En 2006, Cándido Conde Pumpido, por aquel entonces fiscal general del Estado, comentó que el “vuelo de las togas de los fiscales no eludiría el contacto con el polvo del camino”, e indicaba que la ley debía aplicarse de forma directa y cercana a la realidad de la calle. Hoy se ha cambiado el orden del encuentro y no hace falta que se acerquen al polvo del camino, porque la sociedad es una polvareda levantada por la polarización que lo impregna todo, y eso influye en la forma de aplicar la ley. Ya lo hemos explicado en el anterior artículo (Percepción, presunción y justicia), sin que ese resultado tenga que ser una prevaricación, puesto que la aplicación de la ley se lleva a cabo sobre una realidad social cargada de significado, que es la que condiciona la percepción sobre los hechos y la que condiciona la respuesta que se entiende como más adecuada.

Un ejemplo cercano lo tenemos en lo ocurrido durante la pandemia. Si en ese momento una persona llegaba a urgencias con síntomas de catarro y fiebre, el diagnóstico inicial más probable que se daba era el de COVID-19. Hoy, cuando la realidad social es muy distinta, es difícil que la percepción clínica lleve a esa idea como predicción inicial, al margen de los análisis que se inicien y de la conclusión que se alcance al final.

Las decisiones judiciales no están al margen de los procesos que influyen en la percepción. Los trabajos de John T. Jost, de la Universidad de Nueva York, sobre la ideología política y la cognición social pusieron de manifiesto que cuando se crea incertidumbre y la realidad se presenta como una amenaza o ataque al orden establecido, la sociedad se vuelve más conservadora en defensa del orden existente.

Y en una situación de este tipo, el Derecho se presenta como el principal elemento formal en defensa del modelo ante ese ataque o desorden percibido, de manera que la aplicación del Derecho a través de la Administración de Justicia se hace con el objeto de mantener lo que tenemos y somos frente a lo que lo cuestiona. Lo cual, en sí mismo, es una aproximación conservadora en términos sociales.

Y ese es el riesgo que existe en el momento actual con la polarización social y política, y con la instrumentalización que algunos medios están haciendo de ella para imponer su percepción, es decir, el significado que ellos dan a los acontecimientos para condicionar el significado general y las consecuencias.

No se trata de que haya una “conspiración” contra el PSOE, Rodríguez Zapatero y la familia del presidente del Gobierno, pero sí de una estrategia para crear el contexto que dé significado a los hechos en un determinado sentido.

Y el objetivo es doble:

Los casos más graves que se han conocido, alguno ya con sentencia, no estaban al principio cuando la estrategia de ataque al Gobierno se puso en marcha y se hablaba de “Gobierno ilegítimo” y “Gobierno traidor”, ni cuando los ataques personales al presidente del Gobierno lo llamaban “perro Sánchez”, “me gusta la fruta” o se quemaba en la vía pública su muñeco, pero sí estaba la estrategia comentada. Una planificación tan preparada que desde el principio colocaron a determinados periodistas dentro del Congreso para intensificar todo el proceso.

Que en realidad existe una estrategia para influir en ese sentido se comprueba por el hecho de que las mismas posiciones que dicen defender a la Justicia, al Derecho y a todos sus principios, entre ellos el de la “presunción de inocencia”, son las que a través de la desinformación influyen sobre la sociedad y la polarización para crear una percepción en la que la presunción de inocencia se devalúe o incluso se pierda a nivel social y profesional. Si se respeta la presunción de inocencia se ha de actuar en consecuencia, por supuesto con libertad para opinar y expresarse, pero en los términos de lo que significan los indicios encontrados en una investigación y los principios del derecho.

Si la idea creada, y bastante generalizada y repetida cada día en algunos medios, es que tenemos un Gobierno ilegítimo, traidor, corrupto, que amplía la corrupción a los entornos familiares, que el propio referente moral y político del mismo forma parte de esa trama, y que ahora actúan para alterar el resultado de las próximas elecciones por medio de la regularización de personas extranjeras, la consecuencia será que hay que actuar desde todos los frentes para evitar esa situación. Y es lo que lleva pasando desde hace años. Lo de ahora solo es el resultado de esa estrategia a la que cada día suman más argumentos sin que nadie sea capaz de decir basta.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.

infoLibre estrenará el próximo 14 de julio su primer Curso de Verano en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La jornada, titulada “De la censura al algoritmo”, se celebrará en el Aulario Pilar Miró de la Facultad de Ciencias de la Información y reunirá a periodistas, creadores, docentes, divulgadores y estudiantes para pensar cómo se construye hoy el relato público en una sociedad atravesada por las plataformas digitales, la desinformación y la disputa por la atención. Este primer curso está organizado en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y cuenta con el apoyo del Comisionado para la Memoria Democrática, España en Libertad | 50 años. Si te apetece asistir, puedes apuntarte a través de este formulario.

El curso marca una nueva etapa para infoLibre. No es solo una jornada formativa, sino el primer paso de una iniciativa propia que busca llevar el espíritu crítico del periódico al espacio universitario y convertirlo en un punto de encuentro con la ciudadanía. En un momento en el que la conversación pública se acelera y los consensos democráticos vuelven a estar en disputa, la propuesta invita a detenerse, escuchar y debatir sobre el papel que debe desempeñar el periodismo.

La apertura contará con una conversación entre Jesús Maraña y Pepa Bueno, con el objetivo de situar el contexto político, cultural y mediático en el que nace esta primera edición. Después la mañana se centrará en la memoria y la construcción del relato, con una mesa moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

En esa primera parte participarán perfiles vinculados a distintos lenguajes narrativos. Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes, aportará la mirada de la comunicación digital; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista, acercará la experiencia de la ficción y las series; Laura Hojman lo hará desde el documental; y Alicia Parras, profesora de la UCM, abordará el papel del español como vehículo del relato.

El programa también pondrá el foco en la juventud, la igualdad y las nuevas formas de participación democrática. En una mesa moderada por Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, se analizará cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión. En este bloque están previstos nombres como Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género.

La jornada además integrará una dimensión práctica a través de dos talleres. Uno de ellos estará a cargo de Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid que proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

La sesión de la mañana se cerrará con un coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio, una conversación pensada para analizar por qué determinadas narrativas falsas o extremas logran circular con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas. Participarán Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE.

El curso continuará por la tarde con la proyección de Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014). La película servirá como cierre cultural de la jornada y como punto de partida para una conversación posterior con Nacho Carretero, que abordará los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención. 

El 14 de julio, el Aulario Pilar Miró de la Universidad Complutense de Madrid acogerá el estreno de esta nueva iniciativa de infoLibre. Será una jornada para pensar en el periodismo que viene, compartir ideas con sus protagonistas y cerrar el día con una reflexión desde el cine sobre una profesión que sigue siendo esencial para entender y defender la democracia. ¡Estad atentos porque en los próximos días publicaremos el programa completo!

En la era de la saturación digital, las estadísticas selectivas sirven para construir grandes mentiras. Es el viejo truco del cherry picking o el sesgo de selección: se trata de acudir a un árbol, recoger únicamente las frutas maduras o podridas que convienen al relato y mostrar la cesta como si fuera la radiografía exacta de todo el bosque. Cuando esta técnica se aplica a dramas humanos tan desgarradores como la explotación sexual de menores, el resultado es gasolina flotando en una opinión pública a punto de estallar.

La historia reciente demuestra que los datos étnicos sesgados o falsos no se quedan en el plano académico; saltan a las calles en forma de disturbios, violencia y fractura social, como los vividos en el Reino Unido en el verano de 2024 tras los bulos de Southport.

El ultraderechista Javier Negre emplea estructuras narrativas de deshumanización, pánico moral y victimización de la mayoría, enfocándose sobre todo en los musulmanes. En su retórica son comunes términos como “invasión islámica”, “ideología que carcome” o “colapso de Occidente”. Es una falsa teoría conspirativa rechazada categóricamente por la comunidad académica, verificadores de datos y organismos internacionales.

Pese a la falsedad del discurso y lo rastrero de su argumentación, la extrema derecha sigue creciendo y ganando adeptos.

Lo más peligroso es que la desinformación no nace de una mentira completa. De hecho, una parte sustancial de los hechos es cierta, pero se presenta de manera que conduce al público hacia conclusiones falsas. Tan irresponsable es negar la realidad como exagerarla, por eso debemos diferenciar entre el periodismo serio y la propaganda.

Numerosos estudios criminológicos demuestran que más del 80% de los abusos infantiles se producen en entornos familiares conocidos o cercanos a las víctimas. El propagandista Javier Negre, ha tomado los datos observados en determinados municipios y los ha proyectado matemáticamente al conjunto del país, los presenta como si describiera una realidad nacional homogénea donde ser musulmán es sinónimo de violador o abusador sexual. El problema adquiere una relevancia moral, porque cuando Negre convierte artificialmente una excepción documentada en regla universal, la consecuencia es la estigmatización colectiva de millones de personas que no tienen ninguna relación con los delitos.

La ciencia social lleva décadas advirtiendo sobre este tipo de manipulación que persigue dejar de informar y tratar de persuadir, y en la actualidad la inteligencia artificial añade más complejidad al problema.

Muchos ciudadanos acudimos a la IA buscando una respuesta neutral, ajena a los intereses ideológicos de partidos, medios de comunicación o grupos de presión. Pero las máquinas no piensan en el vacío. Tienen los sesgos de los seres humanos que las crearon. El historiador y filósofo Yuval Noah Harari advierte en su obra Nexus que los sistemas algorítmicos no distinguen necesariamente entre verdad y viralidad. Una información puede expandirse masivamente no porque sea correcta, sino porque resulta emocionalmente poderosa, genera indignación o confirma prejuicios previos. Hasta el papa León XIV nos lo acaba de advertir en su encíclica “Magnifica humanitas” donde nos invita a replantearnos el papel de la tecnología subrayando que la IA no es neutral y aboga por “desarmarla” de lógicas de dominio, exclusión y control. No se trata de una conspiración tecnológica, sino de una limitación inherente a algoritmos entrenados por seres humanos sesgados. Cuando una determinada narrativa domina el ecosistema informativo, el riesgo de que también influya en las respuestas algorítmicas aumenta significativamente.

Por ejemplo, en Torrepacheco se presentó un acto concreto de delincuencia como consecuencia directa de la inmigración en su conjunto, circularon vídeos descontextualizados, imágenes procedentes de otros lugares y mensajes interesados en señalar a comunidades enteras como criminales. Los mensajes más alarmistas eran los más compartidos y comentados. La emoción viaja más rápido que la verdad.

Tras el asesinato de varias niñas en Southport, se difundieron rápidamente informaciones falsas sobre la identidad del autor. Antes de que las autoridades reaccionaran, miles de usuarios compartieron interesadamente la atribución del crimen a colectivos inocentes. Esta desinformación alimentó disturbios, ataques contra mezquitas y enfrentamientos callejeros. Posteriormente se comprobó que muchas de las afirmaciones iniciales eran falsas.

La tecnología no necesita mentir para desinformar; a veces basta con amplificar selectivamente una parte de la verdad y silenciar el contexto necesario para comprenderla. La democracia necesita investigaciones honestas, la justicia necesita pruebas y la inteligencia artificial ciudadanos capaces de pensar críticamente. Cuando Javier Negre utiliza palabras como “invasión total” despoja al musulmán de su individualidad civil, lo transforma en un enemigo uniformado, en un “varón en edad militar”. Y cuando afirma que la inmigración “carcome el corazón de la civilización occidental”, lo compara con una enfermedad que corrompe al cuerpo sano desde dentro. Negre no busca debatir datos, sino contribuir a un mito literario cerrado donde el musulmán es una amenaza existencial que nos obliga a elegir entre la sumisión o la confrontación.

Los programadores y los modelos de IA no pueden ser meros espectadores asépticos. El rigor informativo debe pasar por encima de la complacencia o del algoritmo de interacción. Cuando un informe miente o manipula con las cifras globales, la obligación ética de la tecnología debe ser desmontar la falacia de inmediato, de forma directa y sin preámbulos. De lo contrario, seguiremos permitiendo que quien mira un árbol crea que todo el bosque está podrido.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Nuestro idioma está lleno de colores. Encontramos ejemplos en diversas situaciones: te puedes poner morado a consecuencia de una abundante comilona; te puedes poner rojo, como un acto de timidez supina; o te pueden poner verde, incluso sin motivos. También podemos, siguiendo esta misma línea de metonimias, ver los colores y expresar con ellos estados de ánimo. Hay quienes lo ven todo negro, yo intento mantenerme alejado de ellos. Hay otros que prefieren verlo todo de color rosa, que es una forma no lisérgica de afrontar la vida de manera positiva. De estos intento alejarme aún más.

Pero últimamente también podemos encontrar a quienes ven las cosas de color amarillo, de manera literal, porque usan filtros de este color en sus gafas. La verdad es que hay que reconocerles que nos pongan tan fácil el identificar su estupidez. No hace falta escucharlos. Sólo ver lo que llevan puesto. Algo así como en su día fue levantarse el cuello de la camisa. Hoy, uno de los grandes precursores de esta nueva moda ocular es Marcos Llorente, futbolista de profesión y necio de vocación, que no duda de "divulgar" sus ocurrencias a sus millones de seguidores, ya sea en redes sociales, como en programas de televisión. En el mundo digital es complicado poner coto a estas situaciones, quizás sí sea más sencillo en los entornos televisivos, por ejemplo, no invitando a estos personajes a que se expresen sin ningún tipo de pudor, ¿no?

Este mismo pelotero ya ha sido noticia en más de una ocasión por cuestiones alejadas del ámbito deportivo. Es un ferviente defensor de tomar el sol sin protección. Yo le diría que no echarse crema solar es como si descartas poner barrera cuando el rival te va a lanzar una falta al borde del área. Aunque puestos a elegir, yo preferiría un gol en contra a un melanoma. También defiende determinados estilos de nutrición alejados de la evidencia, o polémicas acciones como salir semidesnudo a la calle mientras pasea a su perro. También alude a teorías conspiranoicas cuando tiene ocasión. Por ejemplo, con los conocidos como chemtrails, es decir, las estelas de vapor de agua que dejan los aviones y que algunos intentan vincular con una especie de plan para envenenarnos. Que yo pienso, puestos a que nos fumiguen, que lo hagan con colonia; los que utilizamos el transporte público a menudo lo agradeceríamos.

El problema es que la legitimidad que aporta la fama es más que suficiente para muchos incautos que siguen el veredicto de sus ídolos en su día a día. No son “particulares teorías”, como destacan algunos titulares, son opiniones pseudocientíficas o bulos, con un daño potencial muy elevado. Lo que me resulta llamativo es que alguien sea capaz de hacer gala de su ignorancia frente a una audiencia masiva. Imagino que el ego de estas figuras públicas es directamente proporcional a su insolencia. Lo que me perturba es que, en un contexto donde podemos acceder a información fidedigna al momento, estos discursos se tornen tan populares. Y me perturba aún más que no haya consecuencias. Que sí, que el derecho a la libertad expresión es sagrado, ¿pero convertirse en un posible peligro público no debería tener represalias por parte, al menos, de las propias redes sociales? “Es que es mi opinión”. No, disculpe, decir que la Tierra es plana no es una valoración subjetiva; elegir jugar al contragolpe o a través de posesiones largas, sí lo es.

Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos revertirlo? Es sencillamente complejo, sólo hace falta darse cuenta de las lentes (entiéndase como sesgos cognitivos) que todos llevamos encima de manera involuntaria y que nos hacen interpretar el mundo de una determinada manera. La clave es ser consciente de estas propias limitaciones y dudar, siempre dudar, de los colores que ven nuestros ojos. Cómo envidio a los daltónicos.

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José María Gómez Vallejo es socio de infoLibre.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

El canal ultraliberal Negocios TV tiene 2,71 millones de suscriptores en YouTube, emite a través de Movistar+ y llega a millones de hogares en México mediante acuerdos con plataformas de distribución. Google acaba de citarlo como modelo de éxito en la economía de creadores de contenido. Sin embargo, la mayoría de los españoles, en un ecosistema mediático dominado por las cámaras de eco, no sabe que existe. ¿Qué es y de quién es Negocios TV?

El canal se presenta como un medio de información económica y financiera con una propuesta sencilla: explicar la macroeconomía —inflación, tipos de interés, deuda pública, mercados— en un lenguaje accesible, en formato vídeo, de forma gratuita y sin los muros de pago que caracterizan a medios como The Wall Street Journal o Bloomberg, con los que gusta de compararse. La información financiera, viene a decir, no debería ser un privilegio de quienes pueden permitirse una suscripción cara.

Lo opera una sociedad llamada Business Videns SL, constituida en mayo de 2021. Su fundador, presidente y consejero delegado es José Antonio Vizner, periodista económico que también ha desarrollado aplicaciones para Amazon Alexa y que describe su trabajo en términos de misión: la búsqueda de “la verdad que la economía esconde”. Vizner es, además, yerno de Julio Ariza, el empresario que fundó y dirigió el Grupo Intereconomía, referencia histórica de la televisión ultra en España y pieza sin la cual nada de lo que hoy es y representa Vox sería posible. Este dato importa para entender de qué canal estamos hablando.

Cuando Intereconomía desapareció como proyecto televisivo de alcance, dejó un hueco en el ecosistema mediático de la derecha española. Negocios TV ha ocupado parte de ese espacio, aunque con una estrategia radicalmente distinta: en lugar de apostar por la televisión tradicional, ha construido su audiencia casi íntegramente en plataformas digitales, con YouTube como motor principal. Y todo indica que está funcionando.

Business Videns SL tiene cuatro socios fundadores, cada uno con una cuarta parte del capital. El primero es el propio Vizner. El segundo es Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Okdiario.com, el digital dirigido por Eduardo Inda. Inda, bien conocido por su extremismo, su comunión con la derecha y su mala praxis profesional, no aparece directamente en el consejo de administración, pero su director general, Juan Carlos García Cabrera, sí lo hace en representación de la empresa. 

El tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, sociedad vinculada a Alejandro Suárez, figura del periodismo financiero en España y propietario, entre otros medios, de Merca2.es y el pseudomedio ultra Moncloa.com. El cuarto es Civitas Firma SL, sociedad de Julen Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza.

El resultado es una constelación en la que conviven el yerno y el hijo de Julio Ariza, el entorno de Eduardo Inda y un periodista financiero de impulsor de proyectos de perfil económico ultra. Entre los cuatro controlan un canal con una facturación declarada de 2,47 millones de euros en 2024 y un beneficio neto de 302.000 euros, según las cuentas depositadas por Business Videns SL. El negocio debe ir bien, porque el salario bruto de Vizner ese año fue de 201.500 euros.

Negocios TV se define como un medio económico, pero su línea editorial tiene una carga ideológica que va bastante más allá del análisis de balances. El canal es un altavoz de la escuela austriaca de economía, la corriente que defiende la mínima intervención del Estado, la desregulación de todos los sectores y la desconfianza hacia los bancos centrales. 

Sus colaboradores, entre ellos el economista Daniel Lacalle, denuncian de forma sistemática la inflación como un “impuesto oculto” generado, según ellos, por la irresponsabilidad de los gobiernos y la emisión descontrolada de dinero. La retórica del canal pivota sobre la idea conspiracionista de que los ciudadanos son víctimas de unas élites burocráticas que les ocultan la verdad económica.

Desde esa posición, el canal ha sido un defensor entusiasta de Javier Milei, el presidente argentino cuyas políticas de ajuste extremo conectan directamente con la doctrina que Negocios TV lleva años divulgando y que ha convertido su países en un gigantesco banco de pruebas de las teorías ultraliberales a costa de los más desfavorecidos. Nada de esto es accidental ni está oculto: es la propuesta editorial del canal, presentada como rigor frente al supuesto “control del relato” de los grandes grupos de comunicación.

Del tono que tiene el canal da idea el repertorio de titulares habitual en sus piezas de YouTube, en las que, además de informaciones, abundan los discursos doctrinarios de Vizner: "Caos militar en EEUU", "Rompe el mercado", "¿Guerra para siempre?", "Pierde la paciencia", "Crisis en Europa", "Cuarteto radical". Expresiones que casi siempre se mueven oscilan entre el anuncio del apocalipsis y el subrayado grosero.

Algunas de las críticas más duras que ha recibido Negocios TV no tienen que ver, sin embargo, con su línea económica, sino con las conexiones que se le atribuyen a uno de sus socios. El Yunque es una organización ultraconservadora de origen mexicano, nacida en los años cincuenta, de carácter secreto y con ramificaciones documentadas en varios países de América Latina y Europa. Su objetivo declarado es combatir el comunismo y, más recientemente, lo que sus miembros llaman la “agenda progresista”. Diversos investigadores y medios han señalado históricamente al Grupo Intereconomía como un entorno con vínculos con esta organización.

La conexión con Negocios TV se establece, según sus críticos, a través de Julen Ariza Rossy. Varios analistas y publicaciones lo han señalado explícitamente como vinculado a El Yunque, siguiendo una línea que ya se trazó sobre su padre. Desde esta lectura, el canal no sería solo un medio de información económica liberal, sino una pieza más de una estrategia cultural más amplia orientada a combatir la Agenda 2030 y los valores del progresismo. Canal Red, el medio que dirige el exvicepresidente Pablo Iglesias y que se sitúa en las antípodas ideológicas de Negocios TV, ha llegado a describirlo, con ese telón de fondo, como un "nido de serpientes libertarias y yunquistas".

Las cifras que maneja Negocios TV son llamativas. El canal afirma tener 20 millones de usuarios a nivel mundial, registrar una media de siete millones de visualizaciones diarias y haber alcanzado puntualmente los 151 millones de visualizaciones mensuales en YouTube, supuestamente por encima de medios como Fox Business y Bloomberg. Dice contar con más de 120 anunciantes internacionales y una pequeña base de 1.300 suscriptores de pago, pese a su vocación de canal en abierto.

Son cifras que proceden del propio canal o de declaraciones de su CEO. La única métrica verificable de forma independiente es el número de suscriptores en YouTube —2,71 millones a fecha de este artículo—, un dato que la propia plataforma hace público. El resto —visualizaciones, usuarios diarios, alcance global— son datos autodeclarados que ninguna fuente externa conocida ha auditado.

Esto no significa necesariamente que sean falsos. El modelo de negocio del canal —publicación masiva, directos de larga duración, saturación del algoritmo de recomendación de YouTube— es perfectamente compatible con cifras de consumo elevadas.

Lo que sí está acreditado es su distribución: se puede ver a través de Movistar+, Samsung TV Plus, Orange TV, Digi, la plataforma estadounidense Distro TV y, en México, mediante Izzi y Total Play, a través de un acuerdo con Vme Digital. Y su expansión continúa: el canal ha abierto una sede en Miami para producir contenido específico para América, donde se le presume una influencia cada vez mayor, y ha anunciado una presencia en Amazon Prime Video, a lo que se suma la audiencia acumulada vía aplicaciones específicamente diseñadas para Apple TV, Android y Amazon Fire TV.

Negocios TV se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo construir influencia mediática en el siglo XXI a partir de recursos en principio modestos, sin licencia de televisión tradicional y sin el respaldo de un gran grupo de comunicación. Desde YouTube se ha erigido en canal de referencia para la batalla cultural del neoliberalismo en español —ese grupo de economistas que se autodenominan “libertarios”— con capacidad de influencia sobre la audiencia hispanohablante, tanto en España como en América Latina, ávida de una narrativa económica y política que se presenta como alternativa.

Ese éxito, sin embargo, no es una casualidad. Es el resultado de una estrategia deliberada de actores con una larga trayectoria en el ecosistema mediático conservador español, que han encontrado en las plataformas digitales el vehículo que la televisión analógica ya no podía darles.

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. A lo largo de la historia, este derecho ha sido menospreciado, restringido y hasta reprimido en numerosas ocasiones. Sin embargo, la evolución de la conciencia social, junto con el avance de tecnologías como la imprenta y, más recientemente, las plataformas digitales, ha permitido que este derecho se consolide como un elemento incuestionable en la vida cotidiana de las personas. En el contexto actual, donde la información circula a un ritmo vertiginoso gracias a la digitalización, es imprescindible mantener y proteger la libertad de expresión, al tiempo que se reflexiona sobre cómo regular los nuevos medios sin comprometer este derecho fundamental. 

El desarrollo de la imprenta en el siglo XV marcó un antes y un después en la comunicación humana. Este invento democratizó el acceso al conocimiento y permitió que las ideas circularan con mayor libertad. La difusión de pensamientos, críticas y enfoques sobre la realidad política, social y cultural fomentó un ambiente de debate que propició cambios significativos. Movimientos como la Ilustración no hubieran sido posibles sin la capacidad de compartir ideas de forma masiva.

No obstante, la imprenta también trajo consigo nuevos desafíos. Los gobiernos comenzaron a regular la publicación de materiales considerados subversivos o peligrosos. A pesar de estas restricciones, la imprenta sentó las bases para que la libertad de expresión se convirtiera en un valor primordial a luchar y preservar. 

Con la llegada de la tecnología digital, la forma en la que consumimos información ha cambiado radicalmente. Plataformas como redes sociales, blogs y sitios informativos permiten a cualquier individuo convertirse en emisor de contenido. Esto ha democratizado aún más el acceso a la información, pero también ha generado problemas serios, como la propagación de noticias falsas y la desinformación a gran escala.

La preocupación por las fake news no es nueva; siempre ha existido la tendencia a manipular la información para diversos fines. Sin embargo, en la era digital, la velocidad a la que se difunden estas informaciones falsas y la facilidad con que se puede acceder a ellas han amplificado su impacto. Este panorama plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de los contenidos en línea. 

A menudo se plantea la necesidad de regular el contenido digital para evitar la propagación de información falsa y dañina. Sin embargo, esta regulación no debe interpretarse como un intento de censura. La identificación de los emisores de contenidos puede ser una herramienta valiosa para asegurar la responsabilidad en la difusión de información. Al exigir que los autores de contenido digital se identifiquen, la sociedad puede reclamar mayor responsabilidad a quienes difunden información, facilitando así un entorno de comunicación más transparente y seguro. Esto está perfectamente regulado en los medios denominados tradicionales, impresos o audiovisuales, donde la publicación de contenidos tiene siempre como último responsable al director de la publicación o al propietario de esta. En dichas cabeceras se realizan publicaciones firmadas, pero también con seudónimos, y en estos últimos es el director el responsable de lo publicado. ¿Por qué no se puede hacer una regulación similar con los medios digitales y redes sociales? ¿quién tiene interés en seguir publicando de forma anónima? 

De la responsabilidad de una noticia o de un conocimiento, tiene que hacerse cargo quien la produce o quien autoriza su publicación, lo que no impide que sea fundamental que esta identificación no comprometa la libertad de expresión, por eso los periodistas y sus empresas tienen garantizado el anonimato de sus fuentes de información. Es necesario regular que se pueda responsabilizar a los propietarios de las plataformas que autorizan información falsa, como pasa con los medios tradicionales.

No obstante, cualquier forma de regulación debe ser cuidadosamente diseñada para no inhibir el intercambio libre de ideas. 

Además de la regulación, es esencial fomentar la educación mediática dentro de la sociedad. Los ciudadanos deben ser capaces de discernir entre información veraz y falsa, y para ello, es necesario enseñarles a evaluar las fuentes y el contenido que consumen. La alfabetización mediática puede empoderar a las personas para que se conviertan en consumidores críticos de información, lo que a su vez puede ayudar a mitigar el impacto negativo de las noticias falsas y preservar la calidad del discurso público.

La lucha por la libertad de expresión no está exenta de retos. En muchas partes del mundo, incluyendo democracias consolidadas, se observa un creciente autoritarismo que busca silenciar voces disidentes. La autocensura se convierte en un mecanismo de defensa ante posibles represalias, lo que limita aún más el debate público. En este contexto, es más importante que nunca defender este derecho, no solo como un principio abstracto, sino como una herramienta vital para la progresión social.

La conclusión es que necesitamos preservar la libertad de expresión en la era digital, y se trata de una tarea que requiere un planteamiento de múltiples dimensiones. La historia nos muestra que este derecho no debe darse por sentado, ya que ha sido y sigue siendo amenazado. La revolución digital ha transformado la comunicación y ha planteado desafíos significativos, pero también oportunidades únicas para el intercambio de ideas y la promoción del conocimiento.

Al buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular el contenido en línea, es esencial mantener el respeto hacia la autonomía individual y la diversidad de pensamiento. La educación mediática jugará un papel crucial en este proceso, capacitando a los ciudadanos para navegar de manera crítica en un mar de información. Así, debemos construir una sociedad donde la libertad de expresión siga siendo un pilar fundamental, promoviendo un discurso plural y enriquecedor que beneficie a todos, pero responsabilizándonos de lo que informamos o damos a conocer.

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José María de la Riva Ámez es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.

La desinformación dirigida a las zonas rurales y a los agricultores mantiene en guardia a la Comisión Europea (CE) y a los expertos en verificación en España, sobre todo cerca de las elecciones, y ante bulos sobre asuntos como Mercosur, el clima o la inmigración.

Hay indicios de una corriente de desinformación centrada en los habitantes rurales y en la agroalimentación, según fuentes del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), de los servicios de la CE y de entidades vinculadas al desarrollo rural.

Rusia es un origen señalado, pero no el único -incluso la procedencia puede ser española-, pero es complejo determinar las razones.

En el proceso de aprobación del acuerdo comercial con Mercosur, los servicios de la CE han notado que existen campañas de desinformación centradas en zonas rurales, para desacreditar a la Unión Europea (UE).

En 2024, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, pidió al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, que combatiera la desinformación rural en la carta para esta legislatura.

La gerenta de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y vicepresidenta de la red europea ELARD, María José Murciano, ha confirmado a EFE que Bruselas les han pedido colaboración para luchar contra los bulos.

"Se puede advertir una deriva de la desinformación hacia el territorio rural" apunta a EFE el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría, coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier) -que integra a EFE Verifica y otros medios-.

Habla de dos vertientes en los países occidentales: la relacionada con la crisis climática y, menos frecuente, la asociación de la inmigración con las zonas rurales.

Respecto al cambio climático, la narrativa del negacionismo ha evolucionado hacia un cuestionamiento de las medidas que plantean los organismos internacionales para frenarlo.

Sobre el vínculo entre el rural y la inmigración, cita el ejemplo de Torre Pacheco (Murcia), donde un discurso de odio contra los migrantes inundó las redes el pasado verano y se materializó en altercados violentos; el vector es la idea de que la llegada de esos extranjeros "trastoca la paz o la armonía de esos lugares".

En la desinformación sobre agroalimentación, Salaverría distingue tres actores: grandes potencias con intereses geoestratégicos, organizaciones políticas o activistas y la "pura estafa" que puede tener detrás intereses empresariales.

Rusia está señalada como uno de los "grandes agentes de la injerencia y manipulación informativa internacional" y difusor de narrativas que afectan a la energía, inmigración o la alimentación, pero no es el único país de origen, según el experto.

Por otra parte, Salaverría cita los bulos de organizaciones políticas y activistas "de derecha y ultraizquierda", en un contexto polarizado, que también se da en España.

Respecto a los intereses empresariales, indica que las multinacionales y otros entes pueden recurrir a procedimientos "poco edificantes" para difundir narrativas y que el resultado favorezca a sus intereses, es decir, que se "desprestigien los productos de los (países) competidores".

Pero apunta que no se puede pensar que "las malas artes proceden solo de países terceros y que España es víctima", porque el origen de esos bulos puede ser español.

Según EFE Verifica, en el campo español Marruecos es relevante como diana de la manipulación.

Las elecciones son momentos muy críticos para la desinformación, de acuerdo con Iberifier, que pertenece a la red del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés).

En las legislativas de Portugal los incendios fueron caldo de cultivo, por su componente emocional, extremo y con víctimas.

Algo comparable a la desinformación durante la dana de Valencia.

Considerar más vulnerables a los habitantes rurales o no requiere un análisis "cuidadoso" y "no presuntuoso", según Salaverría.

Menciona estudios que indican que los mayores de 65 años están más expuestos y en las zonas rurales la población está más envejecida, pero por otro lado, ve justificado que las organizaciones agrarias y los vecinos argumenten que las administraciones desconocen los problemas de sus territorios.

Opina que se combate con más información y que el mundo rural está más desatendido en cuanto a "informaciones bien respaldadas por evidencias científicas o estudios", por lo que hay margen de mejora.

Cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de ley orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen —el texto que pretende derogar y actualizar la norma de 1982 para adaptarla a la era de los deepfakes, las plataformas digitales y la inteligencia artificial—, el pasado mes de enero, el foco informativo se centró, con razón, en las personas físicas: cómo proteger a ciudadanos de la difusión de imágenes manipuladas, cómo limitar el uso comercial de voces sintéticas, cómo blindar a los menores frente a contenidos generados sin su consentimiento.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador creado originalmente para velar por el buen funcionamiento de los mercados españoles, ha aprovechado que está obligado a pronunciarse sobre el anteproyecto para colarse en el debate con una recomendación que abre un melón jurídico y político de considerable tamaño: que la futura ley incluya una referencia expresa a la protección del honor de las personas jurídicas de derecho privado, es decir, de las empresas y otras entidades privadas.

La propuesta no es disparatada. Al contrario, cuenta con un respaldo jurisprudencial sólido. Pero plantea una paradoja: si se aprueba, una eléctrica podrá defender su honor ante los tribunales con el paraguas de una ley orgánica. El Ministerio para la Transición Ecológica que la regula, no. Un hospital privado, sí. Uno público, no. Antena 3, sí. RTVE, no.

Lo primero que llama la atención tiene que ver con el uso de las palabras. Las empresas no hablan de honor. Hablan de reputación, de imagen corporativa, de marca, de brand equity. Los departamentos de comunicación de las grandes compañías tienen manuales de gestión de crisis reputacional. Ninguno lleva por título: Cómo defender nuestro honor.

Y sin embargo, el derecho —que a menudo camina a ritmo distinto que el lenguaje cotidiano— lleva décadas reconociendo que detrás de esa diferencia semántica hay, en realidad, una misma necesidad de protección jurídica. El honor, en su sentido técnico-jurídico, no es solo el sentimiento íntimo de dignidad propia: es también la consideración que los demás tienen de una persona o entidad, su reputación externa, el crédito del que goza en la comunidad.

Desde esa perspectiva, la CNMC argumenta que el buen nombre de una empresa —su reputación comercial, su credibilidad ante clientes, proveedores e inversores— cumple exactamente la misma función social que el honor de un individuo. Y que cuando alguien difunde afirmaciones falsas o que desprestigian a una sociedad mercantil, el daño causado es análogo, aunque el afectado no tenga sentimientos ni dignidad en sentido estricto.

Lo que dice la jurisprudencia

La CNMC no inventa esta doctrina. Se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que arranca en España del Tribunal Constitucional y que hunde sus raíces, en el plano europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La sentencia clave en el ordenamiento español es la STC 139/1995. El Tribunal Constitucional estableció en ella que las personas jurídicas de derecho privado —sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones— pueden ser titulares del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. La razón es que, aunque el honor sea un valor vinculado a la dignidad humana, las entidades privadas pueden ver dañada su reputación de una manera funcionalmente equivalente a como les ocurre a las personas físicas, con consecuencias económicas y sociales igualmente reales.

El Tribunal Supremo ha seguido y desarrollado esa doctrina. Hay sentencias que reconocen el derecho al honor a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y, por supuesto, a todo tipo de sociedades mercantiles. La lógica es uniforme: lo que el ordenamiento protege no es una capacidad emocional —que las empresas no tienen— sino una posición social, un crédito, una consideración pública que puede ser atacada mediante afirmaciones falsas o vejatorias.

El informe de la CNMC detecta un problema concreto: el anteproyecto del Gobierno no menciona expresamente a las personas jurídicas entre los sujetos protegidos por la futura ley. Técnicamente, esa omisión no impide que los tribunales les apliquen la norma —la jurisprudencia ya lo avala—, pero genera inseguridad jurídica. La CNMC considera que, dado que el reconocimiento jurisprudencial existe, el texto legal debería recogerlo de forma explícita.

Pero la CNMC añade un argumento que es específicamente suyo, propio de un organismo regulador de la competencia: la protección del honor empresarial no es solo una cuestión de justicia privada. Tiene, dice, un efecto general positivo sobre la competencia. Si las empresas no pueden defenderse eficazmente de informaciones falsas o que afectan a su prestigio —especialmente en el entorno digital, donde un bulo puede viralizarse en horas—, el mercado funciona peor. Los consumidores toman decisiones sobre la base de información distorsionada. El prestigio, que es un activo económico real, puede ser destruido por un actor malicioso sin coste ni sanción adecuados. La transparencia y la sana competencia requieren, en suma, según el criterio del regulador, que la reputación empresarial esté jurídicamente blindada.

Es un argumento pragmático y coherente con el mandato de un organismo como la CNMC. Pero abre la puerta a algo que el propio informe no explicita: si se consagra legalmente que las empresas tienen honor, ¿cómo se pondera ese honor frente a la libertad de expresión, la crítica legítima, el periodismo de investigación o la denuncia de consumidores?

Aquí es donde la propuesta se complica. La tutela civil del honor implica que quien se siente agraviado puede acudir a los tribunales y exigir el cese de la difusión del contenido lesivo, la publicación de una rectificación y una indemnización por daño moral. Los criterios que introduce el anteproyecto para cuantificar esa indemnización son amplios: difusión del contenido, repercusión social, duración, reincidencia del infractor. Y la norma prohíbe expresamente las indemnizaciones meramente simbólicas.

Extender ese régimen a las grandes corporaciones genera una tensión evidente. Una empresa con recursos puede usar la amenaza de una demanda por vulneración del honor como herramienta de presión frente a periodistas, activistas, consumidores o competidores. El fenómeno se conoce internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas cuyo objetivo real no es ganar en los tribunales, sino disuadir a la parte contraria mediante el coste, el tiempo y el estrés del litigio.

La Unión Europea ha empezado a legislar contra las SLAPP —en una iniciativa que también se conoce como Ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada en 2017 y que fue víctima de este tipo de acciones judiciales— precisamente porque su efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo de interés público es devastador. Pero España no lo ha hecho, a pesar de que el plazo límite acaba el próximo 7 de mayo.

El anteproyecto sobre el que se ha pronunciado la CNMC no aborda este riesgo de forma específica. Y su recomendación tampoco lo menciona. Que la ley acabe incluyendo a las empresas entre sus titulares protegidos sin introducir al mismo tiempo salvaguardas reforzadas para la crítica de interés público, el periodismo de investigación o la denuncia de prácticas empresariales irregulares es una posibilidad que amenaza de forma muy concreta el derecho a la información.

La propuesta de la CNMC tiene, además, otra consecuencia. Consagra legalmente una asimetría que ya existe en la jurisprudencia pero que, al positivizarse en una ley orgánica, adquiere una visibilidad y una rigidez nuevas.

La línea que traza el derecho español —con respaldo del Tribunal Constitucional y doctrina explícita del Tribunal Supremo— es la siguiente: las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares del derecho fundamental al honor. Las personas jurídicas de derecho público —ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos— no.

La razón esgrimida por la jurisprudencia española tiene que ver con la propia arquitectura de los derechos fundamentales. El artículo 18.1 de la Constitución protege el honor como un derecho de los individuos —y, por extensión, de las entidades privadas—. Los derechos fundamentales nacen históricamente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente al poder público y resultaría contradictorio, de acuerdo con la interpretación del Constitucional y del Supremo, que el propio poder público pudiera invocar ese derecho como escudo frente a la crítica de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad: las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor del artículo 18.1 CE. Para ellas, lo procedente es hablar de prestigio institucional, autoridad moral o dignidad de la función, conceptos que pueden protegerse por otras vías —responsabilidad civil, tipos penales específicos— pero no a través de la invocación directa del derecho fundamental al honor.

Las consecuencias prácticas de esta distinción son llamativas. Telefónica, que fue empresa pública y hoy es una sociedad anónima cotizada, podría acogerse a la futura ley de protección del honor. Correos, que sigue siendo una sociedad anónima estatal con capital íntegramente público, también podría acogerse, porque su forma jurídica es la de una sociedad mercantil de derecho privado, aunque su capital pertenezca al Estado. RTVE, en cambio, es un ente público sometido al derecho público, y por tanto quedaría fuera. Un hospital concertado gestionado por una empresa privada, dentro. Un hospital universitario de gestión directa, fuera. Iberdrola, dentro. El Ministerio para la Transición Ecológica que toma decisiones sobre los precios que puede cobrar Iberdrola, fuera.

La paradoja tiene una lógica jurídica interna coherente, pero su efecto político es difícil de ignorar. En la práctica, quienes más poder tienen en la economía —las grandes corporaciones— adquirirían un nuevo instrumento jurídico para proteger su imagen pública. Quienes representan el interés general —las instituciones democráticas— seguirán excluidos de ese instrumento.

Es una ecuación complicada: cómo proteger el honor de las empresas sin crear un arma legal contra quienes las critican, investigan o denuncian; cómo consagrar ese derecho sin cerrar la brecha que lo separa de la reputación institucional del Estado; y cómo evitar que una ley pensada para proteger a las personas acabe siendo, sobre todo, útil para las corporaciones.

El melón está abierto. Ahora le toca al legislador decidir qué hace con él.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

Hay un experimento clásico en psicología cognitiva que debería colgar enmarcado en la sede del Partido Popular y en la de Vox. En 1977, la psicóloga Lynn Hasher demostró en laboratorio lo que la propaganda política había intuido desde mucho antes: cuando una afirmación falsa se repite suficientes veces, el cerebro humano comienza a procesarla como verdadera.

No porque la persona sea estúpida. Sino porque la familiaridad con un enunciado genera una sensación de fluidez mental que el cerebro interpreta, de forma automática, como veracidad. Lo llamaron “efecto de la verdad ilusoria”. Estudios posteriores han demostrado algo aún más inquietante: el efecto funciona incluso cuando la persona sabe de antemano que la afirmación es falsa. Y también con personas de alto nivel educativo y capacidad analítica.

PP y Vox lo saben. No necesariamente porque hayan leído a Hasher, sino porque llevan años aplicando el principio con disciplina y coordinación: repetir, repetir y repetir, con independencia de lo que digan los datos, los jueces, los científicos o las estadísticas oficiales. Lo que la filósofa Hannah Arendt llamó, con precisión quirúrgica, “defactualización”: la destrucción sistemática de la capacidad colectiva de distinguir hechos de opiniones.

Lo explicó hace unas semanas, con otras palabras, la excongresista MAGA Marjorie Taylor Greene: “Donald Trump ha entrenado a nuestro bando para no disculparse nunca y no admitir sus errores”. La consigna es: “Simplemente sigue machacando a tus enemigos, pase lo que pase”.

La estrategia no persigue el debate racional. Quien la entiende como tal ya ha perdido. Su objetivo no es que el ciudadano le dé la razón, sino que acabe dudando de la realidad. Que ante dos versiones opuestas —una respaldada por estadísticas oficiales, sentencias judiciales o datos científicos, la otra repetida hasta el agotamiento por líderes con alta visibilidad mediática— el receptor no sepa a qué atenerse. En ese estado de confusión, el sesgo de confirmación hace el resto: cada persona tiende a quedarse con la versión que encaja con sus emociones previas.

La técnica tiene cuatro patas que se sostienen mutuamente. La primera es la afirmación sin pruebas presentada como evidencia. No se dice "creemos que" o "hay indicios de que", sino certezas rotundas, sin matices, expresadas con la solemnidad de quien tiene documentos sobre la mesa aunque no los enseñe nunca. Sobre corrupción, sobre prostitución, sobre enfermedades, sobre la autoría de los atentados del 11M, sobre cualquier asunto que implique poner bajo sospecha al Gobierno.

Se escuchan cada semana en las ruedas de prensa e intervenciones públicas de los principales dirigentes de la derecha: Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz (la portavoz que hace ahora un año aseguró que no necesitaba pruebas “absolutamente de nada” para hacer acusaciones gravísimas), Santiago Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso. En ruedas de prensa y en el Pleno del Congreso, en particular en las sesiones de control, que aseguran visibilidad en todos los informativos.

La segunda es la repetición milimétrica: el mismo dato falso, el mismo encuadre ("lo sabía y lo tapó", por ejemplo, sin una sola prueba que lo sustente), el mismo adjetivo, semana tras semana, en rueda de prensa, en mitin, en debate parlamentario, en entrevista de radio.

La tercera es la inmunización al desmentido: cuando un verificador, un juez o la institución competente desmiente la afirmación, la respuesta no es retractarse sino atacar la fuente —"el Gobierno manipula los datos" o "los medios están al servicio de Sánchez"—.

La cuarta es el ecosistema amplificador: una cadena de medios afines, cuentas de redes sociales coordinadas e influencers y youtubers que repiten el mensaje hasta que la mentira ocupa el espacio que debería ocupar la realidad.

El estratega político de la posverdad no quiere que podamos estar en desacuerdo sobre los hechos, sino con ellos mismos, como si nos enzarzáramos en una lucha a brazo partido contra los hechos. Esa es la meta: no ganar el argumento, sino hacer que el argumento sea imposible.

Los ejemplos son tan abundantes que el verdadero problema para quien quiera analizarlos es la selección. Veamos algunos de los más persistentes.

Las violaciones. Quizá uno de los casos más documentados de manipulación estadística deliberada. Tanto PP como Vox han repetido en numerosas ocasiones que el número de violaciones en España ha aumentado más de un 200% desde 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia. En julio de 2023, Abascal aseguró que habían aumentado un 250%; el candidato de Vox en Extremadura llegó a decir que el incremento fue del 460% en un debate electoral de diciembre.

Por su parte, Feijóo dijo en septiembre que habían crecido un 231%; el 3 de diciembre aseguró que el aumento había sido del 217% y, al día siguiente, que era del 227%. La variación en las propias cifras —que van del 217% al 460% según el día o el orador— revela que no se trata de un error de cálculo sino de una cifra elegida para impactar, no para informar.

La coartada argumental es comparar datos de 2018 con los actuales sin tener en cuenta el cambio normativo introducido en 2022, cuando agresiones y abusos sexuales comenzaron a contabilizarse de forma unificada. En otras palabras: no hay más violaciones. Hay más hechos que ahora se cuentan donde antes no se contaban. Es una distinción metodológica básica. Y se ignora por sistema.

La inmigración y la delincuencia. Es el gran vector de desinformación de la derecha española, y el que más consecuencias reales tiene sobre personas concretas y vulnerables. El binomio migrante-delincuente se construye a base de casos individuales elevados a categoría de tendencia, de estadísticas de fuentes no oficiales presentadas como si lo fueran, y de silencios estratégicos sobre los datos que contradicen el relato.

Los datos oficiales desmienten que España sea hoy un país más peligroso que cuando tenía menos inmigración: la tasa de criminalidad es de 40,6 delitos por mil habitantes en el primer trimestre de 2025, la más baja de la serie histórica según el Ministerio del Interior, mientras que en 2005 —cuando la población extranjera era menos de la mitad de la actual— era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Es decir: mientras la inmigración se ha multiplicado, la criminalidad ha descendido. No hay correlación; hay correlación inversa.

Según cifras del INE correspondientes a 2024, el 71% de las personas adultas condenadas en España tiene nacionalidad española. Y los extranjeros que sí aparecen en estadísticas de condenados lo hacen en mayor proporción que su peso poblacional no porque sean más propensos al delito, sino por factores socioeconómicos y porque el sistema penal actúa con mayor dureza sobre quien carece de redes de apoyo jurídico y económico. Del total de delitos registrados en España en 2023, el 72,2% fueron cometidos por españoles.

Nada de esto ha detenido el discurso. Según un análisis de mensajes difundidos en redes entre abril y junio de 2024, la mitad de las publicaciones relacionadas con personas migrantes contienen información falsa, tergiversada o manipulada, y el 45% de las menciones engañosas se alinean con postulados de extrema derecha. La maquinaria funciona.

Lo más revelador del efecto práctico de este discurso lo ofrece un dato que conocen bien los sociólogos. Cuando el asunto desaparece de la agenda mediática o deja de ser usado como conflicto entre instituciones, la preocupación de los ciudadanos desciende de forma muy marcada. La preocupación no refleja una realidad objetiva cambiante. Refleja el volumen del altavoz.

La economía y el paro. Feijóo y Abascal han descrito durante años una España en descomposición económica, con cifras de pobreza extrema y desempleo catastrófico, mientras los datos del INE, la Seguridad Social y Eurostat pintaban un cuadro sustancialmente distinto. Cuando el Gobierno aprobó la reforma laboral, auguraron una destrucción masiva de empleo. Cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional, pronosticaron una catástrofe. Los datos no les dieron la razón en ninguno de los dos casos, pero las predicciones apocalípticas no se retiraron ni se reconoció el error: simplemente se sustituyeron por nuevas predicciones calamitosas basadas en afirmaciones sin pruebas que se repiten una y otra vez ("el Gobierno maquilla los datos del paro"). La técnica no necesita acertar. Necesita ocupar el espacio.

El 11-M y la memoria histórica. La teoría de que el atentado del 11 de marzo de 2004 fue obra de ETA ha sido descartada por la instrucción judicial, por el juicio oral, por la sentencia de la Audiencia Nacional y por los hechos conocidos. No existe ninguna resolución judicial, ningún informe policial, ninguna investigación periodística rigurosa que apoye esa tesis. Sin embargo, ha sobrevivido durante dos décadas en el ecosistema mediático de la derecha española como verdad alternativa, resucitada periódicamente cuando la actualidad política lo hace conveniente. Hasta el punto de que esta misma semana ha sido objeto de la presentación de un libro, firmado por el exministro Jaime Mayor Oreja, plagado de mentiras y especulaciones disparatadas.

Sánchez y Maduro. La narrativa sobre una supuesta amistad o connivencia del presidente del Gobierno con el régimen venezolano ha funcionado durante años como acusación política con vida propia, resistente a cualquier desmentido. Feijóo y Abascal han señalado a Sánchez y Zapatero como aliados del régimen de Maduro. La acusación no requiere pruebas porque no pretende demostrar nada en el sentido clásico del término: pretende instalar una asociación emocional. Sánchez = Maduro = dictadura. La repetición hace el resto.

"No soy presidente porque no quiero". Este bulo destaca por su audacia. Feijóo ganó las elecciones generales de julio de 2023 en votos pero no logró la mayoría necesaria para ser investido. Y afirma que no gobierna porque no quiso pactar con Junts, tratando de ocultar que, de haberlo hecho, no habría contado con el apoyo de Vox. El discurso del bloque de derechas trata de cuestionar la investidura alternativa de Sánchez, que fue el resultado de una aritmética parlamentaria absolutamente reglada y legal.

La narrativa de la derecha, sin embargo, instaló la idea de que Feijóo "no quiso" ser presidente, o de que el cargo le fue "robado". No existe ningún mecanismo constitucional, ningún precepto legal, ningún precedente democrático que avale esa lectura. Pero se repite con tal insistencia que una parte significativa del electorado de derechas la asumió como verdad establecida.

Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Es la versión local de una tendencia que ha transformado el ecosistema democrático occidental. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, los impulsores del Brexit en Reino Unido: todos han aplicado variantes del mismo método con resultados electorales, en algunos casos, notables. Los hechos alternativos tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos, que no parezcan mentiras.

Lo específico del caso español es la asimetría entre la intensidad del discurso y la realidad que pretende describir. España es una de las economías con mayor crecimiento de la UE. Tiene la tasa de criminalidad más baja de su historia. Acoge a millones de migrantes que cotizan a la Seguridad Social y sostienen en parte el sistema de pensiones. Ninguno de estos hechos ha conseguido desactivar una narrativa que describe un país en colapso, invadido, inseguro y gobernado por una especie de conspiración bolivariana. La distancia entre el relato y los datos es, en el caso español, excepcionalmente grande.

Entender por qué este método funciona exige abandonar la creencia de que solo afecta a personas poco informadas o poco inteligentes. Los estudios sobre el efecto de la verdad ilusoria son categóricos: el mero hecho de repetir mentiras obvias cinco veces permite aumentar su "verosimilitud percibida", y la inteligencia o la capacidad analítica no inmuniza contra este efecto.

El mecanismo se articula además con otro fenómeno bien documentado: la disonancia cognitiva. El deseo de tener certezas y asideros a los que aferrarnos en situaciones de incertidumbre se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que crezcan los hechos alternativos.

Esas falsedades cumplen una función: nos hacen sentir cómodos, nos brindan seguridad, eliminan las disonancias. En épocas de cambio acelerado, de inseguridad laboral, de transformación demográfica, hay un mercado emocional para explicaciones simples que señalen a un culpable claro. Los migrantes, Sánchez, Maduro: la narrativa de la derecha española ofrece siempre un responsable preciso para angustias difusas y estructurales.

A esto se añade lo que los analistas llaman el “efecto rebote”: cuando alguien ya ha integrado una creencia falsa en su identidad política, presentarle datos que la contradicen no le hace cambiar de opinión. Le hace reafirmarse. El desmentido se convierte en prueba de la conspiración. Quien desmiente es el enemigo.

El método de los hechos alternativos pone a los medios de comunicación y a los políticos que intentan huir de esta pauta ante un dilema sin salida fácil. Desmentir la mentira la amplifica. No desmentirla, la deja correr. El fact-checking es necesario, pero insuficiente: llega a quien ya tiene dudas, rara vez a quien ya creyó. Y el formato clásico del debate político —dos versiones enfrentadas con idéntica visibilidad— iguala artificialmente el peso de las afirmaciones verificadas y las inventadas.

Lo que sí funciona, según la literatura académica disponible, es vacunar antes de que la mentira llegue: explicar el mecanismo antes de que se aplique. No decir “esto es falso” sino “esto es verdadero”, “van a intentar convencerte de lo contrario” y “así es como funciona el truco”. Es lo que los investigadores llaman prebunking o inoculación informativa. Requiere una ciudadanía con educación mediática y un periodismo que abandone la falsa neutralidad y ejerza la verificación como norma, no como una sección especial o algo que hacen organizaciones especializadas.

La pregunta ya no es si PP y Vox mienten. Es otra más incómoda: ¿por qué una democracia madura, con instituciones sólidas, con datos públicos accesibles y con un periodismo relativamente activo, no ha encontrado aún el antídoto eficaz contra una estrategia cuyo manual de instrucciones lleva décadas sobre la mesa?

La respuesta exige mirarse también hacia dentro. La posverdad no es solo un problema de quienes la producen. Es un problema de las condiciones —económicas, emocionales, institucionales— que hacen que una parte de la ciudadanía la encuentre más satisfactoria que la verdad. Mientras esas condiciones existan, el negocio de los hechos alternativos seguirá siendo rentable.

Hay un dato que lo resume casi todo: para sentarse en el mismo palco que los ponentes del Madrid Economic Forum y cenar con ellos en la afterparty VIP, hay que desembolsar 2.500 euros. Para escucharlos desde la platea general, basta con 49. Entre esos dos extremos, un sistema escalonado de entradas Gold a 299 euros que promete “acceso preferente al networking” —un espacio con acceso directo a redes de contacto— y visibilidad ante los líderes del pensamiento liberal hispano. El evento es, en su propio diseño de precios, una metáfora del mundo que predica: el mercado estratifica, y quien más paga, más accede.

El Palacio de Vistalegre, ese recinto de Carabanchel construido sobre el solar de una antigua plaza de toros, se ha convertido en algo más que un espacio de eventos. En dos meses, habrá acogido dos de las convocatorias más reveladoras del momento político y cultural español. El 17 de enero, más de 6.000 jóvenes apagaron sus teléfonos durante cuatro horas para escuchar a Juan Manuel de Prada, Ana Iris Simón, Juan Soto Ivars o Jano García hablar de precariedad, sentido y trascendencia en lo que sus organizadores llamaron El Despertar. El 14 de marzo le toca al Madrid Economic Forum (MEF26), que promete traducir ese despertar emocional en claves de emprendimiento, desregulación y libertad económica.

Los dos eventos comparten algunos ponentes, el recinto y, sobre todo, la misma intuición estratégica: en España hay un mercado ideológico desatendido, joven, frustrado y dispuesto a pagar por sentir que pertenece a algo distinto.

Las empresas detrás del Madrid Economic Forum no son think tanks ni fundaciones ideológicas. Son dos firmas andorranas: Abast, dedicada al asesoramiento fiscal, y Racks Labs, consultora de “inteligencia de negocio”, que viene a ser una combinación de IA, chatbots y soluciones digitales para el manejo de datos (este grupo empresarial fue cofundado por Víctor Domínguez, un agitador conocido en redes como Wall Street Wolverine señalado por difundir desinformación). 

Su trayectoria empresarial, antes de saltar a Madrid, consistía en organizar el Andorra Economic Forum —un evento más íntimo, de unos mil asistentes, con todas las entradas vendidas— para clientes interesados en la optimización fiscal y la planificación patrimonial en el Principado. El salto a Vistalegre en junio de 2025 fue, en términos de negocio, un éxito rotundo: 7.500 asistentes, cobertura en grandes medios, clausura de Javier Milei y confirmación de una segunda edición para 2026.

Lo que los organizadores han descubierto —y aquí reside la clave de su modelo— es que la batalla cultural puede ser un producto. No en sentido peyorativo, sino literal: un producto con costes de producción, márgenes de beneficio y distintos segmentos de mercado. La entrada estándar cubre la experiencia masiva; la Gold añade encuentros profesionales cuidadosamente seleccionados; la Diamond entrega acceso directo a los ponentes. Las empresas pueden convertirse en partners —colaboradores— por menos de 1.500 euros y obtener visibilidad de marca ante un público de emprendedores, inversores y profesionales liberales. El discurso antiEstado y promercado no solo se pronuncia desde el escenario: también se practica en el modelo de negocio.

Los patrocinadores del MEF26 son, en sí mismos, un retrato sociológico del ecosistema. Economía Para Adultos y Hespérides, dos proyectos de formación con orientación liberal; marcas de fitness, oratoria e idiomas; consultoras digitales y empresas de nutrición. Es el universo aspiracional de una derecha joven que mezcla libertad económica con optimización corporal, emprendimiento con masculinidad productiva, crítica al Estado con coaching personal.

El núcleo duro del MEF26 lo forman los economistas vinculados al Instituto Juan de Mariana: Juan Ramón Rallo, Miguel Anxo Bastos y Manuel Llamas, director del propio Instituto. No es casual. El Juan de Mariana es el think tank ultraliberal de referencia en España, un laboratorio de ideas que lleva dos décadas elaborando el sustrato intelectual que ahora se despliega en eventos masivos. Su presencia en el foro es a la vez una señal de supuesta legitimidad académica y un indicador de hasta dónde ha llegado la influencia de ese pensamiento fuera de los círculos especializados.

Junto a ellos, Daniel Lacalle —economista mediático, gestor de inversiones, voz habitual en los circuitos de la ortodoxia fiscal que predica disciplina, estabilidad y sostenibilidad— y una constelación de comunicadores de la derecha digital: Jano García, que ha construido su carrera sobre la crítica a lo que llama el “consenso progresista"; Vito Quiles, el agitador más conocido del ecosistema ultra en redes sociales; Pedro Herrero, especialista en narrativas culturales conservadoras; o Juan Soto Ivars, escritor y periodista, en estos momentos en Abc, que ha sabido navegar entre espacios heterogéneos agitando la bandera de la libertad de expresión y hace tiempo que desempeña del rol de cronista oficial de la guerra cultura de la derecha. Su voz también estuvo presente en el acto de El Despertar del mes de enero.

En cartel, al que cada día se van sumando nuevos nombres, siguiendo la lógica de algunos festivales, también figura Roberto Vaquero, el líder de Frente Obrero. Es una organización que, a pesar de ser muy minoritaria y declararse de inspiración marxista-leninista, ha logrado captar la atención de la derecha gracias a sus postulados identitarios y antiinmigración.

Su inclusión no es un gesto de pluralismo ingenuo. En el lenguaje de estos eventos, cumplirá una función precisa: permitirá que el foro se autopresente como un espacio de debate supuestamente libre de prejuicios, donde incluso la izquierda tiene voz, lo que otorgaría legitimidad democrática a una convocatoria cuya matriz ideológica es en realidad inequívocamente libertaria (e iliberal).

Para entender la dimensión estratégica de lo que está ocurriendo, conviene recordar que Vistalegre fue, durante años, el escenario de los grandes actos de Podemos. Las imágenes de Pablo Iglesias ante un pabellón abarrotado definieron una época. Que ahora ese mismo recinto acoja, en el plazo de dos meses, un evento de espiritualidad conservadora y un foro de economía libertaria no es una ironía caprichosa del calendario: es el resultado de una disputa consciente por los espacios simbólicos de la política española.

La nueva derecha cultural ha comprendido —antes, en muchos casos, que la izquierda— que los formatos importan tanto como los contenidos. Que la política ya no se hace solo en los parlamentos ni en los periódicos, sino en los eventos experienciales, en los podcasts, en las comunidades de Discord que han sustituido a los antiguos foros de internet, en los grupos de Telegram. Que un joven de veintitantos años dispuesto a pagar 49 euros para escuchar a Rallo o a Bastos hablar de libertad económica no es solo un consumidor político: es alguien que quiere pertenecer, que busca tribu, que necesita que su descontento tenga nombre y argumento.

El Despertar fue explícito en esto: sus organizadores, el movimiento cultural It's Time To Think, pidieron a los asistentes que apagaran los teléfonos no por razones de cortesía, sino para crear una experiencia de “conexión real” en contraposición al mundo digital. La liturgia del evento —silencio, diálogo, salto, fiesta— era deliberadamente comunitaria, casi religiosa. Varios ponentes invocaron a dios sin ambages. El sacerdote Jacques Philippe habló de “encontrarnos con un amor infinito”. Jano García, ponente también en el MEF26, instó a abrazar “los valores cristianos como marco ético”. El evento se cerraba con una fiesta. El itinerario emocional iba del recogimiento a la euforia colectiva, con escala en la crítica al nihilismo y el individualismo modernos.

Un mes y medio después, el Madrid Economic Forum propone la segunda etapa del mismo viaje: si El Despertar ofreció identidad y propósito, el MEF promete las herramientas prácticas para actuar en consecuencia. Emprendimiento, inversión, networking, desregulación. La narrativa es coherente: primero te despiertas, luego construyes.

La web del MEF26 no oculta sus ambiciones. Entre los temas del foro figura “la batalla cultural” como uno de sus ejes explícitos, junto a la inteligencia artificial y la comunicación. No es habitual que un evento que se presenta como foro económico emplee esa expresión con tanta naturalidad. Su uso revela que los organizadores no se conciben únicamente como promotores de un debate sobre fiscalidad o emprendimiento, sino como actores en una disputa por la hegemonía cultural y política.

Es una controversia que tiene raíces internacionales. La primera edición del MEF cerró con Milei, el presidente argentino que ha convertido el libertarismo en espectáculo de masas. También estuvieron Alex Bruesewitz, asesor de comunicación de Donald Trump, y el argentino Agustín Laje, uno de los principales teóricos de la nueva derecha latinoamericana. El MEF se inscribe conscientemente en ese circuito global donde el libertarismo económico, la crítica a la supuesta “corrección política” de la izquierda y la reivindicación de la libertad de expresión forman un relato único, exportable y perfectamente empaquetado para su consumo.

Lo que distingue el modelo español de sus referentes anglosajones o latinoamericanos es su sofisticación empresarial. No hay aquí, aparentemente, un millonario que financia la operación desde la sombra, ni un partido que moviliza bases. Hay dos empresas andorranas especializadas en optimización fiscal que han identificado un nicho, han probado el formato en Andorra, lo han escalado a Madrid y están construyendo una marca. El discurso antiimpuestos y promercado no solo se predica: también se practica, con una base fiscal en el paraíso fiscal por excelencia de los Pirineos.

El MEF26 promete ser "el evento que dará un giro a los grandes desafíos de España". Es una afirmación grandiosa para una jornada de conferencias en un pabellón de Carabanchel. Pero esa grandilocuencia es parte del producto: los asistentes no pagan solo por escuchar ponencias, pagan por sentir que están en el centro de algo importante, que participan en el cambio, que su presencia tiene consecuencias históricas. Es el mismo resorte emocional que movía a los jóvenes de El Despertar.

Lo que el espectáculo no dice es que el pensamiento que promueve, pese a su retórica rebelde y antiestablishment, tiende a beneficiar a quienes ya tienen capital —económico, cultural o social— para moverse en sus coordenadas. La desregulación que predica Lacalle, la reducción del Estado que propone Rallo, la crítica a la “carga fiscal” que articula el Instituto Juan de Mariana: son propuestas con ganadores y perdedores concretos, y los organizadores del foro —empresas andorranas de asesoramiento fiscal— pertenecen a los primeros.

Tampoco dice que la sala de networking Blackbox, organizada por franjas temáticas —marketing y marca personal, inversión y activos digitales, startups y venture capital—, tiene más de feria de servicios que de ágora democrática. Que los ponentes cobran por aparecer. Que las marcas de fitness y oratoria que patrocinan el evento venden un sueño de éxito individual construido sobre la premisa de que el sistema es justo y el problema eres tú si no prosperas.

Hay algo en la elección del recinto que también merece atención. El Palacio de Vistalegre está en Carabanchel, un barrio de clase trabajadora con una tradición de izquierda robusta y una memoria histórica vinculada a la cárcel del mismo nombre, donde la dictadura franquista encerró a miles de presos políticos. Que los eventos de la nueva derecha cultural elijan este espacio puede leerse como provocación o como indiferencia, pero difícilmente como casualidad. El territorio simbólico también está en disputa.

Lo que está construyendo en Vistalegre la constelación que forman El Despertar y el Madrid Economic Forum no es solo una agenda de eventos. Es una infraestructura de ideas, de comunidad, de marca, de negocio. Una infraestructura que se financia sola —con entradas, VIP, partners y patrocinadores— y que no necesita del favor del Estado ni de los partidos para existir. Que puede escalar, replicarse, franquiciarse. Que tiene ya su versión latinoamericana y su circuito internacional.

En el nuevo ecosistema de la derecha cultural, la ideología y el mercado han dejado de ser categorías separadas. Son, simplemente, el mismo producto.

Imagine a un ciudadano que recibe en su teléfono un vídeo que afirma que una vacuna provoca esterilidad. Lo mira con escepticismo, teclea el titular en Google, lee dos resultados, habla del tema con su cuñado esa tarde y llega a una conclusión: probablemente es falso, aunque algo de verdad tendrá. Ha hecho, cree él, “su propia investigación”. Y esa convicción, según un exhaustivo informe que acaba de publicar el Pew Research Center, es compartida por el 82% de los adultos estadounidenses.

El estudio, basado en una encuesta a 3.560 adultos realizada en diciembre de 2025 y complementada con nueve grupos focales, ofrece un retrato inquietante de la relación de los estadounidenses con la información. No tanto por lo que revela sobre sus hábitos de consumo —la fatiga, el desenganche progresivo, la sensación de saturación—, sino por lo que descubre sobre su confianza en sí mismos: la certeza de que, en un ecosistema informativo cada vez más contaminado por actores que difunden falsedades de manera sofisticada y deliberada, ellos son suficientemente capaces de navegar solos.

Esa confianza, que a primera vista podría parecer una virtud cívica, esconde una paradoja que los propios datos del informe evidencian: cuanto más se cree alguien capaz de detectar la desinformación por sus propios medios, menos probable es que busque ayuda, contraste fuentes con rigor o confíe en las instituciones encargadas de verificar los hechos. Y en el momento en que eso ocurre, las campañas de desinformación más sofisticadas ya han ganado la partida.

El dato más revelador del informe de Pew no es el de cuántos estadounidenses dicen verificar la información. Es la diferencia abismal entre lo que piensan de sí mismos y lo que piensan de los demás. El 79% de los encuestados se declara al menos “algo seguro” de saber qué pasos dar para comprobar la exactitud de una noticia. Pero solo un 25% extiende esa misma confianza al resto de sus conciudadanos.

Esa brecha entre el yo y el nosotros no es una anomalía estadística. Es un patrón cognitivo bien documentado en psicología social: el llamado “efecto del mejor que la media” o ilusión de superioridad, por el cual los individuos tienden sistemáticamente a sobrestimar sus propias capacidades en comparación con las del grupo. 

En condiciones normales, el fenómeno produce pocos daños graves. Pero en un entorno donde agentes estatales, grupos extremistas y redes de desinformación coordinada generan contenido falso diseñado específicamente para eludir los filtros del pensamiento crítico, esa ilusión se convierte en una vulnerabilidad de primer orden.

El informe también documenta que el 94% de los encuestados considera al menos “algo importante” que la gente haga su propia investigación para verificar la exactitud de las noticias. Dos tercios lo consideran “extremadamente o muy importante”. Y el 82% afirma hacerlo al menos de vez en cuando. Sería tranquilizador si no fuera por la pregunta que el propio Pew introduce a continuación: ¿qué entienden exactamente por “hacer su propia investigación”?

El 84% de los encuestados asocia el concepto con algo razonable: comparar la información entre varias fuentes. El 77% lo vincula a leer estudios científicos o académicos, y el 72%, a usar Google u otros buscadores. Hasta aquí, nada que objetar. El problema aparece cuando se desciende al resto de la lista.

Alrededor del 70% de los estadounidenses —siete de cada diez— considera que “hacer su propia investigación” incluye cuestionar lo que dicen los grandes medios de comunicación. Otro 70% añade a esa categoría poner en duda lo que afirman las fuentes oficiales y gubernamentales. El 63% incluye buscar testimonios de primera mano e historias personales. Y el 38% llega a considerar que hablar con amigos o familiares es también una forma válida de verificar la exactitud de una noticia.

El escepticismo ante el poder mediático e institucional no es intrínsecamente malo. Tiene una larga y respetable tradición en el periodismo de investigación y en la filosofía política. El problema surge cuando ese escepticismo deja de ser una herramienta analítica y se convierte en un sustituto de ella. Cuando “cuestionar a los medios” no significa contrastar sus afirmaciones con otras fuentes fiables, sino simplemente rechazarlas porque proceden de una institución que el ciudadano ha decidido, de antemano, que es corrupta o parcial.

Los datos del informe apuntan en esa dirección cuando se desglosan por ideología política. Los republicanos conservadores son significativamente más propensos a incluir el cuestionamiento de los grandes medios y de las fuentes gubernamentales dentro de su definición de “investigación”. No como punto de partida crítico, sino como práctica definitoria. El efecto es paradójico: cuanto mayor es la desconfianza en las instituciones de verificación, mayor es también la confianza en la propia capacidad para verificar sin ellas.

Para entender por qué esta actitud resulta especialmente peligrosa en el momento actual, conviene recordar cómo ha evolucionado la desinformación en la última década. Lo que en los años noventa o dos mil era principalmente propaganda política torpe —el bulo chapucero, el rumor de bar amplificado por un correo en cadena— se ha transformado en operaciones coordinadas de alta precisión, diseñadas por equipos profesionales, financiadas en ocasiones por Estados, y calibradas mediante análisis de datos para maximizar su impacto emocional y su viralidad.

Estas campañas no aspiran ya a convencer a todo el mundo de una mentira burda. Su objetivo es más sofisticado: sembrar la duda, erosionar la confianza en cualquier fuente de autoridad, crear la sensación de que la realidad es inaccesible y de que todo está manipulado. En ese terreno, el ciudadano que desconfía sistemáticamente de los medios, del Gobierno y de los expertos, y que confía a cambio en su propio juicio y en el relato de sus allegados, no es un obstáculo para la desinformación. Es su objetivo ideal.

Los grupos focales recogidos en el informe de Pew ofrecen testimonios que iluminan esa contradicción desde dentro. Algunos participantes reconocen que “hacer tu propia investigación” requiere habilidades que no todo el mundo posee: saber evaluar la credibilidad de una fuente, identificar sesgos, entender el contexto de un dato estadístico, distinguir entre una publicación científica revisada por pares y una web de apariencia científica financiada por grupos de interés. Y sin embargo, incluso quienes verbalizan esa complejidad terminan defendiendo que la responsabilidad última recae en el individuo.

El 44% de los encuestados señala a los propios individuos como los principales responsables de comprobar la exactitud de las noticias. Solo el 22% señala a los medios de comunicación, el 9% a las escuelas y los docentes, y el 9% al Gobierno. Las empresas tecnológicas y las redes sociales, pese a ser los canales por los que circula la inmensa mayoría de la desinformación, reciben apenas un 4% o 5% de esa responsabilidad percibida.

El escenario se complica cuando se añade otro elemento central del informe: la fatiga informativa. El 52% de los encuestados se declara agotado por la cantidad de noticias que recibe. El 48% considera que la mayor parte de esas noticias no es relevante para su vida. Dos tercios han dejado de usar alguna fuente concreta de noticias en algún momento, y seis de cada diez han reducido su consumo general.

La combinación resulta tóxica: ciudadanos que creen en su capacidad para verificar la información, pero que al mismo tiempo están saturados y han reducido su exposición a fuentes diversas, limitándola a menudo a aquellas que ya confirman sus creencias previas. El contraste de versiones que ayudaría genuinamente a detectar falsedades queda reemplazado por el confort de la cámara de eco.

La brecha generacional añade otra capa de complejidad. Los menores de 30 años tienden masivamente a “encontrarse” las noticias —el 73% de ellos— en lugar de buscarlas activamente, mientras que el 73% de los mayores de 65 las busca de forma deliberada. Solo el 35% de los jóvenes considera que seguir las noticias regularmente es una parte muy importante de ser un buen miembro de la sociedad, frente al 65% de los mayores de 65. Y una quinta parte de los menores de 30 reconoce que a veces le cuesta entender las noticias que recibe.

Los jóvenes no están necesariamente menos informados que sus mayores; tienen acceso a información por otros canales y con otros formatos. Pero la idea de que “la noticia te encuentra” —que el algoritmo te traerá lo que necesitas saber— entrega el control de la agenda informativa a plataformas cuyo interés no es la calidad periodística, sino el tiempo de pantalla. Y en ese terreno, el contenido emocional, polarizador y frecuentemente inexacto viaja más rápido y más lejos que el riguroso.

Hay un detalle en el informe que sintetiza con crueldad la contradicción de fondo. Solo el 8% de los encuestados cree que los ciudadanos tienen la responsabilidad de pagar por las noticias. Únicamente el 16% ha pagado por alguna suscripción, membresía o donación a un medio en el último año. Y, sin embargo, el 80% considera que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estar informados cuando votan.

El periodismo independiente —el que verifica, el que contrasta, el que tiene redactores especializados capaces de leer un estudio científico y explicar sus limitaciones— tiene costes. Su financiación a través de la publicidad lleva décadas en declive estructural. No obstante, el 45% de los estadounidenses considera que los medios deberían financiarse principalmente mediante publicidad y patrocinios, y solo alrededor de un 10% u 11% menciona las suscripciones o la financiación pública como vía principal.

La paradoja es perfecta: la misma ciudadanía que reclama para sí la responsabilidad de verificar la información —y que se muestra escéptica ante los medios profesionales— no está dispuesta a financiar las instituciones que podrían hacerlo con mayor rigor y recursos. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados creen que los medios están al menos “algo bien” financieramente, una percepción que el propio Pew señala como un factor que probablemente reduce la urgencia percibida de contribuir económicamente.

Volvamos al ciudadano del principio, con su teléfono y el vídeo sobre la vacuna. Es posible que llegue a la conclusión correcta. Es posible incluso que sus dos búsquedas de Google y su conversación con el cuñado le sirvan para descartarlo. La desinformación no siempre gana la batalla individual. Lo que hace, con una eficacia mucho mayor, es ganar la guerra de la confianza: convencer a millones de personas de que el sistema de verificación profesional —el periodismo, la ciencia, las instituciones— está tan corrompido que más vale fiarse del propio instinto.

El informe del Pew Research Center no dice que los ciudadanos estadounidenses sean crédulos o estúpidos. Dice algo más matizado y, en cierto sentido, más preocupante: que son personas razonables atrapadas en un ecosistema diseñado para sobrecargarlas, desorientarlas y hacerles creer que pueden prescindir de los mediadores institucionales del conocimiento. Y que esa creencia —la de la autosuficiencia informativa— es precisamente el vector que las campañas de desinformación más avanzadas explotan con mayor eficacia.

Verificar información en el siglo XXI no es navegar por Google durante diez minutos. Es una práctica que requiere formación, tiempo, acceso a fuentes especializadas y, sobre todo, la humildad de reconocer que uno puede equivocarse. El 79% de los estadounidenses cree tener esa capacidad. Solo el 25% cree que la tienen sus vecinos. En algún punto entre esas dos cifras vive la ilusión más peligrosa de la era de la desinformación: la de que uno, personalmente, es inmune a ella.

Hay una cifra que resume décadas de promiscuidad entre el poder y la prensa en España: el porcentaje de ingresos que algunos medios obtienen de las administraciones públicas. No es un dato fácil de conocer, porque nunca nadie ha estado obligado a publicarla.

La nueva Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto está a punto de llegar al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre, cambia eso. Y va más allá: fija un techo del 35% de la facturación anual por encima del cual ningún medio podrá recibir publicidad de la Administración central. Quien supere ese umbral, quedará fuera del circuito.

Es, si sale adelante en estos términos, la reforma más ambiciosa en este ámbito desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 29/2005, una norma que el tiempo convirtió en papel mojado con mayor rapidez de lo que sus impulsores están dispuestos a admitir.

El anteproyecto no ha llegado de la nada. Es una pieza del Plan de Acción para la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 y, sobre todo, es la traducción al ordenamiento español del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como Reglamento Europeo de Libertad de Medios o EMFA, por sus siglas en inglés.

Bruselas lleva años alertando de que la publicidad institucional se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para doblegar la independencia editorial sin necesidad de teléfonos, ni presiones directas, ni grandes escándalos. Basta con repartir el dinero con inteligencia: más para los amigos, menos para los críticos, nada para los incómodos. El mercado hace el resto.

El texto que está previsto que llegue al Consejo de Ministros deroga la ley de 2005 y construye sobre sus ruinas un régimen nuevo, más amplio y con mayor vocación de eficacia. El primer cambio es semántico, pero no menor: se abandona el término "publicidad institucional" y se adopta el más comprensivo de "publicidad del sector público".

La diferencia no es retórica. La vieja categoría solo cubría las campañas de imagen y comunicación de la Administración. La nueva abraza también la publicidad industrial, comercial o mercantil promovida por el sector público estatal: los anuncios de empresas públicas, las promociones de marcas bajo tutela estatal, los patrocinios vinculados a campañas. Todo entra en el mismo saco regulatorio. Todo queda sujeto a los mismos criterios de transparencia y a los mismos límites de dependencia.

No obstante, la medida que tiene potencialmente más posibilidades de cambiar el ecosistema mediático, si se aplica con rigor, es ese tope del 35%. El anteproyecto dice que "no podrán recibir publicidad del sector público estatal los medios de comunicación y las plataformas en línea cuyos ingresos por publicidad procedente del conjunto del sector público superen" ese porcentaje "del importe neto de su cifra de negocio".

Es decir: un medio cuyos ingresos dependan del sector público (lo que incluye a la Administración local y autonómica) por encima del 35% no podrá recibir más publicidad del Estado. Lo cual no impide, tal y como ha sido redactada la ley, que pueda seguir superando ese porcentaje si el dinero llega de comunidades, ayuntamientos o diputaciones. E incluso llegar al 100%.

La justificación declarada es impecable: se trata de evitar la existencia de medios privados esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas. En otras palabras, el Estado no quiere pagar para que un medio le deba la vida.

El problema es que, aparentemente, no cierra la puerta a esa dependencia por parte de otras administraciones públicas. Algunas de ellas, como es público y notorio, están en el centro del problema porque son las que financian y sostienen a buena parte del ecosistema informativo que difunde desinformación y garantiza el funcionamiento eficaz del ciclo del bulo.

No es esta la única vía de escape al control. El borrador del anteproyecto de ley establece otra excepción que importa tanto como la regla. Quedan exentos del límite del 35% los medios con facturación anual inferior a dos millones de euros y con audiencia concentrada en una, dos o tres comunidades autónomas limítrofes. Quienes cumplan simultáneamente estas dos condiciones podrán financiarse sin límites del dinero público, también del que maneja la Administración central.

El anteproyecto, a partir de las obligaciones que impone la EMFA, construye además toda una arquitectura de transparencia destinada a hacer visible, por primera vez de forma sistemática, el flujo completo del dinero público hacia los medios.

Para empezar, los medios que quieran publicidad estatal deberán estar inscritos en el registro estatal o autonómico de medios previsto en el reglamento europeo y que, en España, todavía no se ha creado. Esa inscripción no es un mero trámite burocrático: implica haber publicado quiénes son los propietarios del medio, cuál es la estructura de control y cuánta financiación pública recibe. Sin esa transparencia previa, el grifo de la publicidad estatal permanecerá cerrado.

Hay más capas. Los medios deberán facilitar a la Comisión de Publicidad y Comunicación sus tarifas de mercado para los formatos y espacios susceptibles de ser contratados en el marco del plan anual de publicidad y comunicación institucional, y esas tarifas funcionarán como precios máximos en la contratación pública. No habrá descuentos opacos, ni contraprestaciones en especie, ni bonificaciones cruzadas entre los medios y las agencias que gestionan fondos públicos. Se trata de iluminar un circuito que durante años ha funcionado en penumbra, donde el valor real de los contratos publicitarios era casi imposible de conocer desde fuera.

El engranaje de control se completará, siempre que la ley supere el largo camino que tiene por delante, con dos piezas institucionales que el anteproyecto remodela en profundidad. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá la función de seguimiento del gasto en publicidad del sector público estatal a medios y plataformas, recopilará información de los reguladores autonómicos y elaborará los informes anuales que exige Bruselas. En las comunidades que no cuenten con una autoridad independiente, no podrán escapar: la CNMC recabará los datos directamente de las administraciones autonómicas y locales.

Por otro lado, la antigua Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional se transforma en una Comisión de Publicidad y Comunicación de mayor alcance, con competencias ampliadas al terreno industrial y mercantil y con apoyo técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación.

El texto presta también atención, por primera vez, a la eficacia de la inversión publicitaria pública, no solo a su control. Las entidades del sector público estatal deberán exigir a los medios y plataformas que participen en sus campañas el uso de sistemas de medición de audiencia conformes con la EMFA, con acceso a su metodología y a sus resultados. Y se establece que la publicidad estatal se difundirá preferentemente a través de medios de carácter informativo, un criterio que no es neutral en un ecosistema donde proliferan los soportes que se presentan como medios sin tener la función informativa como núcleo de su actividad.

La principal limitación estructural del anteproyecto, que ninguna redacción cuidadosa puede ocultar, es que el límite del 35% se aplica exclusivamente a la publicidad del sector público estatal. El dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos queda fuera, pendiente de que decidan autolimitarse o seguir como hasta ahora.

Y es precisamente ahí, en ese territorio autonómico, provincial y local, donde se concentra la mayor parte del problema. Las relaciones de dependencia más estrechas entre medios y poder político en España se tejen en las capitales autonómicas, en las ciudades medias, en los municipios con presupuesto suficiente para comprar cobertura favorable o castigar la crítica con el silencio publicitario.

El anteproyecto lo sabe, y por eso establece que los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación en la asignación de fondos se convierten en normativa básica aplicable a todas las administraciones, no solo a la estatal.

Eso significa que comunidades autónomas y entidades locales quedan obligadas a respetar ese marco general de criterios, tal y como, por otra parte, ordena la EMFA. Pero el límite cuantitativo, el techo del 35%, no es básico: cada comunidad podrá decidir si lo replica en su propia legislación o si prefiere no ponerse ese tipo de corsé.

Con todo, veinte años de experiencia con la ley de 2005 enseñan que las normas sobre publicidad institucional tienen una tendencia particular a perder eficacia entre su aprobación y su aplicación. Los criterios objetivos se vuelven subjetivos cuando quien los aplica tiene intereses en el resultado. Los registros de transparencia se llenan de información que nadie cruza o que no se contrasta. Los informes anuales se publican con retraso y se leen poco. La CNMC puede hacer mucho, pero solo si tiene recursos, voluntad política y capacidad para actuar sin que cada expediente desemboque en un largo contencioso.

Un amplio grupo de periodistas, escritores, magistrados, catedráticos, artistas y activistas ha lanzado el manifiesto “Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio” para alertar del clima de intimidación que se está instalando en el debate público español. Impulsado por ACO, CTXT y la Fundación Contexto y Acción junto a medios como infoLibre, Público, Canal Red, Luzes, El Salto o La Marea, el texto sostiene que “el miedo es la antesala del silencio” y denuncia la existencia de redes coordinadas que utilizan la desinformación, el señalamiento y las amenazas para amedrentar a voces críticas con la extrema derecha.

Los firmantes —entre ellos directores de medios, magistrados eméritos, catedráticos, artistas y activistas— reclaman al Gobierno y a los grupos parlamentarios progresistas reformas legales que permitan sancionar y retirar financiación pública a quienes difundan de forma organizada odio y mentiras, así como más medios y formación para Fiscalía, jueces y fuerzas de seguridad. El objetivo es alcanzar al menos 50.000 firmas antes de trasladar formalmente el llamamiento a las instituciones, en una apelación directa a la sociedad civil para defender la democracia frente a lo que describen como un intento de imponer el miedo como mecanismo de silenciamiento.

Si deseas unirte a este manifiesto, puedes hacerlo desde la página web de la Plataforma de Acción contra el Odio (ACO) en este enlace.

Europa ha conseguido doblegar el subidón de casos de sarampión que registró en 2024, pero el número de positivos de 2025 fue aun así muy superior a las medias del histórico, e incluso en algunos países como España, el número de infecciones continuó creciendo, por lo que la preocupación está lejos de disiparse. Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado los datos sobre la evolución del sarampión y los ha acompañado de un mensaje contra los bulos sobre las vacunas, el fenómeno que explica este pico.

"En el entorno actual, en el que abundan las noticias falsas, es fundamental que las personas confíen en información sanitaria verificada procedente de fuentes fiables, como la OMS, Unicef y las agencias nacionales de salud", ha afirmado en un comunicado Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. En este continente se han registrado más de 200.000 casos de sarampión en los últimos tres años.

"Hasta que todos los niños sean vacunados y se aborde la reticencia alimentada por la difusión de desinformación, los niños seguirán corriendo el riesgo de morir o enfermar gravemente", ha comentado también Regina De Dominicis, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central.

Según el nuevo análisis de la OMS, en Europa y Asia Central se registraron el año pasado 33.998 casos de sarampión, una rebaja de casi el 75% en comparación con los 127.412 de 2024. Aun así, insiste el organismo dependiente de Naciones Unidas, el número es superior a la media de los últimos 25 años y hace falta continuar con campañas de vacunación. Parte del descenso se explica también porque comunidades no protegidas están adquiriendo inmunidad tras contagiarse en los últimos años.

Los datos encajan con otro informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés) publicado la semana pasada, que cuenta 7.655 casos solo en los 30 países de la UE y del Espacio Económico Europeo durante el año pasado. Solo Rumanía representó 2.971, seguido de Francia (774) e Italia (497).

España también es víctima de esta subida de la incidencia. El ECDC calcula 217 contagios en 2025, cifra inferior a la reportada por el Instituto de Salud Carlos III, que recoge 397 casos confirmados, frente a 215 en 2024. De todos ellos, la mitad son directamente importados de otros países o contagiados por algún foráneo, mientras que 194 positivos están siendo estudiados. No se ha reportado por ahora ningún caso endémico.

La noticia llega apenas después de que la OMS haya retirado a España el estatus de país libre de la enfermedad, un sello que también han perdido recientemente otros países como Austria o Reino Unido. En 2025, se ha incrementado de 12 a 19 el número de países europeos en los que el virus circula de manera endémica.

A diferencia de en Europa, los expertos no creen que en España estén haciendo mella los bulos. Valentí Pineda, vocal del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, no cree que haya en España una subida del negacionismo hacia las vacunas, ni hacia la del sarampión en particular, y que el rechazo medio es de entre el 3% y el 5%.

"Quizás el del sarampión sea algo superior porque hubo un estudio que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo, pero fue completamente desmentido porque estaba basado en datos falsos. Incluso fue retirado de la revista donde se publicó. Pero siempre hay gente que se queda con la idea", valora. "Pero no, no hay un aumento de la reticencia", subraya.

Josefa Masa Calles, investigadora de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en el Instituto de Salud Carlos III, atribuye el incremento de contagios en la península a la ola que viene de Europa. "Hemos tenido muchos casos importados y por eso ha habido más casos en 2025", afirma a través de Science Media Centre España. También advierte de que 2026 ha comenzado con más positivos, pero que caerán a mediados de primavera.

Los expertos reclaman aun así que se incremente todavía más la vacunación en España, pese a que es elevada. Según la Sociedad Española de Inmunología, la tasa de vacunación del sarampión alcanza el 97,3% para la primera dosis y el 93,8% para la segunda. La cifra relevante es la última, ya que la dosis recomendada son dos inyecciones, y está ligeramente por debajo del 95% de cobertura, el umbral óptimo para frenar el avance de la enfermedad.

"A menos que todas las comunidades alcancen una cobertura de vacunación del 95%, cierren las brechas de inmunidad en todas las edades, refuercen la vigilancia de la enfermedad y garanticen una respuesta oportuna ante los brotes, este virus altamente contagioso seguirá propagándose", advirtió este martes también Henri P. Kluge, de la OMS.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

Casi el 20% de las publicaciones en X contienen algún tipo de desinformación y la inmigración es la temática más afectada por la manipulación de información, ya que la mitad de los mensajes que se escriben sobre migrantes son desinformadores, según informa EFE. 

Estos son dos de los principales hallazgos del estudio Entre el ruido y los datos, presentado este jueves por Fad Juventud en Madrid con motivo del Día de la Internet Segura y cuyo objetivo es analizar la desinformación en la red social X (antes Twitter) a partir de una muestra representativa de publicaciones de entre abril y junio de 2024. 

El investigador responsable de la investigación, Xavier Moraño, ha explicado que de cada 1.000 publicaciones lanzadas en X, alrededor de 200 contienen desinformación (un 18,5%), principalmente en forma de engaño (el 60%), pero también de descontextualización y otro tipo de desinformación que puede llevar a error, como la exageración o la broma. La temática en la que se registra mayor desinformación es la inmigración: de cada dos publicaciones, uno la contiene, "un 50% es un porcentaje muy preocupante". 

"Se genera rechazo o alarma social generalizando hechos aislados, tergiversando estadísticas, vinculando sin pruebas a inmigrantes con delitos y fomentando temores sobre una amenaza cultural. Usa datos desactualizados o inventados para reforzar prejuicios", precisa el estudio. También la justicia, la religión, los conflictos bélicos, la política, los medios de comunicación, la sanidad y el género son ámbitos afectados por la desinformación. 

Según el estudio, tres de cada cuatro menciones desinformadoras tienen un tono negativo destinado a generar desconfianza o rechazo hacia personas, colectivos e instituciones. Pretenden dañar o insultar. Esas publicaciones atacan más a políticos, periodistas y jueces. El responsable de la investigación ha señalado que esa desinformación hace desconfiar de estas figuras y debilita la credibilidad de las instituciones, "lo que pone en entredicho la propia democracia". 

Al analizar la orientación política de esta desinformación, el estudio ha detectado que el 45% de las menciones desinformadoras están alineadas con la extrema derecha. "Son perfiles críticos hacia la inmigración y el multiculturalismo, con exaltación nacionalista y religiosa, rechazo a políticas progresistas y defensa del revisionismo histórico conservador". 

Además, un 11% presenta una orientación de extrema izquierda; un 20%, de izquierda; un 14% carece de orientación política; y un 8% se vincula a la derecha. 

Los perfiles que aparecen como los principales altavoces de la desinformación son los creadores de contenido, que utilizan la polarización y la confrontación como estrategias habituales y llegan a ser superdesinformadores. De hecho, los cien mayores altavoces de la desinformación son capaces de movilizar 11 millones de publicaciones en un solo mes. 

Desde Fad Juventud consideran que estos "resultados permiten dimensionar el fenómeno y evidencian que el ruido no es marginal, sino una presencia constante integrada en el debate cotidiano en redes sociales".  

En el marco de la jornada De la incertidumbre a la confianza, educar en entornos digitales, celebrada con motivo del Día de la Internet Segura, Fad Juventud ha querido abordar los retos de la seguidad digital en la infancia, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado que se va a limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. 

La directora general Fad Juventud, Beatriz Martín, ha subrayado la necesidad de crear un entorno de convivencia en la red "más saludable, más ética, mejor" y ha explicado que para ello es necesario pedir responsabilidades y avances a la industria, pero también avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital, la alfabetización digital y mediática y combatir la desinformación. 

Martín considera útil asimismo que la UE armonice un mecanismo de verificación de edad común para los distintos países y ha precisado que la desinformación no sólo afecta a la forma de pensar, sino de actuar, y a la seguridad ciudadana, la polarización, la radicalización y los discursos de odio.  

El director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Julio Albalad, ha destacado que el uso que los menores dan a las tecnologías puede ser dañino e incorrecto, si bien ha defendido que la escuela puede ser un lugar para mejorar las competencias digitales y que pueden acceder a una relación sana con las tecnologías.

Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.

Hace un año, el presidente ya había acusado a la "tecnocasta" de tratar de utilizar su poder "omnímodo" para controlar el debate público y la acción gubernamental en todo Occidente y había llamado a Europa a rebelarse y defender la democracia.

No se trata de recomendaciones ni de códigos de buenas prácticas: Sánchez ha puesto sobre la mesa reformas legales que incluyen responsabilidad penal para los directivos de las grandes tecnológicas, la tipificación de nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica y la prohibición expresa del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Con esta última medida enmienda además la plana a la reforma legal impulsada por su propio Gobierno —y que está atascada en el Congreso de los Diputados—, que era mucho menos ambiciosa, porque planteaba que los menores de entre 14 y 16 años pudiesen seguir usando redes sociales si tenían el consentimiento de sus padres (en la actualidad, si los progenitores consienten, pueden acceder aunque tengan menos de 14).

En un contexto de creciente preocupación sobre los daños que las redes sociales causan a sus usuarios, en particular a los más jóvenes, a los procesos electorales y a la salud de las democracias en general, el Gobierno pasa de la retórica a la legislación y lo hace poniéndose a la cabeza de los países de nuestro entorno.

La medida más contundente de todas las propuestas por el presidente es la reforma del Código Penal para establecer la responsabilidad penal directa de los ejecutivos de plataformas digitales. Hasta ahora, las sanciones recaían sobre las corporaciones, diluidas en multas que apenas arañaban sus astronómicas cuentas de resultados.

El Ejecutivo quiere cambiar las reglas: si un alto directivo ignora deliberadamente una orden judicial de retirada de contenidos ilícitos, podrá responder penalmente en persona. La norma, que se tramitará mediante un Proyecto de Ley Orgánica, pondrá fin —si llega a aprobarse en el Congreso— a la impunidad derivada de la opacidad corporativa. Ya no bastará con escudarse en la complejidad de los algoritmos o en la imposibilidad material de controlar millones de publicaciones.

Pero la iniciativa no se queda ahí. La segunda gran novedad es la tipificación penal de la manipulación algorítmica. Con su propuesta, Sánchez reconoce explícitamente lo que hasta ahora solo han establecido los académicos: los contenidos tóxicos no surgen de forma espontánea en Internet, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar el beneficio económico.

La reforma del Código Penal convertirá en delito la manipulación de algoritmos que facilite deliberadamente la amplificación de contenidos ilegales, así como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia ya introdujo delitos similares en 2023, y España toma nota. La idea de que estas tecnologías son neutrales quedaría definitivamente sepultada.

La tercera medida es la más innovadora, aunque también la más difícil de implementar y, previsiblemente, la más polémica: la creación de la “huella de odio y polarización”. Se trataría de un sistema destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo cada plataforma fomenta la polarización social y amplifica el odio.

El objetivo declarado es transformar un fenómeno opaco en algo cuantificable y evaluable, generando un ranking que señale públicamente a las peores plataformas. No es solo una herramienta técnica: es un mecanismo de presión social y reputacional. Si funciona, el Gobierno espera que obligue a las empresas a competir no solo por usuarios, sino por no aparecer en lo más alto de una lista que nadie querrá encabezar.

En el terreno de la protección de menores, el Gobierno da un paso que otros países europeos ya han comenzado a explorar: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se incluirá en el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales que se tramita en el Congreso, y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad que vayan más allá de la simple casilla de “acepto que soy mayor de edad”. El Gobierno quiere controles reales y eficaces, amparado en el artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales europea y en las directrices publicadas por la Comisión.

La quinta medida adopta un tono de ultimátum: tolerancia cero frente a las infracciones vinculadas a contenido sexualizado de menores. El Gobierno apunta directamente a plataformas como Grok o TikTok, y anuncia que trabajará conjuntamente con el Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia. No es una advertencia genérica: es un aviso con nombres propios. Las investigaciones ya están en marcha en Europa, y España se suma a la ofensiva.

El anuncio de Sánchez coloca a España en la vanguardia regulatoria europea, junto a Francia y Reino Unido. Pero la distancia entre el anuncio y la realidad legislativa puede ser larga. Los proyectos de ley deberán tramitarse en las Cortes, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta y donde los lobbies tecnológicos ejercerán toda la presión posible, como ya están haciendo con el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad.

La implementación técnica de algunas medidas, como la verificación de edad o la huella de odio, planteará desafíos considerables. Y nadie en el sector espera que las plataformas, acostumbradas a operar con impunidad, se queden quietas, especialmente cuando cuentan como aliado con el presidente de EEUU, Donald Trump, que ya en el pasado ha amenazado con aprobar aranceles contra cualquiera que legisle sobre las actividades de sus aliados tecnológicos.

En cualquier caso, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales ha dejado de ser teórico. Y no solo en España. Varios países han comenzado ya a implementar medidas que, aunque parciales, marcan el camino de lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de control sobre las grandes tecnológicas.

Reino Unido ya había dado el paso más audaz en materia de responsabilidad directiva. Su Online Safety Act, aprobada en 2023, contempla penas de cárcel para los ejecutivos de empresas tecnológicas que incumplan de forma reiterada las órdenes de protección de menores o destruyan pruebas. Es una legislación sin precedentes que traslada la responsabilidad de la corporación al individuo, señalando con nombre y apellidos a quienes toman las decisiones. Y que va más lejos de lo que ha implementado la Unión Europea, que ha optado por la vía de las sanciones económicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone multas de hasta el 6% de la facturación global, aunque la responsabilidad penal individual solo se activa si se demuestra un delito ordinario.

En el terreno de la manipulación algorítmica, la DSA no tipifica como delito la programación de algoritmos manipulativos, pero obliga a las plataformas a auditar y mitigar los “riesgos sistémicos” —desinformación, polarización, manipulación del discurso público— bajo amenaza de sanciones millonarias. Brasil sí ha intentado ir más allá con su proyecto de ley contra las fake news, que busca criminalizar directamente la difusión masiva automatizada de desinformación, aunque el texto sigue atascado en un debate legislativo intenso.

La propuesta española de crear una “huella de odio y polarización” —un sistema de trazabilidad del impacto de cada plataforma en la degradación del debate público— no tiene parangón internacional. Es una terminología nacida del informe del Comité de Expertos presentado en 2024, y supone una novedad radical en el enfoque regulatorio. Lo más similar en Europa es el sistema de monitorización de la Comisión sobre desinformación, pero se trata de análisis estadístico agregado, no de un rastreo individualizado.

El Gobierno ha dejado claro que no está solo en esta ofensiva contra las grandes tecnológicas. Ha presentado sus propuestas en el marco de lo que ya se conoce como la Coalición de los Dispuestos Digitales: un bloque de seis países europeos que han decidido dejar de esperar al consenso lento de los 27 miembros de la Unión Europea para actuar de inmediato. Junto a España se sitúan Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Alemania. Un Gobierno socialdemócrata y cinco de derechas. No es una alianza simbólica: representa a más de 170 millones de ciudadanos y a las economías más fuertes del continente. Y su objetivo es crear un estándar de oro regulatorio que las plataformas no puedan ignorar ni esquivar.

Es, en el fondo, un mensaje de soberanía dirigido directamente a Silicon Valley: si quieren operar en los mercados europeos, las reglas las ponen los Estados, no sus términos y condiciones. Al actuar de forma coordinada, la coalición minimiza la amenaza que algunas plataformas han utilizado en el pasado: la de abandonar un país si la regulación les resulta incómoda. X lo intentó en Australia y lo ha insinuado en otros territorios. Pero no pueden permitirse cerrar el grifo en los seis mercados más potentes de Europa a la vez.