Las operaciones sospechosas realizadas por Avalmadrid durante una década se debatirán, finalmente, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Contra todo pronóstico, la comisión de investigación puesta en marcha hace más de un año en la Cámara regional ha dado luz verde este martes a un dictamen que se construirá sobre los textos que tanto Ciudadanos como Vox pusieron sobre la mesa del órgano parlamentario. El visto bueno ha sido posible gracias al respaldo que ambos documentos han recibido de PSOE, Más Madrid y Podemos. Desde las tres formaciones explican que este movimiento era necesario para evitar que la comisión se cerrara en falso después de meses y meses de trabajo. "Su estrategia pasaba por que cada grupo votase a su propio texto y rechazase los del resto, de forma que ninguno fuera finalmente a Pleno. Por eso, hemos decidido votar a favor de los suyos e incluir el nuestro luego como voto particular", explican las fuentes consultadas. De esta manera, el caso Avalmadrid llegará al hemiciclo con textos en los que, entre otras cosas, se concluye que hubo "un trato personalizado y preferente" en la concesión en 2011 de un préstamo a una empresa de la que eran accionistas los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

De los dos textos que irán al Pleno, el más contundente es el puesto sobre la mesa por la extrema derecha. Un documento de algo más de una docena de páginas en el que, entre otras cuestiones, pone la lupa sobre los 400.000 euros que la entidad semipública puso a disposición de MC Infortécnica, una firma de material sanitario de la que eran propietarios cuatro matrimonios, uno de ellos el de Leonardo Díaz e Isabel Ayuso, entonces padres de quien ya había trabajado como asesora para Esperanza Aguirre y llevaba cuestiones de comunicación dentro del PP de Madrid. Un préstamo que nunca se recuperó por completo y que se concedió a pesar de algunas cautelas expresadas en su momento por el analista de riesgos. "Las irregularidades detectadas en la concesión y seguimiento del aval revela, en el mejor de los casos, un trato personalizado y preferente", dice el texto de Vox en sus conclusiones en relación con esta operación, de la que infoLibre estuvo desvelando todos los detalles en el verano de 2019.

Sobre este caso concreto, el documento también remarca que se produjo una "gestión negligente" en el "seguimiento y recobro" del préstamo concedido. De hecho, señala que la "falta de diligencia" por parte de los servicios de recobro favoreció que "los deudores eludieran la responsabilidad patrimonial". Efectivamente, en junio de 2019 quedaban unos 270.000 euros pendientes de recuperar, una cantidad que ahora será mayor debido a los intereses de demora. A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 14 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. Sin embargo, a pesar de los impagos, la entidad nunca impulsó un embargo contra estos bienes. Una pasividad que permitió a los propietarios deshacerse de buena parte de ellos a través de donaciones o ventas prohibidas por ley entre octubre de 2011 y julio de 2012. Es decir, inmediatamente después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y no devolvería el dinero.

Esta parte del texto de Vox viene a completar el agujero que sobre esta operación en concreto existe en el texto de Ciudadanos, el socio de gobierno de Díaz Ayuso. En su dictamen, la formación naranja se limita a mencionar de pasada el asunto y a recordar que el caso no ha tenido recorrido judicial. "El Grupo Más Madrid presentó escrito y documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad el pasado 11 de septiembre de 2019 para denunciar unos hechos ocurridos en 2011 que, a su juicio, podían ser constitutivos de delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019, la Fiscalía dictó decreto por el que acordó archivar la denuncia al entender que de los hechos denunciados no se puede concluir que existan indicios de delito", recoge el documento.

De hecho, el texto de Ciudadanos se escuda en las resoluciones judiciales para no entrar a valorar algunos aspectos relacionados con la entidad semipública, señalada por el Banco de España tras detectar 167 operaciones dudosas por un importe que superaba los 80 millones de euros. Ocurre, por ejemplo, cuando hace mención a un "potencial conflicto de interés" en los préstamos relacionados con Grupo Marsans o Grupo Cantoblanco, concedidos mientras tanto Gerardo Díaz Ferrán como Arturo Fernández, respectivamente, formaban parte del Consejo de Administración de Avalmadrid. "Desde la comisión respetamos las decisiones de la Fiscalía porque lo contrario supondría cuestionar nuestro Estado de Derecho. De modo que, dado que en ambos casos la Fiscalía archivó la denuncia, no debe ser objeto de una consideración posterior por nuestra parte", recogen los naranjas.

Con mayor dureza se expresan, sin embargo, desde Vox en sus conclusiones. Así, por ejemplo, señalan que la entidad semipública ha sido utilizada "como una herramienta de salvamento y socorro" de empresas y empresarios "vinculados con los socios protectores", que ha habido "un injerencia directa" por parte de cargos políticos de la Comunidad de Madrid "para influir en los criterios técnicos de concesión de avales" y que la dirección y administración de la empresa "ha autorizado recurrentemente" operaciones de aval en contra del criterio de los analistas de riesgo. "Haciendo incurrir a la compañía en pérdidas y consumiendo fondos públicos provenientes de la Comunidad de Madrid para restaurar su equilibrio financiero", apunta la extrema derecha en su escrito.

Voto particular de la oposición

Desde la oposición explican que han decidido votar a favor de los dos textos para evitar que la comisión de investigación se cerrase definitivamente sin un dictamen que enviar al hemiciclo. "Ellos querían que cada grupo votase su propio texto y rechazase los otros, de forma que ninguno saliese adelante", explican desde PSOE, Más Madrid y Podemos. Por eso, han dado respaldo a ambos documentos e incluir como voto particular en el dictamen el texto que los tres grupos pusieron sobre la mesa de la comisión de investigación. De esta manera, además de evitar que el tema se muera en el órgano parlamentario, obligan a ambas formaciones a retratarse una vez que el asunto se aborde en el Pleno. "Habrá que ver si estos dos grupos votan en contra de sus propios textos", señalan las fuentes pulsadas. 

Las tres formaciones de la oposición pusieron sobre la mesa un texto conjunto que carga con dureza contra la actuación de Ayuso en relación con el aval concedido a MC Infortécnica. "Consideramos grave la intervención de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ante diferentes cargos en Avalmadrid en defensa de los intereses de su familia, inclusive tras haber accedido al acta de diputada autonómica", recoge su propuesta de dictamen, que considera también que la entidad semipública "no realizó una correcta valoración de los riesgos" a la hora de conceder y aprobar los avales para la firma de material sanitario. Además, los tres grupos políticos califican como "extremadamente grave" que los recursos humanos y materiales de Avalmadrid "se pusieran a disposición" de la propia Ayuso "con el objetivo de suministrarle información confidencial" con la "intercesión" de Eva Piera Rojo, quien fuera miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid y viceconsejera de Economía del Gobierno madrileño.

Del mismo modo, califican de "extremadamente grave" que la presidenta "actuara en conjunto a diversos cargos" de la entidad semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital, "para traspasar los bienes de sus padres en favor de terceros, incluida ella misma, con el objeto de no cumplir con las obligaciones adquiridas". En el caso de Ayuso, se refieren a la vivienda de 90 metros cuadrados que recibió como donación por parte de sus padres justo dos meses antes de que MC Infortécnica incumpliese su obligación de devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses.

La oposición considera que en el proceso de recuperación de la deuda de MC Infortécnica se han producido "una gran cantidad de irregularidades que demuestran una evidente dejación de funciones por parte de diversos órganos de la empresa". "La falta de diligencia y vigilancia ha generado un importante perjuicio económico que pudiera haberse evitado simplemente con un cumplimiento estricto de los protocolos de recuperación de deudas establecido por la entidad", concluyen las tres formaciones al respecto. De hecho, en junio de 2019 la cantidad que estaba pendiente de recuperar ascendía a 270.000 euros, una cifra que con el paso del tiempo continúa incrementándose debido a los intereses de demora. Avalmadrid mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los avalistas morosos del caso Ayuso.

Pero esta operación no era la única que se encontraba bajo la lupa de la comisión de investigación. Durante años, la entidad semipública financió a empresas en situación de quiebra –el Banco de España llegó a señalar más de un centenar de operaciones por más de 80 millones de euros–, algunas de ellas propiedad de empresarios vinculados al PP o con participación directa dentro de Avalmadrid. De hecho, los tres grupos hacen mucho hincapié en la declaración que el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado por su participación en la Gürtel, quien durante su comparecencia telemática ante la comisión aseguró que algunos de estos avales se concedieron por orden de la expresidenta regional Esperanza Aguirre. "La aportación es determinante para concluir que el propósito de la Comisión de Investigación queda confirmado. Avalmadrid se utilizó por parte del PP de Madrid", recoge el dictamen.

“No me enteré de nada de esa operación, no tuve conocimiento entonces ni la tengo ahora. No revisé el informe de análisis”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos-Suárez, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo, no asistía a los dos últimos, y desconocía por completo la concesión del aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También respondió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera que le “extrañaba” que su nombre figurara en los documentos que dan fe de las reuniones de los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.

En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso infoLibre, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de Fernández-Rubíes, Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Borja Cubillo (director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.

La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, en la comisión de la Asamblea de Madrid.

Al igual que Eva Piera poco antes, Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”. Tampoco conocía ni conoce a Díaz Ayuso. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto: integraba el patrimonio de los avalistas –los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que sería relevante si Avalmadrid lo hubiera sabido. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.

De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico, Avalmadrid lleva siete años incumpliendo los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido embargar una nave en Sotillos de la Adrada (Ávila). Mientras, los avalistas donaron a familiares o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.

El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval: comprar unos equipos para acudir a un concurso del Servicio Vasco de Salud. También ignora la información que Carlos Ramos proporcionó a Isabel Díaz Ayuso tras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía Eva Piera Rojo. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era su “principal apoyo”. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

Santos-Suárez negó después que conozca a Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedió ocho avales por importe total de 3,3 millones de euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero en el expediente del Banco de Españael expediente del Banco de España y después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación de una querella ante la Fiscalía que fue archivada al considerar el posible delito prescrito.

El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino a una pyme del grupo que no tenía problemas. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.

Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.

Pero a quien apenas recordaba tampoco era a Fernando Cañellas, fundador de Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió su cartera de fallidos en junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de una operación “no muy importante”. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2018 que advertía de una posible duplicidad de pagos a Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.

“Las cartas no me influyeron nada”

En la misma desmemoria han caído también las cartas que Antonio Beteta y el propio Arturo Fernández le remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas se habían incluido en los respectivos expedientes. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.

De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez que hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontraba en riesgo de disolución en 2010 si no se aportaban 10 millones de euros al capital. El expresidente sí admitió que ese año había bajado la solvencia “rápidamente y de forma extraña” hasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a un “error informático” que “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como un problema “con un paréntesis antes o después de una cifra”. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia al convenio que Avalmadrid firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.

Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemos Isabel Serra utilizó el matiz para reclamar que acudan a comparecer a la comisión los presidentes madrileños desde 2008, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos.

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Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.

Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”. Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.

Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.

A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.

Los diputados le preguntaron igulamente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió. 

Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.

Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.

La culpa fue de la Gran Recesión

Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.

La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.

Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.

“Buenos días. Creo que esta es toda la información que tenemos pendiente de enviar; te cuento el contenido de los archivos adjuntos”. Así comenzaba el mensaje de correo electrónico que envió a Avalmadrid el director financiero de MC Infortécnica SL, Manuel Pérez, a las 9:20 horas del 31 de enero de 2011, y al que ha tenido acceso infoLibre. La empresa, propiedad en un 25% de los padres de Isabel Díaz Ayuso, quería que Avalmadrid le afianzase un préstamo de 400.000 euros. Y los archivos adjuntos eran un total de 13, que contenían una abundante documentación: desde cuentas de empresas del grupo al impuesto de sociedades abonado el ejercicio anterior pasando por los contratos con tres proveedores extranjeros o la síntesis del proyecto presentado a Avalmadrid.

Pues bien, Avalmadrid no dedicó ni 48 horas a analizar esa ingente documentación. En la mañana del 2 de febrero de 2011, el Comité Directivo de la sociedad de garantías aprobó la operación con MC Infortécnica SL. Ese Comité lo presidía José Manuel Santos-Suárez Márquez, que será uno de los cuatro comparecientes que este martes inaugurará la comisión de investigación sobre Avalmadrid creada en la Asamblea autonómica. 

MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro del dinero recibido. Y aunque el préstamo estaba avalado de forma solidaria por los ocho accionistas de la compañía, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña, Avalmadrid no actuó nunca contra ellos. Ello a pesar de que el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías, en sendas reuniones celebradas el 2 de abril y el 16 de noviembre de 2012, acordó la "ejecución dineraria" de los avalistas morosos. Esas reuniones del Comité de Morosidad también estuvieron presididas por Santos-Suárez. Ahí no terminó la cosa: como desveló infoLibre, Avalmadrid permitió además que los avalistas se desprendieran de todos sus bienes inmuebles, mediante donaciones y ventas, para evitar que fuesen embargados por la sociedad de garantías.

Una de las operaciones tuvo como beneficiaria a Isabel Díaz Ayuso, que se apropió así de un piso en el centro de Madrid que le donaron sus padres. La Fiscalía Anticorrupción entendió que la presidenta madrileña no había cometido un delito de alzamiento de bienes y, el 13 de noviembre, archivó sin investigar la denuncia que había presentado Más Madrid. Lo hizo mediante un escrito firmado por la teniente fiscal, Belén Suárez Pantín, en el que tergiversa la jurisprudencia del Supremo sobre el alzamiento y miente al describir las fechas en las que Ayuso envió una serie de correos a un directivo de Avalmadrid para interesarse por el préstamo.

  "La información que tenemos pendiente de enviar"

En el correo que envía a Avalmadrid el 31 de enero de 2011, el director financiero de MC Infortécnica SL detalla brevemente a su interlocutora el contenido de los 13 archivos que le adjunta. A continuación, se reproduce el contenido literal de las explicaciones de Manuel Pérez y se explica el contenido de cada uno de esos 13 archivos.

Efectivamente, se trata de dos documentos en formato Pdf. en los que se explican las características de una consola modular médica para la visualización en quirófano y de un ordenador, productos comercializados por MC Infortécnica SL.

Como indica Manuel Pérez, se trata de los contratos firmados por MC Infortécnica SL con tres proveedores extranjeros: la compañía alemana Esinomed GmbH, la holandesa Advantech Europe BV y la norteamericana Rubbermaid Medical Solutions.

La empresa de los padres de Ayuso, cuando solicitó el apoyo de Avalmadrid, explicó que necesitaba el dinero para cumplir con una adjudicación que había recibido del Servicio Vasco de Salud. La financiación se destinaría a comprar material a esos tres proveedores extranjeros, para suministrarlo posteriormente a los hospitales vascos. infoLibre descubrió que esa presunta adjudicación nunca se llevó a cabo: en 2011 el Servicio Vasco de Salud pagó a MC Infortécnica SL 703 euros y en los años siguientes, nada. 

Hay que señalar que Avalmadrid aprobó la operación con la condición expresa de que "la disposición de la póliza [de 400.000 euros] quedará limitada al pago de los proveedores" indicados. Pero luego jamás se preocupó por exigir a la empresa de los padres de Ayuso que probase que el dinero se había dedicado realmente a ese fin.

Los tres contratos los firmó por parte de MC Infortécnica SL otro de sus socios, Juan Carlos Herrero Casasola, en enero de 2008 (con Esinomed), enero de 2010 (con Rubbermaid) y febrero de 2010 (con Advantech). 

Se trata de tres archivos Excel con la información financiera de la matriz del grupo. MC Infortécnica SL era la más importante de ocho filiales, todas ellas controladas directa o indirectamente por la matriz: Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL. A su vez, las acciones de esta sociedad pertenecían a partes iguales a cuatro matrimonios, uno de ellos el formado por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Cristina Ayuso Puente.

Es un archivo en formato Excel con los datos económicos de la empresa que solicitaba el aval para el préstamo de 400.000 euros.

Para tratarse de una solicitud de afianzamiento de 400.000 euros, no se puede decir que los gestores de MC Infortécnica SL se esmerasen especialmente. La síntesis del proyecto tiene 8 líneas, en las que se afirma literalmente lo siguiente [la puntuación y acentuación corresponde al original]: "Cada vez más la red hospitalaria necesita actualizarse a nivel informático. Para poder gestionar necesitamos información y posibilidades de obtenerla. Todos los hospitales están retirando las placas de “rayos X” con lo que es necesario visualizar las pruebas en pantallas de alta definición; además los ordenadores de uso hospitalario tienen que ser de grado médico (permiten limpieza esterilización y libres de ángulos de difícil acceso). Por esta razón los hospitales tienen que adquirir hardware informático; MC Infortecnica soluciona estas necesidades con tres proveedores".

En definitiva, la "síntesis del proyecto" es ciertamente sintética, pero lo que no se puede decir es que sea la descripción de ningún "proyecto". Simplemente se afirma que MC Infortécnica SL "soluciona" determinadas "necesidades" de los hospitales gracias al material que distribuye en España tras adquirirlo a tres proveedores extranjeros.

Es un Pdf. de tres folios con una relación de "ventas de pedidos confirmados". Los más antiguos tienen tres años, pero la mayoría son de los meses anteriores a la elaboración del documento. La suma total de pedidos presuntamente confirmados asciende a 1,2 millones de euros. Entre ellos también se incluyen los realizados por filiales del grupo. 

Se trata de una copia del Modelo 200 del Impuesto de Sociedades presentado en la Agencia Tributaria por la matriz, Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, correspondiente al año 2009. Aquel año, la compañía abonó 1.104 euros en la liquidación anual del Impuesto de Sociedades.

Es un documento Excel donde constan todos los préstamos y líneas de crédito que tienen tres compañías del grupo: MC Infortécnica SL, Sistemas y Fabricación SL y Hamilton Medical España SL. Llaman especialmente la atención los datos de MC Infortécnica SL, con créditos concedidos por importe de 1,38 millones de euros.

  A toda prisa

El correo electrónico con los 13 archivos, y las explicaciones que se acaban de reproducir, le llegó a la gestora de clientes de Avalmadrid que estaba en contacto con Manuel Pérez a las 9:20 horas del lunes 31 de enero. Una hora después, dicha gestora reenvió toda la documentación a Christian de la Torre González, que era el analista de riesgos encargado de la operación con MC Infortécnica SL. De la Torre, por su parte, abrió el correo a las 12:05 horas de aquel día.

Cinco días antes, el miércoles 26 de enero, Manuel Pérez había mantenido una reunión física con diversos empleados de Avalmadrid. Allí se había comprometido a enviar la información requerida por la sociedad de garantías. Pero tuvieron que recordárselo desde Avalmadrid. El viernes 28 de enero, a las 14:59 horas, la gestora que estaba en contacto con Pérez le escribió otro correo, con el siguiente contenido:

Finalmente, Manuel Pérez envió la documentación el día 31 de enero. Si tenemos en cuenta que el Comité Directivo se reunió en la mañana del 2 de febrero, y que el analista no recibió en su buzón de correo la documentación hasta el 31 de enero a las 12:05 horas, resulta que tuvo menos de 48 horas para analizar toda esa documentación clave de la empresa, plantear las posibles dudas surgidas tras ese análisis e informar al Comité Directivo.

El 2 de febrero, a las 16:14 horas, la gestora de Avalmadrid llamó a Manuel Pérez. Tenía buenas noticias. Como no lo pudo localizar, le escribió un correo:

El Comité Directivo de Avalmadrid que aprobó esa operación estaba formado por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, que lo presidía; Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo, entonces consejero delegado; Alejandro Gómez Vivas, director de Operaciones; Borja Cubillo Santamaría, director comercial, y Antonio Chorro García, director de Riesgos. Todos ellos pueden tener que declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, puesto que sus comparecencias ya han sido aprobadas por la Mesa. Con una excepción: Borja Cubillo Santamaría, ahora directivo del Club de Campo de Madrid, cuya comparecencia solicitaron PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, pero que fue vetada por PP y Ciudadanos.

En realidad, la empresa a la que se le concedió el crédito estaba en situación de práctica quiebra. La escritura de formalización del préstamo se firmó el 15 de marzo de 2011 y tenía que devolver el dinero en tres años. El primer pago era el 15 de diciembre de aquel 2011. No devolvió nada. Y para entonces ya había despedido a la práctica totalidad de la plantilla.

El procedimiento exprés de Avalmadrid para entregar los 400.000 euros a la sociedad de los padres de Ayuso se transformó en una paciencia infinita a la hora de reclamar el dinero impagado. Este domingo se cumplieron ocho años del primer impago y Avalmadrid sigue sin actuar contra los avalistas solidarios del préstamo. Quienes ya han pagado parte del préstamo son los contribuyentes madrileños: la Comunidad de Madrid reavaló un 25% de la operación y en 2016 tuvo que abonar 102.030 euros del crédito fallido.

Éstos son los comparecientes cuyos testimonios ni el PP ni Ciudadanos, actualmente en el Gobierno autonómico, quieren que se escuchen en la Cámara madrileña.

  CARGOS POLÍTICOS

1. Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el pasado 19 de agosto. A principios de 2011 hizo gestiones para averiguar “con qué persona había que hablar” a fin de conseguir que Avalmadrid concediera un aval a la empresa de la que eran socios sus padres. Para ello usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre y contactó con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres e información confidencial sobre otras compañías. Este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entonces ocupada por Esperanza Aguirre.

Además, Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito: alzamiento de bienes. Sus padres le donaron el inmueble pese a que era una de los inmuebles que figuraban en la lista aportada a Avalmadrid por los socios de MC Infortécnica para demostrar su solvencia patrimonial, cuando solicitaron el crédito-aval de 400.000 euros.

2. Esperanza Aguirre 

Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, cuando se cometieron las irregularidades que investigará la comisión. La Comunidad de Madrid posee en la actualidad el 26,1% de Avalmadrid, cifra que llegó a superar el 30% en algunos años del periodo investigado. Como accionista mayoritario, nombra al presidente de la sociedad de garantía recíproca y a dos vocales del consejo de administración. A lo largo de los años, estos cargos han recaído en viceconsejeros de Economía y Empleo, y directores generales de esos departamentos.  

3. Ignacio González 

Presidente de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2012 hasta junio de 2015. Durante todos esos años Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Los préstamos que otorga la entidad semipública están reavalados por Cersa, una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantías que hay en España, y por la Comunidad de Madrid. En 2012 el Banco de España hizo una primera inspección a Avalmadrid, que terminó con tres requerimientos que la entidad no ejecutó.  

4. Cristina Cifuentes

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015 hasta abril de 2018. Entre 2016 y 2017 el Banco de España sometió a Avalmadrid a una segunda inspección, en la que constató que la entidad no había cumplido dos de los tres requerimientos de su primer examen y que dio pie a la apertura de un expediente. Mientras Cifuentes presidía el Gobierno madrileño, MC Infortécnica SL seguía sin devolver el importe del aval concedido.  

5. Ángel Garrido García

Presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta abril de 2019. El Banco de España presentó su informe sobre Avalmadrid en enero de 2019: ha encontrado anomalías en 167 avales. La entidad encarga un informe a la consultora Forest Partners para que estudie esas operaciones, lo que se traduce en una denuncia ante la Fiscalía que termina archivada por haber prescrito los posibles delitos.

6. Pedro Rollán

Presidente de la Comunidad de Madrid desde abril hasta agosto de 2019. El mes anterior estalló el caso Ayuso.  

7. Ignacio Aguado Crespo

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de agosto. La cabeza visible de Ciudadanos en el Gobierno de Díaz Ayuso. Tras declarar que “la sombra de corrupción” en Avalmadrid es “tan grande que habría que cerrarla” y que es necesario llegar “hasta el final del asunto”, ha prometido impedir cualquier iniciativa que pretenda “sacar tajada y atacar personalmente” a Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, Ciudadanos ha rechazado la comparecencia de la presidenta madrileña y de los socios de sus padres en la empresa MC Infortécnica SL. Aguado es quien ha nombrado al consejero de Economía, Manuel Giménez, y éste, a su vez, al nuevo presidente de Avalmadrid, Isaac Martín.

  MC INFORTÉCNICA SL

8 a 12. Juan Carlos Herrero Casasola, José Luis Marcelino Santamaría,

     Victoria Suñer Cordero, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo López-Cancio

MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos que consiguió en 2011 un aval de 400.000 euros que nunca fueron devueltos tenía como accionistas a cuatro matrimonios, entre ellos Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la presidenta madrileña.

Cuando lo solicitaron, estos cuatro matrimonios justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

Siete de estos 14 inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley, lo que el Código Penal califica de alzamiento de bienes. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Las transmisiones de bienes se prolongaron desde 2011 hasta 2016.

PP y Ciudadanos no quieren que en la Asamblea se escuche el testimonio de los dos administradores de la empresa –Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría– y de tres avalistas del aval –Victoria Suñer, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo–. Otros dos administradores han fallecido –Leonardo Díaz Álvarez y Juan Manuel Pitarch Divar –. La octava socia y avalista es la madre de Ayuso, a la que ningún grupo ha querido citar de momento como compareciente precisamente para evitar que la presidenta madrileña continúe escudándose en su familia para no dar explicaciones sobre el escándalo.

13. Manuel Pérez Campos 

Director financiero del Grupo MC Infortécnica SL de 2010 a 2012, cuando la empresa pidió el aval. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, fue Manuel Pérez quien facilitó a Avalmadrid la documentación necesaria a fin de cerrar la operación: cartera de pedidos, contratos, escrituras…

  DIRECTIVOS, CONSEJEROS y subcontratistas DE AVALMADRID

14. Sandra Coego Benavides

Gestora comercial de Avalmadrid. Empezó a gestionar la documentación necesaria para que MC Infortécnica SL solicitara el aval de 400.000 euros que luego no devolvió. Era quien estaba en contacto con el director financiero de la empresa de suministros médicos para reclamar y recibir la información necesaria.

15. Ana Suárez Rotellar

En la actualidad es la directora de Comunicación de Avalmadrid, pero cuando MC Infortécnica solicitó el préstamo estuvo en contacto con el director financiero de MC Infortécnica SL, Manuel Pérez Campo. Es sobrina del expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y octubre de 2015, José María Rotellar, quien también ejerció como viceconsejero de Hacienda.

16. Fernando Cañellas de Colmenares

Presidente de Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid contrató la recuperación de determinados expedientes fallidos. Cobralia no fue muy diligente a la hora de cobrar el aval impagado de MC Infortécnica SL. Avalmadrid no se dio ninguna prisa para actuar y, cuando decidió hacerlo, sólo proporcionó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de los dos procedimientos aprobados. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto, Cobralia lo entregó en el juzgado equivocado. Y en dos años nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid no respondió.

Además, un informe encargado por la propiedad sociedad de garantías y elaborado por PwC desveló la existencia de dos contratos, uno con Cobralia y otro con su presidente, Fernando Cañellas, que pueden haber resultado en el pago duplicado de honorarios a ambos por un mismo servicio: el cobro de fallidos.

17. María Fajardo Lubián

Directora de Recuperaciones de Racmo Gestión España, la empresa que el pasado mes de junio sustituyó a Cobralia en la recuperación de impagados. A Racmo, presidida por Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80, Avalmadrid le encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia.

18. Borja Cubillo Santamaría

Director comercial de Avalmadrid entre septiembre de 2008 y julio de 2014.

19. Daniel Jiménez

Responsable de Sistemas de Avalmadrid.

20. Rafael Severino

Apoderado de Avalmadrid.

21. Claudia Alonso Rodríguez

La procuradora que representaba a Avalmadrid en los procedimientos judiciales a los que tuvo que hacer frente.

  SOCIOS DE LAS EMPRESAS SUPUESTAMENTE favorecidas

22 a 25. Isaac y Moisés Amselemn Eibaz, Ignacio Buqueras y Bach, Rosario Pérez González

Socios del Grupo Nupcial Novíssima, una de las empresas vinculadas a los consejeros de Avalmadrid que recibió un aval. A esta firma fueron dos los concedidos, por importe de 955.000 y 700.000 euros, para financiar su plan de expansión. No pudo devolverlos. Según el informe elaborado por la consultora Forest Partners, la tramitación de estos avales se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM) hubiera tomado una participación en Nupcial Novíssima, donde invirtió tres millones de euros. En aquel momento, el consejero de Avalmadrid Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño era también director general de CRM, por lo que figuraba como apoderado de la firma textil.

26 a 29. Casto Benito Moreno, Ildefonso Hernando Polo, María Luis Pérez Barroso, Marta Martínez Fernández

Socios de Casbar, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos. Marta Martínez Fernández, por su parte, era socia de Signo Once SL que a su vez era accionista de Casbar. También se le otorgaron dos avales. El primero, de 565.394 euros, y el segundo, de 269.600 euros. Ambas operaciones dejaron un saldo final fallido de 257.941 euros. También estaba relacionada con un consejero de Avalmadrid: José Miguel Guerrero Sedano, vocal de la Cámara de Comercio madrileña, era al mismo tiempo el principal accionista de Casbar, con el 22,52% del capital, y miembro del consejo de administración de la firma con el cargo de presidente, según consta en el informe de Forest Partners.

30 a 33. Cándido y María Cerón Lozano, Fernando Mano de Piniés Canthal, Sonia Torrubiano Gómez

Socios de Vipventa, en el caso de Sonia Torrubiano Gómez a través de la sociedad Cylex Servicios Profesionales SL. Vipventa era una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo a la que se concedieron otros dos avales, uno de un millón de euros y otro de 350.000 euros. Ambas operaciones, tal y como señala Forest Partners, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. Vipventa ha dejado a deber a Avalmadrid 526.215 euros.

Parte del capital fue invertido por Inicap I Fondo de Capital Riesgo, gestionado por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA y participado por la Cámara de Comercio de Madrid, a su vez socio de la entidad semipública. Además, Alfonso Carcasona simultaneaba los cargos de consejero de Avalmadrid, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. y consejero de Möbius Corporate, por lo que también ejerció de vicepresidente y consejero de Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval.

34. Antonio Fernández del Real

Socio de Máscara Films. El director de cine buscaba financiación para la película La Conjura de El Escorial, con un presupuesto de 11,25 millones de euros. Avalmadrid le concedió un aval de un millón de euros en 2007 y otro de 300.000 euros en 2008. Han dejado un agujero de 990.090 euros. En este caso, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid (CRM) cofinanciaban la producción de la película. La primera es socio protector de Avalmadrid –con un 25,3% del capital– y la segunda estaba íntegramente participada por accionistas de la sociedad de garantías. De nuevo, Pedro Olabarría era, a la vez, consejero de la entidad semipública y director general de Capital Riesgo Madrid.

35. Alfonso Ferrón del Río

Socio de Alfedel, que está imputada como persona jurídica en el caso Púnica por la concesión irregular de colegios concertados por parte de la Comunidad de Madrid. Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es una de las empresas que utilizaron Francisco Granados y el ex número dos de la trama, David Marjaliza, para hacer negocio con los colegios concertados por la Comunidad de Madrid y rentabilizar sus contactos e influencias públicas y políticas en el sector de la educación. A Alfedel Avalmadrid también le dio un aval, que no obstante fue devolviendo hasta sumar 175.000 euros entre 2009 y 2013, según publicó Vozpopuli.

36. Gonzalo Juan Martín Díaz

Socio de Cubenube, una startup a la que se otorgaron tres avales por valor total de 225.000 euros. Martín Díaz es hijo de Jesús Juan Ciro Martín Díaz, consejero de Avalmadrid en representación de la patronal madrileña CEIM –de la que fue vicepresidente de 2002 a 2016– y a su vez propietario del 5% de Cubenube a través de la sociedad Performance Medical Support SL. Un conflicto de interés claro, de acuerdo con el dictamen de Forest Partners.

37 y 38. José María Muñoz y Dionisio Silvestre Mata

Socios de Ercam, que recibió dos avales por importe de 2,8 millones de euros. Para la consultora, “lo más llamativo” de la operación es que Avalmadrid entrara en un macroproyecto en Texas, una planta fotovoltaica, a través de un joint venture en la que Ercam era socio minoritario y el 51% estaba en manos de una compañía surcoreana. A su juicio, debería haber obtenido financiación/avales de un banco español internacional; en su lugar los consiguió de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Como no se tomaron, asegura el informe, las “cautelas suficientes”, el fallido asciende a 1,1 millones de euros.

39. Alejandro Núñez Jiménez

Socio de Volupte SL, para la que Avalmadrid aprobó dos avales en 2008 por importe de 182.014 y 88.500 euros. Ambas operaciones también resultaron fallidas. Se trataba de un proyecto de capital semilla en el sector de la alta costura. De nuevo, el vínculo con la entidad semipública es el consejero Pedro Olabarría, a través de Capital Riesgo Madrid, que tenía una participación del 28,57% en Volupte SL.

40. Javier Pereyra Pardo

Socio de The Tie Gallery España SL. Recibió un aval de 100.000 euros en 2009 para financiar el crecimiento del negocio. Pero, “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad, “con pérdidas continuas en los tres últimos años”, todo apuntaba a que el destino de ese dinero era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación dejó una deuda de 34.492 euros. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM, fue consejero de Avalmadrid entre 2005 y 2010 y, al mismo tiempo, dueño del 33% de The Tie Gallery y su administrador único. Además, uno de sus hermanos poseía un 5% de la empresa.

  OTROS

41. José Ignacio Goirigolzarri

Presidente de Bankia desde mayo de 2012. Bankia es la sucesora de Caja Madrid y, al igual que ésta, el segundo accionista de Avalmadrid, con un 25,3% del capital. Nombra a dos de sus 10 consejeros, en representación de dos de sus empresas: Participaciones y Cartera de Inversiones SL y Valoración y Control SL. Entre las operaciones bajo sospecha hay al menos tres en las que aparece el fondo de capital riesgo Capital Riesgo Madrid (CRM), participado en un 35% por Caja Madrid: los avales concedidos a Grupo Nupcial Novíssima, Volupte SL y la película La conjura de El Escorial.

42. Javier López Madrid

Socio de Möbius, gestora del fondo de capital riesgo Inicap –participado por la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio– que también participó en operaciones bajo sospecha de trato de favor: Vipventa y Bioapter.

43. Isabel Gallego Navarrete

Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Isabel Gallego, entonces directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, un estudio en el barrio de Chueca por 30.000 euros. En 2010 había sido tasado en algo más de 100.000 euros y su valor de mercado cuando se vendió superaba los 82.000. Gallego era una de las personas más poderosas del Gobierno autonómico y su marido estaba colocado en Avalmadrid, donde ahora es presidente del comité de empresa.

44. Francisco Marhuenda

Director de La Razón. El sumario judicial de la operación Lezo, que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, incluye la transcripción de una conversación entre Marhuenda y la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en 2016, donde el periodista asegura que “han encontrado dos sociedades que no se sabía que existían dedicadas a hacer como capital riesgo, a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) dice que es como lo de Avalmadrid, pero peor”.

45. Lourdes Carrasco Laguna

Técnica jurídica del Banco de España. Desde 2012 el organismo supervisor inspeccionó dos veces Avalmadrid. Tras la última ocasión, abrió un expediente que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos de la entidad semipública, así como para la propia sociedad de garantías y la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.

46. Marta García Miranda

Actual interventora general de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negado respuesta a diez preguntas del Grupo Parlamentario Socialista Socialistade la Asamblea de Madrid. Todas tienen en común que versaban sobre Avalmadrid, la entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos de la región y que ahora está en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la empresa MC Infortécnica –a la que dio en 2011 un préstamo de 400.000 eusos– y a sus socios, entre los que estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso (PP)(PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. Un préstamo que quedó sin pagar.

Todas las respuestas a la diputada Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, son prácticamente calcadas. Llevan fecha del pasado 21 de octubre, ocupan un párrafo y el Gobierno regional señala que "de acuerdo con el tenor literal del artículo 18.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid [...] los diputados tendrán derecho a solicitar del Consejo de Gobierno los datos, informes o documentos que obren en poder de este como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid". Y, en base a ello, "no procede dar respuesta a esta petición de información".

Se escuda, pues, en que el Ejecutivo no dispone de esos datos porque son ajenos a actuaciones de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado infoLibre, Isabel Díaz Ayuso, aceptó la donación de dos inmuebles propiedad de sus padres con los que evitó el embargo de de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión. La Asamblea ya ha dado luz verde a una comisión de investigación sobre esta entidad semipública y las fuerzas la izquierda pretenden que la presidenta regional sea una de las comparecientes.

Inspecciones del Banco de España

Entre la información demandada, y de la que el Ejecutivo regional no ha informado, está la "relación de los 167 avales otorgados entre 2008 y 2016 por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre el último trimestre de 2016 y principios de 2017". O "la relación de los avales otorgados entre 2008 y 2016 por la SGR Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre los últimos trimestres de 2016 y principios del 2017, clasificados en el informe de Forest Partners como 'Avalados con dificultades financieras y vinculaciones".

Otras de las demandas de los socialistas de la Asamblea de Madrid exigía los "expedientes de las operaciones de riesgo concedidas por Avalmadrid que han finalizado en procedimiento de subasta entre 2007 y 2019". O el "listado de expedientes en ejecución hipotecaria iniciados a instancias de Avalmadrid desde el 1 de enero de 2007 a 1 de enero de 2019".

Los antencedentes

No es esta la primera vez que el Ejecutivo regional niega información sobre Avalmadrid. El pasado agosto, este diario informaba de una respuesta parlamentaria por escrito a Sánchez Acera en la que el Gobierno madrileño se negaba a facilitar información sobre este ente escudándose en que "es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni incluida en el sector público autonómico".

La Comunidad de Madrid es la principal accionista de Avalmadrid, con el 31% de su capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

"Avalmadrid tiene sus propios órganos de gobierno con autonomía propia para su toma de decisiones, como así queda señalado en la legislación aplicable y sus estatutos sociales. Por tanto, el Consejo de Gobierno no tiene facultades sobre el funcionamiento de la sociedad, ni ha podido adoptar medidas en relación con el informe de referencia", completaban su respuesta a la diputada socialista desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.

En este momento, la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por la derecha, encargó un informe jurídico para conocer si estaba entre sus competencias la de tramitar iniciativas relacionadas con empresas como Avalmadrid. 

La respuesta llegó el seis de septiembre concluyeron que la Mesa de la Cámara madrileña no podía denegar preguntas de los diputados sobre Avalmadrid, aunque ello no implicaba que hubiese que a obtener una respuesta concreta.

Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sopechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.

Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.

En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.

Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac MartínIsaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.

Casi 11.000 pymes y autónomos son socios

Todos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.

Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.

A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.

De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.

Entre la Fiscalía y el Banco de España

En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.

A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.

También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.

Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid

Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.

La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.

Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.

Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.

Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.

Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceroslos donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.

Marsans y Cantoblanco

Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.

El caso es que la ratio de morosidadratio de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.

Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.

En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

Cambios en la política de riesgos

Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.

En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.

Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.

No hace falta extendernos en la descripción de hechos contrastados que ponen en evidencia la campaña de intoxicación practicada por Ayuso (con la colaboración de no pocos medios informativos) intentando aparecer como víctima en lugar de explicar sus sospechosas actuaciones. Tampoco es necesario insistir en las clamorosas mentiras que ha intentado colocar después de asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid, desmontadas por correos electrónicos que apuntan de forma meridiana a tratos de favor y uso de información privilegiada (ver aquí). A estas alturas reiterar que un cargo público sorprendido en falsedades debería apartarse o ser apartado de la política resulta no sólo una solemne obviedad sino que se percibe desgraciadamente como pura ingenuidad.

Lo que empezó siendo el caso Ayuso ha multiplicado su gravedad al desvelarse en detalle el funcionamiento de Avalmadrid, entidad de capital público-privado controlada por los sucesivos gobiernos del PP en Madrid. La gestión de esta sociedad supuestamente destinada a fomentar iniciativas de pequeñas y medianas empresas ha sido y es absolutamente opaca, lo cual no sorprende cuando comprobamos que sus administradores han permitido alzamientos de bienes (ver aquí) y al menos diez de sus exconsejeros han estado vinculados con operaciones que dejaron un ‘agujero’ de más de 10 millones de euros (ver aquí). El cese de su última presidenta (ver aquí) no debe servir de cortina de humo para ocultar el escándalo de que Avalmadrid haya dejado sin ejecutar durante ¡siete años! los avales de préstamos impagados pese a la decisión tomada por su Comité de Morosidad (ver aquí).

Es hora, por tanto, de que este asunto se dilucide (también) en los tribunales. Bien por iniciativa legal de las fuerzas políticas de oposición o por decisión propia de la Fiscalía actuando de oficio en defensa del interés público. ¿Que si hay base? Los indicios de alzamientos de bienes son meridianos, y para saber si ese delito ha prescrito conviene comprobar si hay deudas de Derecho público, porque entonces el plazo se extiende a diez años. Ni Díaz Ayuso ni el resto de avalistas vivos del préstamo de 400.000 euros nunca pagado se librarían de lo estipulado en el Código Penal si, en el momento de producirse las transmisiones ilegales de sus bienes, los morosos tuvieran ese tipo de deudas. Las pruebas de administración desleal por parte de los responsables de Avalmadrid son a su vez consistentes: por la concesión de créditos sin garantías suficientes, por los tratos de favor documentados y por el hecho irrefutable de no dar los pasos obligatorios para intentar recuperar un dinero que pertenece en parte a los contribuyentes madrileños.

Desde Ciudadanos andan sacando pecho con el cese de la presidenta de Avalmadrid, y parecen inclinarse más por el cierre de la entidad que por apoyar la comisión de investigación parlamentaria que exigen los partidos de oposición al trío de Colón. Lo sabremos en los próximos días, pero conviene mantener ojos y oídos muy abiertos, no vaya a ser que lo que se pretenda sea dar un sonoro cerrojazo al chiringuito que permita a los implicados irse de rositas (como es costumbre entre ilustres defensores del neoliberalismo especialistas en el saqueo de lo público). Sin pudor.

P.D. No hace falta acudir a los tribunales para exigir que se paguen los cinco años de IBI que una empresa propiedad de Díaz Ayuso y de su hermano debe al Ayuntamiento de Madrid (ver aquí). Basta con que su amigo, colega y alcalde Martínez Almeida cumpla su obligación y reclame y ejecute esa deuda (con intereses, como a cualquier hijo de vecino).

Avalmadrid, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% de capital cada una–, no logra levantar cabeza desde el estallido del caso Ayuso. Instalada en la opacidad más absoluta, la entidad semipública ha evitado hasta la fecha aclarar cualquier aspecto relacionado con el crédito de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica, la empresa participada por los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y en silencio ha decidido mantenerse también cuando el Banco de España ha pedido para ella una sanción económica de 100.000 euros por haber incumplido dos de los tres requerimientos que el supervisor le hizo en 2012. El expediente sancionador se abrió tras una inspección en la que se analizaron más de un centenar de avales concedidos por Avalmadrid, algunos de ellos a sociedades vinculadas con exconsejeros de la entidad. En muchos casos, este tipo de operaciones terminaron cerrándose como fallidas, provocando un importante agujero en la entidad semipública.

El pasado mes de junio, según los datos manejados por la cúpula de Avalmadrid conocidos infoLibre, figuraban como fallidas 30 operaciones diferentes que guardaban vinculación con nueve exconsejeros de la entidad semipública: Pedro Olabarría, Sol Olábarri, Jesús Martín, Juan Pablo Lázaro, Francisco Novela, Patricio Rodríguez, Alfonso Carcasona, Fernando Rodríguez y José Miguel Guerrero. En el mismo estado se encuentran dos avales más concedidos a empresas vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde. En total, 32 operaciones fracasadas que han terminado dejando un importe fallido de 10.028.643 euros. De todas ellas, el nombre de Olabarría es el que más veces se repite: aparece vinculado a 15 préstamos diferentes que han dejado un fallido de 5,25 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Avalmadrid, sin obtener respuesta.

La práctica totalidad de estas operaciones –30– aparecen reflejadas en la cartera de avales que ha sido analizada por los expertos de Forest Partners para la elaboración del denominado informe Forest, una suerte de auditoría a la que ha tenido acceso infoLibre y que fue encargada por Avalmadrid después de que el Banco de España pusiera sobre la mesa todas las irregularidades detectadas en su inspección. Otras dos, sin embargo, aunque no figuran en el análisis de Forest Partners sí que aparecen reflejadas en la información de la cúpula de la entidad semipública a junio de este mismo año. Se trata de dos avales concedidos en abril y mayo de 2009 a las empresas A&M Azafatas Convenciones y Ferias y Babilas SA, operaciones que aparecen vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde.

  Pedro Olabarría: 5,25 millones en fallidos

La firma Bionostra fue una de las relacionadas con exconsejeros de Avalmadrid que recibieron jugosos avales. Entre marzo de 2008 y enero de 2010, se aprobaron 18 operaciones con diferentes sociedades de este grupo por un total de 4,4 millones de euros. Finalmente, 11 de ellas terminaron siendo fallidas. Cuatro de estos avales económico-financieros fallidos tenían como beneficiaria a la sociedad Alma Bioinformatics: 400.000 euros otorgados el 20 de enero de 2009, 600.000 euros el 26 de febrero de 2009, 125.000 euros el 6 de agosto de 2009 y 169.724 el 21 de enero de 2010. Otros seis, a la firma Chimera Pharma: dos avales técnicos por 750.000 y 278.632 euros otorgados en marzo y julio de 2008, respectivamente, otros dos de tipo financiero –200.000 y 175.000 euros– formalizados en agosto de 2009 y dos más del mismo tipo otorgados en enero de 2010 por 63.836 y 49.390 euros. Por último, también resultó fallida la operación de 300.000 euros que tenía como beneficiaria a la sociedad Bionostra SL y que fue formalizada el 17 de noviembre de 2009. [Los avales financieros son aquellos en los que interviene una entidad de crédito y los técnicos suelen ser avales ante la Administración].

En total, 2.865.861 euros han dejado de saldos fallidos estos once avales. Operaciones todas ellas que guardan vinculación con el exconsejero de Avalmadrid Pedro Olabarría. La relación de este exmiembro del órgano de gobierno de la entidad semipública se encuentra, precisamente, en Capital Riesgo Madrid SA. Esta sociedad entró en el capital de Bionostra SL, la cabecera del grupo, el 8 de julio de 2008 mediante ampliación de capital, una operación en la que se desembolsaron 2 millones de euros y en la que la participación resultante en la firma ascendió al 8%. A partir de entonces, se explica en el informe Forest, es cuando se produce “el inicio de la toma de avales de Avalmadrid”. En el periodo de la concesión de esas operaciones fallidas, continúan los auditores, Olabarría ocupaba la Dirección General de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM). Y en los ejercicios posteriores a los de la formalización de las operaciones, sentencian, ocupó diferentes puestos en Bionostra SL, Bionostra Aplicaciones Biotecnológicas y en Chimera Pharma, empresas del grupo.

Estas operaciones fallidas no son las únicas con las que aparece vinculado este exconsejero. Su nombre también está relacionado con las de Nupcial Novissima SL. A este grupo se le concedieron el día 13 de noviembre de 2008 dos avales por importe de 955.000 y 700.000 euros para financiar el ambicioso plan de expansión de la compañía, en especial en los corners de El Corte Inglés. Sin embargo, el desplome del holding textil terminó provocando que ambas terminasen como fallidas, arrojando un saldo fallido que en junio de 2019 se situaba en 1.384.902 euros. La tramitación de estos avales, tal y como se destaca en la auditoría encargada por Avalmadrid, se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid hubiera tomado una participación en Nupcial Novissima, invirtiendo 3 millones de euros. Olabarría era, en el momento de la concesión de los avales, tanto consejero de Avalmadrid como director general de CRM, lo que le llevó también a figurar como apoderado de la firma textil, según se destaca en el informe Forest.

También aparecen vinculados a Olabarría los avales relacionados con Máscara Films SL. Con el objetivo de financiar la producción cinematográfica del largometraje La Conjura de El Escorial, dirigida por el cineasta Antonio Fernández del Real y cuyo presupuesto ascendía a 11,25 millones de euros, Avalmadrid decidió entrar con dos operaciones de aval en este proyecto cinematográfico. La primera, por 1 millón de euros, se formalizó en abril de 2007. La segunda, por 300.000 euros, fue otorgada el 14 de mayo de 2008, cuando el proyecto se empezaba a retrasar y a generar tensiones de liquidez. La de 2007, ha dejado un agujero en la entidad semipública de 990.090 euros. La de 2008, sin embargo, fue recuperada íntegramente ejecutando una hipoteca sobre un inmueble en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias que había puesto como garantía el cineasta.

De nuevo, alrededor de estas operaciones también existía un conflicto de interés que se pone de manifiesto en el informe elaborado por los auditores y encargado por Avalmadrid. “Como hemos comentado anteriormente, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid, en este caso, cofinanciaban la producción de la película, luego tenían un interés cierto en que la producción estuviera suficientemente financiada y el riesgo se distribuyera entre diferentes entidades”, señalan los expertos, que detallan que tanto Caja Madrid como CRM se encontraban en una situación de conflicto de interés con Avalmadrid toda vez que la primera era socio protector de la entidad semipública y la segunda estaba íntegramente participada por socios protectores de Avalmadrid. Además, completan, Pedro Olabarría era, a la vez, miembro del Consejo de Administración de la empresa semipública y director general de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la cartera de avales analizada en el Forest, también figura uno concedido el 1 de febrero del 2000 a Calidad del Aire y Tecnología SL por 150.253 euros, operación que ha acabado calificada como fallida y que ha generado un pequeño agujero de 10.187 euros. Pero el informe de los expertos no da más detalles de este aval económico-financiero. Sin embargo, según la información de la cúpula de Avalmadrid, esta operación aparece también vinculada a Pedro Olabarría y la entidad semipública lo considera un “fallido irrecuperable”.

Además de todos estos, también figuran relacionadas con este mismo exconsejero otros dos avales concedidos en abril y julio de 2008 a la empresa Volupte SL para un proyecto de capital semilla en el mundo de la alta costura por importe de 182.014 y 88.500 euros, respectivamente, operaciones que tornaron finalmente en fallidas. De nuevo, la vinculación con Olabarría pasa por Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, que tenía una participación importante en Volupte SL. “Olabarría era, a su vez, representante de CRM como consejero de Volupte a la vez que era consejero de Avalmadrid”, detalla el informe Forest. Sin embargo, aunque los auditores señalaron que estos dos avales habían dejado un fallido de 85.000 y 86.000 euros, los datos que obran en poder de la cúpula de Avalmadrid especifican que, a junio de 2019, se había llegado a un acuerdo de pago parcial cerrado con quita. Por este motivo, este diario ha decidido no incluir estas dos operaciones en el cálculo del saldo final en fallidos.

  Los cinco de Cantoblanco y Marsans: 3,49 millones de euros

La entidad semipública concedió durante 2013 al Grupo Arturo Cantoblanco cinco avales por 2,54 millones de euros para responder ante diferentes entidades por la prestación de servicios de vending de bebidas y alimentos o de gestión de comidas. Sin embargo, la falta de un análisis “suficientemente riguroso”, según sostiene la auditoría de Forest Partners, ha provocado que dos de esas operaciones hayan terminado clasificadas como fallidas. La primera de ellas se otorgó a Central de Compras Grupo Cantoblanco SL en abril de 2013 por 250.000 euros de aval financiero a tres años de plazo, avalando un préstamo de CaixaBank a la misma firma para atender “desfases de tesorería”. El segundo aval fallido, aprobado en julio de 2013 por 592.256 euros y dirigido a Grupo Cantoblanco Restauración SL, estaba destinado a responder ante Radiotelevisión Española (RTVE) de cara a la prestación de servicios de sus comedores y cafetería. Los importes fallidos ascienden a 262.212 euros y 202.246 euros, respectivamente.

El empresario Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid-Bankia, era propietario indirecto de las sociedades que conformaban el Grupo Cantoblanco y administrador único de estas firmas. Además, fue presidente de la patronal madrileña CEIM entre 2007 y 2014, en el periodo que se concedieron los avales. “Aunque de forma directa no fue consejero de Avalmadrid, su vinculación era evidente al ser CEIM uno de los socios protectores” de la entidad semipública, explica el informe Forest, que señala que “siempre había uno o dos consejeros” en representación de la patronal madrileña tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid. En el año 2013, tres consejeros de la entidad semipública ocupaban al mismo tiempo puestos de responsabilidad en la patronal madrileña, tal y como figura en la memoria anual de Avalmadrid correspondiente a ese ejercicio: Sol Olábarri era secretaria general y Jesús Martín y Juan Pablo Lázaro vicepresidentes de la CEIM.

Los datos de Avalmadrid vinculan a los exconsejeros de Avalmadrid Francisco Novela y Patricio Rodríguez con estas dos operaciones fallidas. En el primer aval, de tipo económico-financiero, se especifica la existencia de “otras garantías reales”, aunque sitúa el importe recuperable en los cero euros. En el caso del segundo, de tipo técnico, se especifica que “titular y avalista” se encuentran “en concurso”, aunque el importe recuperable vuelven a cifrarlo en cero euros.

También dejó varias operaciones fallidas el empresario Gerardo Díaz Ferrán, al que Avalmadrid concedió ocho avales por 3,39 millones de euros entre febrero y comienzos de marzo de 2010 “para responder de la prestación de determinados paquetes turísticos en la temporada estival”. Todos ellos se prestaron, señalan los auditores, a pesar de la “grave situación” por la que estaba atravesando el Grupo Marsans en ese momento. El resultado de esta arriesgada operación fue que la firma entró en concurso de acreedores cuatro meses después, dejando siete de estas operaciones con la clasificación de fallidas. Seis de estos avales, de tipo económico-comercial, se concedieron a la empresa Rural Tours: tres operaciones –por 400.000, 500.000 y 100.000 euros– se formalizaron el 10 de febrero de 2010 y otras tres –por 200.000, 500.000 y 300.000 euros– se otorgaron sólo un día después. El séptimo, de tipo técnico, se concedió el 19 de febrero de ese año a Trap SA, por valor de 917.918 euros. El saldo final en fallidos ascendía a comienzos de junio a 3.026.729 euros.

En relación con los vínculos existentes con Avalmadrid, este caso guarda importantes semejanzas con el de Arturo Fernández. Para los expertos de Forest Partners, alrededor de estas operaciones existió un conflicto de intereses. Porque Gerardo Díaz Ferrán, quien fuera presidente de Confederación Empresarial de Madrid entre 2002 y 2007, lideraba en el momento en el que se concedieron los avales a sus empresas la CEOE, de la que forma parte la patronal madrileña. Una CEIM que en esos meses contaba con tres representantes en el Consejo de Administración de la propia Avalmadrid: Juan Pablo Lázaro y Jesús Martín, que ocupaban el puesto de vicepresidente en la patronal madrileña, y Sol Olábarri, que era directora del Departamento de Asuntos Económicos de la Confederación Empresarial de Madrid. Martín, además de formar parte del órgano de gobierno de Avalmadrid, era también miembro de la Comisión Ejecutiva de la entidad semipública, la que se encargó de aprobar las operaciones de Díaz Ferrán.

A estos tres nombres habría que añadir, de nuevo, a los exconsejeros Francisco Novela y Patricio Rodríguez, que también aparecen vinculados a estas operaciones fallidas concedidas a Díaz Ferrán en la información de Avalmadrid. En todas estas operaciones, sitúan el importe recuperable en los cero euros. “Concurso con déficit patrimonial”, se especifica en relación con Rural Tours. “Concurso sin resultado positivo para el recobro”, se apunta en el aval concedido a Trap SA.

  Alfonso Carcasona: 526.215 euros

El exconsejero Alfonso Carcasona, por su parte, aparece vinculado a un par de operaciones fallidas de las que se benefició la sociedad Vipventa SL. Avalmadrid concedió a esta pequeña empresa, creadora de una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo, un aval  financiero de 1 millón de euros en julio de 2008 y otro de 350.000 euros en noviembre de 2009. Ambas operaciones, tal y como señalan los auditores en su estudio, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. “El desarrollo potente del negocio y los acuerdos necesarios requería de fuertes inversiones, dando entrada en el capital (con una muy fuerte prima de emisión) a Inicap I Fondo de Capital Riesgo en régimen simplificado, gestionada por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA (gestora del fondo), siendo Inicap I, como hemos comentado anteriormente, un fondo de capital semilla donde participaba la Cámara de Comercio e Industria de Madrid”, explica el informe. El saldo final fallido de estos dos avales se sitúa en la actualidad en los 526.215 euros.

Como sucede en el resto de operaciones detalladas, en este caso los auditores también han detectado conflicto de interés. En primer lugar, porque Inicap I estaba participado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que al mismo tiempo era socio protector de Avalmadrid. Además, Alfonso Carcasona fue a la par miembro del órgano de gobierno de la entidad semipública –y de su Comisión Ejecutiva– y vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. El exconsejero, según se expone en el informe Forest, también fue consejero de Möbius Corporate y ocupó los cargos de vicepresidente y consejero en Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval fallido.

  Fernando Rodríguez Sousa: 293.975 euros

También aparece, según Avalmadrid, vinculada a sus consejeros una operación fallida que tiene como beneficiario a Accuore Inversiones SL. A esta firma se le concedieron dos avales: uno el 23 de mayo de 2014 por 300.000 euros y otro el 19 de junio de 2015 también por 300.000 euros. Si bien la primera de ellas, según se especifica en la auditoría externa, tuvo un “cumplimiento correcto”, la segunda terminó entrando en fallidos, dejando un agujero en Avalmadrid de 293.975 euros. A pesar de ello, según señalan los expertos en su informe, ambas operaciones estaban, en su origen, “soportadas adecuadamente”. En cuanto a la vinculación, los auditores destacan que el exmiembro del Consejo de Administración de la entidad semipública Fernando Rodríguez también fue consejero de Accuore Inversiones SL, de la que además fue accionista minoritario.

  José Miguel Guerrero: 257.941 euros

También fueron un fracaso dos de las operaciones que Avalmadrid cerró con Casbar Tecnología Industrial SL. El primer aval fallido, de tipo económico-financiero y por 565.394 euros, fue concedido a esta sociedad dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos dentro del sector metalúrgico el 9 de julio de 2008, mientras que el segundo se formalizó el 2 de diciembre de ese mismo año por 269.600 euros. Ambas operaciones han dejado, a junio de 2019, un saldo final fallido de 257.941 euros. En relación con el análisis de vinculaciones de Casbar, el informe Forest pone de manifiesto que José Miguel Guerrero, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid entre 2004 y 2010 en su calidad de vocal de la Cámara de Comercio, “era principal accionista de Casbar con el 22,52% del capital” y “miembro del Consejo de Administración” de la firma “con el cargo de presidente”.

  Miguel Velarde y Patricio Rodríguez: 173.794 y 34.492 euros

También figuran dos operaciones fallidas vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde. La primera, un aval económico-financiero por 120.000 euros formalizado el 30 de abril de 2009 con la empresa Babilas SA, que terminó dejando un importe fallido de 123.422 euros. La segunda, otro aval del mismo tipo otorgado el 14 de mayo de 2009 a la firma A&M Azafatas Convenciones y Ferias SA por 50.000 euros, que también tornó en fallida y dejó un agujero de 50.372 euros. Estas dos operaciones, sin embargo, no figuran en la cartera de avales que ha sido revisada por los expertos de Forest Partners para Avalmadrid.

Los auditores sí que analizaron, por el contrario, una última operación vinculada al exconsejero de la entidad semipública Patricio Rodríguez que también fracasó. Se trata del aval económico financiero que Avalmadrid formalizó con la empresa The Tie Gallery España SA el 4 de marzo de 2009 por importe de 100.000 euros. El objetivo era “financiar el crecimiento del negocio”, si bien el informe Forest sostiene que “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad “con pérdidas continuas en los tres últimos años” todo apuntaba a que el destino era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación ha terminado dejando un importe fallido de 34.492 euros. Patricio Rodríguez –que también figura entre los cinco exconsejeros relacionados con las operaciones de Cantoblanco y Marsans mencionados con anterioridad– era en el momento de la concesión de la operación miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid y accionista de la firma beneficiaria de la operación. “Ostentando un 33% de su capital, además era su administrador único y adicionalmente otro 5% pertenecía a un hermano suyo”, concretan los expertos en su análisis.

Regresaré sobre el tema de la familia al final del artículo, pero analicemos antes los dos elementos clave del debate de investidura en relación con los escándalos que implican de forma directa a la ya presidenta de Madrid: lo que no dijo y lo que dijo.

  Lo que Ayuso no aclaró

Las informaciones sobre la dirigente del PP publicadas por infoLibre desvelan básicamente tres cuestiones: el trato de favor que Ayuso recibió por parte de Avalmadrid, su participación en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes y el impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años. Los hechos y las preguntas que Ayuso sigue sin contestar son los siguientes:

El trato de favor de Avalmadrid

1. Eva Piera, viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre, escribió el 13 de julio de 2011 un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid para que atendiera a Isabel Díaz Ayuso. El texto decía: "Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 xx xx xx. Abzs. Eva". Ese era el contenido íntegro del mensaje, lo que demuestra que habían tratado previamente del asunto El empleado de la entidad semipública trató el encargo como si procediera de "Presidencia de la Comunidad de Madrid", tal y como dejó por escrito en otro correo. 

La pregunta sin contestar: ¿cree Ayuso que estaba recibiendo un trato de favor o cualquier madrileño podía llamar a la viceconsejera de Economía para que le pusiera en contacto con un directivo de Avalmadrid?

2. Al día siguiente, 14 de julio, Ayuso escribió un primer correo al directivo de Avalmadrid contactado por Piera. Quería conocer datos sobre la solvencia económica de varias empresas del Grupo MC, dos de cuyos ocho accionistas eran sus padres, y entender cómo podía afectar al patrimonio familiar en caso de impago el hecho de que sus progenitores fuesen avalistas solidarios de un préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid le había concedido a una sociedad del Grupo MC cuatro meses antes. El empleado consiguió por su cuenta parte de los datos pedidos por Ayuso y encargó a un tercero que buscase el resto de la información. 

La pregunta sin contestar: ¿considera Ayuso que estaba recibiendo un trato de favor o cualquier ciudadano podía llamar a un directivo de Avalmadrid para obtener datos sobre la solvencia financiera de empresas y que ese empleado efectivamente cumpliese el encargo y se pusiera a trabajar para obtener la información solicitada?

3. El 14 de septiembre de 2011, la entonces diputada del PP en la Asamblea seguía en comunicación con el directivo de Avalmadrid. Ese día le envió al menos cuatro correos. En uno de ellos, Ayuso se interesaba por datos confidenciales de dos empresas que ella vinculaba a los socios de sus padres. "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", le preguntó a su contacto.

La pregunta sin contestar: ¿entiende Ayuso que es un procedimiento normal pedir a un directivo de Avalmadrid información sobre los "clientes" de sociedades mercantiles o estaba intentando conseguir información confidencial de forma irregular ya que se trata de datos protegidos por la legislación?

4. MC Infortécnica SL, la empresa que recibió los 400.000 euros, estaba en quiebra y no devolvió ni un euro cuando llegó el momento de hacer el primer pago del préstamo, el 16 de diciembre de 2011. El Comité de Morosidad de Avalmadrid, en una reunión celebrada el 2 de abril de 2012, adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios. Avalmadrid incumplió ese acuerdo y lleva siete años sin embargar los bienes de los avalistas.

La pregunta sin contestar: ¿piensa Ayuso que es habitual que Avalmadrid incumpla los acuerdos de su Comité de Morosidad o cree que la entidad suele actuar contra los morosos?

El presunto alzamiento de bienes

1. Cuando Ayuso se pone en contacto con Avalmadrid, gracias a la mediación de la viceconsejera, el Grupo MC ha dejado de pagar las nóminas a los trabajadores. Tampoco abonará el sueldo de julio, ni la extra, ni el de agosto. Y el 23 de septiembre despide a la práctica totalidad de la plantilla. Unos días antes, el 14 de septiembre, en su correspondencia con el directivo de Avalmadrid, la propia Ayuso admite por escrito que la empresa que había recibido los 400.000 euros estaba "muerta".

La pregunta sin contestar: ¿tenía Ayuso en septiembre de 2011 la certeza de que el Grupo MC había quebrado y que no devolvería el préstamo recibido?

2. El 7 de octubre de 2011, Isabel Díaz Ayuso acepta que sus padres le donen ante notario la nuda propiedad de un piso en el centro de Madrid mientras que su hermano Tomás recibe por el mismo método una vivienda familiar en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

La pregunta sin contestar: ¿sabía Ayuso que esa donación podía estar haciéndose en fraude de acreedores y constituir por tanto un delito de alzamiento de bienes?

3. El 16 de abril de 2012, Isabel Díaz Ayuso y su hermano aceptan que su padre les done el 100% de las participaciones de Sismédica SL, sociedad propietaria de un local de oficinas en Madrid.

La pregunta sin contestar: ¿sabía Ayuso que esa donación podía estar haciéndose en fraude de acreedores y constituir por tanto un delito de alzamiento de bienes?

El impago del IBI

1. Entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Sismédica SL fue la propietaria de un local de oficinas, pero ninguno de esos años abonó el IBI al Ayuntamiento de Madrid. Los dueños de la empresa durante todo ese periodo —siguen siéndolo en la actualidad— fueron Ayuso y su hermano. El Ayuntamiento publicó hasta cinco notificaciones en el BOE y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid reclamando el pago del IBI a Sismédica SL.

La pregunta sin contestar: ¿desconocía Ayuso que el titular de un inmueble debe pagar el IBI o lo sabía pero decidió no pagarlo?

El lector se habrá dado cuenta de que estas ocho preguntas sin contestar tienen un denominador común: en las ocho figura la palabra "Ayuso" y en ninguna figura el término "padre". ¿Por qué cada vez que un periodista o político se interesa por "Isabel", ella se apresura a contestar "padre"? La cuestión se responde por sí sola. Hay que ser muy tonto o muy sectario para no ver el motivo.

Todos los hechos que acabo de relatar —insisto: "hechos". Documentos, comparecencias ante notario, despido de trabajadores— fueron comunicados por infoLibre al equipo de Isabel Díaz Ayuso antes de su publicación —repito: "antes"—, para incluir su versión y conocer cualquier matización que desearan realizar. En relación con los correos de Ayuso a Avalmadrid no quisieron aclarar nada, en cuanto al presunto alzamiento de bienes contestaron con el consabido "padre" cuando este periódico preguntaba por "Isabel" y respecto al impago del IBI señalaron que lo único que podían decir era que el inmueble "estaba en proceso de subasta desde hacía años". Las respuestas del equipo de Ayuso se incluyeron siempre en las informaciones de manera literal.

Pero entiendo que han sido casi dos meses de mucho trabajo para la dirigente del PP y sus colaboradores —este periódico publicó su primera información sobre el caso el 21 de junio—, así que la invitación al equipo de Ayuso sigue abierta: si en el relato que acabo de realizar hay algún dato, alguna fecha, cualquier cosa por nimia que sea, que no se ajuste a la realidad, infoLibre lo rectificará sin problema. Quedamos a la espera.

  Lo que Ayuso dijo

En su intervención final del debate de investidura, cuando ya nadie le podía replicar y en su turno de respuesta al único portavoz de la oposición que no le preguntó por sus escándalos —el socialista Ángel Gabilondo—, Ayuso contestó a las preguntas que le habían planteado horas antes Iñigo Errejón (Más Madrid ) e Isabel Serra (Unidas Podemos). Lanzó una catarata de ataques contra los medios que han publicado las informaciones —aunque infoLibre ha desvelado la mayoría de ellas, también han dado noticias propias El Confidencial, eldiario.es, El País y Vozpópuli— y contra "los diputados que están detrás de ellas", llegando a señalar al parlamentario de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ("Señor Eduardo, ya hablaremos de esto más adelante", le llegó a decir). Pero, en medio de los insultos, también realizó algún comentario sobre los escándalos concretos que le afectan que conviene analizar. Son los siguientes:

El impago del IBI

"Hablan del pago del IBI. No saben ni de qué están hablando, ni de qué local es, ni si tiene actividad o es una empresa que está muerta, o se subastó o si ya pertenece a otra gente", indicó Ayuso. Aunque utilizó siempre ese plural impersonal, lo cierto es que en infoLibre se dio exacta respuesta a todas esas cuestiones en su momento.

En esta información se explica que el local está en la calle Antonio López de Madrid —este periódico tiene evidentemente el número de la calle y la planta del edificio pero no lo ha publicado nunca ya que es irrelevante—, que perteneció a Sismédica SL entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017, y que ese día pasó a tener un nuevo titular: Intermobiliaria SL, una filial de Bankinter, que se lo adjudicó por vía judicial tras el impago de un préstamo de 175.000 euros. Y, en esta otra noticia, se explica que Sismédica SL lleva años incumpliendo su obligación legal de presentar cuentas en el Registro Mercantil y que la explicación ofrecida por Ayuso es que la sociedad "no tiene actividad desde hace cuatro años".

Como todo el mundo sabe, el IBI lo paga el titular del inmueble. Y la prueba es que el Ayuntamiento de Madrid publicó cinco notificaciones en boletines oficiales reclamando el dinero a Sismédica SL: la primera el 5 de septiembre de 2013 —con Ana Botella como alcaldesa— y la última el 9 de agosto de 2017 —cuando la regidora era Manuela Carmena—. Durante todo ese periodo, el titular del inmueble fue Sismédica SL y los dueños de esta empresa eran —y son— los hermanos Ayuso.

La participación de sus padres en Grupo MC

"Dentro de todas esas medias verdades y falsedades que están lanzando, ustedes no cuentan que mi padre llevaba años de baja médica enfermo y que mi madre llevaba muchos años jubilada en tiempos de los casos esos que están escarbando y sacando a la luz", se quejó Ayuso. 

En lo que respecta a infoLibre, se trata nuevamente de una mentira. Esos datos se han publicado en varias de nuestras informaciones. Sirva como ejemplo esta, donde se afirma literalmente:

Es decir, no sólo se explicó que sus padres no estaban en la gestión de la compañía cuando Grupo MC pidió el préstamo de Avalmadrid —aunque sí en el accionariado—, sino que se indicó con nombre y apellidos quiénes eran los socios que tenían funciones directivas.

Ayuso también añadió en su diatriba: "Hablan de empresas. No saben nada, no saben qué porcentaje tenía mi familia". El dato publicado por todos los medios es que los padres de Ayuso tenían el 25% de la empresa. Y así consta expresamente en el propio expediente del préstamo de Avalmadrid. Si los gestores de Grupo MC dieron datos falsos para obtener el dinero es sin duda otra cuestión interesante, pero que en todo caso no afectaría a la presidenta madrileña: ni el trato de favor que recibió Ayuso en Avalmadrid, ni su participación en un presunto alzamiento de bienes, ni su impago del IBI tienen relación alguna con el porcentaje del Grupo MC que tuvieran sus padres. 

El padre

"Se puede criticar lo que hago, pero no se puede meter por medio a la familia y mucho menos a una persona que no está en vida para defenderse. Yo no escarbaré nunca en la vida de sus difuntos [...] A ese señor al que han puesto de vuelta y media, mi difunto padre", criticó Ayuso.

La realidad desmiente de nuevo a Ayuso. La única información publicada en los últimos dos meses, al menos en los medios de papel y digitales relevantes, sobre el padre de Ayuso es esta de El Mundo. Dicho periódico asegura que el reportaje está basado en afirmaciones del "entorno" de la propia Ayuso y de personas que "trataron" a su padre. Y la lectura de algunos párrafos causa efectivamente pudor, así que no los reproduciré aquí.

Los diputados de la oposición que han preguntado por los escándalos de Ayuso jamás han puesto de "vuelta y media" a su padre, ni de ninguna vuelta, porque no han preguntado por él sino por las actuaciones de la dirigente del PP. Y, desde luego, infoLibre se ha centrado única y exclusivamente en las actuaciones de Isabel Díaz Ayuso con trascendencia pública —recibir trato de favor, cometer un presunto delito, no pagar impuestos—, jamás en las de sus familiares. Para empezar, porque en dos de las tres cuestiones nada tienen que ver sus padres —fueron los hermanos Ayuso quienes no pagaron el IBI y fue la política del PP quien recibió un trato de favor de Avalmadrid—. Y en la única en la que sí participaron —la donación de los dos inmuebles—, las preguntas que planteó este periódico a Ayuso fueron las siguientes (reproduzco las de la segunda donación, casi idénticas a las de la primera, y que este periódico publicó en las mismas informaciones: aquí y aquí): 

La respuesta del equipo de la entonces candidata fue esta: "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada y ella no era persona relevante en la política". Una vez más, cuando preguntas por "Isabel", ella contesta "padre". Así que, como escribí unas líneas más arriba, hay que ser muy tonto o muy sectario para no ver el motivo de ese comportamiento de Ayuso.

Termino como empecé. La mala noticia para Isabel Díaz Ayuso es que no nos vamos a mover ni un milímetro de nuestra forma de entender el periodismo. En cualquier información futura que tengamos sobre ella nos pondremos en contacto con su equipo para conocer su versión, no publicaremos nada sin contrastar y redactaremos todas las noticias con el mismo tono neutro y moderado de siempre.

Eso sí, no quedaremos de brazos cruzados si la presidenta de Madrid nos señala en su intento de matar al mensajero. En la sesión de investidura tuvo la prudencia —llamémosle así— de no citar a ningún medio por su nombre. Pero si en algún momento acusa a infoLibre de publicar "falsedades", si nos difama, la denunciaremos ante los tribunales. También en este asunto quedamos a la espera.

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PD-1: Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por este periódico sobre el caso Ayuso.

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Sobran motivos fundados para que Casado y Albert Rivera interrumpan sus vacaciones y eviten lo que será un nuevo episodio indigno desde un punto de vista democrático y supondrá una ofensa a sus propios votantes y a todos los contribuyentes:

1.- La investigación periodística realizada por Manuel Rico en infoLibre (ver aquí) ha documentado durante las últimas seis semanas todas las irregularidades citadas. En lugar de aclarar sus actuaciones sospechosas y sus gestiones en busca de favores o información privilegiada acerca de las empresas implicadas, Ayuso ha tirado del manual del que tanto han abusado las numerosas ranas de la charca que lideraba Aguirre en Madrid: intenta presentarse como víctima con la inestimable ayuda de medios aduladores que en lugar de comprobar la existencia de unas operaciones que afectan al dinero público de los madrileños prefieren maquillar a su Isabel la Católica (ver aquí) como perseguida por machistas y rojos peligrosos que violan su intimidad familiar.

2.- Ya que Díaz Ayuso se niega a responder a seis preguntas concretas para aclarar esas más que razonables sospechas que nada tienen que ver con asuntos privados (ver aquí), el primero que debería exigir esas respuestas es el propio Pablo Casado. Si de verdad quiere presidir un PP alejado por completo de las tramas corruptas que tanto han contribuido a su hundimiento electoral, tiene una ocasión única estos días para demostrarlo. Acepte la exigencia de los grupos de oposición que han solicitado un pleno extraordinario de la Asamblea para clarificar las actuaciones de Ayuso, de otros cargos de la Comunidad de Madrid y de la empresa semipública Avalmadrid. Pídale a Ayuso que dé la cara y asuma su responsabilidad, aplazando la sesión de investidura. En la muy improbable hipótesis de que su patrocinada demuestre que no cometió ninguna irregularidad, será elegida en fechas próximas con el ya comprometido apoyo de Ciudadanos y de Vox. Y si es incapaz de ofrecer respuestas no ya a infoLibre sino al Parlamento de todos los madrileños, la obligación de Casado no es renunciar a que su partido encabece el gobierno en Madrid, pero sí cambiar de candidata o candidato.

3.- Y ya que ni Ayuso ni Casado parecen dispuestos a hacer lo que democráticamente deben hacer, la máxima responsabilidad del disparate político que en las próximas horas se ejecutará en la Asamblea de Madrid recae en Albert Rivera, en Ciudadanos y en su líder madrileño Ignacio Aguado. ¿Qué entienden exactamente por regeneración? ¿Dónde ha quedado su compromiso con la transparencia? ¿Creen que pueden seguir escudándose eternamente en que no hay nada que aclarar mientras no haya una imputación judicial? ¿No recuerdan que ese fue siempre el escudo al que se aferró Rajoy hasta que el propio partido fue condenado como partícipe a título lucrativo de la corrupción? ¿No le parece ya a Ciudadanos que la verdadera “banda” que tanto le obsesiona es la que gobernó Madrid durante más de veinte años como si fuera un cortijo particular? La contestación interna que Rivera ha sufrido por sus pactos con la extrema derecha y por su negativa radical a hablar siquiera con el PSOE para facilitar la gobernabilidad puede ser sólo el anticipo de la factura que pagará en las urnas por tanto engaño, tanta contradicción y tanta hipocresía política. Quizás Rivera y Aguado apuestan por sostener a una presidenta débil que cargará con un lastre permanente, para dejarla en la estacada cuando lo estimen conveniente (para sus intereses, no para los de la ciudadanía madrileña).

4.- Aquí no se trata únicamente de dilucidar las responsabilidades de Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes o por haber utilizado sus contactos en el gobierno madrileño buscando tratos de favor (ver aquí) sino también de que las instituciones implicadas en los hechos depuren también las responsabilidades oportunas. Y no hablamos de cuestiones prescritas ni de los tiempos de Isabel la Católica. ¿Cuándo piensa ordenar la presidenta del consejo de administración de Avalmadrid, empresa semipública controlada por la Comunidad, que se proceda contra los avalistas del préstamo de 400.000 euros impagado por los accionistas de la sociedad MC Infortécnica SL.? ¿Cuándo piensa el actual alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida ordenar la ejecución de la deuda (no prescrita) por los cinco años de IBI impagados por el local de oficinas propiedad en un 50% de su compañera Díaz Ayuso? (Como, por cierto, debería haber hecho el gobierno municipal anterior presidido por Manuela Carmena).

5.- Todo indica que PP, Ciudadanos y Vox (su socio y cooperador necesario para tomar el poder) pretenden enterrar el caso Ayuso con el conocido método de distorsionar los hechos probadoscaso Ayuso, establecer muros de opacidad y hacer muy complejo lo que es sencillo. Cualquier contribuyente madrileño puede hacerse tres simples preguntas: “¿Puedo yo obtener un préstamo de 400.000 euros, no devolverlo y que no me ocurra nada?”, “¿Puedo yo aceptar las donaciones de un piso y de un local de oficinas sabiendo (ver aquí) que la empresa que recibió el préstamo estaba “muerta” y que por tanto no podría devolver el dinero, de modo que me convertiría en cooperador necesario de un delito de alzamiento de bienes previsto por el artículo 257 del Código Penal?” “¿Puedo yo dejar de pagar el IBI durante cinco años sin que el Ayuntamiento me embargue para ejecutar la deuda acumulada con los intereses correspondientes?”. Las respuestas son evidentes: no, no y no.

Ya lo escribimos cuando comentamos las primeras informaciones sobre el caso Ayuso (ver aquí): un ciudadano particular puede verse envuelto, por circunstancias personales, familiares o empresariales, en irregularidades que, en todo o en parte, sean humanamente comprensibles. Lo impresentable es que alguien que haya actuado al borde o al otro lado de la ley pretenda hacer carrera política y hasta gobernar en la misma comunidad donde es morosa municipal. No busquen luego explicaciones complejas a esa galopante desafección de la ciudadanía hacia la política (ver aquí). Hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso, ante las evidencias ya publicadas, es un insulto a la inteligencia y un nuevo atropello a la higiene democrática.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid marca distancias con Avalmadrid, la entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos de la región "en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional", según define en su propia página. En una respuesta parlamentaria por escrito a la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Sánchez Acera, el Ejecutivo regional se niega a facilitar información sobre Avalmadrid escudándose en que "es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni incluida en el sector público autonómico". 

La Comunidad de Madrid es la principal accionista de Avalmadrid, con el 31% de su capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

La entidad semipública está en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la empresa MC Infortécnica –a la que dio en 2011 un préstamo de 400.000 euros en 2011– y a sus socios, entre los que estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El préstamo quedó sin pagar y, pese a que el Comite de Morosidad de Avalmadrid decidió embargar los bienes de los socios, finalmente no actuó contra ellos.

Según ha informado infoLibre, Isabel Díaz Ayuso, que será investida la próxima semana presidenta con los votos de PP, Cs y Vox, aceptó la donación de dos inmuebles propiedad de sus padres con los que evitó el embargo de de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión.

Antes de que estallara el caso Ayuso, Avalmadrid ya había sido protagonista de otras operaciones sospechosas. De hecho, la diputada del PSOE-M se interesó el pasado 26 de junio por las "medidas que ha adoptado" el Gobierno regional, que preside en funciones Pedro Rollán, respecto a Avalmadrid tras el informe de análisis forense de revisión de determinadas carteras de avales emitido en febrero de 2019 por la consultora Forest Partners. 

La auditoría fue encargada tras una inspección llevada a cabo por parte del Banco de España entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, que tuvo por objeto 167 operaciones aleatorias cuya característica común era ser avales con vinculaciones entre las sociedades avaladas y los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid, que además resultaron "fallidos, en mora o de dudoso cobro" por la entidad. 

La "autonomía" de Avalmadrid

"Avalmadrid tiene sus propios órganos de gobierno con autonomía propia para su toma de decisiones, como así queda señalado en la legislación aplicable y sus estatutos sociales. Por tanto, el Consejo de Gobierno no tiene facultades sobre el funcionamiento de la sociedad, ni ha podido adoptar medidas en relación con el informe de referencia", completan su respuesta a la diputada socialista desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.

En conversación con infoLibre, Sánchez Acera lamenta la negativa del Gobierno madrileño a aclarar su pregunta. "Nos parece que donde hay dinero público, de la Comunidad, tiene que haber cierta asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, máxime cuando parte de los miembros del Consejo de Avalmadrid son designados por la Comunidad", valora. "Consideramos que la respuesta no es adecuada", insiste.

Los socialistas madrileños temen que esta respuesta sea el patrón, el modelo, que inspire a otras sobre Avalmadrid que ya han sido depositadas en el registro de la Asamblea regional. Porque esta no es la única iniciativa parlamentaria que registran los socialistas sobre la empresa semipública. Desde finales de junio a día de hoy han presentado 24.

Informe a los servicios jurídicos tras las dudas del PP

No todas estas iniciativas han sido admitidas por la Mesa de la Asamblea de Madrid. De hecho, el órgano de gobierno de la Cámara ha solicitado un informe a los servicios jurídicos para que se les aclare si son competentes para calificar "peticiones de información y preguntas en las que se recabe información o documentación que verse sobre cuestiones cuyo objeto esté referido a sociedades que estén participadas en su capital por la Comunidad de Madrid no siendo dicha participación superior al 50%". 

Se pide, además, que se pondere "la eventual condición de entidades financieras, que tienen una regulación específica en la que se concreta cuáles son los órganos de supervisión de su actividad". Y se concreta que se considere "singularmente el supuesto de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid".

Fuentes de la Presidencia de la Asamblea consultadas por infoLibre desvinculan este movimiento de la Mesa de la Diputación Permanente, en la que PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría, del caso que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Señalan que se trata de una "garantía" para los parlamentarios a la hora de formular futuras preguntas, no sólo sobre Avalmadrid, sino sobre otras empresas participadas. Y destacan que se han seguido admitiendo otras cuestiones relacionadas con Avalmadrid independientemente de la citada solicitud de informe jurídico, fundamentalmente aquellas cuyos datos se presume que han de ser públicos. 

No es algo inédito que los diputados de la Asamblea de Madrid pregunten sobre esta entidad. Avalmadrid es una sociedad de garantía de riesgos en la que el Gobierno autonómico tiene el 31% del capital. Ha ocurrido en otras legislaturas.

Díaz Acera preguntó los motivos por los que Avalmadrid no había solicitado que el informe forense se centrara en el seguimiento posterior o la recuperación de los avales "en caso de entrar el avalado en situación de morosidad".

La duda sobre si la Asamblea de Madrid era competente para calificar información o preguntas sobre entidades como Avalmadrid ya había sido planteada en una reunión anterior de la Mesa de la Cámara regional por miembros del Partido Popular, cuentan fuentes conocedoras del contenido de este encuentro. Aún así, se dio trámite a varias iniciativas. La decisión de solicitar el informa jurídico fue tomada por la Mesa de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. Fuentes conocedoras del contenido de la reunión consultadas por este diario aseguran que el asunto no generó debate entre los parlamentarios. No obstante, el acta de la sesión refleja que salió adelante con los votos en contra de los dos miembros del PSOE en la Mesa de la Diputación Permanente. Ni Unidas Podemos ni Más Madrid tienen representación el órgano de gobierno de la Asamblea. El reparto es el siguiente: dos puestos para Cs –incluida la presidencia–, dos para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox.

La relación de Avalmadrid con la familia de Ayuso

La relación de los padres de Isabel Díaz Ayuso con Avalmadrid empieza cuando solicitan, junto a sus otros seis socios en la empresa MC Infortécnica SL, un préstamo de 400.000 euros. MC Infortécnica SL era una sociedad dedicada a desarrollar tecnologías para el mercado sanitario. Sus propietarios eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25%. Una de esas parejas era la formada por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la candidata conservadora.

El préstamo se formalizó el 15 de marzo de 2011 y tenía una garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años.

El primer pago estaba fijado para el 16 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Cuando llegó la fecha, MC Infortécnica SL no devolvió el dinero. Así que desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Así que la entidad semipública llevó el tema a la reunión que mantuvo el Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

Pero la entidad semipública Avalmadrid lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Como ha desvelado este diario Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.

En 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre era el principal poder en Avalmadrid. Isabel Díaz Ayuso había trabajado como asesora del Gabinete de Esperanza Aguirre entre junio de 2008 y marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en el Gobierno regional y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, pasó a ser diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Allí permaneció hasta que en septiembre de 2017 fue designada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño. Antes de los últimos comicios autonómicos, Pablo Casado la nombró candidata a presidir la Comunidad. Esto implica que Cuando se produjo el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL, Isabel Díaz Ayuso ya era diputada autonómica, y en los más de siete años que Avalmadrid lleva incumpliendo el acuerdo de embargar a los avalistas, ha ido ascendiendo en el PP madrileño. Díaz Ayuso sostiene que siempre "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia" y considera considera "absurdo" informar de su participación en un posible delito de alzamiento de bienes.

Los bienes que no embargó a la familia Ayuso

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense, cuyo dominio le fue adjudicado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro en junio de 2018. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios.

¿Qué ocurrió con esos bienes? Tal y como desveló infoLibre, la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres el 7 de octubre de 2011, pocas semanas antes de que venciese el primer plazo para la devolución del préstamo de Avalmadrid. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la dirigente del PP (el padre falleció en 2014). Entre las cargas de la finca figuran dos embargos sobre el usufructo de Isabel Ayuso Puente: el primero fue anotado el 26 de junio de 2013 en favor del Banco Popular, mientras que el segundo se anotó el 4 de febrero de 2014 a favor del Banco Grupo Cajatres. Ambos embargos eran por un plazo de cuatro años y fueron prorrogados al cumplirse la fecha por el mismo periodo.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz-Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás. Esta finca no tiene cargas.

El cuarto bien que figura en el expediente de concesión del préstamo, otra nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad al 50% de Leonardo Díaz, también desapareció de su patrimonio antes de febrero de 2012, cuando la cúpula de Avalmadrid analizó por primera vez el impago y elaboró un documento con los bienes que tenían los avalistas.

En definitiva, la totalidad de los bienes que el matrimonio Díaz-Ayuso había utilizado ante Avalmadrid para justificar su solvencia en marzo de 2011 ya no estaban en su patrimonio en febrero de 2012. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.