Prioridad nacional: engendro basado en bulos

La "prioridad nacional" no será la última propuesta de Vox sobre la inmigración antes de las elecciones generales. Veremos otras cada vez más subidas de tono, es decir, más llenas de odio y rechazo a los inmigrantes. Lo que no sabemos todavía es si el PP le seguirá acompañando en esas propuestas, aunque todo hace pensar que sí. 

El aumento del nivel de odio y rechazo al inmigrante es necesario para Vox porque ha convertido la inmigración en la columna vertebral emocional de su estrategia hacia el poder; las emociones que ese partido pretende estimular son las negativas, el odio y el rechazo al diferente. Por lo tanto, llegarán emociones más fuertes en forma de propuestas políticas y legislativas. 

El concepto, más bien engendro, de "prioridad nacional" no tiene sustento jurídico y se basa en bulos como afirmar que los españoles son discriminados en la obtención de prestaciones y ayudas sociales, lo que es totalmente falso. 

El presidente de Vox ha llegado a afirmar que es un concepto de sentido común. El buen sentido común lleva a considerar que no hay por qué discriminar entre personas que viven, trabajan y contribuyen en un mismo país, sin perjuicio de establecer baremos racionales para la gestión de las ayudas cuando estas no puedan ser universales. 

La obtención de la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas exige a los solicitantes la nacionalidad española o la residencia legal en España, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal o la Renta Extremeña de Inserción. Por cierto, el 85% de los perceptores de ambas prestaciones son españoles. 

Las ayudas que pueden recibir los inmigrantes sin residencia legal son proporcionadas por ONG, Iglesia y otras entidades benéficas, hecho al que nos referiremos más adelante. 

¿Qué razón puede existir para negar la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler para la vivienda a un inmigrante regularizado que puede llevar más tiempo trabajando, cotizando y pagando impuestos que otro solicitante español? ¿Únicamente porque no ha nacido en España? Sería una conducta contraria a nuestro ordenamiento y a los pactos internacionales que informan nuestra Constitución. 

Tendremos todos que aceptar que la inmigración forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, tendremos que dedicar recursos y capacidades para ella en contraprestación por los beneficios que obtenemos de la misma. Eso es de sentido común, como es de sentido común la regularización de la situación de personas que llevan incluso años con nosotros trabajando y residiendo. La regularización, además, evita situaciones de exclusión que no favorecen precisamente la convivencia. 

Todo ello no quiere decir que haya que estar ciego ante los problemas de integración y educación que plantea la inmigración en los volúmenes que se están produciendo en los últimos años en España. No son los planteamientos de Vox los que ayudan a resolver esos problemas.  

Extremadura 

Es curioso que la proposición de "prioridad nacional" haya comenzado en Extremadura, una de las regiones con menor inmigración en España.  

De una población de poco más de un millón de habitantes, la población nacida fuera de España es de 67.846 personas empadronadas. De ellas, 20.676 personas eran cotizantes de la Seguridad Social con datos de marzo de 2026. De acuerdo a datos expuestos por la prensa extremeña, entre 3.000 y 4.500 personas podrán acogerse al actual proceso de regularización. 

Extremadura sufre un proceso de reducción de población que está siendo cubierta por inmigrantes en actividades importantes para la región. 

Por otra parte, Extremadura tiene una población envejecida. Un total de 239.110 personas reciben prestaciones contributivas con un promedio de 1.054 euros por pensión por debajo de la media nacional; el riesgo de pobreza es del 32,4, muy superior al total español que es de 19,7, según datos del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura de 2024. 

Todos estos datos parecen preocuparle muy poco a los redactores del pacto extremeño. Cuando se debería estar hablando de aumentar la riqueza de la región y el nivel de vida de los extremeños, la estrella del acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es la "prioridad nacional", asunto que distrae la atención sobre los verdaderos problemas. La demostración de que el concepto es un engendro es el debate en que se han enredado los firmantes sobre el arraigo, que les está llevando a plantear situaciones absurdas y, a veces, contradictorias con los fines propuestos. 

Calumnias sobre las ONG

Una de las propuestas del pacto extremeño es eliminar las subvenciones que la Junta de Extremadura concede a las ONG, entre ellas la Iglesia, para la prestación de diversas ayudas y atención a los inmigrantes sin residencia legal. 

Los dirigentes de Vox califican a dichas organizaciones de mafias, incluida la Iglesia Católica, a la que han acusado de beneficiarse de la inmigración ilegal, acusación que podría dar lugar a querellas por parte de los insultados. 

¿Puede la Junta de Extremadura suprimir unas subvenciones basándose en esa acusación? Indudablemente no, salvo demostración de que la acusación es cierta. Las subvenciones se rigen por leyes aprobadas por el Parlamento extremeño, y tal debe ser la guía para conceder o rechazar la solicitud de subvenciones por parte de las ONG. La legalidad no puede ser sustituida por acusaciones sin fundamento o propuestas manifiestamente contrarias a dicha legalidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.