POLÍTICA VERDE
Una quincena de ONG señalan a Podemos que bloquear la ley de movilidad sostenible es un error
En julio de 2020 empezó a tramitarse la primera ley española de movilidad sostenible. Han pasado más de cinco años desde entonces y este miércoles llega por fin al Congreso para ser votada, pero parece tan lejos de aprobarse como el primer día. Podemos ha confirmado que no apoya la norma y no aclara todavía si se abstendrá para que salga adelante o la tumbará con un 'no'. Una quincena de organizaciones sociales y ambientales, como Greenpeace, Ecologistas en Acción, CCOO o Alianza por el Clima llevan años peleando para conseguir una ley lo más ambiciosa posible, y creen que la posición de Podemos es un grave error.
En un comunicado emitido este martes, a menos de 24 horas de la votación, la coalición de organizaciones lanzó un comunicado insistiendo en que la ley no es perfecta, pero que gracias a sus aportaciones hoy es una norma más ambiciosa y aceptable, a la que España no puede renunciar. “En estas últimas horas que quedan de negociación hasta la votación en el Pleno, instamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios a hacer los esfuerzos que sean necesarios al más alto nivel para alcanzar la mayoría suficiente", reflejaron en un comunicado este martes.
Aunque no lo citen, la carta va dirigida expresamente a Podemos. Y, en privado, el enfado es mayor que el expresado en el comunicado. "Sin ser el texto soñado, se merece ser aprobado porque la alternativa es la nada", subraya Cristian Quílez, encargado de Movilidad de la fundación Ecodes, uno de los firmantes del comunicado. "Además, desde el borrador original, hemos conseguido mejorar el texto poniendo de acuerdo a partidos como PNV, Junts, BNG, ERC y [los de] el Gobierno. Incluso el PP se hizo eco de algunas de nuestras enmiendas. Es el mayor consenso ambiental desde la Ley de Cambio Climático", añade.
Cristina Arjona, responsable de Movilidad de Greenpeace, recuerda también que España es "de los pocos países que no tiene todavía una ley de movilidad sostenible". "Esperemos que en lo que queda hasta la votación se pueda alcanzar un consenso, porque llevamos mucho tiempo detrás de ella", dice la experta.
La puerta abierta
El partido morado confirmó esta semana que no va a dar el 'sí' a la ley este miércoles en el Congreso, pero deja la puerta abierta a abstenerse para que salga adelante con el voto del resto de socios del PSOE. Podemos se cierra a apoyar la normativa porque entiende que es insuficiente y porque es una contradicción que al mismo tiempo el Ministerio de Transportes, el que está detrás de la legislación, impulse la ampliación del Aeropuerto de El Prat y del Puerto de Valencia. "Demandamos al Gobierno coherencia y que no apueste por un modelo económico y social suicida", dijo el lunes Pablo Fernández, portavoz del partido.
Cristian Quílez contesta que está "de acuerdo en que hay proyectos ejecutándose que son contrarios a la ley", en referencia a las ampliaciones del puerto y el aeropuerto, "pero paralizarlos o minorizarlos forma parte de otras herramientas y se podrá abordar más adelante". "Nos preocupa que la piedra que se ha puesto en el camino no se puede resolver con esta ley. No sería justo para nadie tirarlo todo por la borda", opina también.
El portavoz de otra organización, que prefiere no dar su nombre, acusa también al partido de Ione Belarra de dinamitar el diálogo en el último momento. "La realidad es que Podemos no estaba en la comisión que ha negociado la ley y ha empezado a trabajarla hace dos semanas. No ha sido su prioridad en ningún momento", afirma.
El recorrido parlamentario de la ley de movilidad ha estado plagado de curvas y baches durante los cinco años que lleva sobre la mesa. La convocatoria de elecciones por sorpresa en julio de 2023 obligó a reiniciar el proceso legislativo hace dos años y las organizaciones civiles han peleado sin parar contra los intentos del Gobierno de descafeinar la normativa. De su aprobación depende, además, la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, y en teoría España se había comprometido a que estuviera convalidada antes de 2024, y luego, antes de 2025. Sin embargo, todavía sigue en el aire.
Las cinco medidas más importantes y las que se han quedado fuera
Las organizaciones que han trabajado con los grupos políticos explican que la ley original que trató de aprobar Transportes estaba en las antípodas de la que llegará este miércoles al Congreso, pero que se ha mejorado durante el largo proceso de negociación. Entre las medidas más relevantes, destacan cinco:
- El transporte por carretera tendrá por fin en España recogido en la ley un objetivo de reducción de emisiones para 2030 y 2040 que estará reflejado en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), de manera que tanto el Gobierno actual como los futuros tendrán que respetar las metas fijadas.
- Se introduce en la legislación el término "pobreza de transporte": la incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes del transporte público o privado. Y el Gobierno tendrá dos años para aprobar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, como ha hecho con la energía.
- Las empresas de más de 200 empleados estarán obligadas a tener planes de movilidad sostenible al trabajo en menos de dos años, impulsando el transporte colectivo, los coches cero emisiones o el teletrabajo. Originalmente, el Gobierno quería fijar el mínimo en 500 empleados.
- El Gobierno tendrá 12 meses para emitir un informe sobre el etiquetado de vehículos con el fin de endurecer las exigencias para circular con coches contaminantes.
- El Gobierno tendrá tres meses para desarrollar un nuevo plan de renovación del parque de vehículos con ayudas a la compra de turismos "cero o bajas emisiones", ya que el Moves III caduca el 31 de diciembre. El problema, según las organizaciones sociales, es que el PP consiguió introducir una enmienda para que también se den ayudas a la compra de coches seminuevos de bajas emisiones o de motorización Euro6d, lo que abre la puerta a subvencionar coches contaminantes.
Pese a las presiones de estas organizaciones y sindicatos, la ley no será todo lo ambiciosa que querrían estos grupos. Entre las propuestas que se han quedado fuera, destacan estas tres:
- El establecimiento de objetivos concretos de coches eléctricos en circulación durante los próximos años. No es ningún secreto que se venden menos turismos de baterías de los que pretendía el Gobierno, y establecer metas cada equis años ayudaría a valorar cómo de bien o mal se evoluciona.
- Una reforma de la ley de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para obligar a los ayuntamientos a montar sus zonas de restricción con un tamaño mínimo y unas exigencias mínimas, ya que muchos grandes municipios –principalmente regidos por el PP– han establecido ZBE inútiles para cumplir con la normativa actual.
- Una reforma integral del etiquetado de coches más exigente que la que tiene la DGT para eliminar la etiqueta "eco", en la que se incluyen coches de gas licuado o híbridos no enchufables, y limitar la etiqueta "cero" a los 100% eléctricos. En lugar de desarrollar una nueva normativa más exigente, por ahora solo se emitirá un informe con los problemas actuales.
