El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

Hace ya tiempo que, cada vez que alguien me pregunta educadamente “¿cómo estás?”, mi respuesta es una repregunta: “¿en comparación con quién?”. Todo el mundo entiende que es una expresión realista. Sin entrar en detalles. La crisis originada por ese crucero con pasajeros enfermos o quizás portadores del hantavirus ha sido una oportunidad muy clara para comparar distintas formas de gestionar la salud pública, pero también de distinguir entre buenas o malas personas, entre políticos responsables o verdaderos ineptos, entre gente solidaria o ególatras de manual, entre dirigentes respetuosos con los derechos humanos y la legalidad internacional o tipos que sólo reivindican el “sálvese quien pueda”... Incluso hemos podido distinguir entre ratas y hombres, entre patriotas de boquilla y quienes defienden lo común y están donde deben estar. Sin un solo grito.

En lo peor de la pandemia se me quedó grabada una reflexión del profesor Daniel Innerarity que repito a menudo: “Ni los científicos saben tanto como creemos, ni los políticos pueden tanto como parece”. Partiendo de esa máxima, es razonable admitir que la gestión de esta crisis de salud pública por parte del Gobierno de coalición ha sido irreprochable. ¿Era su obligación? Sí, pero también habría podido ponerse de perfil, desoír la petición de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea y sumarse a la ola populista y demagógica de la “prioridad nacional”. Tiene toda la razón David Trueba cuando advierte que “los que pretendían que los pasajeros del barco en cuarentena siguieran en alta mar durante semanas con un cadáver en el congelador tan sólo prolongaban el lema populista de nosotros primero” (ver aquí). Ese patrioterismo ratero deshace cualquier “nosotros” y deshumaniza por completo la convivencia. Toda “prioridad nacional” acaba en la defensa de los intereses de las élites con mayor poder económico y financiero, quienes confían en que ese “sálvese quien pueda” los protege, primero y casi exclusivamente, a ellos.

Sí, conviene comparar para poder valorar a cada cual en su justa medida. No se trata de poner el ventilador, sino el aire acondicionado. Cada gobernante lleva su mochila en gestión de crisis. El PP tiene en su “haber” el accidente del Prestige, el del Yak-42, los atentados terroristas del 11-M, el descarrilamiento del Alvia a Santiago, el del Metro de València, el desastre de la dana… Miren al retrovisor y repasen lo que se hizo y cómo se hizo. Cualquiera diría que tienen un manual de instrucciones que siguen al pie de la letra: primero negar la realidad de lo ocurrido, segundo desviar la atención buscando culpables sin el menor fundamento, tercero demonizar a las víctimas señalándolas como activistas políticos, y cuarto obstaculizar la acción de la justicia para esquivar responsabilidades. Todo con un hilo conductor: la mentira como principal mensaje político. Y siempre con la inestimable ayuda de toda una batería mediática de potencia sufragada con dinero público. 

Los gobiernos de Pedro Sánchez han acumulado desde 2018 una experiencia inédita en gestión de crisis. Y hablamos de crisis que superan la gravedad de un accidente aéreo o un vertido de petróleo, sólo comparables (quizás) a la masacre terrorista de marzo de 2004. Examinada con perspectiva y con el análisis comparativo respecto a otros gobiernos nacionales o autonómicos, la gestión de la pandemia del covid en 2020 tiene como principal mancha la que aportaron una ultraderecha negacionista y una derecha irresponsable, muy especialmente con una presidenta de la Comunidad de Madrid que todavía a día de hoy sigue instalada en la mentira, la opacidad y el desprecio a las víctimas de los Protocolos de la Vergüenza aplicados en las residencias de mayores durante los primeros meses del covid (ver aquí).

Como ya han advertido científicos de muy diferente origen y formación, lo más parecido al brote de hantavirus del crucero MV Hondius no es el covid, sino el brote de ébola de finales del verano de 2014 que se llevó por delante las vidas de dos misioneros y una auxiliar de enfermería. Busquen, por favor, documentos y vídeos sobre la gestión que hizo la entonces ministra de Sanidad del PP, Ana Mato (ver aquí). Cualquier comparación con Mónica García y su actuación en la última semana es letal para la primera. Baste decir que en aquella ocasión tuvo que salir Fernando Simón a salvar al gobierno del PP del devastador ridículo que estaba haciendo (cosa que, al parecer, aún no le perdonan en Génova a quien Pedro Sánchez mantuvo como Coordinador de Emergencias Sanitarias). 

Por supuesto que en toda gestión de crisis se cometen errores, y es exigible que se asuman, se corrijan y se extraiga de ellos aprendizaje para el futuro. Pero, sinceramente, no quiero imaginar ya una crisis de salud pública o una catástrofe gestionada por un Rajoy, un Trillo, un Aznar, una Mato, un Mazón… No estoy hablando aquí de ideología (que también), sino sobre todo de rigor, seriedad, capacidad, eficacia, entrega… Pregunten, sin distinción de siglas, a los valencianos si les gustaría tener al frente a un Mazón ante una nueva dana (que llegará, desgraciadamente), o a los gallegos y gallegas si recuperarían a un Rajoy o a un Cuiña frente a un nuevo vertido de petróleo. O en Madrid a una Ana Botella tras un accidente en una macrofiesta de Halloween (ver aquí).

Y sí, menciono la ideología porque toda estrategia política tiene consecuencias. Cuando un partido conservador abandona la trinchera de los principios democráticos de la igualdad, la libertad, la fraternidad… y abraza disparates discriminatorios como la llamada “prioridad nacional” (con o sin “arraigo”), termina haciendo lo que el PP hizo nada más estallar la crisis del hantavirus: pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, culpar a Sánchez de un supuesto “caos” que no existía y dar la espalda a la responsabilidad de España ante la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el respeto a los derechos humanos. Nada alejado de la alucinógena tesis de Santiago Abascal: “El hantavirus es un invento de Sánchez para ocultar los casos de corrupción”. O sea la misma idiotez que lanza la reaparecida Ayuso, que además denuncia haber sido “abandonada” (por Sánchez, obviamente) en una “situación de peligro extremo” en México (riesgo máximo que la ha obligado a pasar unos días de vacaciones discretas en la Riviera Maya, ¡sin ningún pudor!).

Lo cierto es que, pasadas casi dos semanas, seguimos sin saber exactamente qué habrían hecho las derechas en una situación similar: ¿habrían dejado el barco a la deriva? ¿Habrían enviado un comando para extraer sólo a los españoles (y mucho españoles) del pasaje? ¿Habrían quizás encargado a Netanyahu bombardear el crucero para evitar cualquier posibilidad de contagio? Aquí no solo ha hecho el ridículo Fernando Clavijo con sus ratas nadadoras; se ha retratado también el trío Feijóo-Abascal-Ayuso con su absoluta incapacidad para mostrar el más mínimo sentido de Estado. Con ese desparpajo patriotero siempre dispuesto a proteger a las élites, nunca pendiente de los vulnerables.

P.D. De ratones y hombres, de John Steinbeck, fue uno de los libros que más me impactaron en la adolescencia. Por su lenguaje, por su dureza, por la crudeza de la historia narrada. Por su retrato en parte autobiográfico de la Gran Depresión, tan deprimente como el que escribió en Las uvas de la ira. Dibuja –con casi un siglo de antelación– las consecuencias inhumanas de un capitalismo salvaje (y eso que ni podía imaginar el autor los dominios de los tecnooligarcas). Es la historia de dos migrantes que solo buscan sobrevivir. Prioridad humana (no nacional).

Tras la alarma de los primeros días, el consenso científico ya ha aclarado que el hantavirus no tiene por ahora capacidad para convertirse en una pandemia global, pero el brote del barco MV Hondius ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que enfermedades regionales o latentes puedan desencadenar un nuevo brote global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de patógenos que vigila de manera especial, como el zika o el virus Nipah, aunque los expertos subrayan especialmente el riesgo de los virus de transmisión respiratoria, como el SARS o la gripe A, con alta capacidad para mutar en versiones más transmisibles.

La crisis de la gripe aviar de 2003, el SARS de 2003 o el ébola de 2014 llevaron a la OMS a elaborar en 2017 una lista de de más de 20 patógenos y familias de patógenos que cumplen con los requisitos para llegar a provocar pandemias o epidemias, entre los que destacan los coronavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el virus Nipah, la fiebre del valle del Rift, el zika y el conocido como patógeno X. Muchos de ellos están activos en puntos concretos del planeta y contagian a decenas o miles de personas cada año.

Natalia Rodríguez-Valero, investigadora de ISGlobal y médica de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona, opina que la próxima pandemia que afronte la humanidad probablemente no estará protagonizada por un virus desconocido o escondido en un lugar remoto, como el hantavirus de Los Andes, sino que llegará de un virus bien conocido, como los que enumera la OMS. "Realmente no nos preocupa el potencial pandémico de los virus que pueda traer un turista, como en el hantavirus. Pueden ocurrir crisis puntuales, pero los que más me preocupan a mí son los virus respiratorios, como la gripe aviar", señala la experta.

Según explica, el peligro de descontrol de las enfermedades infecciosas está en su capacidad para propagarse, y muchos de los virus más remotos o mortales se contagian mediante fluidos corporales o contactos muy estrechos, como la variante Andes del hantavirus, que tiene un número básico de reproducción (conocido como R0) inferior a 1. Es decir, por cada persona infectada, de media se produce menos de un contagio, lo que impide que la enfermedad se extienda de manera imparable. 

Krutika Kuppalli, experta en pandemias y exasesora de emergencias sanitarias en la OMS, coincide también en que los virus respiratorios son los que suscitan "mayor preocupación". "Los virus de la gripe (especialmente las cepas de gripe aviar como el H5N1), los coronavirus y ciertos paramixovirus (el sarampión y el virus Nipah) siguen ocupando los primeros puestos de esa lista", explica a preguntas de infoLibre. Su riesgo se basa en su capacidad para saltar fronteras muy rápidamente y propagarse antes de poder ser detectados.

Varios expertos consultados ponen a la gripe aviar (H5N1), una variante de la gripe A, como el mayor peligro a largo plazo, como destaca Marina Segura, alto cargo de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Explica que, como otros virus respiratorios basados en ARN, tiene una alta capacidad para mutar y adaptarse a los humanos, aunque hasta ahora los casos que se dan son mínimos y ocurren principalmente en granjas de pollos, donde el contacto humano y animal es muy elevado, pero no hay constancia de que las variantes actuales se transmitan de persona a persona.

No obstante, no todos los virus que vigila la OMS y los expertos en salud global son aerosoles que se contagian por el aire, como los virus respiratorios. Muchos de ellos se mueven también mediante las picaduras de insectos, y la preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. El virus Crimea-Congo se contagia principalmente por la picadura de garrapatas, cuya población está creciendo drásticamente por el aumento de las temperaturas en otoño e invierno. En España se detectaron tres positivos el año pasado.

Los mosquitos son otro vector clave que extiende virus críticos como la fiebre del valle del Rift, el virus del Nilo Occidental o el dengue, y el aumento de las temperaturas está llevando a estos insectos a expandirse por el mundo. En España, el virus del Nilo causó estragos en el verano de 2024 porque los mosquitos autóctonos –los que tienen capacidad de infección– tienen cada vez más ciclos reproductivos. Mientras que el mosquito tigre, que transmite el dengue y el chikunguña, ya está completamente establecido en todo el sur y este de España, y gana terreno año a año.

Otros virus de alto riesgo como el ébola, el virus de Marburgo o el Nipah se contagian por el contacto con fluidos, excrementos o sangre de personas infectadas, y llega a los humanos a partir del contacto con animales infectados, de manera que tienen capacidad para generar epidemias locales, pero es difícil que lleguen a extenderse y derivar en pandemias.

Estos virus zoonóticos, los transmitidos por animales, también comienzan a preocupar cada vez más debido al cambio climático, el turismo de masas o la deforestación, porque los cambios en los ecosistemas –que aceleran los movimientos de animales y personas– y el mayor contacto de humanos con animales como monos, murciélagos o roedores, facilita la aparición de brotes, como el reciente de hantavirus.

Otra enfermedad que alarma a la comunidad científica es el sarampión, según Marina Segura. Este virus tiene un número básico de reproducción de 18 –cada afectado la transmite de media a 18 personas– y que vive un resurgimiento muy fuerte en este momento, con más de 200.000 contagios en los últimos tres años solo en Europa, un peligroso incremento astronómico que la OMS achaca a la desinformación sobre las vacunas.

Lo que evita que el sarampión se desate es la muy elevada tasa de vacunación, que en España alcanza el 93,8% para las dos dosis recomendadas, una cifra inferior a la de años atrás, provocando que España perdiese el pasado enero su condición de país libre de sarampión. En Estados Unidos, las trabas que ha puesto la Administración Trump a la vacunación infantil contra el sarampión llevó en 2025 a multiplicar por ocho los casos confirmados frente al año anterior, hasta superar los 2.000, y tres niños murieron.

En la última lista de virus de riesgo pandémico de la OMS, elaborada en 2024, los expertos dan mucho más peso que en las dos entregas anteriores al conocido como patógeno X, un término que no se refiere a ninguna enfermedad concreta, sino al hecho de que cualquier familia viral conocida tiene el potencial de transformarse y suponer una amenaza a gran escala. Esta advertencia incluye la necesidad de vigilar patógenos menos peligrosos y desarrollar plataformas de investigación adaptables a todo tipo de virus.

"El concepto de enfermedad X reconoce que la próxima pandemia podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido con potencial epidémico o pandémico. La covid-19 fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la enfermedad X se hizo realidad", reconoce Krutika Kuppalli.

El Partido Popular ha convertido el brote de hantavirus del MV Hondius en una nueva pieza de oposición total al Gobierno recuperando el mismo repertorio que desplegó durante la pandemia del covid pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que este brote presenta un riesgo bajo para la población. El hecho de que el crucero vaya a fondear en las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona (Canarias) y que tenga 14 españoles a bordo, que serán trasladados por un avión militar a Madrid para hacer cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla, ha encendido todavía más el debate.

La formación de Alberto Núñez Feijóo no se ha limitado a reclamar detalles  sobre el operativo, los informes técnicos o la cuarentena de los pasajeros españoles, sino que ha reactivado el fantasma del covid. Feijóo acusó al Ejecutivo de "generar confusión", reclamó "los documentos sanitarios que avalen cada decisión" y "el nombre de los expertos que han gestionado la crisis". La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que "no hay nadie al volante", pidió la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Mónica García y criticó que la crisis sea gestionada por "los mismos que no le dieron importancia al covid”.

El mensaje no es nuevo. Es una reedición del argumentario que el PP utilizó durante la pandemia: el Gobierno no informa, improvisa, oculta a los técnicos, usa expertos "fantasma" y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no “genera tranquilidad”, después de afirmar que el hantavirus “no va a suponer un riesgo para España en absoluto”. La propia Muñoz cargó contra el experto porque es "el mismo que nos dijo que el covid no serían más que uno o dos casos".

El profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón, autor de Corona. Política en tiempos de pandemia (Debate), destaca que la estrategia del PP durante la pandemia se dividió en dos etapas. "Una primera de cerrar filas y colaborar, cuando el propio PP aprobaba los estados de alarma, y una segunda en la que rápido se empieza a descolgar Vox y ellos les siguen, que es la gestión de la pandemia de la segunda oleada", explica en conversación con infoLibre. 

Esa segunda fase es la que, a su juicio, más se parece al discurso actual sobre el hantavirus. "Esta idea de improvisación, no saben lo que hacen, hay problemas de coordinación, no informan, recuerda más a esta idea de la segunda oleada en adelante", señala. La clave, añade, está en que la pandemia ya era entonces "algo más conocido" y "más localizable", aunque siguiera siendo "muy terrible". En cambio, el hantavirus parte ya de una escala mucho más acotada. "Si el PP puede hoy ir al choque es porque esta es una crisis sanitaria localizada. No se trata de un shock global que obliga a un cierre de filas".

La lectura de Simón encaja con la de Eduardo Bayón, politólogo y experto en comunicación política, aunque este pone más el foco en la continuidad del patrón. Para Bayón, el PP aplica un mecanismo reconocible, el de "convertir cada crisis en oportunidad de desgaste". "Lo vimos con el covid, con la dana de Valencia, con los apagones, con cualquier emergencia", sostiene el autor de Lucha de tribus. Mitos y verdades de la batalla política y la radicalización identitaria entre la izquierda y la derecha (La Esfera de los libros).

A su juicio, el mensaje de fondo que se intenta transmitir es el mismo que durante la pandemia: "El Gobierno improvisa, oculta y pone en riesgo a la ciudadanía". Y debajo de esa acusación aparece la verdadera tesis que trata de imponer el PP, "que el Estado gobernado por la izquierda no protege". Para Bayón, esa es "la pieza que conecta crisis sanitaria con batalla cultural sobre el sector público" y forma parte de "una estrategia de crispación permanente que no distingue entre pandemia y brote acotado".

La estrategia de ahora reproduce también otra batalla de 2020, la de los expertos. En mayo de aquel año, el PP registró en el Congreso una petición para que el Gobierno desvelara la identidad y el currículum de los técnicos que evaluaban el paso de fase de las comunidades en la desescalada. Los conservadores sostenían entonces que el Ejecutivo debía "cumplir la legalidad vigente" y dar a conocer "cuanto antes" la identidad de esos expertos. Meses después, la dirección de Pablo Casado hablaba abiertamente de "Comité de Expertos fantasma", de mentiras sobre los fallecidos y de ocultación de datos.

En abril de 2020, Casado acusó a Sánchez de "incompetencia", "ineficacia" e "imprevisión"; reclamó disculpas por la "tardanza" en adoptar medidas; y sostuvo que el Gobierno había puesto "la propaganda antes que la gestión". Meses más tarde, propuso una comisión de investigación para determinar las "negligencias" del Ejecutivo en la pandemia y habló de "imprevisión, incompetencia y propaganda". En noviembre, pidió el cese de Simón por "incompetencia, politización y falsedades". 

Pero que la estrategia política sea parecida no significa que el caso lo sea. El covid fue una pandemia provocada por un virus nuevo, de transmisión respiratoria y expansión global. La OMS declaró la emergencia internacional el 30 de enero de 2020 y caracterizó el brote como pandemia el 11 de marzo de ese año. España declaró el estado de alarma el 14 de marzo para hacer frente a una situación que el BOE calificó de "grave y excepcional". 

Según los expertos, presentar ambos casos como equivalentes, como trata de hacer el PP, distorsiona el debate al sugerir que España está ante un escenario comparable al de marzo de 2020. El hantavirus del MV Hondius es un brote grave pero concentrado en un entorno muy delimitado. La OMS ha advertido de que podrían aparecer más casos por el periodo de incubación del virus Andes, que puede extenderse hasta seis semanas, pero también ha insistido en que el riesgo para la población de Canarias es "bajo" y que el brote "no es el inicio de una pandemia".

Pablo Simón también rechaza que esta crisis pueda operar como aquella "ventana de oportunidad" que sí abrió la pandemia. "Esta no es una crisis de tal entidad como para generar algún tipo de cambio que implique, por ejemplo, el avance del teletrabajo como vimos en su momento o los fondos Next Generation. Nada de eso está encima de la mesa". A su juicio, como mucho, el episodio permitirá comprobar si funcionan los mecanismos de coordinación europea, pero no provocará grandes transformaciones institucionales. "Parece que hay un desacople fuerte entre el nivel de expectación mediática que genera el hecho y la propia percepción de amenaza de la población", añade 

Así lo ve también Bayón. "El covid fue un acontecimiento histórico, el hantavirus, hasta ahora, es un brote acotado en un crucero. Construir una narrativa de derrumbe institucional sobre cinco casos exige un esfuerzo de amplificación con rendimientos decrecientes". La tesis del politólogo es que la derecha ya no espera a que se abra una oportunidad política: "La estrategia desde 2020 es no esperar a la ventana, es fabricarla. Cualquier emergencia se convierte en escenario de impugnación".

El interés político del PP es instalar al Gobierno otra vez en el terreno en el que más desgaste acumuló durante la legislatura anterior, el de la gestión de emergencias. También buscan convertir a Mónica García y a Fernando Simón en rostros de una supuesta continuidad con el "peor Gobierno posible" de la pandemia, aunque el operativo actual dependa de un entramado internacional en el que intervienen otros organismos y terceros países. Además, buscan disputar a Vox el espacio emocional del miedo y la desconfianza.

Bayón interpreta esa estrategia como parte de una "crispación permanente" que no distingue entre una pandemia y un brote acotado. Simón no cree que el partido de Feijóo obtenga un rédito político directo, pero sí ve un "mensaje fuerte" destinado a movilizar al electorado popular. "Esta gente es ineficaz, no sabe gestionar, no tiene capacidad para afrontar crisis, está continuamente improvisando", resume. En su opinión, el discurso se alinea con una estrategia más amplia: "Nada funciona porque esta gente no lo sabe hacer".

Bayón advierte de que este tipo de choques alimenta la antipolítica porque cuando dos Administraciones gestionan una emergencia y la conversación pública se reduce a quién tiene la culpa, "la ciudadanía concluye que el sistema institucional no funciona". Esa percepción, sostenida en el tiempo, beneficia a quien quiere presentar el sistema como roto. Simón comparte el diagnóstico aunque recuerda que en la gestión de la dana, una crisis "mucho más catastrófica", el reproche cruzado entre Administraciones terminó beneficiando a Vox. No anticipa necesariamente el mismo resultado en el hantavirus, pero sí advierte de que este tipo de enfrentamientos "no hace ningún bien a las instituciones".

La ofensiva tiene además un incentivo territorial. Canarias, donde debe fondear el barco, y Madrid, donde está previsto trasladar a los españoles al Gómez Ulla, están en el centro del operativo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado por qué Madrid debe acoger a los pasajeros y bajo qué criterio, mientras el PP canario ha presionado para que el buque no atraque. El Gobierno ha aceptado finalmente que el MV Hondius fondee sin tocar puerto y que los pasajeros sean evacuados sin contacto con la población.

Este suceso también alimenta el debate sobre la descentralización del Estado, que los conservadores utilizan cuando les conviene. "Defienden la descentralización cuando gobiernan autonomías (Madrid, Andalucía, Galicia) y piden centralización cuando hay una crisis sanitaria gestionada por un ministerio de izquierdas", señala el politólogo. El profesor de la Carlos III añade que tendría que tratarse de un shock "de muchísima más gravedad" para que surgiera una pulsión recentralizadora real. En crisis fuertes, recuerda, es habitual que la ciudadanía quiera recentralizar competencias y poner a técnicos al frente. Pero insiste en que “esta crisis, de momento al menos, no tiene esa entidad".

Otra vez un virus. Otra vez intentando entender cómo se transmite, cuánto de contagioso es, qué supone estar cerca o lejos de alguien infectado, cómo de letal es…Otra vez.

Estos días hemos revivido los primeros días de aquel 2020. En el que nos empezamos a familiarizar con palabras como “personas de contacto”, “incubación” del virus, “aislamiento”… El brote de hantavirus del crucero de lujo que nos ha ocupado esta semana nos ha devuelto a una idea que habíamos tenido la tentación de olvidar: somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Un virus, una excursión en un país lejano, viendo pájaros o focas, o lo que sea, nos ha recordado que el mundo puede volver a pararse. Lo del crucero no ha ido, de momento, más allá de los pasajeros que iban a bordo y de las personas que han podido entrar en contacto con los que decidieron coger un vuelo por su cuenta. Pero a muchos se les heló el pulso cuando empezaron a escuchar las primeras noticias que llegaban sobre ese nuevo brote, sobre un virus desconocido... Otra vez no, por favor.

A priori, los expertos aseguran que el brote no irá más allá, que esto lo volveremos a olvidar en cuanto el barco llegue a Tenerife, los pasajeros sean repatriados y los españoles que iban a bordo cumplan su cuarentena o el tiempo que se estime en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. A priori, insisto, con los virus y con las epidemias aprendimos que nada es seguro. Ahora mismo hay 30 pasajeros de todas las nacionalidades posibles que hay que localizar y rastrear, cómo están, con quién han tenido contacto…Nos suena, demasiado.

Pero hay algo que, pase lo que pase, volverá a salvarnos de ésta: la ciencia. Esa ciencia que seguimos empeñados en maltratar, en negar. Esa ciencia que nos cura, aun en el peor de los escenarios, en los más impensables. Esa ciencia que necesita cariño y fondos para seguir sacándonos de los peores momentos. La ciencia a la que dedicamos poco dinero y poco tiempo. 

Seguiremos todavía muy pendientes de ese barco, de su llegada a Tenerife, del goteo de contagiados que se van extendiendo por todo el mundo. Y seguiremos confiando en que esto no irá a más. Pero habrá que cimentar esa confianza en un apoyo claro a quienes investigan, incansables, para que ningún virus nos vuelva a sacudir. Cimentar un sistema sanitario robusto que pueda de nuevo hacer frente a una epidemia. Todo eso que no estamos haciendo ahora mismo y que, como no espabilemos, nos volverá a pillar a contrapié.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha anunciado en un comunicado que considera que la declaración de Carlos Mur de este martes es un avance en la investigación de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia. El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha añadido algunos elementos nuevos desconocidos hasta la fecha, asegura la asociación, que actúa en representación de los familiares.

Estos protocolos, desvelados por infoLibre, y por los que murieron 7.291 personas, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid, según ha asegurado Mur, que también ha señalado que Enrique Ruiz Escudero, en esos momentos el consejero de Sanidad, los conocía.

La abogada de la asociación, Alejandra Jacinto, comenta en ese comunicado que otro de los aspectos novedosos en cuanto a la declaración del exdirector está en un correo que remitió al exconsejero de Ayuso, el 20 de marzo 2020, en el que le alertaba “sobre que la medicalización en las residencias era irrealizable”. Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz, así como a dos médicas que Mur ha señalado como redactoras de los protocolos.

La asociación de familiares ha elogiado la actuación de la jueza del Tribunal de Instancia número 37. “Aunque vamos poco a poco y queda todavía mucho por aclarar, tanto los familiares como la abogada estamos muy satisfechos con la actuación de la jueza”, ha indicado María Jesus Valero, presidenta de 7291 Verdad y Justicia.

Los representantes de los familiares y los abogados abogan por la unificación de todas las causas que permanecen abiertas en relación al caso de las residencias, pero, aseguran, es algo que "tendrán que decidir los tribunales".

Después de cuatro intentos, Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, va a declarar en calidad de imputado. Será durante la mañana del próximo lunes 26 de enero en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Mur, junto con Francisco Javier Martínez Peromingo, es uno de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid señalados por la causa judicial como responsables directos de los protocolos, ya que ambos eran los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia.

Al contrario que Mur, Peromingo sí que ha llegado a declarar e incluso, culpó en sede judicial a Mur de ser quien incluyó los elementos discriminatorios dentro de los protocolos. Por ellos, no se permitió que los mayores que no tuvieran un seguro médico privado, fueran derivados a los hospitales públicos. Fallecieron 7.291 mayores por estos protocolos, como reveló infoLibre.

El lunes será la primera vez que dará a conocer su versión de los hechos, después de no declarar en cuatro ocasiones anteriores, en las que fue citado. Sin embargo, no lo hará presencialmente sino por videoconferencia, ya que ha alegado que trabaja y reside en Andorra. Desde Marea de Residencias piden que Mur “tire de la manta” y cuente lo que sabe sobre lo que sucedió para que 7.291 personas fallecieran sin ser derivadas a un hospital.

En mayo, tanto Mur como Peromingo debían comparecer en el Juzgado número 3 de Madrid como imputados. Algo que no sucedió por la suspensión de ambas ya que alegaron que no habían recibido las actuaciones.

Más tarde, el 17 de junio, tenían que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta vez no sucedió debido a que el juez decidió suspender las declaraciones al inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.

Ya más recientemente, Mur debería haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el 9 de diciembre, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. En ambas ocasiones no se presentó asegurando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar. Días después, Mur solicitó declarar por videoconferencia.

El caso Sinclair, en el que se investiga una segunda estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, entra en una fase inédita con la aparición del principal investigado, Philippe Solomon. Tras meses de infructuosa búsqueda por medio mundo, el misterioso empresario franco-israelí remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, encargado de las pesquisas, varios escritos de alegaciones. En uno de ellos, al que ha tenido acceso infoLibre, Solomon sostiene que él solo recibió por sus trabajos alrededor de 175.000 euros de los 2,5 millones que el consistorio abonó por las mascarillas. El resto del dinero, especifica, se destinó a la obtención del material sanitario, intermediarios y transporte.

La existencia de esta segunda estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ha sido condenado el empresario Alberto Luceño. Se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.

La investigación judicial arrancó en marzo de 2021, a raíz de un atestado policial que ponía de manifiesto el carácter inservible de las mascarillas entregadas –no cumplían con los estándares normativos– y planteaba un posible delito de estafa agravado. Una causa que, sin embargo, se cerró provisionalmente ante la imposibilidad de localizar al principal investigado. Y así, guardada en un cajón, estuvo durante casi un año. Un informe policial en el que se aportaban nuevos datos sobre el supuesto estafador, un empresario franco-israelí que opera con varias identidades, permitió la reapertura de un caso que avanza lentamente casi un lustro después.

La localización y toma de declaración del investigado, que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–, ha sido desde el principio el gran obstáculo en la investigación. Se libró comisión rogatoria a las autoridades del Reino Unido para dar con él. Y solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos. Al final, ante la imposibilidad de tomarle declaración, el instructor del caso, el magistrado Jorge Israel Bartolomé, acordó el pasado mes de abril prisión preventiva, comunicada y sin fianza para Solomon y la emisión de una orden europea de detención y entrega, búsqueda que, según especifican fuentes jurídicas, "aún está vigente".

En los últimos meses, sin embargo, varios escritos a nombre de Solomon han llegado al juzgado. En uno de ellos, fechado el pasado 30 de septiembre, el empresario alega que "no ha dispuesto ni ha incorporado" para "sí mismo" los 2,5 millones de euros que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que ejercía en pandemia como órgano de contratación del consistorio de la capital, abonó en dos pagos a Sinclair&Wilde LTD. De esa cantidad, expone, él "recibió" por su "intermediación y trabajo" dirigido a proveer las mascarillas 205.694,37 dólares, equivalentes a 175.462,23 euros en base al tipo de cambio diario del conversor de divisas del Banco de España a fecha 29 de septiembre.

El resto, asegura, se destinó "a proveedores, intermediarios, transporte y demás costes". Algo que intenta acreditar con los datos de la cuenta donde el Ayuntamiento de Madrid ingresó los 2,5 millones. Abierta en noviembre de 2017 a nombre de Sinclair&Wilde, la misma registró solo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 un total de 79 movimientos, según los documentos aportados a la causa a través de una comisión rogatoria. De ellos, 61 fueron salidas de fondos, por un total de 4,4 millones de dólares –unos 4 millones de euros al cambio de la época–. Y 18 fueron ingresos, por un montante de 4,24 millones de dólares –unos 3,9 millones de euros al cambio de la época–.

En su escrito, el empresario relaciona hasta once millones con la compraventa de las mascarillas. Así, por ejemplo, recoge una transferencia de 945.000 dólares a Victorian Linen & Craft como proveedor y otra de 540.000 dólares a un "proveedor turco". El cuadro aportado también incluye otras cuatro en concepto de transporte, dos por asesoramiento legal y tres más en concepto de "intermediación". Entre ellas se encuentra un pago de 33.549 dólares –30.000 euros al cambio– a una cuenta bancaria española, un movimiento sobre el que el magistrado ya puso en su día la lupa. El beneficiario, un tal Said A.

"Esperanza sí, pero con toda la prudencia del mundo", dice Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias. Para ella y para cientos de familias, esta semana supone por fin adentrarse en un momento largamente esperado en la lucha por la justicia de las 7.291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la pandemia. Una cita que, cinco años después, puede marcar —como afirma María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia— "un antes y un después" en la investigación judicial.

Este martes 9 de diciembre, a las 10.00 horas, tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberán comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Los investigados son Carlos Mur —entonces director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante del denominado Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre—, Francisco Javier Martínez Peromingo —su ideólogo y posterior sustituto— y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el dispositivo que regulaba el envío de ambulancias públicas durante la pandemia. La investigación analiza un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria y parte de la querella presentada por una familiar de la residencia Amavir Valdebernardo.

Las familias reciben este avance con ilusión contenida. "Después de tantos años de archivos y paralizaciones, lo importante es que declaren por fin y empiece de verdad la investigación", resume Valero. Para las asociaciones, el hecho de que quienes diseñaron y aplicaron los protocolos tengan que responder ante una jueza supone un hito. "Es la primera vez que estos responsables inmediatos van a declarar como imputados", subraya Ruiz, que recuerda que hasta ahora la atención se había centrado en altos cargos políticos, sin llegar a quienes tomaron decisiones operativas.

La agenda judicial será doble. Veinticuatro horas después, el miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Busca volverán a comparecer, esta vez en el Juzgado número 2 de Collado Villalba (Madrid), a raíz de otra querella presentada por la familia de una residente de Sanitas Torrelodones. En ambos procesos también están imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, encargados de aplicar las instrucciones que impidieron el traslado hospitalario de miles de mayores.

Pese al avance, el recuerdo de las dificultades que han pasado persiste entre los familiares. "Hemos visto archivos, retrasos y paralizaciones constantes", señala Ruiz. Para Valero, que perdió a su padre en una residencia adherida a los protocolos, que los investigados se sienten ante una jueza "después de cinco años sin una sola explicación" es un acto mínimo de reparación: "Ahora ya no pueden negar que firmaron esos protocolos. Los documentos están ahí, no hay escapatoria posible".

Pese al volumen de causas abiertas contra ellos, los ex altos cargos de Ayuso todavía no han llegado a ser interrogados como imputados. Mur, Peromingo y Busca están investigados en múltiples procedimientos —ocho en el caso de Mur, siete en el de Peromingo y seis en el de Busca—, pero nunca han llegado a declarar ante un juez. Los dos intentos previos durante este año se han frustrado en el último momento.

El 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendió las comparecencias después de que las defensas alegaran que no se les había trasladado toda la documentación del caso. La cita se canceló en el mismo día, pese a que las familias llevaban meses esperando ese primer interrogatorio. Unas semanas después, el 17 de junio, el Juzgado número 6 de Leganés volvió a paralizar las declaraciones al decidir inhibirse en favor del número 3, al entender que ya investigaba hechos idénticos. Más de una decena de juzgados también han optado por remitir sus causas al número 3 —siguiendo la tesis procesal de la defensa de Martínez Peromingo—, lo que ha generado una cadena de suspensiones y ha impedido que ningún interrogatorio llegue a celebrarse.

"Llevamos años viendo cómo la cuestión procesal sustituye a la investigación penal", denuncia la abogada de las familias, Alejandra Jacinto. "Nunca sabemos qué maniobra pueden intentar para evitar declarar. Han logrado frenar cualquier intento de interrogatorio durante cinco años, y eso impide avanzar en lo esencial, que es saber quién tomó las decisiones y con qué criterios", detalla.

La fragmentación judicial es otro de los grandes obstáculos. Tras la macrodenuncia presentada por 109 familias, la Fiscalía decidió trocear el caso en una causa por denunciante. El resultado es que hay 92 procedimientos repartidos por la Comunidad de Madrid. De ellos, 73 siguen en instrucción, una decena están pendientes de recursos en la Audiencia Provincial, cuatro han escalado al Tribunal Constitucional y cinco han sido desistidos.

Además, distintos juzgados han ido inhibiéndose en favor del Juzgado número 3 de Madrid, siguiendo la estrategia procesal impulsada por la defensa de Martínez Peromingo, que sostiene que todas las diligencias deben concentrarse en ese órgano. Sin embargo, el propio Juzgado número 3 ha rechazado en varias ocasiones hacerse cargo de esa acumulación, argumentando que no le corresponde absorber procedimientos tan heterogéneos.

Una posición que también defiende la defensa de Carlos Mur, diametralmente opuesta a la de Peromingo, ya que considera que cada caso debe investigarse en el juzgado del lugar donde residía la víctima, lo que consolidaría la dispersión actual y evitaría una macrocausa unificada. Esta divergencia entre los propios acusados —uno reclamando la acumulación y otro rechazándola— ha generado un conflicto procesal continuo que mantiene a los juzgados en una suerte de parálisis. 

"Que haya 92 procedimientos dispersos rompe la continencia de la causa y convierte la cuestión procesal en una barrera para investigar", valora Jacinto. "Necesitamos una macrocausa que permita abordar los hechos de manera coherente. Ahora mismo, la fragmentación solo provoca retrasos, recursos y más dilaciones", añade. La Audiencia Provincial deberá decidir si se unifican las causas o si continúa el actual laberinto judicial, que amenaza incluso con la prescripción de algunos de los procedimientos.

Los datos son fundamentales para entender nuestro mundo cada vez más complejo y muchos de ellos tienen un orden cronológico, describiendo una evolución temporal. Este tipo de datos tiene sus particularidades. Tal como veremos, a menudo son el resultado de una superposición de diferentes patrones, que a veces hay que despiezar para poder sacar algo en claro mediante su visualización.

Recientemente el INE actualizó la estadística sobre transporte ferroviario en España con los datos del tercer trimestre de este año. Consultando y visualizando en su web la evolución trimestral de los viajeros transportados, se observa una tendencia al alza, interrumpida por el descalabro de la pandemia de COVID-19, así como un claro patrón que se repite anualmente, caracterizado por un menor número en el tercer trimestre de cada año:

Viajeros ferroviarios transportados por trimestre en España

Dado que el tercer trimestre del año es el en que se centra la mayor parte de las vacaciones, como explicación se perfila un descenso en los desplazamientos al trabajo, sobre todo en trenes de cercanías, que pesa más que el aumento de los viajes en trenes de largo recorrido a los destinos vacacionales.

Estas variaciones periódicas y predecibles se conocen como estacionalidad. Están presentes en muchas series temporales y aunque el término alude a las estaciones del año, la periodicidad también puede ser otra. Si tuviéramos datos diarios del número de viajeros, seguramente observaríamos también una clara estacionalidad semanal, con marcados descensos los fines de semana. De igual modo, con datos horarios afloraría una estacionalidad diaria, con picos en las horas punta de mañana y tarde.

La estacionalidad no debe confundirse con las variaciones cíclicas, que carecen de una periodicidad fija y que suelen ser muchos más difíciles de predecir. Un ejemplo son los ciclos económicos de crecimiento, estancamiento o recesión, que se ven reflejados en la evolución de muchos indicadores socioeconómicos. En el caso de los viajeros transportados, la pandemia marca un claro ciclo extraordinario.

Frecuentemente nuestro interés se centra en estos ciclos, si es que los hay, así como en una posible tendencia, que se refiere a la evolución a largo plazo, más que en la estacionalidad, que sigue unos patrones bien conocidos. Siendo así, la estacionalidad incluso puede ser un estorbo, al ofuscar los otros patrones, sobre todo si es más pronunciada que los cambios de un año a otro. En nuestro gráfico, el ciclo pandémico con su desplome y posterior rebote salta a la vista, pero el resto de la evolución está dominado por la estacionalidad.

Por eso existen técnicas de desestacionalización de series temporales, que pretenden eliminar su componente estacional. Por ejemplo, en noviembre el empleo en España bajó ligeramente, pero como en ese mes suele disminuir bastante más, en términos desestacionalizados supuso una subida.

También hay una forma más básica de eliminar las variaciones estacionales, al alcance de cualquiera que sepa manejar una hoja de cálculo. Si tomamos en cada trimestre no solo el número de viajeros transportados en ese mismo trimestre sino también en los tres anteriores, es decir, la suma de viajeros transportados en los últimos cuatro trimestres, cada dato abarca los cuatro tipos de trimestre, con lo que se neutraliza la estacionalidad. Por ejemplo, el dato correspondiente al tercer trimestre de 2025 sería la suma del cuarto trimestre de 2024 y de los primeros tres de 2025.

La incidencia acumulada de siete días de COVID-19 que se publicaba a diario durante la pandemia seguía este método. En este caso se sumaban cada día los casos detectados por cada 100.000 habitantes de los últimos siete días, para eliminar la estacionalidad semanal causada fundamentalmente por la menor actividad diagnóstica los fines de semana.

También lo apliqué en un reciente artículo en este periódico sobre la evolución de la cara más terrible de la violencia de género en España, sumando para cada mes las víctimas mortales por cada millón de mujeres de los últimos doce meses. Volveremos a ello un poco más adelante.

Lo que ocurre es que, al tomar la suma, cambian las magnitudes de los valores. En el caso de los números de viajeros, ya no se corresponden con trimestres sino con periodos de un año de duración. Si queremos conservar los periodos de referencia originales, podemos agregar los datos tomando la media aritmética en lugar de la suma, o, que es lo mismo, dividir la suma entre el número de datos sumados, es decir, entre cuatro en este caso.

Esta técnica se conoce como media móvil, ya que el intervalo temporal sobre el que se toma la media se va moviendo de un periodo a otro. El siguiente gráfico muestra el resultado para la evolución de los viajeros. Tomando en cada trimestre la media móvil de los últimos cuatro trimestres, la serie desestacionalizada tendría un retardo frente a la serie original, por lo que en su lugar he usado la media móvil central, basada en datos anteriores y posteriores (véase la nota al final del artículo para los detalles).

Obtenemos una curva muy suavizada que nos permite ver con más claridad la evolución a medio y largo plazo, con la reciente ralentización del crecimiento tras la recuperación pospandémica. Eso sí, la agregación suaviza todas las variaciones de corto plazo, no solo las estacionales, cosa que se hace muy evidente en el ciclo pandémico. Su repentina caída queda sustituida por un descenso más repartido, lo que puede dar una visión distorsionada de la realidad.

No obstante, en muchos otros casos esta suavización de todo tipo de oscilaciones de corto plazo puede ser un efecto deseado. Y es que aparte de los ya mencionados patrones (tendencia, ciclos y estacionalidad), las series temporales suelen contar con una componente irregular que se considera aleatoria por lo que carece de interés. Tiende a disminuir con la magnitud de los números de la serie original, por lo que no es apreciable en los gráficos anteriores, donde los viajeros trimestrales se cuentan por decenas de millones.

Pero si lo es en el siguiente gráfico, basado en mi mencionado artículo sobre la evolución de los asesinatos machistas. Los números mensuales de la serie histórica oscilan de forma errática (entre 0 y 11), eclipsando totalmente cualquier patrón de la evolución. Aun con la agregación de los datos de doce meses en el gráfico sigue siendo muy notorio, si bien se modera lo suficiente para vislumbrar la (dolorosamente lenta) tendencia a la baja. Esta imprescindible suavización de las enormes oscilaciones aleatorias es el principal beneficio de la agregación en este caso, por encima de la eliminación de la estacionalidad.

Nota sobre la media móvil central: En el caso de datos diarios con estacionalidad semanal, en lugar de tomar para cada día la media de los últimos 7, se toma la de los 3 días previos, del propio día al que se refiere el dato, y de los tres 3 posteriores. De esta forma el día de referencia siempre está en el centro del intervalo sobre el que se toma la media.

Si el número de datos a promediar es par, como en el caso de los 4 trimestres o los 12 meses del año, hay que modificar el procedimiento para conseguir esta centralidad. Por ejemplo, para el segundo trimestre de 2024 se incluiría en la media también el primer y el tercer trimestre, y el cuarto valor que entra sería la media entre los valores de los cuartos trimestres de 2023 y de 2024, ya que ambos están a la misma distancia del trimestre de referencia.

Dado que en la media móvil central entran datos anteriores y posteriores, no puede calcularse para los primeros y los últimos dos trimestres de la serie temporal, al igual que en el caso anterior no se puede calcular para los primeros y los últimos tres días.

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Ansgar Seyfferth es director para España de la empresa alemana STAT-UP Statistical Consulting & Data Science Services, profesor de estadística y de gestión y visualización de datos, y colaborador de la Fundación Alternativas.

Existe un comparador de seguros de decesos. Los ciudadanos esperamos el comparador de mangantes para saber quién se lo ha llevado más crudo a costa de la vida de los ciudadanos. ¿Que exagero? O sea, ¿usted no recuerda cómo unos y otros, a cuenta de nuestra salud con riesgo de muerte, se fueron con los bolsillos llenos gracias al negocio de las mascarillas? Mientras la alta tensión que sufríamos, ellos, bien embozados con máscara bien ceñida, ocultaban la jeta, tanto la física como la ética. Esta última, suponiendo que la tuvieran.

Cuando el jinete pálido, el covid, recorría el mundo encerrando a los ciudadanos a cal y canto, unos seres circulaban campantes aprovechando el pavor que producía aquel jinete. Solo nos protegía una mascarilla evolucionada a sanitaria o quirúrgica, cuya misión, cubriendo la boca y la nariz, era protegernos de inhalar los patógenos de la muerte, y de exhalarlos hacia nuestros congéneres.

Perspicaces canallas descubrieron el negocio del centimillo, que algún banquero defendía, para importantes volúmenes de operaciones; si escasas, no valía la pena. Aquellos “perlas” vislumbraron la gran oportunidad de la 'operación mascarilla', dada la demanda y la falta de las mismas. Si a ello unimos la urgencia de los gobiernos de turno para proteger como fuera a la ciudadanía, el gran negocio estaba servido. Además, la situación se asociaba a uno de los fundamentos del Estado de bienestar: la salud. 

Pasta fácil, negocio, para los que medran en el entorno del poder. Carroñeros que cogieron al vuelo esa oportunidad de la que habla el mercado: demanda y oferta. ¿Les importaba la salud y la vida? El mercado no se apiada; los delincuentes, menos. Es sabido que la oportunidad, en muchos casos, va de la mano de la canalla; los negociantes van escasos de vergüenza y con ansia de enriquecimiento.

Las máscaras, en el caso de los delincuentes, han servido para ocultar su identidad; para tapar la boca en una especie de ley del silencio de los diligentes apandadores; y en algún caso, para cubrir los ojos y las entendederas de los jefes de esos delincuentes. Los ciudadanos se preguntan si se justifica el “no lo sabía”; lo vi tarde. ¿Deberían irse también?

Los golfos, en letargo, están en todos los ámbitos del poder; tienen carné de cualquier partido e ideología; se instalan en cargos, chiringuitos y huecos desde los que medrar esperando su oportunidad. Nosotros, incautos, nos sorprendemos al ver cómo la justicia saca de su madriguera a algunos personajes, para luego frustrarnos por el exceso de expectativas depositadas en ellos.

No debemos pensar que es nuestro fracaso, sino el de ellos. Delincuentes dedicados a la política que ponen en juego la democracia. ¿Cuántos quedan?

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

 El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) en una segunda fase del "caso mascarillas" por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia.

Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional, tal y como había solicitado el fiscal.

El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP), el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco detenidos por supuestas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE, el abogado Javier Salvador.

Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción, Eduardo Martínez Gamero. El alto tribunal andaluz ha apuntado que la causa se está investigando por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de ceder o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

Javier Aureliano García sacaba su mejor sonrisa el pasado domingo. Día de la Provincia de Almería. Y el poderoso presidente de la Diputación provincial estaba sobre el escenario, captando todos los flashes, junto al homenajeado Juan y Medio. Otro almeriense de pro. Todo ello en su Balanegra natal, en el polideportivo que lleva por nombre… Javier Aureliano García. Las autoridades sonreían, se abrazaban. Y, además, se servían las migas tradicionales como homenaje a la tierra. La bandera con la cruz de San Jorge ondeaba con todo su esplendor.

Cuarenta y ocho horas después, ‘Aureliano’, como se le conoce entre los habitantes almerienses, es el protagonista del mayor escándalo de corrupción con el que se ha encontrado el PP andaluz desde la llegada al poder de Juanma Moreno. El tranquilo centro de la ciudad andaluza se ha convertido en un hervidero de periodistas buscando las fotos de la UCO registrando el histórico edificio de la Diputación, todo un símbolo de esta villa mediterránea. El caso mascarillas ha dinamitado a los populares, con la detención, entre otros, del presidente de la Diputación, el vicepresidente y el alcalde de Fines.

La detención del hasta ahora líder del PP almeriense ha dejado en shock a todo el partido. Los populares de esta provincia tienen un poder político y económico enorme, han representado el gran bastión de la derecha durante años mientras el PSOE arrasaba en el resto de Andalucía. Y fueron esenciales, gracias a sus votos, para que Juanma Moreno llegara al Palacio de San Telmo en 2018. Una máquina en las urnas con una precisión suiza.

El escándalo por corrupción (se están investigando supuestos amaños de contratos de material sanitario durante la pandemia) supone un mazazo para el PP andaluz a apenas siete meses de que se celebren las próximas elecciones autonómicas (previstas para junio). Se une a la profunda crisis de los cribados de cáncer en Andalucía, que está desgastando profundamente a un Moreno Bonilla que vivía instalado plácidamente en la nube de la mayoría absoluta. García, para más inri, acababa de ser elegido vocal del Comité Ejecutivo ideado por el presidente andaluz en el congreso del PP autonómico hace diez días. 

Se da la paradoja de que Moreno llegó al poder tras las elecciones de diciembre de 2018 por el fuerte desgaste que sufrió el PSOE de Susana Díaz por el caso de corrupción de los ERE y por el fuerte malestar por la sanidad que llenó las calles de mareas blancas. Y ahora es el PP el que se enfrenta a una situación muy complicada por el caso de los cribados y por esa supuesta trama corrupta anidada en la Diputación de Almería.

Almería es una provincia esencial para el PP. Dirigentes del Partido Popular almeriense llevaban tiempo muy preocupados en la intimidad por el fuerte ascenso de Vox, el mayor peligro que tiene Moreno de cara a su intento de revalidar la mayoría absoluta. La ultraderecha tiene un campo fértil en esa provincia. En las pasadas elecciones generales los de Santiago Abascal superaron el 21% de los votos (nueve puntos más que la media nacional).  

El caso de corrupción llega en un momento en el que Vox no deja de crecer en los sondeos. Y, además, este escándalo supone gasolina para la ultraderecha, que cultiva en los últimos meses un fuerte discurso contra el bipartidismo y contra los casos de corrupción. Su ascenso en votos es lo que puede llevar a los de Abascal, más que un resurgimiento del PSOE, a romper los esquemas del PP, que hasta hace poco vivía en el pensamiento de que la mayoría absoluta sería eterna. 

El PP trata de sortear estas horas evitando las declaraciones públicas. Tanto Moreno Bonilla como el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. no quisieron entrar directamente en el caso aludiendo que no conocían los autos y que se habían enterado por teletipos de las detenciones. La dirección del PP andaluz ha suspendido de militancia de manera provisional a Javier Aureliano García. En un comunicado, señalaron: “Esperamos que, tras esta investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados, y ponemos de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento".

Para atajar la crisis, Moreno Bonilla ha puesto de manera interina al frente del PP de Almería a Ramón Fernández-Pacheco, ex alcalde de la ciudad y un hombre de su máxima confianza que está ahora al frente de la Consejería de Agricultura. Forma parte de las personas almerienses más cercanas a él, como Carmen Crespo (eurodiputada) y Pablo Venzal (portavoz adjunto en el Parlamento autonómico). Además, se quiere evitar un derrame de votos que afecte también al Ayuntamiento de la capital, ahora en manos de María del Mar Vázquez, que también sufre una crisis de popularidad por la tardanza en las obras del Paseo de Almería, la principal arteria de la urbe. Almería es esencial en la trayectoria política y personal del presidente andaluz, que suele pasar las vacaciones en esa costa. Además, el presidente y el detenido dirigente del PP pasaban también jornadas lúdicas en la feria de la ciudad en agosto.

El hasta ahora presidente de la Diputación es una figura con mucho poder y, sobre todo, es el heredero político de Gabriel Amat, el verdadero hacedor del PP almeriense desde su puesto como alcalde de Roquetas de Mar, la segunda localidad en habitantes y uno de los grandes motores económicos por su fuerza turística. No se mueve todavía ni una hoja entre los populares almerienses sin que dé su visto bueno este veterano dirigente. Él posó sus ojos en García, criado políticamente en Nuevas Generaciones, y al que pasó el testigo de la Diputación en 2019. 

La oposición andaluza se ha lanzado contra el Partido Popular en este momento de debilidad para Moreno. Desde el PSOE, la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigió “explicaciones urgentes” al presidente de la Junta de Andalucía: “Ahora dice no saber nada”. Por su parte , José Ignacio García (Adelante Andalucía) declaró sobre el hasta ahora presidente de la Diputación: "Presuntamente cobraban un 10% de mordida en contratos de emergencia de mascarillas. Quiere decir que cuando estábamos todos en la pandemia pasándolo muy mal, gente perdiendo a familiares, los sanitarios dejándose la salud en sus puestos de trabajo, mucha gente con los negocios cerrados y mucha gente en casa pasando miedo, había gente del PP forrándose".

El PP andaluz se enfrenta a sus horas más complicadas desde que se subiera a la mayoría absoluta en las elecciones de 2022. A Moreno Bonilla se le escapa cada día más el sueño de volver a tener mayoría absoluta. 

La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia sigue siendo un tema opaco y enmarañado. Los bulos y la falta de transparencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han provocado un desconocimiento generalizado sobre los sucesos que desembocaron en la muerte de 7.291 personas durante la pandemia de covid-19.

Esta falta de información ha provocado una necesidad de movilización por parte de las familias de las víctimas, que luchan para que la verdad salga a la luz. Por ello, la editorial Maldragón ha publicado el libro-cómic “7291”, que recoge testimonios reales de parientes de víctimas y profesionales de las residencias.

“Lo que más hemos visto es tristeza y dolor”, asegura Boris Ramírez, ilustrador y coguionista de la obra. Él, junto a Raúl Cordero, y la Asociación “7291 Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias”, han estado un año recopilando toda la información del “peor episodio de discriminación y desamparo vivido en nuestro país”.

Ramírez cuenta a infoLibre que antes de comenzar con este proyecto no era consciente de lo poco que conocía el tema en realidad: “Crees que estás informado, pero al ponerme, me di cuenta de todos los bulos que me había creído”. Asegura que hablar de ello “es importante porque ha tenido muy poca visibilidad”. 

Mayte Rodríguez, de Verdad y Justicia, junto a trabajadoras de los centros y víctimas de la asociación, han sido las que han puesto voz a los sucesos vividos a causa de los llamados Protocolos de la Vergüenza. En el libro-cómic se plasma cómo se han sentido excluidos y aseguran que nadie les ha escuchado. “Se ha deshumanizado a las víctimas”, afirma Ramírez.

Durante el proceso de investigación, los autores han podido comprobar que las trabajadoras de las residencias sentían que habían sido demonizadas por la opinión pública. Ellas eran la única cara visible del problema. Sin embargo, también fueron víctimas de un sistema que las había abandonado y sin cuyos medios era imposible ejercer un trabajo digno.

La obra, de 56 páginas, intenta acercarse a las muertes en residencias con “el mayor respeto posible”. “Lo que más me importaba era que se sintieran representadas; que expresáramos lo que queríamos expresar”, afirma Rodríguez, a lo que añade que el resultado se ha recibido con alegría por todas las partes.

La Asociación, junto a Marea de Residencias, sigue pidiendo que se investigue. El año pasado, 109 familias registraron en la Fiscalía de Madrid la primera macrodenuncia por las muertes en residencias. Sin embargo, declaran que no se ha investigado nada: "Después de cinco años seguimos sin que nadie asuma nada, pero no vamos a parar. Queremos que se investigue de una vez, porque nuestros mayores merecen justicia y memoria", asegura Carmen López desde Marea.

Este abandono por parte de las instituciones y el hecho de que estas 7.291 muertes “hayan sido sepultadas por montañas de bulos y falta de imágenes”, cuenta Ramírez, han movilizado la creación de esta obra, publicada en la editorial de la cual Cordero es el editor. En el prólogo, la Asociación Verdad y Justicia agradece el trabajo de estos autores “por devolver la dignidad a las 7.291 personas que sufrieron una muerte cruel y agónica, su único delito fue vivir en una residencia en la Comunidad de Madrid”.

Mientras tanto, las asociaciones de víctimas siguen luchando para llevar ante la justicia a los responsables y que esta etapa oscura de la historia de nuestro país no caiga en el olvido. 

Tras un año de la presentación de la macrodenuncia, los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya están imputados en ocho procedimientos distintos por la gestión de las residencias durante la pandemia. Sin embargo, la querella colectiva que debía unificar la investigación de los Protocolos de la Vergüenza en un solo juzgado, ha acabado troceada en 92 casos a lo largo de distintos tribunales de la Comunidad de Madrid y con instrucciones que avanzan a paso lento.

"Nos dijeron que no había nada que hacer, que eran órdenes. Pero nosotros seguimos pidiendo justicia", ha recordado Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, en rueda de prensa un año después de aquella mañana del 10 de octubre en que 109 familias registraron en la Fiscalía Superior de Madrid una macrodenuncia por las muertes en las residencias madrileñas. La querella se centró en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal.

Además, los familiares aportaron pruebas inéditas, como informes internos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, actas de inspección y comunicaciones oficiales que demuestran cómo miles de mayores fueron excluidos de la atención hospitalaria en marzo y abril de 2020 por aplicación de los llamados Protocolos de la Vergüenza. Una situación que provocó la muerte de 7.291 mayores en los geriátricos, como desveló infoLibre.

Los principales ex altos cargos señalados son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueron directores de Coordinación Sociosanitaria y responsables directos de los dos Protocolos de la Vergüenza. Hasta ahora se conocían dos procedimientos abiertos en los que figuraban como imputados, pero a ellos se han sumado causas en otros dos juzgados de Madrid capital y en los de Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro. En total, Mur figura como imputado en los ocho procedimientos, Peromingo en siete y el exdirector del SUMMA 112, Pablo Busca, en seis.

También aparece mencionado Antonio Burgueño, responsable del fallido plan de medicalización de los geriátricos, junto a varios geriatras de enlace que debían aplicar las órdenes en los hospitales públicos. En algunos casos, Burgueño ha sido citado como testigo, aunque las asociaciones no descartan que su responsabilidad acabe bajo investigación formal.

A pesar de que el equipo de abogados ha considerado "un avance importante" que los responsables estén imputados, ha denunciado que los 92 procedimientos derivados de la macrodenuncia "no pueden seguir dispersados" en distintos juzgados. Una fragmentación provocada por el Ministerio Fiscal, que decidió dividir la denuncia colectiva en una diligencia por cada denunciante. Según el balance de Marea Residencias, 73 siguen en instrucción, diez están pendientes de recursos ante la Audiencia Provincial, cuatro han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y cinco han sido desistidos por las familias.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha sido el primero en citar a Mur y a Peromingo como investigados, pero las declaraciones se suspendieron a última hora porque las defensas alegaron no haber recibido la documentación completa. Un mes después, el Juzgado número 6 de Leganés volvió a citarlos, pero también se canceló. En este caso, el abogado de Peromingo solicitó acumular todos los procesos en el juzgado madrileño número 3, mientras que Mur se opuso.

A partir de dicha petición, distintos juzgados de la región han solicitado unificar 14 procedimientos en el número 3 de Madrid, que el pasado 27 de agosto rechazó asumir siete de ellos. "Ahora hay una especie de guerrilla procesal para ver en qué juzgado recae el procedimiento", ha reconocido Alejandra Jacinto, una de las abogadas de las víctimas. La decisión final sobre quién debe instruir, según la jurista, recaerá en la Audiencia Provincial de Madrid.

Una situación que contrasta con la de los fallecidos por la dana en Valencia, donde todas las causas se han acumulado en un solo juzgado, el número 3 de Catarroja. "En Madrid, en cambio, el debate sobre la competencia sustituye a la investigación penal", ha lamentado el equipo jurídico.

El equipo jurídico también ha advertido que el delito denunciado tiene un plazo de prescripción de cinco años, lo que situaría el límite en marzo de 2025 para los procedimientos que aún no se han iniciado. "Tememos que algunas causas prescriban por la inacción y la desidia judicial", ha alertado Eduardo Ranz, abogado del colectivo. "Si eso ocurriera, sería responsabilidad total de la desidia de determinados juzgados, y analizaríamos si esa actuación puede considerarse irregular", ha añadido.

Ranz ha calificado de "escandaloso" el retraso en algunos tribunales. "En el Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero presentamos las querellas el 2 de abril y hasta el 9 de octubre no hemos tenido número de diligencias previas. Esto significa que durante más de seis meses no se ha podido presentar ni un solo escrito", ha denunciado. También ha citado el caso del Juzgado número 39 de Madrid, que dictó un auto de inadmisión el 25 de marzo y lo notificó medio año después, el 22 de septiembre. "Hay jueces que no han realizado su trabajo, no han investigado y eso es lo más grave", ha insistido Ranz.

Desde Marea de Residencias, Carmen López ha subrayado que el paso del tiempo no les hará rendirse. "Después de cinco años seguimos sin que nadie asuma nada, pero no vamos a parar. Queremos que se investigue de una vez, porque nuestros mayores merecen justicia y memoria", ha incidido.

Mientras aumentan los impactos del cambio climático, la polarización y la desinformación amenazan con debilitar los valores democráticos necesarios para enfrentarlo. Adaptar nuestras democracias a estos desafíos pasa por avanzar en los mecanismos de democracia deliberativa.

La búsqueda del “mejor” régimen político, capaz de garantizar justicia, bienestar colectivo y lograr una sociedad prospera, tuvo parte de su origen en el pensamiento de Platón y Aristóteles.

Cabría preguntarse qué pensarían estos filósofos al enfrentarse al desafío de responder políticamente a un problema tan complejo como el cambio climático. Este fenómeno, con impactos cada vez más intensos como olas de calor, sequías e inundaciones, acarrea además efectos indirectos crecientes sobre la seguridad, la salud, los sistemas alimentarios y la estabilidad política y social.

Como posible respuesta, podría argumentarse que las democracias muestran mayores ventajas, ambición y voluntad para enfrentar el problema del cambio climático en comparación con los regímenes autoritarios. Sin embargo, también exhiben importantes limitaciones al abordar un desafío de esta magnitud: a pesar del entramado económico y financiero implementado durante décadas, 2024 fue el año más caluroso de la historia, superando el umbral de 1.5 grados establecido por el Acuerdo de París.

La incapacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con la resistencia social que obstaculiza la adopción de medidas más estrictas, se agrava por el cortoplacismo de los responsables políticos o incluso el negacionismo con factores como la desinformación, la influencia de la ultraderecha y el autoritarismo, la manipulación mediática o la viralización en redes sociales. Esta combinación limita la gestión efectiva de los bienes comunes globales por parte de los sistemas democráticos, que tampoco logran resistir la influencia de los lobbies de los combustibles fósiles. El poder de estos grupos pervierte, manipula e incluso llega a controlar las Conferencias del Clima.

Siguiendo con la pregunta inicial, y ante la alarmante lentitud en la implementación de políticas climáticas efectivas, surgen otras cuestiones inquietantes: ¿son los regímenes democráticos realmente idóneos y capaces de hacer frente a la emergencia climática? ¿O podrían los regímenes autoritarios aumentar su legitimidad al ofrecer respuestas políticas más contundentes y decisivas?

Con respecto a la última cuestión, si bien las propuestas de corte más autoritario o populista no parecen mostrar mucho interés en enfrentar el cambio climático, sí desafían de manera directa los valores democráticos. El avance del populismo y la propagación de la desinformación representan, además, el mayor desafío para la permanencia y legitimidad de la democracia, con profundas consecuencias para la preservación de valores fundamentales como la libertad, la igualdad, la justicia, la participación y la solidaridad, entre otros.

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca envuelto en una ola de populismo y desinformación, mientras que se retira de los acuerdos climáticos y vincula en parte la prosperidad económica de los Estados Unidos a la extracción y consumo de combustibles fósiles: “Drill, baby, drill ".

Existen otros ejemplos. El control centralizado de países como China podría facilitar la toma de decisiones rápidas y contundentes frente a la crisis climática; no obstante, su efectividad real se ve limitada por factores como la fuerte dependencia del carbón y la necesidad de sostener el crecimiento económico y el consumo para satisfacer las demandas de una población cuyo nivel de vida sigue en aumento.

En el caso de las monarquías del Golfo, regímenes autoritarios en su mayoría, el petróleo es un recurso percibido como un auténtico "regalo de Dios" y no se cuestiona.

Es inevitable recordar a James Lovelock, que, al presentar el cambio climático como una guerra que demanda medidas extremas, se preguntaba si sería necesario "poner la democracia en pausa". Sin embargo, este planteamiento parece poco aplicable en el contexto actual, no tanto por la capacidad de las democracias comprometidas, al menos sobre el papel, con la lucha climática para restringir ciertas libertades en momentos críticos —como ocurrió durante la pandemia del COVID-19—, sino por la clara deriva anticlimática de los regímenes autoritarios y populistas más importantes.

Los efectos del cambio climático podrían considerarse aún moderados, aunque esta percepción solo se sostiene si se prescinde de los datos científicos y se observa cómo la actividad humana contaminante y depredadora del entorno persiste sin señales de cambio sustancial. Esta situación ha mantenido bajos los costos asociados —tanto materiales, económicos como humanos—, lo que no ha trascendido en un mayor estrés democrático.

Sin embargo, nuestra incapacidad de estabilizar o disminuir las emisiones implica sufrir consecuencias cada vez más severas, con unos costos crecientes que generarán mayores demandas sociales. La capacidad —o incapacidad— para adaptarse a unos impactos cada vez más intensos e imprevisibles, ejercerá una presión social sin precedentes sobre la gobernanza democrática, transformando también nuestra concepción de la política.

En concreto, la imprevisibilidad del cambio climático amenaza con desbordar unas estructuras políticas demasiado rígidas, lo que exige transformarlas y adaptarlas, reordenando sus prioridades para hacerlas más flexibles y receptivas. La legitimidad de los sistemas democráticos, frente al cambio climático y desafíos como el populismo o la desinformación, depende de comprender la necesidad de profundas transformaciones en nuestras estructuras sociales y políticas.

Como posible respuesta, y ante la urgente necesidad de que nuestras sociedades se adapten al cambio climático, resulta imprescindible impulsar una transformación democrática. Esto pasa por fortalecer los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía: innovando y revitalizando la democracia desde la base, promoviendo una mayor descentralización, fomentando la participación ciudadana y transfiriendo parte del poder decisorio y de los recursos financieros a quienes se ven directamente afectados.

Todo esto sin comprometer los derechos fundamentales que definen nuestras democracias y planificando a largo plazo, siempre teniendo en cuenta e incluyendo a las generaciones futuras.

Apostar por una democracia de este tipo, más participativa y deliberativa, es especialmente pertinente en países desarrollados, como España, donde los efectos del cambio climático empiezan a sentirse con mayor intensidad.

No solo las comunidades ya afectadas por estos impactos, sino también aquellas en riesgo de enfrentarlos, deben asumir mayores responsabilidades sociales y ambientales mediante el impulso de mecanismos democráticos participativos. Estos mecanismos deben fomentar procesos inclusivos de toma de decisiones y promover debates que fortalezcan tanto la conciencia colectiva como la responsabilidad compartida. Además, estas iniciativas pueden servir como una herramienta efectiva para combatir el populismo y la desinformación, tal como se ha observado en los recientes desastres provocados por la DANA en Valencia.

Igualmente, la participación de las comunidades afectadas en la gestión de fondos y ayudas es esencial para garantizar la transparencia y evitar que cunda la desconfianza en el sistema. Esto resulta aún más crítico en contextos de crisis climáticas recurrentes, donde los recursos disponibles pueden ser cada vez más limitados.

Sería relevante conocer —y, en caso de que no existan, promover— si las autoridades locales, autonómicas o estatales han considerado la creación de foros de debate y herramientas de democracia participativa en las localidades afectadas por la DANA en Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.

Un ejemplo de estos mecanismos son las Asambleas Climáticas, ya que permiten tratar una importante diversidad de temas sobre el impacto y las respuestas ante el cambio climático, promoviendo la deliberación y la colaboración, y evitando la polarización que suele limitar los avances colectivos.

Como conclusión, se plantea, más allá de los ejemplos e ideas expuestas, la necesidad de repensar a fondo la relación entre los sistemas políticos democráticos y la crisis climática, y de afrontar este reto de forma colectiva y solidaria. El desafío es inmenso, incluso inquietante. Cuantas más voces se sumen al debate, mayores serán las posibilidades de construir respuestas que permitan a los sistemas democráticos adaptarse con agilidad y profundidad. Lo contrario supondrá correr el riesgo de perder legitimidad frente a propuestas autoritarias que prometen soluciones rápidas, pero también engañosas, injustas y profundamente antidemocráticas.

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Jesús Gamero es analista de la Fundación Alternativas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Más Madrid y al PSOE de usar el "drama" de las residencias con "fines políticos" pero también, para "algo más mezquino, para tapar la mafia" de Gobierno de España, según informa EFE. Así ha respondido a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid donde la líder de la oposición le ha reprochado "premiar" a los creadores del conocidos como Protocolo de la Vergüenza.

"Creo que no hay algo más mezquino que utilizar el drama de las residencias con fines políticos. Quizás sí, utilizarlo para tapar la mafia, eso es lo más mezquino que puede existir", ha aseverado la presidenta madrileña, quien ha añadido que le "produciría una vergüenza absoluta pensar que la vida vale más o menos en una región que en otra".

Ayuso ha cuestionado porqué la izquierda no se interesa en lo ocurrido "en las residencias de todo el mundo" donde "murió muchísima más gente" que en la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que se debe a que "no le importa a vida de la gente", "lo único que están haciendo es política barata". Además, Ayuso ha apuntado que después de "62 archivos judiciales" sobre la gestión de las residencias solo siguen haciendo ruido y solamente ruido, porque "ni un solo geriatra, ni un solo médico en esta comunidad, recibió una sola orden de que dejara morir a nadie".

La presidenta madrileña, por otro lado, ha reprochado a Bergerot que se "inventó" de "manera miserable" la frase "si se iban a morir igual": "Es capaz de inventarse esa frase que yo no pronuncié y después irse al supermercado a hacerse una foto con una caja de fruta (podrida) y decir que esa es la comida que damos en las residencias", ha agregado.

Sobre los familiares de los fallecidos en las residencias durante la primera ola del coronavirus -algunos de los cuales han estado presentes este jueves en la Asamblea de Madrid-, Ayuso ha asegurado que, "quien tenga dudas, que venga a vernos", porque "las únicas que lo han hecho han sido las que han pedido por favor que les bajen de esa cifra indecente", en referencia, los 7.291 fallecidos.

En otro orden de cosas, la jefa del Ejecutivo madrileño ha dicho este jueves , respecto a la Conferencia de Presidentes de este viernes: "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré".

Ayuso ha reaccionado así, en el Pleno de la Asamblea regional, a la posibilidad de usar las lenguas cooficiales por primera vez en una Conferencia de Presidentes y al uso de pinganillos para la traducción simultánea. "Ya les digo que no me los pienso poner", ha recalcado Díaz Ayuso, quien ha señalado que el Gobierno pretende "una absoluta golfada" y ha afeado el uso del catalán "para hacer provincianismo".

Ayuso tiene pocas expectativas ante la Conferencia, que a su juicio "solo sirve para gloria del presidente", Pedro Sánchez, que "no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco", ha añadido. Aun así, acudirá a Barcelona "por coherencia", para escuchar "al resto de los presidentes", "por no desairar a los catalanes" y para señalar a "toda la mafia" del Gobierno y el PSOE.

Y también para proclamar que "Sánchez ha roto la separación de poderes", llenando los juzgados de "activistas" y persiguiendo "a los jueces que intentan, a su vez, perseguir la corrupción del Gobierno". Asimismo, Díaz Ayuso aprovechará para denunciar la quita de deuda autonómica, el "caos ferroviario", la "falta de médicos en toda España" y el problema migratorio.

Llevo la cifra, 7.291, clavada en el cráneo, hundida en mi cerebro y atormentando mi mente desde hace tiempo; cualquier día, cualquier noche, me golpeará dramáticamente como a quienes murieron durante la pandemia. Cómo es posible que media España permanezca impasible ante una desgracia tan terrible como la que sufrieron hasta morir miles de residentes ingresados en las residencias madrileñas durante el covid.

SIN las gotas oftálmicas contra el glaucoma que llevaban años padeciendo.

SIN la inyección de insulina que precisaban recibir mañana y tarde contra la diabetes tipo 1.

SIN las estatinas necesarias para rebajar sus altos niveles de colesterol LDL (el malo). 

Lamentando con ansiedad la llegada del personal de enfermería que, al estar de baja también por covid y no ser sustituidos, llevaban semanas SIN controlar la hipertensión arterial que casi todos y todas tenían disparada.

SIN levantarse unas horas de la cama porque carecían de fuerzas propias y temían rodar por el suelo. SIN que nadie les cambiase los pañales ni les llevase a su aseo, porque no había personal suficiente para hacerlo.

SIN médicos, pues a la mayoría los sacaron de sus destinos habituales para trasladarlos al nuevo hospital Zendal y dedicarlos a pacientes menos complicados.

SIN los cuidados paliativos que algunos esperaban desconsolados.

SIN los besos y caricias de sus hijas ni el abrazo callado de sus hijos. SIN los yogures que aquella hija les llevaba cada tarde a sus progenitores y que les daba, furtivamente, para compensar la cena tan débil que recibían.

SIN la estampa extraviada de Fray Leopoldo, ante quien las dos hermanas andaluzas hacían sus rezos en silencio pidiéndole salud para ellas y compañeras.

SIN las residencias medicalizadas que Ayuso había anunciado a bombo y platillo.

El protocolo dictado y firmado por los directivos sanitarios en Madrid consintió que, entre dos enfermos de similar edad y en idéntica situación clínica, si uno vivía en su casa se le permitiera ser trasladado a un hospital, mientras que si vivía en una residencia esa opción se le impedía, salvo que que tuviese un seguro privado.

Desde siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero también es cierto que con frecuencia son necesarias para hacernos una idea de la dimensión de las desgracias y la responsabilidad ciudadana o política que corresponde a quienes las viven o sufren. Veamos y comparemos solo unos pocos casos terribles entre los miles de ocurridos por distintas causas:

Año 1937.- El bombardeo sobre Guernica ocasionó 1.645 víctimas mortales.

Año 1937.- En la Desbandá malagueña hacia Almería, huyendo de la Guerra Civil, cayeron entre  3.000 y 5.000 muertos andaluces (hombres, mujeres y niños).

Año 1981.- Según la OCU, 5.000 personas murieron por consumir aceite de colza.

Años 2020, 2021 y 2022.- Según la DGT, el total de muertos en carretera durante estos tres años fue de 3.151. Esta cifra fue menor que la mitad de las víctimas del covid en esos mismos años en la comunidad madrileña.

Año 2023.- El último terremoto de Marruecos produjo 2.946 muertes en ese país.

Año 2024.- La dana causó 227 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.

Año 2025.- El 11 de mayo los reyes de España han visitado Austria para rendir homenaje a las víctimas abatidas en el campo de concentración de Mauthausen. Se estima que fueron gaseados más de 4.500 españoles republicanos que allí fueron deportados hace 80 años. En España muchos miles siguen todavía en las cunetas esperando ser recuperados por sus propias familia.

Esa tremenda mortandad es la mayor producida en España en lo que va de siglo XXI. Los familiares de las 7.291 víctimas muertas en los geriátricos madrileños tienen derecho a justicia y reparación, y quienes por "denegación discriminatoria de la prestación sanitaria" dieron lugar a esas muertes deben ser juzgados sin más dilación, antes de que prescriban. Sería un terrible delito insoportable que víctimas y familiares ahora queden también olvidadas SIN justicia alguna.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, también declarará como investigado el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia de la covid. 

Burgueño comparecerá ante el juez como investigado, al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considerados los autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. 

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. 

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

En coincidencia con estas declaraciones, Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) han convocado una concentración desde las 11:00 horas frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en defensa de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares.