El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El ingreso mínimo vital (IMV) ya bate récords. En este mes de marzo ha llegado a 829.399 hogares en marzo, un 18% más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros.

En términos interanuales, el IMV continúa su crecimiento. Este mes se registran 125.920 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 18% en el número de hogares beneficiarios. El número de personas protegidas también aumenta en la misma línea, con un crecimiento del 18,1%, es decir, 387.278 beneficiarios más que en marzo de 2025.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado un comunicado en el que reconoce que 2,53 millones de personas en nuestro país vive con este ingreso y que, dentro de estas familias, 1,03 millones son niños y adolescentes. En marzo, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, lo que equivale a 563.741 personas. En el conjunto de beneficiarios, las mujeres representan el 53,4%, con más de 1,35 millones.

El IMV continúa siendo una herramienta clave en la protección de familias con hijos. En concreto, el 69% de los hogares beneficiarios (570.548) cuentan con menores a cargo. De ellos, cerca de 140.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Por lo que más de 1,03 millones de menores están cubiertos por esta prestación, lo que consolida al IMV como uno de los principales instrumentos contra la pobreza infantil en España.

Los menores suponen el 41% de los beneficiarios. Precisamente, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, llegó a 573.831 unidades de convivencia en marzo, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Hay distintas cuantías según la edad de los menores: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión y, en España, la cifra sigue siendo alarmante. Según un estudio realizado por el Consejo de Juventud de España, tres de cada diez jóvenes están en riesgo de exclusión social. Ni siquiera quienes tienen un empleo se libran: el 18,8% de los que tiene un trabajo están en la misma situación.

Si miramos las comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene una mayor cantidad de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: más de 266.000. Con alrededor 820.000 personas en ellos. Y entre sus provincias, la que alberga la capital, Sevilla, se sitúa en el primer puesto, seguida de Málaga y Cádiz.

Además, en el resto de país, destacan regiones como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. Las tres están por encima de los 200.000 beneficiarios. En el polo opuesto, de los que tienen una menor cantidad de prestaciones, se sitúan La Rioja, Cantabria o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con ratio de beneficiarios por hogar más elevados.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas. Comenzó como una forma de amortizar el impacto económico de la crisis derivada del covid y fue enmarcada como una medida urgente dentro del "escudo social" ideado por el Gobierno. Fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el ingreso como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para combatir la pobreza severa y garantizar unos ingresos mínimos. 

Ya han pasado seis años y, aunque sigue vigente, varios colectivos demandan más. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV "marca la diferencia, especialmente en la infancia", y demuestra que el Gobierno está "donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país".

El empleo entre los menores de 30 años ha crecido un 37,7% desde la reforma laboral de 2021, periodo en el que la ocupación entre los mayores de 55 años ha aumentado un 30,3%, lo que en ambos casos supone duplicar o casi doblar el incremento medio del 15,7% de la afiliación total al sistema de la Seguridad Social.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un informe sobre "la gran transformación del mercado de trabajo" desde 2018 y, en particular, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de coalición a finales de 2021.

Un día después de que la Seguridad Social informase del récord de ocupación de marzo en 21,88 millones (22,01 millones en términos desestacionalizados), Saiz ha asegurado que los datos de los últimos ocho años muestran una tendencia de crecimiento "sostenido e imparable" del empleo.

Son 2,2 millones más de afiliados desde la puesta en marcha de la reforma laboral y 3,4 millones desde el año 2018, "absorbiendo incluso el duro impacto de la pandemia", ha subrayado la ministra, que ha defendido el uso de series desestacionalizadas porque "es el que recomiendan expertos y economistas" para analizar la tendencia.

El informe recoge que dos de cada cuatro empleos creados desde 2018 han sido para menores de 30 años y que de los otros dos, uno ha sido para mayores de 55 años y otro, para un trabajador en la franja de los 30 a los 54 años.

En el mismo periodo el empleo autónomo ha sumado 175.456 trabajadores, hasta el récord de 3,43 millones, y el empleo extranjero ha pasado de suponer el 10,1% del empleo total al 14,4%.

El empleo femenino también ha alcanzado su mayor nivel con 10,4 millones afiliadas, el 47,4% del total.

El Gobierno destaca asimismo que la creación de empleo ha estado acompañada de una mejora de la calidad y de una reducción de la precariedad, con la temporalidad en el nivel mínimo del 11,6% (18,7% en los jóvenes y 9% en los mayores de los 55 años).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado este miércoles que el Gobierno va a cumplir con su compromiso de presentar los presupuestos, pero no ha dado fechas y ha querido insistir en que tener unas cuentas prorrogadas "no está suponiendo un problema".

En una entrevista en RNE, la también portavoz del Gobierno ha remarcado que el presupuesto prorrogado "no es cualquier presupuesto" y ha permitido poner en marcha "el enésimo escudo social" en estos últimos años, tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Se han puesto "encima de la mesa 5.000 millones que ya se están viendo en los bolsillos de la gente", ha dicho Saiz, quien ha querido dejar claro que tener un presupuesto prorrogado "no está siendo un obstáculo" para llevar a cabo políticas que pretenden "proteger a la gente y poner en el centro a la gente".

Preguntada por el plazo en el que podrían presentarse las nuevas cuentas, ha dicho textualmente "no me quiero pillar los dedos" con las fechas, pero ha garantizado que el Ejecutivo cumplirá con su compromiso.

En este sentido, ha recordado que ha estallado una guerra que tiene consecuencias mundiales y que se están monitorizando los efectos en el cuadro macroeconómico, en la previsión de ingresos y gastos, en cómo puede afectar a la inflación y cómo está funcionando el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno.

Todas estas cifras, ha añadido, "tienen que servir para que el presupuesto que se diseñe sea adecuado a la situación del momento".

Ha hecho referencia a algunas comunidades autónomas que tienen un presupuesto aprobado y al mismo tiempo "se están produciendo recortes que están causando daño a la gente" y ha puesto el ejemplo de Andalucía, "con la crisis de los cribados y con tardar en diagnosticar una patología como el cáncer".

Los documentos secretos del 23F cel Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloauya desclasificación ha acordado este martes el Gobierno incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas y pertenecen a los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa, ha confirmado la ministra portavoz, Elma Saiz, quien no ha aclarado detalles sobre quiénes son los interlocutores implicados, informa EFE.

Entre lo que se conocerá no estará el sumario del juicio ya que el Gobierno aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes citadas han asegurado que el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional, y han explicado que antes de que se anunciara la decisión de la desclasificación, se informó a la Casa Real.

Algunas de las incógnitas que persisten sobre la intentona golpista giran en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981 entre el Congreso, tomado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.

No ha concretado mucho más la ministra sobre las revelaciones de las 153 "unidades documentales" que este miércoles serán públicas y entre las que no ha descartado que haya "alguna imagen", además de informes y las transcripciones de conversaciones.

De hecho, ha reconocido que no ha visto la documentación, cuando se le ha preguntado si su contenido puede hacer cambiar la visión histórica sobre el papel de Juan Carlos I como artífice para el fracaso del golpe de Estado.

También ha apuntado que lo que se va a dar a conocer son "todos" los documentos clasificados que el Ejecutivo "ha encontrado hasta el momento", procedente de diversos órganos e instituciones, y de lo que hay "constancia", sin comentar nada sobre la posibilidad de haya documentos destruidos.

Elma Saiz ha explicado que, una vez decidida la desclasficación, el Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloa y de hecho ha pedido "paciencia" ante la expectación que se ha creado en torno a una información a la que se ha reclamado acceder insistentemente en los últimos años.

Ha argumentado que con su decisión el Ejecutivo trata de "impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación" para "difundir teorías" sobre la democracia española y "desinformar" a los jóvenes que "piensan que con Franco se vivía mejor y van cantando el Cara al sol por nuestras calles".

Mantener el secreto en torno a aquel importante episodio histórico al amparo de una ley franquista es una "anomalía democrática" que el Gobierno quiere corregir, sobre todo cuando, pasados 45 años del 23F, su conocimiento ya "no supone un riesgo real y presente", y los expertos coinciden en que ha pasado "tiempo suficiente" para sacarlos a la luz, ha asegurado.

Por otro lado, ha recordado que otros países han adoptado medidas similares sobre acontecimientos históricos relevantes, como Italia o Grecia, y ha citado el caso de Alemania, que 2012 reveló documentos diplomáticos sobre la interpretación del 23F que hizo en su momento el embajador alemán acreditado en España.

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia letrada a extranjeros sea prestada exclusivamente por abogados especializados, tras el anuncio de que ONG especializadas y sindicatos podrán solicitar ciertos trámites de extranjería, informa EFE.

El presidente del Consejo General, Salvador González, ha hecho esta solicitud en una carta enviada a la ministra, Elma Saiz, en la que argumenta que la asistencia de abogados especializados garantiza la "mejor defensa posible", según indica esta organización en un comunicado.

Esta solicitud se produce cuando el Gobierno tramita el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), la vía con la que se pretende facilitar que las personas extranjeras tramiten sus solicitudes, una medida que estaba en audiencia pública hasta el pasado 10 de febrero.

La Abogacía pide que todas las personas jurídicas inscritas en dicho registro designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, así como establecer requisitos claros para inscribirse en dicho registro.

Según el borrador, en el registro podrán inscribirse organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de la comunidad autónoma y entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de vida que estén vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Deberán cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber sido condenadas ni sancionadas por prácticas relacionadas con su actividad y acreditar "una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a personas extranjeras".

Actualmente solo pueden presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este contexto, la Abogacía defiende la necesidad de letrados especializados con el argumento de que la denegación de una autorización afecta al proyecto de vida y los derechos fundamentales y en "esos momentos críticos" no se puede improvisar la defensa sino que "debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".

Considera la Abogacía que estos profesionales son los más preparados para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean tutelados y protegidos. "Su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes", señala el presidente del Consejo.

El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE), que será también complementaria con la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y exclusión social.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este texto persigue garantizar el acceso universal asequible y sostenible a la energía como un derecho básico además de condición necesaria para una vida digna, ha agregado.

La ENPE 2026-2030 se plantea como un instrumento integral para reducir la vulnerabilidad energética y garantizar el acceso equitativo a la energía en condiciones de asequibilidad, seguridad y sostenibilidad, priorizando y concretando la actuación sobre aquellos pilares identificados como críticos.

El pasado año se dio comienzo al proceso participativo para la redacción de esta estrategia nacional con una consulta pública y un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial.

La vocación para este nuevo periodo, 2026 a 2030, es realizar una transición desde un apoyo de carácter coyuntural a medidas estructurales que ayudan a los consumidores vulnerables.

Entre los objetivos estratégicos figura promover la implementación de medidas estructurales orientadas a reducir la pobreza energética, garantizar la efectiva protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad energética o un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y conjunto de agentes, en sus distintos ámbitos competenciales, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética.

La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una subida que supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, "que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles", según informa EFE. 

Una semana después de que el Congreso rechazara el decreto ley que incluía la subida de las pensiones y el escudo social, el Gobierno ha vuelto a aprobar en un nuevo decreto ley la revalorización de las pensiones para 2026, con un alza del 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

La norma incluye la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto que fijará la subida del 3,1% acordada con los sindicatos para este ejercicio, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales, al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que todavía tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que llevan "seis años para encontrar una solución" y no han "hecho los deberes".

Nogueras ha subrayado que el Gobierno se "equivocó" la semana pasada "queriendo colar y hacer pasar por bueno las ocupaciones y los impagos" y ha destacado que a pesar de "todas las mentiras, la presión y el chantaje" a su partido, la subida de las pensiones está "garantizada".

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que la intención del Ejecutivo es presentar los presupuestos de 2026 en el primer trimestre del año y que "de ninguna manera" la legislatura estará acabada si no salen adelante, según informa EFE.

En una entrevista en la Cadena SER, ha reconocido que el país atraviesa un momento "ciertamente oscuro y dificultoso" y por ello es "más importante que nunca" la tarea de "poner voz" a todas las medidas que está desarrollando el Gobierno.

Respecto a los nuevos presupuestos de 2026, Saiz ha dicho que la intención es presentarlos en el primer trimestre del año y que apelarán a la responsabilidad de los grupos políticos para que estén "al lado de un buen proyecto de presupuestos".

No obstante, ha reconocido que conlleva "un importante trabajo de negociación y de diálogo constante con las fuerzas políticas", un trabajo que "ahora mismo" se hace con "discreción" y "hacia adentro" para buscar los apoyos necesarios.

Preguntada por el caso concreto de Junts, la portavoz del Gobierno ha recordado que esta formación ya ha dicho que "las relaciones están rotas", pero ha querido dejar claro que el Ejecutivo trabaja todos los días "en recobrar la confianza de las fuerzas políticas que sustentan y que respaldan las diferentes propuestas".

"Eso es lo que estamos haciendo todos los días, trabajar por cumplir los acuerdos y por buscar acuerdos en torno a buenas medidas que mejoren la vida de la gente", ha subrayado la ministra portavoz, quien ha dejado claro que "de ninguna manera" la legislatura estará acabada si esos presupuestos no salen adelante: "Tenemos mucho que hacer todavía".

La ciudadanía tiene que ser consciente de todo lo que se está haciendo con unos presupuestos prorrogados "tan positivos", ha remarcado Saiz, quien ha añadido que se están poniendo en marcha medidas tan importantes como revalorizar las pensiones o prorrogar el escudo social.

Preguntada por el resultado del PSOE en las elecciones de Extremadura, en las que el partido ha perdido 10 escaños, la nueva portavoz ha argumentado que el fracaso de los socialistas se relaciona con la "deshumanización" de los políticos, llevada cabo por las derechas.

“Este Gobierno es más necesario que nunca”. Esta frase la ha repetido mucho en privado Pedro Sánchez cuando ha analizado con dirigentes en Moncloa y en Ferraz la situación política a raíz de los malos resultados en la batalla electoral en Extremadura el pasado día 21. Y una de las principales reflexiones del presidente ante los suyos durante estos días es que el hecho de que haya una coalición progresista en el Ejecutivo amortigua muchas de las políticas de las derechas en las autonomías y no deja ver la crudeza de lo que suponen el PP y Vox.

Pero también se han aprendido muchas lecciones: hay que hacer más pedagogía, tienen que conocerse en la calle las medidas que se aprueban cada martes en el Consejo de Ministros. Este ha sido el principal encargo que le ha hecho en primera persona Sánchez a Elma Saiz, que desde el pasado lunes ejerce como nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría.

Hay una queja constante en el núcleo duro del presidente: “Los medios son el cuarto poder. Y muchos no reflejan la realidad del país”. Y es que en el Ejecutivo insisten en la buena marcha de la economía frente al “relato del caos” que se despliega a través de las derechas políticas y mediáticas. Esta es una de sus principales bazas de cara al nuevo año que arranca en mitad de la prolongada crisis por los casos de corrupción y de acoso machista que han azotado duramente al PSOE en el final de 2025.

Pero ese crecimiento macroeconómico debe notarse en lo micro, en el día a día de millones de ciudadanos. Y por eso el Gobierno centra especialmente su acción ahora en medidas de carácter social. Mira ya al Congreso de los Diputados, donde espera convencer a la mayoría para sacar adelante el escudo social acordado en el pasado Consejo de Ministros.

En La Moncloa señalan que ahora los partidos tendrán que retratarse ante medidas “incontestables” en la calle, empezando por la revalorización general de las pensiones del 2,7% para el año que viene (unos 570 euros). Además, el sello social se imprime especialmente en el incremento de entre el 7% y el 11,4% para las no contributivas. “Ahí es donde se nota la coalición, en la cartilla del banco cada mes para los jubilados”, comenta un destacado dirigente socialista.

El real decreto también incluye la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua), el bono social eléctrico y la moratoria para desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Lo que se ha quedado fuera es la limitación de la subida del alquiler de los contratos que ahora finalizan, aunque el ala de Sumar sigue presionando para que la parte socialista acceda finalmente a hacerlo.

Asimismo, Sánchez ha lanzado como una de sus grandes medidas para encarar el curso el abono único, que se pondrá en marcha el próximo 19 de enero, con la idea de una tarjeta de transportes de 60 euros que servirá para trenes de cercanías y media distancia y autobuses de titularidad estatal. El paquete incluye, además, descuentos para los transportes. 

“Sabemos cuál es el camino y cuáles son las recetas. Queda mucho por hacer, pero lo importante es que sigamos en ese camino que nos ha convertido en un faro internacional, con políticas como la migratoria y la social, que no vamos a dejar de practicar en lo que resta de legislatura”, remarcó como filosofía la nueva portavoz del Gobierno durante una entrevista este viernes en La hora de TVE.

El análisis central que hacen en Moncloa y en Ferraz es que el mal resultado de Extremadura se debió principalmente a la desmovilización del electorado socialista y se fijan especialmente en la bajada de la participación. Todo ello con un candidato sin enganche y una convulsión en la imagen del partido por los casos de corrupción y de acoso machista. Pero la reacción de la dirección socialista ha sido la de mandar el mensaje de que la cascada de elecciones autonómicas preparada por Génova (con la próxima parada en Aragón el 8 de febrero) no va a suponer la convocatoria de elecciones anticipadas. Y alejan la imagen de que Sánchez sea el culpable del 21D: “El presidente no se presentaba”.

En Ferraz y en Moncloa son conscientes de que se extienden las críticas y el nerviosismo especialmente entre cargos medios del partido, pero creen que el apoyo de la militancia es férreo al secretario general del PSOE. Por el momento, ningún cargo relevante o federación ha salido a pedir directamente la dimisión de Sánchez o convocar elecciones, a pesar de los amagos de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha). Las principales columnas del socialismo están encabezadas por personas muy cercanas a Sánchez: Cataluña (Salvador Illa), Andalucía (María Jesús Montero), Comunitat Valenciana (Diana Morant) y Madrid (Óscar López).

El único movimiento que hay entre bambalinas es el del exministro Jordi Sevilla, que pretende hacer público en enero un manifiesto frente a la “podemización” del presidente del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho al respecto: “Que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión”.

En Ferraz y en Moncloa también alejan la posibilidad de una abstención por parte del PSOE en la investidura de María Guardiola. Esta decisión deberían tomarla, no obstante, los militantes, según los estatutos del partido. Pero la dirección socialista entiende que no se debe facilitar un Gobierno de derechas y se maneja en el escenario de que el PP acabará cediendo a la ultraderecha a pesar de las tensiones durante estos días entre las dos formaciones.

El PSOE de Extremadura ha quedado en estos momentos en manos de una gestora pilotada por el exalcalde de Don Benito José Luis Quintana, una persona muy próxima a Sánchez desde la carrera de las primarias contra Susana Díaz y Patxi López. La formación se ha dado tiempo para hacer una profunda reflexión con la vista puesta en un congreso extraordinario que tendría como plazo final el próximo mes de mayo.

En Ferraz aprovechan estos días también para engrasar el remodelado equipo de Organización. Después del desastre de Extremadura, la ‘número dos’ del partido, Rebeca Torró, pidió reforzar su núcleo duro dando espacio a Enma López, Carmen González y Elisa Garrido, que se suman a Anabel Mateos y Borja Cabezón. Su principal meta es volver a ilusionar al electorado progresista, que cada vez opta más por quedarse en casa, a tenor de los sondeos, por la situación del partido.

Y Sánchez tiene también como uno de los grandes objetivos coser las asperezas con sus socios, que cada día están más desesperados por la actitud “inmovilista” del PSOE. Sumar cree que el presidente tendrá que mover fichas de manera más contundente, incluido un gran cambio de Gobierno, durante los próximos meses. La nueva portavoz trató de rebajar la situación en TVE diciendo que hay una “relación fluida” y que es normal que en una coalición haya “diferencias y desavenencias”, pero que los dos espacios comparten la misma hoja de ruta.

Elma Saiz (Pamplona, 49 años) tiene en sus manos una de las reformas que más revuelo ha suscitado en los últimos meses: la de las cotizaciones por ingresos reales, acordada en 2022, y que atañe a los trabajadores autónomos. Después de una primera propuesta para elevar las cotizaciones hasta un 11% que provocó un fuerte rechazo, ahora el ministerio trata de llegar a un acuerdo con las asociaciones con otra propuesta con alzas más moderadas. La ministra habla con infoLibre sobre el recorrido de esta propuesta, sobre “el debate endemoniado” de la disputa entre boomers y zetas, de las pensiones, la protección social y de la oposición del Partido Popular, quién en su opinión, está “está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones” y al que ha reprochado que se comporte como una “banca privada” al proponer descuentos en las cotizaciones para quienes tengan planes de pensiones privados.

La propuesta de su ministerio para subir las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha suscitado mucha polémica, ¿está en cuestión el modelo de cotización por ingresos reales?

De ninguna manera. Quiero recordar que fue una ley que salió adelante con 260 votos a favor en el 2022 y que recogía una reclamación histórica del colectivo que yo misma defendía cuando era autónoma. Lo que está pasando en este país es que sigue habiendo una brecha de 650 euros al mes en una pensión de jubilación si comparamos un trabajador autónomo con un trabajador por cuenta ajena y la única forma de cerrar esa brecha es con las cotizaciones. Además, obedece al cumplimiento de la ley que fija un camino hasta 2032 para llegar a una cotización por el 100% de los ingresos reales.

Su primera propuesta fue muy cuestionada y después revisaron los incrementos propuestos inicialmente ¿Cómo casa esta realidad con el compromiso de actualizar las cuotas anualmente hasta 2032? ¿Vamos a llegar a cumplir el compromiso con progresividad? 

La primera propuesta nace de una evidencia. No se improvisa, porque este sistema ya está en vigor desde 2022. Tras ese primer proceso de regularización, vimos cómo se ha comportado el colectivo y observamos que en la parte más baja de la tabla el 60% de los autónomos habían decidido sobrecotizar. Desde ahí se lanza la primera propuesta, para comenzar a trazar ese camino de acompañamiento progresivo hasta 2032. Por eso, queriendo buscar un acuerdo y escuchando a los colectivos de autónomos sobre cómo ese acompañamiento puede ser más progresivo, se hace después una segunda propuesta.

Recientemente, usted ha dicho que “estamos en camino de reducir la brecha entre autónomos y asalariados”. ¿Cuáles son los avances concretos que puede citar para ese objetivo?

Por ejemplo, en el cese de actividad. Si comparamos cuánto cobra una ahora persona que tiene que afrontar el cierre de un negocio, con la situación anterior, la diferencia es clara, porque el cese de actividad está vinculado a tu base de cotización. Y lo mismo ocurre con las bajas de maternidad y paternidad, que son del 100% de la base de cotización, y si no se cotiza por ingresos reales, tu protección para hacer frente a la llegada de un hijo es mucho peor.

Una de las medidas que ha propuesto el Partido Popular pasa por reducir las bases de cotización a aquellas personas que dispongan de un plan de pensiones privado, ¿qué opina de esta medida?

El PP se está comportando como una banca privada, ofreciendo descuentos por hacerse un plan de pensiones privado. Está cuestionando la raíz más profunda de nuestro sistema de seguridad social porque esa medida no defiende el interés general y deja desprotegidos a los autónomos. Cuando se desplegó el escudo social en la pandemia o en la dana, es lo público lo que nos ha protegido y eso está vinculado a las cotizaciones. Hay gente a la que no se ha podido proteger porque no estaba en el sistema público.

La nueva regulación tendrá que pasar por el Parlamento ¿Cree que la van a poder sacar adelante pese a haber sido tan polémica?

Estamos trabajando con las asociaciones más representativas y además hay otras cuestiones que están sobre la mesa como el cese de actividad. Yo confío, sobre todo teniendo en cuenta que al otro lado tenemos un Partido Popular que está utilizando a los autónomos y anunciando como propias cuestiones que ya están en marcha, como la pluriactividad, que está recogida desde hace décadas.

Además, sobre esta propuesta quiero recordar que el PP votó a favor en 2022, por lo que este viraje es un intento de erosionar al Gobierno y acercarse a Vox en lo social.

Dentro de sus socios de Gobierno, también Sumar discrepó en un primer momento de la subida de cotizaciones ¿han hablado acerca de la nueva propuesta?

En un primer momento, yo eché en falta una llamada de la vicepresidenta [Yolanda Díaz], pero no estoy preocupada porque hablamos el mismo lenguaje. Es un lenguaje de protección social, de equiparación y de avance en lo que tiene que ver con romper brechas.

La sostenibilidad de las pensiones es el otro gran debate social. Los sindicatos han pedido “dar la batalla ideológica” para defender su viabilidad, pero, por otro lado, el gasto va a aumentar en los próximos años ¿Está en riesgo el sistema?

No. Por un lado, estamos garantizando la revalorización de las pensiones por ley y por otro, desplegando una reforma de pensiones que ha pasado los exámenes. El sistema de pensiones tiene la mirada puesta en 2050, somos muy conscientes de ese reto demográfico y esta reforma así lo contempla.

Hemos pasado con éxito el examen de la AIReF en lo que tiene que ver con esa evolución del gasto en pensiones y todos los indicadores macroeconómicos van mejor de lo que inicialmente estaba previsto. La ratio cotizante pensionista está en 2,46: es la mejor cifra de la serie histórica, quitando los años de burbuja inmobiliaria. Además, el fondo de reserva comenzará la siguiente legislatura con más de 30.000 millones en la hucha de las pensiones, una hucha que nos encontramos prácticamente a cero tras el gobierno del PP.

¿El mantenimiento del sistema de pensiones no va a imponer ajustes a la baja en prestaciones o endurecimiento de requisitos, como sugieren algunas declaraciones de la oposición?

De ninguna manera. La reforma de pensiones tiene un compromiso claro y sabemos que tenemos que hacer frente a la jubilación del baby boom, pero las prestaciones están garantizadas por ley. Además, del lado de los ingresos, la reforma laboral está dando grandes resultados y solucionando fallas del mercado. Han mejorado las carreras de cotización, la temporalidad ha caído y entre los menores de 30 las bases de cotización también han aumentado. Lo que tenemos claro es la posición del Partido Popular en estos últimos días, que con las declaraciones de Feijóo está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones y dejar tirados a nueve millones de pensionistas.

¿Cómo se van a vehicular los incentivos para prolongar la vida laboral?

Somos muy conscientes de que hay un talento senior que se puede aprovechar y que puede compatibilizar su actividad con la pensión. Queremos que quienes decidan prolongar si vida laboral lo hagan desde una decisión personal y libre, no porque las pensiones sean insuficientes.  Pero igual que hemos dado esa posibilidad de que la gente compatibilice la jubilación con el trabajo, somos también conscientes de que hay actividades penosas, especialmente tóxicas, donde la las personas tienen que salir del mercado laboral antes, con cocientes reductores.

Dado que muchas ausencias (incapacidades temporales, permisos) afectan a la financiación de la Seguridad Social, ¿qué medidas contemplan para asegurar que el sistema sea sostenible sin penalizar derechos adquiridos?

Quiero dejar claro que la incapacidad temporal no es en modo alguno culpa del trabajador y tendrán mucho que decir también las comunidades autónomas en lo que tiene que ver con listas de espera en los sistemas sanitarios. Dicho esto, tenemos también encima de la mesa de diálogo social para mejorar esta situación, pero siempre poniendo en el centro la salud de los trabajadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo a las altas con reincorporación progresiva 

Aquí los sindicatos se han mostrado en contra o han planteado dudas acerca de cómo garantizar que el trabajador no vaya a trabajar sin estar totalmente recuperado

En España la regulación existente protege de ese supuesto. Además, mi compromiso es que esa reincorporación progresiva se de después del alta. Cuando desde un punto de vista médico, con la supervisión de un medico del sistema publico, la reincorporacion progresiva pueda ayudar al trabajador sin que tenga que pasar de cero a cien.

Al hilo del equilibrio entre cotizantes y pensionistas se ha abierto un debate sobre si existe un enfrentamiento intergeneracional o un agravio en cuanto a la revalorización de las pensiones con respecto a los salarios, ¿qué opina sobre esto?

Ese enfrentamiento intergeneracional es un debate endemoniado que hay quien tiene interés en abonar. El Gobierno está legislando de forma amplia. Quiero recordar que los pensionistas no aparecen de la nada, los pensionistas son personas que llevan años trabajado y aportando al sistema y es de justicia reconocer esa trayectoria. Pero los datos demuestran que también estamos mirando hacia los jóvenes, con tasas de temporalidad de las más bajas en los últimos años o con más de un millón de becarios y becarias que hemos incorporado a la seguridad social.

El papel de los migrantes también está siendo clave. En materia de migraciones, la reciente reforma del reglamento de extranjería ha sido calificada por usted como “la más ambiciosa en años”. ¿Cómo va a asegurar que esa reforma no solo favorezca la afiliación, sino también la integración laboral y social efectiva de esas personas?

El reglamento es una reforma de mucho calado. Tiene que pasar un tiempo para evaluarla, porque aún se está poniendo en marcha. Pero, por ejemplo, desde que se aprobó en 2022 la figura de los arraigos hay más de 640.000 personas que han regularizado su situación. 

Estamos trabajando también en un plan sobre integración, pero aquí las comunidades autónomas y las entidades locales tienen mucho que decir. Es llamativo ver como comunidades del Partido Popular se enorgullecen de las cifras de empleo de sus comunidades —donde tiene un papel muy importante en la afiliación extranjera— y, sin embargo, en lo que tiene que ver con fortalecer los servicios públicos para dar servicio a esa población, dejan morir los servicios educativos, sanitarios o sociales para culpar de ese colapso a la población extranjera.

¿Le está resultando difícil llegar a acuerdos con ellas?

Estamos viendo como el discurso migratorio del PP es similar al de VOX, ahondando en la desinformación y vinculando, por ejemplo, el colapso de los servicios públicos con la población extranjera. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se pueden enorgullecer de los datos de afiliación extranjera pero, sin embargo, luego no adecuar tus servicios públicos para dar esa atención necesaria a las personas.

Y, ya que hemos hablado de cifras ¿manejan algún plazo para presentar los Presupuestos Generales?

Estamos trabajando internamente con el compromiso de presentar los presupuestos y, de hecho, ya se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este próximo lunes por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

El 12 de julio de 2025, tras la manifestación ultra en Torre Pacheco (Murcia), las redes sociales ardieron de insultos, bulos y llamamientos a la violencia contra la población migrante. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ese día se alcanzó un pico de 33.000 mensajes de odio en 24 horas, la mayoría dirigidos contra personas del norte de África.

Sin embargo, la cartera de Elma Saiz señala que apenas un 22% de esas publicaciones fueron retiradas por las plataformas, que dejaron circular libremente expresiones con términos como "machete", "delincuente" o "paliza", que marcaron el tono de la campaña digital de la ultraderecha.

La escena se repite más allá de Torre Pacheco. El informe anual del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) de 2024, publicado este martes, denuncia que, de los 2.870 mensajes notificados a Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube, solo un 35% fueron eliminados. Un porcentaje bastante inferior en las primeras 24 horas, cuando los contenidos más virales se propagan con fuerza, ya que las plataformas apenas borraron un 4% del contenido.

Una problemática que llevó a la ministra Saiz a convocar de forma urgente en julio a los representantes de las diferentes redes sociales para exigir una respuesta más ágil en la retirada de contenidos que incitan al odio.

El encuentro se ha vuelto a repetir este lunes con ejecutivos de Meta (Facebook e Instagram), YouTube y TikTok; no ha podido acudir nadie de X. En ella han pactado celebrar encuentros trimestrales de ahora en adelante para homogeneizar la definición de discurso de odio y acelerar la retirada de contenidos. 

“Frenar los bulos y la desinformación debe ser una tarea colectiva para que no se repitan imágenes como las de Torre Pacheco o el ataque al centro de menores de Monforte de Lemos”, ha declarado la ministra, que también ha anunciado la celebración de una cumbre internacional en España contra el odio en redes sociales en 2026. 

Esta violencia en redes sociales no es ya un fenómeno puntual. Se ha convertido en un problema estructural, alimentado por bulos y desinformación y que ataca a unas comunidades determinadas. El informe refleja que en 2024 las principales víctimas fueron las personas originarias del norte de África (35%), seguidas de africanas y afrodescendientes (24%), inmigrantes en general (21%) y ciudadanos musulmanes (20%). Además, subraya que el tipo de mensaje de odio más repetido busca deshumanizar y degradar gravemente (37%), mientras que casi un tercio incita directamente a la violencia contra estos colectivos.

Las crisis migratorias también se han detectado como uno de los principales detonantes. El informe detalla que la llegada de embarcaciones a Canarias y el traslado de migrantes a la península encendieron las redes en febrero y junio de 2024, con mensajes que trivializaban la muerte ("cemento y al fondo del mar") y presentaban la inmigración como una amenaza existencial.

El OBERAXE subraya además la capacidad del odio digital para mutar en sus formas de expresión. Aunque el 53% de los mensajes registrados en 2024 eran agresivos y explícitos, un 36% se difundieron en clave de discriminación "no agresiva" y un 11% recurrieron a la ironía o el sarcasmo.

No obstante, la capacidad de dimensionar con precisión la magnitud del odio en redes ha llegado con la puesta en marcha del sistema FARO, la herramienta de inteligencia artificial cedida por LaLiga al Ministerio en octubre de 2024. Frente al recuento manual de años anteriores, FARO ha permitido analizar en tiempo real millones de publicaciones y detectar patrones de discurso racista, xenófobo, islamófobo, antisemita o antigitano desde enero de 2025. 

El estallido de Torre Pacheco también ha supuesto un salto cuantitativo en el registro del discurso de odio. Según los informes extraordinarios del OBERAXE, solo en julio de 2025 se detectaron más de 190.000 mensajes hostiles, una cifra superior a todo el trimestre anterior (abril-junio). Entre el 6 y el 22 de ese mes, coincidiendo con los incidentes, el sistema FARO contabilizó 138.000 publicaciones de odio, de las que más del 90% se dirigieron contra personas del norte de África.

El repunte vino acompañado de bulos, imágenes manipuladas y llamamientos a la violencia en plataformas como Telegram, lo que amplificó la sensación de alarma y polarización. “España no es un país de cacería de migrantes. Es un país que abraza la diversidad y pone en el centro los derechos humanos”, advirtió entonces la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al presentar el informe extraordinario en julio.

Lejos de ser un episodio aislado, el caso de Torre Pacheco confirmó la escalada del odio digital. Entre enero y agosto de 2025, OBERAXE ha identificado más de 600.000 mensajes de odio reportables. Además, el tono se ha endurecido. Si en 2024 el 53% de los mensajes eran explícitamente agresivos, en el primer semestre de 2025 esa proporción se disparó hasta el 70%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido al Ayuntamiento de Jumilla que dé marcha atrás y pida perdón por la moción "xenófoba" para prohibir la celebración de actos religiosos en un polideportivo municipal del que hacía uso la comunidad musulmana, según informa EFE. La ministra ha denunciado este viernes, en una entrevista con Antena 3, que mociones como la de Jumilla provocan un "bochorno internacional" y propician un "destierro masivo" al inocular miedo a la población migrante.

Saiz ha denunciado que esta decisión "xenófoba y racista" se aprueba "para sacar adelante unos presupuestos, por un dictado de Vox", y ha advertido de que localidades como Jumilla, con un 20 % de afiliados extranjeros en la Seguridad Social, "colapsarían" sin esta población migrante. La ministra ha denunciado el "silencio cómplice" del Partido Popular, al que considera capaz de pactar presupuestos aunque "pisotee los derechos de la ciudadanía" pues, ha recalcado, la Constitución ampara la libertad religiosa.

Además, Saiz ha acusado a esta formación de "alentar la insumisión" al no querer cumplir con la modificación de la ley de extranjería que distribuye la acogida de menores migrantes no acompañados. Preguntada a este respecto por Junts, ha señalado que la solidaridad obligatoria se rige por criterios objetivos para todas las comunidades autónomas y que hay comunidades como Cataluña que "venían haciendo un esfuerzo importante en la acogida de menores no acompañados".

También ha abogado por el diálogo al ser preguntada por la dificultad de pactar los presupuestos con Junts y ha defendido la respuesta política dada por el PSOE ante la corrupción del caso Koldo. Respecto a su etapa de gestión en Navarra ha dicho estar "tranquila" porque siempre ha actuado con rigor y "respeto a la ley" y se ha mostrado dispuesta a colaborar con las investigaciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado que el PP usa el caso por supuesta revelación de secretos por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no porque le importe la justicia sino "como un instrumento más contra el Gobierno", según informa EFE.

Margarita Robles ha hecho estas manifestaciones a los periodistas tras participar en la base Príncipe de Paracuellos de Jarama (Madrid) en un acto de homenaje a los seis paracaidistas españoles fallecidos en un ataque al explosionar un artefacto cuando estaban en una misión en Líbano el 24 de junio de 2007.

Robles ha sido preguntada por la petición del PP de que el Gobierno cese al fiscal general después de que el Tribunal Supremo le haya dejado a las puertas del juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No vale todo en política y el Partido Popular aprovecha todo para ir contra el Gobierno, y yo creo que en este caso al PP no le importa tanto al fiscal general del Estado ni la justicia, a la que durante muchos años ha estado abandonando, sino que quiere utilizar esto como un instrumento más contra el Gobierno", ha dicho la titular de Defensa.

Sobre si estima que Álvaro García Ortiz debe dimitir de su cargo de fiscal general ha señalado: "Las dimisiones son siempre una cuestión personal, cada uno tiene que saber, en función de su responsabilidad, lo que tiene que hacer en cada momento". "Yo no soy quién para decir al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer y creo que ahora es el momento de dejar trabajar y tener plena confianza en el Tribunal Supremo y en las instituciones", ha afirmado.

En cualquier caso la ministra ha apelado "al principio de presunción de inocencia de todos los ciudadanos, incluido el fiscal general, hasta que haya una sentencia firme condenatoria". "Estamos haciendo muchos juicios de valor en distintos procedimientos, olvidándonos de que hay un principio de presunción de inocencia", ha insistido al respecto Robles que ha mantenido que las resoluciones que tome el Tribunal Supremo hay que respetarlas y acatarlas.

Y ha recordado que "la ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto". "El fiscal general del Estado en su regulación no tiene un supuesto especial ni de renuncia ni de dimisión en estos casos y, por tanto, dejemos que el procedimiento judicial sigue su trámite, que ni siquiera ha habido un juicio oral, y que sea el fiscal general el que tome la decisión que él considere más oportuna de cara a velar por la institución", ha indicado.

Por ello ha pedido al PP "que deje trabajar tranquilamente al Tribunal Supremo" y le ha reprochado que "aproveche todo para ir contra el Gobierno". Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también se ha referido este miércoles, a preguntas de los periodistas, al auto del Supremo conocido ayer y ha pedido "no poner al mismo nivel a quien persigue al delito que a un presunto defraudador fiscal".

Ha hecho referencia a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para el que, ha enfatizado, la Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel por unos hechos que, en su opinión, revisten una especial gravedad porque, "cuando se atenta contra la hacienda pública, se atenta contra todos".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado más de 54.000 contenidos racistas en redes sociales durante el mes de junio, una cifra que consolida "una tendencia alarmante" con un discurso "más agresivo y sofisticado", mientras aumentan especialmente los discursos de odio contra personas del norte de África.

Según los datos del último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y recoge EFE, dependiente del Ministerio, que monitoriza el discurso de odio en redes sociales, durante el pasado mes de junio se detectaron más de 54.000 contenidos con discurso de odio, una cifra que refleja una tendencia "preocupante" en el entorno digital en el primer semestre de 2025.

Según el departamento que dirige Elma Saiz, en los últimos meses, el discurso de odio en redes sociales no solo ha aumentado en volumen, sino que se ha vuelto "más agresivo y sofisticado" en su forma de difusión.

Entre los datos más alarmantes, destaca el aumento de 12 puntos porcentuales en los mensajes de odio dirigidos a personas del norte de África, que pasan del 69% en mayo al 81% en junio. Esta oleada de hostilidad coincide con eventos como los disturbios tras la final de la Champions League o la detención de un agente en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la muerte de un ciudadano magrebí.

El informe revela, además, que el 56% de los contenidos detectados recurren a la deshumanización, mientras que un 22 % asocia falsamente a los grupos diana con la inseguridad ciudadana y un 14 % incita directamente a su expulsión. Otro dato destacado del informe apunta a que el 95% de los mensajes hostiles están dirigidos a hombres migrantes. También se ha detectado un uso mayoritario de lenguaje explícitamente agresivo (89%) y la presencia de códigos, emojis o expresiones indirectas para sortear los filtros de moderación.

No obstante, solo el 29% de los mensajes reportados fueron eliminados por las plataformas, con grandes diferencias entre ellas: TikTok retiró el 92% de los mensajes notificados, Facebook el 40%, Instagram el 23%, pero YouTube apenas retiró un 5% y X un 9%.

En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado la necesidad de una colaboración más activa por parte de las plataformas digitales. "La respuesta no puede depender del azar ni de la buena voluntad puntual: es imprescindible que todas las plataformas asuman su responsabilidad frente a una amenaza real y creciente para la cohesión social", ha indicado.

En lo que va de 2025, los ataques se han concentrado de forma reiterada en un único grupo diana: las personas del norte de África. Este colectivo ha pasado de ser objetivo del 57% de los mensajes de odio en marzo al 81% en junio, convirtiéndose en el principal blanco de la hostilidad digital.

El tipo de mensajes también se ha estabilizado en torno a patrones preocupantes: más de la mitad recurre sistemáticamente a la deshumanización de los colectivos migrantes, y uno de cada cinco los presenta como una amenaza para la ciudadanía. En cambio, en los últimos meses se ha reducido la presencia de mensajes hostiles dirigidos a menores no acompañados o a personas musulmanas.

El número total de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se situó en 3.070.831 de media, superando así por primera vez la barrera de los 3 millones tras sumar 73.524 empleos en el mes de mayo, según informa EFE. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan el 14,1% del total de ocupados y en el último año han sumado 187.864 nuevos afiliados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en una nota que "la afiliación de extranjeros muestra también los buenos síntomas que vemos en el conjunto del mercado de trabajo", con una temporalidad en mínimos históricos y su avance en sectores de alto valor añadido. De vuelta a los datos, algo menos de un tercio de los afiliados foráneos proviene de la Unión Europea (953.509) y el resto (2.117.322), de países extracomunitarios.

Marruecos encabeza la lista de países de mayor procedencia de afiliados, con 383.377 trabajadores, seguido de Rumanía, con 350.487 afiliados, y Colombia, con 236.442 trabajadores. En total, el 56,5% son hombres (1,7 millones) y el 43,5% restante son mujeres (1,3 millones), y en total suponen el 41% del empleo creado en los últimos tres años.

Un 84% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General de la Seguridad Social, alcanzando los 2.580.639 trabajadores. El Ministerio destaca también la cifra récord en el número de trabajadores autónomos foráneos que se alcanzó en mayo con 484.062 afiliados, un 6,5% más en la tasa interanual.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece los criterios y el procedimiento para determinar los supuestos en los que se pueden aplicar coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en actividades especialmente penosas o peligrosas, recoge EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Inclusión, Elma Saiz, "hay trabajos de especial dureza, otros que se hacen duros en los últimos años de vida laboral, con mayor siniestralidad o con más accidentes de trabajo o enfermedades profesionales asociadas".

En este Decreto, fruto del acuerdo con los agentes sociales, "aprobamos el procedimiento para establecer cuáles son esas ocupaciones (...) que pueden beneficiarse del anticipo de la edad de jubilación".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida que "nos acerca a las aprobadas ya en otros países vecinos como Francia, Austria o Italia".

La norma establece los criterios, basados en indicadores objetivos, para que trabajadores en ocupaciones excepcionalmente penosas, peligrosas o insalubres y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad puedan anticipar la edad de jubilación ordinaria, siempre que no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo.

En concreto, dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentra la exposición a temperaturas, ruido o vibraciones extremas; el uso permanente de la fuerza física; o la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

En cuanto a la toxicidad, afectará a trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos; mientras que la peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos. 

Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes se ha establecido una fórmula basada en indicadores objetivos.

Con todo ello, la Seguridad Social elaborará un informe en el que se tendrá en cuenta también las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica. 

Las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y administraciones públicas serán las encargadas de solicitar estas condiciones especiales para un colectivo en concreto, a lo se sumarán informes de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo, y una comisión de evaluación decidirá si se dan las condiciones para la aplicación de coeficientes reductores.

Estos coeficientes sólo podrán aplicarse a trabajadores de al menos 52 años y conllevarán una sobrecotización, es decir, un tipo adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora, que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,8% en 2025, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (2,4%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene. Esta es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como recoge en el último bloque de la reforma de las pensiones consultado por EFE.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.481 euros mensuales en 2025, lo que supone un incremento anual de 565 euros o de 41 euros mensuales. Este aumento beneficia a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre. Por ello, la cifra se confirmará el 13 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en una nota que esta medida "es una garantía de tranquilidad" y ha defendido que la subida de la pensión es "justicia social".

La reforma también estableció que la cuantía máxima de la pensión inicial contributiva se actualizará cada año de acuerdo con la inflación con un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. Esto hace que la máxima suba el año que viene el 2,91%, hasta superar los 3.267 euros mensuales.

Hasta 2011, año en que se congelaron todas las pensiones menos las mínimas y no contributivas, las pensiones se revalorizaban cada año conforme a la inflación prevista y luego se abonaba una paga compensatoria si el índice de precios de consumo (IPC) de noviembre era mayor a la subida fijada. En 2013 se estableció un mecanismo de revalorización ligado a la situación financiera de la Seguridad Social, que establecía una subida mínima del 0,25% mientras estuviera en déficit.

Cinco años después, en 2018, se derogó de facto ese mecanismo con la recuperación de la denominada "paguilla" que se calculó con la media de las tasas interanuales del IPC de los últimos doce meses, en lugar de con el IPC de noviembre como era tradicional.

La fórmula se recuperó legalmente en la reforma de las pensiones de 2021, después de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recomendara volver a ligar las pensiones al IPC.

La reforma del reglamento de la ley de extranjería aprobada este martes por el Gobierno, y que este miércoles publica el BOE, reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, proceso del que podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos tres años, según recoge EFE.

La principal novedad es que homogeneiza las figuras de arraigo, el mecanismo existente para que los extranjeros que viven en España puedan regularizar su situación administrativa, y reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ellas.

También aclara la incompatibilidad entre la solicitud de protección internacional y la regularización por arraigo, mejora la reagrupación familiar, establece que todos los visados tengan una duración inicial de un año, refuerza la protección para los trabajadores de temporada y facilita la transición del permiso de estudios al de trabajo.

A continuación, algunas de las claves de esta reforma integral del texto, vigente desde hace 13 años, que entrará en vigor en forma de real decreto el 20 de mayo del 2025, según ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en RNE recogida por EFE.

Una de las novedades más reseñables es la reconfiguración de las figuras de arraigo, que quedan de la siguiente forma:

Otra de las novedades del nuevo texto es que establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo, como ha dictaminado recientemente el Tribunal Supremo y sostiene también la legislación europea.

Como vía transitoria, durante un año, el Gobierno reducirá de dos años a seis meses el tiempo de residencia mínimo en España exigido para que los solicitantes de asilo que tengan una petición denegada en firme puedan acceder a las diferentes figuras de arraigo, siempre que cumplan los diferentes requisitos.

Se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles y se amplía su cobertura.

Entre las novedades, extiende la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, incluye otras realidades como las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga y se facilita la reagrupación de los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género.

El nuevo reglamento crea un título específico para los visados y establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro.

Esto servirá para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida, algo que también se ha querido evitar al simplificar los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra: por ejemplo, no será necesario abandonar el país para obtener la residencia de larga duración después de una temporal. La modificación también extiende el visado para la búsqueda de empleo de tres meses a un año.

Se crea una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada que facilita la contratación individual y colectiva y mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que estos deberán tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan de sus condiciones laborales, de estancia y otros gastos.

El nuevo texto mejora sus condiciones de habitabilidad y su seguridad desde que sale del país hasta que su alta en la Seguridad Social y se incluye la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso u otras causas que hayan impedido desarrollar la relación laboral, como una plaga en la cosecha.

En cuanto a la formación, las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.

Además, mientras estudian, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del reglamento de la ley de extranjería que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, del que podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos tres años, según informa EFE.

Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha detallado los principales cambios de la que ha calificado como "la reforma más integral y ambiciosa" de este texto desde que entró en vigor, hace 13 años.

Entre sus novedades, esta modificación reduce el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a las figuras de arraigo de tres a dos años, establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, incorpora mecanismos de protección para los trabajadores migrantes de temporada y refuerza la reagrupación familiar.