos garantizar esa financiación extra a las comunidades autónomas, porque España está creciendo", ha explicado, antes de llamar a todas las fuerzas a aprovechar la ocasión. Así, se ha mostrado convencido de que “podremos sacar adelante” la propuesta “en este año”.

“Este Gobierno tiene una experiencia contrastada”, ha añadido, en “sudar la camiseta y dialogar con las fuerzas parlamentarias para sacar cosas que inicialmente pueden parecer difíciles”.

El PP y Junts han anunciado que no van a apoyar el nuevo sistema que anunció la semana pasada el Gobierno. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá el miércoles próximo con los consejeros económicos de las comunidades para explicar en detalle la propuesta.

El proceso para renovar la senda de déficit ha echado andar. Y el PP ya ha cerrado la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE a pesar de tener en su poder la mayoría de las comunidades autónomas y de que la propuesta colocada encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda suponga un margen fiscal para las administraciones regionales en su conjunto de 5.485 millones de euros adicionales hasta 2028.

Ese abismo entre el Gobierno central y las administraciones del PP quedó reflejado en la reunión del lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien se encontró un frente constituido por las comunidades gobernadas por el PP, que se instalaron en el ‘no’ a pesar de esa capacidad de gasto extra que supone la hoja de ruta emprendida por el Ejecutivo central.

La nueva senda de estabilidad impulsada por el Gobierno, que pasa este martes su aprobación en Consejo de Ministros y que se enviará posteriormente al Congreso, fija para las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB en los tres próximos ejercicios. Esto supone, según los cálculos de Hacienda, un margen fiscal de 5.485 millones de euros.

Pero esa capacidad no está asegurada en estos momentos para las comunidades porque no goza de mayoría en la Cámara Baja. El Ejecutivo entiende, tras la reunión de este lunes, que Génova 13 no facilitará su tramitación en el Parlamento a pesar de que las autonomías populares son mayoría y podrían contar con más recursos para financiar competencias como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.

El Gobierno quedará, si el PP no hace un sorpresivo giro final, otra vez en manos de Junts. Los de Carles Puigdemont ya hicieron caer, junto a populares y Vox, el último intento de Hacienda de aprobar una nueva senda en julio de 2024. Además, ahora siguen manteniendo que van a bloquear la legislatura. Según establece la ley de estabilidad presupuestaria (en el artículo 15.6), si el Ejecutivo no saca adelante los objetivos de estabilidad, tendrá que volver a presentarlos antes las Cortes en el plazo de un mes.

La intención de Hacienda es que esa votación, y la posible segunda ronda, se puedan celebrar en sesiones plenarias en el Congreso antes de que finalice el año. Y apelan directamente desde el Gobierno a los socios de investidura para que respalden los nuevos objetivos porque dan un mayor colchón de gasto a las autonomías. En caso de que se rechace las dos veces, el objetivo de las comunidades pasará a la estabilidad presupuestaria, es decir, un déficit cero. No podrán gastar más de lo que ingresan y perderán el colchón de déficit que el Gobierno propone para permitir algo más de gasto público.

La senda de déficit es el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No obstante, si no sale, no impide al Ejecutivo que pueda presentar las cuentas públicas (sobre las que no tiene fecha aún). Pero sí supone una señal políticamente negativa de no tener ni siquiera una mayoría a la hora de distribuir esos objetivos de estabilidad en el conjunto de las administraciones.

No obstante, la propia vicepresidenta Montero puso la venda antes de la herida y recordó, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en caso de no salir su plan será la propia Administración General (AGE) la que salga beneficiada porque asumirá esa capacidad de margen fiscal que perderían las comunidades. El plan respecto a la AGE fija estas metas de déficit: 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028. 

El Gobierno no ha logrado atraer al Partido Popular a pesar también de haber anunciado unas transferencias históricas para las autonomías. Las entregas a cuenta para el año que viene ascenderán hasta los 157.731 millones de euros (un 7% más que este año). A lo que hay que sumar, según trasladó Hacienda a los consejeros del ramo, la liquidación de 2024, que elevaría la cifra total hasta los 170.300 millones de euros.

Las comunidades del Partido Popular rechazaron la senda alegando principalmente que el reparto del déficit es “asimétrico” y tan sólo se da un 0,1% a las autonomías. Además, entienden desde el PP que todo es un “paripé” porque el Gobierno central no va a conseguir aprobar los presupuestos generales. Desde Hacienda rechazan, en cambio, esa crítica de “asimetría” porque indican que dentro del objetivo de la Administración General se incluye, por ejemplo, el 1,4% respecto a la Seguridad Social. Para los socialistas, se trata simplemente de una maniobra de Génova 13 pensando en su oposición a Pedro Sánchez y obviando los propios intereses de sus gobiernos regionales.

Este ‘no’ del Partido Popular también pone muy difícil la casilla de salida para el nuevo sistema de financiación autonómica. La idea que tiene el Ministerio de Hacienda es concretar ese modelo a las autonomías en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de enero. A María Jesús Montero le gustaría que se aprobara ese proyecto de ley durante esta legislatura y que estuviera ya en vigor en 2027. Al Gobierno le gustaría sacarla de la mano de PP (que pilota la mayoría de autonomías), aunque es consciente de que, ahora, ese respaldo parece imposible.

Hacienda no pone cifras concretas sobre ese modelo y no especifica qué intención tiene respecto a la cesión de impuestos a las autonomías para que tengan mayor capacidad fiscal. Lo que sí contempla es que haya espacios para la bilateralidad dentro del sistema multilateral de las comunidades del régimen común y sigue pensando que hay margen para introducir el polémico principio de ordinalidad que exigen las fuerzas independentistas catalanas.

El Ministerio de Hacienda presentará a finales de enero una propuesta de nuevo modelo de financiación de las comunidades de régimen común que englobará de forma conjunta a todas las autonomías y todas las variables de ingresos y gastos, y que espera que las Cortes aprueben esta legislatura y entre en vigor en 2027.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su plan este lunes a los consejeros del ramo, reunidos en Madrid durante casi cuatro horas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y lo ha explicado después en una rueda de prensa.

Ha dicho que el Ministerio está trabajando en los cálculos y que ultimarán la propuesta en dos meses, para presentarla a finales de enero o en febrero a más tardar en otro CPFF, y que debido al novedoso diseño, concebido "por partes que se acoplan", no podrá dar cifras "hasta que no esté terminado", ya que si tocan una variable tienen que retocar otras.

Montero ha propuesto a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece un margen presupuestario adicional de 5.485 millones en este periodo, según sus cálculos. Las comunidades del PP han rechazado el objetivo de déficit por "asimétrico" a favor del Estado.

Hacienda tenía garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad, ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le bastaba con los votos de las comunidades gobernadas por el PSOE, aunque las del PP hayan votado en contra y Canarias (con un gobierno de Coalición Canaria y PP) se haya abstenido.

Por tanto, Montero no ha detallado cómo será el nuevo modelo, pero sí ha señalado que no descarta que se incremente el porcentaje cedido a las comunidades autónomas del IRPF y el IVA, cuya parte autonómica es ahora del 50%. "Hemos dicho a las comunidades que de algunas figuras tributarias vamos a aumentar la gestión, no me pregunte cuál y cuánto", ha contestado Montero, en referencia a la explicación del modelo dada a los consejeros autonómicos en el CPFF.

También ha apuntado que en la reunión no han hablado de la creación 'ex profeso' de nuevos impuestos para la financiación autonómica, pero sí de la posibilidad de que sea cedida la gestión de alguno ya existente, como el de la banca.

Además, Montero ha indicado que no descarta que el principio de ordinalidad esté incluido en el nuevo modelo, que "podría contemplarlo".

En declaraciones a la prensa, varios consejeros de comunidades gobernadas por el PP han indicado que no creen que Montero cumpla el plazo de presentar la nueva propuesta y, especialmente, que esté basada en la "bilateralidad", porque primero se negocia una financiación singular con Cataluña, lo que es "incompatible con la multilateralidad" del sistema de régimen común.

Al respecto, Montero ha subrayado que "se puede incorporar una bilateralidad sin que compita con el resto de las bilateralidades del sistema", para señalar así que el Gobierno puede simultanear las negociaciones con cada comunidad.

Ha recalcado que la intención del Ministerio en los años anteriores fue ofrecer una mayor participación de las comunidades en el diseño, al debatir "por trozos" cada variable, como dispersión poblacional o fondos de nivelación, y que no lo apoyaron, y que ahora el modelo que presentarán a principios de 2026 será íntegro, tras ajustar las piezas, se quejarán de que no pueden participar.

La ministra cree que el PP tendrá que decidir si apoyará un modelo para todas las comunidades, sin tener un discurso diferente en cada una sobre las variables de la financiación autonómica, pero que, según lo expuesto por los consejeros en el CPFF, no le permite ilusionarse en que el PP "quiera siquiera discutirlo".

La consejera madrileña, Rocío Albert, ha calificado la propuesta de Montero de "un maremágnum", en el que demuestra que "no tiene nada hecho" y que intenta "nadar y guardar la ropa para poderse presentar de candidata a Andalucía y cumplir con Cataluña".

Muy crítico ha sido también el murciano, Luis Alberto Marín, al señalar que Montero "ha tenido siete años" para su propuesta y la hará ahora en dos meses "de forma precipitada" y con unas "cuentas de la lechera". De que "la bilateralidad es incompatible con la multilateralidad" se ha quejado la consejera andaluza, Carolina España.

La valenciana, Ruth Merino, ha definido el plan de la ministra como "un espejismo", porque parecía que iba a dar explicaciones, "y luego te das cuenta de que no ha concretado nada, y nos ha emplazado a dentro de unos meses".

"Se tiene que debatir en un órgano en el que estemos todos representados", ha dicho la extremeña, Elena Manzano, al reclamar que la ministra tenga en cuenta al CPFF más que para informarle.

A la consellera catalana, Alícia Romero, le "suena bien" lo escuchado a la ministra, porque "se alinea mucho con lo que quiere Cataluña", mientras que el castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, también socialista, ha dicho que le gustaría que el plan esté en dos meses, pero que lo duda, porque habrá participación y no cree que todo esté "precocinado desde Barcelona". 

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP y no hay "ningún agravio" entre regiones, según recoge EFE. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y cuyo reparto se basa en criterios de población ajustada, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones.

En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha pedido una reflexión a los populares para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita. "Si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie", ha dicho la vicepresidenta.

Tras lamentar que el líder del PP trate "como siempre" de "inventar relatos" como el de que esta condonación no es beneficiosa para todos y supone agravios, Montero ha reiterado su deseo de que los populares recapaciten. Y ha augurado en cualquier caso que aunque ahora, "de cara a la galería", critiquen la medida, "al final todos acabarán firmando".

Después, en el turno de preguntas, ha criticado que el secretario general de los populares, Miguel Tellado, haya reconocido que la medida beneficia aunque después anuncie el voto en contra al anteproyecto de ley, y se ha preguntado cómo el principal partido de la oposición dice que no apoya algo bueno para los ciudadanos "por puro interés partidista".

En su exposición del anteproyecto, María Jesús Montero ha recordado que la mayoría de la deuda que se va a condonar será para comunidades del PP o en las que este partido gobierna con otros y ha recordado que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Comunitat Valenciana y Canarias.

Así, ha explicado que la comunidad que más deuda condonaría en términos absolutos sería Andalucía, 18.791 millones; la comunidad con mayor condonación por habitante -2.284 euros por persona- sería Comunitat Valenciana; y la comunidad con mayor porcentaje de deuda condonada, el 50% de la que tiene, sería Canarias.

Ha insistido además en que la medida puede beneficiar a las comunidades que, como Madrid, no se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica y prefirieron financiarse en los mercados. Y al mismo tiempo, ha asegurado, permitirá volver a los mercados a comunidades que en este momento no podían acudir a ellos.

Ese sería, ha apuntado, el caso de Comunitat Valenciana. Por eso ha dicho que "no hay ningún motivo" para que una comunidad como la valenciana, que no puede salir a los mercados, "siga atrapada en esta situación porque (el presidente valenciano) el señor Mazón vaya al dictado de lo que dice el señor Feijóo".

María Jesús Montero ha insistido en que la condonación de deuda acordada con ERC para Cataluña se ha generalizado al conjunto de las comunidades con la medida aprobada hoy y por eso ha acabado siendo una medida "buena para todos". "No perjudica a nadie, todo lo contrario", ha reiterado.

Durante la jornada electoral del 23J en la calle Génova los altos cargos se repartían los ministerios. Las encuestas a pie de urna daban de manera mayoritaria una holgada victoria del PP. Pero el escrutinio fue avanzando durante la noche y el resultado dio una aritmética compleja pero que abría la puerta a repetir un Gobierno de coalición.

Han pasado dos años de aquellas elecciones anticipadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue al frente del Palacio de La Moncloa. Vive uno de sus momentos más difíciles después de la irrupción del caso Cerdán, pero mantiene su firme voluntad de tratar de aguantar dos años más. Una idea que comparte en este momento Sumar, aunque los de Yolanda Díaz han pedido resetear la legislatura e impulsar medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre los dos espacios y que todavía no se han materializado. Además, algunas de las grandes promesas iniciales del Ejecutivo siguen varadas en el Congreso de los Diputados.

Una de las grandes promesas, incluida en el texto que firmaron el PSOE y Sumar para formar la coalición, que sigue esperando su aprobación, a pesar de la presión de los de Yolanda Díaz, es la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Sumar está presionando para que vayan al Consejo de Ministros la semana que viene o en el primero tras las vacaciones, el 26 de agosto. Desde el ala socialista todavía no hay respuesta debido al coste económico que supondría la medida.

El texto fijaba: “Extenderemos el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”.

También sigue sin pasar por el Consejo de Ministros el conocido como Estatuto del Becario, cuyo acuerdo previo entre Trabajo y los sindicatos fue firmado hace ya más de dos años. Por el momento, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acaba de dar luz verde para que pueda ser enviado al Consejo.

El proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una de las medidas estrella firmadas por el PSOE y Sumar, ya ha pasado por el Consejo de Ministros, pero ese encuentra ahora mismo paralizada en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo retiró del orden del día el debate de las enmiendas a la totalidad este martes en el Congreso para evitar una derrota parlamentaria, ya que ahora mismo no están asegurados los votos. El Ministerio de Trabajo ha encontrado en Junts una piedra en la rueda para su aprobación.

Otra de las grandes promesas de la coalición fue la derogación de la ley mordaza (que no fue posible en la anterior legislatura por el voto en contra de ERC y EH Bildu). El PSOE y Sumar prometieron eliminar los aspectos más lesivos de la norma aprobada por el PP para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. La norma fue impulsada por los socios el año pasado en el Congreso, pero ha vuelto a quedarse varada en su tramitación. Entre la intención de la reforma se incluye la prohibición de utilizar pelotas de goma. El texto ni siquiera, como señalan fuentes parlamentarias, ha entrado en la fase de ponencia.

No tiene horizonte de aprobación otra de las grandes promesas del PSOE y de Sumar que se debe canalizar a través de Hacienda: una nueva financiación autonómica. Desde el PSOE se ha advertido de que quería contar con el Partido Popular, ya que gobierna la mayoría de las autonomías. Pero el abismo es total entre los dos grandes partidos.

El texto de la coalición dibujaba en su hoja de ruta: “Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas”. Fuentes de Hacienda señalan que no hay previsión de fecha para materializar ese texto en el Consejo de Ministros.

Otro de los puntos que siguen sin ver la luz verde, relacionado con la estructura del Estado, es la reforma de la racionalización de la administración local y una nueva ley de Régimen Local para definir las competencias, una reivindicación histórica de los consistorios.

De ese acuerdo de gobierno que firmaron Sánchez y Díaz también siguen sin materializarse algunos pactos de Estado que quisieron impulsar tras las elecciones. Por ejemplo, preveían uno en defensa de los derechos LGTBIQ+ y para la erradicación de los discurso de odio y discriminación. Fuentes socialistas explican que ya se han producido en la subcomisión parlamentaria las comparecencias de colectivos y entidades y queda el trabajo con el Ministerio de Igualdad y los grupos para llegar a acuerdos sobre la batería de medidas que el pacto incluirá. Podría materializarse a finales de año.

Tampoco ha visto la luz la idea de un gran pacto de Estado contra el fraude fiscal, que PSOE y Sumar querían consensuar con todas las fuerzas sociales, agentes sociales y profesionales del ámbito fiscal, según el documento.

El Gobierno central y la Generalitat han fijado para el lunes 14 de julio la celebración de una comisión bilateral en la que se tratará la financiación 'singular' de Cataluña, una cita que tendrá lugar dos semanas después del plazo máximo previsto en el pacto con ERC, que ha restado importancia a esta demora.

Minutos después de que, este sábado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dijera que es más importante el contenido que los plazos fijados -"si necesitan unos días o semanas más, que se las cojan", ha señalado en alusión a la crisis que atraviesa el PSOE-, la Generalitat ha comunicado que la citada comisión bilateral tendrá lugar en quince días.

Fuentes del Govern de Salvador Illa han explicado que en los últimos días "se han acelerado los trabajos" entre los dos ejecutivos y que en estas dos semanas "se prevé avanzar hacia un acuerdo sobre la financiación y la gestión tributaria". El miércoles, la consellera y portavoz, Sílvia Paneque, aseguraba que el Govern aún confiaba en que la bilateral tuviera lugar antes de que acabara el mes.

Illa ha evitado pronunciarse sobre esta comisión en un acto en la sede del PSC, mientras que el otro socio de investidura, Comuns, espera que ese 14 de julio se alcance un acuerdo "sólido", en palabras de su portavoz parlamentario, David Cid, que ha participado en una manifestación contra la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

ERC votó el pasado agosto a favor de la investidura del socialista Salvador Illa, una decisión que supuso un punto y aparte en la política catalana al conllevar el fin de la política de bloques en el Parlament, entre independentistas y no independentistas, tras más de una década.

Los republicanos, sumidos entonces en una fuerte crisis interna, accedieron a hacer president a Illa solo tras una ajustada consulta interna y a cambio, sobre todo, de conseguir una financiación 'singular' para Cataluña, una bandera que ya había enarbolado Pere Aragonès desde el Palau de la Generalitat en la pasada legislatura.

El pacto de investidura entre PSC y ERC contempla que la Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, determina también que la solidaridad con el resto de comunidades "debe estar limitada por el principio de ordinalidad" -sin fijar un porcentaje- y prevé que la administración catalana aumente sustancialmente su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.

Contempla, asimismo, que se acometan "las modificaciones que correspondan" de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), lo que requiere el aval mayoritario del Congreso de los Diputados.

Un extremo al que ha hecho referencia Junqueras en la intervención de este sábado: ha dicho que la financiación que se acuerde para Cataluña también deberá ser "buena" para los grupos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez, que fue posible gracias a una mayoría "compleja" y "variada".

Ese pacto de investidura, sellado en el mes de julio del año pasado, reza que en el marco de la mencionada comisión bilateral se deberá "formalizar" lo acordado por los dos partidos.

También añade que "el primer tributo en el cual se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF" y que se adoptarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución "a lo largo de 2026".

La Conferencia de Presidentes echó a andar el 28 de octubre de 2004. Fue una propuesta del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para crear un foro multilateral de diálogo entre el Ejecutivo central y todas las comunidades y ciudades autónomas en un paso más para adecuar el engranaje institucional a la diversidad territorial. La iniciativa nació bajo el espíritu del consenso dentro de la diversidad.

Pero esa esencia ha desaparecido por completo. El próximo viernes se celebrará en Barcelona la reunión número 28 de la Conferencia, que ha estado marcada por el amago de las comunidades del Partido Popular, con el beneplácito de la dirección nacional de Génova 13, de dar plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y torpedear toda la lealtad institucional.

El Ejecutivo, en un intento por salvar la reunión, ha decidido finalmente dar cabida en el orden del día a todos los temas exigidos por las comunidades populares para debatir el próximo viernes. La Moncloa puso primero sobre la mesa la vivienda y la financiación pública de las universidades y la formación profesional. Y los populares exigieron por carta que se hable también de “reforma de la financiación autonómica, actualización de las entregas a cuenta, retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda y acceso a la vivienda, lucha contra la ocupación y la inquiocupación”. 

Otras cuestiones que han puesto los populares como condición para asistir: “Más seguridad e inversiones técnicas en las redes y respaldo para evitar un nuevo apagón, control de fronteras y política migratoria, inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario, déficit de profesionales sanitarios, financiación de la dependencia, retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal y financiación del primer ciclo de educación infantil”.

De esta manera, el Ejecutivo se ha abierto a que se traten estos temas ante un PP que estaba estudiando la fórmula para dar el plantón en Barcelona al Gobierno, pero evitando hacer un feo al rey Felipe VI, que saludará a los participantes antes de que arranque la reunión a puerta cerrada en el palacio de Pedralbes. En La Moncloa también ponen énfasis en el simbolismo con el que se ha preparado esta cita, ya que supone que Cataluña haga de anfitriona después de años siendo boicoteada la reunión por el independentismo.

Aunque en el Gobierno dicen que no se dan por vencidos y dicen que ellos tienen actitud "propositiva", fuentes del Ejecutivo reconocen que no se “pueden hacer trampas en el solitario” y que son conscientes de que la reunión se producirá apenas 48 horas antes de que el PP se lance a una gran manifestación en la madrileña Plaza de España en la que quiere denunciar que hay un Gobierno “mafioso”. 

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseveró este martes: "El presidente del Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes y este silencio es un silencio cómplice de la situación que estamos viviendo en nuestro país". Sobre esto, señalan en La Moncloa: “Fingir que es un panorama normal con este PP es desolador”. No obstante, en el Ejecutivo ponen de relieve que, “aunque no hubiera acuerdos, reunirse y hablar en foros institucionales es importante”.

Varias fuentes del Gobierno y del PSOE también coinciden en que Feijóo va a seguir subiendo todavía más sus insultos y críticas durante estos días para calentar esa manifestación. Asimismo, sostienen que esta actitud también está basada al ver que en las encuestas Santiago Abascal tiene más tirón personal que el expresidente de la Xunta de Galicia. En La Moncloa se basan, por ejemplo, en la encuesta elaborada por 40dB y publicada este lunes por El País y la Cadena Ser que refleja que Santiago Abascal supera ya al líder del PP como preferido para ser presidente del Gobierno (el líder de Vox queda en segunda posición tras Pedro Sánchez).

Por eso, ven en el Gobierno y en el PSOE muy difícil que el PP se abra a algún tipo de acuerdo, además de por la presión interna liderada por el sector duro de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo quería poner mucho énfasis en la vivienda (las comunidades del PP no están aplicando la ley aprobada en la pasada legislatura que permite poner límite a los alquileres) y también en la financiación de las universidades públicas, en un momento en el que ha empezado a tramitarse en el Congreso la proposición de ley para poner coto a los chiringuitos universitarios.

Otro de los elementos que van a dificultar los acuerdos es que la ampliación del número de temas hará mucho más difusa la reunión, ya que habitualmente los presidentes tienen un turno de diez minutos para mostrar sus posiciones. Esto, como reconocen fuentes del Ejecutivo, impedirá ante la variedad de cuestiones centrar los esfuerzos en asuntos concretos para lograr líneas comunes.

La confirmación del Partido Popular de que irá a la Conferencia de Presidentes tampoco anticipa un mar en calma para lograr acuerdos: “Nuestros presidentes le han plantado cara al Gobierno y le han doblado el brazo. Sánchez tendrá su foto y nosotros, nuestras prioridades en el orden del día. En Barcelona no se hablará solo de lo que el Gobierno quiere sino de lo que los españoles necesitan”.

Desde el Ejecutivo indican que van a poner todo su empeño en lograr acuerdos a pesar de la confrontación total con la oposición. Y, a la vez, apostillan que Sánchez ha convocado 21 de las 27 reuniones que ha habido a lo largo de estos años de la Conferencia de Presidentes (Zapatero la reunió en cuatro ocasiones y Mariano Rajoy tan sólo dos).

El espíritu actual choca con el inicial, cuando, a pesar de los enfrentamientos entre Gobierno y oposición, se llegaban a acuerdos. En 2005, por ejemplo, Zapatero y las autonomías pactaron una transferencia de 1.150 millones de euros para la sanidad en las comunidades, compensaciones para asistencia a residentes extranjeros y una financiación de 227 millones de carácter anual por el incremento de la imposición indirecta en los tributos sobre tabaco y alcohol. Asimismo, se dio una mayor capacidad a las autonomías en relación a impuestos indirectos de hidrocarburos y matriculación. Los gobiernos regionales, asimismo, se comprometieron a medidas sanitarias como las centrales de compra o la racionalización del gasto.

En 2007 se llegó a un acuerdo para la creación de conferencias sectoriales en materia de agua y de inmigración, además de firmar un documento conjunto sobre investigación, desarrollo e innovación. En la última presidida por Zapatero se unieron fuerzas de cara a la Presidencia Española de la UE para el año siguiente y se acordó una declaración de lucha contra la violencia de género.

Ya con Mariano Rajoy en el Gobierno se celebró una Conferencia en 2012, que se saldó con una declaración conjunta, en plena crisis económica, subrayando la importancia y el compromiso con la consolidación fiscal. En la de 2017, con el PP todavía en el Ejecutivo, asimismo se llegaron a algunos acuerdos en materia de protección civil, tarjeta social, la participación de las comunidades en asuntos europeos y la protección de los consumidores vulnerables energéticos.

Durante la época de Sánchez se han celebrado el grueso de estas citas, especialmente durante la época de la pandemia, donde el Gobierno y las comunidades intercambiaron opiniones y medidas. Y sí se logró un gran acuerdo en la cumbre en Canarias donde se firmó la Declaración de La Palma, en marzo de 2022, cuando se puso de acuerdo el Ejecutivo con las autonomías en temas como la negociación con la UE sobre el precio energético, el apoyo a Ucrania y el impulso de la ejecución de los fondos europeos. Pero esos acuerdos se evaporaron ya en la reunión que tuvo lugar el año pasado en Santander, donde no se consiguió ningún tipo de pacto.

Según informa EFE, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles la propuesta de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas en una votación en la que solo han participado las regiones socialistas, ya que las gobernadas por el PP se habían levantado como protesta.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que esta aprobación es "un primer paso necesario" para una medida "inédita" que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y facilitar su acceso a los mercados.

Tras una hora de reunión, han abandonado la mesa las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP -Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias (en coalición con CC)- al considerar una "trampa" que se hable de condonar deuda en lugar de reformar la financiación autonómica.

En el encuentro se han mantenido las tres regiones gobernadas por el PSOE -Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha-, así como Navarra, también socialista, pero que no participa en la votación por tratarse de una cuestión que no le afecta por disponer de un régimen foral.

La vicepresidenta ha calificado de “histórico” el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, tanto por "la valentía" de la propuesta del Gobierno, como por "la deslealtad" de los consejeros del PP, a los que ha acusado de "dejación de funciones".

“Es una dejación de funciones sin precedentes”, ha dicho, antes de añadir que "han preferido no votar en contra”, porque "no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova”.

“Los responsables públicos tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, esto ha sido una dejación de funciones. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno se España, se habían ausentado de este consejo, renunciando a su responsabilidad”, ha reprochado Montero.

“Es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad del PP, pero cada vez sorprende menos, porque Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar este asunto en una mesa entre ambos partidos”, ha añadido.

En la misma línea, la consellera catalana de Economía y Finanzas, Alicia Romero, también ha criticado la "falta de respeto institucional del Partido Popular, que se ha levantado antes de que hubiera ningún debate".

"Es una falta de educación, una falta de institucionalidad y de respeto también a los ciudadanos, a los que representan, porque nos han dejado con la palabra en la boca y no hemos podido tener un debate", ha apuntado Romero.

A su juicio, la propuesta del Gobierno para condonar parte de la deuda autonómica es un "reconocimiento al esfuerzo" de las comunidades autónomas para mantener el Estado de bienestar y por eso han dado su voto positivo y transmitido al Gobierno su agradecimiento.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha expresado su "decepción" con la actitud de sus homólogos del PP, aunque también ha pedido a Montero que presente una propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica aparte de la quita de deuda.

"Aquí venimos a representar a los ciudadanos y a las ciudadanas, no venimos a representar ni a Ferraz ni a Génova ni a llevar consignas, que en este caso el único objetivo que tienen es tirarle piedras al Gobierno de Pedro Sánchez, aún en contra de los intereses de nuestras regiones", ha argumentado.

Por su parte, el consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, ha opinado que si las comunidades del PP "tenían alguna objeción" sobre las propuestas del Ministerio "debían haberse quedado y haberlas explicado" en la reunión y ha advertido que tendrán "difícil" explicar a sus ciudadanos "por qué rechazan esa condonación que va a ser beneficiosa para sus territorios".

"Yo creo que han decidido levantarse e irse para abstenerse porque hubiese quedado más feo votar que no y luego coger el dinero. Y yo creo que, como es difícil explicarlo, han decidido levantarse y no dar ninguna explicación", ha ironizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a pensarse mejor su rechazo frontal a la condonación de la deuda autonómica, para no quedar "atrapado en sus propias contradicciones" como cree que le sucedió con la revalorización de las pensiones, según informa EFE.

"¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿lo ha pensado en serio, señoría? (...) Piénseselo mejor", ha pedido Sánchez a Feijóo en su cara a cara durante la sesión de control del pleno del Congreso en la que el líder del PP le ha acusado de querer comprar su permanencia en la Moncloa con un "regalo fiscal" a sus socios independentistas.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que la condonación supondrá que las comunidades autónomas dejarán de pagar 83.000 millones de euros y ha sido entonces cuando ha pedido que se piense bien si se puede rechazar algo así. Por otro lado, Sánchez ha instado al líder del PP a alejarse de Vox y le ha pedido que "rompa con la ultraderecha" como hace la derecha alemana.

Feijóo ha reprochado a Sánchez que se mantenga en el poder porque "crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios", el último de ellos ese "regalo" a Esquerra Republicana de Cataluña. Con esta condonación de deuda, ha afirmado, Sánchez está condenando a los españoles "a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías". "Aquí resulta que también piden por catálogo los independentistas, pero lo que volvemos es a pagar todos los españoles", ha afirmado.

Feijóo ha recordado que en el pleno del Congreso del martes se volvió a romper la coalición de Gobierno, en referencia a sendas votaciones sobre una iniciativa relativa a la ley del suelo y otra sobre el Sáhara, en las que PSOE y Sumar votaron de forma diferente. Pero ante ello ha lamentado que Sánchez no tenga autoridad para cesar a su vicepresidenta segunda y a los ministros de Sumar.

Además, ha señalado que si el líder del PSOE fuera como sus compañeros alemanes y no hubiese "comprado" la Presidencia del Gobierno, España seguiría siendo un país de derechos e igualdad, y ha afirmado que Sánchez se ha convertido en "el problema de todos los españoles". Feijóo le ha acusado también de hacer política internacional insultando a Donald Trump y de despreciar al principal partido de la oposición en temas de política exterior.

"¿Quién cree que le va a apoyar en la política exterior y de defensa si no la pacta con el partido mayoritario de la cámara?", le ha reclamado. Según Feijóo, el mundo está definiendo su futuro, y a Sánchez "solo le preocupa el suyo personal, estar un tiempo más en el Palacio de la Moncloa".

Ante las dudas del líder del PP, Sánchez se ha mostrado convencido de que su coalición de Gobierno es adecuada para el país porque los resultados lo avalan y ha citado como ejemplo que España es la economía que más ha crecido sus exportaciones desde la pandemia de coronavirus. "En función de los datos y a pesar de la complejidad de la fragmentación parlamentaria, este Gobierno hace que España avance", ha recalcado.

Sánchez ha instado a hacer un ejercicio de abstracción imaginando lo que habría pasado si tras las últimas elecciones generales se hubiera formado un Gobierno del PP y Vox, con Santiago Abascal como vicepresidente y defendiendo los aranceles a Europa por parte de la administración estadounidense de Donald Trump. También ha imaginado que como ministro de Asuntos Exteriores podría estar el dirigente del PP Esteban González Pons, que ha recordado que ha dicho que Trump es "un ogro naranja".

"No hay color entre su potencial Gobierno de coalición y este Gobierno de coalición", ha subrayado el presidente del Gobierno quien ha añadido que cada vez que Abascal se hace fotos fuera de España, como las que se ha hecho junto a Donald Trump, el que se retrata es el líder del PP: "Rompa con aquellos que quieren romper con Europa, rompa con la ultraderecha como hace la derecha alemana".

Después de ganar las últimas elecciones autonómicas el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, unos 100 millones al año que pagaban poco más de 20.000 personas. "Andaluces, bienvenidos al paraíso", saltó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, comunidad que, junto a la propia Andalucía, es la de menor gasto educativo y sanitario per cápita. Algo rezagado, el presidente murciano, Fernando López Miras, avanzó que también iba a quitar Patrimonio en 2023. Se trata de la misma estrategia del presidente valenciano, Carlos Mazón, que avanzó precisamente unas semanas antes de la dana que su comunidad se iba a beneficiar de la "mayor reforma fiscal de España". Y de la línea que ha seguido el sustituto de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aplicando recortes de impuestos sin evaluar las consecuencias.

El PP enmarca este embate, similar a la que lanzó contra el Impuesto de Sucesiones, en una ofensiva más amplia que incluye rebajas del IRPF, también con las rentas altas como beneficiarias, aunque en este caso no únicas. Todas estas medidas se presentan dentro una lógica, según la cual "donde mejor está el dinero es en el bolsillo", sea cual sea la renta. Sin embargo, según el último informe de la Auto­ri­dad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), solo las rebajas del IRPF supondrán una pérdida en la recaudación de casi 2.200 millones entre el 2023 y el 2029, a las que se le sumarían otros 2.175 millones si se incluyen las rebajas de todos los impuestos de competencia autonómicas como los citados de Sucesiones y Donaciones, y de Patrimonio.

La Comunidad de Madrid es la que lidera el listado de merma de los ingresos ya que solo la reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta supera los 1.000 millones. Le siguen la Comunitat Valenciana, que renuncia a ingresar 282 millones, y Andalucía, con 255 millones. El IRPF es el impuesto que más recauda y donde más impactan las rebajas de las comunidades, que tienen competencia normativa sobre la mitad de la carga fiscal. Aunque la filosofía de las autonomías del PP es seguir bajando impuestos, a continuación recriminan al Gobierno central la situación de infrafinanciación que sufren sus territorios y exigen más dinero al Ministerio de Hacienda.

El Partido Popular ha optado desde hace casi tres décadas por convertir a la Comunidad de Madrid en el epicentro del llamado dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Desde que Ayuso está al frente de la comunidad, ha aprobado treinta bajadas de impuestos, la última anunciada esta semana con la denominada ley Mbappé como medida estrella, y en su comparecencia de fin de año anunció otras nueve rebajas más, que cifró en 170 millones.

En el caso de Andalucía, la pasada legislatura el tramo más beneficiado por la rebaja del Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla fue el de ingresos más altos, por encima de 120.000 euros. El Parlamento andaluz aprobó el pasado jueves 19 de diciembre, sólo con los votos del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, unos Presupuestos para 2025 que consolidan las siete rebajas fiscales implementadas por el Gobierno conservador desde su llegada al poder, en 2019, y que suponen la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya recaudación ha caído más de un 10% con su repercusión para las arcas públicas, y las deducciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, Mazón presumió de sus rebajas fiscales durante el debate sobre el estado de la comunidad celebrado en septiembre, en el que también anunció una rebaja al 50% del impuesto de actos jurídicos documentados para grandes proyectos empresariales. Una reforma fiscal que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señaló en un reciente informe que supondría una merma en la recaudación de unos 495 millones de euros. De esta cantidad, la Airef calculaba que la rebaja del IRPF supondría una pérdida de 270 millones de euros, la de Sucesiones y Donaciones de 212, y de otros impuestos 25 millones.

En Galicia los sucesivos gobiernos del PP en la Xunta han insistido en aplicar recortes de impuestos sin evaluar los efectos de hacerlo. Así lo reitera el Consello de Contas, equivalente al Tribunal de Cuentas, desde hace años y también se repite en el informe sobre la gestión económica y financiera del Gobierno gallego –la contabilidad general– que, en el año de la dimisión de Feijóo, situó las rebajas de impuestos en el 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. Mientras, "las medidas normativas adoptadas al alza", las subidas impositivas, fueron equivalentes al 0,34% del PIB.

En Murcia, el Ejecutivo de Fernando López Miras también se ha sumado a los recortes tributarios, cuyo impacto situaron desde el propio gobierno en más de 400 millones de euros, sobre todo por la bonificación en Sucesiones y Donaciones, a la que se suma la rebaja de ITP y AJD, la reducción del IRPF y nuevas deducciones. Un caso similar, aunque en menor medida, al de Marga Prohens en Balears, que ha prácticamente suprimido el impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminado el ITP para determinados supuestos, introducido nuevas deducciones en el IRPF y reducido el tramo autonómico un 0,5% hasta los 30.000 euros.

Las autonomías del PP compatibilizan estas rebajas fiscales con sus continuas peticiones al Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómico, con quejas continuas sobre la cantidad que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección.

La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades. La que defienden Mazón, Moreno y López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población y reclaman un fondo transitorio que corrija estas diferencias hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Los actuales criterios de reparto, fijados en 2009, ya no satisfacen a casi nadie y lo que está encima de la mesa desde hace años es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida

Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos.

En la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que este mes de enero se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común". Una cuestión que también genera tiranteces entre las autonomías del PP, ya que mientras algunas como la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia están dispuestas a aceptar la condonación si es para todos, otras como Madrid se niegan.

Las presidentas de Baleares y de Extremadura, Marga Prohens y María Guardiola, ambas del PP, han aprovechado sus reuniones de este viernes con el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, para expresarle su rechazo a la financiación singular pactada para Cataluña por el PSC y ERC.

Ambas se han reunido por separado con Sánchez dentro de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno mantiene desde hace semanas con los máximos responsables de los ejecutivos autonómicos, en la que hoy no ha querido participar la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una primera rueda de prensa tras su reunión, la jefa del Govern balear ha asegurado haber dicho al presidente del Gobierno, "con todo el respeto y mirándole a los ojos", que rechaza "de plano" lo que ha definido como "la independencia fiscal" de Cataluña y que el ejecutivo central pacte la financiación con una sola comunidad.

Prohens ha rechazado un acuerdo que a su juicio "rompe la caja común" y ha asegurado que no está dispuesta a que las consecuencias de que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos en su territorio las paguen los ciudadanos de Baleares.

A su vez, la presidenta de Extremadura ha afirmado que ha mostrado a Sánchez su "total y absoluto rechazo al concierto separatista", como ha denominado al modelo de financiación pactado por socialistas y ERC para Cataluña "fuera -ha subrayado- de lo que tiene que ser un debate multilateral".

Guardiola ha pedido al presidente "respeto institucional y lealtad" en el debate y en la aprobación de un nuevo modelo que, a su juicio, debe "respetar la igualdad, la justicia, la solidaridad y la suficiencia financiera para la prestación de los servicios, de manera que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda recibirlos en igualdad de condiciones".

Las dos presidentas han coincidido en que la financiación autonómica debe abordarse primero en la Conferencia de Presidentes -sobre la que Guardiola ha indicado que solo ha conseguido de Sánchez que le confirme que será en diciembre- y posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Prohens ha señalado que "cada comunidad defenderá su realidad".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dicho en sus comparecencias ante la prensa para informar del contenido de ambos encuentros que el presidente del Gobierno ha sido "claro" al respecto tanto con Prohens como con Guardiola: en el tema de la financiación el órgano que toma la decisión es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano multilateral.

Torres, que ha añadido que eso es compatible con acuerdos bilaterales, ha garantizado que el Gobierno central respeta todos los criterios de todos los presidentes autonómicos, alguno de los cuales "no tienen nada que ver" entre sí, y ha vuelto a tender la mano a los grupos políticos para alcanzar un acuerdo parlamentario.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves ante el pleno del Congreso que la financiación singular prevista para Cataluña "no supone ninguna quiebra de la solidaridad interterritorial" y además garantiza un nivel de servicios públicos similar en todas las comunidades autónomas, según informa EFE. La también ministra de Hacienda lo ha expuesto así en su primera intervención, de unos cuarenta minutos, en el hemiciclo del Congreso para explicar el acuerdo alcanzado en julio entre el PSC y ERC, en una comparecencia solicitada por el PP.

En atacar las posiciones del PP en materia de financiación autonómica ha empleado Montero la mayor parte de su intervención, culpando al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo de que no se avance en la reforma del sistema de financiación autonómica para las comunidades del régimen común.

Sobre el acuerdo para Cataluña, motivo de la comparecencia, Montero se ha centrado en leer unos extractos, que luego ha resumido asegurando que deja claro el acuerdo que "no solo la solidaridad interterritorial debe existir", sino que también se tiene que garantizar un nivel de servicios públicos en todo el Estado".

Eso sí, ha añadido, un nivel similar en el caso de que las comunidades hagan un mismo esfuerzo de recaudación fiscal, en línea con una de sus principales críticas a comunidades gobernadas por el PP, especialmente la madrileña, que "con una mano bajan impuestos y con la otra piden más recursos al Gobierno". "¿De verdad creen que atenta contra la solidaridad?", ha preguntado Montero tras leer ese punto del acuerdo para Cataluña.

Montero ha señalado también que el pacto es conforme con la Constitución y los estatutos de autonomía, y que "avanza en una visión compartida del federalismo y con responsabilidad fiscal". Ha explicado que aunque Cataluña salga beneficiada "no va en detrimento" de que beneficie también al resto, si las comunidades reciben en conjunto más recursos.

Ha recordado al PP que todos los cambios en la financiación autonómica se hicieron siempre por acuerdos entre los grandes partidos, hechos "con discreción, mesura y racionalidad", y después de que en el seno de cada partido se atienda también a "los intereses y sensibilidades distintas" entre regiones.

Ha reconocido así que en su partido ocurre igual que en el de Feijóo y ha añadido: "La cuestión es si el PP está dispuesto a llevar el debate sobre esta materia o si busca la confrontación, hablar mucho sobre algo para que no se concluya nada".

A su juicio, el problema solo lo ve el PP cuando se habla de singularidades para Cataluña, para buscar "un rédito en otras regiones", ya que sí reconoce la singularidad fiscal para Canarias u otras comunidades, "sin rasgarse las vestiduras". "Ustedes contra Cataluña viven mejor", ha lamentado, así como, ha advertido al PP, de que si siguen oponiéndose a reformar el sistema de financiación seguirán "en la nada" mucho tiempo: "Justo donde están, en la oposición".

En su invitación a negociar al PP les ha recordado que la negociación bilateral de cada comunidad con el Gobierno está prevista en los estatutos de autonomía, no se la sacan "de la chistera", aunque ha apuntado que pueden debatir sobre el asunto, si es con seriedad, en cualquier foro, también en los multilaterales.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha tildado la propuesta de financiación singular para Cataluña pactada entre el PSOE y ERC como “una traición a los principios de convivencia” y una ruptura de la igualdad entre los españoles. “Están creando independentistas de primera y españoles de segunda”, ha censurado el diputado conservador a Montero.

Bravo ha tendido la mano al Gobierno para pactar un nuevo modelo de financiación si favorece la igualdad entre los españoles, pero ha advertido de que se negarán a hacerlo de forma bilateral. Ha garantizado que el PP tiene una posición “compartida” en todos los territorios donde gobierna, al contrario que el PSOE: “Tenemos 14 comunidades autónomas con un proyecto común y ustedes tienen tres sin proyecto y sin que sea común”.

“Nosotros tenemos una responsabilidad: proteger a los españoles del Gobierno”, ha añadido el diputado del PP, quien ha insistido en la tesis de su partido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está “agonizando” y de que debe convocar elecciones. Bravo ha considerado que España necesita un proyecto “serio, de futuro, reformista y de ilusión” y no un Gobierno que para intentar sobrevivir, recurre “a las amenazas y al mercado”.

El PSOE, a través de su diputado Pedro Casares, ha replicado al PP que recuperar la normalidad política e institucional en Cataluña “no es traicionar a España” y que fueron los populares, con su “política de brazos caídos”, los responsables de la mayor crisis territorial al propiciar el desafío independentista.

Casares ha puntualizado que el secesionismo fiscal y la financiación singular no es el pacto alcanzado en Cataluña, sino “bajar los impuestos a los que más tienen a costa de deteriorar los servicios públicos a los que más lo necesitan” o suprimir los impuestos de patrimonio y sucesiones. “Son un peligro para la convivencia (…) Ya está bien de demagogia”, ha reconvenido el diputado socialista al PP.

Vox también ha mostrado su rechazo “tajante” a la financiación singular de Cataluña, que ha tachado de “conspiración criminal en contra de la unidad nacional y el orden constitucional” perpetrada por PSC y ERC, según su diputado Pablo Sáez. A juicio del parlamentario de ultraderecha, el acuerdo para investir a Illa como presidente de la Generalitat “evidencia el desprecio hacia la nación española y un paso más en el vaciamiento competencial el Estado”, además de fortalecer a los partidos independentistas.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha defendido la financiación singular para Cataluña con el fin de avanzar en la plurinacionalidad y en la relación bilateral con el Estado, tras opinar que “el café para todos no funciona”. Aizpurua ha reclamado que no se utilice el debate de Cataluña para “atacar” el autogobierno vasco y el concierto económico vigente en Euskadi. Para la representante de la izquierda abertzale, la insolidaridad de la que habla el PP “no se da entre territorios, sino entre clases, de los ricos frente a los pobres”.

También ha salido en defensa del modelo vasco la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, quien ha precisado que no es similar a lo pactado entre PSC y ERC en Cataluña. Sagastizabal ha animado a las comunidades gobernadas por el PP a aspirar a un modelo similar y “pasar del agravio comparativo a la reivindicación compartida”. “Negar la bilateralidad es negar un diálogo democrático y legal (…) Ninguna comunidad autónoma es igual a otra”, ha añadido la diputada del PNV.

Desde Sumar, Aína Vidal ha asegurado que Cataluña lleva décadas infrafinanciada, defendiendo que un modelo singular para este territorio no excluye "la necesidad de renovar la financiación para otras comunidades" y tampoco busca ir contra éstas. Tras señalar que el actual modelo de financiación "es injusto y antiguo", la portavoz de los comunes ha dedicado buena parte de su intervención a atacar al PP porque, según ella, no le importa la financiación, lo que quiere "es confrontar y esconder sus debilidades, quieren enfrentar a los territorios".

El representante del BNG, Néstor Rego, ha reclamado para Galicia una financiación singular similar a la que pudiera pasar a tener Cataluña al ser también una nacionalidad histórica.

Por su parte, ERC y Junts se han enzarzado este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados por el pacto de financiación entre los republicanos y los socialistas en Cataluña, así como por el impacto de los acuerdos de ambos partidos independentistas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido el pacto de financiación suscrito en julio entre su partido y el PSC para la investidura de Salvador Illa en Cataluña, y ha preguntado a los diputados de Junts (a los que se ha referido como la "derecha catalana") por qué no les gusta este acuerdo cuando asegura que ellos mismos lo llevaban en su programa electoral. "Tengo la sospecha de que no les gusta porque lo consigue ERC", ha dicho durante su intervención.

El portavoz republicano ha reprochado a Junts que llame a ERC "pagafantas" y que haya trasladado la idea de que este partido "vota a favor de cosas a cambio de nada". En este sentido, ha señalado que ERC ha votado a favor del 89 % de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez "después de negociar", mientras que Junts ha respaldado el 86 % "sin negociar absolutamente nada". "¿Quién ha votado a cambio de nada aquí? Esto es un insulto. Lo continuarán diciendo pero es un insulto hacia un partido centenario o casi centenario como ERC", ha añadido.

Por su parte, el diputado de Junts, Josep María Cruset, ha denunciado los "silencios" por parte de ERC y los socialistas para explicar los efectos que tendrá el pacto para la financiación en Cataluña, y considera que solo hay dos opciones posibles. "La primera, que ustedes, señores de ERC y PSOE, den cumplimiento a lo que dijeron haber acordado y que Cataluña tenga su concierto económico como tiene el País Vasco, nosotros encantados. La segunda, que ERC y el PSOE hayan mentido a los catalanes haciendo electoralismo barato y que Cataluña no tenga ni concierto económico, ni financiación singular, ni soberanía fiscal ni la llave de la caja", ha declarado.

A continuación, se ha dirigido específicamente a Montero para que aclare en qué consiste el pacto y ha aprovechado además para arremeter contra ERC por el impacto que han tenido otras negociaciones entre los republicanos y el Gobierno de Sánchez. En concreto, ha reprochado a los republicanos por haber apoyado los presupuestos generales del Estado de 2021 y 2022 "a cambio de tres reuniones de la mesa de diálogo en cuatro años" entre la Generalitat y el Gobierno central.

También ha echado en cara a ERC que haya "garantizado estabilidad" a Sánchez en esta legislatura a cambio del traspaso de Rodalies que, según ha denunciado, "no es integral ni un traspaso". "Es de nuevo una legislatura de estabilidad a cambio de nada", ha apuntado el diputado de Junts, que ha señalado que el tiempo "y muchas veces los ciudadanos a través de las urnas" acaban poniendo a todo el mundo en su sitio. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes, tras conocerse que el Gobierno retirará la senda de estabilidad, que "parece ser que la reuniones en Suiza han salido mal" y se ha decidido que "España no tenga, al menos de momento, presupuestos para 2025". "Esta España actual es una España ingobernable y este Gobierno en lugar de ser humilde y buscar apoyos, es arrogante y soberbio y está insultado todo el día a la oposición", ha denunciado el líder conservador en una entrevista en Telecinco recogida por EFE.

El Consejo de Ministros acordará en su reunión de este martes retirar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en el Congreso en la votación que estaba prevista para este jueves. El Congreso iba a votar por segunda vez este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 y todo apuntaba que se iba a repetir el resultado de la primera votación: rechazo con los votos de PP, Vox y Junts.

Ante esta decisión, el jefe de la oposición ha recordado la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que un gobierno sin presupuesto "no tiene coche ni gasolina" y ha recalcado que ahora Sánchez no tiene ni lo uno ni lo otro.

Feijóo ha rechazado cualquier responsabilidad, dado que el Ejecutivo no se ha sentado a hablar con ellos, y ha subrayado que es el Gobierno quien tensiona, insulta, descalifica e intenta destruir a la oposición, hacer nudos y dividir a la sociedad. "Ya está bien de echarme la culpa de los problemas de la minoría parlamentaria en la que está el Gobierno", ha afirmado y ha explicado que el PP no puede apoyar una senda de estabilidad que incrementa el gasto para el Gobierno central y prevé los mayores ajustes para las comunidades autónomas que tienen que gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El líder de los populares ha abierto la posibilidad de retomar el diálogo con el Gobierno sobre la financiación autonómica si este retira al "cupo separatista". Ha subrayado que esa vuelta a la negociación es "probable" si el Ejecutivo no sigue adelante en su intención de dotar a Cataluña de una financiación singular.

"Si hay un compromiso por parte del Gobierno de retirar el cupo separatista es evidente que las cosas cambiarían. Si volvemos otra vez a la igualdad de los españoles en educación, sanidad y servicios públicos, sería más fácil hablar con el Ejecutivo", ha afirmado.

Pero ha insistido en que, si por el contrario, lo que se pretende es un sistema de financiación para mantener unos meses más a Pedro Sánchez en la Moncloa, será "imposible pactar nada que afecte al Estado autonómico".

En su opinión, ahora no se está hablando de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, sino de romper el modelo actual. "Hablemos en serio de los temas y no hagamos respiración asistida al Gobierno", ha exigido.

Feijóo ha vuelto a rechazar la presentación de una moción de censura y ha incidido en que el adelanto electoral dependerá de cuando Sánchez pierda definitivamente el apoyo de nacionalistas y separatistas.