Junts no ayudó al Gobierno absteniéndose en la enmienda nuclear

El pasado jueves y de forma un tanto sorprendente, Junts se abstuvo en la votación de una enmienda presentada por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible que facilitaba la prolongación de las centrales nucleares más allá del calendario de cierre pactado por las empresas. Teniendo en cuenta la importancia del asunto energético en Cataluña –una comunidad que apenas ha desarrollado energías renovables y cuyos poderes fácticos llevan tiempo empujando la prórroga nuclear– y la ruptura de las conversaciones con el Ejecutivo anunciada por Junts, todo hacía presagiar que estos apoyarían fervientemente la propuesta del PP. No fue así, la enmienda decayó y los análisis del momento leyeron ese movimiento en clave de una no-ruptura entre los independentistas y el Gobierno de coalición, el mismo día que se conocía el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que  avalaba los puntos clave de la amnistía.

Sin embargo, una mirada más allá de lo inmediato desvela que la abstención de Junts a esa enmienda del PP deja al Gobierno en una posición más incómoda. Hace unas semanas las empresas propietarias de la central de Almaraz –Iberdrola Generación Nuclear, Endesa Generación y Naturgy Generación– solicitaron al Ejecutivo una prórroga de la vida útil de la primera unidad de Almaraz, ampliándola de noviembre de 2027 a 2030. La enmienda presentada por el Partido Popular eliminaba la mención al carácter “último y definitivo” de la renovación de la autorización de Almaraz concedida ya en 2020. Es decir, la orden ministerial fija 2027 como el cierre definitivo, y eso es lo que los populares querían modificar.

Una mirada más allá de lo inmediato desvela que la abstención de Junts a esa enmienda del PP deja al Gobierno en una posición más incómoda

Decaída la enmienda, ¿significa eso que Almaraz se cierra en 2027 tal como estaba previsto y acordado con las empresas? En absoluto. Las compañías han pedido su prórroga y la decisión está ahora en la mesa del Gobierno de coalición, lo que le pone en un serio aprieto. Por un lado, desde Extremadura –en campaña electoral–, y desde Cataluña –territorio estratégico para el PSOE de Sánchez– los socialistas están apostando por el mantenimiento de las centrales nucleares. Sin embargo, un movimiento así, además de producir numerosas dudas de carácter legal, supondría una enmienda a la totalidad de la política energética y de transición ecológica de este Ejecutivo, un freno al desarrollo de las energías renovables y un serio problema entre los socios de coalición. El alma verde de Sumar no podría resistir una decisión así, y para el conjunto de la formación supondría un incumplimiento grave del acuerdo de gobierno, como han declarado ya públicamente: "El cierre de las centrales nucleares es un compromiso del acuerdo de gobierno y no vamos a admitir que nadie se desmarque, mucho menos nuestro socio. El cierre de las centrales nucleares es un acuerdo del Gobierno y el PSOE tiene que cumplirlo" (ver aquí). En efecto, en la página 16 de dicho acuerdo, se puede leer: “Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las 16 centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa.”

Como se ha dicho, las empresas propietarias de Almaraz ya han solicitado la ampliación y cumplen sobre el papel con las tres líneas rojas que el Ministerio de Transición Ecológica les había planteado: que no se trasladen costes a los ciudadanos (que no haya rebajas fiscales para las eléctricas), que se garantice la seguridad nuclear y que se asegure el suministro eléctrico. Saben, no obstante, que la primera condición no deberá cumplirse de forma inmediata, pues la política energética –y más la nuclear– trabaja con plazos largos, y para cuando la ampliación entre en vigor quizá la Moncloa tenga otro inquilino encantado de incorporar las rebajas fiscales que las propietarias de centrales nucleares desean y anhelan. Esto, sin mencionar los costes indirectos y el coste de oportunidad que supone mantener la energía nuclear, topando así el desarrollo de renovables.

Si las compañías energéticas consiguen su cometido, hacen creer que cumplen con esas tres condiciones, y el Gobierno de coalición PSOE-Sumar prorroga la vida de Almaraz, habrá abierto la puerta para que el resto de nucleares hagan lo propio. Las renovables seguirán limitadas y con nulos incentivos a invertir en ellas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que marca la estrategia de transición energética habrá saltado por los aires y el Gobierno de coalición habrá hecho añicos su política de transición ecológica. Todo esto, en base a una decisión propia, sin que puedan alegar que una enmienda del PP, apoyada por la ultraderecha y Vox, les ataba de manos.

En efecto, Junts ha decidido ponérselo difícil al Gobierno.