Derecho

Buscaban colegiarse en España, evitando así pagar el máster en Ciencias Jurídicas necesario para ejercer en su país, cuyo precio ronda los 18.000 euros.

La Federación Estatal LGTB ha señalado que la Ley se encuentra "paralizada" desde mayo de 2017 a pesar de que todos los partidos se comprometieron por escrito a impulsar su aprobación.

"Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!" o "Guarro que veo, guarro que apaleo" fueron algunos de los mensajes que escribió el acusado bajo pseudónimo.

Los artículos 11 y 13 de la directiva establecen que empresas como YouTube o Facebook supervisarán todo lo que los usuarios compartan, y que eliminarán cualquier contenido con 'copyright'.

El TC señala que "la libertad de información constituye un derecho fundamental y una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, pero no es absoluto.

El tribunal ha negado la posibilidad de ir más allá de la legislación básica, por ejemplo sobre atención sanitaria, critican.

Gumpert, ya ex decana del Colegio, fue supuestamente abordada por Alejandro Pintó, fundador del ISDE, en un ascensor, donde este la amenazó y le propinó un puñetazo en el pómulo.

Los primeros fallos contra la Iglesia y la reclamación del Congreso de la devolución de bienes animan la reivindicación de una reforma legal. 

Los juristas sostienen en sendos informes que son inconstitucionales la destitución del Govern catalán y la merma considerable de las funciones del Parlament de Cataluña, dos medidas solicitadas por Rajoy y autorizadas por el Senado.

Los promotores firmaron en 2005 un texto en apoyo del Estatut y en defensa del máximo autogobierno para Cataluña.

Los Estados que albergan los Juegos Olímpicos deben adoptar la llamada ley olímpica. Según las autoridades francesas, se trata de una mera “conformidad” con las exigencias del Comité Olímpico Internacional, pero para algunos expertos estamos ante una “ley de excepción pensada para los patrocinadores”, efectiva el tiempo que duran las Olimpiadas.

La sucesión de Estados lleva más de tres décadas regulada en detalle a través de dos textos: la Convención de Viena de 1978, en materia de tratados, y la Convención de Viena de 1983, en materia de bienes, archivos y deudas.