Doble rasero constructor: la Marca España no cumple prisión preventiva
Dos secretarios de Organización después, el Gobierno liderado por el Partido Socialista parece contra las cuerdas. El juez Leopoldo Puente dictó el lunes pasado prisión preventiva para Santos Cerdán, su antiguo número tres, y la acelerada instrucción del sumario nos ha prometido volver a los años noventa del siglo pasado, cuando el Telediario abría cada día con un nuevo encausado, a veces, entre rejas.
Los registros se suceden bajo un espectáculo mediático que aturde. Sin embargo, no todas las piezas parecen tener que encajar igual. Servinabar 2000, la pequeña constructora navarra a la que se sitúa en el centro de la supuesta trama, ha recibido la visita de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Su socio, Acciona, mencionada numerosas veces en el sumario, no ha tenido, sin embargo, visita alguna. El mismo juez instructor que consideró probada la necesidad de enviar a Cerdán a Soto del Real dictaminó que un registro de la UCO en esta empresa sería desproporcionado.
Distintas razones explican este doble rasero político y empresarial. Registrar Acciona perjudicaría el buen nombre de la denominada Marca España, ese conjunto de gigantes demasiado grandes para caer de los que la economía nacional parece estar siempre colgando. Dicha marca, con una fuerte raigambre en nuestro país, fue convertida en 2011 en Alto Comisionado del Gobierno por Mariano Rajoy –con rango de Secretaría de Estado– y adjudicada al giratorio Carlos Espinosa de los Monteros, marqués de Valtierra y, casualmente, exconsejero de Acciona.
En sus orígenes podríamos situar a la SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, surgida en 1957, el año de constitución del primer Gobierno tecnocrático liderado por el Opus Dei, antesala de la eclosión desarrollista. Se trata de una patronal que, junto con UNESA, dedicada a la electricidad, y el Consejo Superior Bancario, coordinador de los grandes bancos, representaron la plana mayor de la economía franquista, con distintos exministros al frente.
La transición a la democracia no alteró esta supremacía corporativa, y la explosión de obra pública financiada por los fondos europeos llevó a las grandes empresas de la construcción a organizarse en un cártel, un oligopolio capaz de coordinar las ofertas a las Administraciones Públicas y fagocitar la mayoría de los contratos. Dicha organización, inaugurada al tiempo que la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona, les ha permitido sofisticar el rudimentario y tradicional método de la mordida: el escenario ahora es mucho más disperso y difícil de rastrear. Los tribunales no han podido encontrar, hasta el presente, una relación de causa-efecto entre las entregas de dinero a los responsables políticos y las adjudicaciones de obra pública, las principales fuentes de liquidez y resultados de estas empresas.
Los ángulos muertos de la ley
Dada la dificultad que una legislación garantista como la española tiene para encontrar la pistola humeante, estas empresas han dado con múltiples vías para escapar. A veces se hace difícil probar el delito; en otras ocasiones se puede delimitar el daño señalando a un determinado directivo ya apartado, como ha sucedido con Acciona; si la justicia se demora, puede ocurrir que los supuestos delitos hayan prescrito... Para las dudas, estas corporaciones cuentan con una amplia nómina de abogados del Estado y expertos jurídicos especialmente hábiles con los ángulos muertos de la ley, y mucho mejor remunerados que en la Administración.
Probablemente por estas razones, directivos investigados en los papeles de Bárcenas, como Juan Miguel Villar Mir, elevado a marqués por el rey Juan Carlos I y presidente de OHLA; Luis del Rivero, expresidente de Ferrovial y directivo del Real Madrid; o José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano de un exministro de Interior, no han tenido que cumplir condena alguna. Que estos u otros dirigentes, como los de empresas como ACS, Sacyr y Acciona, hayan figurado en tramas de corrupción tampoco les ha supuesto apenas coste judicial.
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Se trata de una mancha, y, al mismo tiempo, un reto para la separación de poderes. Que por la compuerta judicial no haya caído ninguna de estas grandes compañías, como tampoco lo han hecho las eléctricas ni las financieras, refleja un sesgo que quizá la más reciente reforma legislativa impulsada por este Gobierno aspira a paliar, pero que ha constituido, por ahora, un freno a que la corrupción, en su conjunto, pueda haber sido comprendida y perseguida en su esencia.
Este cártel continúa operando con una cierta dosis de riesgo moral: a falta de penas cabe pensar que su conducta sea virtuosa y que, desde luego, continúe. En el año 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a las integrantes del cártel con 203,6 millones por concertar sus ofertas para copar los contratos del Ministerio de Fomento dedicados al mantenimiento de las carreteras. La multa parece calderilla en relación con sus resultados anuales. El Ministerio de Hacienda cuenta, gracias a la Ley de Contratos del Sector Público de 2015, con la potestad de prohibir a sus miembros volver a contratar con la Administración Pública. Pero este tipo de resoluciones pueden ser recurridas.
Visto lo visto, el estamento judicial parece haber dictado sentencia: por ahora, las condenas son solo para los políticos, protagonistas de la corrupción en España. En tanto no ampliemos el foco, seguiremos esperando al siguiente encausado en el próximo Telediario.
