Manuel Rico

La Sala Segunda del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada" contra Manuel Moix, que es fiscal de Sala del propio Supremo tras verse forzado a dimitir en Anticorrupción por su empresa en Panamá.

El Tribunal Supremo impone una fianza de 3.000 euros a la asociación que actúa como acusación popular. Los querellantes habilitan una cuenta bancaria para reunir el dinero en ese plazo. La querella acusa al fiscal de tres presuntos delitos al archivar sin investigar denuncias contra Ignacio González.

La asociación Contratrama considera que el fiscal cometió prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según la querella a la que ha tenido acceso infoLibre. Cuando era fiscal jefe de Madrid, Moix decretó el archivo de dos denuncias en 2007 y 2009 relacionadas con la trama del campo de golf del Canal, una de las operaciones que ha llevado ahora a Ignacio González a prisión.

El fiscal general afirmó hace una semana que había "podido constatar de manera absoluta" que Moix no había cometido "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad”. infoLibre planteó a Maza cinco preguntas concretas sobre posibles irregularidades cometidas por Moix. El fiscal general contesta a todas con esa respuesta genérica.

​​Moix no ha mostrado ningún documento que demuestre que se están imputando las rentas por el inmueble que figura a nombre de la sociedad panameña. Un inspector de Hacienda con décadas de experiencia explica que en un supuesto como el de Moix se debería "levantar el velo societario". El fiscal general aseguró hace una semana que Moix no había cometido "ningún tipo de irregularidad". 

La compra se realizó en febrero de 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997. Los Moix dejaron así de pagar a Hacienda el 6% del precio de compraventa. El fiscal no responde a las preguntas de infoLibre sobre esta operación. Moix es fiscal desde 1986, dos años antes de que su familia montase la empresa panameña, pero la semana pasada sostuvo que no conoció su existencia hasta 2008.

No aclara si Duchesse Financial Overseas presentó el IRNR desde que él es copropietario, no desvela si el 12,5% de las acciones las heredó en realidad en 2008 cuando Panamá era oficialmente un paraíso fiscal, y tampoco informa de quién y cómo paga la tasa anual societaria en Panamá y los gastos del chalé que la compañía tiene en España.

"Respondo a los medios que me piden las cosas con educación", afirmó Manuel Moix el martes en la Cadena Ser para explicar por qué no había constestado a las preguntas de infoLibre sobre su empresa panameña. Este periódico reproduce, de forma íntegra, las seis comunicaciones que se han producido entre infoLibre y Moix desde el 16 al 29 de mayo, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos.

El fiscal Anticorrupción nombrado por el Gobierno en febrero ha sido Moix, el Breve. Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que es el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir. En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas.

Las actuaciones judiciales de Terecon SA se prolongaron desde 1988 hasta 2000, periodo en el que interpuso tres procedimientos civiles y uno penal, después de que los Moix transfiriesen la propiedad de un chalé en Collado Villalba a una sociedad panameña. Pero Moix asegura que la primera vez que oyó hablar de Duchesse Financial Overseas fue en 2008 o 2011.

Las declaraciones a infoLibre del abogado que llevó la causa judicial contra la familia Moix por impago y alzamiento desmontan la última coartada del fiscal: que se había enterado de la existencia de la empresa panameña en 2011. La verdad es que 10 años antes ya asistió a su padre en relación con el uso de la sociedad Duchesse Financial Overseas para ocultar bienes.

Duchesse Financial Overseas tiene ahora la misma actividad que cuando fue constituida: ser una sociedad patrimonial que sirve de pantalla para la tenencia de bienes en España. Mantener activa una sociedad durante seis años, como han hecho los Moix, cuesta entre 6 y 12 veces más que disolverla. 

Tras saltar el escándalo de 'los papeles de Panamá', Aida May Biggs fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de la actuación de testaferros en territorios ‘off-shore’. Un día después de que Duchesse Financial Overseas apoderase a la hermana de Moix, la compañía designó como presidente a un abogado alemán residente en Suiza.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. Esta sociedad tiene un chalé en España valorado en 550.000 euros. infoLibre se puso en contacto este lunes por la mañana con Moix para conocer su versión, pero se negó a ofrecerla.

En el periodo 2003 a 2005, la cifra neta de negocios de Tecnoconcret fue de 187.865 euros. Entre 2006 y 2008, después de que el dueño se asociara con la familia de Ignacio González, esa cantidad se disparó hasta 3,49 millones.

infoLibre desveló la semana pasada que el ahora fiscal jefe de Anticorrupción tapó en 2009 el ‘caso González’ al archivar una denuncia por la adjudicación del campo de golf del Canal. Nuevos documentos demuestran que en realidad Manuel Moix no impidió en una, sino en tres ocasiones, la investigación de esa operación.

Manuel Moix archivó en 2009, cuando era fiscal superior de Madrid, una denuncia contra Ignacio González por la adjudicación del campo de golf. Lo hizo sin practicar una sencilla diligencia que habría servido para destapar la trama. infoLibre remitió ocho preguntas sobre el tema a Moix, que éste se niega a contestar.

La asociación que denunció la adjudicación del campo de golf del Canal pidió al entonces fiscal superior de Madrid que reclamase a Hacienda el modelo 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf. Si Moix hubiese solicitado la información a Hacienda, habría descubierto que la empresa de la familia González en el campo de golf había recibido ingresos de más de tres millones.

Manuel Moix decretó el archivo de una denuncia en la que figuraban todos los datos de las empresas relacionadas con la trama. El entonces fiscal jefe de Madrid aseguró que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González.

Adrián de la Joya es el dueño de la empresa Lauryn Group, titular de la cuenta suiza a la que OHL transfirió desde México 1,4 millones presuntamente como comisión por la adjudicación del tren de Navalcarnero.