En la historia de las guerras, la información objetiva brilla por su ausencia. Se ganan o se pierden con dos tipos de armas: las que matan y la desinformación que ayuda a matar. Siempre fue así, desde que un poder se quiere imponer a otro. No se admiten campos neutrales. Uno de los contendientes intentará trasmitir sus noticias —que no información—, pagará por ello, impondrá sus normas y se terminó la cuestión. O conmigo o contra mí.

Pero esta lógica no se limita a los campos de batalla, sino que infiltra en el día a día de la política con la que convivimos y complica la res pública. La lucha por el poder sin ética ni principios puede arruinar a todo un país. Lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania o en Palestina. La información es contradictoria dependiendo de las fuentes. Las noticias bailan al son del más fuerte.

En la política mundial, y también en nuestra política diaria, pasa algo similar. Hay un conflicto abierto. Se palpa ese afán del Ejecutivo por gobernar, con unas alianzas que le otorga la mayoría —es su obligación—, frente a una oposición que, peligrosamente, no quiere aceptar la derrota. Es aquí cuando surge el problema: cuando no se aceptan las reglas de juego y las mentiras, los insultos, las medias verdades o, lo que es peor, la ausencia de ética sustituyen a la dialéctica política.

La consecuencia más grave es que falla el ejemplo que la buena política tiene la obligación de trasmitir a la ciudadanía. Sin duda alguna, ese fue el gran fallo de la Transición: no hubo suficiente pedagogía política sobre lo que significa la democracia, que está muy lejos de consistir simplemente en cambiar de chaqueta.

La amnistía catalana, los pactos con el nacionalismo vasco, la gestión de la pandemia, la tragedia ferroviaria en Adamuz o, más recientemente, la entrada masiva de migrantes a Ceuta son utilizados por la oposición al Ejecutivo como armas arrojadizas para dividir a la población, recurriendo con frecuencia a sentimientos patrioteros que enrarecen la política y enfrentan a los ciudadanos.

Pero lo que está ocurriendo en el mundo con falsos líderes populistas alejados de toda ética, que se extienden como una peste y contaminan incluso nuestro país, encuentra también reflejo en la alianza de Feijóo y Vox. Es la actitud del mal deportista que no acepta la derrota, reclama faltas inexistentes o culpa al arbitro.

Es aquí cuando el papel del árbitro, la Justicia, es fundamental. Pero, si hay sospechas de que el árbitro está comprado o, lo que es más grave, el perdedor no acepta las reglas del juego, se crea un campo abonado para que empiece la violencia. El ciudadano es sustituido por el hooligan y hay peligro de trasformar un debate político lógico en una tragedia. Grave irresponsabilidad.

Se denuncia la utilización de la Justicia para bloquear al Ejecutivo y, al mismo tiempo, voces conservadoras estimuladas por la ultraderecha, ponen en duda órganos institucionales que no aprueban sus consignas. Una mala encrucijada que obliga a las fuerzas democráticas a estar atentas.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, la verdad se ha convertido en la primera víctima de la inmediatez. No nos enfrentamos solo a una crisis de datos, sino a un cambio de paradigma en el que el impacto emocional ha desplazado al rigor de los hechos.

Vivimos en la era de la "post-realidad", un ecosistema digital diseñado no para informar, sino para retener nuestra atención a toda costa. El bulo moderno no es un error accidental, es un producto de ingeniería social que aprovecha la lógica algorítmica para encerrarnos en cámaras de eco. Estos sistemas nos rodean exclusivamente de contenidos que refuerzan nuestros prejuicios, haciendo que cualquier dato discrepante se perciba como una agresión. En este escenario, el sesgo de confirmación actúa como el combustible perfecto: preferimos abrazar una mentira reconfortante antes que aceptar una verdad incómoda.

A este fenómeno se suma un salto tecnológico sin precedentes. La inteligencia artificial ha democratizado la creación de evidencias falsas mediante deepfakes y clonación de voz, volviendo lo falso hiperrealista e indistinguible de lo auténtico. Sin embargo, el mayor peligro no radica únicamente en dar credibilidad a montajes, sino en la erosión sistemática de la confianza: cuando todo resulta sospechoso, el ciudadano deja de creer en cualquier prueba, incluso en las legítimas. Esta desconfianza generalizada constituye el terreno fértil para la polarización y el negacionismo, minando las bases del sistema democrático.

Frente a este escenario de intoxicación, la respuesta no pasa por la censura, sino por la higiene digital y la responsabilidad individual. Difundir un contenido sin verificar es un acto con consecuencias directas en la convivencia y la salud pública. En este contexto, la alfabetización mediática deja de ser un complemento educativo para convertirse en una herramienta de supervivencia urbana: aplicar la "pausa táctica", verificar las fuentes y cuestionar aquello que nos provoca una indignación instantánea son los filtros necesarios para contener la viralización de la mentira.

En última instancia, defender la verdad en el siglo XXI exige un esfuerzo activo que no siempre estamos dispuestos a realizar. Si la desinformación es un virus que se propaga a través del impacto emocional, el pensamiento crítico es nuestra única vacuna. Recuperar el valor de la duda y el hábito de contrastar información es, hoy más que nunca, un acto imprescindible de ciudadanía digital.

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Rafael Casado Ortíz es socio de infoLibre.

Ya se nos viene el eclipse y nos sentiremos unidos, pero por la falta de luz. Por si no nos hubiéramos percatado, se nos ha insistido tanto que, una vez más, hemos sido congregados para asistir a un fenómeno extraordinario, de esos ante los que no podemos sentirnos ajenos, porque es la llamada de la naturaleza, que también nos convoca a levantar la vista.

Es verdad que los móviles nos pueden impedir levantar la cabeza por estar embarazosamente acostumbrados a no mirar más allá de nuestro ombligo, convirtiendo nuestro regazo en un punto de flexión, pero no de reflexión.

Ante las alarmas de la existencia real del peligro que esta vez supone el mirar al cielo, tenemos las posibilidades de prepararnos, andarnos con cuidado y prevenir para no quedarnos ciegos, porque no podemos soportar tanta luz como la del astro rey.

No nos podemos descuidar y mirar inconscientemente al sol, como hemos hecho siempre ante los dibujos infantiles en el que el sol aparece con la mejor cara, sonriente y con los ojos llenos de alegría.

Mientras muchísima gente estará pendiente del eclipse, no faltará alguien que aproveche esta pequeña oscuridad para bombardear y provocar que otros no vuelvan a ver la luz.

Siempre hemos hablado mal de la oscuridad, sobre todo porque la noche se ha hecho cómplice de grandes crímenes o robos.

El eclipse es un fenómeno que nos demuestra nuestra fragilidad, porque no podemos evitar que se nos reste una porción de luz. Sin embargo, este acontecimiento nos revela que no somos tan poderosos como nos creemos y que, además, esa vulnerabilidad se nos puede volver en contra, porque podemos dejarnos llevar por todo lo que nos dicen los medios —estorbos—, que nos acostumbran a creer a pies juntillas cuanto nos cuentan, sin detenernos a pensar si realmente puede ser verdad. Sabemos ser más dóciles de lo que nos enseñaron, porque parece que la reflexión se nos hace ociosa.

Es más, cuando nos exponemos a las noticias, no siempre nos dicen las verdades del barquero y podemos naufragar.

El eclipse se extiende y no nos deja ver todo lo que pasa. Solo nos enteramos de una parte, porque también existen los eclipses parciales de la información. Y es verdad que se ha ganado en información veraz, pero no nos enteramos de la misa la media, como si todavía se estuviera oficiando de espaldas y en una lengua antigua.

Los informativos oficiales, y en sus horarios habituales, no nos cuentan todo lo que se dice en el Parlamento, cuando sabemos que el Parlamento trabaja, cuando la mayoría de los españolitos y españolitas están trabajando, y trabajando de verdad.

Los eclipses son muy esporádicos, porque la naturaleza es muy sabia y no quiere crearnos muchas más incomodidades.

“¡Luz, más luz!” (Goethe)

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

¿Por qué la Comisión Europea no ha tramitado un requerimiento formal “Request for Information” (RFI) 1 en lugar de entrevistarse con Meta y TikTok dándoles un plazo hasta el lunes? No sé qué responder, pero creo que se debiera aclarar el porqué. La Comisión puede hacer ese requerimiento y debió hacerlo, en lugar de esperar dos días. Pues es posible que, sin la preservación de datos que conlleva, determinados contenidos, cuentas, metadatos o registros desaparezcan. Es como ofrecer al sospechoso dos días para ocultar las pruebas del crimen. Entonces, ¿por qué la Comisión se ha limitado a aconsejar que vigilen más las plataformas, en lugar de requerir judicialmente esa información? La situación es lo suficientemente grave, aún más cuando esa estructura parece haber migrado a lugares menos visibles de la red.

Las grandes tecnológicas están por la labor democrática, se ve en sus manifestaciones brazo en alto. Y hay cierta sintonía en los antiguos camaradas del Silicon Valley, pero yendo a lo concreto: el viernes la comisaria Henna Virkkunen se reunió con representantes de TikTok y Meta, al parecer para animarlos a que vigilen mejor las redes. Pero si esto es así y sólo ha pedido que vigilen y no ha pedido una RFI, es muy posible que si hay connivencia, esos datos desaparezcan.

Existe una Ley de Servicios Digitales, la “Digital Services Act” (DSA) que permite ese requerimiento y, seguramente, hay responsables a los que no hay rogar: “¿Porfa, decidnos qué ocurrió?”. Pues está claro, como parece derivarse de la investigación de Golden Owl 2, que se trata de una red organizada, y que si sigue ahí para volver a la carga las plataformas pueden decir muchas cosas. Por tanto, se puede y se debe exigir mediante RFI a TikTok y a Meta, no que incrementen la vigilancia, sino que identifiquen las primeras publicaciones relativas al desplazamiento a Ceuta, que identifiquen quién creó dichas cuentas, que reconstruyan la propagación, que determinen desde qué países actuaron esas redes, que identifiquen las cuentas que actuaron coordinadamente, qué cuentas amplificaron el contenido, que examinen los cambios habidos de administradores y nombres, que examinen cuándo se crearon los grupos, que comparen la actividad privada hasta donde jurídicamente sea posible, que conserven los registros antes de que puedan desaparecer los ciclos normales de retención (sin esto no hay nada), que comparen la información de Meta con la de TikTok y otras posibles plataformas intermedias, que, posteriormente, crucen la información obtenida con el socio comunitario España, es decir con las autoridades competentes para intentar delimitar cómo pasó y quién hay detrás de esto. Evidentemente, para luego poder pedir responsabilidades. El lunes será quizá demasiado tarde. Posiblemente, el maquillaje será tan bueno que tapará el cuerpo del delito.

La Comisión puede además ejercer su potestad de comprobar directamente los sistemas y registros de las grandes plataformas, las “Very Large Online Platforma” (VLOP), que funcionan en su territorio. Hay que tener en cuenta quién controla los datos europeos de TikTok y Meta y, además, los que se facilitan a Marruecos, con lo cual el gobierno marroquí también debería, pues no es socio comunitario, solicitar esa inspección por los cauces apropiados. Aunque TikTok pertenece a ByteDance, es necesario plantear qué empresa es responsable en Europa de los datos implicados. En este sentido, al igual que con Meta, requerir esa información a quien corresponda. Hay que tener en cuenta que pueden haber entrado en liza otras plataformas y otras redes, con lo cual la cosa se complica, pero igualmente bajo la DSA se puede actuar si se quiere.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Antes, como quien dice ayer, cuando alguien dudaba de nuestra palabra, afirmábamos que lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Esa era la prueba para lo insólito. Para lo increíble. Pero ese no es ya este tiempo que habitamos.

La alegoría más célebre de la historia de la filosofía, la caverna de Platón, explica cómo se puede distinguir entre los mundos, el mundo sensible, el que perciben nuestros sentidos, y el mundo inteligible, y cómo se enfrenta el ser humano al conocimiento. En esa metáfora, el filósofo griego imagina a un grupo de personas encadenadas en una cueva que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Creen que la realidad son esas sombras, nunca han visto otra cosa. Cuando uno de ellos se libera y sale al mundo exterior, comprende que lo que veía solo era una representación. Ninguno de sus compañeros le cree.

Le muestro a mi hijo un vídeo en el que una ballena da de mamar a un ballenato en el océano. Un chorro de litros y litros de leche sale de la ballena y cae directamente a la boca de la cría. No se mezcla con el agua, explican, por la grasa que contiene la leche materna. Una razón convincente para mí. Él me dice: es IA. Yo pensaba que era real, le respondo. Le enseño después otro vídeo en el que una elefanta asiática cautiva en el zoo de Madrid pare una cría. Es una especie en extremo peligro de extinción, le digo. Me pregunta: ¿es IA? Yo le digo que no, él me dice que no sabe. Duda de la realidad, pero no de lo que es inteligencia artificial. Eso lo reconoce.

Le digo que es una noticia, que lo publica el propio zoo, que sí es real. Le explico qué es el periodismo y qué es una red social, pero me contradigo a veces. También hay medios de comunicación que publican mentiras, artificios. Y ahí están: proyectando representaciones que se quieren creer. O que necesitamos creer.

Y, aunque sé que son verdaderas, también yo dudo en este verano de las noticias, de las imágenes que veo con mis propios ojos. Me cuesta comprenderlas y dimensionarlas. Esa fotografía que muestra los cientos de zapatos de los migrantes flotando junto a El Tarajal, en Ceuta. Dudo de la imagen de una sandalia blanca de plástico de un niño o niña de menos de dos años en la arena, desparejada y perdida. Dudo de esa foto del crío marroquí sentado en la arena de la playa frente a un militar español de pie. De los cientos de personas que ha traído en la playa de Benzú. De que un diputado de la ultraderecha haya dicho que hay que cazar y pescar a los migrantes uno a uno.

Dudo de que agitadores de más y menos talla y más o menos repercusión o pseudopolíticos se hayan desplazado hasta Ceuta para prender la mecha de su propia contienda interesada. Me cuesta creer que 141 personas hayan muerto en ese sur en este verano.

El mito sigue vigente 2.400 años después. Pero una ya no sabe distinguir entre las siluetas negras y la propia caverna. Quién las proyecta y para quiénes. Una está encadenada entre lo artificial y las noticias, dentro de un algoritmo matemático y político que genera sombras elegidas en nuestra pared. Porque no nos explican la razón detrás de lo que ven y leen nuestros ojos para que vuelva la confianza a nuestros sentidos.

Quizá la caverna sea el mismo tiempo que habitamos: dirigido, plano, filtrado, polarizado. Cuando vemos una imagen, cuando leemos un texto, debemos preguntarnos qué hay detrás de esa representación. Eso ya era así antes. Pero hoy, incluso cuestionando lo que vemos, no somos capaces de razonar que ese mundo presente sí es el real, un contexto que empuja, por las razones que sean, a las personas a cruzar fronteras, a jugarse la única vida que tienen, y me gustaría decirle a mi hijo que eso es artificial, o que tiene que aceptar que es ininteligible, que solo es una sombra de lo que podríamos ser.

En el programa electoral del Partido Popular del 2008 (página 108) aparecía la siguiente promesa: “Aprobaremos la Ley Integral de Lucha contra el Cambio Climático”. En el del 2015 (página 61) aparece: “Estableceremos un marco reforzado para luchar contra el cambio climático”. A continuación, propone una Hoja de Ruta 2030 (que suena mucho a la agenda 20-30) donde se dice que quieren reducir los gases de efecto invernadero y fomentar las energías renovables y la eficiencia energética. Ahora mismo, el Partido Popular dice ya que el Cambio Climático no existe y que en la tierra siempre ha habido cambios de clima. Todavía no sabemos lo que opina el PP de las vacunas, pero ya vimos que estaba en contra del confinamiento…y de lo que haga falta.

No sé si para cuando este artículo se publique se habrán apagado los fuegos de Madrid y Ávila, pero mientras escribo arde Canadá, Inglaterra, Sicilia, Francia…y Zamora, Tarragona… El planeta siempre ha ardido, cierto, siempre ha habido rayos u hogueras mal apagadas, pero no siempre ha hecho este calor, no siempre han estado los montes en este estado, no siempre ha habido tan poca humedad en verano. Las casi 100.000 hectáreas calcinadas en España pueden ser, según los expertos, un millón cualquier día. Y no, no siempre han sido los incendios tan grandes y tan imposibles de apagar. El mundo parece cada vez más pequeño y más interconectado: lo que comemos, lo que respiramos, el calor o el frío que tenemos, las inundaciones, los huracanes...viajamos todos en el mismo barco frágil.

El mundo arde de diversas maneras, no sólo con el fuego, sino también con un calor extremo que amenaza con hacer impracticables grandes áreas del planeta, y la derecha decide no sólo no hacer nada, sino afirmar que no pasa nada. Cualquier persona medianamente normal tiene que preguntarse por qué se ha producido este cambio de posición en el PP, desde una posición normal a otra enloquecida y contraria a la razón y la ciencia. Al fin y al cabo, cuando todo se queme, cuando todo arda, cuando no se pueda salir a la calle en verano, o cuando tengamos que migrar buscando áreas más frescas, eso les afectará también a ellos. Pero con un capitalismo desbocado y cada vez más desigual e injusto, es imprescindible que la gente no se dé cuenta de cuál es el problema y cuál sería la solución. Lo han aprendido de Trump. La mentira sale muy rentable electoralmente.

El capitalismo es un tren sin frenos. Sus defensores no pueden pensar en el futuro, sino en el beneficio inmediato; no pueden pensar en la autodestrucción, sino en el beneficio inmediato, no pueden pensar en aire limpio o en el agua, sino en el beneficio inmediato; no pueden pensar en la prevención del año que viene, sino en el beneficio inmediato; ni siquiera pueden pensar en que mañana mismo España, como destino turístico, estará muerta si hoy, esta tarde, aún pueden tener pingües beneficios con ese turismo destructor. Un planeta finito no puede soportar un crecimiento infinito pero los defensores del capitalismo sostendrán que sí hasta que el fuego arda a las puertas mismas de sus casas, pero eso tampoco les preocupa porque creen que entonces cogerán un cohete y se podrán ir a Marte, junto con Elon Musk.

El capitalismo no puede asumir que hay que invertir en prevención, que hay que invertir en desinvertir, en decrecer, que hay que hacer menos negocio para poder tener más vida. Los políticos de derechas son la voz de las petroleras, de las empresas contaminantes y por eso no sólo no van a hacer nada, sino que tienen que convencer a la gente de que lo ven que no existe y que el calor que tienen es normal. Por eso han pasado de asumir hace unos pocos años que el cambio climático es una realidad, cuando todavía no parecía necesario tomar medidas radicales, a mentir y echar la culpa precisamente a quienes se preocupan por la situación, cuando la gente empieza a exigir medidas.

Necesitan que la gente desconfíe de la ciencia, de la cultura, de la inteligencia, de las instituciones, de la democracia, de lo que dicen los responsables a cargo y también de los vecinos, no vaya a ser que crezca la solidaridad y la ayuda mutua. Al final, necesitan mentir respecto a todo. A la derecha le interesa un medio ambiente social tóxico, irrespirable, en donde verdad y mentira sean indistinguibles, donde todo el mundo se enfrente al vecino y en donde la violencia se expanda, siempre que no sea contra ellos. La estupidez les viene bien y el conocimiento les hace daño porque nos permite entender qué está pasando. Así que se suman con entusiasmo a cualquier mentira disruptiva: las vacunas, la Atlántida, el ciclo del agua (que ya hay negacionistas del ciclo del agua) los chemtrails… y son capaces de convertir a Iker Jiménez en un intelectual.

Y ahora, además, tenemos otro problema grave: las redes que han pasado a ser el medio por el que se informa la mayoría de la gente. Hay que meter mano a las redes ya, pero nadie sabe cómo hacerlo ni desde dónde. En medio de los incendios de Madrid y Ávila, ultraderechistas varios e influencers de toda calaña, inundaban las redes con vídeos falsos en los que se instaba a no hacer caso a la UME ni a los bomberos y en los que se aseguraba que todo era una conspiración del Gobierno, que quiere quemar el campo. No estamos lejos del momento en que haya personas que mueran por culpa de la información falsa. Habrá gente que se quemará en sus casas por no salir a tiempo, que se tirará por un barranco, que no se vacunará en medio de una pandemia mortal o que se empeñara en salir con su velero en medio de un tsunami porque se lo ha dicho un influencer o un político de ultraderecha. Incluso gente que quiere informarse bien puede que no sepa ya dónde hacerlo; todos nos tragamos ya bulos que son a veces indistinguibles de la realidad. Las consecuencias de esto son política y éticamente muy profundas.

El problema es que no es fácil solucionarlo. Alguien decía ayer que se puede, por ejemplo, dejar de insertar publicidad institucional en aquellos pseudomedios que difundan bulos. Pero la publicidad institucional la inserta un partido u otro, y entonces… ¿cómo se va a castigar un partido que difunde bulos a sí mismo? ¿Quién decide qué es un bulo y qué no lo es? ¿Quién decide qué es mentira y qué es verdad cuando no se acepta un suelo de conocimiento común; cuando, desde posiciones de poder, no se reconoce ciencia ni verdad, sino que, por el contrario, se embarulla, se miente, se confunde? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Se deja que lo decida un juez? Upsss, mejor que no.

En un mundo que ya está ardiendo, más nos vale saber que las redes también arden y que, por ahora, no sabemos cómo apagarlas.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Cada verano, mientras los incendios forestales asolan distintos puntos del país y los servicios de emergencia luchan contra las llamas, el debate político también se llena de desinformación. La actual ola de incendios, que ha afectado a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, no ha sido una excepción. A medida que avanzaban los fuegos, dirigentes de PP y Vox reactivaron un discurso que minimiza el papel del cambio climático y pone el foco en la gestión forestal.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado de “irresponsabilidad política” la difusión de bulos sobre los incendios. Sin embargo, durante estos últimos días varios políticos han usado las ruedas de prensa y las redes sociales como altavoz para difundir desinformación.

El discurso más frontal contra la evidencia científica proviene de Vox. La formación de extrema derecha ha aprovechado la oleada de incendios para reactivar su argumentario negacionista. El 20 de julio, el diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, cruzó todas las líneas rojas del consenso científico al afirmar que la acción del hombre no es la causante del calentamiento global. “La Tierra, el mundo, el sistema solar tiene sus propios tiempos y hace lo que le parece. No es el hombre”, afirmó, asegurando además que “los paneles científicos” se estaban “echando un pelín para atrás” en la idea del origen humano del calentamiento global, una afirmación que no se corresponde con el consenso científico internacional, respaldado por organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que en su último informe sobre cambio climático señala la influencia humana como principal responsable del calentamiento a un ritmo sin precedentes.

A partir de esas declaraciones, la maquinaria del partido se ha centrado en desvincular el clima del fuego. En su cuenta oficial de X, publicaron que no hay cambio climático, sino “una ideología criminal, incompetencia y abandono”. Al mensaje adjuntaban una imagen que indica que si los montes no se limpian en invierno, arden en verano. El mensaje elude que la limpieza y la gestión de los montes son competencia de las comunidades autónomas, incluidas aquellas donde gobierna Vox en coalición y dirige áreas como Medio Ambiente en Aragón o Medio Rural y Política Ambiental en Castilla y León.

En esta línea han seguido otros representantes como Iñigo Henríquez de Luna, diputado en la Asamblea de Madrid, quien la semana pasada acusó reiteradamente a otros políticos (y en especial a Pedro Sánchez) de utilizar el cambio climático como un “burladero” para esconder su responsabilidad en la prevención y gestión. Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el propio Santiago Abascal, atribuyeron la falta de medios contra los incendios a la “corrupción” del Gobierno central, llegando a calificar a Sánchez de “plaga”. Ninguno de los tres aportó datos, informes o ejemplos concretos que sostuvieran esa relación directa entre corrupción y escasez de medios de extinción.

Por su parte, el portavoz de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, completó ese argumento asegurando que los incendios activos no se deben al cambio climático, sino a la falta de “trabajos de desbroce” y a que no se ha “limpiado el campo adecuadamente”. La Ley de Montes, aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, establece obligaciones que contradicen esa afirmación. La norma exige la limpieza de los montes tanto a los propietarios privados como a los ayuntamientos, y demanda a las comunidades autónomas la elaboración de planes anuales de prevención de incendios. Entre esas medidas antiincendios deben figurar trabajos de carácter preventivo como los tratamientos selvícolas, que incluyen la eliminación de matorrales y la poda.

Isabel Díaz Ayuso y Feijóo han ignorado en diversas ocasiones la propuesta de un Pacto de Estado contra el cambio climático que propone el Gobierno. En cambio, Ayuso ha reclamado este lunes que se escuche “a las gentes del campo, que son quienes de verdad conocen lo que pasa en los montes”, denunciando “dificultades para limpiar los montes y para trabajar en sus propios terrenos”. Tampoco la Ley de Montes respalda esta interpretación. Los permisos solo son necesarios para quemas o uso de maquinaria en periodos de riesgo, y su tramitación depende de cada comunidad autónoma. Algunas, como Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid, solo exigen una declaración responsable en el caso de extraer matorrales de más de 1,5 metros o realizar podas mayores.

En la misma línea se ha pronunciado este lunes Alfonso Serrano en el programa Todo es mentira. “¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También”, ha asegurado. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar hablar de su “mala gestión” en materia de prevención de incendios. 

Este discurso no es nuevo. Ya en 2022, Ayuso definió la agenda climática como una posible “gran estafa” ante la Asamblea de Madrid. La misma dirigente que meses después, en el debate electoral del 28M, prometía “llevar naturaleza a los patios y a las azoteas” para que “cada balcón de Madrid tenga una planta”, ha mantenido en paralelo, año tras año, un discurso agresivo contra las políticas climáticas.

El año pasado Vox ya achacaba los incendios en España al fanatismo climático y las políticas medioambientales de la Agenda 2030. Esta no es una ley ni una norma jurídica, por lo que no autoriza ni prohíbe nada a nivel estatal o autonómico, sino que es un compromiso internacional de Naciones Unidas para la protección de los ecosistemas terrestres.

Mientras los bomberos siguen trabajando sobre el terreno, la legislación vigente mantiene desde hace más de dos décadas obligaciones concretas sobre la gestión de los montes y reparte responsabilidades entre propietarios y administraciones. Ese marco legal contrasta, sin embargo, con un debate política en el que cada verano resurgen afirmaciones que cuestionan tanto el consenso científico sobre el cambio climático como el alcance real de la normativa forestal.

De ahora en adelante, las medidas de adaptación al cambio climático también deben incluir un proceso de reforma de nuestras leyes, que permita exigir responsabilidades penales a los políticos, por negligencia criminal, cuando apliquen políticas que destruyan el medio ambiente.

El futuro sobre cual nos han advertido durante décadas ha llegado. Armados con modelos estadísticos detallados, ampliamente disponibles y accesibles, los científicos nos imploraron que les prestáramos atención. En 2021 dieron la señal de alarma en las Naciones Unidas, cuando el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) declaró la alerta roja para la humanidad. Esa realidad se manifiesta hoy en nuestras pantallas, grandes y pequeñas, mientras presenciamos otra catástrofe provocada por nosotros. Nos sentimos impotentes; pero ¿lo somos realmente? 

Ahora que los incendios forestales se extienden por el sur de Europa, conviene saber que las compañías petroleras y gasísticas conocían de sobra desde la década de los cincuenta las consecuencias de sus actividades. Hace dos años, el Centro de Investigaciones Climáticas sacó a la luz documentos que datan de 1955 y 1956, en los que el prestigioso científico Charles David Keeling explicaba cómo los combustibles fósiles provocan un aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera de nuestro planeta.

Por supuesto, en una época en la que las informaciones eran un privilegio reservado a unos pocos, el todopoderoso lobby del petróleo y el gas rápidamente tomó medidas para neutralizar el impacto del estudio. La industria se aseguró de que, para cuando las generaciones actuales tuvieran acceso total a esos datos, la percepción pública ya hubiera sido moldeada para servir a sus intereses.

Quienes estudiamos la desinformación usamos el término "contaminación informativa" con razón. Sabemos que una campaña de influencia debe incluir ciertos elementos para considerarse una operación de distorsión de la realidad: actores malintencionados, incentivos, intención, objetivos, canales seleccionados y explotación. Cuando las opiniones han sido manipuladas por la propaganda durante generaciones, desacreditando a la ciencia, comprando políticos y fomentando la polarización, las tecnologías actuales, que permiten la microsegmentación mediante algoritmos, son solo el último empujón hacia el abismo del caos social. 

Las mayores campañas de desinformación documentadas de nuestro tiempo han sido llevadas a cabo por actores estatales con el objetivo de desestabilizar las democracias y sus procesos electorales, y por el lobby del petróleo y el gas, que siembra deliberadamente la desconfianza social para proteger sus intereses económicos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela redes transfronterizas, estrategias de lobby y flujos financieros utilizados para influir en las políticas energéticas y climáticas, mediante campañas de relaciones públicas y estudios pautados por la industria. 

La Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN) publicó una guía para investigar el lobby de los combustibles fósiles. En ella se indican documentos internos que demuestran que la industria conocía los riesgos climáticos y difundía deliberadamente mensajes destinados a sembrar la duda y debilitar las regulaciones. La guía también detalla contrataciones fraudulentas y las puertas giratorias entre la industria y los gobiernos. 

El consorcio de medios EIC (European Investigative Collaborations) describió extensamente el lobby en torno a las infraestructuras y las subvenciones al gas en Europa, así como la captura de políticas mediante la influencia en los planes energéticos nacionales y las decisiones regulatorias. La investigación también profundizó en el ecocidio amparado por las licencias y la práctica generalizada del ecoblanqueo.

Si bien la transición energética aún debe incluir los tipos de combustible que nuestra infraestructura puede suministrar, a menos que tomemos medidas políticas urgentes y destinemos fondos significativos a la innovación verde, la transformación de la ecuación energética se asemejará menos a una transición y más a una dependencia perpetua de los combustibles fósiles, respaldada por el mismo lobby omnipresente. Lo encontramos escondido tras el miedo de nuestros políticos a tomar medidas audaces que podrían proteger nuestro futuro en un planeta habitable, capaz de sustentar una vida saludable para todos.

Como sociedad civil, tenemos el poder de actuar. Es nuestra responsabilidad hacerlo con más urgencia y resolución que nunca. Vota, comprende la magnitud de la tarea y exige responsabilidades a tus representantes electos, presionándolos para que promulguen leyes que permitan sancionar las malas políticas climáticas. Nuestro bienestar colectivo y, literalmente, el aire que las próximas generaciones podrán respirar (o no) dependen de ello.

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Ioana Belu es fundadora y supervisora ​​científica principal del Cambridge Sustainability Policy Lab.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció el domingo en la sierra oeste de Madrid para hablar de los incendios que arrasan España este verano, pero no pronunció la expresión “cambio climático”. Describió, eso sí, un fuego “condicionado por unas condiciones meteorológicas muchas veces imprevisibles y que cambian varias veces a lo largo del día” y avisó de que, si no llueve, “nos quedan todavía dos meses y medio muy duros”.

Feijóo venía de participar el sábado en Santiago, en plena emergencia, en los actos religiosos del Día de Galicia. Y se presentó en la sierra oeste de Madrid a unas horas de emprender viaje, este mismo lunes y sin que la catástrofe esté ni mucho menos resuelta, hacia Perú para presenciar la toma de posesión de la ultraderechista Keiko Fujimori como nueva presidenta.

Preguntado acerca de si veía viable un pacto de Estado entre el PP y el PSOE frente a la emergencia climática, a la vista de lo que está pasando, esquivó la cuestión. “He venido a hablar de cómo podemos extinguir y cómo podemos acometer una situación crítica. Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Ninguna. Se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando, se sabe muy bien qué es lo que ha hecho cada uno en los años de gestión de su gobierno y sabemos cuál es la situación en este momento. Habrá momento para el análisis, habrá momento para la respuesta a su pregunta, no tenga la menor duda de que sí”, respondió.

Once días antes, en Los Gallardos (Almería), donde el fuego acabó con la vida de 13 personas, el líder del PP había ido más lejos. Entonces relacionó los incendios con “determinadas leyes restrictivas, que a veces no facilitan el desbroce y que a veces no facilitan la prevención”, y pidió un “gran acuerdo nacional” para revisarlas.

La propia Isabel Díaz Ayuso abundó este lunes en el mismo bulo: “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, y cuyos problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”.

Esa misma tesis, culpar a la legislación ambiental antes que al calentamiento global, es la que sostiene Vox desde su fundación. Feijóo y el PP no la han copiado de forma literal. Pero coinciden en el diagnóstico y en la omisión.

Jorge Buxadé, coordinador nacional jurídico de Vox, lo describió en agosto de 2025 como un “bipartidismo pirómano” que “ha aprobado leyes, reglamentos” y ejecuta “políticas que han permitido y permiten la destrucción del territorio nacional”. Acusó a PSOE y PP de aplicar durante cuatro décadas una agenda que, a su juicio, favorece esa destrucción.

Santiago Abascal fue más lejos este fin de semana: habló de Pedro Sánchez como Nerón, atribuyéndole el origen del fuego y vinculando, en una declaración sin fundamento alguno, incendios, dana y apagón en un mismo relato. “España se quema, pero también hemos tenido que decir últimamente: España se inunda, España se apaga. Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia”, dijo. “El fanatismo climático, porque impide la prevención, como en la dana, como en el apagón o como en los incendios, y se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta”.

Vox necesita ese relato para sostenerse como partido negacionista del cambio climático sin quedar aislado cuando arden cientos de miles de hectáreas y se multiplican las evidencias de que el clima se está extremando, tal y como anticiparon los científicos. Culpar a la ley y no al clima le permite mantener su tesis de fondo, que el calentamiento global no explica los incendios, sin negar el fuego que todo el mundo ve.

La realidad es que la ley de montes, aprobada en 2003 y modificada en 2006 y 2015, no prohíbe limpiar ni desbrozar terrenos forestales. Establece un marco de autorizaciones para ciertas actuaciones, pero no las impide. No es cierto que exista una prohibición legal de limpiar el monte.

Más del 70% de la superficie forestal española es de titularidad privada. Así que la responsabilidad de gestionarla recae, en primer término, sobre el propietario. Lo que la ley sí hace es prohibir el cambio de uso de un terreno forestal quemado durante los 30 años siguientes al incendio. Una cláusula que busca eliminar el incentivo económico para provocar fuegos, pero que no impide la prevención.

El problema no es un exceso de protección legal. Es la ausencia de gestión activa. El 81,52% de los espacios forestales españoles carece de un plan de ordenación forestal, según datos recogidos en el Congreso Forestal Español.

El abandono rural es el factor socioeconómico que mejor explica la extensión de los incendios. Casi nueve de cada diez localidades afectadas por el fuego han perdido población en lo que va de siglo. España perdió 5,3 millones de habitantes en zonas rurales entre 1960 y 2021.

Los municipios golpeados por grandes incendios perdieron, de media, un 8,61% de su población entre 2011 y 2023. Sin actividad agrícola ni ganadera, el matorral se acumula sin control y el combustible vegetal se extiende sin interrupción.

De lo que Abascal no quiere hablar, y ahora Feijóo tampoco, es de que el cambio climático añade un segundo factor, medible y creciente. Un estudio de atribución climática concluyó que el calentamiento global hizo 40 veces más probables los incendios mortales del verano de 2025 y elevó un 30% la intensidad del fuego. Las olas de calor que alimentan esos incendios son ahora 200 veces más probables y tres grados más cálidas que en un escenario sin calentamiento global.

Ninguno de estos dos factores, el abandono del territorio y la subida de las temperaturas, aparece en las intervenciones de Feijóo sobre los incendios de este verano. Justo cuando se ha visto obligado a pactar el negacionismo climático con Abascal para poder gobernar Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Precisamente en esta última comunidad, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, alertó del calentamiento global como causa de incendios “de dimensión desconocida, explosivos”. Y Vox, su socio de gobierno, desvió entonces la responsabilidad hacia la gestión forestal y la limpieza de montes.

Esa gestión, la prevención y extinción de incendios, es competencia autonómica. En Andalucía la ejerce el propio Gobierno de Moreno, pero el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en esa comunidad no incluye ninguna medida para frenar el aumento de las temperaturas. Todo lo contrario: prevé derogar políticas climáticas autonómicas previas.

El PP gobierna también en Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, comunidades con competencias plenas en prevención y gestión forestal. Ninguna necesita autorización del Gobierno central para desbrozar montes o reforzar sus brigadas.

Pedro Sánchez propuso en agosto de 2025, tras los grandes incendios de ese verano, un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Lo concretó a finales de mes en diez compromisos, entre ellos fondos permanentes de reconstrucción y prevención, brigadas forestales estables durante todo el año y un nuevo modelo de gestión forestal.

El PP respondió entonces calificando la propuesta de cortina de humo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dijo que “traer un pacto de Estado sobre el cambio climático es como si en medio de un tsunami traes un pacto para salvar los océanos, no sirve de nada”, y reclamó en su lugar unos Presupuestos Generales del Estado.

Este mismo lunes, intentando pasar por alto que la propuesta tiene ya un año, volvió al mismo discurso y acusó al presidente de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar que se hable de su “mala gestión” y de lo que “no hacen y de lo que dejan de hacer” en materia de prevención de incendios, ignorando de paso que estas competencias son autonómicas. Según ella, además, “durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo”.

A esta tesis se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según la cual es mejor “dejar pasar” ese debate, porque en realidad “hay muchas causas de los incendios”. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda”.

Hace apenas un año, Feijóo todavía reconocía que “el cambio climático existe”, frente a un Vox que lo niega abiertamente. Pero calificaba de cortina de humo vincularlo a los incendios de aquel verano y ponía el acento en la intencionalidad, en “perseguir a las personas que queman de forma intencionada”.

El PP presentó su propio plan, con 50 medidas centradas en ayuda inmediata e incentivos fiscales para la actividad forestal. La medida estrella era crear un censo de pirómanos, en línea con la que tradicionalmente ha sido la principal línea argumental de defensa del PP cuando tiene que hacer frente a los fuegos: la supuesta existencia, nunca acreditada, de una trama organizada de incendiarios. Una tesis que Feijóo ya había sostenido, sin pruebas, cuando presidía la Xunta de Galicia.

Esa lectura dejaba en segundo plano el cambio climático. El PP reclamaba, en cambio, “policías en los montes” y la activación del Ejército, con apenas una mención a la falta de personal y de material que denuncian las propias brigadas forestales.

Cuando los incendios afectaban a Galicia bajo su propia presidencia, Feijóo ponía el foco en el terrorismo incendiario. Una tesis que desviaba la atención de la gestión autonómica, que era la suya.

Este año, cuando la respuesta a la emergencia recae —a petición de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha— sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ya no habla de tramas incendiarias. Pide examinar la gestión de la lucha contra el fuego y señalar a sus máximos responsables; en este caso, el Ejecutivo central.

Lo que ha ocurrido esta vez es que, tras los grandes incendios de julio de 2026 en Ávila, Madrid y Toledo, las comunidades autónomas afectadas solicitaron formalmente la intervención del Estado y la activación de la emergencia nacional. El Gobierno de Sánchez asumió entonces la coordinación operativa de la extinción, lo que implica que el mando único de la emergencia pasa a la Dirección General de la Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y que el Gobierno central se hace cargo de la dirección estratégica y operativa de la respuesta.

Eso, sin embargo, no cambia el modelo estructural de la lucha contra los incendios: en todas las autonomías, la extinción se realiza mediante la colaboración de todas las administraciones. Incluidos los dispositivos estatales. Lo que cambia con la emergencia nacional es únicamente quién coordina y dirige el operativo (el mando único estatal), no el principio de colaboración entre niveles de gobierno ni la participación de los medios propios de cada Administración.

A estas horas, 121.000 evacuados y confinados en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón (16.000 en Vall d'Uixó). 220.000 en la región de Gironda, al suroeste de Francia. En Argelia, más de 1.550 incendios en 12 días. La lista es interminable. El Mediterráneo arde por los cuatro costados y las pérdidas son ya incontables.

Entre las causas, lo que ya sabemos: la crisis climática lleva ya tiempo produciendo estragos. Lo hace mostrando que el clima ya es otro, como otros son los incendios de quinta y sexta generación, tan difíciles de sofocar que obligan a gestionar de forma radicalmente distinta el territorio. Junto a esto, el abandono del medio rural dificulta el mantenimiento de los bosques de forma natural mediante ganadería extensiva, y fuerza a implementar otras medidas de prevención y conservación.

Hasta aquí lo ya sabido. Si quieren profundizar más, hay multitud de artículos explicando con detalle la situación, como este en de The Conversation. Mientras tanto, otro factor entra en juego. Lo hizo en la dana de Valencia, en el tren de borrascas que inundó el sur de la península ibérica la pasada primavera, apareció también en los incendios del norte de España el año pasado, y lo hace cada vez que hay una crisis. Se trata de la desinformación. Un poderoso jinete que cabalga, en temas ambientales, a lomos de la ultraderecha, y ensucia y contamina la conversación de mentiras y medias verdades avivando el cabreo general e incendiando la sociedad.

Así, se asegura que las leyes ambientales impiden limpiar los montes, cuando es exactamente lo contrario. El artículo 48 de la ley de montes establece que: “1. Las Comunidades Autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”. Y se incluyen en el punto 4.e) “Los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, en particular los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución”.

Por si hubiera dudas, por tratamiento selvícola se entienden aquellas labores que se realizan en los bosques y masas forestales para mejorar su estado e incluyen limpias, podas, clareos, desbroces, eliminación de vegetación, etc. Es decir, no sólo no se prohíbe “limpiar” el bosque, sino que es obligatorio. ¿Quién debe hacerlo? En el 73% de masas forestales, que son de propiedad privada, su propietario. En el resto, los municipios o la Administración competente. Incluso si el propietario privado no lo hiciera, es el municipio quien debe hacerlo de forma subsidiaria. ¿Y si los ayuntamientos carecen de recursos para esto? Bien, empecemos a hablar de políticas públicas y de cómo garantizar los medios a esos municipios u otras formas de gobernanza.

Otro de los bulos más extendidos es el de las piñas: “No se puede ni coger una piña”, dicen paisanos de unos y otros lugares. Nuevamente, es falso. Las piñas en el suelo no hay nadie que impida cogerlas. Las que están en las ramas tienen propietario, y por tanto, tendrá que dar permiso para poder cogerlas. Así de simple. E insisto en un dato: el 73% de las masas forestales en España son de titularidad privada. Si quiere coger una piña del árbol, el dueño tendrá que darle autorización.

Hay muchos más ejemplos de desinformación como se puede comprobar en estos trabajos de Greenpeace o de WWF. Con todo, el más peligroso, por lo que tiene de irresponsable, es el que intenta separar el cambio climático de la aparición de estos incendios. Lo hemos visto en declaraciones de Abascal culpando de los incendios al “fanatismo climático”, en editoriales de periódicos conservadores, artículos de opinión y en intervenciones de negacionistas en televisiones públicas. Mientras esto no termine, mientras haya quien aproveche la tragedia para cargar contra ecologistas, mientras no entendamos que el clima ha cambiado, que los montes y el mundo rural son otros y que eso exige gestionar de otra manera, la tragedia aparecerá en forma de dana, de Filomena, de incendios o de olas de calor con miles de muertos.

Afortunadamente, mientras tanto, hay multitud de profesionales, de científicos de diferentes disciplinas, de responsables políticos y de ciudadanos y ciudadanas que trabajan cada día para mitigar el cambio climático y adaptarnos a la nueva realidad. A partir del próximo lunes, contaré en esta columna algunos ejemplos que demuestran cómo la (buena) política salva vidas.

El Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid, "De la censura al algoritmo", se celebró este martes con periodistas, creadoras de contenido, historiadoras, cineastas y responsables institucionales debatiendo cómo recuperar el relato frente a quienes controlan el poder digital.

La jornada, organizada con la colaboración del comisionado de 50 años de España en Libertad y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, combinó mesas redondas, talleres y conferencias sobre una misma cuestión: cómo evitar que la desinformación gane la partida a la convivencia, la identidad y la capacidad ciudadana de distinguir el hecho de la ficción.

La inauguración corrió a cargo de Pepa Bueno, conductora del Telediario 2 de TVE, y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Bueno cuestionó la idea de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los periodistas.

Recordó que quienes primero ignoraron internet y después se lanzaron al clickbait vacío pretenden ahora reemplazar a los profesionales por “maquinitas” y preguntó si un algoritmo podría contar a qué huele el incendio de Los Gallardos, o cómo se le quiebra la voz a alguien que ha perdido a un familiar.

El periodismo, defendió, exige comprobar casa por casa la realidad de los hechos. El peligro no está en las máquinas, sino en sus dueños y en los objetivos de quienes controlan los sistemas que difunden medias verdades.

Bueno y Maraña situaron la raíz del problema en la economía del oficio. La precarización del periodismo desde la llegada de internet ha reducido la independencia de los profesionales, que antes podían llegar a fin de mes sin depender de otros ingresos.

El director editorial de infoLibre atribuyó esa precarización a decisiones empresariales. “La precarización no viene de Marte”, dijo, antes de explicar que las grandes empresas prescindieron de los profesionales con más experiencia para apostar por sueldos bajos, una segunda ola ahora impulsada por la inteligencia artificial.

La responsable del Telediario 2 propuso un triple ejercicio de transparencia frente a esta deriva. El profesional, que explique las herramientas y los códigos usados. El ético, que aclare los valores desde los que se informa. Y el financiero, que permita al público saber quiénes son los dueños de los medios.

La primera mesa, moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, introdujo el humor como herramienta de denuncia. El influencer Marc Biarnés, conocido como Nosoloviernes, explicó que el algoritmo de plataformas como TikTok o Instagram no es neutral. "Lo regula quien lo regula, que no es una persona progresista", dijo.

Biarnés advirtió que la audiencia joven busca contenidos de treinta segundos, un formato que facilita la propagación de bulos. Pidió una regulación estricta contra el odio impune en redes como X. “El día que lleguen las multas por bulo, más de uno se callará la boca”.

La construcción de la memoria fue el otro eje de la mesa. La directora de cine Laura Hojman defendió que la identidad de un país se construye tanto por lo que se cuenta como por lo que se silencia. Calificó de "terrorífico" ceder la narración humana a la inteligencia artificial.

La profesora Alicia Parras recordó el silencio que sufrieron durante décadas los fotógrafos de la Guerra Civil. Advirtió que la memoria colectiva reside hoy en nubes de empresas privadas que podrían desaparecer o cambiar de manos de un día para otro. Y el periodista Arturo Lezcano vinculó el pasado migratorio de España con la actualidad. Lamentó que algunos líderes políticos olviden que en los años sesenta los españoles fueron emigrantes, mientras regiones como Ourense reciben hoy a miles de personas extranjeras.

La mesa "Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos", moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, partió de una premisa: la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital que monetiza la confrontación.

Antonio González, estudiante de Antropología y creador de contenido, denunció que la viralidad se mide por la polémica que genera un contenido, no por la solidez del argumento. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, señaló que las mujeres conocen mejor que nadie la monetización del odio en redes.

Hernández explicó que ese hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de violencias antiguas. Recordó que Clara Campoamor ya era tildada de histérica en el Congreso, un desprecio que hoy se actualiza con términos como "charo".

Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, advirtió que el algoritmo premia siempre la confrontación en los temas de igualdad para maximizar el tráfico. Rodríguez constató que para los jóvenes ya no existe frontera entre medios y redes, y que el nuevo analfabetismo consiste en no distinguir información veraz de propaganda. 

A su vez, David Álvarez, profesor de la Complutense, propuso adaptar el lenguaje periodístico a las redes sin complejos. "Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel", dijo, antes de reivindicar el periodismo como contrapoder. "Si no es contrapoder, no es periodismo".

El rapero El Chojín, Domingo Antonio Edjang Moreno, puso banda sonora a la jornada en su taller "Música y contracrónica social". Recordó sus inicios en 1990, cuando el rap no era una industria sino la necesidad de contar lo que llevaba dentro.

Citando a Chuck D, de Public Enemy, definió el rap como "la CNN de los barrios". El periodismo, a veces, se percibe desde una intelectualidad que aleja al ciudadano común. El rap, en cambio, usa el lenguaje de la calle. "A veces es más efectiva la música que un artículo”.

Abordó también la columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, que calificó de "proclama abiertamente racista". Lamentó que la derecha esté perdiendo los complejos y se parezca cada vez más a una ultraderecha que decide quién es ciudadano según su color de piel.

El profesor Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III, advirtió en su taller "La prensa contra las cuerdas" sobre el poder del lenguaje. "Quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva", dijo.

Ante las "alucinaciones" de la inteligencia artificial, con una tasa de error del 10% en millones de consultas diarias, planteó la necesidad de un derecho de rectificación frente a sus fabulaciones. Propuso la técnica del "sándwich de la verdad". Empezar por los hechos reales, señalar la mentira sin amplificarla y repetir la realidad con insistencia.

Señaló a Telegram como el canal opaco en el que se concentra buena parte de la desinformación en España. Recomendó certificar capturas con herramientas como eGarante, para que el borrado de una publicación no elimine también la prueba del bulo. "En caso de duda, la primera reacción debe ser comprobar antes de compartir".

En su turno, hablando de bulos, redes y discursos de odio, Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News, sostuvo que los bulos apelan a la emoción y que los datos no bastan para desmontarlos, porque son “dos lenguajes totalmente distintos”. Defendió que la izquierda necesita generar sus propios marcos narrativos y perder el recelo hacia el marketing, ya que comunicar mejor no equivale a manipular.

Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, ilustró con la investigación “Torre Pacheco, anatomía de un bulo” cómo la violencia digital salta a la calle, y recordó que solo el 22% de los contenidos falsos fue retirado semanas después de los disturbios. Explicó que en RTVE se centran en desmentir el mensaje, no en dar notoriedad a quien lo difunde, y reivindicó el rigor del lenguaje periodístico: “Si una noticia es falsa, entonces no es una noticia”, por lo que pidió hablar de contenido falso y no de noticias falsas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerró la sesión matutina con una reflexión sobre la verdad compartida. Puso ejemplos de su tierra, Canarias, donde desapariciones y ejecuciones de la guerra y el franquismo fueron durante años suplantadas por relatos de personas emigradas a América que en realidad habían sido asesinadas.

Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, había subrayado unas horas antes, en la bienvenida a la jornada, que el periodismo ético es una de las bases del sistema democrático. Advirtió que en un momento en que los discursos de odio se han vuelto admisibles, la ciudadanía tiene más derecho que nunca a una información veraz.

Ya en la sesión de tarde, Nacho Carretero, periodista, escritor y productor audiovisual, señaló tras la proyección de la película Nightcrawler, el error cometido por el periodismo al entrar a competir con perfiles ajenos a la verdad, como los que representa el agitador ultra Vito Quiles. Mientras el periodista honesto debe destruir sus propios prejuicios al enfrentarse a una historia, explicó, estos actores parten del titular ya escrito y fuerzan la realidad para que encaje.

Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, sostuvo que los algoritmos empujan a sus usuarios hacia posturas más conservadoras porque la emoción que genera más permanencia en pantalla es la ira, más que por un sesgo ideológico de las plataformas. Mantener al usuario enfadado, dijo, es un negocio lucrativo.

En la clausura, Maraña resumió los conceptos que atravesaron el encuentro. La precariedad como factor que condiciona la información y la desinformación, la exigencia de responsabilidad a quienes manejan datos sensibles, y la defensa de una regulación real de plataformas, redes e inteligencia artificial.

Aclaró que esa regulación no implica intervenir en la libertad de expresión, sino exigir a las plataformas la misma responsabilidad que a cualquier medio identificado como tal. Citó el ensayo de Timothy Snyder para cuestionar la supuesta opacidad ingobernable del algoritmo, y defendió que las instituciones pueden legislar para que ofrezcan pluralidad de ideas en lugar de solo confirmar el rastro digital del usuario.

Propuso el fin del anonimato, con un registro identificable aunque se publique bajo pseudónimo, como medida frente a la impunidad de la calumnia. Y señaló la velocidad como lo más difícil de gestionar hoy en el análisis periodístico.

Desmontar una mentira que conecta directamente con la identidad y los miedos de una persona es una batalla casi perdida si solo se recurre a los datos. Sobre esta idea se ha centrado el coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos?, que ha reunido a expertos del periodismo y la comunicación para analizar los mecanismos de la desinformación. 

La mesa ha contado con la participación de Fernando Varela, redactor jefe de infoLibre; Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE. El debate ha comenzado con una advertencia de Varela, quien recordó que el problema ya no se limita al ecosistema digital. “Se están fabricando y están circulando bulos que elaboran y publican los propios medios”.

Para entender por qué un contenido falso arrasa en las redes sociales, hay que mirar fijarse en las técnicas que la publicidad lleva décadas perfeccionando. Reinés ha afirmado que “los bulos hacen un llamamiento a la emoción. No puedes desmontar emoción con datos porque son dos lenguajes totalmente distintos”. 

La cofundadora de WokeUp News ha explicado que la extrema derecha y quienes difunden desinformación han entendido que lo importante en las redes sociales no es vender información veraz, sino emociones, un terreno donde los sectores progresistas suelen ir un paso por detrás. “Necesitamos generar marcos narrativos desde la izquierda”, ha defendido, al tiempo que ha reclamado superar el tradicional recelo hacia el marketing. “Comunicar mejor no significa manipular. A la izquierda le hace falta saber vender sus ideas. Necesitas información veraz, pero también a alguien que sepa transmitirla. Hay que poner la emoción al servicio de la verdad”, ha señalado.

Las consecuencias de dejar el terreno emocional a la extrema derecha tienen un impacto tangible en la sociedad. Estefanía de Antonio ha ilustrado este peligro recordando la investigación Torre Pacheco, anatomía de un bulo, elaborado por RTVE, que analiza cómo la violencia virtual puede saltar a las calles en forma de disturbios. 

“Es un ejemplo de libro de cómo los bulos son un ingrediente necesario para alimentar el discurso de odio y para legitimar la violencia”, ha relatado la responsable de Verificación. El caso de Torre Pacheco constató, además, la escasa respuesta de las plataformas digitales ante campañas coordinadas de desinformación. Semanas después de los incidentes, solo el 22% de los contenidos falsos habían sido retirados. La conclusión de aquella investigación deja un diagnóstico desolador: “Nos dimos cuenta que el bulo se desactiva, pero el odio permanece porque ya se ha creado ese clima de opinión”.

En la trinchera diaria de la verificación, el anonimato en internet y el uso del lenguaje juegan un papel crucial. Mientras Reinés se ha mostrado partidaria de exigir identificaciones como el DNI para operar en redes y de imponer “condenas considerables para aquellos perfiles y pseudomedios que difunden bulos a sabiendas”, De Antonio ha matizado la estrategia periodística de RTVE ante las cuentas anónimas. “Nos centramos en desmentir el mensaje y no tanto en hacer popular a quien difunde la mentira”, ha aclarado. 

Además, ha aprovechado su intervención en el aula universitaria para hacer una férrea defensa del rigor periodístico frente a la terminología importada del inglés. “Si una noticia es falsa, es que entonces no es una noticia. Los periodistas nos podremos equivocar y, en ese caso, rectificaremos, pero no difundimos información falsa de forma intencionada. Hablemos de contenido falso, pero no de noticias falsas”.

El cierre del coloquio ha vuelto al punto de partida sobre la urgencia de abandonar la actitud defensiva y pasar a la ofensiva narrativa. “Uno de los grandes problemas de la izquierda es que no genera marcos ideológicos, le compramos el marco ideológico muchas veces a la derecha”, ha reflexionado Elena Reinés, poniendo como ejemplo el debate irreal sobre la okupación. 

La solución, según ha coincidido la mesa, pasa por dejar de invertir semanas en desmentir el marco del rival y empezar a construir relatos propios que abracen los sentimientos sin renunciar a los hechos, porque, en última instancia, “no hay nada que conecte más con una persona y que la haga sentir parte de un proyecto político que la emoción”.

“Durante los próximos 30 segundos, no piensen en un elefante. Ni tampoco en la desinformación”. Con esta referencia clásica del lingüista George Lakoff, Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, ha inaugurado el taller La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa, en el marco del Curso de Verano de infoLibre. El ejercicio mental ha servido para ilustrar a los asistentes cómo el lenguaje enmarca la realidad, y que quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva.

La desinformación, tal y como se ha expuesto en la sesión, ha dejado de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un riesgo estructural a nivel global. Basándose en los datos del Democracy Index de la revista The Economist, Magallón ha trazado una radiografía preocupante en la que el mundo asiste a un declive sostenido de la calidad democrática desde hace casi dos décadas. “Hoy solo existen 26 democracias plenas en el mundo; España se encuentra entre ellas, frente a 61 autocracias”, ha señalado Magallón. En este contexto geopolítico, el profesor ha afirmado que “Europa está sirviendo como un escudo social y democrático”, y ha advertido de que “las autocracias han aprendido a trabajar en red de una forma mucho más eficaz que las propias democracias”.

La mirada hacia la desinformación ha mutado radicalmente en la última década. Durante su intervención, Magallón ha dibujado una línea temporal que arranca en la Primavera Árabe, cuando las redes sociales se percibían como un motor de movilización ciudadana, y desemboca en el referéndum del Brexit. Fue entonces cuando quedó claro que “Facebook era un contenedor publicitario, probablemente el más perfeccionado que se había hecho hasta la época”. Este sistema cambió las reglas del juego al permitir una hipersegmentación del mensaje para apelar a miedos específicos. Ya no se trataba solo de atraer al votante indeciso, sino de desmovilizar al rival: “La idea no era tanto convencer a ese perfil que tradicionalmente había votado demócrata para que votara republicano. La idea era que se quedaran en casa”.

La pandemia consolidó el uso de canales opacos como Telegram, al que el experto se ha referido como “el gran pozo negro de la desinformación en España”, mientras que conflictos como la guerra de Ucrania han evidenciado el uso de las noticias falsas como una efectiva arma geoestratégica. A esta manipulación electoral, donde narrativas como el fraude en las urnas son hoy una estrategia global recurrente, se añade la irrupción masiva de la inteligencia artificial, que plantea dilemas para el periodismo. Aunque herramientas como ChatGPT o los resúmenes generados por Google aciertan en la mayoría de los casos, su margen de error es crítico cuando responden a millones de consultas diarias. “Nueve de cada diez respuestas son precisas, pero una de cada diez no lo son”, ha detallado el profesor. “Vamos hacia un desafío fundamental, y es si existe la posibilidad de establecer un derecho de rectificación frente a las fabulaciones de la IA”.

Esta tecnología impacta directamente en las nuevas generaciones. “Nuestra primera puerta de entrada a la política era la televisión”, ha comparado Magallón. “Ahora, en muchas ocasiones, la primera puerta de entrada al mundo de los adultos es a través de las redes sociales con unos algoritmos que están politizados”. Ante este escenario, el taller ha ofrecido estrategias concretas para la prensa, pero también para cualquier ciudadano. La principal es evitar legitimar los bulos desde los titulares. Para ello, el experto propone la técnica del “sándwich de la verdad”, que consiste en arrancar siempre con los hechos reales. “Hay que indicar la mentira, pero no amplificarla”, ha explicado, para después “volver a la verdad y repetirla siempre muchas más veces que la mentira”.

La sesión ha finalizado con una explicación práctica sobre herramientas de verificación, recordando que cualquier usuario tiene a su alcance competencias básicas de alfabetización mediática. “Cuando nos llega un pantallazo de un tuit por WhatsApp, lo primero que tenemos que hacer, antes de darlo por bueno, es verificarlo”, ha instado Magallón. Para ello, ha recomendado utilizar la búsqueda avanzada de las propias plataformas, que permite comprobar si un mensaje supuestamente polémico sigue publicado o si se trata de un montaje. Para contenidos eliminados, ha sugerido herramientas de certificación como eGarante, capaces de acreditar que una publicación existió con una fecha y hora determinadas antes de ser borrada. Finalmente, ha mencionado extensiones que permiten analizar cuentas, descargar historiales y destapar campañas coordinadas, mostrando que detrás de perfiles aparentemente anónimos a menudo quedan rastros identificables. En definitiva, un arsenal práctico para que, en caso de duda, la primera reacción sea comprobar antes de compartir.

Si dentro de una década alguien estudiara la democracia española a través de las redes sociales, descubriría que la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital dominado por la desinformación y un algoritmo que monetiza la confrontación. Esta ha sido la premisa sobre la que ha pivotado la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos, celebrada este martes en el marco del Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo la moderación de la directora de infoLibre, Virginia Pérez Alonso, el coloquio ha radiografiado cómo el algoritmo penaliza el debate sosegado, cómo la extrema derecha capitaliza el malestar de una generación precarizada y qué papel deben jugar el periodismo y el feminismo en este nuevo ecosistema comunicativo.

El mito de la horizontalidad de internet se ha resquebrajado. Antonio González (@antonioooogr), estudiante de Antropología y creador de contenido, ha sido rotundo al definir las redes sociales como “algo completamente falso”, donde la viralidad “no depende de la capacidad de tu argumento, sino de que generes cierta polémica”. Un terreno donde, según ha señalado, se premia el comentario y el ruido por encima de la reflexión.

Esta arquitectura de las plataformas tiene un impacto directo y asimétrico en sus usuarios. “Si alguien sabe sobre la monetización del odio, somos las mujeres en redes sociales”, ha afirmado Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, quien ha recordado que el hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de viejas violencias. “Silenciar a las mujeres es más viejo que el hilo negro. Clara Campoamor dejó escrito en sus diarios cómo la llamaban histérica en el Congreso”, ha apuntado, ilustrando cómo hoy ese silenciamiento toma nuevas formas, como el uso despectivo del término charo para invalidar los argumentos de mujeres de una determinada edad.

Para Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, la frontera entre el mundo online y offline es cada vez más difusa. “Las redes se parecen más a lo que ocurre en las calles que a lo que pasa en los medios”, ha reflexionado, advirtiendo de que el algoritmo premia la confrontación que generan los temas de igualdad, buscando siempre el mayor tráfico posible.

El debate se ha adentrado en el lenguaje audiovisual cuando la directora de infoLibre ha planteado una de las grandes dicotomías actuales: “¿Se pierde la profundidad del mensaje feminista o institucional en los escasos segundos que dura un vídeo de TikTok o un reel de Instagram?”

La respuesta cruzó las visiones de la creación de contenido y el periodismo tradicional. Rodríguez ha comparado la información que se da en un vídeo con la que se transmite en una tertulia. “Nos quejamos de cómo se deteriora la conversación en reels de un minuto, pero también me pregunto qué capacidad de síntesis hay en una tertulia de televisión de ocho minutos”, planteaba la periodista. De hecho, el propio González reconoció que la barrera entre ambos mundos ya no existe para las nuevas generaciones: “La conversación pública en redes viene de los medios. Lo que ocurre en televisión, los jóvenes lo vemos en forma de reels”. El nuevo analfabetismo, para el estudiante de Antropología, “ya no es no saber leer y escribir, sino no saber diferenciar la información veraz de la propaganda”. 

El peligro, han coincidido, reside en cómo el algoritmo interviene en esa traducción del mensaje. A la pregunta de Alonso sobre qué comportamientos castigan o premian las plataformas al hablar de igualdad, Rodríguez ha afirmado que “llama más la atención y genera más ruido la confrontación, y eso siempre se premia buscando generar más tráfico”.

Uno de los momentos centrales del coloquio ha sido el análisis de la penetración de los discursos ultras, especialmente entre los hombres jóvenes. La mesa coincidió en que la extrema derecha no crea el problema, sino que canaliza el agotamiento de una generación precarizada.

“La gente está muy quemada. ¿Qué tiempo vas a tener para pensar si la vivienda está por las nubes o si la sanidad se está tirando por la borda?”, ha reflexionado Antonio González. En este caldo de cultivo de incertidumbre, la extrema derecha no crea el malestar, pero sí lo canaliza. “Les está dando una identidad y ofreciéndoles una respuesta”, ha alertado Cristina Hernández.

Frente a esto, la directora del Instituto de las Mujeres ha defendido la necesidad de dar respuestas institucionales a los miedos de los hombres jóvenes, como el proyecto Brothers, vinculado a las nuevas masculinidades, y ha recordado la complejidad pedagógica que esto supone, porque “es mucho más difícil acercarse al feminismo para un chico que para una chica, porque no es lo mismo perder privilegios que ganar derechos”. González ha añadido una clave desde la creación de contenido feminista, ya que “a veces no se acepta que un hombre hable de feminismo, y a veces es necesario que otro hombre le escuche".

Si los lenguajes han cambiado, las instituciones y el periodismo no pueden quedar desactualizados. David Álvarez, doctor en Periodismo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha incidido en que los jóvenes están abanderando luchas como el cambio climático o el animalismo, pero al margen de los métodos tradicionales, al no sentirse identificados con unas instituciones en las que la representación menor de 30 años es anecdótica.

Álvarez ha propuesto “utilizar sus lenguajes. Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel”, instando a utilizar las redes sin complejos y reivindicando el periodismo como un contrapoder esencial. “Si no es contrapoder, no es periodismo”, ha sentenciado.

A modo de cierre, Virginia Pérez Alonso ha interpelado a los ponentes sobre qué debería enseñarse hoy a un adolescente para preservar una democracia en riesgo. La mesa ha apostado por la escucha activa y la adaptación estratégica. “A veces pecamos de no escucharles, y de ahí viene la capitalización de esos malestares", ha señalado Sabela Rodríguez.

Impulsada por una pregunta del público sobre si merece la pena exponerse ante la ola reaccionaria, Cristina Hernández ha recurrido a la técnica del “sándwich de la verdad” para combatir los bulos, dejando una máxima clara para la era digital. “Siempre hay que contestar. Hay muy pocas ocasiones en las que sea positivo dejar correr la bola”.

En 2006, Cándido Conde Pumpido, por aquel entonces fiscal general del Estado, comentó que el “vuelo de las togas de los fiscales no eludiría el contacto con el polvo del camino”, e indicaba que la ley debía aplicarse de forma directa y cercana a la realidad de la calle. Hoy se ha cambiado el orden del encuentro y no hace falta que se acerquen al polvo del camino, porque la sociedad es una polvareda levantada por la polarización que lo impregna todo, y eso influye en la forma de aplicar la ley. Ya lo hemos explicado en el anterior artículo (Percepción, presunción y justicia), sin que ese resultado tenga que ser una prevaricación, puesto que la aplicación de la ley se lleva a cabo sobre una realidad social cargada de significado, que es la que condiciona la percepción sobre los hechos y la que condiciona la respuesta que se entiende como más adecuada.

Un ejemplo cercano lo tenemos en lo ocurrido durante la pandemia. Si en ese momento una persona llegaba a urgencias con síntomas de catarro y fiebre, el diagnóstico inicial más probable que se daba era el de COVID-19. Hoy, cuando la realidad social es muy distinta, es difícil que la percepción clínica lleve a esa idea como predicción inicial, al margen de los análisis que se inicien y de la conclusión que se alcance al final.

Las decisiones judiciales no están al margen de los procesos que influyen en la percepción. Los trabajos de John T. Jost, de la Universidad de Nueva York, sobre la ideología política y la cognición social pusieron de manifiesto que cuando se crea incertidumbre y la realidad se presenta como una amenaza o ataque al orden establecido, la sociedad se vuelve más conservadora en defensa del orden existente.

Y en una situación de este tipo, el Derecho se presenta como el principal elemento formal en defensa del modelo ante ese ataque o desorden percibido, de manera que la aplicación del Derecho a través de la Administración de Justicia se hace con el objeto de mantener lo que tenemos y somos frente a lo que lo cuestiona. Lo cual, en sí mismo, es una aproximación conservadora en términos sociales.

Y ese es el riesgo que existe en el momento actual con la polarización social y política, y con la instrumentalización que algunos medios están haciendo de ella para imponer su percepción, es decir, el significado que ellos dan a los acontecimientos para condicionar el significado general y las consecuencias.

No se trata de que haya una “conspiración” contra el PSOE, Rodríguez Zapatero y la familia del presidente del Gobierno, pero sí de una estrategia para crear el contexto que dé significado a los hechos en un determinado sentido.

Y el objetivo es doble:

Los casos más graves que se han conocido, alguno ya con sentencia, no estaban al principio cuando la estrategia de ataque al Gobierno se puso en marcha y se hablaba de “Gobierno ilegítimo” y “Gobierno traidor”, ni cuando los ataques personales al presidente del Gobierno lo llamaban “perro Sánchez”, “me gusta la fruta” o se quemaba en la vía pública su muñeco, pero sí estaba la estrategia comentada. Una planificación tan preparada que desde el principio colocaron a determinados periodistas dentro del Congreso para intensificar todo el proceso.

Que en realidad existe una estrategia para influir en ese sentido se comprueba por el hecho de que las mismas posiciones que dicen defender a la Justicia, al Derecho y a todos sus principios, entre ellos el de la “presunción de inocencia”, son las que a través de la desinformación influyen sobre la sociedad y la polarización para crear una percepción en la que la presunción de inocencia se devalúe o incluso se pierda a nivel social y profesional. Si se respeta la presunción de inocencia se ha de actuar en consecuencia, por supuesto con libertad para opinar y expresarse, pero en los términos de lo que significan los indicios encontrados en una investigación y los principios del derecho.

Si la idea creada, y bastante generalizada y repetida cada día en algunos medios, es que tenemos un Gobierno ilegítimo, traidor, corrupto, que amplía la corrupción a los entornos familiares, que el propio referente moral y político del mismo forma parte de esa trama, y que ahora actúan para alterar el resultado de las próximas elecciones por medio de la regularización de personas extranjeras, la consecuencia será que hay que actuar desde todos los frentes para evitar esa situación. Y es lo que lleva pasando desde hace años. Lo de ahora solo es el resultado de esa estrategia a la que cada día suman más argumentos sin que nadie sea capaz de decir basta.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.

infoLibre estrenará el próximo 14 de julio su primer Curso de Verano en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La jornada, titulada “De la censura al algoritmo”, se celebrará en el Aulario Pilar Miró de la Facultad de Ciencias de la Información y reunirá a periodistas, creadores, docentes, divulgadores y estudiantes para pensar cómo se construye hoy el relato público en una sociedad atravesada por las plataformas digitales, la desinformación y la disputa por la atención. Este primer curso está organizado en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y cuenta con el apoyo del Comisionado para la Memoria Democrática, España en Libertad | 50 años. Si te apetece asistir, puedes apuntarte a través de este formulario.

El curso marca una nueva etapa para infoLibre. No es solo una jornada formativa, sino el primer paso de una iniciativa propia que busca llevar el espíritu crítico del periódico al espacio universitario y convertirlo en un punto de encuentro con la ciudadanía. En un momento en el que la conversación pública se acelera y los consensos democráticos vuelven a estar en disputa, la propuesta invita a detenerse, escuchar y debatir sobre el papel que debe desempeñar el periodismo.

La apertura contará con una conversación entre Jesús Maraña y Pepa Bueno, con el objetivo de situar el contexto político, cultural y mediático en el que nace esta primera edición. Después la mañana se centrará en la memoria y la construcción del relato, con una mesa moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

En esa primera parte participarán perfiles vinculados a distintos lenguajes narrativos. Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes, aportará la mirada de la comunicación digital; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista, acercará la experiencia de la ficción y las series; Laura Hojman lo hará desde el documental; y Alicia Parras, profesora de la UCM, abordará el papel del español como vehículo del relato.

El programa también pondrá el foco en la juventud, la igualdad y las nuevas formas de participación democrática. En una mesa moderada por Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, se analizará cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión. En este bloque están previstos nombres como Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género.

La jornada además integrará una dimensión práctica a través de dos talleres. Uno de ellos estará a cargo de Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid que proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

La sesión de la mañana se cerrará con un coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio, una conversación pensada para analizar por qué determinadas narrativas falsas o extremas logran circular con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas. Participarán Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE.

El curso continuará por la tarde con la proyección de Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014). La película servirá como cierre cultural de la jornada y como punto de partida para una conversación posterior con Nacho Carretero, que abordará los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención. 

El 14 de julio, el Aulario Pilar Miró de la Universidad Complutense de Madrid acogerá el estreno de esta nueva iniciativa de infoLibre. Será una jornada para pensar en el periodismo que viene, compartir ideas con sus protagonistas y cerrar el día con una reflexión desde el cine sobre una profesión que sigue siendo esencial para entender y defender la democracia. ¡Estad atentos porque en los próximos días publicaremos el programa completo!

En la era de la saturación digital, las estadísticas selectivas sirven para construir grandes mentiras. Es el viejo truco del cherry picking o el sesgo de selección: se trata de acudir a un árbol, recoger únicamente las frutas maduras o podridas que convienen al relato y mostrar la cesta como si fuera la radiografía exacta de todo el bosque. Cuando esta técnica se aplica a dramas humanos tan desgarradores como la explotación sexual de menores, el resultado es gasolina flotando en una opinión pública a punto de estallar.

La historia reciente demuestra que los datos étnicos sesgados o falsos no se quedan en el plano académico; saltan a las calles en forma de disturbios, violencia y fractura social, como los vividos en el Reino Unido en el verano de 2024 tras los bulos de Southport.

El ultraderechista Javier Negre emplea estructuras narrativas de deshumanización, pánico moral y victimización de la mayoría, enfocándose sobre todo en los musulmanes. En su retórica son comunes términos como “invasión islámica”, “ideología que carcome” o “colapso de Occidente”. Es una falsa teoría conspirativa rechazada categóricamente por la comunidad académica, verificadores de datos y organismos internacionales.

Pese a la falsedad del discurso y lo rastrero de su argumentación, la extrema derecha sigue creciendo y ganando adeptos.

Lo más peligroso es que la desinformación no nace de una mentira completa. De hecho, una parte sustancial de los hechos es cierta, pero se presenta de manera que conduce al público hacia conclusiones falsas. Tan irresponsable es negar la realidad como exagerarla, por eso debemos diferenciar entre el periodismo serio y la propaganda.

Numerosos estudios criminológicos demuestran que más del 80% de los abusos infantiles se producen en entornos familiares conocidos o cercanos a las víctimas. El propagandista Javier Negre, ha tomado los datos observados en determinados municipios y los ha proyectado matemáticamente al conjunto del país, los presenta como si describiera una realidad nacional homogénea donde ser musulmán es sinónimo de violador o abusador sexual. El problema adquiere una relevancia moral, porque cuando Negre convierte artificialmente una excepción documentada en regla universal, la consecuencia es la estigmatización colectiva de millones de personas que no tienen ninguna relación con los delitos.

La ciencia social lleva décadas advirtiendo sobre este tipo de manipulación que persigue dejar de informar y tratar de persuadir, y en la actualidad la inteligencia artificial añade más complejidad al problema.

Muchos ciudadanos acudimos a la IA buscando una respuesta neutral, ajena a los intereses ideológicos de partidos, medios de comunicación o grupos de presión. Pero las máquinas no piensan en el vacío. Tienen los sesgos de los seres humanos que las crearon. El historiador y filósofo Yuval Noah Harari advierte en su obra Nexus que los sistemas algorítmicos no distinguen necesariamente entre verdad y viralidad. Una información puede expandirse masivamente no porque sea correcta, sino porque resulta emocionalmente poderosa, genera indignación o confirma prejuicios previos. Hasta el papa León XIV nos lo acaba de advertir en su encíclica “Magnifica humanitas” donde nos invita a replantearnos el papel de la tecnología subrayando que la IA no es neutral y aboga por “desarmarla” de lógicas de dominio, exclusión y control. No se trata de una conspiración tecnológica, sino de una limitación inherente a algoritmos entrenados por seres humanos sesgados. Cuando una determinada narrativa domina el ecosistema informativo, el riesgo de que también influya en las respuestas algorítmicas aumenta significativamente.

Por ejemplo, en Torrepacheco se presentó un acto concreto de delincuencia como consecuencia directa de la inmigración en su conjunto, circularon vídeos descontextualizados, imágenes procedentes de otros lugares y mensajes interesados en señalar a comunidades enteras como criminales. Los mensajes más alarmistas eran los más compartidos y comentados. La emoción viaja más rápido que la verdad.

Tras el asesinato de varias niñas en Southport, se difundieron rápidamente informaciones falsas sobre la identidad del autor. Antes de que las autoridades reaccionaran, miles de usuarios compartieron interesadamente la atribución del crimen a colectivos inocentes. Esta desinformación alimentó disturbios, ataques contra mezquitas y enfrentamientos callejeros. Posteriormente se comprobó que muchas de las afirmaciones iniciales eran falsas.

La tecnología no necesita mentir para desinformar; a veces basta con amplificar selectivamente una parte de la verdad y silenciar el contexto necesario para comprenderla. La democracia necesita investigaciones honestas, la justicia necesita pruebas y la inteligencia artificial ciudadanos capaces de pensar críticamente. Cuando Javier Negre utiliza palabras como “invasión total” despoja al musulmán de su individualidad civil, lo transforma en un enemigo uniformado, en un “varón en edad militar”. Y cuando afirma que la inmigración “carcome el corazón de la civilización occidental”, lo compara con una enfermedad que corrompe al cuerpo sano desde dentro. Negre no busca debatir datos, sino contribuir a un mito literario cerrado donde el musulmán es una amenaza existencial que nos obliga a elegir entre la sumisión o la confrontación.

Los programadores y los modelos de IA no pueden ser meros espectadores asépticos. El rigor informativo debe pasar por encima de la complacencia o del algoritmo de interacción. Cuando un informe miente o manipula con las cifras globales, la obligación ética de la tecnología debe ser desmontar la falacia de inmediato, de forma directa y sin preámbulos. De lo contrario, seguiremos permitiendo que quien mira un árbol crea que todo el bosque está podrido.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Nuestro idioma está lleno de colores. Encontramos ejemplos en diversas situaciones: te puedes poner morado a consecuencia de una abundante comilona; te puedes poner rojo, como un acto de timidez supina; o te pueden poner verde, incluso sin motivos. También podemos, siguiendo esta misma línea de metonimias, ver los colores y expresar con ellos estados de ánimo. Hay quienes lo ven todo negro, yo intento mantenerme alejado de ellos. Hay otros que prefieren verlo todo de color rosa, que es una forma no lisérgica de afrontar la vida de manera positiva. De estos intento alejarme aún más.

Pero últimamente también podemos encontrar a quienes ven las cosas de color amarillo, de manera literal, porque usan filtros de este color en sus gafas. La verdad es que hay que reconocerles que nos pongan tan fácil el identificar su estupidez. No hace falta escucharlos. Sólo ver lo que llevan puesto. Algo así como en su día fue levantarse el cuello de la camisa. Hoy, uno de los grandes precursores de esta nueva moda ocular es Marcos Llorente, futbolista de profesión y necio de vocación, que no duda de "divulgar" sus ocurrencias a sus millones de seguidores, ya sea en redes sociales, como en programas de televisión. En el mundo digital es complicado poner coto a estas situaciones, quizás sí sea más sencillo en los entornos televisivos, por ejemplo, no invitando a estos personajes a que se expresen sin ningún tipo de pudor, ¿no?

Este mismo pelotero ya ha sido noticia en más de una ocasión por cuestiones alejadas del ámbito deportivo. Es un ferviente defensor de tomar el sol sin protección. Yo le diría que no echarse crema solar es como si descartas poner barrera cuando el rival te va a lanzar una falta al borde del área. Aunque puestos a elegir, yo preferiría un gol en contra a un melanoma. También defiende determinados estilos de nutrición alejados de la evidencia, o polémicas acciones como salir semidesnudo a la calle mientras pasea a su perro. También alude a teorías conspiranoicas cuando tiene ocasión. Por ejemplo, con los conocidos como chemtrails, es decir, las estelas de vapor de agua que dejan los aviones y que algunos intentan vincular con una especie de plan para envenenarnos. Que yo pienso, puestos a que nos fumiguen, que lo hagan con colonia; los que utilizamos el transporte público a menudo lo agradeceríamos.

El problema es que la legitimidad que aporta la fama es más que suficiente para muchos incautos que siguen el veredicto de sus ídolos en su día a día. No son “particulares teorías”, como destacan algunos titulares, son opiniones pseudocientíficas o bulos, con un daño potencial muy elevado. Lo que me resulta llamativo es que alguien sea capaz de hacer gala de su ignorancia frente a una audiencia masiva. Imagino que el ego de estas figuras públicas es directamente proporcional a su insolencia. Lo que me perturba es que, en un contexto donde podemos acceder a información fidedigna al momento, estos discursos se tornen tan populares. Y me perturba aún más que no haya consecuencias. Que sí, que el derecho a la libertad expresión es sagrado, ¿pero convertirse en un posible peligro público no debería tener represalias por parte, al menos, de las propias redes sociales? “Es que es mi opinión”. No, disculpe, decir que la Tierra es plana no es una valoración subjetiva; elegir jugar al contragolpe o a través de posesiones largas, sí lo es.

Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos revertirlo? Es sencillamente complejo, sólo hace falta darse cuenta de las lentes (entiéndase como sesgos cognitivos) que todos llevamos encima de manera involuntaria y que nos hacen interpretar el mundo de una determinada manera. La clave es ser consciente de estas propias limitaciones y dudar, siempre dudar, de los colores que ven nuestros ojos. Cómo envidio a los daltónicos.

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José María Gómez Vallejo es socio de infoLibre.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.