El nuevo curso político
Feijóo se aferra al adelanto electoral como único plan mientras Sánchez se aleja del precipicio
El reinicio del curso político llega con todos los puentes rotos entre el Gobierno y el Partido Popular. El clima de confrontación no ha cedido durante el verano, marcado por dos episodios que han actuado como catalizadores: la gestión de los incendios forestales y la polémica sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados.
Ambos casos han evidenciado hasta dónde llega la voluntad del PP de rehuir un terreno siquiera de mínimos que permitiese abordar cuestiones de Estado. En parte, para tapar la responsabilidad de sus ejecutivos autonómicos en la desprotección de los montes frente a los grandes incendios. Pero también para no dejar terreno a Vox en la pelea por los trasvases de voto dentro del espacio político de la derecha.
La estrategia de Alberto Núñez Feijóo de tensar permanentemente el marco político deja como saldo una sociedad asimétricamente polarizada y un sistema institucional más frágil, sobre todo gracias a una acción coordinada con la derecha judicial para sitiar al presidente del Gobierno mediante una persecución escasamente fundamentada contra su esposa y el fiscal general.
Pedro Sánchez, con todo, ha iniciado el curso político tratando de recuperar la iniciativa tras su agónica llegada a las vacaciones estivales. Este mismo lunes presentó la propuesta de pacto de Estado para la emergencia climática, con la que quiere sentar las bases de un amplio abanico de actuaciones destinadas a frenar las consecuencias, cada vez más graves, del aumento de las temperaturas. Un hecho que Vox niega, pero que el año pasado causó más de 200 muertes en València y este verano ha provocado los incendios forestales más graves que vive España en mucho tiempo.
No es el único paso al frente que da el Ejecutivo. El Consejo de Ministros tiene intención de aprobar este martes las quitas de deuda a las comunidades autónomas que los socialistas pactaron con ERC y de las que pueden beneficiarse todas las comunidades, aunque Feijóo intenta por todos los medios que sus barones se nieguen a aceptarlas.
Reducción de jornada
La agenda más inmediata se completa, como confirmó también la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la pendiente reducción de la jornada laboral, a la que también se opone Feijóo. El debate sobre el tiempo de trabajo se perfila como uno de los ejes de la confrontación política y social en los próximos meses, y sitúa al PP en una posición defensiva, muy próxima a la patronal, replegado en un discurso que niega la posibilidad de modernizar las relaciones laborales.
El horizonte parlamentario, sin embargo, no es favorable al Gobierno. La incógnita de Carles Puigdemont sigue condicionando la estabilidad de la legislatura y cualquier acuerdo relevante, desde las leyes ordinarias hasta los presupuestos generales del Estado. Pero no lo hará en exclusiva. Igualmente decisiva, y aún más preocupante para los intereses del Ejecutivo, es la posición de Podemos, contrario a cualquier acuerdo de fondo con el PSOE y Sumar y cuyos dirigentes hace ya meses que dieron por agotada la legislatura.
La mayoría progresista no puede permitirse prescindir de sus votos si quiere sacar adelante las cuentas públicas, por lo que el PSOE tendrá que gestionar no solo la relación con sus socios principales, sino también con una formación que, pese a su menor peso, conserva capacidad de bloqueo. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reafirmó este lunes que su partido condiciona cualquier acuerdo a que España reduzca su presupuesto militar y a una disminución por ley del 40% del precio de los alquileres, dos medidas que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.
Mientras tanto, Feijóo afronta su propio laberinto interno. Su liderazgo en el PP no se asienta sobre el consenso sólido que a él le gustaría, y las encuestas apuntan a un Vox en expansión, que amenaza con seguir arañando apoyos por la derecha y condicionar cada vez más el discurso popular.
Pese a todo, y después de algunas dudas, el dilema para Feijóo parece resuelto: ha decidido quedar encadenado a un socio ultraderechista en ascenso, con el coste de credibilidad que ello conlleva, y descarta reconstruir el espacio de centralidad que el propio PP ha ido abandonando.
Disputa descarnada
Aunque todos en el PP y en Vox saben que, si dan las cuentas, cuando haya elecciones pactarán para formar gobierno y poner fin a casi una década de ejecutivos de izquierdas, Feijóo y Abascal apenas disimulan una disputa descarnada por tratar de ampliar, a costa del contrario, su cuota de votantes en el espacio político de la derecha.
La coincidencia de sus discursos en el inicio del curso político se hizo patente este lunes, en particular a la hora de defender posiciones xenófobas e islamófobas. El campo de batalla parece fijado en los términos establecidos por Vox: inmigración, una agenda legislativa para impugnar la mayor parte de las normas aprobadas en los últimos años y una disputa abierta por ganarse el favor de los votantes de las áreas rurales.
Lo cierto es que la ansiedad de Feijóo por unas elecciones anticipadas que no acaban de llegar —volvió a exigirlas este lunes— puede acabar pasándole factura y alimentando el flujo de votantes del PP hacia Vox. Sobre todo porque Sánchez llega a este inicio de curso político en una situación muy distinta a la que afrontaba a comienzos del verano.
No es casual, es estrategia: Feijóo aplica la plantilla de la dana a los incendios para salvar a sus barones
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Entonces, tras el estallido del caso Cerdán, el presidente se vio sometido a una enorme presión interna y externa. Las dudas sobre la viabilidad de la legislatura se dispararon, al tiempo que en el propio PSOE y en su entorno más cercano se especulaba abiertamente con la posibilidad de una dimisión o incluso de una convocatoria anticipada de elecciones. El desgaste personal del presidente alcanzó un punto crítico, con la sensación de que cualquier movimiento en falso podía precipitar el final del ciclo político iniciado en 2018.
Sin embargo, el paréntesis estival y el modo en que Sánchez ha gestionado los últimos meses le permiten encarar septiembre con mayor fortaleza. Alejado de aquel debate agónico, el presidente reaparece menos condicionado por la presión inmediata y con la iniciativa política recuperada. La narrativa de resistencia, tantas veces utilizada como seña de identidad, se reactiva: lejos de quedar atrapado en la crisis de credibilidad que amenazó con arrastrarle, Sánchez vuelve con un perfil reforzado, dispuesto a proyectar la imagen de un líder capaz de sobrevivir a cualquier embestida. Aunque para consolidar ese objetivo será imprescindible que la investigación que afecta a sus antiguos colaboradores no abra nuevos frentes internos que acaben salpicándole a él o a su partido.
Este cambio de guion no significa que el horizonte esté despejado. El Gobierno sigue enfrentando un calendario extremadamente complejo y dependiente de apoyos frágiles. Pero la diferencia es significativa: Sánchez ya no se encuentra al borde del precipicio, sino en condiciones de marcar la agenda, al menos en el corto plazo. Esa capacidad para sobrevivir a momentos críticos y recomponerse se convierte, una vez más, en una de sus principales bazas políticas de cara a un curso en el que todo está abierto.